PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE JUNIO DE 2007

 

Convenio de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un estados integrantes de la Federación.

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República.- XVIII Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

 

CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA MILITAR, LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y LAS PROCURADURIAS GENERALES DE JUSTICIA DE LOS TREINTA Y UN ESTADOS INTEGRANTES DE LA FEDERACION, EN ADELANTE “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.        Mediante Convenio de colaboración suscrito en Mazatlán, Sinaloa, el 25 de septiembre de 1993 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre del mismo año, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un Estados integrantes de la Federación, se comprometieron a instrumentar acciones con la finalidad de colaborar recíprocamente, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, en la modernización, agilización y optimización de la lucha contra la delincuencia.

II.       El Convenio precitado tuvo como fundamento el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya última reforma hasta entonces fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993, por virtud de la cual se modificó la colaboración entre las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados integrantes de la Federación, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Procuraduría General de la República, a fin de establecer la obligación de estas instituciones para entregar indiciados, procesados o sentenciados, así como practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, mediante requerimiento de las autoridades de otras entidades federativas, todo ello sujeto precisamente a los términos de los convenios de colaboración que para tal efecto celebren las instituciones de procuración de justicia.

III.      Desde su celebración, el Convenio de Mazatlán de 1993 demostró ser un valioso instrumento de colaboración entre las autoridades a cargo de la investigación y persecución de los delitos, tanto de la Federación como de las entidades federativas; sin embargo, el marco constitucional y legal en que fue sustentado sufrió reformas sustanciales.

IV.     En efecto, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, fue reformado el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, quienes deberán coordinarse en los términos que señale la ley, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública; además se establecieron los principios de actuación de las instituciones policiales.

V.               Posteriormente, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, se expidió la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo artículo 3o. dispone que la seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y que estos fines deberán ser alcanzados mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos.

VI.     De conformidad con el artículo 13 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el conocimiento de las distintas materias de coordinación a que se refiere la ley, el Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con diversas instancias, entre ellas, la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia; misma agrupación que como se refiere en la iniciativa de ley en comento ya existía bajo la denominación de Conferencia Nacional de Procuradores de México desde 1993, en la que se diseñaban políticas, estrategias y acciones de cooperación mutua, que redituaba buenos resultados.

VII.    Desde abril de 1996, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia ha registrado hasta la fecha diecisiete sesiones ordinarias y dos extraordinarias, en las cuales se han adoptado diversos acuerdos en materias tales como prevención, profesionalización, secuestros, vehículos robados, derechos humanos, combate a la corrupción, robo y tráfico de menores, fraudes financieros, intercambio de información, mecanismos para la medición de incidencia de denuncias de hechos posiblemente delictivos presentadas ante el Ministerio Público, servicios periciales y delitos de propiedad industrial e intelectual, entre otras, con el fin de modernizar y optimizar la actuación de las instituciones encargadas de la investigación y persecución de los delitos.

VIII.   Dado el nuevo marco constitucional y legal que rige la colaboración en materia de procuración de justicia y seguridad pública entre la Federación, el Distrito Federal y los Estados de la República, específicamente los artículos 21 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 4, 9, 10, 11 y 13 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue preciso renovar los instrumentos jurídicos celebrados entre la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados de la República, con objeto de modernizarlos y adecuarlos a las circunstancias y exigencias sociales actuales.

IX.     Para tal efecto, las Procuradurías del país, suscribieron un Convenio de colaboración en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el 27 de abril de 2001, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo del mismo año. Dicho instrumento ha resultado ser un importante mecanismo de colaboración entre “LAS PARTES”, tanto para el intercambio de información, como para el debido cumplimiento de los mandamientos ministeriales y judiciales; sin embargo, requiere diversas actualizaciones a fin de cumplir con su objetivo de ser el instrumento base de coordinación que permita diseñar y ejecutar estrategias y esfuerzos institucionales conjuntos en la lucha contra la delincuencia.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan celebrar el presente Convenio al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.        Que la Procuraduría General de la República es una Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su Titular, el Procurador General de la República, les atribuyen los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las demás disposiciones aplicables.

II.       Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5 fracciones I y IX, 6 fracciones IX y X, y 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dicha Institución se encuentra facultada para celebrar el presente Convenio.

III.      Que en términos de lo dispuesto por los artículos 81 del Código de Justicia Militar, y 6o. y 50 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de Justicia Militar es el órgano encargado de la investigación y persecución del delito contra la disciplina militar, y se encuentra facultada para la celebración del presente Convenio.

IV.     Que de conformidad con el artículo 122, Base Quinta, apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización, competencia y funcionamiento del Ministerio Público en el Distrito Federal, presidido por el Procurador General de Justicia, se regula por el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

V.      Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 fracción V del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de los artículos 2o. fracciones VI y X, y 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dicha Institución está facultada para celebrar el presente Convenio.

VI.     Que las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un Estados integrantes de la Federación se encuentran debidamente facultadas para la celebración del presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto por las Constituciones Políticas de cada Estado y sus respectivas leyes orgánicas, contando en el caso que legalmente se requiere con la autorización del gobierno del Estado respectivo.

VII.    Que la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un Estados integrantes de la Federación, con objeto de modernizar y optimizar los mecanismos de colaboración en materia de procuración de justicia y adecuarlos a las nuevas disposiciones constitucionales y legales aplicables, a fin de lograr que el combate a la delincuencia sea más eficiente y eficaz y que satisfaga de manera oportuna las exigencias actuales de la sociedad, han decidido celebrar el presente Convenio al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

OBJETO.

