PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL EL 10 DE ENERO DE 2008.
PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2007 -
2012
Seguridad y Justicia para la Ciudad de México
2007 – 2012
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CONTENIDO
I. INTRODUCCIÓN
II. DIAGNÓSTICO
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
IV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
V. UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA
I. INTRODUCCIÓN
La seguridad pública y la justicia son dos de los bienes más
preciados con los que se desea vivir en sociedad y representan la principal
preocupación del Gobierno del Distrito Federal.
Ello implica que la gente cuente con la libertad, la
confianza y la tranquilidad necesaria para poder realizar sus actividades
normales y que también tenga la certeza de recibir la atención y la protección
del Estado.
Por ello, la seguridad pública se entiende no sólo como la
prevención o en su caso la atención rápida y eficiente de los actos delictivos
y su correspondiente sanción legal para quienes los generan, además del trato
responsable y digno a quienes sean víctimas del delito, sino que también
comprende la promoción y puesta en práctica de políticas públicas incluyentes e
integrales para mejorar la realidad social de la ciudad.
Resulta claro que para que las personas vivan individual y
socialmente en paz y con seguridad, deben vivir también con justicia y equidad
y, para esto, importa principalmente la situación que guardan la economía, la
salud, el empleo, la alimentación, la vivienda, el desarrollo sustentable, los
servicios públicos y otras necesidades de las personas y de la comunidad.
La exclusión y la inequidad generan procesos de
fragmentación social, ruptura de las identidades y deterioro de la calidad de
la convivencia colectiva que desgastan el tejido social, constituyéndose en
motores de la delincuencia y soporte al crimen organizado.
Para la elaboración de este programa se consideraron los
Lineamientos Generales para el Programa de Seguridad Pública para el Distrito
Federal, decretados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 28 de
junio del 2007 y se realizó una amplia gama de actividades y foros de consulta
ciudadana para conocer de los intereses y necesidades, anhelos, aspiraciones,
demandas y propuestas de los habitantes de la ciudad en materia de seguridad
pública y procuración de Justicia.
En este sentido, el Programa de Seguridad Pública para el
Distrito Federal 2007-2012, sancionado en sus 90 acciones por el Consejo
Ciudadano de Seguridad y Justicia del Distrito Federal, integra los objetivos y
principales líneas de acción con las que se pretende cumplir los compromisos
asumidos para hacer de la capital del país una ciudad segura y donde sea
posible el desarrollo social con equidad y justicia para todos.
II. DIAGNÓSTICO
Durante varias décadas, y hasta los años setenta, en México
se vivió un clima en donde la actividad delictiva no representaba una
preocupación social. En los años ochenta si bien la delincuencia aumentaba, no
tenía los tintes que la de ahora, el robo siguió siendo el delito de mayor
frecuencia, junto con las lesiones, el homicidio y la violación, para citar los
hechos que mayor impacto negativo causaron en la población; las denuncias de
hechos delictivos también crecieron significativamente; a finales de esa
década, las cárceles empezaron a resentir el problema del sobrecupo.
Ciertamente, las crisis económicas del país (1976, 1983-88, 1994) también
contribuyeron a agravar este panorama.
En México, los problemas de seguridad pública empezaron a
figurar desde mediados de los años ochenta, en los que la delincuencia
organizada se asentó en el país; sin embargo, para la década de los años
noventa, el incremento de la criminalidad ya no pudo revertirse. El índice
delictivo aumentó en ambos fueros, común y federal, los delitos más significativos
fueron el robo con violencia, las lesiones, homicidios, secuestros y asaltos
bancarios, también reapareció el asesinato político.
En consecuencia, el número de denuncias de hechos ilícitos y
el de averiguaciones previas aumentaron significativamente, y a partir de 1994
encabeza la lista de problemas nacionales de atención prioritaria, llegando a
constituir la seria preocupación y agravio social que se tiene en nuestros
días.