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto establecer los mecanismos de colaboración recíproca entre “LAS PARTES”, en sus respectivos ámbitos de competencia, así como establecer las bases de coordinación para adoptar una política integral que permita diseñar y ejecutar estrategias conjuntas en la lucha contra la delincuencia.

INTERCAMBIO DE INFORMACION.

SEGUNDA.- En materia de sistemas de informática e intercambio de información, con absoluto respeto a las disposiciones constitucionales y legales de carácter federal, así como de cada entidad federativa, “LAS PARTES” se comprometen a:

I.               Consolidar y homologar sus respectivos sistemas informáticos;

II.       Crear y actualizar en forma permanente bases de datos de carácter nacional, administradas por la Procuraduría General de la República, que incluyan la información que “LAS PARTES” determinen de común acuerdo; dicha información estará disponible permanentemente, a través de los enlaces que cada una de las partes designe para tal efecto;

III.      Dar permanencia a los puntos de enlace a través de los cuales se realice un ágil y oportuno intercambio de información contenida en las bases de datos;

IV.               Establecer criterios uniformes para la medición de la incidencia de denuncias de hechos posiblemente delictivos presentadas ante el Ministerio Público, y sistemas estadísticos, con base en las variables que “LAS PARTES” establezcan de común acuerdo, privilegiando los delitos calificados por la ley como graves y con alto impacto social;

V.               Proporcionar apoyo y asesoría técnica en esta materia, así como en cuestiones de inteligencia, comunicaciones y logística a las Procuradurías que lo requieran; y

VI.     Construir bases nacionales de datos sobre huellas, vestigios y demás indicios de hechos delictuosos y de los partícipes, así como de las víctimas u ofendidos si los hubiere, administradas por la Procuraduría General de la República.

MODIFICACIONES LEGISLATIVAS.

TERCERA.- “LAS PARTES” se comprometen a realizar estudios jurídicos sobre temas de interés común, a partir de los cuales puedan recomendarse reformas legales a sus respectivos órganos legislativos, así como la expedición de nuevos ordenamientos, con objeto de actualizar y modernizar el marco jurídico en las materias de su competencia y, en los casos procedentes, a uniformar las disposiciones legales a nivel nacional.

RELACION CON LOS PODERES JUDICIALES.

CUARTA.- Cuando lo estimen procedente, “LAS PARTES” se comprometen a elaborar propuestas de reformas legislativas de manera conjunta con los poderes judiciales, Federal y de cada Entidad Federativa, siempre con pleno respeto a su autonomía e independencia.

 Asimismo, “LAS PARTES” se comprometen a promover la uniformidad de criterios de interpretación y aplicación de la ley, respecto de temas de interés común, con el Poder Judicial de la Federación, los Organos Jurisdiccionales Militares y los Tribunales Superiores de Justicia de cada Entidad Federativa.

Las Procuradurías Generales de Justicia Militar, del Distrito Federal y de los Estados integrantes de la Federación contribuirán en la identificación de tesis y criterios contradictorios sostenidos por los órganos jurisdiccionales federales, e informarán de ello a la Procuraduría General de la República, a fin de que se presenten las denuncias de contradicción de tesis respectivas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo dispuesto por el artículo 107 fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROFESIONALIZACION.

QUINTA.- En materia de profesionalización y capacitación, “LAS PARTES” se comprometen a:

I.        Impulsar la creación y desarrollo del Servicio Civil de Carrera para los Agentes del Ministerio Público, de la Policía Judicial, Ministerial o Investigadora y de Peritos, considerando en la medida de lo posible la aplicación de criterios y procedimientos uniformes;

II.               Fortalecer la colaboración e intercambio de especialistas entre institutos y academias de formación profesional de las entidades federativas, así como con el Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Academia Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias;

III.      Promover la actualización y especialización de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y de la Policía Judicial, Ministerial o Investigadora, mediante la impartición de cursos, seminarios y talleres, en colaboración con instituciones y organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros;

IV.     Promover la homologación de los perfiles y requisitos mínimos de selección, ingreso y permanencia en el servicio, de Agentes del Ministerio Público, de la Policía Judicial, Ministerial o Investigadora y de los Peritos, así como su implementación;

V.      Promover que en los cursos de formación para el ingreso, actualización y especialización se incluya el tema de la atención a las víctimas y ofendidos de delitos; y

VI.     Promover el fortalecimiento de los valores éticos y morales de los servidores públicos mediante la aplicación de cursos de capacitación en los que se induzca a ajustar su actuación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, objetividad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público, así como infundir en éstos la cultura de colaboración institucional entre las diversas Procuradurías de Justicia, fortaleciendo el espíritu de identidad de objetivos que propicie la comunicación y auxilio institucional en beneficio de las labores de procuración de justicia.

DERECHOS HUMANOS.

SEXTA.- En materia de respeto a los derechos humanos “LAS PARTES” se comprometen a:

I.               Fortalecer la relación de trabajo con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, e invitar a los institutos de defensoría pública a que participen en los mecanismos de colaboración que se desarrollen en esta materia;

II.       Fomentar la atención ágil y oportuna de las quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones que formulen los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, cuando éstas sean aceptadas y resulten procedentes;

III.      Fomentar entre los servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia una cultura de respeto, protección y promoción de los derechos humanos, tanto de los probables responsables de delitos como de las víctimas y ofendidos;

IV.     Promover campañas de respeto a las garantías individuales, de defensa de los derechos humanos y, de manera relevante, a la dignidad e integridad de aquellos grupos que viven situaciones desiguales o donde subsiste algún tipo de discriminación (indígenas, mujeres, niños, personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros);