En cuanto a la incidencia delictiva ocurrida en el periodo
de 1980 a 1994, en términos generales, presenta un crecimiento en el fuero
común del 102 % y en el fuero federal del 286%. Por otro lado, analizada a
través del número de sentenciados, en el fuero común creció 112 % y en el
federal 209%.
De acuerdo a la información recabada de las instituciones de
procuración de justicia, de 1990 a 1995 el aumento de la tasa de criminalidad
del fuero común ascendió al 20% y en el fuero federal el incremento fue del
40%. Crecieron más rápido los delitos federales porque surgieron nuevas formas
de actividad delictiva vinculada a las drogas y sus amplios derivados, armas,
falsificación, lavado de dinero, entre otras.
Hasta diciembre de 1994, el sistema de seguridad pública en
México descansó en lo dispuesto por el artículo 115 constitucional, que
establecía la tarea y atribución de vigilancia preventiva a las policías
municipales para sancionar las infracciones hechas a los reglamentos de buen
gobierno y de policía.
A partir de la reforma constitucional de diciembre de ese
año, se estableció un nuevo concepto en materia de seguridad pública que
incluye la prevención del delito, la procuración de justicia, la sanción de las
infracciones y faltas administrativas así como la sentencia judicial para los
delitos, y la readaptación social del delincuente y menor infractor. Asimismo
se establecieron como principios de actuación de las instituciones policiales,
el profesionalismo, la honestidad, legalidad y eficiencia.
Conforme a la Ley que establece las bases de coordinación
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el objeto de este servicio público
consiste en: mantener el orden público; proteger la integridad física de las
personas así como de sus bienes y pertenencias; prevenir la comisión de delitos
e infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía; llevar a cabo la
investigación y persecución de los delitos; emitir resoluciones y sentencias
para castigar los delitos y las infracciones; ejecutar las sentencias, y,
auxiliar a la población en casos de siniestros y desastres.
De esta manera, el Estado mexicano asumió una definición muy
amplia de seguridad pública que se refleja en un proceso en el que participan
distintas instituciones que conforman al sistema de seguridad pública y de
justicia penal, incluye a los tres poderes y a diversas instituciones en cada
uno de ellos.
El año 1997 marcó una frontera histórica para el Distrito
Federal ya que hasta entonces dejó de ser considerado como una departamento
administrativo dentro de la organización de la administración pública federal,
ya que en ese año por vez primera la población capitalina eligió al Jefe de
Gobierno para esta Ciudad y estableciendo sus competencias, permitiendo desde
entonces organizar su propia administración pública, elaborar sus programas,
entre otros aspectos.
Para 1995, el Distrito Federal ocupaba el primer lugar en
materia delictiva. Algunas calles, parques, establecimientos, conjuntos
habitacionales, y otros espacios públicos, se convirtieron en territorios de la
delincuencia ocasional y del hampa organizada quedando así vedados para los
vecinos y transeúntes pacíficos. Se produjo el efecto inevitable del disparo de
los índices delictivos y como efecto colateral el temor, la desconfianza y el
sentimiento de inseguridad.
El año de 1997 se presenta como el punto de inflexión del
índice delictivo en la Ciudad de México, ya que con relación a 1994, los
principales delitos aumentaron en 78%, mientras que con respecto al año 2000,
disminuyeron en 29%. Y de ese año, al 2006, se observó un descenso constante.
Para enfrentar a la actividad delictiva el gobierno de la
Ciudad diseñó y aplicó diversas medidas que en su conjunto y en un plazo de
diez años han permitido un descenso de los principales indicadores de la
incidencia delictiva.
Entre las medidas que se destacan está la integración, en un
mismo espacio, de los sectores de la Policía Preventiva, de las agencias del
Ministerio Público, y de los Juzgados Cívicos, atendiendo a la densidad
poblacional e incidencia delictiva.
De esta manera, en el año 2001, se crearon las 70
Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. La
meta principal es integrar en un mismo edificio o en edificios cercanos los
sectores de la Policía Preventiva, las agencias del Ministerio Público y los
juzgados cívicos que constituirán una Coordinación Territorial.
Las Coordinaciones Territoriales se integran con la
finalidad de articular las acciones de prevención del delito, de combate a la
delincuencia, de procuración de justicia y de preservación del orden público,
de manera que los habitantes encuentren atención pronta y expedita, así como el
apoyo legal que pudieran requerir.
En consecuencia de lo anterior, a partir del año 2001, el
Gobierno de la Ciudad, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública del D.F.
modificó sus criterios de desempeño frente a los infractores del orden jurídico
y de convivencia social, frente al grave problema de la actividad delictiva y
la seguridad pública.
De esta manera se ha venido reestructurando y reorientando
la organización, administración y el estado de fuerza preventiva, privilegiando
las remisiones a la autoridad competente de personas por la comisión de
posibles delitos de alto impacto social (robo con violencia, privación de la
libertad, narcotráfico), más que por faltas cívicas menores, lo que ha dado
como resultado un cambio en las proporciones de remisión de infractores y/o
presuntos delincuentes ante la autoridad administrativa, o la ministerial,
según el caso.
El resultado de lo anterior, se ha traducido en un abatimiento
de los indicadores de la actividad delictiva, que no necesariamente de la
percepción social, de la seguridad – inseguridad pública, porque los delitos de
alto impacto, asociados a la violencia y por lo general los delitos del orden
federal, son los que dejan la huella del temor y sus secuelas en la población.
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
i. Enfrentar a la delincuencia de manera sistémica y
organizada para disuadir la comisión de delitos y afectar la economía del
crimen, aumentando sus costos reduciendo sus ganancias mediante un nuevo modelo
de investigación y operación policial que aumente significativamente el número
de delincuentes capturados, consignados, sentenciado y sancionados con penas
adecuadas al tipo de delito cometido.
ii. La implantación de un nuevo modelo de readaptación
social, en el que las instalaciones penitenciarias efectivamente permitan que
los ofensores cumplan sus penas en condiciones humanas y puedan integrarse
positivamente a la sociedad.
iii. El ataque frontal a los factores que causan, se
asocian, propician o promueven el comportamiento delictivo.
IV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
i. Para enfrentar a la delincuencia de una manera
sistémica y organizada para disuadir la comisión de delitos y afectar la
economía del crimen, aumentando sus costos reduciendo sus ganancias mediante un
nuevo modelo de investigación y operación policial que aumente
significativamente el número de delincuentes capturados, consignados,
sentenciado y sancionados con penas adecuadas al tipo de delito cometido. Se
desarrollarán las siguientes líneas y acciones estratégicas:
Estrategia: Mejoramiento de la capacidad de
disuasión, captura de delincuentes e investigación de delitos por parte de los
cuerpos policíacos con supervisión ciudadana.
Acciones:
1. Aumentar el despliegue de la policía con 20 mil
nuevos elementos, (4,000 elementos preventivos por año), bajo el esquema de
Policía de Barrio, en el que los policías y sus patrullas son asignadas a las
colonias, de las que no serán removidos, por lo que serán fácilmente
identificados y por lo tanto evaluados por la población.
2. Instalar 8,000 videocámaras de vigilancia,
privilegiando las zonas escolares, los edificios públicos, las áreas bancarias
y comerciales, las entradas y salidas de la Ciudad y, en general, las zonas más
visitadas por la población.
3. Incorporar 1,000 patrullas nuevas por año al
parque vehicular de la SSP
4. Capacitación de 500 elementos de la fuerza de
reacción que operan en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro).
5. Reimplantación de un sistema de botón de apoyo en
microbuses, que será atendido por un grupo de reacción especial ubicado en la
SSP
6. Aumentar la vigilancia, a cargo de los bancos, de
cajeros automáticos y sucursales bancarias.
7. Intensificar las actividades de prevención,
combate y sanción a la extorsión, con especial énfasis en la extorsión
telefónica.
8. Intensificar los operativos de vigilancia de las
escuelas, incluido el de Sendero Escolar Seguro.
9. Aumentar el número de elementos de la policía
judicial para atender un mayor número de casos y eliminar el rezago de
investigación.