V.      Fomentar la atención ágil y oportuna de los requerimientos y recomendaciones formulados por los organismos públicos de carácter nacional e internacional, cuando éstas resulten procedentes, así como de los Organismos No Gubernamentales protectores de los derechos humanos internacionales;

VI.     Fomentar la atención oportuna y eficaz de los requerimientos derivados de la Comisión Política Gubernamental en materia de derechos humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos;

VII.    Generar directrices institucionales que faciliten la implementación de políticas públicas en materia de derechos humanos relacionados con la procuración de justicia, así como incentivar la creación de indicadores de eficiencia con perspectiva de derechos humanos;

VIII.               Garantizar en el ámbito de su competencia, el acceso pleno a la procuración de justicia de aquéllos miembros que pertenezcan a algún pueblo indígena, con el apoyo de los organismos públicos y privados, relacionados con la materia;

IX.               Establecer programas y mecanismos de colaboración para proporcionar a las víctimas u ofendidos del delito, una atención integral conforme al apartado “B” del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

X.      Utilizar “El Protocolo de Estambul”, como un instrumento auxiliar para la investigación de los delitos de tortura en México.

COMBATE A LA CORRUPCION.

SEPTIMA.- “LAS PARTES” se comprometen a establecer mecanismos de colaboración que coadyuven a la prevención, identificación y combate de los actos de corrupción en el ámbito de procuración de justicia, a través del desarrollo de programas y acciones conjuntas que permitan generar una cultura de responsabilidad y rendición de cuentas de los servidores públicos, así como fortalecer los órganos internos de control, de vigilancia y supervisión técnica jurídica de la actuación del Ministerio Público y de sus auxiliares directos.

“LAS PARTES” promoverán la participación de la comunidad en materia de procuración de justicia, especialmente en los programas de combate a la corrupción, tomando en consideración el principio de corresponsabilidad entre la sociedad y las instituciones de gobierno en la lucha contra este fenómeno.

Asimismo, establecerán los mecanismos de difusión de la actividad de la ciudadanía en estas materias, a fin de que los resultados obtenidos, sean conocidos por la sociedad en su conjunto.

“LAS PARTES” intercambiarán, a través de una base única administrada por la Procuraduría General de la República información respecto de sus servidores públicos que han sido dados de baja o sujetos a investigación en la Institución a la que pertenecieron, todo ello para prevenir que ex servidores públicos de la procuración de justicia involucrados en actos ilícitos sean dados de alta por desconocimiento en otras instancias de procuración de justicia, señalando explícitamente aquellos casos en los que el resultado de la investigación resulte negativo.

“LAS PARTES” implementarán un programa de reconocimiento a la integridad en el desempeño de las labores que realizan los servidores públicos, como un incentivo que fortalezca el sentido de pertenencia e identidad institucional, estimulando mediante mecanismos comunes el ánimo de quienes cumplen debidamente con su deber y no se involucran en actos de corrupción.

PREVENCION DEL DELITO.

OCTAVA.- En materia de prevención del delito, “LAS PARTES” se comprometen a:

I.        Realizar bajo una sistemática común estudios encaminados a la identificación de los factores criminógenos que permitan el diseño de planes y programas en materia de política criminal, según la incidencia y características de cada una de las entidades federativas, de manera que puedan articularse estrategias y acciones para la prevención del delito a nivel regional y nacional;

II.       Fomentar con criterios homogéneos la cultura de la denuncia desarrollando proyectos objetivamente definidos y orientados.

Asimismo, “LAS PARTES” se comprometen a instrumentar lo necesario en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que sean recibidas todas las denuncias o querellas presentadas ante ellas por hechos probablemente delictivos, sin importar la competencia territorial o por fuero, así como para que las respectivas actas sean turnadas sin demora a la autoridad correspondiente;

III.               Fortalecer la colaboración de las instituciones de procuración de justicia con las dependencias y entidades públicas a cargo de las funciones preventivas, así como con instituciones privadas, nacionales y extranjeras que realicen actividades en esta materia; y

IV.     Definir una política global de prevención del delito que contribuya a hacer más eficientes los esfuerzos de seguridad pública y procuración de justicia.

VICTIMAS Y OFENDIDOS.

NOVENA.- “LAS PARTES” se comprometen a colaborar para la debida atención de las víctimas u ofendidos sin distinción de competencias, brindando en los casos necesarios y bajo acuerdos específicos, la atención a dichas personas en sus centros o unidades de atención cuando sea lo más favorable, así como a compartir sus experiencias en esta materia para mejorar la atención integral de los afectados y, cooperar para establecer, bajo acuerdos específicos, centros regionales o nacionales de atención avanzada a las víctimas u ofendidos en los delitos calificados como graves y violentos.

INVESTIGACION DE DELITOS.

DECIMA.- En materia de investigación de delitos, “LAS PARTES” se comprometen a lo siguiente:

I.               Intercambiar información en forma ágil y oportuna, con pleno respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Constituciones Políticas de los Estados integrantes de la Federación, a la fracción XXVIII del artículo 225 del Código Penal Federal y sus equivalentes en los Códigos sustantivos estatales, y demás ordenamientos legales aplicables;

II.               Establecer enlaces policiales operativos de carácter permanente entre las policías judiciales, ministeriales o investigadoras, con objeto de agilizar las investigaciones y ejecutar acciones de colaboración policial, cada Procurador hará del conocimiento de las demás Procuradurías el nombre de la persona designada como responsable del enlace;

III.               Desarrollar mecanismos de cooperación para la investigación de los delitos en los que se apliquen tecnologías de punta;

IV.     Cuando sea necesario, las Procuradurías iniciarán las averiguaciones previas a que haya lugar con base en la solicitud de cualesquiera de ellas, hecha telefónicamente, por telex, fax, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación, otorgándose recíprocamente todas las facilidades para el éxito de las investigaciones sin perjuicio de que la petición se formalice en el menor tiempo posible;

V.      Para efectos de investigación o en cumplimiento de una orden ministerial, la policía judicial, ministerial o investigadora podrá internarse en el territorio de otra entidad federativa, con un oficio de colaboración suscrito por su Procurador General de Justicia o por los Subprocuradores o Titulares de las áreas de averiguaciones previas o de Control de procesos o Titulares de las Unidades o Coordinaciones Especializadas en Investigación de Delitos, según corresponda, previo acuerdo del citado Procurador o de la persona que está facultada para suplirlo, preferentemente acompañado de una copia certificada del mandamiento ministerial o judicial que sustente la colaboración salvo los casos de flagrancia o caso urgente en los que bastará una copia simple, sin perjuicio de que antes de autorizar el traslado del asegurado a la diversa entidad federativa se exhiba la copia certificada, y en su caso, la certificación ministerial de que está vigente dicho mandamiento.

          Dicho oficio de colaboración deberá ser entregado al Agente del Ministerio Público más cercano al lugar de las actuaciones a realizar, quien deberá recibirlo y sin demora recabará la autorización del Procurador o del servidor público en quien éste haya delegado la facultad, a efecto de permitir las actuaciones en los términos que bajo su responsabilidad sean procedentes, incluyendo el traslado de personas, e/o iniciar las diligencias correspondientes.

En todos los casos la autoridad requirente deberá notificar a la requerida la conclusión de la solicitud de colaboración y, en su caso, dejar sin efectos o cancelar tal petición de colaboración.

VI.     Las Procuradurías colaborarán a efecto de que se realicen oportunamente las diligencias ministeriales dentro de su territorio, cuando así lo requiera cualquiera de las partes, mismas que deberán acompañar a su oficio de colaboración, suscrito por su Procurador General de Justicia o por los Subprocuradores o Titulares de las áreas de Averiguaciones Previas o de Control de Procesos o Titulares de las Unidades o Coordinaciones Especializadas en Investigación de Delitos, según corresponda, previo acuerdo del citado Procurador o de la persona que esté facultada para suplirlo, donde precisen la diligencia o diligencias requeridas, su finalidad, y adjunten copia certificada de la actuación que ordena la colaboración, así como los insertos necesarios para su debida diligenciación, apegándose en todo caso a lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales tanto de la entidad requirente como de la requerida y a las demás disposiciones aplicables.

Asimismo, el Agente del Ministerio Público solicitante y el Agente del Ministerio Público responsable de dar cumplimiento al requerimiento podrán comunicarse recíprocamente por los conductos más idóneos a fin de solicitar y/o proporcionarse la información que este último necesite para el cumplimiento de la colaboración.

El Agente del Ministerio Público solicitante podrá trasladarse al territorio del Estado requerido, inclusive con sus auxiliares directos, en este caso será previa autorización de los Procuradores Generales de Justicia de ambas partes, o de los servidores públicos facultados para ello, a fin de que asista al homólogo que ejerce competencia, para el mejor desahogo de las diligencias solicitadas, apegándose a lo dispuesto en los ordenamientos aplicables.

En su caso, bajo el procedimiento antes señalado, el Agente del Ministerio Público solicitante, sin estar físicamente en la diligencia, podrá dar seguimiento en tiempo real a la actuación, por medios electrónicos, a fin de poder asesorar al Agente del Ministerio Público actuante.

Con el objeto de coordinar las acciones ministeriales, cada Procurador informará, mediante oficio, las personas y/o áreas autorizadas para firmar los oficios de colaboración, así como del despacho de las solicitudes de colaboración ministerial, quienes llevarán su registro, tramitación y debido cumplimiento. El oficio con el nombre de las áreas y/o personas responsables será enviado a la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la cual elaborará el directorio correspondiente, mismo que deberá estar siempre actualizado.

“LAS PARTES” enviarán a la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, los requisitos que deberán ser satisfechos para solicitar diligencias al Ministerio Públicode su entidad federativa, a efecto de que la Secretaría Técnica lo sistematice y ponga a disposición de “LAS PARTES”, debiéndose actualizar dichos requisitos a la Secretaría Técnica cada que cambien; y

VII.    Si las solicitudes a que se refieren las fracciones que anteceden, no pueden ser cumplidas en razón de que son consideradas fuera del ámbito de competencia de la autoridad requerida, ésta, sin demora deberá turnar la solicitud a la Procuraduría que por competencia le corresponda, comunicándolo a la requirente por medio de oficio.

ASEGURAMIENTO DE INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DE DELITOS.

DECIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” practicarán el aseguramiento y entregarán sin demora los objetos, vestigios, instrumentos o productos del delito necesarios para la integración de una averiguación previa o para ser presentados en un proceso, incluso aunque no medie requerimiento expreso para tal efecto, siempre con apego a las disposiciones legales aplicables.

En los requerimientos de colaboración a que se refiere la presente cláusula, “LAS PARTES”, en el oficio respectivo suscrito por las personas autorizadas para solicitar diligencias ministeriales, procurarán identificar los bienes que deban ser materia del aseguramiento con el mayor detalle posible y, cuando sea necesario, indicarán las formalidades especiales que deban llevarse a cabo, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

En el caso del aseguramiento de armas de fuego, se atenderá a lo previsto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento.

En todo lo aplicable, se observarán las disposiciones previstas en la fracción VI de la cláusula que antecede privilegiando la eficacia de la medida cautelar.

EJECUCION DE ORDENES DE PRESENTACION, APREHENSION, REAPREHENSION Y COMPARECENCIA.

DECIMA SEGUNDA.- “LAS PARTES” se obligan a entregarse, sin demora, a los indiciados, procesados o sentenciados, con pleno respeto a los derechos humanos, conforme a lo siguiente:

I.        “LAS PARTES” se obligan a compartir la información sobre todas las órdenes de presentación, aprehensión, reaprehensión y comparecencia de su competencia para su cumplimentación en los términos del artículo 119 de la Constitución General de la República y que hayan sido libradas por las autoridades competentes. Para tal efecto colaborarán en la construcción de una base única, administrada por la Procuraduría General de la República, que podrán consultar las personas autorizadas por cada Procurador, permanentemente y en tiempo real. Mientras ello sucede, mensualmente se entregarán directa y recíprocamente en disco compacto y en forma escrita, la relación de lo anterior, con el objeto de sus policías judicial, ministerial o investigadora colaboren en la ejecución de dichos mandamientos. Esta información se entregará al Procurador General respectivo, quien designará al responsable de su utilización.

La relación escrita deberá contenerse en papel oficial y estar validada con la firma del servidor público que, según la organización de la Procuraduría respectiva, esté facultado para realizar la ejecución de los mandamientos referidos, y deberá contener:

a)       Referencia de la autoridad que emitió la orden de que se trate y los datos que permiten identificar el documento en que conste el acto de autoridad;

b)       Nombre o nombres con los que se conozca a la persona buscada, así como los apodos que tuviere;

c)       Media filiación y demás datos de identificación de la persona buscada, así como cualquier otro elemento de que se disponga para localizar al inculpado; y

d)    En caso de ser requerido, se enviará copia certificada y legible del mandamiento de que se trate y de la fotografía de la persona buscada, si existiere.

II.       “LAS PARTES” mantendrán actualizado el intercambio de información sobre las órdenes de presentación, aprehensión, reaprehensión y comparecencia, incluyendo la actualización por casos de suspensión o cancelación de los mandamientos;

III.      “LAS PARTES” podrán ejecutar los mandamientos judiciales o ministeriales librados en cualquier parte del país, dentro de su ámbito territorial de competencia, sin necesidad de requerimiento formal, bastando haber recibido la relación antes referida o en su oportunidad, que dicho mandamiento esté en el Sistema Nacional emanado de este Convenio;

IV.     La Procuraduría que ejecute cualquiera de las órdenes a que se refiere la fracción anterior, informará de inmediato a la Procuraduría que lo hubiere requerido en términos de la fracción I de esta cláusula o a la que resulte competente y, de común acuerdo, dispondrán los términos del traslado para poner al indiciado a disposición de la autoridad judicial o ministerial respectiva, sin dilación alguna, en términos del párrafo tercero del artículo 16 de la Constitución General de la República;

V.      La Procuraduría requerida podrá autorizar expresamente a la requirente para que agentes de esta última se internen en el territorio de la primera, a fin de ejecutar la orden correspondiente y efectuar el traslado. Esta autorización deberá hacerse por el Procurador o quien legalmente lo supla, por cualquier medio. En lo conducente, se aplicará lo dispuesto en la fracción V de la cláusula DECIMA de este convenio;

VI.     Cuando una persona fuere reclamada por autoridades de dos o más entidades federativas, la entrega se hará de preferencia a la autoridad en cuyo territorio se hubiere cometido el delito que amerite una sanción mayor, según las leyes de las autoridades requirentes. Si las sanciones son iguales, se dará preferencia a la autoridad que primero hubiere hecho la reclamación, y si subsiste la igualdad, se dará preferencia a la autoridad cuyo mandamiento prescriba primero;

VII.    En caso de que la persona que deba ser entregada se encuentre sujeta a proceso penal en otra entidad federativa, la autoridad requerida así lo comunicará a la requirente por oficio, para que ésta a su vez lo haga del conocimiento de la autoridad judicial que libró la orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia, a efecto de que, atendiendo a la legislación respectiva, continúe la suspensión del procedimiento y, en su caso, se interrumpa el plazo de prescripción o, cuando la autoridad judicial así lo disponga, se reanude el procedimiento respectivo;

VIII.   En caso de que la persona que deba ser entregada se encuentre extinguiendo una pena, se procederá de la siguiente forma:

a)     La autoridad requerida lo comunicará por oficio a la requirente, a efecto de que a su vez ésta lo haga del conocimiento de la autoridad que libró el mandamiento judicial;

b)    La autoridad requerida cumplirá el auto que mande el juez que libró la orden correspondiente, ya sea que implique el diferimiento de la entrega hasta la extinción de la pena o se ordene el traslado ante la autoridad judicial respectiva para la reanudación del procedimiento correspondiente, en cuyo caso, deberá comunicarse a la autoridad que esté ejecutando la sentencia; y

IX.     “LAS PARTES” se comprometen a compartir información sobre el libramiento y, en su caso, el cumplimiento de cualquier mandamiento judicial que involucre a servidores públicos de alguna Procuraduría, así como la resolución definitiva que se haya dictado en el proceso de que se trate, a efecto de que ésta en el ámbito de sus atribuciones tome las medidas que administrativamente correspondan.

DETENCION EN CASO URGENTE.

DECIMA TERCERA.- Tratándose de orden de detención por caso urgente, librada por el Ministerio Público competente en términos del párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “LAS PARTES” podrán solicitar a la Procuraduría que por territorio deba ejecutar el citado mandamiento, que se proceda a la detención y entrega inmediata del indiciado, sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción V de la cláusula DECIMA de este convenio.

En este supuesto, el oficio de colaboración será signado por el Agente del Ministerio Público que haya librado la orden de detención en caso urgente, enviando copia autorizada de la misma. El oficio de colaboración deberá tener los requisitos contenidos en la fracción I de la cláusula DECIMA SEGUNDA de este Convenio y estará dirigido al titular de la Procuraduría requerida, debiendo marcar copia para conocimiento del titular y el Subprocurador respectivo de la Procuraduría requirente.

El Agente Ministerio Público requirente deberá invariablemente comunicar a la institución requerida, cuando hayan dejado de subsistir los supuestos que permitieron la emisión del acto de autoridad o, en su caso, la revocación del mismo.

DETENCION EN FLAGRANCIA.

DECIMA CUARTA.- En caso de flagrancia, la autoridad estatal que efectúe la persecución de los probables responsables de delitos, podrá internarse en el territorio de otra entidad federativa, dando aviso inmediato al enlace designado de la Procuraduría General de Justicia de que se trate, para que ésta, de acuerdo a su competencia, le brinde el apoyo correspondiente.

De no ser posible realizar el aviso a que se refiere el párrafo que antecede, la autoridad persecutora comunicará con posterioridad a la detención, pero antes de que egrese el asegurado de la entidad federativa donde fue detenido, la circunstancia o el hecho que motivó la internación en dicho territorio, a efecto de formalizar la colaboración.

OPERATIVOS CONJUNTOS.

DECIMA CUARTA BIS.- “LAS PARTES” podrán realizar operativos conjuntos para la investigación de delitos y, el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales.

En todos los casos se emitirán los oficios de colaboración correspondientes y se levantará un acta del operativo con un ejemplar para cada participante.

SERVICIOS PERICIALES.

DECIMA QUINTA.- En materia de Servicios Periciales, “LAS PARTES” se comprometen a:

I.        Promover la formulación y actualización permanente de un catálogo de equipo óptimo en materia de Servicios Periciales para sus respectivos laboratorios;

II.       Promover la capacitación y el desarrollo profesional de los peritos, considerando criterios de uniformidad, y fomentar el intercambio académico con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras para tales efectos;

III.      Promover el apoyo de universidades, organismos e instituciones públicas y privadas, para la práctica de peritajes;

IV.     Fomentar la integración y actualización permanente de manuales de Servicios Periciales que sirvan de guía metodológica para la práctica de los dictámenes respectivos;

V.               Intercambiar información, recursos humanos, técnicas de investigación e instrumental de laboratorio, a fin de coadyuvar en la actualización y especialización de los peritos;

VI.               Encomendar al Comité Técnico que corresponda el estudio de la viabilidad de crear un Sistema Nacional de Servicios Periciales, que será presentado a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; y

VII.    La Procuraduría requerida podrá autorizar expresamente a la requirente para que peritos de esta última se internen en el territorio de la primera a fin de que realicen los estudios o dictámenes que resulten necesarios, siempre y cuando no se cuente con la especialidad o la tecnología adecuada en el estado requerido.

ABATIMIENTO DEL REZAGO.

DECIMA SEXTA.- “LAS PARTES” se comprometen a establecer programas de cooperación para el abatimiento del rezago en la integración de averiguaciones previas y el cumplimiento de mandamientos judiciales y, en general, de las diversas actividades que les competen.

EXTRADICIONES Y ASISTENCIA JURIDICA INTERNACIONAL.

DECIMA SEPTIMA.- La Procuraduría General de la República prestará todo su apoyo a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, para el trámite y desahogo de solicitudes de extradición y de asistencia jurídica internacional que le requieran las otras Procuradurías.

Para tal efecto, las solicitudes de extradición y de asistencia jurídica internacional deberán presentarse por escrito, con la firma autógrafa del Procurador General de Justicia de que se trate, o del servidor público que lo supla, debiendo satisfacer los requisitos que establecen las disposiciones legales aplicables tanto mexicanas como del estado requerido y, en su caso, los tratados internacionales de los que México es parte, los cuales se relacionan en el Anexo de este Instrumento.

PETICIONES DE ASISTENCIA A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS POLICIALES INTERNACIONALES E INTERPOL.

DECIMA OCTAVA.- En materia de búsqueda y localización internacional de personas sustraídas a la acción de la justicia y de personas desaparecidas que se presuma se encuentren en territorio extranjero, la Procuraduría General de la República, por conducto de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL, brindará el más amplio auxilio a “LAS PARTES” requirentes. Las solicitudes remitidas de esta naturaleza deberán ser suscritas por el servidor público que legalmente o por la normatividad interna esté facultado para ello, proporcionando todos los datos e información que sobre esta materia establece la Organización Internacional de Policía Criminal y las demás disposiciones aplicables.

COLABORACION EN RELACION CON LA TRAMITACION DE JUICIOS DE AMPARO.

DECIMA NOVENA.- Con pleno respeto a la función del Ministerio Público de la Federación en el Juicio de Amparo, la Procuraduría General de la República se compromete a colaborar con las demás partes de este Convenio, formulando los pedimentos, emitiendo opiniones, e interponiendo los recursos, que las Procuradurías locales le soliciten, en los casos que las mismas partes consideren procedente, en contra de resoluciones de autoridades judiciales federales, dictadas en los juicios de amparo promovidos con motivo de procedimientos de carácter penal del fuero común.

Las Procuradurías que requieran dicha colaboración, deberán formular su solicitud con al menos tres días previos al vencimiento del término, proporcionando el proyecto respectivo y anexando las constancias esenciales que el caso amerite para la adecuada participación del Ministerio Público.

Lo previsto en los párrafos anteriores se planteará a través de las áreas respectivas de las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados a la Delegación de la Procuraduría General de la República correspondiente, y en el caso del Distrito Federal se atenderá en la Dirección General de Amparo de la Procuraduría General de la República.

COLABORACION PARA LA DENUNCIA DE CONTRADICCION DE TESIS.

VIGESIMA.- Cuando la Procuraduría General de la República, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, denuncie ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción entre tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados, lo comunicará oportunamente a “LAS PARTES” para su conocimiento, a través de la Secretaría Técnica de la CNPJ.

SEGUIMIENTO Y CUMPLIMENTACION DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONVENIO.

VIGESIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” firmantes convienen que la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, en su carácter de Secretaría Técnica, de manera coordinada con los Comités Técnicos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, será el órgano encargado de velar por el puntual y efectivo seguimiento de los compromisos y acciones contemplados en el presente instrumento, así mismo deberá hacer públicos dichos compromisos.

PUBLICACION Y DIFUSION.

VIGESIMA SEGUNDA.- “LAS PARTES” se obligan a gestionar la publicación del presente Convenio y de su Anexo en los periódicos o gacetas oficiales correspondientes, para su debida difusión. La Procuraduría General de la República por su parte realizará las gestiones necesarias para la publicación de este instrumento en el Diario Oficial de la Federación.

ALCANCES.

VIGESIMA TERCERA.- El presente Convenio no tiene carácter limitativo para “LAS PARTES”, por lo que de acuerdo a las necesidades o requerimientos locales, regionales o nacionales, las Procuradurías podrán suscribir acuerdos específicos, convenios y bases de colaboración independientes o complementarias al presente.

VIGENCIA DEL CONVENIO.

VIGESIMA CUARTA.- Este Convenio entrará en vigor a partir del día siguiente en que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, y no afectará las obligaciones contraídas por “LAS PARTES” mediante otros instrumentos de colaboración y coordinación, los que continuarán en vigor en todo aquello en que no se oponga al presente.

El presente Convenio deja sin efectos el Convenio de Colaboración que con base en el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, celebraron la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados integrantes de la Federación, suscrito el 27 de abril de 2001 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2001.

ADAPTACIONES JURIDICAS.

VIGESIMA QUINTA.- “LAS PARTES” convienen en gestionar las modificaciones a los ordenamientos legales y administrativos que resulten necesarias para el mejor cumplimiento de este Convenio, en sus respectivos ámbitos de competencia, informando, en su caso, a la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” se comprometen a resolver amigablemente y de común acuerdo cualquier duda o controversia que surja con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, así como a realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos.

RESGUARDO DEL CONVENIO.

VIGESIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” convienen en que el resguardo del presente Convenio de colaboración quede a cargo de la Procuraduría General de la República, en las oficinas de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional.

La Procuraduría General de la República se obliga a enviar a cada una de las Procuradurías, a través de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional, copia certificada del presente instrumento, una vez suscrito por “LAS PARTES”.

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a los treinta días del mes de marzo de dos mil siete reunidos en el Salón Real San Luis del hotel Westin, estando presentes el licenciado Eduardo Medina Mora Icaza, Procurador General de la República y Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el licenciado Guillermo Salazar Trejo, Procurador General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, el maestro Xavier González Fisher, Procurador General de Justicia del Estado de Aguascalientes, el licenciado Antonio Willehado Martínez Luna, Procurador General de Justicia del Estado de Baja California, el licenciado Fernando González Rubio Cerecer, Procurador General de Justicia del Estado de Baja California Sur, el maestro Juan Manuel Herrera Campos, Procurador General de Justicia del Estado de Campeche, el licenciado Jesús Torres Charles, Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila, el licenciado Arturo Díaz Rivera, Procurador General de Justicia del Estado de Colima, el licenciado Mariano Herrán Salvatti, Fiscal General del Estado de Chiapas, la maestra Patricia Lucila González Rodríguez, Procuradora General de Justicia del Estado de Chihuahua, el licenciado Rodolfo Félix Cárdenas, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, el licenciado Jesús Gutiérrez Vargas, Procurador General de Justicia del Estado de Durango, el maestro Daniel Federico Chowell Arenas, Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato, el licenciado Eduardo Murueta Urrutia, Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, el licenciado José Alberto Rodríguez Calderón, Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, el licenciado Tomás Coronado Olmos, Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco, el licenciado Abel Villicaña Estrada, Procurador General de Justicia del Estado de México, el licenciado Juan Antonio Magaña de la Mora, Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, el doctor José Francisco Coronato Rodríguez, Procurador General de Justicia del Estado de Morelos, el licenciado Héctor Manuel Béjar Fonseca, Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit, el licenciado Luis Carlos Treviño Berchelmann, Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León, la licenciada Rosa Lizbeth Caña Cadeza, Procuradora General de Justicia del Estado de Oaxaca, la maestra Blanca Laura Villeda Martínez, Procuradora General de Justicia del Estado de Puebla, el licenciado Juan Martín Granados Torres, Procurador General de Justicia del Estado de Querétaro, el licenciado Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, Procurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo, el licenciado Luis Antonio Cárdenas Fonseca, Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, el licenciado Abel Murrieta Gutiérrez, Procurador General de Justicia del Estado de Sonora, el licenciado Gustavo Rosario Torres, Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco, el licenciado Aníbal Pérez Vargas, Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, el doctor Leopoldo Zárate Aguilar, Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, el maestro Emeterio López Márquez, Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz, el abogado Armando Villarreal Guerra, Procurador General de Justicia del Estado de Yucatán, el licenciado Carlos Pinto Núñez, Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas y el General de Brigada de Justicia Militar y licenciado Gabriel Sagrero Hernández, Procurador General de Justicia Militar.

Las Partes: El Procurador General de la República y Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Eduardo Medina Mora Icaza.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, Guillermo Salazar Trejo.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Aguascalientes, Xavier González Fisher.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Baja California, Antonio W. Martínez Luna.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Baja California Sur, Fernando González Rubio Cerecer.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Campeche, Juan Manuel Herrera Campos.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila, Jesús Torres Charles.- Rúbrica.- El  Procurador General de Justicia del Estado de Colima, Arturo Díaz Rivera.- Rúbrica.- El Fiscal General del Estado de Chiapas, Mariano Herrán Salvatti.- Rúbrica.- La Procuradora General de Justicia del Estado de Chihuahua, Patricia Lucila González Rodríguez.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Félix Cárdenas.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Durango, Jesús Gutiérrez Vargas.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato, Daniel Federico Chowell Arenas.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, Eduardo Murueta Urrutia.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, José Alberto Rodríguez Calderón.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco, Tomás Coronado Olmos.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de México, Abel Villicaña Estrada.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Morelos, José Francisco Coronato Rodríguez.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit, Héctor Manuel Béjar Fonseca.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León, Luis Carlos Treviño Berchelmann.- Rúbrica.- La Procuradora General de Justicia del Estado de Oaxaca, Rosa Lizbeth Caña Cadeza.- Rúbrica.- La Procuradora General de Justicia del Estado de Puebla, Blanca Laura Villeda Martínez.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Querétaro, Juan Martín Granados Torres.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, Luis Antonio Cárdenas Fonseca.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco, Gustavo Rosario Torres.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Aníbal Pérez Vargas.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, Leopoldo Zárate Aguilar.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz, Emeterio López Márquez.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Yucatán, Armando Villarreal Guerra.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas, Carlos Pinto Núñez.- Rúbrica.- El Procurador General de Justicia Militar, Gabriel Sagrero Hernández.- Rúbrica.


ANEXO

De conformidad con la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA, los requisitos para la presentación de solicitudes de extradición y de asistencia jurídica internacional, se enumeran a continuación:

I.       En materia de extradición internacional:

1.       Nombre y firma del Procurador General de Justicia requirente, o del servidor público que lo supla;

2.     La expresión del delito por el cual se pide la extradición;

3.     El asunto y naturaleza de la investigación, así como la relación de los hechos imputados;

4.     El texto de las disposiciones legales que a continuación se señalan:

a.     Las que fijen los elementos constitutivos del delito;

b.     Las que determinen la pena correspondiente al delito;

c.     Las relativas a la prescripción de la acción penal o de la pena que hubiere sido impuesta; y

d.     Cuando así se requiera por tratado del que México sea parte, la identificación de la doble incriminación.

5.     Los datos y antecedentes personales del reclamado que permitan su identificación (media filiación, lugar y fecha de nacimiento) y, siempre que sea posible, los conducentes a su localización;

6.     A la petición de extradición internacional deberán anexarse los documentos siguientes:

a.     Cuando la solicitud de extradición se refiera a una persona que aún no ha sido detenida:

- Copia certificada, por duplicado, de la orden de aprehensión o reaprehensión librada por la autoridad competente.

- Los documentos en que se relacionen los elementos de prueba que justifiquen la aprehensión o reaprehensión, y

- El cómputo de la prescripción de la acción penal y la certificación de la vigencia de la orden de aprehensión o reaprehensión.

b.     Cuando la solicitud de extradición se refiera a una persona sentenciada se le anexará copia certificada por duplicado de la sentencia condenatoria.

7.     Los demás datos que determine el Ministerio Público de la Federación, según las particularidades del caso concreto.

II.      En materia de solicitudes de asistencia jurídica internacional:

1.       Nombre y firma del Procurador General de Justicia de que se trate o del servidor público que lo supla a cargo de la investigación, procedimiento o diligencia a que se refiera la solicitud;

2.     El asunto y naturaleza de la investigación, procedimiento o diligencia;

3.     Una descripción de las pruebas, de la información requerida o de los actos de asistencia que
se soliciten;

4.     El propósito para el que se requieren las pruebas, la información u otro tipo de asistencia;

5.     Los métodos de ejecución a seguirse;

6.     En caso de recepción de testimonios o declaraciones de personas:

a.     El domicilio en donde se le pueda ubicar;

b.     La fecha de nacimiento; y

c.     El pliego de preguntas a contestar.

7.     En caso de suministro de documentos, registros o pruebas:

a.     La ubicación de los registros; y

b.     Tratándose de instituciones financieras, el nombre y dirección de la Institución y número de cuenta respectiva.

8.     En caso de diligenciación legal de las solicitudes de cateo o para la toma de medidas tendientes a la inmovilización y aseguramiento de bienes, que sean ordenadas por las autoridades judiciales, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables:

a.     La ubicación exacta de los bienes;

b.     Tratándose de instituciones financieras, el nombre y dirección de la Institución, y número de cuenta respectiva; y

c.     Los documentos en donde se relacionen los elementos de prueba que se tengan para la demostración del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.

9.     En caso de localización o identificación de personas:

a.     Todos los datos de su posible ubicación.

b.     La fecha de nacimiento; y

c.     La media filiación.

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