10. Ampliación y unificación del equipo de
radiocomunicación de los cuerpos policíacos para asegurar una intercomunicación
oportuna y permanente.
11. Recuperar los 344 módulos de seguridad dotándolos
de equipo de cómputo, de radiocomunicación, de telefonía y de transporte para
dar un servicio efectivo de asistencia a la comunidad.
12. Recuperar los centros de transferencia modal del
transporte público (paraderos), mejorando sus condiciones de alumbrado,
servicios y vigilancia las 24 horas del día.
13. Implantar un modelo donde la policía preventiva
pueda operar sin uniformes y pueda realizar labores de investigación y donde la
policía judicial realice labores de investigación preventiva, y no solamente
reactiva, como hasta ahora lo ha hecho.
14. Realizar periódicamente encuestas de
victimización cuyos resultados orienten las acciones operativas de los policías
de la ciudad.
14. Creación de la Unidad de Inteligencia Financiera,
para prevenir el crecimiento de la delincuencia organizada, siguiendo el rastro
de sus finanzas.
15. Aplicar una nueva estrategia para el
narcomenudeo: impulsar reformas legislativas para quitarles el patrimonio
ilícito a traficantes. Todos los inmuebles que sean utilizados para vender
droga y pasarlos al patrimonio de la Ciudad para establecer Centros de
Prevención y Rehabilitación, estancias sociales o espacios culturales.
16. Evaluar el desempeño de los elementos de la
Policía Judicial mediante indicadores que midan la relación entre labores de
investigación y delitos resueltos.
17. Implantar un sistema de evaluación ciudadana de
la policía de barrio mediante encuestas que indiquen el grado de presencia en
sus colonias, su disposición y efectividad en el servicio de vigilancia y
seguridad, para integrarlos al sistema de estímulos y recompensas.
18. Incorporar elementos de la Policía Auxiliar, bajo
el esquema de Policía de Barrio, en delegaciones con alta incidencia delictiva.
Estrategia: Promoción de acciones de coordinación
para la prevención e investigación del delito.
Acciones:
19. Participar activamente en las estrategias y
acciones diseñadas para la Región Centro-País
20. Realizar operativos permanentes conjuntos entre
las policías del Estado de México y del Distrito Federal.
21. Establecer con las diversas dependencias de
seguridad pública e impartición de justicia, los mecanismos homogéneos de
reporte, supervisión, seguimiento e información estadística sobre la incidencia
y actuación de la delincuencia. Se firmarán convenios de intercambio de
información con la PGR, el Sistema Nacional de Seguridad, la Secretaría de
Seguridad Pública Federal y con los Estados de la Región Centro del País.
22. Promover la construcción y el equipamiento del
proyecto C-4.
Estrategia: Capacitación, profesionalización y
mejoramiento de las condiciones laborales y de vida de los policías.
Acciones:
23. Desarrollar y poner en marcha un programa de
atención y capacitación a las unidades de policías preventivos en cuarteles y
sectores.
24. Extender la carrera de Técnico Superior
Universitario al personal activo de la Policía Judicial a través de
competencias laborales.
25. Reiniciar el diplomado de la cultura de la
legalidad y prevención del delito impartido por la UNAM, el curso especial para
mandos medios y superiores operativos de la SSP impartido en la Facultad de
Derecho de la UNAM; los cursos de actualización con el IPN y el diplomado de
formación de monitores en la administración de recursos materiales con el ITESM
Campus Ciudad de México.
26. Instrumentar los planes y programas de la
licenciatura en criminalística e investigación.
27. Convenio de colaboración entre el Colegio de
Bachilleres y la SSP, y entre el CONALEP y la SSP para la superación de los
elementos policiales que deseen concluir su educación media superior.
28. Instaurar en materia de procuración de justicia
la especialidad para acceder a la plaza de agente del Ministerio Público y el
diplomado para acceder a la plaza de oficial secretario, así como el diplomado
en criminología de capo para acceder a la plaza de perito en la Procuraduría.
29. Actualización de los lineamientos para el
otorgamiento de incentivos a la eficacia policial.
30. Actualizar y mejorar el programa de retiro
voluntario.
31. Incentivar con ascensos y mejoras económicas
salariales a los elementos que concluyan su nivel de educación media y
superior.
32. Impulsar la asignación de becas, uniformes y
útiles escolares a hijos de policías.
33. Otorgamiento de 2,000 créditos anuales para
vivienda en el Distrito Federal.
Estrategia: Instrumentación y puesta en marcha de un
nuevo modelo de información policial.
Acciones:
34. Puesta en marcha del sistema de información
pública de la estadística sobre las quejas y denuncias presentadas por la
ciudadanía, así como de las que resultan de las investigaciones realizadas.
35. Utilizar la tecnología más moderna para la
comunicación, intercambio de información y almacenaje de datos para la
identificación y denuncia criminalística-delictiva, estableciendo una red de
voz y datos, complementación de infraestructura de cómputo, telefonía IP,
telecomunicaciones e internet para los nodos locales y remotos de la SSP y la
puesta en marcha de AFIS (Sistema de identificación Dactilar) civil, para Justicia
Cívica y penal para Reclusorios.
Estrategia: Modernización de las actividades del
ministerio público para brindar un servicio transparente y eficaz.
Acciones:
36. Instalar videocámaras y en Agencias del
Ministerio Público, monitoreadas por una unidad especial de supervisión en la
PGJDF.
37. Fortalecer las Agencias del Ministerio Público
Especializadas en Atención al Turista para brindar apoyo.
38. Crear, bajo el control del Consejo Ciudadano de
Seguridad Pública del Distrito Federal una unidad con agentes ciudadanos
auxiliares del ministerio público para hacer más expedito el proceso de
denuncia de delitos patrimoniales.
39. Privilegiar la conciliación como un procedimiento
de solución durante la averiguación previa en todos aquellos casos perseguibles
por querella.
40. Continuar con la modernización de los servicios
periciales de la PGJDF, para. una más oportuna atención de los casos;
establecer un programa que mejore el monitoreo, la medición y el análisis en la
supervisión, y celebrar convenios de colaboración académica para la
actualización de conocimientos especializados.
41. Consolidar a la Policía Judicial del Distrito
Federal para que auxilie de manera más eficaz al Ministerio Público, así como
crear y desarrollar unidades especializadas de inteligencia policial, según la
naturaleza de las conductas delictivas.
42. Elaborar el Manual de aplicación de los
mecanismos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal, garantizando a la ciudadanía el derecho a la información.
43. Introducir nuevos mecanismos de supervisión a la
actuación del Ministerio Público y sus auxiliares, como la integración de una
unidad especial de supervisión en línea para el monitoreo de diligencias de
averiguación, previa en el Sistema de Averiguaciones Previas (SAP)
fortaleciendo los trabajos de supervisión y la cobertura regional de las
Coordinaciones Territoriales a través de células de visitadores de turno.
Estrategia: Capacitación de los recursos humanos y
modernización de la operación del actual sistema de procuración de justicia
para combatir los rezagos.
Acciones:
44. Reestructurar a la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, haciendo una reforma a fondo de su Ley Orgánica
y del Reglamento de la Ley Orgánica y estableciendo programas de modernización.
45. Instrumentar el programa para el abatimiento del
rezago y desburocratización de trámites, para simplificar la procuración de
justicia.
46. Refundar el Instituto de Formación Profesional
como el "Instituto de Ciencias Penales de la Ciudad de México", para
que se convierta en una' institución coadyuvante de la Procuraduría en su
modernización.
47. Definir y desarrollar la orientación de la
política criminal de la Procuraduría y participar en el diseño y desarrollo de
la política criminal del Distrito Federal.
48. Crear el Sistema de Seguridad Pública del
Distrito Federal y fortalecer el Consejo de Seguridad Pública del Distrito
Federal como órgano rector de la política en materia de seguridad pública.
49. Ampliar las vías para la recepción y atención de
quejas de la ciudadanía, así como los canales de comunicación que permitan
conocer las funciones y las acciones de la SSP y de la PGJDF.
50. Implantar un sistema para el seguimiento y
evaluación del desempeño de los funcionarios de la SSP y de la PGJDF, y diseñar
y aplicar instrumentos de evaluación ciudadana del servicio público
privilegiando las encuestas periódicas y sistemáticas
Estrategia: Actualización, difusión y aplicación de
las leyes y reglamentos establecidos para garantizar el orden y la convivencia
en el Distrito Federal.
Acciones:
51. Instaurar el día del peatón, y progresivamente
días adicionales hasta llegar a la semana del peatón, para promover el respeto
a los transeúntes de la Ciudad.
52. Promover la expedición del Reglamento de la Ley
para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos.
53. Elaborar el Reglamento de la Ley de Seguridad
Privada.
54. Elaborar el Reglamento de la Ley de Transporte
respecto a las rutas y horarios para el transporte de sustancias y residuos
peligrosos en el DF.
55. Actualización del padrón directivo,
administrativo y operativo de las empresas de seguridad privada.
56. Instrumentar el registro y control efectivo de
los conductores del transporte público, para revisar sus antecedentes, y no
solamente el de los vehículos, como hasta ahora se ha hecho.
Estrategia: Promoción de la cultura ciudadana de los
derechos y obligaciones para el cumplimiento de las normas sociales.
Acciones:
57. Convenio con la Secretaría De Desarrollo Social
del DF, para la atención y seguimiento de casos de atención de personas que
presentan crisis sicológica y requieren atención médica especializada.
58. Promover el mecanismo de coordinación con las
dependencias encargadas de la transparencia y del acceso a la información
pública para la consulta sobre los resultados de peticiones y demandas
ciudadanas.
59. Actualización de la página web de la SSP y PGJDF,
respecto a la publicación de acciones, avance y resultados en materia de seguridad
pública y procuración de justicia.
60. Transparentar y publicar para consulta de los
ciudadanos, el mecanismo y sistema de ascensos a los integrantes de los cuerpos
policiales.
61. Llevar al cabo la feria de prevención del delito
en coordinación con los Jefes Delegacionales.
62. Seguimiento con los ciudadanos al programa de
acciones de prevención del delito en las escuelas.
63. Informar a la ciudadanía, sobre los mecanismos
para el otorgamiento de recompensas a particulares derivados de la obtención de
datos en-los procesos de investigación policial.
64. Hacer público, a través de la página web de la
SSP, los resultados de la atención, seguimiento de quejas y denuncias
ciudadanas presentadas en la unidad de asuntos internos.
65. Instalar una línea telefónica 01-800, para
atender las quejas y denuncias ciudadanas por conductas irregulares y actos de
corrupción de los cuerpos policíacos.
66. Desarrollar campañas de difusión de los servicios
que prestan los centros de atención 'integral a víctimas del delito, así como
elaborar un protocolo de visitas de revisión a las agencias del Ministerio
Público, para verificar la atención a víctimas u ofendidos del delito
ii. Para promover la efectiva readaptación social de
los ofensores mediante un nuevo modelo, se seguirá la estrategia y acciones
siguientes:
Estrategia: Implantación de un nuevo régimen
penitenciario de estudio y trabajo, que permita que los ofensores puedan cubrir
sus penas y estén en condiciones adecuadas para reintegrarse positivamente a la
sociedad.
Acciones:
67. Instalar bloqueadores de llamadas telefónicas de
celulares en todos los reclusorios para impedir que los internos puedan operar
telefónicamente operaciones delictivas en el exterior.
68. Construcción de dos nuevos reclusorios con
arquitectura vertical que, entrarán en operación en 2008 y 2010.
iii. Para atacar los factores que propician el
comportamiento delictivo, se seguirán las siguientes estrategias y acciones:
Estrategia: Intervención masiva y desde todos los
frentes y niveles las zonas de mayor generación de delincuencia, para cambiar
radicalmente las condiciones de vida del lugar, con la participación de los
vecinos.
Acciones:
69. Recuperar mil espacios públicos de la Ciudad:
iluminación, servicios, actividades deportivas y culturales, y la integración
de un comité vecinal responsable.
70. Implantar un programa intensivo de mejoramiento
de los barrios de la Ciudad, para dotarlos cabalmente de alumbrado,
.pavimentación y cuidado de áreas verdes.
71. Programa de 200 mil acciones de vivienda para las
familias de zonas marginadas: mejoramiento y construcción de nuevas viviendas;
mejoramiento de 1,200 unidades habitacionales.
Estrategia: Ampliación de las oportunidades
educativas, culturales y de esparcimiento de los jóvenes de escasos recursos.
Acciones:
72. Habilitación de aulas de cómputo e internet en
todas las secundarias públicas y apertura de 50 ciber – centros de tecnología y
cultura para los jóvenes en zonas marginadas.
73. Instrumentación de cursos en línea de
bachillerato, idiomas, computación, preparación de exámenes de admisión. .
74. Aplicación de un programa cultural permanente
para los jóvenes de las colonias y barrios populares para los jóvenes.
75. Promover las prácticas deportivas y las
actividades físicas de manera masiva. Con la participación de las
organizaciones deportivas, los gobiernos delegacionales y otros sectores, se
modernizarán los espacios en la Ciudad.
76. Apertura de 30 mil lugares para el programa
impulso joven: becas de estudio a cambio de trabajo comunitario para el
reingreso de jóvenes que han dejado sus estudios.
77. Atender a 4 mil personas más en el programa de
Jóvenes en Situación de Riesgo.
Estrategia: Impulso de los jóvenes en el mercado de
trabajo.
Acciones:
78. Instrumentación de
cursos de capacitación para emprendedores y canalización de proyectos a
incubadoras de empresas.
79. Fomentar la creación de micro industrias
culturales, dirigidas por mujeres, jóvenes e indígenas.
80. Organizar ferias de empleo para jóvenes una vez
por mes.
Estrategia: Promoción de acciones tendientes a
combatir la violencia intrafamiliar.
Acciones:
81. Impulsar reformas legislativas de avanzada para
la denuncia y combate del maltrato social, la discriminación y la violencia
intrafamiliar.
82. Asegurar la presencia de médicos y psicólogos en
las escuelas.
Estrategia: Movilización de los recursos financieros
de la Ciudad y búsqueda de recursos adicionales para promover el crecimiento y
el empleo.
Acciones:
83. Abrir centros de asesoría de negocios financiados
con el sector privado en donde personas calificadas realicen un diagnóstico del
mercado, asesoría integral y vinculación de programas de apoyo.
84. Otorgar créditos para el autoempleo y fondos de
garantía para facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas al
mercado financiero y la tecnología.
85. Se crea el Consejo de Competitividad de la Ciudad
de México, donde participan los sectores productivos de la Ciudad; que de
manera coordinada con el Gobierno exploran nuevas oportunidades para el
desarrollo económico.
86. Impulsar el sector turístico y la imagen de la
Ciudad al nivel internacional, e intensificar el Programa de renovación del
corredor Centro Histórico-Reforma, ampliándolo a la zona oriente.
Estrategia: Ataque al problema de las adicciones en
sus causas y sus efectos.
Acciones:
87. Ante el crecimiento de las adicciones entre los
jóvenes, se tendrá presencia de médicos sicólogos y trabajadoras sociales en el
sistema educativo de la Ciudad, en especial en las escuelas secundarias y de
educación media superior, para atender la violencia, las propias adicciones y
otros problemas de carácter social.
88. Apertura de tres centros regionales de
prevención, desintoxicación y rehabilitación de adicciones.
89. Realización permanente de estudios de diagnóstico
de adicciones en escuelas secundarias y preparatorias, para un posterior
tratamiento.
90. Intensificación de la vigilancia y la
investigación en zonas escolares para la disuasión y aprehensión de narco -
vendedores.
V. UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA
