PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

 

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2013-2018

 

(Al margen superior un escudo que dice: CIUDAD DE MÉXICO.-Decidiendo Juntos)

 

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018

 

Índice

Presentación

Introducción

Antecedentes, Contexto, Retos y Visión de Nuestra Ciudad

Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano

Eje 2. Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana

Eje 3. Desarrollo Económico Sustentable

Eje 4. Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura

Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Enfoques Transversales

Siglas y Acrónimos

 

PRESENTACIÓN

 

El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF) 2013-2018 establece los objetivos, metas y líneas de acción que servirán de base para la definición e implementación de las políticas públicas de la Ciudad de México hasta el 2018. A partir de él, se elaborarán los programas sectoriales, institucionales, parciales y especiales, y se desarrollará la programación, presupuestación y evaluación de los mismos que la Ley de Planeación de la entidad establece.

 

El Programa tiene cinco características que en conjunto lo hacen único y revelan un enfoque de planeación diferente. En primer lugar, se elaboró a partir de una muy amplia participación de las y los habitantes de la Ciudad, cuyas contribuciones fueron esenciales para elaborar un programa en el que decidimos juntos el horizonte y el modelo de ciudad que queremos. Para este efecto, realizamos una consulta pública en la que se recogieron las propuestas de la ciudadanía, por medio de tres vías: 1) el desarrollo de cinco foros temáticos, que incluyeron 33 mesas de trabajo; 2) el portal www.todossomossoluciones.mx; y 3) el levantamiento de cuestionarios en papel y en tabletas electrónicas. En la consulta se puso énfasis en captar la opinión de la población sobre sus problemas y necesidades, con lo cual se refrendó el compromiso democrático de este gobierno. Muchas gracias a las más de cien mil personas que participaron en esta consulta pública. Continuaremos promoviendo nuevas formas de participación social corresponsable, así como la transparencia y la rendición de cuentas, con el fin de impulsar nuevos acuerdos sociales, ajenos a cualquier esquema clientelar.

 

En segundo lugar, el Programa involucró por primera vez un intenso diálogo y trabajo conjunto entre los diferentes entes públicos que integran la Administración Pública del Distrito Federal, a fin de asegurar la implementación coordinada de las acciones del gobierno. En ese sentido, en el proceso de elaboración del PGDDF 2013-2018 se consideraron los 16 proyectos de programas de desarrollo delegacional con el fin de que el Programa fuera congruente con los mismos.

 

En tercer lugar, el PGDDF 2013-2018 introdujo un cambio paradigmático en su concepción: se formuló a partir de un enfoque orientado a atender los problemas de las personas que viven y transitan en la Ciudad. Con ello, el gobierno diagnostica en forma transparente los desafíos de la entidad, brinda soluciones claras y puede, junto con la ciudadanía, evaluar la obtención de resultados. Este enfoque orientado a problemas derivó en una visión de ciudad como una Capital Social, en la que las personas ejercen plenamente sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades; donde se apoya de manera digna y corresponsable a las personas en situación de vulnerabilidad y que por lo tanto es equitativa e inclusiva; una ciudad de libertades y tolerancia, donde la diversidad se constituye en un valor social, cultural y humano y se respeta plenamente la igualdad de género; una ciudad segura; una ciudad dinámica, compacta, policéntrica, competitiva y sustentable, que potencia las vocaciones productivas y fomenta la inversión; finalmente, una ciudad del conocimiento, digital e inteligente, con un gobierno profesional, efectivo, transparente, participativo, honrado y responsable.

 

Para alcanzar esta visión de ciudad, el programa se estructuró en 5 Ejes para un Gobierno Ciudadano: Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano; Eje 2. Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana; Eje 3. Desarrollo Económico Sustentable; Eje 4. Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura; y Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

 

Un cuarto rasgo de este Programa emerge de la orientación que ha caracterizado a los gobiernos progresistas de izquierda de la Ciudad: el enfoque de derechos, que busca garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos por parte de todas las personas. Para promover adecuadamente su pleno ejercicio, insistiremos en el objetivo de alcanzar una reforma política para la Ciudad.

 

La quinta y última característica es que, en relación a los temas que así lo requieren, el PGDDF 2013-2018 adopta estrategias transversales que involucran a los diferentes entes públicos del gobierno. De esta manera, ocho enfoques atraviesan los cinco ejes antes mencionados: Derechos Humanos, Igualdad de Género, Participación Ciudadana, Transparencia, Innovación, Ciencia y Tecnología, Sustentabilidad, Desarrollo Metropolitano y Acción Internacional.

 

Para concluir, debemos recordar que pocas ciudades en el mundo han sido por siglos, como la Ciudad de México, expresión y sede de una cultura milenaria. En los últimos 16 años, los gobiernos progresistas de izquierda han buscado recuperar para la Ciudad una presencia y dignidad acordes con esa gran historia, entre otras cosas, restaurando muchos de sus espacios públicos y colocándola en una posición de vanguardia en materia de tolerancia, diversidad cultural y derechos humanos. Con base en un enfoque integral de desarrollo y una visión de mediano y largo plazo, el PGDDF 2013-2018 continúa y a la vez da nuevo impulso a esta orientación progresista, retomando tanto los logros alcanzados como los retos pendientes. Lo hace confirmando que en la Ciudad de México decidimos juntos, que somos un gobierno abierto, un gobierno unido a la gente, que estamos comprometidos con un proyecto de ciudadanía y gobernabilidad democráticas que teje una alianza entre sociedad y Estado, para definir unidos el futuro de nuestra ciudad y seguir influyendo positivamente en el destino de nuestro México.

 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA

Jefe de Gobierno del Distrito Federal

 

INTRODUCCIÓN

 

El texto del PGDDF 2013-2018 está dividido en tres secciones: Antecedentes, Contexto, Retos y Visión de Nuestra Ciudad; 5 Ejes Para un Gobierno Ciudadano; y Enfoques Transversales.

 

En la primera de ellas, se sitúa al PGDDF 2013-2018 en el marco de los logros y retos pendientes de los gobiernos anteriores, el contexto nacional y regional del desarrollo y los escenarios a futuro, para desarrollar a partir de lo anterior nuestra visión de ciudad.

 

Entre los logros alcanzados a los que se les dará continuidad se encuentran el mayor respeto a la igualdad de género, a la diversidad sexual y, en general, a todos los derechos humanos, especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad; la promoción del desarrollo económico y la sustentabilidad; así como la mayor participación, transparencia, honestidad y eficiencia en la gestión pública, entre otros. Por su parte, en cuanto a los retos pendientes, se retoman objetivos como el de la reforma política. En esta primera sección también se describe el contexto nacional y regional del desarrollo, esto es, los programas federales que inciden en la capital y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como la normatividad establecida para la Región Centro País, la Zona Metropolitana del Valle de México y los diferentes mecanismos de desarrollo regional. Enseguida, esta sección presenta los escenarios y retos del desarrollo de la Ciudad en los ámbitos social, económico, urbano-ambiental, de seguridad y gubernamental. En el primero de ellos, se menciona la tendencia al ensanchamiento de la pirámide demográfica en las edades intermedias y al aumento de la población juvenil; en el segundo ámbito, el económico, se observa la tendencia hacia una estructura territorial y productiva desequilibrada y segmentada, en la que un sector industrial y de servicios con elevados niveles de productividad coexiste con otro que produce a costos superiores y con calidad inferior a la de la competencia internacional; en el tercer ámbito, urbano-ambiental, se destaca la falta de una planeación urbana integral con una visión metropolitana, de proximidad, accesibilidad y equidad; en el ámbito de la seguridad, se toma en cuenta la complejidad y la concentración demográfica de la Ciudad dado su carácter metropolitano; finalmente, en el ámbito gubernamental se observa la existencia de brechas de coordinación interinstitucional, de sistematización de procesos administrativos, de optimización de estructuras orgánicas y de modernización tecnológica, así como la insuficiente capacitación y profesionalización de las y los servidores públicos. Este apartado termina exponiendo la visión de ciudad que se deriva de todas las consideraciones anteriores.

 

La segunda sección, correspondiente a los 5 Ejes Para un Gobierno Ciudadano, presenta las áreas de oportunidad, diagnósticos –con sus respectivos indicadores de medición, que constituyen la base para el desarrollo del sistema de indicadores de evaluación-, objetivos, metas y líneas de acción de cada uno de los ejes.

 

El Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano adopta un enfoque de derechos con el objetivo de reducir la exclusión y la discriminación y aumentar la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad de México. Los objetivos, metas y líneas de acción planteados en este eje buscan transformar a la Ciudad de México en una Capital Social, a través de la promoción colectiva y corresponsable de los derechos humanos. El Eje 2. Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana pretende impulsar la reforma política para lograr que la Ciudad cuente con una constitución local, que fortalecerá las relaciones de coordinación y vinculación entre las Delegaciones y el Gobierno central, así como mejorar las políticas de prevención del delito, seguridad pública, procuración de justicia y gestión del riesgo, a fin de fortalecer el tejido social, la paz y la tranquilidad. El Eje 3. Desarrollo Económico Sustentable busca promover en forma coordinada la competitividad de la Ciudad para suscitar una economía estable y dinámica, que concilie el desarrollo social con la sustentabilidad ambiental desde un enfoque de igualdad sustantiva en diversos ámbitos, incluido el de género, y respeto a los derechos humanos. El Eje 4. Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura procura desarrollar una ciudad dinámica, compacta, policéntrica y equitativa, que potencie las vocaciones productivas y fomente la inversión, y que contemple una planeación urbana y un ordenamiento territorial a partir de una visión metropolitana y sustentable. Por último, el Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción aspira a encaminar los esfuerzos para consolidar un gobierno efectivo, transparente y cercano a la ciudadanía, impulsando acciones que ayuden a reducir los espacios de discrecionalidad y opacidad que propicien actos de corrupción, permitan la planificación de las políticas públicas y el seguimiento de sus resultados a través de indicadores de medición.

 

Finalmente, la tercera sección desarrolla los temas que el PGDDF 2013-2018 trata bajo un enfoque transversal, estableciendo los criterios de orientación de las políticas públicas correspondientes a cada enfoque.

 

En relación al primer enfoque transversal, Derechos Humanos, se busca que las políticas y presupuestos públicos aseguren que las metas del ejercicio de gobierno se orienten a garantizar las condiciones necesarias para el respeto a la dignidad humana, así como para cumplir con los estándares internacionales en la materia. El segundo enfoque, Igualdad de Género, responde a la idea de que el problema de la desigualdad entre mujeres y hombres no puede tratarse en forma sectorial, sino que sus soluciones deben integrarse en todas las políticas y programas, a todos los niveles y en todos los momentos de la acción política: diagnóstico, formulación, diseño, implementación, presupuestación y evaluación. En materia de Participación Ciudadana, se asigna un papel central a las y los ciudadanos y sus organizaciones, a través de instrumentos de información, consulta y deliberación que permitan compartir con ellos aspectos esenciales de los asuntos públicos y considerar la opinión ciudadana sobre las acciones de gobierno. En cuarto lugar, la Transparencia se considera como uno de los componentes esenciales de la democracia y como una estrategia de gobierno que contribuye a formar un ambiente institucional, jurídico y político con mayor certidumbre. Por otro lado, el quinto enfoque, Innovación, Ciencia y Tecnología, considera indispensable a la innovación, especialmente la soportada en la ciencia y la tecnología de avanzada, que integre a las mejores instituciones de enseñanza e investigación en el compromiso de transformar creativamente el aparato productivo, ya sea privado o social. El enfoque de Sustentabilidad, por su parte, busca incentivar la regulación y mejoramiento ambiental en las actividades económicas, fomentar la participación y cultura ciudadana para una educación ambiental y mantener, restaurar o incrementar el capital natural, de tal manera que cualquier pérdida en la capacidad de los ecosistemas se considere un pasivo que se hereda a las generaciones futuras. En séptimo lugar, en materia de Desarrollo Metropolitano, se considera que la viabilidad de la Ciudad ocurrirá en el espacio metropolitano del Valle de México y en la medida en que convoque a grandes alianzas con las entidades federativas que lo conforman. Finalmente, el enfoque de la Acción Internacional considera que las grandes ciudades han logrado una importante presencia protagónica en la acción internacional y que la Ciudad de México ocupa espacios de liderazgo en ese concierto que nos permite pensar globalmente y actuar localmente, proyectando nuestra ciudad hacia el mundo y atrayendo las mejores experiencias internacionales para aplicarlas creativamente en nuestro espacio. Es importante subrayar que la participación de las Delegaciones en los procesos de planeación de la Ciudad de México es fundamental. Por lo anterior, dadas las distintas necesidades de concurrencia, en el proceso de elaboración del PGDDF 2013-2018 se consideraron los 16 proyectos de programas de desarrollo delegacional con el fin de que el Programa fuera congruente con los mismos. Además, el PGDDF 2013-2018 promueve diversas estrategias específicas para impulsar y fortalecer la coordinación con las Delegaciones, siempre en pleno respeto a su autonomía de gestión.

 

ANTECEDENTES, CONTEXTO, RETOS Y VISIÓN DE NUESTRA CIUDAD

 

ANTECEDENTES

 

El Distrito Federal es la entidad federativa que, al ser sede de los poderes federales, constituye la capital de la República Mexicana. Se divide en dieciséis delegaciones, cada una con un gobierno electo propio. Se ubica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la región urbana más grande y el principal centro político, económico, científico y cultural del país.

 

A partir de la llegada de los gobiernos progresistas de izquierda a la entidad en 1997, se ha acreditado una forma distinta de gobernar que ha incidido positivamente en varios aspectos centrales de la vida de los capitalinos: un mayor respeto y promoción de los derechos humanos, especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad; un aumento en la participación, la igualdad de género, la equidad y la inclusión social; una mayor y más equitativa promoción del desarrollo económico y urbano; una más intensa vida cultural; y una mayor transparencia, honestidad y eficiencia en la gestión pública, entre otros avances.

 

Algunos de los referentes que han caracterizado y hecho únicos a los gobiernos de izquierda en la Ciudad están relacionados con la ampliación y progresividad de los derechos, lo que ha involucrado acciones para reducir la desigualdad social, promover la equidad y el respeto a la diversidad, así como contrarrestar la exclusión social y la vulnerabilidad. En este sentido, podemos citar programas novedosos como la vigilancia y prevención de la desnutrición; un nuevo modelo de educación media al instalar la primera preparatoria del Gobierno del Distrito Federal; el reparto de libros de texto gratuitos para secundaria; la atención a los jóvenes de zonas marginadas con proyectos culturales, educativos, productivos y recreativos; y la atención, por primera vez, de las comunidades indígenas que viven y trabajan en la Ciudad, creando el Centro de Atención al Indígena Migrante y la Casa de los Pueblos Originarios del Distrito Federal.

 

Actualmente, la Ciudad de México se distingue por su legislación de avanzada en materia del respeto a la diversidad sexual, mediante instrumentos legales que protegen el ejercicio de la sexualidad y, de manera particular, el ejercicio de los derechos de la comunidad LGBTTTI: el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo; la posibilidad de obtener una nueva acta por reasignación de concordancia sexo-genérica; y la atención especializada en materia de salud, entre otras. Asimismo, la Ciudad se sumó a la red de ciudades que adoptan la denominada Agenda 21, que busca la sustentabilidad y el desarrollo local.

 

De esta manera, son ya 16 años en que cada administración ha buscado impulsar el proyecto de una ciudad democrática, segura y justa, socialmente incluyente, sustentable y con un gobierno responsable y eficiente, lo que ha colocado a la Ciudad de México en una posición de vanguardia en el contexto nacional e internacional en materia de tolerancia y promoción de las libertades y en general de todos los derechos humanos.

 

Con el fin de continuar y a la vez dar un impulso renovado a esta orientación progresista, el PGDDF 2013-2018 retoma tanto los logros alcanzados como los retos pendientes de las administraciones anteriores, para lo cual se dará seguimiento a muchos de los programas que han demostrado su beneficio social y se encauzarán nuevos programas y proyectos para enfrentar los desafíos aún pendientes.

 

De esta manera, se retomarán demandas como la reforma política, el fortalecimiento y redefinición de las relaciones entre las delegaciones y el Gobierno central y la mejor coordinación con las entidades y municipios vecinos. Se continuarán los esfuerzos para elevar la calidad y equidad de la educación en todos los niveles, en una nueva etapa de corresponsabilidad, coordinación y colaboración sin precedentes con el gobierno federal, instituciones públicas y privadas de educación, así como organizaciones de la sociedad civil. Para ello, se dará continuidad a programas en materia de educación tales como Becas Escolares para Niñas y Niños en Pobreza y Vulnerabilidad, Niñas y Niños Talento, Estímulos al Bachillerato Universal y Prepa Sí, entre otros. Asimismo, se reforzarán las acciones para garantizar la equidad y responsabilidad social en la atención a las personas adultas mayores y a las y los jóvenes y las mujeres en situación de riesgo, a fin de prevenir la discriminación y la violencia.

 

En este sentido, varios de los programas sociales que se retoman en la presente administración son los de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años; Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas que Carecen de Seguridad Social Laboral; Prevención y Atención de la Violencia de Género; Comedores Comunitarios; y Apoyo Económico a Personas con Discapacidad, entre otros.

 

Por vez primera, se busca la protección y el pleno ejercicio de derechos en materia de salud y educación de los niños y las niñas de la Ciudad, al publicarse la Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños de 0 a 6 Años.

 

Se continuará y fortalecerá el impulso a la cultura a partir del desarrollo comunitario y programas como las Fábricas de Artes y Oficios (Faros), Jóvenes en Desarrollo, Divulgación Cultural, Galerías Abiertas, Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, Fomento a la Lectura y Apoyo a los Micro, Pequeños y Medianos Emprendimientos Culturales, campo en el cual la Ciudad de México es pionera.

 

Se buscará la consolidación y modernización del sistema de seguridad ciudadana y de prevención del delito, así como la capacitación y evaluación permanente del personal de seguridad pública y de procuración de justicia, con la continuidad de programas como Multiplicadores Ciudadanos en Prevención del Delito y Módulos de Seguridad.

 

Se promoverá una economía competitiva, incluyente y sustentable, manteniendo finanzas públicas sanas, ordenadas y equilibradas. Para ello, se ha formado la Comisión Interdependencial para el Fomento y Promoción del Desarrollo Económico en la Ciudad de México, órgano de planeación, coordinación, apoyo, consulta y seguimiento de las acciones que promueven el desarrollo de las actividades económicas. Se fomentarán las zonas que impulsen el desarrollo urbano, social, económico y ambiental, con el fin de generar vocaciones productivas específicas que atraigan la participación de asociaciones estratégicas compuestas por los sectores público, social, privado y académico. Esta estrategia se promoverá a través de mecanismos de concertación e inducción que materialicen, dentro de dichas áreas, un entorno diverso, donde los espacios productivos cohabiten con centros de innovación, servicios y equipamiento y el espacio público, mejorando la calidad de vida del entorno y ofreciendo nuevas oportunidades de empleo para una adecuada competitividad social y territorial.

 

Se impulsará el turismo como una actividad prioritaria de la Ciudad de México y se dará continuidad a programas como Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas a través de la Participación Social (Proface), Turismo Alternativo y Patrimonial de la Ciudad de México, y Capacitación y Desarrollo Empresarial.

 

Se dará prioridad al desarrollo de una política de planeación comprometida con el equilibrio entre la preservación del medio ambiente, el desarrollo urbano, la convivencia social, el respeto del espacio público y el desarrollo económico, retomando acciones como el Plan Verde, el Plan de Acción Climática y programas como Ecobici, el cual se pretende continuar y ampliar con programas como el de Auto Compartido, promoviendo así una cultura ciudadana de participación y convivencia responsable con el medio ambiente.

 

Por último, como parte de una política pública transversal, se continuará favoreciendo la igualdad de género, tanto en el marco legal de los derechos humanos de las mujeres, como en el diseño, operación y seguimiento de políticas públicas a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

 

En este contexto, se seguirá impartiendo a funcionarias y funcionarios públicos capacitación en materia de derechos humanos y políticas públicas con perspectiva de género. Asimismo, se dará continuidad al Presupuesto con Perspectiva de Género, único en su tipo, que obliga a todas las dependencias a aplicar recursos para disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres.

 

Se fomentará el crecimiento económico, la modernización de la administración pública y la transición a una economía basada en el conocimiento y la información, y se dará continuidad a mecanismos de participación ciudadana como el Presupuesto Participativo, que involucren a la ciudadanía en la tarea de “hacer gobierno”, posibilitando la supervisión y control sociales de las políticas públicas.

 

CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL DEL DESARROLLO

 

a. Contexto Nacional del Desarrollo

 

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México es una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por 31 estados, libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y un Distrito Federal. La Constitución indica que el desarrollo nacional debe ser integral y sustentable y fortalecer a la nación y su régimen democrático. Por ello, establece un Sistema Nacional de Planeación, del cual forma parte el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades federativas. Dentro de este marco legal, la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal establece que esta entidad debe desarrollar su Programa General de Desarrollo tomando en cuenta al Plan Nacional.

 

Así, el PGDDF 2013-2018 consideró para su elaboración los cinco ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad para Todos, México Próspero y México con Responsabilidad Global. De igual forma, consideró los tres enfoques transversales señalados en dicho plan: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género.

 

Como parte del contexto nacional, debe tomarse en cuenta que en los últimos años la economía mexicana no ha estimulado el crecimiento, la inversión y la creación de empleos en la medida que se requiere. De igual manera, las medidas implementadas para la reducción de las desigualdades y la pobreza han sido insuficientes.

 

En materia de desarrollo social, de acuerdo con la medición de la pobreza en México realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se estimaba que la población nacional en situación de pobreza en 2010 era el 46.2% del total de la población mexicana, esto es, 52 millones de mexicanos. Esta cifra implica un aumento de 3.2 millones de personas en dicha condición respecto a 2008.

 

Por su parte, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en México mostró un incremento de un valor de 0.770 en 2011 a un valor de 0.775 en 2012; sin embargo, a nivel mundial, el país bajó cuatro lugares en la medición anual del IDH, colocándose ahora en el lugar número 61. Entre los países de América Latina que tuvieron mejor índice que México se encuentran Chile, en la posición 40, Argentina en el lugar 45, Uruguay en el 51 y Cuba y Panamá en el 59.

 

El Índice de Desigualdad de Género (IDG), por su parte, muestra la desigualdad existente entre los logros de las mujeres y los hombres en varias dimensiones, como la salud reproductiva, el empoderamiento y la participación en el mercado laboral; en una puntuación del 0 al 1, México tiene apenas 0.382 puntos, por lo que ocupa el lugar 72.

 

En materia de seguridad, durante el periodo de 2006-2012 se produjo en México un incremento de un 46.7% en los delitos de alto impacto homologables, como secuestro, homicidio doloso, robo, violación y lesiones dolosas por disparo de arma de fuego.

 

A nivel nacional, existen programas federales que constituyen el marco de actuación de la política pública local. Ejemplo de ello respecto del desarrollo social es el Programa Oportunidades, que articula incentivos para la educación, salud y nutrición, con el fin de promover el desarrollo de las capacidades de las familias en extrema pobreza. Otro ejemplo, en este caso en referencia al desarrollo sustentable, es el programa PROAIRE. De igual forma, en materia de seguridad el Programa Escudo Centro se estableció como la estrategia nacional y territorial de colaboración en el combate a delitos como el robo de vehículos, la trata de personas, el narcomenudeo, los secuestros y las extorsiones. En este programa confluyen ocho entidades federativas: Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, México, Distrito Federal, Guerrero y Querétaro. A su vez, en materia de violencia contra las mujeres, la Ciudad de México participa por ejemplo en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

 

b. Contexto Regional del Desarrollo

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, Fracción VI, y artículo 122, Base Quinta, establece el marco normativo básico para la coordinación y planeación del desarrollo con alcance metropolitano y regional entre la federación, estados y municipios, así como la base constitucional para la integración del Sistema Nacional de Ordenación del Territorio del que forma parte la Ciudad de México.

 

De igual manera, la Ciudad de México cuenta con disposiciones puntuales en materia metropolitana. En el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, artículos 69 a 75, se establecen las bases, principios y atribuciones para que la Ciudad de México, en coordinación con otras entidades federativas, la federación y las delegaciones, lleve a cabo la planeación y ordenación de las zonas conurbadas, así como la celebración de convenios para la constitución de Comisiones Metropolitanas. En el ámbito local, la entidad cuenta con la Ley de Desarrollo Metropolitano para el Distrito Federal, que establece los lineamientos y bases generales para la planeación estratégica y para la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno que interactúan tanto en la ZMVM como en la Región Centro País, y que ofrece las definiciones diferenciadas de ZMVM y Zona Conurbada de la Ciudad de México (ZCCM).

 

En este marco, se constituyó la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, como la máxima instancia de coordinación, programación y evaluación de las políticas en esta materia en la ZMVM. En ella participan los titulares de los gobiernos de los estados de Hidalgo, México y el Distrito Federal.

 

1.             Región Centro País (RCP)

 

La RCP fue delimitada en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 como parte de una regionalización que da soporte territorial al análisis de los fenómenos y problemas interestatales. Es la región más dinámica del país en cuanto a conformación poblacional, territorial y económica, lo que ha derivado en fuertes impactos ambientales.

 

La constituyen los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala y el Distrito Federal. Abarca una superficie de 87,632 km2 y contaba, en 2010, con una población de 33.9 millones de habitantes, distribuidos en 16 delegaciones y 519 municipios. Se calcula que en la RCP se asienta aproximadamente 32.5% de la población nacional.

 

La RCP incluye a la ZMVM y a nodos de menor escala, principalmente los de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca (22 municipios), de Puebla (15 municipios), de Pachuca (2 municipios) y de Tula Allende (5 municipios); y las zonas conurbadas de Puebla-Tlaxcala (11 municipios de Puebla y 19 de Tlaxcala), de Cuernavaca (4 municipios), de Cuautla (4 municipios), de Tlaxcala (6 municipios), de Apizaco (5 municipios) y de Tehuacán (3 municipios). Sin embargo, los procesos urbano-espaciales más importantes en la RCP han sido la metropolización y megalopolización de la ZMVM, pues esta predomina económica y socialmente dentro de la RCP.

 

2.             Zona Metropolitana del Valle de México

 

La ZMVM es la principal zona metropolitana del Sistema Urbano Nacional, e incluye un total de 100 municipios (21 del estado de Hidalgo, 59 del estado de México, además de las 16 delegaciones del Distrito Federal), los cuales constituyen una extensión territorial de 10, 820 km2.

 

En la ZMVM habitan 21.1 millones de personas, el 18% de la población nacional, de las cuales 53% viven en los municipios conurbados del estado de México, ubicados al oriente y al norte de la Ciudad de México, 42% en el Distrito Federal y 5% en los municipios del estado de Hidalgo; las mayores concentraciones de población de la ZMVM se ubican en las delegaciones y municipios ubicados al oriente y al norte de la misma. Datos del INEGI en 2010 indican que, del total de la población de la zona metropolitana, el 51.6% eran mujeres.

 

Cabe destacar que en dicha zona se genera el 27.2% del PIB nacional, convirtiéndose en la zona metropolitana de mayor importancia para el país dentro del Sistema Urbano Nacional. Asimismo, la ZMVM consume más del 20% del presupuesto programable federal y recibe la inversión federal per cápita más alta.

 

Las tres cuartas partes del empleo regional se concentran en la Ciudad de México y en el Estado de México, lo que genera una gran relación funcional entre ambas entidades: el Distrito Federal es fundamentalmente el ámbito del trabajo, mientras que el Estado de México el de habitación. Esta situación propicia una creciente e intensa movilidad cotidiana de la población en el interior de la ZMVM. Esta zona presenta importantes desafíos tales como expansión territorial desmedida, periferias marginales y zonas dormitorio, problemas de tránsito, de convivencia y de seguridad, así como dificultades ambientales derivadas de la demanda de agua, la contaminación del aire y el manejo de los residuos sólidos.

 

3.             Mecanismos de Desarrollo Regional

 

El principal mecanismo de coordinación para impulsar el desarrollo regional es el de las comisiones metropolitanas. Las comisiones vigentes son la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad (COMETRAVI), la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos (COMETAH), la Comisión Metropolitana de Agua y Drenaje (CADAM), la Comisión Metropolitana de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (CMSPyPJ), la Comisión Metropolitana de Protección Civil (COMEPROC) y la Comisión Ambiental Metropolitana (CAM).

 

Entre ellas, destaca la CAM, que ha jugado un papel fundamental en el control y mejoramiento de la calidad del aire en el Distrito Federal y la ZMVM, así como la COMETAH, que en octubre de 2012 aprobó el Programa de Ordenamiento de la ZMVM (POZMVM). Dicho programa cuenta con un alcance y visión regional para fomentar la inversión que promueva el desarrollo sustentable, económico y la movilidad.

 

Las demás comisiones han tenido un funcionamiento inestable y limitada capacidad para tomar decisiones, por lo que se han convertido principalmente en espacios para dialogar y dar seguimiento a ciertas políticas y estrategias metropolitanas.

 

Otro mecanismo para fomentar el desarrollo regional es la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), un foro permanente de encuentro, diálogo y concertación entre las y los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas mexicanas. De igual manera, las asociaciones de secretarias y secretarios en distintas materias son espacios institucionales permanentes de coordinación, consulta, deliberación, diálogo y concertación para establecer e impulsar políticas públicas, principalmente en materia de desarrollo económico, desarrollo agropecuario y turismo. Algunas de las asociaciones en las que participa la Ciudad de México son la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE) y la Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUM).

 

Otro instrumento que busca promover el desarrollo regional es el Fideicomiso para el Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México, creado en 2007. Este se estableció entre los gobiernos del Distrito Federal y el Estado de México para generar acciones coordinadas mediante la aplicación de subsidios federales. Por último, están los programas académicos de diferentes instituciones, como es el caso del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México, que buscan articular a las instituciones académicas con instituciones gubernamentales.

 

ESCENARIOS Y RETOS DEL DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL

 

Ámbito social

 

Dada la tendencia al ensanchamiento de la pirámide demográfica en las edades intermedias y al aumento de la población juvenil, es previsible en el mediano y largo plazos un aumento de la demanda de educación, de cultura, de empleo y de vivienda; de no atenderse esta demanda, se podrían perder las oportunidades que hoy nos brinda el bono demográfico de elevar el bienestar de la población y desarrollar en el futuro una adecuada política de seguridad y protección social.

 

Asimismo, si no se acentúa y perfecciona la atención a las distintas problemáticas como la exclusión, maltrato, discriminación y violencia derivadas del origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, género, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, podrían generarse efectos negativos sobre la integración social, así como la paz y seguridad públicas.

 

Por otra parte, de no atenderse adecuadamente las diversas problemáticas educativas, se podría ver afectado el ejercicio de los derechos humanos de la población de la entidad y se podrían incrementar el desempleo, la subocupación y la exclusión social. Si no se refuerzan los sistemas preventivos de salud, puede crecer la tasa de mortalidad por causa de enfermedades crónico-degenerativas, así como los problemas de salud asociados a la obesidad y sobrepeso, afectando de manera importante el bienestar de la población y el alcance de los recursos para la salud y la seguridad social.

 

Finalmente, para crear nuevas formas de convivencia urbana propias de una ciudadanía democrática, se requiere fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia, el autorreconocimiento y las capacidades ciudadanas interculturales, que valoren y respeten la diversidad.

 

Ámbito económico

 

La economía de la Ciudad de México requiere terminar su transición hacia un perfil acorde con sus nuevas tendencias productivas, sustentada en actividades no contaminantes, de alto valor agregado y de servicios financieros, de información, de salud, turísticos, académicos y gubernamentales, a partir de un sistema que facilite el acceso al crédito y a la producción, que le permita un crecimiento sostenido, con equidad y generación de empleo formal, así como de un desarrollo urbano integrado y equilibrado. De no avanzar en ese sentido, la economía de la entidad mantendrá una estructura territorial y productiva desequilibrada y segmentada, y en un mismo espacio económico podrían coexistir un sector industrial y de servicios con elevados niveles de productividad y calidad, semejantes a los estándares internacionales, con otro que produce a costos superiores y con calidad inferior a los de la competencia internacional; lo anterior profundizaría el estancamiento económico y aumentaría el desempleo, la subocupación, la informalidad, la pobreza, así como la desigualdad de género y social.

 

Ámbito urbano-ambiental

 

De no consolidarse una planeación urbana integral, con una visión metropolitana, de proximidad, accesibilidad y equidad, que contemple el desarrollo y mantenimiento de los espacios públicos y de la vivienda y servicios urbanos, y que articule y promueva el sistema de transporte público de la Ciudad, así como formas de movilidad no motorizada, se podría aumentar el deterioro del tejido social, podría disminuir la calidad de vida de la población y podrían incrementarse los niveles de marginación y de riesgo en caso de desastres naturales. Esto a su vez podría generar una percepción de inseguridad entre la población y disminuir la competitividad del Distrito Federal.

 

Por otra parte, de continuar la pérdida del suelo de conservación, es factible que se ponga en riesgo la sustentabilidad de la Ciudad, pues pudiera disminuir la producción de recursos y servicios ecosistémicos, se podría afectar aún más la capacidad de recarga del acuífero que le proporciona la mayor parte del vital líquido a la Ciudad y aumentarían la contaminación ambiental y los efectos del cambio climático.

 

Ámbito de seguridad

 

Hasta ahora la Ciudad de México ha logrado mantener a la baja los delitos de alto impacto; sin embargo, dada la tendencia que se dio hacia el incremento a nivel nacional de dichos delitos, deberán mantenerse y mejorarse las políticas de prevención del delito, seguridad pública y procuración de justicia, incorporando la perspectiva de género, para garantizar el fortalecimiento del tejido social, la participación en la vida cultural y el uso del espacio público, así como el orden, la paz y la tranquilidad; de esta manera será posible mantener o restablecer lazos comunitarios para generar mayor convivencia social y mayor seguridad pública.

 

A esto se suma la complejidad de la Ciudad dado su carácter metropolitano, la concentración de su población y su carácter de centro político, económico, educativo y cultural del país. Además, la población del Valle de México es más vulnerable ante los desastres o condiciones extremas, lo cual requiere que exista una gestión adecuada del riesgo para proteger la integridad física y patrimonial de los habitantes.

 

Ámbito gubernamental

 

De continuar las brechas de coordinación y comunicación interinstitucional, de sistematización de procesos y procedimientos administrativos y de optimización de estructuras orgánicas, así como el grado de obsolescencia tecnológica y la insuficiente capacitación y profesionalización de las y los servidores públicos, no será posible consolidar un gobierno profesional, electrónico, eficiente y eficaz para resolver adecuadamente los desafíos que enfrenta la Ciudad de México. A su vez, de continuar la sobrerregulación, los vacíos y la insuficiente articulación entre las disposiciones legales que rigen el ámbito administrativo, así como la falta de suficiente simplificación y automatización de trámites y servicios, podrían incrementase los niveles de corrupción y descontento ciudadanos, así como disminuir la competitividad de la entidad.

 

De igual manera, de no establecerse sinergias entre los procesos de planeación y presupuestación se podría generar una visión a corto plazo en la orientación de los recursos públicos, afectando la calidad y cobertura de los bienes y servicios.

 

VISIÓN DE NUESTRA CIUDAD

 

Una capital social, en la que las personas ejercen plenamente sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades; donde se apoya de manera digna y corresponsable a las personas en situación de vulnerabilidad y que por lo tanto es equitativa e inclusiva; una ciudad de libertades y tolerancia, donde la diversidad se constituye en un valor social y humano y se respeta plenamente la igualdad de género; una ciudad segura; una ciudad dinámica, compacta, policéntrica, competitiva y sustentable, que potencia las vocaciones productivas y fomenta la inversión; y una ciudad del conocimiento, digital e inteligente, con un gobierno profesional, efectivo, transparente, participativo, honrado y responsable.

 

EJE 1. EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

 

En los últimos 16 años las y los habitantes del Distrito Federal hemos luchado para consolidar nuestros derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Según la Organización de las Naciones Unidas, la entidad tiene un Índice de Desarrollo Humano de 0.8837, superior a la media nacional de 0.8031. Además, según las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social para 2010, en el Distrito Federal solo 2.2% de la población se encuentra en pobreza extrema, con lo que ocupa el tercer lugar nacional entre las entidades con menor pobreza.

 

Esto es así porque el Distrito Federal ha tenido a la política social como uno de sus ejes de transformación, logrando construir y poner en marcha políticas públicas de avanzada. Se ha conformado un efectivo sistema de protección social, de combate a la pobreza, a la desigualdad y marginación, con atención especial a las personas con carencias que impactan negativamente en su desarrollo. Hemos trazado ya un camino para hacer realidad los derechos sociales y el actual gobierno está decidido a seguir por esa vía.

 

La política social será incluyente y el desarrollo social un proceso planificado, responsable y por supuesto participativo. Para alcanzar la universalización en el disfrute de los derechos se requiere brindar atención prioritaria a ciertos grupos, actualmente excluidos, con el fin de incluirlos plenamente en la ciudadanía social.

 

En el año 2008 se realizó un Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal. El Diagnóstico identificó las principales carencias, así como los grupos mayormente discriminados, para los que elaboró líneas de acción específicas en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF). De acuerdo al PDHDF, los grupos de población seleccionados como mayormente discriminados, y para los que es necesario el diseño de estrategias de atención específicas, son los siguientes:

 

·          Las mujeres

 

·          Las niñas y los niños

 

·          Las y los jóvenes

 

·          Los pueblos y comunidades indígenas

 

·          Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis e intersex

 

·          Las poblaciones callejeras

 

·          Las personas adultas mayores

 

·          Las personas con discapacidad

 

·          Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

 

·          Las personas víctimas de trata y explotación sexual

 

Por lo anterior, los grupos mencionados se colocan como los principales sujetos de atención en el diseño de la política pública orientada a la eliminación de la exclusión, el maltrato y la discriminación en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal.

 

En la presente administración se elaborará y publicará por primera vez el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, mismo que establecerá las estrategias y líneas de acción que habrán de instrumentarse para garantizar el libre ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo establecido la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal.

 

En México, el Distrito Federal es la capital de los poderes de la Unión, es la capital financiera, la capital educativa, la capital cultural y artística, y la capital de las libertades. Este gobierno desea que ahora sea también su capital social. Con esto se quieren expresar básicamente dos ideas. Primero, que el gobierno continuará usando los recursos para hacer de la Ciudad de México la ciudad de los derechos humanos, esto es, de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Así, para cumplir con nuestra obligación de difundirlos, promoverlos, protegerlos y garantizarlos, el gobierno de la Ciudad responderá con acciones concretas de diverso tipo, desde la continuación y ampliación de los programas sociales, hasta la equidad en el trabajo y la calidad en la salud, la educación, la cultura y la alimentación. Se ha legislado para proteger y reconocer los derechos de la población en condición de vulnerabilidad, pero se trata de hacer posible un cambio cultural en donde valoremos la riqueza que nos da la diversidad y demos un trato igualitario a todas y todos, a fin de que podamos gozar en plenitud nuestros derechos. En otras palabras, aspiramos a una ciudad con mayor igualdad entre los grupos sociales y las delegaciones.

 

En segundo lugar, al hablar de capital social también se desea decir que trabajaremos todas y todos juntos, que el gobierno no puede solo, que requiere la participación activa de la ciudadanía, porque el capital social de una ciudad es su capacidad de acción colectiva, de cooperación, corresponsabilidad y unión, que constituyen el recurso principal con el que se consigue el desarrollo. En otras palabras, queremos decir que fortaleceremos el tejido y la cohesión social, que potenciaremos al trabajo en los barrios, en las colonias, en las comunidades, porque recuperar el espacio público significa bienestar humano, equidad y armonía en el centro neurálgico de la convivencia en la diversidad. Así, continuaremos trabajando en la construcción de ciudadanía, de solidaridad y respeto, siempre con diálogo, con reflexión colectiva, para disminuir así la violencia en todos sus tipos y modalidades. En este contexto, el gobierno buscará incorporar a la sociedad mediante esquemas de corresponsabilidad en la ejecución de las políticas públicas y sus programas.

 

Esta concepción de capital social es la que articula nuestra política en el Eje 1, de inclusión social y equidad para el desarrollo humano, que se abordará atendiendo las principales problemáticas, que son: 1) la exclusión, maltrato y discriminación; 2) los daños a la salud asociados a ciertos padecimientos; 3) la calidad aún deficiente de la educación y la persistencia de inequidades en el acceso a la misma; 4) el insuficiente acceso a los servicios y bienes culturales; 5) la persistencia de diversos tipos y modalidades de violencia; 6) la inseguridad alimentaria y la malnutrición; y 7) las insuficientes oportunidades de ocupación y empleo en condiciones de equidad. Con base en diagnósticos precisos para cada uno de estos desafíos, hemos identificado los objetivos, metas y líneas de acción que nos permitirán reducir aún más la pobreza, la desigualdad y la marginación, y aumentar significativamente el bienestar y la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad de México.

 

Algunas de las metas y acciones que el gobierno ha previsto para eliminar la discriminación y la violencia se relacionan con la mejora de las normas y los esquemas de atención y prevención. Para hacer efectivos los derechos a la salud y a la educación se buscará la equidad y la calidad en estos servicios. En cuanto a la cultura, se buscará aumentar el acceso a los bienes y servicios culturales y promover el derecho a una identidad. En cuanto al derecho a la alimentación, se pretende por ejemplo aumentar el acceso a los alimentos saludables. Respecto al derecho al empleo, algunos de los retos mayores de este gobierno son la creación de fuentes de trabajo, la capacitación y el respeto de los derechos laborales. Todo lo anterior bajo una coordinación constante con los Órganos Político-Administrativos. Estas son necesidades ineludibles para generar mayores oportunidades de progreso.

 

Así, porque las y los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a la ciudad y a vivir en forma segura y armoniosa, sin discriminación ni violencia, y porque tienen derecho a la salud, a la educación, a la cultura, a la alimentación y a un trabajo digno, uno de los objetivos del PGDDF 2013-2018 es convertir a la capital política de la nación en su capital social.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 1. Discriminación y Derechos Humanos

 

Si bien se han dado significativos avances en la última década, no se han logrado eliminar las conductas discriminatorias que llevan a la exclusión en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos, y en muchos casos al maltrato, principalmente hacia personas en situación de vulnerabilidad o culturalmente diversas. Algunos de los principales motivos son su origen étnico, condición jurídica, social, económica, migratoria o de salud, así como la edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras razones.

 

DIAGNÓSTICO

 

Las condiciones económicas que el país ha enfrentado en los últimos años han agravado la falta de empleo y la pérdida del poder adquisitivo, y han acentuado la desigualdad, marginación y pobreza en la población que vive en las zonas de mayor rezago social y urbano de la Ciudad, donde se generan graves problemas de drogadicción, inseguridad y violencia. Lo anterior inhibe el ejercicio pleno de los derechos humanos y el acceso a una vida digna con mayor bienestar social, especialmente por parte de los grupos o personas en condiciones de vulnerabilidad, esto es, que sufren de modo permanente o particularmente grave una situación de discriminación, desigualdad y/o intolerancia debido a circunstancias tales como origen étnico, color, sexo, religión, situación económica, opinión y preferencias u orientaciones de cualquier índole.

 

Si bien el Distrito Federal tiene un Índice de Desarrollo Humano superior a la media nacional, a nivel de las delegaciones existe heterogeneidad: mientras que Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán tienen niveles de desarrollo comparables con países de primer mundo, Milpa Alta tiene el mismo nivel que los países del continente americano con menos desarrollo.

 

Las estimaciones del CONEVAL para el año 2010 señalan que en la Ciudad de México existían 2 millones 526 mil personas en situación de pobreza (28.7% de la población), de las cuales 1 millón 313 mil eran mujeres y 1 millón 213 mil hombres. A su vez, 192 mil personas estaban en situación de extrema pobreza (2.2% de la población), de las cuales 97 mil eran mujeres y 95 mil hombres. Quienes se ubican dentro del rango de pobreza son personas que poseen alguna carencia social (rezago en el acceso a servicios de salud, educación, alimentación, seguridad social, calidad de espacios y servicios de la vivienda) además de no contar con el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas (comprar los alimentos necesarios y los servicios y bienes que requieren).

 

Por su parte, el 30.5% de la población (2.7 millones de personas) se encuentra en las mejores condiciones, es decir, no es pobre ni vulnerable; además su nivel de ingreso está por encima de la línea de necesidades básicas. Finalmente, más de un tercio de la población, 35.5%, tiene un ingreso por encima de la línea de bienestar económico, pero es vulnerable en alguna de las carencias sociales (3.1 millones de personas). Entre las delegaciones que integran el Distrito Federal, Milpa Alta es la delegación con la mayor proporción de pobres con 48.6%, seguida por Tláhuac con 38.5% e Iztapalapa con 37.4%, mientras que en el sentido opuesto Benito Juárez solo presenta un 8.7%.

 

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010 señala en sus resultados sobre zonas metropolitanas que el motivo principal por el cual 34.6% de la población en la zona metropolitana de la Ciudad de México expresa que sus derechos no han sido respetados es no tener dinero. El 58.8% de la población en la zona metropolitana de la Ciudad considera que la riqueza es el factor que genera mucha división en la población. En segundo lugar, ser hombre o mujer, la apariencia física y la edad son otros motivos de discriminación que han afectado a 26% y 28% de la población. La religión, la educación y la forma de vestir son otros motivos por los cuales 20% de la población ha sentido que sus derechos no se han respetado. La religión, la etnia y la gente que llega de fuera se encuentran entre los últimos lugares como motivos que generan mucha división entre la población; no por ello son de menor importancia, sino de menor incidencia en la población.

 

De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, en su Programa Anual 2013, “la discriminación es una práctica que diferencia en el trato a las personas por una condición determinada, haciendo menoscabo de sus derechos y colocándola en una situación de desventaja, marginación, exclusión y vulnerabilidad. La práctica de la discriminación responde a un contexto socio cultural determinado de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja, por lo que no solo permea las relaciones entre las personas sino que se institucionaliza a través de los marcos normativos, los lineamientos de acceso a los bienes y servicios públicos y otro tipo de ordenamientos generales y tiene por efecto (intencional o no) el daño a los derechos y libertades fundamentales”. La exclusión se define como la negación del derecho humano al desarrollo.

 

En la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, las personas, grupos o comunidades en situación de discriminación se definen como aquellas personas físicas, grupos, comunidades, colectivos o análogos que sufren una violación, negación o el menoscabo de alguno o algunos de sus derechos humanos por los motivos prohibidos en el tercer párrafo del artículo 1 constitucional, los tratados internacionales de los que México es parte, y la propia Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, entre otras.

 

Como se señaló en la introducción de este eje, gracias a políticas públicas activas por parte del Gobierno del Distrito Federal, en los últimos 16 años se han obtenido en la Ciudad importantes logros en relación al combate a la pobreza y la discriminación. Sin embargo, subsisten importantes retos en ambos campos, por lo que esta administración está decidida a poner en marcha programas integrales que contribuyan a reducir de manera sustancial el porcentaje de personas que actualmente se encuentra en pobreza extrema y a disminuir significativamente la desigualdad y los actos de discriminación, fortaleciendo las capacidades interculturales y la educación para la diversidad cultural entre los habitantes de la Ciudad.

 

OBJETIVO 1

 

Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, para evitar bajo un enfoque de corresponsabilidad la exclusión, el maltrato y la discriminación.

 

META 1

 

Eliminar las prácticas discriminatorias que generan exclusión y maltrato.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Elaborar un diagnóstico puntual específicamente dirigido a aportar elementos de análisis acerca de la exclusión y el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México.

 

       Articular la difusión y promoción de los elementos de denuncia y acciones que hacen exigible el derecho a la inclusión, la igualdad y la no discriminación en la Ciudad de México.

 

       Avanzar en la formación continua de personas servidoras públicas para que desarrollen acciones de atención a la ciudadanía, prestación de servicios, orientación y administración bajo un enfoque de no discriminación y equidad.

 

       Apoyar el trabajo conjunto de grupos y organizaciones de la sociedad civil, para fortalecer las actividades orientadas a la incidencia en políticas públicas basadas en investigación, con enfoque de derechos y a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad.

 

       Implementar programas y actividades que fortalezcan una cultura en la que se eviten prácticas discriminatorias en donde los prejuicios, estereotipos y estigmas promuevan la exclusión y el maltrato.

 

       Promover la construcción de una cultura de la no discriminación a través de la participación ciudadana, abriendo espacios de expresión artística, cultural y audiovisual y participación de la población estudiantil, en particular niñas y niños y adolescentes.

 

       Promover campañas que difundan los derechos humanos, con énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad, que visibilicen sus condiciones de vida en la Ciudad de México y fomenten una cultura de la denuncia, vinculando a las redes, colectivos y organizaciones de la sociedad civil.

 

       Coordinar con la Secretaría de Educación Pública (SEP) acciones para que se aumenten los contenidos y las actividades de formación ciudadana, convivencia democrática, igualdad de género y mejoramiento ambiental.

 

       Fortalecer la Red de los y las Intérpretes y Traductoras en Lenguas Nacionales y Extranjeras y crear una red de intérpretes en lenguaje de señas.

 

META 2

 

Reforzar el diseño, la legislación y la implementación de las políticas, programas y servicios de apoyo a la población para evitar la exclusión, el maltrato y/o la discriminación hacia las personas bajo un enfoque de corresponsabilidad social.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Elaborar, revisar o armonizar la legislación para garantizar la permanencia y universalidad de los programas que atienden las necesidades de las personas, especialmente en función de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, sin dejar de aplicar medidas positivas y compensatorias o acciones afirmativas a favor de personas discriminadas.

 

       Reforzar y desarrollar programas sociales de atención para las personas excluidas, maltratadas o discriminadas debido a su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras.

 

       Promover una cultura de corresponsabilidad social entre las personas participantes de los programas sociales.

 

       Fomentar la mayor visibilidad de los programas de desarrollo social en el Distrito Federal, con el fin de que la ciudadanía pueda promover la exigibilidad de derechos y la transparencia de los programas. Diseñar mecanismos de seguimiento y evaluación para los programas sociales, que permitan establecer modificaciones a las políticas públicas y elaborar y mantener actualizados los reportes que den cuenta de los grupos de población atendidos por sus programas en materia de igualdad y no discriminación.

 

       Promover las acciones comunitarias y la coinversión social dentro de los programas sociales, a favor de las personas en situación de pobreza y exclusión, así como de grupos vulnerables: mujeres, adultos mayores, indígenas, niñas y niños, jóvenes y personas con discapacidad, entre otros.

 

       Elaborar lineamientos de política pública de no discriminación en el Distrito Federal.

 

       Impulsar, en conjunto con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la formulación y aprobación de la Ley en Materia de Derechos de las Comunidades Indígenas y Pueblos Originarios del Distrito Federal.

 

META 3

 

Lograr la certificación del Distrito Federal como “Ciudad Amigable”.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

 

       Promover acciones para obtener la certificación de la Ciudad de México como una ciudad amigable para las personas mayores y la población LGBTTTI.

 

       Aplicar la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, que marca la instauración y seguimiento de la Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana y la creación del índice de Interculturalidad.

 

       Implementar el Convenio de Colaboración para la Implementación de Acciones Afirmativas Interinstitucionales en Materia de Prevención y Atención del VIH en las Mujeres de la Ciudad de México y la Ley para la Prevención y Atención del VIH/SIDA en el Distrito Federal.

 

       Coadyuvar al respeto a los derechos plenos de los connacionales y la población capitalina residente en el extranjero.

 

       Facilitar a la población capitalina residente en el extranjero los trámites para la obtención de sus documentos de identidad y brindarles asistencia legal.

 

       Elaborar y aplicar criterios de construcción de obras públicas que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad, las adultas y los adultos mayores y otras personas que lo requieran.

 

       Garantizar la construcción de obras públicas en apego a las disposiciones normativas vigentes.

 

       Facilitar a la ciudadanía la obtención de documentos de identidad.

 

       Promover la implementación de estrategias que permitan obtener beneficios sociales a toda la población, para acceder a mejores niveles de bienestar social.

 

       Promover la participación de la Ciudad de México en las diversas iniciativas mundiales, regionales y locales, mediante convenios de cooperación y colaboración.

 

 

OBJETIVO 2

 

Disminuir de manera sustancial el 2.2% de la población que se encuentra en pobreza extrema en el Distrito Federal.

 

META 1

 

Aplicar estrategias para disminuir de manera sustancial el 2.2% de la población que se encuentra en pobreza extrema, aplicando programas integrales que atiendan a todos los grupos de edad con la corresponsabilidad de la sociedad civil organizada.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Determinar los lugares específicos para aplicar los programas de combate a la pobreza de manera conjunta por tiempo determinado.

 

       Diseñar e implementar programas integrales contundentes en contra de la pobreza en las colonias de más alto índice de marginalidad.

 

       Establecer indicadores para evaluar la eficacia, pertinencia e impacto de los programas de combate a la pobreza, en el corto y mediano plazo.

 

OBJETIVO 3

 

Consolidar la política de igualdad sustantiva en el Gobierno del Distrito Federal.

 

META 1

 

Establecer las bases institucionales de la política de igualdad sustantiva.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Diseñar y aplicar los mecanismos necesarios para crear e institucionalizar unidades de igualdad sustantiva en los entes públicos.

 

       Establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional de las unidades de igualdad sustantiva en los entes públicos.

 

OBJETIVO 4

 

Facilitar el goce y disfrute de los programas y servicios del Gobierno del Distrito Federal, evitando la discriminación por el origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, de las personas, en estricto apego a las normas de los programas sociales.

 

META 1

 

Diseñar e instrumentar un programa de capacitación de carácter obligatorio en materia de derechos humanos y género a todas las personas servidoras públicas que brindan atención directa a la población, a fin de garantizar un trato digno y respetuoso.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Diseñar estrategias de capacitación y sensibilización a las personas servidoras públicas para que conozcan las normas de los programas y mejoren la atención que brindan a la población en situación de vulnerabilidad.

 

       Diseñar, implementar y evaluar campañas dirigidas a las personas que habitan y transitan en el Distrito Federal, a fin de sensibilizar a la población respecto a la necesidad de prevenir y eliminar los actos discriminatorios.

 

META 2

 

Elaborar documentos de identificación de las personas en situación de vulnerabilidad, que faciliten el acceso a los programas sociales y servicios del Gobierno del Distrito Federal, así como la realización de los trámites en diferentes instancias.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Diseñar mecanismos y elaborar la documentación necesaria para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acreditar la identidad y acceder a los programas y servicios sociales.

 

       Elaborar y aplicar procedimientos para la distribución y el uso de documentos de identidad que sirvan para acceder a los programas y servicios sociales del Distrito Federal.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 2. Salud

 

Existe un aumento en los daños a la salud asociados a los padecimientos crónico-degenerativos (hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular, obesidad y sobrepeso), respiratorios, cáncer de mama, infecciones de transmisión sexual y adicciones, entre otros. Algunos de estos padecimientos se acentúan en las personas por su condición de vulnerabilidad.

 

DIAGNÓSTICO

 

En el año 2010 la esperanza de vida en México fue de 76 años, mientras que en la población del Distrito Federal fue de 76.3 como promedio general, 78.8 años para las mujeres y 73.8 para hombres. El aumento de la esperanza de vida y la creciente exposición a los llamados riesgos emergentes, relacionados en su mayoría con estilos de vida poco saludables, han modificado el cuadro de las principales causas de muerte.

 

El Distrito Federal, al igual que el resto del país, presenta una transición epidemiológica que se caracteriza por el predominio cada vez mayor de enfermedades crónico-degenerativas. De acuerdo a la Agenda Anual 2011, publicada por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, las primeras cinco causas de defunción en el Distrito Federal fueron en 2010: enfermedades del corazón, tumores malignos, diabetes mellitus, accidentes y cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado. La atención de enfermedades crónico-degenerativas en los hospitales del Distrito Federal casi se triplicó entre el 2000 y el 2011. En el año 2000 fueron atendidas 183 mil personas por enfermedades como diabetes y enfermedades cardiovasculares; sin embargo, para 2011 la cifra aumentó a 516 mil personas. En la actualidad prevalecen algunas dificultades en el acceso a los servicios de salud, por lo que las instituciones que ofrecen atención socio-sanitaria deben continuar fortaleciéndose para otorgar servicios con los criterios de universalidad, equidad y sin discriminación hacia las personas en situación de vulnerabilidad.

 

Numerosos informes señalan que la prevalencia de obesidad en población infantil y adolescente se ha incrementado notablemente en las últimas dos décadas, de tal manera que se ha convertido en un problema de salud pública que tiene efectos negativos metabólicos, psicológicos y ortopédicos, entre otros. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años en el Distrito Federal se ubicó en 35% de la población, 34.1% para mujeres y 36.1% para hombres. Asimismo, el 32.3% de los adolescentes presentó exceso de peso, con un porcentaje mayor para las mujeres (35.2%) en comparación con los hombres (30%). Además, la obesidad es un factor de riesgo para el aumento de padecimientos como cardiopatías, diabetes mellitus, dislipidemias y trastornos osteoarticulares.

 

En el grupo poblacional conformado por la población infantil, adolescente y de mujeres jóvenes de las comunidades indígenas que viven en el Distrito Federal, el 12% presenta enfermedades digestivas, 11% padece obesidad y sobrepeso, 8% presenta diabetes mellitus, 7% padece alcoholismo y adicciones (en las que predomina el uso de drogas inhalables) y 4% presenta índices de desnutrición.

 

Por su magnitud y trascendencia, el cáncer de mama y el cérvico-uterino son problemas de salud pública prioritarios. De acuerdo con la Agenda 2011 de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, los tumores malignos derivados de dichas enfermedades fueron la tercera causa de mortalidad general en mujeres durante 2010, con tasas de 14.5 y 6.5 por cada 100 mil mujeres. Con el envejecimiento de la población y una mayor exposición a los factores de riesgo, cobrarán mayor relevancia.

 

El embarazo y la maternidad adolescentes siguen siendo un problema que reclama atención. La tendencia reciente de infecciones por VIH muestra que más del 50% de las nuevas infecciones por VIH se produce en jóvenes de 10 a 24 años, con un incremento acelerado entre las mujeres. Sumado a lo anterior, un aspecto de salud pública que se debe atender es el relativo a los trastornos mentales, el cual no se presenta de igual manera ni en la misma magnitud entre mujeres y hombres. Se estima que la prevalencia de estos trastornos aumente por efecto de los factores de riesgo como la pobreza, la violencia, el abuso en el consumo de drogas y el envejecimiento de la población, entre otros.

 

La incidencia de la adicciones en el Distrito Federal es cada vez más alta; se requiere frenar la tendencia ascendente que se registra en el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, que ubica al Distrito Federal por arriba de la media nacional. Las cifras provistas por la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 indican que la prevalencia total de consumo de drogas en jóvenes en el Distrito Federal fue del 17.8%, porcentaje estadísticamente mayor al del 2003 en un 2.6%. Las personas fumadoras activas constituyeron 28.4% de la población, lo que hizo que la prevalencia de consumo de tabaco en el Distrito Federal fuera la segunda más alta en la república mexicana. Respecto al consumo de alcohol, el consumo alto para los hombres y las mujeres se encuentra por arriba de la media nacional, 42.0% y 23.5% respectivamente.

 

Finalmente, si bien se aprobó la Ley que establece el Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas Residentes en el Distrito Federal que carecen de Seguridad Social Laboral, aún existe desigualdad en el acceso al tratamiento requerido y a los beneficios del sistema de salud, lo que obedece a un modelo de gestión que carga sobre las personas usuarias de los servicios de salud y sus familias la mayor parte del costo de la enfermedad. Este problema se incrementa cuando no se pertenece a una institución de seguridad social, que es el caso de más de la mitad de la población capitalina.

 

OBJETIVO 1

 

Reducir la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas.

 

META 1

 

Mejorar la calidad de los servicios de salud para la atención de las enfermedades crónico-degenerativas.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Fortalecer las acciones anticipatorias, promocionales, preventivas y restaurativas de los programas de prevención, detección y atención de enfermedades crónico-degenerativas dirigidos a las personas, las familias y las comunidades.

 

       Promover y acordar con organizaciones comunitarias y de la sociedad civil una estrategia para el ejercicio de la corresponsabilidad en acciones anticipatorias, promocionales y preventivas.

 

       Asegurar a toda la población igual acceso a los servicios existentes ante la misma enfermedad crónico-degenerativa.

 

       Reforzar la infraestructura de atención domiciliaria, para acercar a las adultas y los adultos mayores, grupos étnicos y mujeres la atención de las enfermedades crónico-degenerativas.

 

       Establecer convenios de colaboración para el desarrollo de estudios de los determinantes sociales de la salud-enfermedad, que permitan la identificación de vínculos entre las condiciones ambientales de la Ciudad y las condiciones de salud de la población.

 

       Promover la investigación y utilización de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de los servicios de salud.

 

OBJETIVO 2

 

Lograr el ejercicio pleno y universal del derecho a la salud.

 

META 1

 

Ampliar la cobertura de la atención a la salud con calidad.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Asegurar a las personas el derecho a la protección de su salud, independientemente de su situación económica y/o laboral.

 

       Ofrecer los servicios por niveles de complejidad de la atención, asegurando la efectividad de la atención especialmente en el nivel menos complejo, que debe ser la puerta de entrada al sistema.

 

       Atender el daño específico a la salud con una respuesta integral, completa y funcional de los servicios en los aspectos organizativos, técnicos y de conocimiento.

 

       Fortalecer el seguimiento de las personas a las que se ha diagnosticado un padecimiento que pone en riesgo su vida, a través de la referencia y contra referencia oportuna, hasta verificar que se haya conseguido la atención adecuada.

 

META 2

 

Mejorar la atención médica a las personas en situación de vulnerabilidad, así como la atención médica en los servicios de salud sexual y salud reproductiva de las personas y poblaciones altamente discriminadas.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Fortalecer las acciones de vigilancia durante el embarazo, parto y puerperio.

 

       Fortalecer las acciones para disminuir embarazos no planeados en adolescentes.

 

       Promover la prevención y atención a la salud de la población infantil, adolescente, mujeres, adultas y adultos mayores de las comunidades indígenas y de los pueblos originarios del Distrito Federal, utilizando la medicina tradicional.

 

       Diseñar y realizar acciones de atención y prevención de la salud mental de las mujeres.

 

       Diseñar y realizar acciones de prevención, diagnóstico y atención integral del VIH, especialmente en jóvenes de 10 a 24 años y en mujeres, en un marco de integración con la salud sexual y reproductiva.

 

       Realizar campañas de difusión de los servicios de Interrupción Legal del Embarazo en el Distrito Federal.

 

OBJETIVO 3

 

Reducir la incidencia del cáncer de mama y cérvico-uterino.

 

META 1

 

Mejorar los servicios médicos para la atención del cáncer de mama y cérvico-uterino y promover su detección oportuna.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Promover la gestión adecuada para el fortalecimiento de la infraestructura física, equipo y personal para la provisión de la detección y atención del cáncer de mama.

 

       Fortalecer el desarrollo de campañas educativas para disminuir los factores de riesgo del cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino, incluyendo las necesidades específicas de la población lésbica y las mujeres con VIH.

 

       Diseñar y aplicar un modelo de detección de cáncer de mama, dirigido a las mujeres en situación de vulnerabilidad, basado en las mejores prácticas conocidas y que permita el incremento de la cobertura.

 

       Orientar a todas las mujeres de 25 a 69 años de edad sobre las formas de autodetección oportuna de lesiones mamarias.

 

OBJETIVO 4

 

Disminuir el consumo de drogas y sustancias adictivas y favorecer la atención y rehabilitación de la población afectada.

 

META 1

 

Disminuir el consumo de drogas y otras sustancias adictivas.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Promover las actividades ocupacionales y recreativas de la población.

 

       Realizar campañas de difusión sobre los daños a la salud que ocasionan las sustancias adictivas.

 

       Coordinar acciones interinstitucionales y con organizaciones comunitarias y de la sociedad civil para la detección y atención oportuna de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con uso experimental de drogas para su canalización al sistema de salud local.

META 2

 

Fortalecer las alternativas integrales para la prevención, detección y tratamiento oportuno de las adicciones.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Fortalecer la coordinación de las acciones interinstitucionales contra las adicciones.

 

       Fortalecer los programas de atención y rehabilitación para las personas con adicciones.

 

OBJETIVO 5

 

Reducir el sedentarismo físico en la población del Distrito Federal.

 

META 1

 

Aumentar el tiempo que destinan las y los habitantes del Distrito Federal, especialmente las niñas, niños y adolescentes, a las actividades físicas, recreativas y deportivas.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Promover el aumento de la oferta y los espacios para la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas.

 

       Promover el conocimiento de los beneficios de la cultura física y el deporte.

 

       Establecer convenios de colaboración con actores públicos y privados para la mayor promoción de las actividades físicas, recreativas y deportivas.

 

       Promover el uso de la bicicleta o la caminata para acceder a sitios cercanos a las viviendas, escuelas o centros de trabajo.

 

OBJETIVO 6

 

Promover la sanidad, correcta atención y bienestar de los animales.

 

META 1

 

Establecer programas y promover acciones para la sanidad, correcta atención y bienestar de los animales.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Emitir lineamientos sanitarios que regulen la operación de las clínicas veterinarias delegacionales y de los Centros de Atención Canina.

 

       Promover el manejo ético y responsable de animales de compañía, en coordinación con dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal y Delegaciones.

 

       Fomentar la adopción de animales, la realización de campañas de vacunación antirrábica y para esterilización de perros y gatos.

 

       Proporcionar información sobre las ventajas de la aplicación de un cuadro básico de medicina veterinaria preventiva calendarizada.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 3. Educación

 

Deficiente calidad y persistencia de inequidad en el acceso al sistema educativo que obstaculizan la permanencia, eficiencia terminal, logros académicos y formación integral.

 

DIAGNÓSTICO

 

En el Distrito Federal están registrados un total de 2,813,118 estudiantes, 49.67% mujeres y 50.33% hombres, de los que el 61% corresponde a educación básica y el 39% a los niveles medio-superior y superior. El grado promedio de escolaridad de la entidad es de 10.6 años, el más alto a nivel nacional, cuya media es de 8.8 años. Tiene, además, el más bajo porcentaje de analfabetismo (1.9%, siendo el promedio nacional de 6.4% en 2010).

 

El Distrito Federal ocupa el primer lugar en cobertura de secundaria, educación media-superior, profesional técnico y bachillerato. Para el fin de ciclo 2011-2012, en primaria se tuvo una eficiencia terminal del 96.4% y una deserción de 0.7%, mientras que en educación secundaria esas cifras fueron de 83.8% y de 5.6%, respectivamente, lo que indica la existencia de grupos significativos de la población que no alcanzan la instrucción básica. En educación media-superior se agudizan los problemas de eficiencia terminal (49.3%) –el más bajo a nivel nacional- y de deserción (18.2%), lo que ubica al Distrito Federal en el lugar 31 entre las entidades federativas. Existe en este nivel desvinculación entre educación formal e informal y entre las instituciones que la ofertan y las instituciones de educación superior, los centros de investigación y el aparato productivo de la Ciudad. Lo anterior representa un problema importante dado el carácter obligatorio de este nivel de estudios. Finalmente, debe señalarse que en educación preescolar solamente se atiende al 87.6% de las y los niños, lo que coloca a la entidad en el onceavo lugar nacional de cobertura en este nivel. Cabe destacar que el sistema educativo nacional en el Distrito Federal no cuenta propiamente con una política de educación indígena y con programas locales bien establecidos para este y otros grupos de personas en condiciones de vulnerabilidad.

 

En términos de calidad, los logros académicos y sociales de las y los estudiantes del Distrito Federal en los diferentes niveles están por encima del promedio nacional pero son insatisfactorios respecto de estándares internacionales. De acuerdo con los resultados de la prueba PISA, en 2009 México se encontraba en el lugar 44 en habilidad lectora y 46 en habilidades matemáticas, de un total de 61 países. Si bien el Distrito Federal también posee resultados superiores a la media nacional en esta prueba, aún está por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE: tiene un puntaje de 469 en escala global de lectura y 455 en matemáticas, mientras que los promedios de la OCDE son de 493 y 496, respectivamente. Por otro lado, la Prueba ENLACE 2012 muestra que en la entidad el 56.7% de las y los alumnos de primaria se sitúa en los niveles de logro elemental en matemáticas, mientras que 55.5% tiene ese mismo desempeño en español. Por otra parte, en secundaria el 47.9% de las y los alumnos tiene un resultado insuficiente en pruebas de matemáticas, mientras que en las de español el 74.7% tiene resultados elementales o insuficientes.

 

Por cuanto se refiere a la lectura, según Cultura y Ciudadanía actualmente 6 de cada 10 habitantes de la capital leen libros y la misma proporción gusta de leer periódicos; 4 de cada 10 leen revistas y 1 de cada 10 lee historietas. Del 36% de las personas que dijeron no leer libros actualmente, 25% declaró que lo han hecho alguna vez en su vida, mientras que el 11% dijo que nunca ha leído un libro.

 

A pesar de que la Ciudad de México concentra la mayor parte de la infraestructura educativa especializada en artes, existe todavía un déficit mayúsculo en tanto no se forman maestros especializados para el sistema educativo y el acceso a la enseñanza se reduce a quienes se dedicarían profesionalmente a las artes.

 

En relación con el entorno de aprendizaje, en muchos casos no se cumple aún con las condiciones suficientes de seguridad, sustentabilidad, salud física e higiene, ni se tiene en cuenta un análisis desde la perspectiva de género o las necesidades de poblaciones con diversas discapacidades, así como los requerimientos de niñas y niños sobresalientes. En general, dicho entorno no resulta estimulante para el aprendizaje ni promueve suficientemente la salud psicosocial y emocional de los alumnos, ni la cultura de la paz y del derecho a una vida libre de violencia.

 

Finalmente, en materia de salud hay que señalar que a pesar de ser fenómenos de causa multifactorial, resulta paradójico que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 señale que la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños de 5 a 11 años en el Distrito Federal se ubicó en 35% y que el 32.3% de los adolescentes presentó exceso de peso, considerando que la Ley de Educación de la entidad establece la obligatoriedad de proporcionar a los educandos alimentos balanceados y nutritivos que eviten la obesidad y la desnutrición, así como la atribución de educar para la preservación de la salud y para el desarrollo de hábitos alimenticios sanos; por otra parte, la entidad cuenta con los más importantes institutos de investigación e instituciones de educación superior públicas y privadas que tienen una oferta importante en esta materia y que se complementa con innovadoras acciones correlativas de diversas organizaciones de la sociedad civil y fundaciones.

 

Bajo las anteriores premisas y teniendo en cuenta al sistema de educación del Distrito Federal en su conjunto, puede establecerse que, con diferentes matices por nivel, los principales problemas y factores que inciden en las limitaciones de equidad y calidad de la educación en la entidad, son los siguientes: 1) disfuncionalidad del modelo de gestión tradicional de los servicios educativos frente a las condiciones de la demanda y los retos actuales; 2) deficiencias en la formación, supervisión, evaluación y motivación del personal docente y administrativo; 3) dificultades socioeconómicas y culturales personales y familiares de las y los estudiantes, que impactan negativamente en las oportunidades de acceso y permanencia, en las condiciones de aprendizaje, en la eficiencia terminal y calidad educativa y en las posibilidades de su aprendizaje y permanencia en el sistema educativo; 4) insuficiente desarrollo de sistemas pedagógicos y de instrumentos de enseñanza – incluidas las TIC-que garanticen la adquisición de competencias correspondientes a cada nivel, así como la mejora del aprendizaje y la reducción de disparidades entre las y los alumnos; 5) insuficiente preparación previa de las y los alumnos para acceder con las habilidades y conocimientos necesarios a cada nivel superior del sistema escolarizado y permanecer en el mismo; 6) estímulo insuficiente o inconsistencia de la gestión del sistema educativo y la pedagogía con valores y actitudes sociales tales como equidad, interculturalidad, igualdad entre hombres y mujeres, convivencia sin violencia, resolución pacífica de conflictos, solidaridad y respeto, expresión y canalización de intereses estéticos y afectivos, autocuidado, asertividad, trabajo cooperativo, liderazgo, autodisciplina, manejo de la vida emocional, habilidad para expresarse, comprender y apreciar las expresiones de los demás y, en general, el cultivo de la proactividad; 7) insuficiente participación y corresponsabilidad de las y los responsables de las familias y las comunidades en las decisiones sustantivas de las escuelas y del sistema de educación; 8) insuficiente atención preventiva y compensatoria para personas en desventaja y en condiciones de vulnerabilidad –especialmente indígenas-, así como insuficiencia de programas de educación no formal y de otros programas dirigidos a combatir el analfabetismo; 9) desfase entre oferta y demanda educativa, así como diseños institucionales rígidos que limitan la ampliación, acceso y permanencia de los estudiantes; desde educación básica hasta el nivel media- superior, considerando la oferta territorial por nivel educativo; y 10) afectaciones de la infraestructura educativa y falta de condiciones adecuadas de seguridad civil e higiene, entre otras, para un buen desarrollo de la educación y la convivencia en las escuelas y sus entornos.

 

Por todo lo anterior, puede afirmarse que en la entidad, a pesar de mostrar el mejor desempeño del país, persisten inequidades y deficiencias en la calidad de la educación que se manifiestan en situaciones de exclusión o de riesgo latente de exclusión en todos los niveles educativos, lo que reclama un nuevo esquema de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, instituciones educativas y actores sociales del sistema educativo.

 

La educación básica en la entidad es atribución del gobierno federal a través de la SEP, quien ejerce el control directo de los procesos de determinación del currículo, de planes y programas, sistemas de gestión, horarios, calendarios, libros de texto, relación laboral, entre otros componentes del sistema educativo de la entidad. Por ende, hasta ahora la responsabilidad sobre la calidad y los resultados del desempeño escolar en este nivel educativo recaen únicamente en el gobierno federal. En esa circunstancia, el Gobierno del Distrito Federal ha centrado su contribución en promover condiciones de equidad para garantizar el acceso y permanencia de la niñez y la juventud en las escuelas a través de programas de distribución universal y gratuita de útiles, uniformes escolares, seguros de transporte y educación garantizada, así como de otorgamiento de becas –destacadamente en el nivel medio superior, con el programa Prepa Sí. El conjunto representa la más significativa asignación presupuestal del país en materia educativa y, sin embargo, el balance de este esquema de esfuerzos separados en educación básica es que los resultados no se encuentran a la altura de las necesidades y potencialidades de la capital de la república, ya que los indicadores de desempeño y resultados van en descenso, lo que nos coloca en desventaja en el contexto global.

 

Respecto de la educación media-superior, superior y posgrado, la Ciudad de México concentra la pluralidad y calidad más rica del país en instituciones de educación, públicas y privadas, entre las que destacan la UNAM, el IPN, la UAM, el ITAM, el ITESM, la UIA, el COLMEX, el CIDE y el CIESAS. Por su parte, el Gobierno del Distrito Federal está a cargo del IEMS que es un organismo público descentralizado, mientras que la Universidad de la Ciudad de México es un ente autónomo. No obstante, hasta ahora no existe una instancia de coordinación que permita un mayor avance en la calidad y cobertura de este trascendente nivel educativo.

 

En este contexto, el Gobierno del Distrito Federal tiene la oportunidad de jugar un papel de coordinación, articulación y complementación de la educación en la entidad, dada la existencia de extensos activos institucionales, públicos y privados, dirigidos a la tarea educativa en la Ciudad de México concebida no solo dentro de los ámbitos escolarizados, sino también como una educación ciudadana para la convivencia y para la vida. Por ello, el Gobierno del Distrito Federal ha asumido la responsabilidad de iniciar una nueva etapa de corresponsabilidad, coordinación y colaboración sin precedentes con el gobierno federal, instituciones de educación públicas y privadas, así como organizaciones de la sociedad civil para colocar el nivel de acceso, permanencia y desempeño educativo en todos los niveles a la altura que demanda el desarrollo del país.

 

Así, de lograr establecerse la deseable concurrencia, colaboración y coordinación con el gobierno federal, con las instituciones citadas y con los actores sociales y privados, nacionales e internacionales, más relevantes en este campo, podría aumentarse significativamente la calidad y la equidad de la educación en la entidad y avanzar hacia mejores niveles de cobertura, permanencia y resultados. En este sentido, hay que destacar que la presente administración ha logrado ya un primer acuerdo de colaboración con la autoridad federal para elevar la calidad y la equidad de la educación en el nivel básico.

 

Así, el Gobierno del Distrito Federal habrá de sumar sus esfuerzos y recursos a favor de una estrategia coordinada, efectiva y de impacto, para que confluyan los talentos y capacidades que comportan los diversos actores gubernamentales y sociales, locales, nacionales e internacionales, que comparten la visión de movilizarse para abatir los rezagos y para que la educación con calidad sea un habilitador del desarrollo social y humano que amplíe las oportunidades de una vida mejor, rompa las desigualdades y garantice los derechos que una democracia auténtica debe procurar.

 

OBJETIVO 1

 

Impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación para que los estudiantes cuenten con los conocimientos científicos, competencias y habilidades que favorezcan el desarrollo pleno de sus capacidades y de los valores que demanda una sociedad democrática e igualitaria, entre los que destacan la laicidad y el enfoque de género y de derechos humanos.

 

META 1

 

Contribuir a elevar con efectividad y eficiencia los resultados de aprendizaje significativo de las escuelas e instituciones educativas de la Ciudad de México, en el marco de las facultades y ámbitos de competencia del gobierno de la Ciudad.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Reforzar las condiciones institucionales propias y buscar esquemas de coordinación, concurrencia y colaboración con el gobierno federal y otros actores institucionales públicos, privados y de la sociedad civil, nacionales e internacionales, que compartan la visión de elevar la equidad y la calidad de la educación básica, con apego a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

 

       Promover y contribuir a la formación y actualización docente en los ámbitos formal y no formal, y en todos los niveles, en especial en las materias y rubros donde existe un rezago mayor, así como en la educación en artes.

 

       Promover la readecuación y/o la implementación de nuevos modelos educativos, contenidos y estrategias pedagógicas, así como sistemas de gestión educativa en los diversos niveles educativos de las escuelas de ciudad para lograr que la educación sea accesible, asequible, adaptable y aceptable, a fin de propiciar la formación integral de las personas y favorecer su realización plena, la mejora de su calidad de vida y su capacidad de contribuir a una sociedad más justa y humanitaria.

 

       Desarrollar modelos educativos flexibles e innovadores, tanto escolarizados como no escolarizados, para disminuir el analfabetismo puro, funcional, digital y estético, que permitan la generación de competencias de comunicación, acceso a la información y aprendizaje.

 

       Generar mecanismos e instrumentos pedagógicos innovadores para impulsar y reforzar la lecto-escritura, así como la lógica y el cálculo matemáticos.

 

       Promover el desarrollo de mecanismos de conocimiento, así como el aprecio, ejecución y disfrute de las expresiones artísticas y deportivas en sus distintas disciplinas, con el fin de estimular el pensamiento creativo, participativo y colaborativo y la interculturalidad.

 

META 2

 

Educar personas que sean capaces de prevenir y cuidar la salud individual y la pública, así como de prevenir situaciones que afecten el bienestar propio y el social, incorporando el enfoque de género.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Reforzar la formación dirigida al conocimiento de prácticas saludables de activación física adecuadas a cada edad y condición, así como al desarrollo de talentos deportivos.

 

       Promover bajo un esquema de coordinación entre dependencias y actores sociales la existencia de mejores oportunidades nutricionales en las escuelas de educación básica, así como de desarrollo de hábitos, habilidades psicosociales y herramientas de alimentación saludable entre las y los alumnos, para mejorar su desempeño y contribuir a abatir los diversos trastornos alimenticios, particularmente el sobrepeso y la obesidad.

 

       Ampliar y profundizar la formación para la prevención de enfermedades y cuidado de la salud, adquisición de hábitos de higiene, ejercicio responsable de la sexualidad y atención de la salud reproductiva, con base en un enfoque de derechos y de inclusión social e incorporando la perspectiva de género.

 

       Instruir para la prevención del consumo adictivo de drogas y otras sustancias psicoactivas en un marco de atención integral, con base en evidencias y principios de salud pública y seguridad, en la promoción y respeto pleno a los derechos humanos y en la inclusión social.

 

       Desarrollar actividades y prácticas de educación en riesgos en planteles escolares y con las comunidades educativas para impulsar una cultura de prevención riesgos.

 

       Generar estrategias e implementar las medidas adecuadas que garanticen la seguridad de niñas y niños en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) en materia de protección civil y seguridad sanitaria.

 

META 3

 

Contribuir a la educación de una ciudadanía responsable y comprometida que favorezca la democracia, la igualdad y la cohesión social, a través de una mayor participación ciudadana en los diversos niveles educativos.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Desarrollar modelos fidedignos de intervención educativa formal e informal y coordinación de acciones con la sociedad civil y organismos especializados que promuevan la cultura de los derechos humanos, la perspectiva de género, el respeto a la diversidad sexual, la no discriminación y la interculturalidad, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de acuerdos, la transparencia y rendición de cuentas y el cuidado del medio ambiente.

 

       Promover la educación para la prevención de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia; y la prevención de la violencia en el ámbito escolar, durante el noviazgo, en la familia y sus entornos, así como para desarrollar las estrategias para enfrentarla cuando esta se presenta.

 

       Desarrollar programas de formación y acciones para la gestión sustentable de las escuelas y sus entornos y para la protección del medio ambiente en general.

 

META 4

 

Impulsar comunidades educativas con la participación de personal docente y administrativo, alumnado, las y los responsables de las familias y actores sociales y gubernamentales vinculados al entorno educativo a favor de la equidad y calidad de la educación.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Establecer un programa de desarrollo de comunidades educativas en concurrencia con el gobierno federal y las delegaciones, para favorecer el sentido de pertenencia a una comunidad con derechos y con una mayor y más eficaz participación en la vida pública a favor de la calidad y equidad de la educación, así como de la transparencia y rendición de cuentas en este campo.

 

       Integrar al modelo educativo escolarizado la participación de las y los responsables de las familias, para dotarlos de los conocimientos y habilidades necesarias que les permitan desarrollar e inculcar en niñas, niños y adolescentes valores democráticos y humanistas, conocer las mejores vías para ejercer sus derechos, así como adoptar hábitos constructivos y la proactividad en términos individuales y colectivos.

 

       Promover la certificación de los procesos educativos no formales derivados de las actividades emprendidas por las comunidades educativas.

 

OBJETIVO 2

 

Aumentar la equidad en el acceso a una educación formal, consolidando los derechos asociados a la educación y programas de apoyo institucional, con estándares de calidad y abatir la deserción escolar, con especial atención hacia las personas en desventaja y condiciones de vulnerabilidad.

 

META 1

 

Generar mecanismos e instrumentos para que las personas en edad de estudiar a lo largo de su ciclo de vida, así como las personas en situación de vulnerabilidad por su origen étnico, condición jurídica, social o económica, condición migratoria, estado de salud, edad, sexo, capacidades, apariencia física, orientación o preferencia sexual, forma de pensar, situación de calle u otra, accedan a una educación con calidad, con énfasis en la educación básica y media-superior.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Definir una política de educación indígena que impulse el desarrollo de modelos educativos oficiales, escolarizados y no escolarizados, de formación integral en las lenguas indígenas más habladas en la entidad, para los niveles de educación básica y medio-superior.

 

       Integrar al modelo educativo escolarizado los componentes necesarios para la formación integral de la población que enfrenta discapacidades sensoriales, motrices, intelectuales o mentales, de acuerdo con las necesidades cognitivas de los educandos en cuestión.

 

       Establecer e institucionalizar otros programas específicos de atención educativa a personas en condiciones de vulnerabilidad o necesidades educativas especiales: niñas, niños, adolescentes y jóvenes de orígenes étnicos o nacionales diversos; niñas, niños y adolescentes que trabajan; adolescentes embarazadas; adolescentes con VIH o hijos e hijas de personas con VIH; niñas, niños y adolescentes migrantes o en condición de retorno; migrantes del Distrito Federal en el extranjero; niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia; adolescentes con preferencias u orientaciones sexuales diversas; niñas, niños y adolescentes en situación de calle; niñas, niños y adolescentes con aptitudes sobresalientes, superdotados o con talentos específicos; y personas adultas mayores.

 

       Buscar esquemas de coordinación, concurrencia y colaboración con el gobierno federal y otros actores institucionales, nacionales e internacionales, e incluso de captación y gestión de fondos extranjeros, para mejorar el acceso de personas en desventaja y/o condiciones de vulnerabilidad a una educación con calidad.

 

       Consolidar los programas de apoyo institucional que cubren los derechos asociados a la educación, asegurando la equidad en el acceso y permanencia a la educación pública de calidad en el Distrito Federal.

 

       Brindar protección a niñas, niños y jóvenes ante cualquier accidente que sufran durante el desarrollo de sus actividades escolares, así como apoyar su continuidad educativa aunque se presenten situaciones familiares que pongan en riesgo su permanencia escolar.

 

META 2

 

Aumentar la cobertura en todos los niveles y abatir especialmente la deserción escolar en los niveles de educación media-superior y superior.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Identificar con precisión las causas principales de las deficiencias de cobertura y de la deserción escolar en los diferentes niveles educativos, para establecer acciones dirigidas a aumentar la eficiencia terminal, incorporando el enfoque de género, criterios de inclusión social y una visión metropolitana.

 

       Promover el desarrollo de oferta de educación media-superior y superior con calidad a partir de modelos innovadores y atractivos en los que confluyan armónicamente actividades laborales y escolares, contribuyendo así a aumentar la eficiencia terminal en esos niveles.

 

       Mejorar las oportunidades de educación inicial vigilando especialmente criterios de inclusión social y la perspectiva de género, así como dar seguimiento a la calidad de la oferta ya existente.

 

META 3

 

Contar con una infraestructura física de las escuelas que cumpla con las condiciones básicas para el óptimo desenvolvimiento de la educación, la seguridad, servicios, higiene y sustentabilidad de las mismas, así como la cobertura de las necesidades de personas con discapacidades.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Complementar el padrón general de escuelas que se derivará del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, a cargo del INEGI, con el diagnóstico de carácter estructural de la infraestructura educativa del Distrito Federal que se lleva a cabo con el INIFED y el ILIFED, priorizando las escuelas que reporten afectaciones o presenten condiciones de riesgo.

 

       Promover acciones concurrentes entre los diferentes ámbitos de gobierno para la rehabilitación, adaptación y mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica de las escuelas, acorde con las necesidades educativas y de salud e higiene, con criterios de sustentabilidad ambiental (mediante tecnologías alternativas) y procurando el bienestar y seguridad de toda la población escolar, así como para la construcción de nuevas instalaciones que fuesen necesarias.

 

OBJETIVO 3

 

Generar y expandir las capacidades para el uso de las TIC como herramientas para fortalecer las habilidades de aprendizaje presencial y a distancia, acceder y compartir información y producir conocimiento.

 

META 1

 

Ampliar y profundizar las capacidades tecnológicas de las personas para contribuir a abatir el analfabetismo digital y científico, reducir la brecha digital, favorecer el acceso a la información y la participación social y potenciar el auge de la Ciudad como actor global.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Impulsar mecanismos de alfabetización digital, educación y capacitación formal y no formal a distancia, que contribuyan a incrementar la eficiencia terminal y la cobertura educativa de los diferentes niveles educativos y a la formación de habilidades digitales en la población.

 

       Promover el desarrollo y adaptación de contenidos educativos digitales, acordes con una visión de derechos humanos, enfoque de género y criterios del progreso científico, que mejoren los procesos de enseñanza y contribuyan a producir aprendizaje significativo entre las y los alumnos de escuelas públicas, en el marco de esquemas escolarizados y no escolarizados.

 

       Generar las condiciones, mecanismos e instrumentos para asegurar el acceso sistémico a hardware y software educativo que apoye el desarrollo de habilidades y destrezas de todos los y las integrantes de la comunidad escolar.

 

       Promover la creación de canales y plataformas tecnológicas que permitan compartir el conocimiento generado por los estudiantes, cuerpo de docentes y directivos y responsables de las familias que conforman las comunidades educativas.

 

       Promover la celebración de convenios o acuerdos de carácter internacional en materia de uso de las TIC que favorezcan los procesos de formación, producción de conocimientos y acceso y manejo de información, especialmente en el ámbito educativo.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 4. Cultura

 

Poca visibilidad de la dimensión cultural como un componente de desarrollo y bienestar de la población en la Ciudad de México.

 

DIAGNÓSTICO

 

De acuerdo con la UNESCO, la Ciudad de México es la entidad con más declaratorias de patrimonio material e inmaterial por parte de organismos internacionales, locales y estatales. Por su valor excepcional, en nuestro país existen 31 bienes inscritos en la lista del patrimonio de la humanidad; 5 de ellos están ubicados en el Distrito Federal.

 

Aunado a ello, en el Atlas de Infraestructura Cultural de México 2010 se registran en la capital 310 sitios arqueológicos, 5 de ellos abiertos al público, y un universo estimado de 7,000 monumentos históricos, 6,979 monumentos del siglo XX y XXI catalogados con valor artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes, 222 inmuebles religiosos y 23 áreas naturales protegidas. Existen asimismo diversas áreas de valor ambiental, entre las que destacan el Bosque de Chapultepec, los bosques urbanos, los parques públicos y 3 zoológicos. La Ciudad cuenta con 153 museos -siendo los más relevantes el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia “Castillo de Chapultepec” y el Museo de Historia Natural­, además de 131 teatros y 224 centros culturales, que dan cuenta de la vitalidad de la creación cultural actual.

 

A pesar de la extensa infraestructura cultural en la Ciudad, la más rica del país y una de las más amplias de Latinoamérica, la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales 2010 señala que en el Distrito Federal 8 de cada 10 personas no han visitado un recinto cultural en el último año y que el 82.1% de la población de la Ciudad de México no realiza alguna actividad artística y cultural en su comunidad

 

Por otro lado, México debe su riqueza cultural y su carácter distintivo en el mundo a la formidable herencia de sus culturas y pueblos originarios. Su rico patrimonio en lenguas, gastronomía, arte y cultura convierten a México en una de las naciones latinoamericanas con mayor legado y población indígena. De acuerdo con datos del INEGI, en el Distrito Federal se registra un total de 1 millón 509 mil 355 personas indígenas, por las cuales conviven en la Ciudad 57 de los 62 pueblos que existen a nivel nacional. Los pueblos originarios hoy en día continúan manteniendo sus tradiciones, usos, costumbres y sistemas normativos, al mismo tiempo que buscan proteger y conservar los sitios y áreas naturales donde llevan a cabo sus rituales tradicionales. Desgraciadamente, los pueblos y comunidades indígenas aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para el desarrollo humano; viven con altos niveles de pobreza y en una situación de significativa desventaja respecto al resto de la población, lo que limita sus oportunidades de acceder a servicios y bienes culturales.

 

Si tomamos como referente una población total de cerca de 9 millones de habitantes, y que la instancia responsable del Gobierno del Distrito Federal de la política cultural cuenta únicamente con el 4% del total de la infraestructura cultural en la Ciudad (5 museos, 1 salón de Cabildos, 3 salas de teatro, 2 foros, 3 centros culturales y 4 Fábricas de Artes y Oficios), resulta poco probable que dicha instancia logre cubrir el 100% de la demanda.

 

De acuerdo con el Sistema de Información de la Secretaría de Cultura (SISEC), en los 18 recintos culturales del Gobierno del Distrito Federal se atiende a un promedio de 183 personas por día durante el año, es decir que impacta en un 5.97% de la población del Distrito Federal y su zona metropolitana, considerando una variación porcentual del 4% de quien asiste más de una vez.

 

Con base en lo anterior, se estima que la insuficiente participación y acceso de la población a los bienes y servicios culturales es multifactorial: desconocimiento sobre las actividades artísticas y culturales que se ofertan en la Ciudad, falta de tiempo, ausencia de educación artística y estética, poca o nula iniciación cultural y razones económicas; lo que da como resultado una ausencia de vinculación de los programas de cultura con los de salud, medio ambiente, educación y economía, y la insuficiente promoción de valores como la solidaridad, el trabajo colectivo, la defensa de los intereses comunes y la preservación de la identidad local y nacional.

 

Algunas de las problemáticas que deben atenderse para cumplir con cada una de las atribuciones establecidas en el marco normativo que rige el trabajo del sector en la Ciudad son: a) tener mayor presencia de la cultura en lugares marginados, b) dotar a las instituciones culturales de una estructura que les permita funcionar y c) privilegiar a la comunidad cultural con mayores estímulos y espacios de participación.

 

Se debe promover el fortalecimiento e impulso de proyectos de carácter transversal, como la incorporación de la Agenda 21 de la Cultura en todas las políticas públicas locales y desarrollar proyectos para la cohesión social; la defensa de la diversidad y fomento de la tolerancia; la generación de riqueza y fomento de empleo creativo; y la eliminación de desigualdades formativas y en el acceso a las nuevas tecnologías.

 

Es necesario trabajar con la convicción de que el desarrollo de la Ciudad está ligado a políticas públicas que a su vez deben garantizar el mayor bienestar de la sociedad, la plena expansión de su cultura, el fortalecimiento de los derechos humanos y la regeneración del tejido social, así como una cooperación que visibilice a nivel internacional el liderazgo de la Ciudad de México en la Agenda 21 de la Cultura.

 

La cultura representa a su vez un campo de inversión y de innovación que puede, bajo un ecosistema sustentable, contribuir al bienestar, a la generación de empleo y al fortalecimiento de una economía creativa, especialmente en campos como las artes escénicas y visuales, el diseño, los proyectos vinculados a la tecnología y a la producción de contenidos para la industria audiovisual y cinematográfica. Esto implica asumir su vínculo con el bienestar, sin perder su sentido ni caer en una rentabilización a toda costa.

 

Igualmente, la vida cultural puede contribuir a la salud pública, a la convivencia en la diversidad, a la prevención social y a la protección ciudadana, en tanto ofrezca a niños, niñas, adolescentes y jóvenes opciones de organización de su propia expresividad y condiciones de participación y afirmación de su sentido de pertenencia. En ese sentido, la dimensión cultural del desarrollo es un ingrediente que apoya varios de los ejes de este Programa.

 

OBJETIVO 1

 

Consolidar a la Ciudad de México como un espacio multicultural abierto al mundo, equitativo, incluyente, creativo y diverso, donde se promueve la implementación de políticas culturales participativas al servicio de la ciudadanía, del desarrollo sostenible y del mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes.

 

META 1

 

Aumentar el acceso y la participación de la población del Distrito Federal en los servicios y bienes culturales y naturales y promover el bienestar a partir de la gestión del patrimonio y la diversidad cultural de sus habitantes.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Promover una oferta cultural de calidad en espacios públicos, que favorezca la apreciación estética, el goce y disfrute del tiempo libre y el sentido de comunidad.

 

       Favorecer, a través de la iniciación artística desde la niñez, la creación y el desarrollo de públicos de las artes escénicas, visuales y plásticas, como componentes indispensables de acceso a la cultura y la participación.

 

       Promover el fomento a la lectura, a partir de diferentes estrategias didácticas que contribuyan a la formación integral de las personas.

 

OBJETIVO 2

 

Realizar acciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos culturales de las personas, así como el reconocimiento de la propia cultura para fortalecer la base del capital social y ejercer sus capacidades creativas y críticas.

 

META 1

 

Ampliar la cobertura del uso y aprovechamiento cultural del espacio público en la Ciudad de México, a partir de acciones de intervención cultural comunitaria.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Diseñar y desarrollar programas culturales que beneficien de manera directa a las comunidades de la Ciudad de México.

 

       Implementar acciones que promuevan el desarrollo cultural comunitario, como una herramienta para el fortalecimiento del tejido social.

 

       Fomentar la participación a través de las iniciativas culturales comunitarias locales.

 

       Generar mecanismos de corresponsabilidad presupuestal entre el Gobierno del Distrito Federal y las demarcaciones territoriales, con el propósito de implementar una política cultural acorde a las necesidades de la Ciudad.

 

       Fortalecer las capacidades para emprender y gestionar proyectos de las comunidades poseedoras de patrimonio y conocimiento tradicional capaz de vincularse con el bienestar y el desarrollo sustentable.

 

       Diseñar programas culturales y artísticos para el espacio público que fortalezcan la formación en ciudadanía y promuevan la educación estética de la población, desde una perspectiva de diversidad.

 

       Colaborar con entidades educativas y culturales públicas y ciudadanas para fortalecer el acceso a la cultura de las poblaciones penitenciarias.

 

OBJETIVO 3

 

Promover, conservar y divulgar el patrimonio cultural y natural, con el propósito de fortalecer los vínculos de identidad, la apropiación de la herencia cultural y de la cultura contemporánea de la población capitalina.

 

META 1

 

Mejorar y ampliar los programas para la visibilidad, valoración, uso y disfrute del patrimonio cultural y natural del Distrito Federal.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural y natural del Distrito Federal, para fortalecer el derecho a la memoria, el sentido de pertenencia, la convivencia y el reconocimiento a la diferencia.

 

       Difundir y promover programas para el reconocimiento y visibilidad de las lenguas y culturas indígenas y de las comunidades de distinto origen nacional, que permitan contribuir al diálogo y la convivencia intercultural.

 

       Impulsar estrategias de difusión y comunicación sobre el patrimonio cultural y natural para fomentar su adecuado uso social.

 

       Establecer una estrategia de concertación con los diversos agentes de la cultura y de la sociedad para su participación corresponsable en las acciones de promoción de los derechos culturales.

 

       Impulsar acciones para la protección del patrimonio cultural y natural, con la finalidad de estimular el desarrollo de procesos formativos y reforzar el derecho a la cultura de los capitalinos.

 

       Fortalecer el aprovechamiento de las TIC para la divulgación del patrimonio cultural, la diversidad cultural y las prácticas artísticas más consolidadas de la Ciudad.

 

       Promover programas de difusión del patrimonio y de la obra de los artistas de la Ciudad de México.

 

OBJETIVO 4

 

Impulsar acciones de iniciación artística bajo la modalidad formal y no formal que consoliden el respeto de los derechos humanos, fomenten la convivencia, la multiculturalidad y la creación y valoración del patrimonio cultural y natural.

 

META 1

 

Aumentar el nivel de reconocimiento oficial y la calidad y cobertura de la formación artística y cultural.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Coordinar acciones entre el Gobierno Federal y el del Distrito Federal para la acreditación, incorporación y certificación de los planes de formación artística y cultural en música y danza de las escuelas de la Secretaría de Cultura.

 

       Fortalecer y actualizar los modelos educativos en artes de las casas de cultura en las delegaciones.

 

       Impulsar un programa piloto de iniciación artística para estudiantes de escuelas públicas y privadas a nivel secundaria, con el propósito de consolidar el proceso creativo de los adolescentes y jóvenes a partir de diversas estrategias discursivas y participativas.

 

       Implementar el programa de capacitación y profesionalización de quienes promueven y gestionan la cultura, con el propósito de fortalecer los nuevos enfoques orientados hacia la sustentabilidad y la economía creativa, así como el trabajo territorial de las y los artistas, y las y los promotores y gestores culturales.

 

       Establecer relaciones de colaboración con otras secretarías de gobierno e instituciones públicas, privadas y civiles, para fortalecer la función social de la educación artística y fomentar el desarrollo integral de la niñez y la juventud.

 

       Fomentar la formación de docentes en artes y convivencia en la diversidad, orientados hacia el trabajo en el espacio público y en ambientes urbanos.

 

OBJETIVO 5

 

Garantizar el acceso de los ciudadanos a una información libre y plural, que contribuya al desarrollo pleno y completo de su identidad cultural en el respeto de los derechos del otro y de la diversidad cultural.

 

META 1

 

Mejorar las estrategias de información y comunicación artística y cultural del Distrito Federal.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Promover el acceso a la información y comunicación cultural, a través de medios y tecnologías que permitan la libertad de expresión, el respeto a la diversidad y la información libre y plural.

 

       Impulsar sistemas de información que sirvan como referentes de consulta para los procesos de investigación, planeación y evaluación del sector cultural del Distrito Federal.

 

       Reforzar las estrategias comunicativas y las TIC para la difusión cultural, garantizando la pluralidad, inclusión y pleno disfrute de las ofertas culturales entre los distintos sectores de la sociedad.

 

OBJETIVO 6

 

Garantizar el reconocimiento multicultural de la Ciudad de México, a través de programas incluyentes que propicien la cooperación y el respeto mutuo de los diversos actores nacionales e internacionales.

 

META 1

 

Implementar estrategias que favorezcan la cooperación y el intercambio cultural entre diferentes instancias y agentes culturales a nivel nacional e internacional

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Establecer vínculos de colaboración con las diferentes demarcaciones territoriales, con el propósito de consolidar el desarrollo y aprovechamiento de la infraestructura cultural (museos, teatros, casas de cultura y centros culturales comunitarios, entre otros) e impactar sobre las necesidades inmediatas de las comunidades de la Ciudad de México.

 

       Promover programas culturales y artísticos que reflejen la diversidad y la condición de multiculturalidad de la Ciudad, procurando su expresión en términos de diversidad lingüística.

 

       Establecer mecanismos de participación y coordinación intersectorial, que permitan fomentar el desarrollo cultural y contribuir a la sostenibilidad de la Ciudad bajo los principios de la Agenda 21 de la Cultura.

 

       Desarrollar acciones y programas de promoción de la cultura dirigidos a poblaciones culturalmente diversas debido a su origen étnico, condición migratoria, sexo, capacidad, preferencia u orientación sexual y/o situación de calle.

 

       Impulsar estímulos a la creación y el desarrollo artístico y cultural, con el propósito de enriquecer la trayectoria y la capacidad creativa e interpretativa de artistas y creadores de la Ciudad.

 

OBJETIVO 7

 

Fortalecer la sustentabilidad de los procesos culturales y de las prácticas artísticas, así como las capacidades emprendedoras y de innovación del sector cultural y artístico de la Ciudad.

 

META 1

 

Establecer ecosistemas más sostenibles para la creación, producción, difusión, exhibición y disfrute cultural y artístico.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Consolidar el marco jurídico cultural de la Ciudad de México, con la finalidad de propiciar mejores condiciones para el desarrollo del trabajo cultural en la capital.

 

       Implementar programas y acciones encaminadas al fomento del turismo cultural y alternativo en el Distrito Federal.

 

       Desarrollar estrategias de promoción y difusión del cine mexicano.

 

       Hacer las modificaciones necesarias para dar un tratamiento diferenciado a los establecimientos culturales y artísticos que tengan orientación comunitaria y promuevan la generación de empleo y la innovación en el sector artístico y cultural.

 

       Fortalecer las capacidades emprendedoras y de gestión del sector cultural y artístico.

 

       Fomentar la sustentabilidad y el desarrollo económico de las micro, pequeñas y medianas empresas culturales, así como su vinculación con el mercado y su internacionalización.

 

       Colaborar con las instancias económicas y financieras federales y del Gobierno del Distrito Federal para el desarrollo de incubadoras de empresas culturales.

 

       Colaborar con las áreas económicas para crear un esquema de microcréditos y de créditos blandos para fomentar las cadenas de valor de las empresas culturales de la Ciudad.

 

       Fortalecer las condiciones de operación de las empresas de diseño e innovación, aquellas que vinculen el arte, la ciencia y la tecnología, así como las vinculadas a la producción de contenidos para la industria audiovisual y las redes digitales.

 

       Impulsar la creación y el desarrollo de industrias culturales para promover la inversión, el emprendimiento y la creación, producción y comercialización de bienes y servicios de carácter cultural local.

 

       Fomentar la asociatividad entre creadores, productores, gestores e intermediarios, con miras a facilitar su acceso a canales de financiamiento, fortalecer su poder de negociación y promover el ejercicio de sus derechos como creadores y trabajadores de la cultura.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 5. Violencia

 

Persisten diversos tipos y modalidades de violencia hacia las personas, especialmente en función de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras.

 

DIAGNÓSTICO

 

De los cerca de nueve millones de habitantes del Distrito Federal, aproximadamente 4,200,000 son hombres y 4,600,000 mujeres. Con respecto al origen étnico, el Censo de Población y Vivienda 2010 señala que en la entidad existen 122,411 personas de cinco años y más hablantes de alguna lengua indígena, de los cuales el 47.1% son hombres y el 52.9% son mujeres. Debido al desconocimiento de derechos, el abuso de poder y la descomposición del tejido social en ciertas localidades, las mujeres --sobre todo las indígenas-- son proclives a ser víctimas de distintos tipos y modalidades de violencia, incluida la explotación laboral y el acoso sexual.

 

Según la ENDIREH 2011, 1,769,571 mujeres de 15 años y más del Distrito Federal reportaron haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su última pareja: 1,699,128 emocional; 821,353 económica, 453,809 física y 234,990 sexual. La misma encuesta ha indicado que 42% de las mujeres han experimentado actos de violencia sexual y que las mujeres que sufren violencia, ya sea sexual o física, tienen como origen una familia violenta. Según esta misma encuesta, el segundo ámbito de violencia contra las mujeres son los espacios comunitarios o públicos.

 

Con base en la información proporcionada por la Dirección General de Estadística y Política Criminal de la PGJDF, durante el 2012 se levantaron 843 averiguaciones previas por el delito de violación, el 90% de ellas de mujeres. Durante el mismo periodo, se registraron 2,226 casos de abuso sexual. De julio de 2011 a la fecha se han presentado 72 averiguaciones previas por el delito de feminicidio. Con base en información de la PGJDF, las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc son las que encabezan la lista de delitos de violación, abuso sexual y feminicidio. Sin embargo, estas cifras están lejos de mostrar la dimensión real del problema. De acuerdo con la ENDIREH, a nivel nacional 2,348,665 de mujeres casadas o unidas de 15 años y más que experimentaron violencia física o sexual a lo largo de la relación con su última pareja no acudieron a ninguna instancia a solicitar ayuda; solo 280, 868 acudieron al Ministerio Público. Si bien no existen datos para el Distrito Federal, se puede inferir que la tendencia es parecida, puesto que la entidad registra uno de los porcentajes de delitos no denunciados más alta (88.6%).

 

Por otra parte, el Distrito Federal se ubicó entre las 5 entidades con el mayor número de muertes por homicidio en menores de entre 0 a 14 años, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud federal en 2002.

 

OBJETIVO 1

 

Disminuir la comisión de delitos o actos de violencia, en todas sus modalidades y tipos, atendiendo a los posibles factores de riesgo.

 

META 1

 

Establecer estrategias educativas, culturales y de comunicación que permitan el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos humanos, la interculturalidad, una vida libre de violencia y la justicia con perspectiva de género.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Coordinar con la SEP el desarrollo de contenidos educativos para la formación ciudadana, la convivencia democrática, el respeto a la diversidad, la interculturalidad y la cultura de la paz y resolución no violenta de los conflictos.

 

       Impulsar campañas en todas las dependencias y delegaciones de prevención y eliminación de la violencia en todos sus tipos y modalidades, en coordinación con la Federación y los estados y municipios de la ZMVM.

 

       Promover que la publicidad y la comunicación en medios masivos, ya sea privada o gubernamental, evite cualquier mensaje, eufemismo, alusión o estereotipo discriminatorio.

 

       Promover la cultura de la denuncia y la confianza en las instituciones con atribuciones en materia de violencia.

 

       Desarrollar controles de confianza para el personal de seguridad pública, para promover su pleno respeto a los derechos humanos.

 

META 2

 

Generar un entorno urbano que permita su uso y disfrute seguro, a través de acciones que fortalezcan el tejido social.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Realizar acciones de recuperación de espacios públicos, con participación de las comunidades involucradas y pleno respeto a los derechos humanos.

 

       Promover el conocimiento por parte de las personas en situación de vulnerabilidad sobre los diversos tipos y modalidades de violencia.

 

META 3

 

Desarrollar mecanismos interinstitucionales, intergubernamentales y de participación ciudadana para mejorar los programas en materia de prevención de la violencia en el Distrito Federal.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Fortalecer la coordinación interinstitucional para optimizar las acciones de prevención de la violencia.

 

       Fomentar el empoderamiento de las personas que sufren algún tipo de violencia.

 

OBJETIVO 2

 

Atender de manera expedita, diligente y con calidad y calidez a las víctimas de cualquier tipo o modalidad de violencia.

 

META 1

 

Fortalecer modelos integrales para la atención específica de mujeres, personas mayores, niñas y niños, indígenas, jóvenes, personas en situación de calle y la población LGBTTTI que sean víctimas de violencia.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

·          Establecer protocolos integrales para la atención a víctimas de violencia en todas las instancias con atribuciones en la materia.

 

·          Fortalecer la coordinación interinstitucional para optimizar la atención a las víctimas de la violencia.

 

·          Procurar la justicia expedita ante los delitos de feminicidio y trata de personas con fines de explotación sexual o laboral.

 

 

META 2

 

Establecer un sistema de recolección, procesamiento, análisis y difusión de la información producida por los entes públicos del Gobierno del Distrito Federal en materia de violencia.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Generar información desagregada sobre las personas que son víctimas de violencia considerando etnia, edad, sexo, preferencia u orientación sexual y situación de calle que permita la mejor atención de la problemática asociada a violencia.

 

       Difundir los datos y resultados que se obtengan del sistema de recolección de información en esta materia y retomarlos como un insumo para la elaboración y evaluación de programas sociales y políticas públicas.

 

OBJETIVO 3

 

Hacer efectiva la exigibilidad de los derechos de las víctimas de violencia, bajo los principios de igualdad y no discriminación, en los ámbitos civil, familiar y penal, entre otros.

 

META 1

 

Fortalecer los procedimientos y mecanismos para la exigibilidad de los derechos de las víctimas de violencia, particularmente en el derecho al acceso a la justicia y a la reparación del daño.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Fortalecer la coordinación interinstitucional para optimizar las acciones de acceso a la justicia en materia de violencia.

 

       Aumentar y mejorar las medidas para la protección, acompañamiento, representación jurídica y, en su caso, reparación del daño dirigidas hacia las víctimas de violencia.

 

       Fortalecer los mecanismos para inhibir los actos de corrupción en la impartición de justicia y para impartirla de manera expedita, diligente y con calidad y calidez a las víctimas de cualquier tipo y modalidad de violencia.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 6. Alimentación

 

Inseguridad alimentaria y malnutrición en algunos sectores de la población, especialmente en función de su condición de vulnerabilidad.

 

DIAGNÓSTICO

 

En México, de acuerdo al Informe de Resultados de la Medición de la Pobreza 2010 elaborado por el CONEVAL, la población en pobreza en el país se incrementó de 44.5% a 46.2%, que corresponde a un incremento de 48.8 a 52.0 millones de personas entre 2008 y 2010. En el mismo periodo, la población con carencia en el acceso a la alimentación pasó del 21.7% a 24.9%, equivalente a un aumento de 23.8 a 28 millones de personas. Conforme a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012), el 70% de los hogares se clasificaron en alguna de las tres categorías de inseguridad alimentaria: 41.6% en inseguridad leve, 17.7% en inseguridad moderada y 10.5% en inseguridad severa. La población infantil de 5 a 11 años, presentó una prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 de 34.4%, 19.8% de sobrepeso y 14.6% de obesidad. De acuerdo con esta encuesta, el 2.8% de los menores de cinco años presenta bajo peso, 13.6% baja talla y 1.6 desnutrición aguda. La mayor prevalencia de anemia (38%) se observó en la población infantil de 12 a 23 meses de edad; en la población preescolar fue del 23.3%; en mujeres no embarazadas fue de 11.6% y en mujeres embarazadas fue de 17.9%. Entre 2006 y 2012 la prevalencia de anemia en personas adultas mayores en las zonas urbanas disminuyó ligeramente de 16.9% a 16.1%, mientras que para las áreas rurales se incrementó de 17.8% a 18.2%.

 

En el Distrito Federal, el 28.7% de la población se encuentra dentro del rango de pobreza (2.2% en pobreza extrema), 35.5% es vulnerable por alguna carencia social y 5.3% es vulnerable por ingresos. El 15.5% presenta carencias en el acceso a la alimentación. Existen 473,367 personas en pobreza alimentaria, de los cuales el 5.4% no tiene recursos para comprar los bienes de la canasta básica alimentaria.

 

En el Distrito Federal los problemas de movilidad y separación de las zonas de trabajo y estudio de las residenciales, así como el estilo urbano de vida, llevan a muchas personas a consumir alimentos preparados fuera de casa o a comprar alimentos preparados para consumir en el hogar. De conformidad con la Encuesta de Percepción y Acceso a los Satisfactores Básicos 2009, el 50.97% de la población de la entidad considera deseable comer en lugares donde se vende comida preparada.

 

Por efecto de problemas de malnutrición existe un alto riesgo de mortalidad en mujeres embarazadas en el Distrito Federal. En 2010, las principales causas de muerte fueron hemorragia del embarazo, parto y posparto en un 10.8% y embarazo terminado en aborto en un 6.2%. La prevalencia de anemia en mujeres en edad fértil en el Distrito Federal se ubica en 8.1% en la población de 12 a 19 años; en 9.9% en mujeres de 20 a 30 años; en 17.1% en edad de 31 a 40 años, y 14.7% en mujeres de 41 a 49 años.

 

La población indígena originaria y residente, al igual que porcentajes demasiado elevados del resto de la población del Distrito Federal, padece de obesidad, sobrepeso, enfermedades crónico-degenerativas y digestivas, así como desnutrición, alcoholismo y drogadicción. Entre las causas de estos problemas están un nivel de ingreso precario que limita su acceso a la alimentación adecuada y de calidad, la vida sedentaria y una equivocada cultura alimentaria de las familias.

 

En cuanto a las personas adultas mayores, 30.9% padece desnutrición o está en riesgo de padecerla; este problema es más elevado en mujeres (33.2%) que en hombres (27.1%).

 

Finalmente, no se puede ignorar la incidencia de la falta de educación y cultura del deporte en esta problemática, pues los servicios educativos formales no desarrollan suficientemente las competencias de la población estudiantil para el cuidado de su salud y la prevención de problemas como los de sobrepeso, obesidad, desnutrición, anorexia y bulimia, entre otros. A su vez, la cultura del deporte ha disminuido, lo que afecta la salud en general.

 

OBJETIVO 1

 

Contribuir a la consecución de seguridad alimentaria y una menor malnutrición de los habitantes de la entidad, en particular en función de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras.

 

META 1

 

Incrementar el acceso a alimentos nutritivos, balanceados y de buena calidad por parte de la población del Distrito Federal.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Garantizar que las y los adultos de 68 años o más cuenten con una seguridad económica básica que les permita la adquisición de los alimentos que requieren.

 

       Promover que las mujeres en condición de vulnerabilidad tengan acceso a programas que mejoren la alimentación de su familia.

 

       Asegurar que las mujeres de escasos recursos tengan acceso a una nutrición adecuada durante el embarazo y lactancia.

 

       Desincentivar la producción y consumo de alimentos transgénicos y “chatarra”.

 

META 2

 

Disminuir los índices de desnutrición, obesidad y desequilibrios alimentarios de la población del Distrito Federal.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Vincular las políticas de prevención de la obesidad y malnutrición con las de acceso al derecho a la alimentación.

 

       Fomentar la alimentación infantil por seno materno desde la primera hora de vida hasta los dos años.

 

       Vigilar las conductas alimentarias de riesgo en la adolescencia, como la tendencia a comer en exceso y consumir alimentos industrializados de baja calidad alimenticia.

 

       Propiciar que la población realice ejercicio aeróbico y evite realizar actividades sedentarias por tiempo prolongado.

 

       Establecer o reforzar estrategias para la atención de la anemia en las personas adultas mayores.

 

       Promover que las mujeres tengan acceso a apoyos especializados (económicos, laborales, etc.) para iniciar y mantener la lactancia materna.

 

META 3

 

Aumentar el conocimiento y las competencias del cuidado de la salud y la alimentación, especialmente en las personas en riesgo de malnutrición.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Diseñar e impartir talleres sobre alimentación y nutrición, con un enfoque nutricional, social y cultural.

 

       Realizar acciones para, en coordinación con la SEP, integrar al currículo el desarrollo de competencias para el cuidado de la salud individual y colectiva.

 

       Llevar a cabo campañas de difusión para mejorar los hábitos alimenticios en las localidades rurales y en las que viven grupos importantes de indígenas, especialmente en las escuelas de educación básica.

 

OBJETIVO 2

 

Consolidar una estrategia sostenible de ampliación de la oferta de alimentos saludables a bajo costo en las unidades territoriales con índices de marginación medio, alto y muy alto.

 

META 1

 

Mantener en funcionamiento los comedores comunitarios, públicos y populares ya instalados y aumentar su número en las unidades territoriales clasificadas con índice de marginación muy alto en el Distrito Federal.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Fortalecer las capacidades organizativas de la población con mayor pobreza, para beneficiarse de los programas alimentarios como los comedores.

 

       Realizar un estudio de mejoras alimenticias de los usuarios de los servicios de comedores populares, comunitarios y públicos.

 

       Diseñar e implementar una estrategia, con la participación de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, para el diagnóstico y la transparencia del funcionamiento de los comedores y la capacitación de su personal.

 

OBJETIVO 3

 

Fomentar el desarrollo rural y la agricultura sustentable a pequeña escala en el Distrito Federal.

 

META 1

 

Aumentar los proyectos de agricultura urbana, fomento a la producción orgánica y mejoramiento de traspatios.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Establecer una política agroalimentaria para el Distrito Federal que promueva circuitos de producción y consumo sostenible de alimentos nutritivos y culturalmente aceptables para la población.

 

       Aumentar la capacitación sobre temas de agricultura sustentable a pequeña escala.

 

       Otorgar recursos a las personas interesadas en la habilitación de espacios para la producción de alimentos para el autoconsumo y la venta del excedente.

 

       Apoyar a productores de alimentos orgánicos en las zonas rurales del Distrito Federal.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 7. Empleo con Equidad

 

Insuficientes oportunidades de ocupación y empleo en condiciones de equidad, así como discriminación en el ámbito laboral, que se acentúan por el origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, embarazo, orientación, identidad o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras características.

 

DIAGNÓSTICO

 

El acceso al trabajo digno y socialmente útil para la población en edad y actitud laboral es un derecho humano fundamental y el medio más eficiente para lograr equidad social y menor delincuencia; no obstante, factores demográficos, económicos y sociales han impedido que el conjunto de la población del Distrito Federal pueda acceder a este derecho. Aun cuando alberga el núcleo de la actividad productiva de la mayor zona metropolitana del país y aporta cerca de una quinta parte del PIB nacional, al cierre de 2012 la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) registró para esta entidad un total de 276,926 personas desocupadas, 1,199,163 que trabajaban en el sector informal y poco más de 128 mil que no recibían remuneración. La precariedad de la mayor parte de los empleos disponibles es otra expresión de la incapacidad de la economía local para garantizar el derecho al trabajo digno: el 54.7% de la población ocupada carece de afiliación a una institución de salud y el 40% de las personas que trabajan subordinadamente no reciben prestaciones de ley, según la misma fuente del INEGI.

 

Existen factores sociales y culturales que estructuralmente han obstaculizado el acceso al empleo para segmentos de población juvenil carente de experiencia laboral, personas adultas mayores, personas con discapacidad, madres jefas de familia, indígenas y migrantes, entre otros, quienes llegan a enfrentar situaciones de discriminación en los procesos de contratación y desempeño laboral.

 

Por lo que respecta a la población juvenil, el censo de población 2010 indica que las y los jóvenes de 15 a 29 años que habitaban en el Distrito Federal registraban una tasa de desempleo de 7.6% (cuando la media local fue de 4.8%), lo que significa que poco más de 83 mil jóvenes se encontraban desocupados, equivalente al 43% de toda la población desempleada. Aún más, en el grupo de 15 a 19 años la tasa de desocupación se ubicó en 12.8%. La Encuesta Nacional de la Juventud 2012 señala que en el Distrito Federal 452,000 jóvenes no estudian ni trabajan (cuarto lugar en el país en este rubro), 33.2% no encuentran una oportunidad laboral al egresar de las escuelas y/o universidades y el 8.8% se dedican a actividades laborales informales, domésticas o de cuidado de la familia.

 

Por otra parte, los obstáculos a un pleno desarrollo laboral que enfrentan las mujeres trabajadoras tienen su base en una discriminación estructural que limita su participación en determinados campos laborales, niveles de responsabilidad y formas de contratación, con repercusiones negativas en el plano salarial. Datos de la ENOE referida líneas arriba indican que 80 de cada 100 mujeres ocupadas en el Distrito Federal se ubican en el sector terciario, que el 35.7% se ubica en el sector informal, que 54.9% recibe de uno a 3 salarios mínimos y que el 54% no tiene acceso a servicios de salud ni al cuidado de los hijos e hijas durante la jornada de trabajo.

 

La misma fuente de información señala que mientras que el 5% de los hombres ocupados percibieron hasta un salario mínimo, en las mujeres dicha proporción llegó a 11.7%; por el contrario, en tanto que 13.2% de los hombres ocupados percibían más de 5 salarios mínimos, la proporción de las mujeres en dicho segmento de ingresos fue de 9.9%. Cabe agregar que en el Distrito Federal se registra la mayor proporción de mujeres jefas de familia (31.4%).

 

Aunado al esfuerzo realizado por las mujeres en el sector de trabajo remunerado, persisten formas de organización del trabajo en los hogares en las que las mujeres siguen asumiendo la mayor parte del trabajo doméstico y del cuidado infantil y de otros integrantes del hogar. Información generada por el INEGI muestra que en 2009 el valor económico del trabajo no remunerado de los hogares representaba el 22.6% del PIB, medido a precios corrientes, mientras que dicho porcentaje fue en 2005 del 21.1%. El mercado laboral también coarta las posibilidades de acceso para las comunidades de personas indígenas, la población con discapacidad y las personas adultas mayores que aún desean o necesitan aplicar sus capacidades en el sector productivo, orillándolos a la informalidad y los sectores de empleo precario.

 

Las personas migrantes provenientes en su mayoría de comunidades de alta marginación económica y social del país y el extranjero, enfrentan las barreras del lenguaje, la baja escolaridad, la falta de capacitación y experiencia laboral en ocupaciones de los sectores secundario y terciario, falta de documentos para realizar gestiones y la ausencia de redes comunitarias que los vinculen al empleo formal. El problema es aún mayor para las mujeres, quienes enfrentan más riesgo de sufrir violencia, acoso sexual, robo, abuso y extorsión. En consecuencia, solo un 15% de las y los indígenas logra ubicarse en el sector formal, por lo que la mayoría es relegada al sector informal y el empleo precario (trabajo doméstico, industria de la construcción, seguridad y vigilancia y comercio ambulante), donde perciben baja remuneración (en 92% de los casos por debajo de 5 salarios mínimos). La alta proporción de trabajo infantil indígena es otra cara de la inequidad (proveen el 25% de los ingresos de sus hogares).

 

No obstante todo lo anterior, el Distrito Federal posee el mayor índice de desarrollo humano del país, cuenta con la mano de obra de mayor escolaridad, capacitación y experiencia laboral (con excepción de las mujeres y las y los jóvenes de reciente ingreso al mercado); de igual manera, la entidad tiene amplias posibilidades de expandir sectores productivos generadores de alto valor agregado. Lo anterior permite vislumbrar círculos virtuosos que requieren la puesta en práctica de estrategias de largo aliento.

 

OBJETIVO 1

 

Ampliar el acceso de la población del Distrito Federal a trabajos dignos, con protección social, pleno respeto a los derechos laborales y sin discriminación por su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, embarazo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras.

 

META 1

 

Promover la creación de trabajos dignos en el Distrito Federal, especialmente para los grupos sociales que tienen más dificultades para obtenerlos.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Reforzar la coordinación interinstitucional con los órganos político-administrativos y el uso de la capacidad de compra del Gobierno del Distrito Federal para promover los emprendimientos productivos individuales, las empresas del sector social y cultural y las cooperativas, mediante la capacitación, asistencia técnica, recursos materiales, capital semilla y esquema de incubación, con énfasis en los proyectos propuestos por jóvenes, mujeres y migrantes.

 

       Fomentar la apertura de empleos para jóvenes de entre 16 y 29 años, especialmente para los que han concluido la educación media-superior y superior y carecen de experiencia laboral, en condiciones de protección y seguridad social.

 

       Ampliar las oportunidades laborales para personas adultas mayores, personas con VIH y personas con discapacidad.

 

       Difundir los apoyos fiscales que los distintos ámbitos de gobierno otorgan a las personas empleadoras que generan fuentes de trabajo para las personas vulnerables por su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación, identidad o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras.

 

       Establecer convenios con empresas que articulen estímulos fiscales con la selección y capacitación de personas en condición de vulnerabilidad.

 

       Establecer convenios con las confederaciones patronales del Distrito Federal, a fin de acordar un programa de generación de empleos estables en condiciones de protección y seguridad social, incorporando políticas de igualdad de oportunidades y acciones afirmativas en la contratación, capacitación y formación profesional.

 

       Fomentar la inversión productiva a través de un modelo integral de desarrollo, basado en asociaciones estratégicas que promuevan la generación de empleo y eleven la prosperidad y calidad de vida de la población.

 

META 2

 

Promover y fortalecer acciones institucionales que den mayor transparencia al mercado laboral.

 

LÍNEA DE ACCIÓN

 

       Mejorar la calidad y coordinación interinstitucional de los mecanismos de vinculación laboral (oficinas de servicio de empleo, bolsas de trabajo, ferias de empleo y mecanismos de intermediación sustentados en TIC), a fin de dar respuesta oportuna a las personas con mayor dificultad para acceder a un trabajo digno.

 

META 3

 

Reforzar los programas y acciones institucionales para mejorar la empleabilidad de las personas en condiciones vulnerables.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Ampliar y diversificar los programas de capacitación para el trabajo, con impulso a la certificación de la competencia laboral y enfoques particulares hacia las personas en condiciones vulnerables por su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación, identidad o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras.

 

       Impulsar acciones de investigación y divulgación sobre las tendencias del mercado laboral y la competitividad empresarial, que orienten la toma de decisiones de las y los jóvenes al elegir una carrera y planear su educación y fomenten el valor social y empresarial de la escolaridad y la competencia laboral.

 

       Impulsar programas de capacitación específicos para población migrante, que rescaten sus habilidades, revaloren su cultura y les permitan desarrollar nuevas destrezas con demanda en el mercado laboral formal.

 

       Promover el desarrollo y ampliación de la formación y la actualización del perfil laboral de las mujeres que trabajan fuera del hogar, o que requieren reincorporarse al trabajo asalariado, mediante el empleo de tecnologías de información y comunicación. Impulsar apoyos específicos para las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad (jefas de familia, jóvenes embarazadas y de bajos ingresos), como becas, comedores y estancias infantiles.

 

       Impulsar programas de capacitación específicos dirigidos a mujeres para su formación y especialización en oficios no tradicionales.

 

META 4

 

Impulsar y diversificar políticas públicas orientadas a lograr el respeto a los derechos humanos laborales y la eliminación de prácticas discriminatorias en el trabajo.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Promover en los sectores privado, público y social el pleno respeto de los derechos laborales, la conciliación entre la vida familiar y laboral, la igualdad de oportunidades y la eliminación de la discriminación en la contratación y el desempeño laboral, así como un protocolo de atención al acoso sexual y laboral.

 

       Impulsar una estrategia compensatoria para la población en edad productiva que no cuenta con seguridad social, que facilite el acceso a los servicios de salud y otras prestaciones.

 

       Generar mecanismos para que las y los indígenas reciban información sobre sus derechos laborales, oportunidades de empleo y lugares y procedimientos para interponer quejas o denuncias.

 

       Promover la inclusión de las personas indígenas en los programas de apoyo al empleo, incluido el Seguro de Desempleo, estableciendo requisitos que por su condición étnica y migratoria puedan cumplir.

 

       Impulsar acciones que promuevan la eliminación de toda forma de trabajo infantil, en congruencia con los tratados internacionales suscritos por México.

 

       Promover una oferta de cobertura amplia de servicios de cuidado de los hijos e hijas de las familias, independiente de la inserción laboral de las mujeres y de los hombres.

 

       Fortalecer y actualizar los conocimientos de las normas nacionales e internacionales de trabajo que protegen los derechos de las trabajadoras, por parte de las y los impartidores de justicia laboral.

 

EJE 2. GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

 

La gobernabilidad, la seguridad y la protección ciudadana no solo son una responsabilidad a cargo del gobierno por designio de la ley, sino también una determinación propia de la presente administración. Parte sustantiva de la visión integral del Gobierno del Distrito Federal está conformada por los temas correspondientes a la gobernabilidad, que precisamente esla forma de dirigir la ciudad, y a la seguridad, cuyo fin es el de velar por las personas y su protección. En síntesis, estas acciones se constituyen como pilares para los gobiernos democráticamente electos y surgidos de la izquierda, aunadas a las prioridades y demandas de atención de la población del Distrito Federal.

 

Actualmente las condiciones políticas, sociales y económicas son idóneas para concretar el reconocimiento del Distrito Federal a la par del resto de las entidades, para lo cual necesita contar con los mismos derechos y obligaciones que el resto de los estados del país. Para ello, es imperativo que la capital cuente con una constitución local y que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las y los habitantes de la ciudad, la sociedad civil organizada, la academia y los expertos en el tema participen en las reformas constitucionales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad de México cuente con las facultades suficientes para promover el crecimiento económico y el bienestar social de su población.

 

Una de las prioridades del gobierno es garantizar la protección de la integridad física y patrimonial de sus habitantes, atendiendo de manera primordial a la población que vive en zonas donde prevalecen altos niveles de pobreza urbana y vulnerabilidad social ante desastres naturales o por incidencia delictiva, tomando en cuenta las diferencias de género y condición social.

 

También resultan imprescindibles la seguridad pública y la procuración e impartición de la justicia, ya que constituyen pilares fundamentales para el desarrollo de las sociedades. Un gobierno que garantiza el pleno cumplimiento de los derechos humanos a todas las personas, así como el orden, la paz, la tranquilidad, la equidad y la igualdad, genera condiciones favorables para el desarrollo personal, social, político y económico, por lo que ofrecer dicha garantía resulta muy relevante para la presente administración. La prevención del delito en el ámbito de la seguridad ciudadana, la actividad del Ministerio Público en la persecución del delito y las resoluciones judiciales como parte de la seguridad jurídica en la administración de la justicia, son indispensables para lograr el pleno goce de los derechos de la población.

 

En respuesta al interés que la ciudadanía ha hecho patente en esta ciudad, y concibiendo a la sociedad como la fuente principal de transformación efectiva, es determinación de este gobierno incorporar a los habitantes de la ciudad en acciones de seguridad ciudadana para promover una nueva cultura que permita rescatar la confianza en las instituciones, evite la corrupción y la impunidad y fortalezca el tejido social, factores determinantes en la prevención de las conductas antisociales. De esta manera podremos restablecer los lazos comunitarios para promover la convivencia social y el bienestar de mujeres y hombres y evitar la inseguridad, la criminalidad y las adicciones.

 

El Distrito Federal es una entidad con una alta complejidad por ser parte de una zona metropolitana, involucrar una gran movilidad de personas, una alta concentración demográfica y una desigualdad socioeconómica, así como por su carácter de centro político, económico, educativo y cultural del país. A esto se suman los fenómenos naturales y las amenazas de diversa índole: geológicas, hidrometeorológicas, fisicoquímicas, socio-organizativas y sanitarias; así como la fuerte presión social que conlleva la coexistencia de millones de personas que transitan, viven, estudian y/o trabajan en esta megalópolis. Aunado a lo anterior, en los últimos años se han modificado los patrones medioambientales históricos como consecuencia del cambio climático.

 

Con base en una lógica integradora, progresista, moderna y cercana a la ciudadanía, se impulsará una cultura de protección civil en la Ciudad, propiciando el desarrollo de la resiliencia y concientizando a la población sobre las vulnerabilidades y riesgos de la Ciudad. Dada la experiencia de las últimas décadas, la probabilidad de que en el Distrito Federal ocurran emergencias que se conviertan en desastres es alta.

 

A continuación, se plantean los retos imperativos para la ciudad en esta materia: la reforma política, la seguridad de sus habitantes y la protección ciudadana.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 1. Reforma Política

 

El marco normativo que rige a la Ciudad de México le confiere facultades político-administrativas y financieras disminuidas en relación con las que posee el resto de las entidades federativas. A pesar de los diversos esfuerzos para modificar su estatus jurídico, no ha podido convertirse en un estado soberano con autonomía en su régimen interior. Su gobierno está a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial del orden local.

 

DIAGNÓSTICO

 

Los gobiernos democráticamente electos de la Ciudad de México han tenido dentro de sus objetivos el impulso de una reforma política y constitucional que le permita a esta darse su constitución política; sin embargo, hasta ahora no se han logrado los consensos con los distintos actores políticos y sociales involucrados.

 

Con todo, en la actualidad las condiciones políticas y sociales han posibilitado que en los tres órdenes de gobierno, los partidos políticos y la sociedad se reconozca la necesidad de llevar a cabo la reforma política de la Ciudad.

 

La Ciudad de México es el mayor núcleo social, político y económico del país y es la capital nacional; aporta 17.8% del Producto Interno Bruto Nacional; recauda 54% de todos los impuestos y es la única entidad federativa con ingresos locales mayores a los federales. Sin embargo, recibe menos del 10% de los recursos que envía a la federación y no ha sido considerada con equidad para la asignación presupuestal de todos los fondos previstos para los estados en los rubros de aportaciones federales. Por lo anterior, al igual que otras capitales del mundo, busca superar el esquema jurídico de subordinación al poder nacional en aspectos centrales de su gobierno y aspira al reconocimiento pleno de su autonomía, sin dejar de ser capital federal.

 

De acuerdo con diversas evaluaciones académicas sobre el nivel de competitividad de las principales ciudades del país, la Ciudad de México alcanza el promedio general más alto. No obstante, una de las calificaciones más bajas la tiene en el componente jurídico-institucional, la cual es consecuencia de un marco de dependencia financiera con respecto a los poderes federales establecido en la constitución federal. Si prevalece este esquema, se colocará en grave riesgo la competitividad y el desarrollo económico de la capital del país.

 

El marco jurídico de la Ciudad es insuficiente para planear de manera autónoma su desarrollo, lo cual es un obstáculo para potenciar su competitividad en condiciones de igualdad frente a las demás entidades federativas y, en consecuencia, garantizar los derechos de quienes la habitan y transitan. Dicho marco tampoco le permite consolidar su libertad y soberanía.

 

El Congreso de la Unión le impone a la capital su Estatuto de Gobierno; además, el órgano legislativo local está impedido para establecer de manera autónoma su régimen financiero y de deuda pública, como lo hacen las demás entidades federativas. El o la titular de la Procuraduría de Justicia requiere de la ratificación del Ejecutivo Federal; asimismo, este nombra al titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Adicionalmente, la Ciudad no puede ejercer las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los Poderes de la Unión, como pueden hacerlo los estados de la república.

 

El mejoramiento de la calidad ambiental, el manejo de los residuos urbanos y el abasto de agua y alimentos son importantes retos que todos los días enfrenta la metrópoli, que impactan de manera diferenciada a hombres y mujeres. Reivindicar el derecho a la ciudad, que garantice la calidad de vida de las personas mediante la movilidad y el acceso a la vivienda digna, a entornos ambientales sanos y a los beneficios de la urbanización y las actividades productivas, en suma, al desarrollo sostenible, es una demanda que la reforma política impulsará.

 

El tránsito de un Estatuto de Gobierno a una Constitución de la Libre y Soberana Ciudad de México consolidaría el avance y el desarrollo de sus políticas públicas, que en muchos sentidos han representado un modelo para el resto del país.

 

OBJETIVO 1

 

Impulsar la reforma política para constitucionalizar la autonomía de la Ciudad de México en su régimen interior, consolidarla como una ciudad capital y establecer una constitución política propia.

 

META 1

 

Concretar los estudios e informes pertinentes en materia constitucional y legal dirigidos a establecer ejes temáticos generales para la discusión de la reforma.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Analizar los diversos proyectos de reforma política para la Ciudad de México presentados ante el H. Congreso de la Unión.

 

       Contribuir a referenciar los tópicos que serán el punto de partida para el intercambio en foros de debate, en los cuales participen paritariamente mujeres y hombres.

 

       Elaborar los diagnósticos que analicen los principales problemas del marco jurídico de la Ciudad.

 

       Proponer soluciones y alternativas que fortalezcan el marco jurídico-político de autonomía de la capital.

 

META 2

 

Fortalecer la identidad político-cultural de la población de la Ciudad de México para consolidar la reforma política como un asunto de todas y todos, llevando su discusión a los diversos ámbitos de vida de la ciudad: delegaciones, barrios, sindicatos, unidades habitacionales, instituciones de educación superior, colonias, etc.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Organizar foros de discusión por eje temático para recoger e integrar las propuestas de la ciudadanía y de diversos actores políticos y sociales.

 

       Promover la instalación de una mesa nacional y otra local de negociación a fin de incluir a todas y todos los actores políticos y sociales interesados.

 

       Sistematizar las conclusiones de los foros en un documento que constituya un referente para las instancias políticas competentes en materia de reforma política y que refleje los intereses y necesidades de la ciudadanía.

 

       Generar los consensos sobre las principales orientaciones de la nueva constitución.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 2. Prevención del Delito

 

Las políticas públicas de seguridad y justicia en la Ciudad de México han privilegiado históricamente el modelo punitivo y de control, limitando la consolidación de un esquema de políticas preventivas, lo cual desincentiva la articulación de esfuerzos orientados al fortalecimiento y la reestructuración del tejido social.

 

DIAGNÓSTICO

 

La seguridad ciudadana representa uno de los mayores retos para la gestión pública. De acuerdo con diversas fuentes, existen delitos en los que se observa un incremento en la criminalidad. Sin embargo, la dimensión del problema se presenta con una magnitud mayor como resultado del tratamiento mediático que incide directamente en los niveles de percepción.

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización realizada en el año 2011, 57.5% de la población de 18 años o más en todo el país, manifiesta que su principal preocupación es el tema de la inseguridad, seguido del desempleo (49.3%) y la pobreza (34.0%). Al respecto, se presenta una discrepancia entre el número de víctimas afectadas y la percepción de inseguridad. Las y los habitantes de la Ciudad de México perciben mayor inseguridad que los eventos ocurridos. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública (ENVIPE) del 2012, a nivel nacional 22 millones 389 mil 492 personas fueron víctimas de algún delito: 12.1% de estas personas radica en el Distrito Federal. A nivel nacional 29 millones 674 mil 071 personas mayores de 18 años se sienten inseguras en su colonia o localidad: 10.2% de estas personas viven en la Ciudad de México.

 

Ante esto, una de las prioridades que se ha establecido en la materia es la implementación de las bases de una operación policial mediante el Programa de Cuadrantes, que ha tenido como objetivo establecer una estrategia más eficaz de combate a la delincuencia y mayor proximidad con la ciudadanía. Sin embargo, para su fortalecimiento se requieren mayores recursos humanos, materiales y tecnológicos.

 

Es importante señalar que en los últimos años se han presentado cambios en el tejido social en la Ciudad de México derivados de los problemas de la delincuencia.

 

La afectación de valores compartidos a través de la interacción social en entornos armónicos es una de las causas de inseguridad en la Ciudad de México. Según la ENVIPE del 2012, las personas mayores de 18 años en el Distrito Federal consideran que una de las causas de la inseguridad es la falta de valores (5.7% a nivel nacional y 6.5% en el Distrito Federal).

 

OBJETIVO 1

 

Fortalecer el Programa de Cuadrantes Policiales con políticas preventivas e innovadoras y mediante la implementación de procesos e instrumentos de inteligencia policial vanguardista quereduzcan los índices delictivos y mejoren la percepción y la confianza de la ciudadanía.

 

META 1

 

Consolidar una estrategia de prevención y combate a la delincuencia quegenere controles en la operación por cuadrante e incentive la participación ciudadana.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Analizar el comportamiento de la incidencia delictiva por cuadrante, que permita direccionar las acciones y el despliegue policial de manera que posibilite la toma de decisiones del alto mando evite la comisión de hechos delictivos.

 

       Mejorar la operación de los cuadrantes con una estructura organizacional dinámica, permanente y con comunicación directa con los habitantes de su territorio, además de realizar una inversión que garantice el estado de fuerza necesario, en equipo y vehículos, para fortalecer su actual operación.

 

META 2

 

Lograr mayor proximidad y fortalecer la confianza de la ciudadanía en los cuerpos de seguridad pública, consolidando las políticas y mecanismos de interrelación que aporten acciones para mejorar el tejido social.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Impulsar la cultura de la denuncia, a través del uso de herramientas tecnológicas, que permitan fortalecer la vinculación de la policía con la sociedad.

 

       Reconstruir los enlaces entre la ciudadanía y el personal de seguridad pública, a fin de establecer un vínculo directo que agilice y haga más eficiente la actuación policial y logre captar información que permita enfocar de manera estratégica la prevención del delito.

 

       Crear y fortalecer programas de prevención del delito que incluyan acciones para mejorar el tejido social, como la recuperación y mantenimiento constante de espacios públicos, la atención de personas con capacidades diferentes y el respeto al medio ambiente, entre otros.

 

       Fortalecer las estrategias para el respeto efectivo de los derechos humanos en materia de seguridad pública.

 

       Generar programas de dignificación policial, a través de los cuales se mejore también la percepción ciudadana.

 

       Impulsar políticas públicas dirigidas a niños y jóvenes para prevenir la violencia y la delincuencia.

 

OBJETIVO 2

 

Profesionalizar al personal policial a efecto de generar las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los elementos y del servicio que se presta, considerando de igual forma esquemas de mejoras laborales, económicas y materiales.

 

META 1

 

Incrementar la aplicación de los esquemas de capacitación para mejorar las acciones operativas y el cumplimiento del procedimiento penal.

 

LÍNEA DE ACCIÓN

 

       Aplicar los manuales y protocolos de actuación, que permitan incrementar la eficiencia en los tiempos de respuesta mediante el uso legítimo de la fuerza, garantizando en todo momento los derechos humanos de las personas.

 

META 2

 

Fortalecer la capacitación inicial, de especialización, de actualización de mandos y ascensos del personal operativo.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Actualizar los programas de reclutamiento, selección e inducción al Sistema de Carrera Policial, incentivando la permanencia y promoción del personal operativo.

 

       Elevar el nivel académico de las instituciones encargadas de profesionalizar al personal operativo

 

META 3

 

Evaluar al personal que labora en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

 

LÍNEA DE ACCIÓN

 

       Establecer los controles para verificar que los elementos cumplan con las evaluaciones que marca la ley para su: permanencia, ascenso, licencia oficial colectiva y mandos, mediante el Centro de Control de Confianza.

 

OBJETIVO 3

 

Inhibir las acciones punitivas que afectan al tejido social, incrementando los mecanismos de inteligencia policial que permitan prevenir el delito.

 

META 1

 

Desarrollar e incrementar la inteligencia policial, priorizando esquemas que permitan la prevención del delito.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Fortalecer las acciones policiales a través de la integración de grupos especiales creados para enfrentar bandas delictivas, ciberdelitos, narcomenudeo, entre otros.

 

       Integrar y fortalecer los marcos normativos que en materia de seguridad pública permitan hacer más eficaz la actuación de los elementos policiales garantizando el respeto de los derechos humanos en el desarrollo de sus funciones.

 

       Generar actividades de prevención del delito y operativos conjuntos tendientes a inhibir los delitos de alto impacto, así como la extorsión, el narcomenudeo y la trata de personas, con particular énfasis en las zonas limítrofes.

 

       Establecer mecanismos de intercambio de información delictiva con dependencias de los tres órdenes de gobierno, relacionadas con la seguridad pública y con instituciones que cuenten con información o tecnología complementaria.

 

       Implementar modelos de comportamiento, georeferenciación, indicadores de desempeño y propuestas estratégicas para la toma de decisiones.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 3. Seguridad en Espacios Públicos

 

La dinámica de la Ciudad ha llevado a una constante presión por el uso del espacio público para actividades comerciales, eventos culturales, religiosos y deportivos, así como manifestaciones políticas y sociales, lo que genera tensiones con las y los vecinos y la ciudadanía en general, afecta la movilidad e incrementa los riesgos en materia de salud, protección civil, seguridad, etc.

 

DIAGNÓSTICO

 

En la Ciudad de México más de 13 millones de personas realizan diariamente algún tipo de actividad, debido a la amplia variedad de servicios financieros, comerciales, de comunicación, de educación y de salud, entre muchos otros; estas actividades se concentran en la ciudad central, es decir, en el perímetro que se encuentra dentro de los límites del Circuito Bicentenario, así como en espacios públicos de algunas delegaciones y centros de carácter religioso, cultural, educativo, deportivo, comercial o de negocios. Así, en un contexto en el que cada vez es mayor la tendencia a que la ciudadanía se apropie de los espacios públicos, la coincidencia de concentraciones poblacionales y de actividades ha derivado en tensiones vinculadas con el ejercicio del derecho a estar, vivir y circular libremente en la Ciudad.

 

Para el gobierno capitalino las movilizaciones, mítines, marchas, bloqueos y cualquier otra concentración ciudadana representa importantes retos de coordinación interinstitucional, orientados a garantizar la seguridad de las y los asistentes y participantes, así como de la población en general. Tan solo en los últimos tres años (2010-2012) se han registrado en promedio 8 movilizaciones diarias en el Distrito Federal, de las cuales un promedio de aproximadamente 4 han ocasionado afectación vial.

 

Los datos de movilizaciones con afectación de vialidad revelan que alrededor del 43% de ellas corresponde a demandas sociales del ámbito federal y no de competencia local. A su vez, de las movilizaciones realizadas con mayor frecuencia durante el 2012 relacionadas con el ámbito federal, destacan las que solicitan atender demandas en materia educativa, sindical y/o política (actos proselitistas y/o a favor o en contra de partidos políticos). En cuanto a las dirigidas al ámbito de competencia del Distrito Federal, se relacionan principalmente con servicios públicos, conflictos sindicales y tarifas y rutas de transporte público.

 

Asimismo, los altos niveles de participación ciudadana han involucrado un aumento de los eventos culturales, religiosos y deportivos realizados en espacios públicos. En el año 2012 se llevaron a cabo más de 3,100 eventos, mientras que en 2010 solo se realizaron 1,352. El manejo de este tipo de concentraciones también implica un reto de coordinación interinstitucional importante.

 

Por otra parte, las crisis económicas recurrentes y la falta de oportunidades para obtener empleos formales han orillado a un segmento de la población económicamente activa a actividades ubicadas en la economía informal. El menoscabo de la imagen y entorno urbano a causa del ejercicio del comercio en vía pública provoca despoblamiento, deterioro de la calidad de los servicios, fomento de actividades en perjuicio de la seguridad pública y ciudadana, deterioro de patrimonio cultural y artístico y aumento de la contaminación ambiental. Los problemas de movilidad que genera el comercio ambulante, al obstruir vialidades y banquetas, obligan además a las y los transeúntes y automovilistas a circular por espacios inseguros y carentes de medidas en materia de protección civil.

 

De acuerdo con las cifras estimadas en la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública, las personas dedicadas al comercio ambulante son aproximadamente 100,000 y se distribuyen en las 16 delegaciones del Distrito Federal, incluyendo los espacios que circundan 173 concentraciones que aspiran a convertirse en mercados públicos y los 1,020 tianguis. El fenómeno se complica por la porosidad de la aglomeración metropolitana y la facilidad con la que encuentran ocupación informal poblaciones de los municipios conurbados con la Ciudad de México.

 

La zona del centro histórico ha requerido un trabajo sistemático de reordenamiento y acceso a lugares accesibles al comercio popular. Las cifras de crecimiento de la economía informal son bien conocidas: si en 1995 existían 3,500 comerciantes en vía pública, en 2007 se registraban 25,000, lo que implicó un crecimiento de 614%.

 

El Gobierno del Distrito Federal, a través de la comunicación y la concertación establecida con este sector de comerciantes, llevó a cabo varias acciones, entre las que destaca la asignación de predios para instalar plazas y corredores comerciales. En octubre de 2007, con la entrega de47 predios para establecer plazas de comercio popular a las diversas organizaciones de comerciantes, se dio un paso definitivo en la revitalización del centro histórico. Sin embargo, aún existen retos pendientes de superar en esta materia, para lo cual es necesaria una mayor coordinación de las autoridades competentes, así como el diseño e implementación de alternativas que permitan detener, solucionar o gestionar adecuadamente los problemas generados por la economía informal en los espacios públicos de la Ciudad.

 

OBJETIVO 1

 

Garantizar, en coordinación con las delegaciones, que el acceso y uso del espacio público se lleve a cabo con el mínimo de impactos negativos a terceras personas, tanto en actividades de comercio como en concentraciones masivas en eventos religiosos, culturales y deportivos, y que toda expresión política y social sea atendida de manera respetuosa y pueda canalizar sus demandas.

 

META 1

 

Fortalecer y ampliar los mecanismos de coordinación interinstitucional y delegacional para el manejo adecuado de concentraciones masivas (culturales, religiosas, deportivas, políticas y sociales) en materia de prevención de riesgos y seguridad.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Elaborar un protocolo de coordinación interinstitucional para eventos masivos en materia de prevención de riesgos y seguridad que tome en cuenta la condición de género y generacional y los derechos humanos.

 

       Mejorar la coordinación con las delegaciones para la implementación del protocolo de coordinación interinstitucional en eventos masivos.

 

       Aumentar la seguridad y accesibilidad en los espacios públicos para garantizar la apropiación por parte de la sociedad de los mismos, considerando las condiciones específicas de mujeres, niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

 

META 2

 

Consolidar los esquemas estratégicos de prevención, gestión y disminución de los efectos negativos de las manifestaciones políticas y sociales, con el fin de garantizar la convivencia y el respeto de los derechos humanos de las personas.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

·          Unificar los protocolos de actuación de las autoridades de la Ciudad involucradas en el manejo de las manifestaciones y sus efectos en el espacio público.

 

·          Fortalecer la cooperación con el gobierno federal para la atención integral de las manifestaciones con demandas dirigidas a su ámbito de competencia.

 

·          Generar conciencia social mediante campañas en medios de comunicación, con el fin de que se reconozca el derecho a la protesta social y se promueva el respeto a la ciudad y sus espacios públicos.

 

META 3

 

Reordenar las actividades comerciales para mejorar el uso del espacio público.

 

LÍNEAS ACCIÓN

 

       Generar un censo georeferenciado de la actividad comercial en vía pública.

 

       Generar modelos de gestión de la actividad comercial en vía pública que no afecten la movilidad urbana.

 

       Coordinar esfuerzos interinstitucionales en materia de protección civil, seguridad pública, salud y manejo integral de residuos sólidos derivados de la actividad comercial en vía pública.

 

OBJETIVO 2

 

Propiciar que el espacio público sea un ámbito agradable de convivencia y socialización, así como de construcción de relaciones sociales igualitarias entre mujeres y hombres.

 

META 1

 

Desarrollar procesos de consulta pública sobre el tema de construcción del espacio público, donde las mujeres y las organizaciones de mujeres sean protagonistas.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Generar estrategias tendientes a garantizar a las mujeres la integridad física, la participación en el poder político y el disfrute del espacio público.

 

       Impulsar la presencia de las organizaciones de mujeres en los foros de decisión, consulta o planificación de la Ciudad.

 

       Concertar con las diversas organizaciones de la ciudadanía una agenda y estrategia para los diferentes espacios de dominio colectivo, así como el proceso y los instrumentos para la realización de la estrategia concertada, así como brindar mayores apoyos a proyectos comunitarios.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 4. Procuración de Justicia

 

La procuración de justicia en la Ciudad de México está enfrentando procesos estratégicos de transición y esquemas de operación que requieren ser consolidados, ya que en la ciudadanía se ha generado desconfianza y una percepción de corrupción e impunidad, que se manifiestan en la falta de una cultura extendida de denuncia ciudadana.

 

DIAGNÓSTICO

 

La procuración de justicia es una obligación y una función sustantiva del gobierno, a fin de proteger y salvaguardar los derechos de las personas. La sociedad exige vivir en condiciones de seguridad, bienestar, tranquilidad y paz pública. Para responder a tales expectativas, en los últimos años se han emprendido acciones tendientes a la modernización y a la efectividad de los procesos que realiza la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que anualmente registra en promedio 200,000 averiguaciones previas.

 

El 90% de la incidencia delictiva en la Ciudad de México se compone por delitos que afectan directamente a las y los habitantes de la Ciudad, 8% de la incidencia es en contra de habitantes de otras entidades federativas que tuvieron estancia transitoria y solo 2% contra personas extranjeras.

 

Es importante señalar que en los últimos años se ha registrado en la Ciudad una reducción de las denuncias penales, con un decremento promedio anual del 3.4% de 2010 a 2012 en las averiguaciones previas. Este decremento en las denuncias, específicamente en delitos como homicidio doloso o robo de vehículo, está relacionado con la aplicación de políticas y programas articulados y exitosos en el control y reducción de la incidencia delictiva. Por ello, y para fortalecer la cultura de la denuncia frente a los delitos persistentes, es prioritario consolidar el acercamiento entre la autoridad y las víctimas/denunciantes.

 

En la Ciudad de México se han implementado diversas acciones para revertir la percepción negativa de la ciudadanía de las instancias de procuración de justicia. En los últimos años se han logrado avances sustantivos gracias a que dichas instancias han priorizado la planeación estratégica, con una visión dirigida a brindar una atención integral en todos los procesos de procuración de justicia. Uno de los principales retos es la transición hacia el Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio. Si bien se han logrado avances significativos en la materia, aún se debe consolidar una estructura idónea que permita que las labores sustantivas de procuración de justicia sean acordes con el nuevo modelo y los resultados se reflejen en el pleno ejercicio del derecho a la justicia y otros beneficios para la sociedad. El propósito debe ser reducir de manera significativa el tiempo de consignación, el tiempo de la etapa procesal y, por último, el tiempo para emitir la sentencia.

 

OBJETIVO 1

 

Dar cumplimiento a la implementación del Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio con una perspectiva de género y de derechos humanos.

 

META 1

 

Concretar la totalidad de etapas del proceso definido para la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, acorde a lo establecido por la normativa.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Llevar a cabo el proceso de reingeniería institucional necesaria para la implementación del Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio.

 

       Establecer y consolidar los mecanismos de coordinación interinstitucional para la implementación del Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio.

 

META 2

 

Consolidar la operación de los procedimientos que conforman el Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Impulsar y difundir en la población del Distrito Federal los beneficios del Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio.

 

       Profesionalizara los servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia a través de esquemas permanentes de formación y capacitación que contemplen las perspectivas de género y de derechos humanos.

 

OBJETIVO 2

 

Incrementar la efectividad en las labores de integración de investigaciones en todas sus etapas.

 

META 1

 

Lograr un aumento significativo en la relación entre investigaciones iniciadas y consignadas.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Impulsar una actuación más eficaz y eficiente del Ministerio Público, con perspectivas de género y de derechos humanos.

 

       Modernizar las labores de investigación e integración de investigaciones a través de cambios organizacionales y procedimentales.

 

OBJETIVO 3

 

Mejorar la calidad de la atención a las personas desde el inicio de la investigación hasta la determinación de la misma.

 

META 1

 

Incrementar el índice de denuncia ciudadana.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Dar a conocer ampliamente a la ciudadanía las formas y lugares en los cuales se presentan las denuncias.

 

       Promover el acercamiento entre las autoridades de procuración de justicia y la población, a través de acciones de prevención del delito.

 

       Mejorar los tiempos de respuesta en las etapas del proceso penal.

 

       Fortalecer y consolidar los mecanismos para la atención a víctimas del delito.

 

       Crear los incentivos para fomentar la denuncia de los delitos en el Distrito Federal, mediante mecanismos que generen mayor confianza en la autoridad y un trato digno a los denunciantes.

 

       Promover estrategias orientadas a la participación efectiva de defensores de oficio profesionalizados, en el marco del respeto a los derechos humanos y el debido proceso.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 5. Sistema Penitenciario

 

La población en los complejos penitenciarios de la Ciudad de México ha superado la capacidad instalada en los últimos años, en menoscabo de los derechos humanos, lo que afecta particularmente a los grupos más vulnerables y dificulta los procesos de reinserción social.

 

DIAGNÓSTICO

 

El Sistema Penitenciario del Distrito Federal ocupa el primer lugar nacional en cuanto a población recluida: tiene capacidad para albergar 22,653 internos e igual número de camas en once centros. Sin embargo, actualmente cuenta con una población de 41,751 personas, lo que representa una sobrepoblación de 19,098 internos, equivalente al 84.3%. La sobrepoblación produce hacinamiento, vulnera los derechos humanos y dificulta los procesos de reinserción social. Asimismo, los requerimientos humanos obligan a concentrar los recursos en los centros penitenciarios con mayor población, lo que provoca que los grupos minoritarios sean vulnerables.

 

Las reglas de la ONU para el tratamiento de reclusos han definido que la distribución y las características de las instalaciones penitenciarias deberán permitir que los internos y el personal tengan un correcto acceso a agua, aire, saneamiento y luz. Debido a que se duplicó la población penitenciaria en los últimos 13 años, se ha dificultado el cumplimiento de estos requerimientos, lo que aumenta los riesgos para las personas internas y para el personal.

 

El uso preponderante de la prisión, que es un proceso de contención más que readaptación, como herramienta principal de la política criminal ha generado situaciones tales como que 60% de la población penitenciaria compurga penas por el delito de robo, en un alto porcentaje de cuantías menores; 60% de la población penitenciaria es primo delincuente; y 20% de los internos son personas con menos de 25 años, cuando estos pudieran beneficiarse más de penas alternativas como medio de reinserción social.

 

En la Ciudad de México se tiene un segmento de sanciones de privación de la libertad de 3 a 7 años muy amplio (el segundo más grande del país): 7,911 personas recibieron sanciones mayores de tres años de prisión y menores de siete, 74% de ellos por el delito de robo (sin contarlos de robo de vehículo, 12% de ese segmento). La severidad de estas sanciones no es consistente con la naturaleza de las conductas. Muchos robos no violentos y de pequeñas cantidades están siendo sancionados con este tipo de penas.

 

El potencial para la despresurización de centros de reclusión es alto si se canalizaran muchos de los delitos menores (39% de las condenas) a mecanismos alternativos, se revisaran las sanciones y se aplicaran, en los casos que la legislación lo permita, soluciones alternativas o la terminación anticipada del procedimiento. Esto permitiría disponer de más recursos para la investigación, procesamiento y, en su caso, sanción de los delitos de mayor impacto. El objetivo sería gastar menos en prisiones y más en prevención, inteligencia policial y capacidad de investigación criminal.

 

Además, el sistema penitenciario alberga 1,770 personas sentenciadas por delitos de orden exclusivamente federal, cuyos costos de manutención son proporcionados por el Gobierno Federal solo en una tercera parte.

 

El acceso a la salud de los internos presenta carencias considerables. Por un lado, al depender exclusivamente de la Secretaría de Salud se limita la capacidad del sistema penitenciario; por otro lado, en los centros de reclusión solo se brinda atención de primer nivel, mientras que para especialidades y cirugías la atención es otorgada en los diferentes hospitales del Distrito Federal y en la Torre Médica de Tepepan. Sin embargo, debido a la concentración de internos en ciertos centros penitenciarios, se han descuidado los de menor población; tal es el caso del Centro de Readaptación Femenil Santa Martha, que no cuenta con servicios médicos permanentes, a pesar de que en dicho centro viven 48 niñas y 57 niños, hijas e hijos de 98 internas.

 

Adicionalmente, el estado de la fuerza (custodios, policías y guardias) asignada representa poco más de 3 mil elementos en tres turnos, lo que equivale a un individuo por cada 42 personas internas en promedio; la infraestructura en los centros penitenciarios presenta un grave deterioro y carece de suficientes herramientas tecnológicas que apoyen los procesos de ingreso y revisión tanto de objetos como de personas (cámaras de vigilancia en el interior y en aduanas), situación que favorece la introducción de objetos y substancias prohibidas, la corrupción, elautogobierno y el debilitamiento dela figurade lasautoridades.Debido a la falta de personal, son las y los mismos internos los que realizan tareas administrativas, controlando de esta forma ciertos aspectos de sus relaciones. Estas circunstancias limitan las posibilidades de que las autoridades trabajen en los procesos de reinserción social y favorecen la violación de derechos humanos de la población reclusa, así como constantes riñas y robos.

 

OBJETIVO 1

 

Disminuir la brecha entre la capacidad instalada del sistema penitenciario y la población interna.

 

META 1

 

Incrementar la capacidad instalada del sistema penitenciario de la Ciudad de México.

 

LÍNEA DE ACCIÓN

 

       Aumentar y readecuar espacios en los centros penitenciarios.

 

META 2

 

Desarrollar políticas que disminuyan la población en reclusión.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Promover un debate público para desgravar ciertos delitos menores y generar alternativas a la prisión preventiva.

 

       Agilizar los mecanismos de coordinación para realizar el traslado de internas o internos del orden federal.

 

       Incrementar la capacidad institucional para agilizar los beneficios de libertad anticipada a quienes tengan ese derecho.

 

OBJETIVO 2

 

Garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas en situación de reclusión así como de quienes los visitan en los reclusorios.

 

META 1

 

Consolidar la política estratégica para el cumplimiento del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal para las personas privadas de su libertad.

 

LÍNEA DE ACCIÓN

 

       Establecer un programa de trabajo específico en conjunto con la CDHDF, que contenga tiempos, indicadores y responsables de la ejecución de sus acciones.

 

       Vigilar que las y los custodios proporcionen un trato digno, respetuoso y acorde a la dignidad humana, tanto a las personas privadas de su libertad como a las que los visitan en los reclusorios.

 

OBJETIVO 3

 

Mejorar los mecanismos para la reinserción a la sociedad de las personas sentenciadas, a través del reconocimiento y respeto de las diferencias de género y de los derechos humanos, así como del derecho al trabajo, capacitación laboral, educación, cultura, salud, alimentación y deporte, como medios para procurar que no se vuelva a delinquir.

 

META 1

 

Aumentar las oportunidades de acceso al trabajo, capacitación laboral, cultura, educación, salud, alimentación y deporte de la población interna.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Incentivar a la iniciativa privada con responsabilidad social para desarrollar la industria penitenciaría en coordinación con el gobierno, para que genere oportunidades de trabajo y capacitación.

 

       Mejorar la coordinación con las instituciones de educación para incrementar la oferta educativa y cultural y la capacitación laboral al interior de los centros penitenciarios.

 

       Mejorar la coordinación interinstitucional con la Secretaría de Salud, para garantizar el acceso a la salud a toda la población penitenciaria.

 

       Mejorar la coordinación interinstitucional para generar programas de fomento a la cultura y al deporte en condiciones adecuadas.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 6. Protección Civil

 

Los planes, programas y protocolos en materia de Protección Civil se han visto rebasados por la dinámica de la propia ciudad, lo cual agrava la vulnerabilidad ante los riesgos naturales y antropogénicos, que en caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastres afecta la capacidad de respuesta, el tejido social, la viabilidad de la Ciudad y por ello la gobernabilidad.

 

DIAGNÓSTICO

 

En la percepción de las y los habitantes de la Ciudad de México, se concibe a las instancias de protección civil como las autoridades que hacen simulacros y atienden emergencias de sismos. Para los sectores productivos son la autoridad que clausura y sanciona pero no orienta, lo cual implica una percepción de autoridad inquisitiva y penalizadora. En la percepción general la población confía en que la Ciudad está más preparada ante un sismo, pero subestima otros riesgos.

 

Si bien la Ciudad en efecto está expuesta a sismos de magnitud mayor, no se consideran otros riesgos geológicos. El análisis de información climática de las décadas recientes muestra que el Valle de México es altamente vulnerable a condiciones extremas, trátese de mayores temperaturas, lluvias intensas o sequías, lo que pone en alto riesgo a su población, a la economía y a los sistemas naturales de la región.

 

Las amenazas de tipo hidrometeorológico que experimenta la Ciudad de México año tras año son inundaciones, lluvias, granizadas, heladas, vientos, ondas de calor y ondas frías. Las tres primeras son las que con mayor frecuencia afectan la Ciudad y están asociadas en gran medida con la intensidad de la precipitación. Los episodios extremos de calor también adquieren gran relevancia pues, en combinación con prácticas de roza, tumba y quema durante las sequías, tienden a resultar en incendios forestales en los bosques circundantes. Estos extremos de calor también llevan a la descomposición de alimentos o mayores consumos de agua en la época de secas. De acuerdo con datos de la Estación Meteorológica de Tacubaya, de 1877 al2010 la precipitación anual acumulada durante el año ha aumentado en 66%. La temperatura promedio de la Ciudad aumentó 4 grados centígrados durante el siglo XX y 2 grados centígrados desde los años setenta.

 

El Atlas de Riesgos sigue siendo una herramienta aislada, desarticulada, sin enfoque sistémico como instrumento de planeación y mucho menos desarrollada para ser auto-sostenible y sujeto de la Protección Civil. En la esfera operativa, se cuenta con herramientas tecnológicas muy amplias e importantes como el C4i4, los centros de monitoreo de SACME, la Red Metropolitana de Calidad del Aire, el Sistema de Alerta Sísmica y el SAVER del CENAPRED. Sin embargo, estas se encuentran constantemente al reto de interactuar adecuadamente en sus niveles estratégico, táctico y operativo, lo que propicia dispendio y subutilización en situaciones de emergencia, crisis o desastre y en especial en la gestión integral del riesgo. Aunado a lo anterior, existe una falta de procedimientos suficientemente claros y estandarizados, que permitan la administración eficaz de la prevención y de las diferentes actividades de emergencia.

 

Adicionalmente se mantiene desarticulada la participación del sector privado en comités, grupos de trabajo, lo que impide que la economía de la Ciudad sea resiliente; por ejemplo, no se promueve la creación de comités de ayuda mutua entre los sectores empresarial, social y gubernamental, que permita la vinculación para la definición de planes y programas de prevención y, en su caso, de respuesta ante la ocurrencia de situaciones de alto riesgo, emergencia o desastre.

 

Los desastres exponen las desigualdades preexistentes en una sociedad; estas son las que hacen a una población más vulnerable ante el riesgo de desastres, por lo que deben ser atendidas. Ello debe realizarse tomando en cuenta las condiciones de género, al que se asocia una de las mayores desigualdades; las mujeres se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, no solo porque pueden ser las mayormente afectadas en caso de algún siniestro, sino porque sus capacidades no son reconocidas en toda su extensión.

 

La participación social no ha considerado suficientemente a la ciudadanía como sujeto activo en la protección civil, de manera que participe, innove y asuma acciones corresponsables para la consolidación de la gestión integral, incluyente y resiliente, de riesgos de desastre. Lo anterior es especialmente notorio en los segmentos más vulnerables de la población, como son niñas y niños, adolescentes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, madres jefes de familia o grupos indígenas, a quienes no se les ha involucrado en actividades que propicien el desarrollo y arraigo de una cultura de prevención o al menos de una conciencia del riesgo. Aunque los impactos presentes y futuros del cambio climático afectan a todos los sectores socioeconómicos, las más afectadas son y serán las poblaciones más pobres: para ellas eventos como sequías, inundaciones y tormentas suelen ser experiencias dramáticas, que incluso ponen en riesgo su vida, debido a su alta dependencia de los recursos que los rodean (esto es, su muy baja o nula resiliencia) y su limitada posibilidad de adaptación, sea a las condiciones climáticas actual eso a las futuras , por lo que requieren de ayuda externa.

 

OBJETIVO 1

 

Consolidar, en conjunto con los distintos órdenes de gobierno, un sistema integral de Protección Civil capaz de responder en forma efectiva ante los riesgos naturales y antropogénicos respecto a los cuales la Ciudad se encuentra vulnerable.

 

META 1

 

Generar los mecanismos e instrumentos de coordinación para la prevención y respuesta efectiva en materia de protección civil en los distintos niveles: individual, familiar, social y gubernamental.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Mejorar la articulación y los mecanismos de comunicación de las diversas instancias del Distrito Federal encargadas de la Protección Civil.

 

       Desarrollar y mantener actualizados y difundir de manera permanente los planes, programas y protocolos en materia de protección civil.

 

       Incrementar y fortalecer la presencia del Sistema de Alerta Sísmica, facilitando su acceso a toda la población y la capacitación para su uso.

 

       Instrumentar un programa de medidas de adaptación al cambio climático para las zonas más vulnerables de la Ciudad (laderas y barrancas ante deslaves; zonas bajas de la zona oriente ante inundaciones y zona centro ante ondas de calor).

 

       Implementar estrategias interinstitucionales que permitan la atención e incorporación de las personas en situación de vulnerabilidad al Sistema de Protección Civil.

 

       Fortalecer la integración de comités de prevención de desastres conformados por organizaciones de mujeres, grupos ambientalistas y representantes de los entes que conforman la administración pública del Distrito Federal.

 

       Instrumentar un sistema de alerta temprana a eventos hidrometeorológicos extremos.

 

META 2

 

Mejorar los esquemas de actualización del sistema de información en materia de riesgos, infraestructura básica (drenaje, gas, agua, electricidad, telefonía) e instalaciones estratégicas (gaseoductos, hospitales y aeropuertos).

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Generar los esquemas de colaboración a nivel local y federal para asegurar la actualización permanente de la información.

 

       Fortalecer al Consejo de Protección Civil del Distrito Federal, como el ente articulador del flujo y sistematización de la información en materia de Protección.

 

OBJETIVO 2

 

Transitar de un modelo predominantemente reactivo a uno basado en la gestión integral de riesgos que contemple la fase preventiva, el auxilio y la recuperación.

 

META 1

 

Contar con un cuerpo de funcionarias y funcionarios del Gobierno del Distrito Federal profesionalizados en materia de Gestión Integral de Riesgos.

 

LÍNEA DE ACCIÓN

 

       Implementar un programa de formación, capacitación y acreditación de servidores públicos en materia de Gestión Integral de Riesgos.

 

META 2

 

Incrementar la participación de la sociedad en las acciones de protección civil con un enfoque incluyente y de corresponsabilidad.

 

LÍNEA DE ACCIÓN

 

       Implementar programas de promoción, difusión y capacitación en materia de protección civil dirigidos a la ciudadanía, que incentiven la cultura de la prevención basada en una conducta proactiva.

 

EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE

 

El desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad para cubrir también las de las generaciones futuras. Es un concepto multidimensional que implica la articulación virtuosa entre los fenómenos ambientales, sociales, económicos, políticos y culturales que interactúan en un mismo territorio. De ahí que el desarrollo sustentable toque en forma transversal prácticamente todas las actividades y procesos que se llevan a cabo en las ciudades.

 

En los últimos años, la Ciudad de México ha experimentado dos procesos importantes relacionados con el desarrollo sustentable. Por un lado, las variaciones del clima, los eventos hidrometeorológicos extremos y los cambios ambientales inducidos por la propia ciudad han aumentado la vulnerabilidad de la población; por lo tanto, es preciso, disminuir dicha vulnerabilidad y aumentar la capacidad de respuesta para amortiguar y restablecer los sistemas y funciones de la ciudad ante las variaciones del clima. Para ello deben tomarse en cuenta las diferentes dimensiones de la sustentabilidad y que las acciones de protección civil, de gestión del agua, del suelo, de la salud y de la restauración ambiental, entre otras, están vinculadas.

 

Por otro lado, el desarrollo económico de la Ciudad de México ha estado marcado en las últimas décadas por un ritmo de crecimiento menor al ritmo nacional. Esta tendencia se explica por la desindustrialización y terciarización de la economía de la Ciudad, alentadas a su vez por normas y políticas orientadas a la disminución de las emisiones contaminantes y de la contaminación del agua, que otorgaron un peso creciente a los servicios de alto valor agregado, como los financieros, de información, telecomunicaciones y turísticos (algo característico de las grandes metrópolis en la nueva economía globalizada). El proceso de transformación de este perfil económico ha traído, entre otras consecuencias, altas tasas relativas de desempleo, subempleo y empleo informal, que han incidido sobre los niveles de desigualdad social y pobreza. Por ello, resulta imperativo recuperar el crecimiento y la generación de empleos de calidad bajo un enfoque de desarrollo sustentable.

 

No obstante lo anterior, la Ciudad de México cuenta con grandes oportunidades para transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable ya que, como capital del país, concentra los poderes federales y cuenta con una multitud de servicios altamente especializados, lo que permite su transición hacia patrones de producción y consumo que no deterioren el medio biofísico, y generen empleos y los recursos necesarios para un reparto más equitativo de la riqueza. Debe tomarse en cuenta que, como diversos estudios han señalado, la competitividad de una ciudad involucra tanto a una economía estable y dinámica, a la innovación productiva, a un amplio mercado laboral e infraestructura urbana suficiente, como a una sociedad incluyente con una eficiente gestión y cultura ambientales, entre otros factores, pues ello le permite atraer y retener inversiones y el talento necesarios para generar un círculo virtuoso de desarrollo. Conciliar desarrollo social, crecimiento económico y sustentabilidad ambiental es importante porque no se pueden resolver realmente las carencias sociales sin desarrollo económico, a la vez que no puede haber desarrollo económico sin la preservación y el uso adecuado de los recursos naturales.

 

Ante este escenario, el Gobierno del Distrito Federal establece como uno de los ejes estratégicos de su gestión el de Desarrollo Económico Sustentable. Este busca promover en forma coordinada, y desde un enfoque de igualdad sustantiva y respeto a los derechos humanos, diversas acciones que se pueden englobar en siete grandes temáticas: los cambios en el uso de suelo y el cuidado del suelo de conservación; el cambio climático y la calidad del aire; el adecuado abastecimiento y calidad del agua; el mejoramiento de las capacidades productivas de los pueblos originarios y habitantes de zonas rurales; la inversión y el empleo; la competitividad económica, y la vinculación de la ciencia y la tecnología con el sector productivo.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 1. Suelo de Conservación

 

El cambio en los usos de suelo, producto de la constante urbanización y la expansión de la frontera agrícola en el suelo de conservación, afecta negativamente los servicios ambientales, en particular la recarga del acuífero, pone en riesgo la sustentabilidad de la Ciudad y limita el desarrollo de la capacidad emprendedora de mujeres y hombres.

 

DIAGNÓSTICO

 

El Suelo de Conservación del Distrito Federal (SCDF) se refiere al espacio que por sus características ecológicas provee servicios ambientales imprescindibles para el desarrollo y mantenimiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. Tiene una extensión de 87,291 ha, que representa el 59% del Distrito Federal, y se localiza principalmente al sur y surponiente de la Ciudad. La distribución por delegación es la siguiente: Cuajimalpa de Morelos 7.5%, Álvaro Obregón 3.1%, La Magdalena Contreras 5.9%, Tlalpan 29.4%, Xochimilco 11.9%, Tláhuac 7.2%, Milpa Alta 32.2%, Gustavo A. Madero 1.4% e Iztapalapa 1.4%.

 

Dentro de los principales servicios ambientales que el SCDF ofrece están los siguientes: 1) recarga del acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México; el 41% del agua que se consume en el Distrito Federal proviene del Acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y otras fuentes subterráneas; el SCDF es la principal fuente de recarga con un volumen promedio anual de 151.4 Mm3; 2) reducción de la contaminación; la cubierta vegetal permite fijar gases que promueven el efecto invernadero; el volumen de carbono total almacenado en el SCDF se estima en 8.5 millones de ton/carbono; 3) reservorio de biodiversidad; las especies localizadas en el SCDF representan el 11% de la riqueza biológica nacional y el 2% mundial; la biodiversidad permite mantener la salud de los ecosistemas y es fuente de ingresos; 4) regulación del clima; la cubierta vegetal actúa como elemento regulador del clima al absorber una importante cantidad de radicación solar; en el último siglo la temperatura en el Distrito Federal aumentó 4ºC, de los cuales 3ºC corresponde al efecto de isla de calor producto de la urbanización; 5) estabilización de suelos y retención de agua; la cubierta vegetal disminuye los procesos de erosión eólica e hídrica; el 89% del SCDF tiene una capacidad de retención de suelo entre alta y media; si esta capacidad cambiara a erosión ligera, se generarían alrededor de 10 mil toneladas de partículas al año; por otro lado, la capacidad de retención de agua evita inundaciones y daño a la infraestructura hidráulica y urbana; y 6) posibilidades de recreación y mantenimiento de valores escénicos y culturales.

 

No obstante el amplio reconocimiento de los beneficios que aporta el SCDF, en este espacio convergen una serie de factores que están generando cambios de uso de suelo, en detrimento de los servicios ambientales. Algunos indicadores de degradación son los siguientes: 1) pérdida de la cubierta forestal; en el periodo 2000-2010 se perdieron 240 ha/año de cubierta forestal; las principales causas son la expansión de la mancha urbana y de la frontera agrícola; 2) fragmentación del bosque; se estima que en el SCDF 40 mil ha están ocupadas por bosque; sin embargo, sólo en 14,272 ha se tienen bosques densos y continuos; las principales causas son la expansión de la frontera agrícola y la tala y extracción ilegal de madera; 3) incendios forestales; de 2004 a 2009 se registró un promedio de 1,036 incendios al año, que afectaron anualmente 1,600 ha; diversos estudios sugieren que la mayoría de los incendios son provocados con la intención de provocar el cambio de uso de suelo; 4) tiro de cascajo; se tienen identificados 68 sitios donde regularmente se desecha cascajo; las delegaciones que concentran el mayor número de sitios son Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac y Milpa Alta; 5) asentamientos humanos irregulares; para 2010, existían 859 asentamientos humanos irregulares, ocupando una superficie de 2,800 ha; las delegaciones que concentran el mayor número de asentamientos son Tláhuac, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco; 6) delitos ambientales, como la extracción de flora y fauna, la contaminación de suelo y barrancas por aguas residuales y residuos sólidos, el sobrepastoreo y el estado fitosanitario de los bosques; de 2007 a 2012 el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, atendieron 2,857 denuncias.

 

Para tratar de revertir la tendencia de deterioro en el SCDF, el Gobierno ha implementado diversos programas y acciones a través de sus dependencias: 1) en 2000, se decretó el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF), el cual tiene como objetivo conservar los servicios ambientales mediante la regulación de los usos del suelo y de las actividades productivas; actualmente el PGOEDF se encuentra en proceso de actualización; 2) pago por servicios ambientales; actualmente 13 mil ha se encuentran bajo el Programa de Retribución por la Conservación de los Servicios Ambientales; se destinan a este programa 19.5 millones de pesos al año, beneficiando a 6 núcleos agrarios; 3) participación social en actividades de conservación; de 2008 a 2012, mediante el Programa de Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas a través de la Participación Social, se apoyaron 5,644 proyectos con un presupuesto de 505 millones de pesos; 4) reforestación y reconversión productiva; entre los años 2007 y 2011, se plantaron 10.09 millones de árboles y arbustos, se logró la reconversión de 823.47 ha de uso agrícola y pecuario por plantaciones agroforestales y se proporcionó mantenimiento a 8.1 millones de árboles reforestados en años anteriores; 5) producción de planta en vivero; en el periodo 2006–2012 se produjeron 48 millones de plantas; la producción de planta permite apoyar las acciones de reforestación en el SCDF; parte de la producción se envía a los estados vecinos para apoyar sus programas de conservación.

 

OBJETIVO 1

 

Revisar y hacer mejoras al marco normativo sobre suelo de conservación, privilegiando la concepción de este como un territorio clave para el mantenimiento de la calidad de vida, la sustentabilidad y la competitividad de la Ciudad de México, mediante esquemas que propicien la participación ciudadana.

 

META 1

 

Homologar contenidos, normas, criterios y procedimientos para la elaboración de los Programas Generales de Ordenamiento Ecológico y de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Revisar la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley Ambiental para homologar políticas, zonificaciones, usos del suelo y figuras jurídicas, con el fin de regular la planeación territorial, promover el desarrollo económico y avanzar en la construcción de una sola visión del territorio.

 

       Actualizar el Programa General de Ordenamiento Ecológico en concordancia con el Programa General de Desarrollo Urbano, para garantizar la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ambientales.

 

       Actualizar los programas delegacionales de desarrollo urbano para que incorporen lo establecido en el Programa General de Ordenamiento Ecológico, considerando las especificidades de cada territorio.

 

       Conformar un mecanismo de planeación y supervisión de la gestión del suelo de conservación por el gobierno central y delegacional en conjunto.

 

       Crear un programa de consolidación de asentamientos rurales y expansión cero, con inversiones en infraestructura de abasto energético con fuentes alternas.

 

META 2

 

Revisar y fortalecer el Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Revisar y actualizar las declaratorias de Áreas Naturales Protegidas (ANP) de jurisdicción local, para que efectivamente cumplan con la función de conservar los recursos naturales y los servicios ambientales.

 

       Revisar y actualizar los programas de manejo de las ANP locales.

 

       Garantizar que todas las ANP locales cuenten con programa de manejo y cumplir con el Plan Rector de las Áreas Naturales Protegidas.

 

       Desarrollar mecanismos financieros alternos y fuentes de financiamiento diferentes a las gubernamentales, para la aplicación de los programas de manejo y la adecuada administración de las ANP locales.

 

META 3

 

Detener el crecimiento de los asentamientos humanos irregulares en el SCDF (crecimiento cero) y recuperar espacios ocupados, principalmente los que se localizan en zonas de alto valor ambiental o zonas de alto riesgo.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Homologar autoridades urbanas y ambientales, así como la cartografía y bases de datos sobre zonas urbanas al interior del SCDF, para lograr certeza jurídica sobre los límites de los espacios urbanos y los de conservación.

 

       Desarrollar políticas y normas para la gestión territorial en el SCDF, que garanticen el control de los asentamientos humanos irregulares, la calidad de vida de los ya establecidos, con criterios de igualdad de género, y la protección de las zonas de conservación.

 

       Implementar acciones de control y recuperación de espacios invadidos por asentamientos humanos irregulares, priorizando zonas de alto valor ambiental y de riesgo con criterios de igualdad de género.

 

OBJETIVO 2

 

Desarrollar programas de alto impacto económico y social para el aprovechamiento diversificado y sustentable del territorio, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ambientales, fomentando la participación ciudadana.

 

META 1

 

Pasar de 13 mil a 30 mil hectáreas protegidas bajo la modalidad establecida por el Programa de Retribución por la Conservación de los Servicios Ambientales.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Revisar y hacer las modificaciones de mejora necesarias al Programa de Retribución por la Conservación de los Servicios Ambientales.

 

       Identificar zonas de alto potencial para la generación de servicios ambientales en el SCDF, a fin de valorar los servicios para el diseño de un sistema de compensación o pago por servicios ambientales al SCDF.

 

       Desarrollar un modelo y esquema de contrato o compensación que permita convenir con las y los dueños de los terrenos la conservación y desarrollo de los servicios ambientales a largo plazo.

 

       Identificar fuentes y esquemas de financiamiento para el desarrollo y ampliación del Programa de Retribución por la Conservación de los Servicios Ambientales, entre ellos sistemas voluntarios de pago por servicios ambientales u obligatorios para usuarios comerciales e industriales.

 

       Promover que el SCDF participe como área emisora dentro del Sistema de Transferencia de Potencialidad.

 

META 2

 

Incrementar la eficiencia de los recursos y de las actividades orientadas a la conservación y restauración de los ecosistemas.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Revisar y hacer las mejoras pertinentes del Programa de Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas (PROFACE) a través de la participación social.

 

       Identificar los territorios degradados o susceptibles de llevar a cabo proyectos o actividades para la conservación, la restauración ecológica o el desarrollo de los servicios ambientales.

 

       Iniciar un proceso de restablecimiento de los causes de los ríos ahora entubados, en zonas apropiadas.

 

       Desarrollar proyectos integrales de gran alcance para la restauración y conservación de territorios con alto potencial para la generación de servicios ambientales.

 

       Elaborar acuerdos con núcleos agrarios, con las y los pequeños propietarios o con grupos organizados, para el desarrollo e implementación de los planes y proyectos para restauración y conservación.

 

OBJETIVO 3

 

Garantizar a las y los habitantes de la Ciudad de México el derecho a un ambiente sano y con mejor calidad de vida, con criterios de igualdad de género.

 

META 1

 

Fortalecer el marco institucional, normativo y tecnológico de las actividades de regulación, inspección, vigilancia y aplicación de la legislación ambiental.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Establecer la coordinación interinstitucional entre las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, para la aplicación efectiva de la legislación ambiental en suelo de conservación y área urbana.

 

       Modernizar la normativa y la administración para la atención eficiente a las y los ciudadanos que realicen trámites relacionados con el cuidado ambiental.

 

       Capacitar y actualizar a las y los inspectores y dictaminadores y funcionarios relacionados con temas ambientales, para la correcta ejecución de las actividades de inspección y vigilancia.

 

       Adoptar herramientas tecnológicas tales como la percepción remota, que permitan una mayor presencia de la autoridad, así como una identificación y atención temprana de ilícitos ambientales.

 

META 2

 

Difundir la información sobre los beneficios y el valor que el SCDF tiene para la sustentabilidad de la Ciudad de México, la importancia de su preservación y el contenido de la legislación ambiental y urbana.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Desarrollar estrategias de comunicación educativa, permanentes y orientadas a generar conocimiento y conciencia en las y los habitantes de la Ciudad de México, con criterios de igualdad de género, sobre la importancia del SCDF y el respeto a las normas que buscan preservarlo.

 

       Generar de un sistema de información ambiental de acceso público y que sirva para la toma de decisiones y una adecuada orientación de las políticas públicas.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 2. Calidad del Aire y Cambio Climático

 

No obstante los significativos esfuerzos y logros de los últimos quince años, la Ciudad de México aún padece efectos negativos por la contaminación atmosférica y el cambio climático, lo cual se asocia a una dinámica urbana desordenada que limita la competitividad de la Ciudad y propicia daños a los sistemas naturales y a la salud, particularmente a las personas en situación de vulnerabilidad.

 

DIAGNÓSTICO

 

A lo largo de varias décadas, el desordenado crecimiento poblacional de la Ciudad de México ha dado por resultado una estructura urbana extendida, disfuncional, fragmentada y con inequidades sociales, producto de procesos socioeconómicos, políticos y ambientales desarticulados. Esta estructura urbana y demográfica ha propiciado un mayor número de desplazamientos, cada vez más prolongados. Actualmente, en el Distrito Federal y su área conurbada ocurren más de 22 millones de viajes diarios, 90% de los cuales se realizan en vehículos que utilizan gasolina y diesel, lo que produce congestionamientos y, en consecuencia, altas emisiones de contaminantes y de compuestos de efecto invernadero. Lo anterior, aunado a las emisiones de la industria y de los más de 50 mil establecimientos de diferentes giros y tamaños, así como a otras fuentes de contaminantes, ya sean viviendas o servicios, ha generado daños directos a la salud de la población. La exposición aguda y crónica a la contaminación del aire se asocia con el incremento de la mortalidad y morbilidad. La OMS estima que la contaminación del aire es responsable del 1.4% de todas las muertes prematuras a nivel mundial y del 0.8% de la pérdida de años de vida con plena salud.

 

En los últimos 25 años la calidad del aire de la ciudad ha mejorado, ya que han disminuido las concentraciones de la mayoría de los contaminantes, de acuerdo con los límites máximos permitidos por las NOM. Sin embargo, el ozono y las partículas suspendidas menores a 10 y 2.5 micrómetros (PM10 y PM2.5) siguen sin cumplir su normatividad respectiva, además de que las NOM no corresponden con las recomendaciones internacionales de calidad del aire. Adicionalmente a los contaminantes arriba mencionados, las actividades que se desarrollan en el Distrito Federal emiten anualmente a la atmósfera 36 millones de toneladas de bióxido de carbono y 5% de las emisiones de GEI nacionales. A su vez, en los últimos 30 años, las emisiones asociadas al proceso de urbanización han ocasionado un aumento de temperatura de aproximadamente 2°C en el Valle de México, constituyéndose en uno de los ejemplos más claros de Isla de Calor en el mundo. Por otra parte, datos sobre el periodo 1877-2010 de la Estación Meteorológica de Tacubayaindican que la precipitación pluvial anual acumulada ha aumentado en 66%.

 

Los efectos de la mala calidad del aire y del cambio climático implican una pérdida directa de competitividad de la Ciudad. Se conoce que si la temperatura global se estabilizara en 2ºC por arriba de la temperatura preindustrial, la Ciudad de México perdería un porcentaje del PIB anual en el rango de 1.3% a 6.8% cada año, por incremento en los precios de productos agropecuarios, el aumento del consumo de energía y una mayor incidencia de enfermedades infecciosas, entre otras razones.

 

Además, los costos y consecuencias del cambio climático no se distribuyen de manera uniforme entre la población: en términos de género, dado que la división sexual del trabajo deriva en actividades diferenciadas para mujeres y hombres, y en términos regionales, ya que los habitantes de las delegaciones que actualmente tienen un menor nivel de desarrollo e ingreso per cápita (Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa) son más vulnerables a los eventos hidrometeorológicos extremos.

 

Ante esta problemática, el Gobierno del Distrito Federal ha trabajado en diversas estrategias como son la implementación y actualización de las medidas del Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México (PROAIRE), el reforzamiento del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), la elaboración e implementación del primer Programa de Acción Climática de la Ciudad de México, la aprobación de la Ley de Cambio Climático y la conformación de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, entre otras.

 

OBJETIVO 1

 

Mejorar la calidad del aire para proteger la salud de mujeres y hombres, con atención a sus necesidades específicas, en congruencia con las nuevas políticas de desarrollo urbano.

 

META 1

 

Mejorar la calidad del aire de la ciudad reduciendo las emisiones contaminantes.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Evaluar y mejorar el Programa para Mejorar la Calidad del Aire 2011–2020.

 

       Reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno y partículas y compuestos de efecto invernadero de las industrias más contaminantes.

 

       Actualizar los niveles de activación del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas, incluyendo el mecanismo de exención de las industrias y los servicios.

 

       Actualizar la normatividad ambiental local que establece los límites y/o medidas necesarias para reducir las emisiones de precursores de ozono y partículas.

 

META 2

 

Generar información sobre el estado de la calidad del aire y los niveles de contaminación y sus riesgos, para el conocimiento de la población, la evaluación permanente de la gestión ambiental y el diseño de políticas ambientales.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Operar el SIMAT de manera continua, las 24 horas del día, los 365 días del año, informando cada hora y cumpliendo los estándares de calidad, representatividad y disponibilidad.

 

       Mantener el monitoreo de los contaminantes criterio, variables meteorológicas de superficie, radiación solar ultravioleta y depósito atmosférico.

 

       Incorporar gradualmente en el SIMAT la medición de nuevos compuestos que representan un riesgo para la salud humana y que aún no se encuentren regulados por la normatividad federal.

 

       Fortalecer el SIMAT para el monitoreo de los principales compuestos químicos involucrados en la formación del ozono y partículas suspendidas, a fin de diseñar políticas para reducir su concentración.

 

META 3

 

Reducir las emisiones y controlar las fuentes móviles y fijas de emisiones asociadas al comercio ambulante y de alimentos de la Ciudad.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Promover estudios y evaluaciones del mercado, del volumen y del tipo de emisiones asociadas a la quema de leña y carbón realizada por comercios fijos y ambulantes.

 

       Crear mecanismos de regulación de este mercado y de recaudación de impuestos a la quema de estos combustibles.

 

       Establecer incentivos fiscales para que la industria restaurantera adopte normas de emisión de gases apegadas a normativas internacionales.

 

       Apoyar a empresas locales que produzcan equipo anticontaminante en el rubro de emisión de gases.

 

OBJETIVO 2

 

Disminuir los impactos en el clima de la Ciudad y los riesgos ambientales, sociales y económicos derivados del cambio climático.

 

META 1

 

Elaborar e implementar de manera participativa la Estrategia Local de Acción Climática y el Programa de Acción Climática 2013-2018.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Consolidar la tendencia a la reducción de emisiones de compuestos de efecto invernadero.

 

       Mantener el posicionamiento internacional que actualmente tiene la Ciudad de México como líder en dicha reducción.

 

       Incorporar en la formulación de la Estrategia Local de Acción Climática y el Programa de Acción Climática 2013-2018 a las comunidades indígenas locales, a las mujeres y a la población en general.

 

META 2

 

Reducir la vulnerabilidad de la población ante el cambio climático, con criterios de igualdad de género y defensa de la economía y los sistemas naturales.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Diseñar, implementar y dar seguimiento a un programa de adaptación al cambio climático.

 

       Diseñar e implementar un Sistema de Alerta Temprana, para contar con el monitoreo, modelaje, diagnósticos y pronósticos climáticos que permitan prevenir los impactos y riesgos de origen hidrometeorológico.

 

       Fortalecer con perspectiva de género las capacidades de adaptación de la población a los efectos asociados al cambio climático.

 

       Fortalecer las capacidades institucionales del gobierno de la ciudad, y el vínculo de este con los sectores académico y social, a fin de dar respuesta eficaz a los diagnósticos y pronósticos del Sistema de Alerta Temprana.

 

       Identificar las zonas y los segmentos de la población más vulnerables a los eventos climáticos extremos, para realizar acciones preventivas y de respuesta rápida, con criterio de igualdad de género.

 

META 3

 

Impulsar la competitividad de la Ciudad a través de la eficiencia de procesos y el uso de tecnología de vanguardia.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Impulsar la eficiencia energética de las instalaciones y operaciones de los sectores público y privado.

 

       Impulsar el uso de energías renovables en los sectores público y privado, así como en el espacio doméstico.

 

       Fomentar las buenas prácticas ambientales en el sector privado, que generen beneficios ambientales, sociales y económicos.

 

       Promover la investigación y el desarrollo tecnológico para el uso de energías renovables.

 

       Desarrollar un programa de financiamiento para la sustitución de calentadores de gas por calentadores solares de uso doméstico.

 

       Crear incentivos fiscales para los hogares y las empresas que produzcan electricidad con celdas solares.

 

META 4

 

Incrementar la participación y compromiso ciudadano en el cumplimiento de acciones que reduzcan los efectos y causas del cambio climático.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Impulsar una cultura de participación ciudadana para la reducción de emisiones domésticas que propician el cambio climático.

 

       Informar cotidianamente a la población sobre la problemática del cambio climático y las acciones que desarrolla el gobierno de la ciudad para mitigarlo y adaptarse al mismo.

 

       Desarrollar periódicamente esfuerzos de difusión de la relación del cambio climático con las formas de vida y consumo de la sociedad.

 

       Promover de manera intensiva acciones de reforestación en calles, camellones, parques, techos y muros de casas-habitación, para generar condiciones de microclima que permitan amortiguar las ondas de calor.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 3. Abastecimiento y Calidad del Agua

 

En algunos sectores de la Ciudad de México existe una dotación de agua insuficiente, discontinua y sin la calidad requerida, lo que desincentiva el desarrollo social y económico y puede involucrar riesgos de salud pública, lo que afecta en mayor medida a las mujeres con un consumo del líquido asociado a sus necesidades biológicas y un abastecimiento asociado a la división sexual de trabajo que hace que el mismo sea fundamentalmente su responsabilidad en las colonias con desabastecimiento de agua.

 

DIAGNÓSTICO

 

El abastecimiento de agua potable, uno de los servicios públicos más importantes que proporciona el gobierno de la ciudad, se orienta a satisfacer los requerimientos de una población residente de aproximadamente 8.8 millones de habitantes y de una población flotante estimada en 4.2 millones de personas. Para ello, se suministra un caudal promedio de 31.9 m3/s, provenientes de fuentes locales (pozos en los acuíferos de Lerma, de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y de Chiconautla, así como manantiales diversos y el Río Magdalena) y federales (Sistema Cutzamala y pozos de los Sistemas La Caldera y Ramal Barrientos), que representan el 64% y el 36% del caudal, respectivamente. Sus usos son 48% doméstico y 17% industrial y de servicios, ya que el 35% restante se pierde durante la distribución. Se considera que la población residente recibe una dotación promedio de 327 l/h/d (considerando pérdidas). Del total del caudal suministrado a la Ciudad, 41% corresponde a las extracciones subterráneas del Acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, lo que provoca una sobreexplotación del mismo y un déficit del 23% en la recarga e induce un hundimiento del terreno que afecta a la infraestructura urbana.

 

El Gobierno del Distrito Federal, a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, opera y mantiene diariamente 1,290 km de red primaria, 11,971 km de red secundaria, 765 km de acueductos y líneas de conducción, 357 tanques de almacenamiento, 268 plantas de bombeo, 49 plantas potabilizadoras, 15 plantas cloradoras, 976 pozos, 69 manantiales, 33 garzas, 458 dispositivos de cloración y 10 trifurcaciones, con lo cual se logra una cobertura de distribución a nivel toma domiciliaria del 98% y un 2% mediante carros-pipa. Sin embargo, la distribución del agua no es homogénea; por ejemplo, los residentes de Iztapalapa reciben 200 litros por día, mientras que en algunas zonas del poniente de la ciudad reciben más de 350. Ello se explica porque alrededor de un millón y medio de habitantes se abastecen con servicio tandeado y 180 mil no cuentan con redes que permitan la instalación de toma domiciliaria, por no estar en un uso de suelo permitido; además, las pérdidas por fugas en la red, clandestinaje y caudales no contabilizados impiden una buena distribución del recurso.

 

La calidad del agua en las zonas poniente, norte, centro y sur de la Ciudad de México en general es satisfactoria. Sin embargo, esto no es del todo así en la zona oriente, donde para garantizar que la calidad del agua suministrada cumpla plenamente con la normatividad se requiere construir plantas potabilizadoras a pie de pozo, lo cual implica grandes inversiones.

 

En atención a esta problemática, entre otras acciones, se ha realizado el análisis de fuentes alternativas externas para trasvasar nuevos caudales que permitan complementar la oferta actual y reducir la sobreexplotación. Asimismo, para favorecer la recarga del acuífero se han instalado 145 pozos de absorción con capacidad promedio de 45 lps, 24 presas de gaviones en suelo de conservación para retener los escurrimientos superficiales e inducir la infiltración, y una planta piloto de 20 lps con capacidad de 2 m3/s para recarga artificial del acuífero.

 

Las acciones a realizar se dirigirán a ampliar el acceso al agua en forma correspondiente con la dignidad y la salud humana, ya que este derecho es una condición fundamental para la supervivencia y el desarrollo humano de las y los habitantes de la Ciudad de México; en este sentido, debe destacarse la importancia de fortalecer los procesos de participación y toma de decisiones de las mujeres en cuanto al derecho al agua.

 

OBJETIVO 1

 

Explorar alternativas tecnológicas, de infraestructura y administración para dotar a toda la población de agua potable en forma suficiente y continua, bajo el principio de igualdad y no discriminación, a fin de mejorar las condiciones de equidad e inclusión social.

 

META 1

 

Continuar con los estudios para determinar la factibilidad de trasvasar agua de fuentes externas a la Cuenca de México y, en coordinación con el gobierno federal, explorar con fines de aprovechamiento el acuífero profundo a 2,000 m, mediante la perforación de 3 pozos.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Realizar los estudios y proyectos para determinar las características físico-químicas y condiciones de explotación de las probables fuentes de suministro de la Ciudad de México.

 

       Perforar pozos profundos para delimitar el nuevo acuífero, analizar sus características geohidrológicas y de calidad del agua, y definir las políticas para su explotación.

 

META 2

 

Aumentar los niveles de recaudación y explicitar el esquema de subsidios y los esquemas tarifarios diferenciados, mediante la reestructuración del sistema comercial y la actualización permanentemente del padrón de personas usuarias.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Contar con sistemas de micromedición completos, que permitan una facturación y cobranza eficientes, un control eficaz de los consumos y de los ingresos, a fin de tener un sistema de recaudación más preciso, eficaz y equitativo.

 

       Diseñar e implementar un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo de los medidores.

 

       Actualizar en forma permanente el padrón de personas usuarias, a fin de conocer el universo de todas las tomas de agua y tener un control de cada una de ellas.

 

       Actualizar el esquema tarifario para hacerlo más equitativo, y explícitos los subsidios federales y locales, considerando tarifas diferenciadas (uso comercial, industrial, agrícola, público y doméstico).

 

       Actualizar el catastro completo de la red de distribución de agua potable y de alcantarillado sanitario y pluvial.

 

OBJETIVO 2

 

Garantizar que la calidad del agua de las fuentes de suministro y la que se entrega a la población cumpla con la normatividad establecida para consumo humano, disminuyendo el riesgo de afectar la salud pública.

 

META 1

 

Continuar y mejorar el programa permanente de vigilancia de la calidad del agua en el sistema hidráulico.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Ampliar la red de monitoreo de la calidad del agua en todo la Ciudad de México e incrementar la frecuencia en la toma de muestras, para tener un mejor conocimiento de la calidad del agua.

 

       Automatizar el monitoreo de la calidad del agua en las estaciones de distribución en bloque, que permita la lectura en tiempo real de los parámetros y dosificaciones desde un centro de control.

 

       Certificar a los laboratorios de control de la calidad del agua para alcanzar las condiciones óptimas y seguras del proceso de recolección de las muestras y de su control y análisis para la obtención de resultados transparentes, y facilitar el acceso a la población.

 

       Analizar el comportamiento epidemiológico de las enfermedades gastrointestinales y su correlación con los niveles de cloro en la red primaria de suministro de agua.

 

META 2

 

Potabilizar el agua que se distribuye a la población en un 100%, a fin de incrementar la oferta de agua potable.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Construir plantas potabilizadoras en zonas donde la calidad del agua requiera de algún proceso de tratamiento para su uso y consumo humano.

 

       Diseñar e implementar un programa permanente de mantenimiento de las plantas potabilizadoras, el cual considere la instrumentación y consolidación de laboratorios.

 

META 3

 

Realizar acciones de fomento sanitario en el 100% de las colonias que se encuentran en riesgo por cloro residual fuera de norma.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Capacitar a la población sobre el correcto lavado de los depósitos de agua.

 

       Orientar a la población para la correcta conservación y potabilización de agua para uso y consumo humano.

 

       Implementar un programa de análisis de agua de uso y consumo humano, para identificar y disminuir los riesgos a la salud.

 

OBJETIVO 3

 

Aumentar la cultura de uso eficiente y manejo sanitario del agua en la población.

 

META 1

 

Evaluar y mejorar el Programa de Uso Eficiente del Agua.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Diseñar y promover un sistema de pago por servicios ambientales voluntario, para el mantenimiento de los servicios hídricos a la ciudad.

 

       Fomentar el cuidado y uso eficiente del agua entre la población.

 

       Reducir la incidencia de fugas intradomiciliarias, a fin de disminuir el porcentaje de pérdidas.

 

       Continuar con las campañas de sustitución de muebles de baño por aquellos de bajo consumo y de instalación de dispositivos ahorradores.

 

META 2

 

Realizar campañas de información y apoyo a la población para conocer y prevenir riesgos sanitarios por consumir agua no potable.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Proporcionar medios e insumos idóneos para la potabilización del agua de uso y consumo humano.

 

       Realizar acciones de orientación y difusión sobre las características que debe tener el agua potable, a fin de evitar enfermedades gastrointestinales.

 

       Identificar riesgos por mala calidad del agua que pongan en peligro la salud de la población y definir estrategias para su reducción.

 

 

META 3

 

Desarrollar tecnologías y alternativas para la cosecha y el aprovechamiento del agua pluvial, así como la gestión del agua, mediante el diseño e implementación de una estrategia para incrementar el abastecimiento en el mediano y largo plazos.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Diseñar en coordinación con el sector académico y social una estrategia de mediano plazo sobre fuentes y gestión alternativas del agua.

 

       Promover la investigación y el intercambio científico y tecnológico para la adopción y/o desarrollo de formas alternativas de acceso y gestión del agua.

 

       Crear un programa de restauración y conservación de manantiales del suelo de conservación.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 4. Comunidades Rurales y Sector Agropecuario

 

La baja rentabilidad y sustentabilidad de los sectores agropecuarios, acuícola, agroforestal y de servicios ecoturísticos deteriora la forma de vida de las mujeres y los hombres pertenecientes a los pueblos originarios, así como de la población rural de la Ciudad de México, y les resta capacidad para coadyuvar en la conservación de los servicios ambientales para la ciudad.

 

DIAGNÓSTICO

 

La protección y conservación del patrimonio natural de la Ciudad de México es fundamental para la supervivencia de la población, pues esta depende de los servicios ambientales que ahí se originan. Como ya se señaló, el suelo de conservación corresponde a un área de 87,291 ha, que representa 59% de la superficie total de la entidad, en la que se encuentran asentados 64 poblados originarios pertenecientes a las siete delegaciones que cuentan con suelo rural o suelo de conservación. En este espacio se desarrollan diversas actividades económicas, como la pecuaria, agrícola, piscícola, forestal y la práctica del ecoturismo y el turismo rural y de aventura. Estas actividades son realizadas por productores agropecuarios, en su mayoría a pequeña escala.

 

Los pueblos originarios que se asientan en el suelo de conservación poseen gran riqueza natural y cultural, lo que genera un amplio potencial para el desarrollo del turismo alternativo, así como la producción de nopal, hortalizas, avena, forrajes, romerito, maíz, flor de ornato y amaranto. Sin embargo, la rentabilidad de estas actividades empresariales ha sido nula o baja, debido a la dificultad de los productores para obtener créditos, la falta de infraestructura moderna y adecuada para eventualidades climatológicas, la desvinculación con los mercados y la escasa asistencia técnica. La mayoría de las prácticas productivas que se realizan en esta zona causan contaminación y degradación del suelo, por su compactación y el uso de agroquímicos, con lo que se pierde productividad y rentabilidad y se genera una tendencia al abandono de estas actividades y a la pérdida de identidad de los pueblos rurales del Distrito Federal. Esta situación también propicia en parte el crecimiento de los asentamientos humanos irregulares o el establecimiento de nuevos.

 

Por otro lado, el suelo de conservación que funciona como la reserva territorial de la Ciudad ha estado permanentemente amenazado por la expansión urbana. La presencia de asentamientos humanos irregulares y el desarrollo inmobiliario han contribuido a la expansión de la urbanización hacia las zonas rurales, lo que se traduce en el continuo cambio de uso del suelo y un deterioro de los principales recursos naturales.

 

Aunado a lo anterior, la disputa por posesión de tierras ocasiona que existan tierras productivas ociosas y dificultades para la conservación y restauración de ecosistemas. Se estima que actualmente 27 mil ha se encuentran en litigio entre las comunidades, lo que deriva en conflictos sociales y políticos. Muchos de estos conflictos se dan por la indefinición jurídica de la propiedad, lo que solo favorece el desarrollo de mercados informales de tierras que castigan los precios de los ejidatarios y comuneros y propician una urbanización basada en la venta ilegal de tierras comunales y ejidales. La invasión de terrenos y la falta de definición de límites territoriales son fuente importante de inestabilidad social.

 

Actualmente, el turismo alternativo no representa una aportación importante a la economía local, pese a existir un amplio potencial para el desarrollo de ecoturismo y turismo cultural y de aventura, al que se asigna un escaso presupuesto. Con excepción de Xochimilco, la zona rural no se incluye dentro de los atractivos turísticos que generalmente se promocionan, a lo que se aúna que las 90 microempresas asociadas a las rutas turísticas están descapitalizadas y presentan limitaciones de capacitación, así como técnicas y procesos deficientes de comercialización y de desarrollo de productos.

 

Las siete delegaciones con actividades rurales cuentan en su conjunto con 188 organizaciones económicas de productores. Se estima que el 98% de los productores no se beneficia con créditos ni seguro, el 71% no utiliza tractores, el 88.5% trabaja en forma individual en superficies de temporal, mientras que solo el 31.6% de los ejidos y comunidades cuentan con asistencia técnica y solo el 7.9% usan semillas mejoradas. Asimismo, no existen los instrumentos y programas de fomento institucional que permitan la profesionalización y mejoramiento continuo de las empresas rurales o la promoción y fomento del turismo alternativo; salvo algunos subsidios entregados anualmente, no existen esquemas de acceso a créditos en condiciones preferenciales.

 

OBJETIVO 1

 

Proteger y conservar los ecosistemas, así como mejorar y fortalecer los sistemas productivos tradicionales y agroecológicos para la preservación de los recursos naturales y genéticos del suelo de conservación, mediante sistemas que mejoren el ingreso y la calidad de vida de las familias rurales.

 

META 1

 

Restaurar y mejorar los ecosistemas e impulsar su forestación.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Restaurar los sitios degradados en las laderas y cauces del suelo de conservación, para favorecer la recarga del acuífero y evitar el deterioro ambiental.

 

       Evaluar los costos económicos y ecológicos de las masas forestales para fomentar el pago por la conservación de los servicios ambientales.

 

       Articular las obras de construcción de barreras vivas, terrazas y estructuras de control de azolves, para la retención de suelo y agua.

 

       Integrar nuevas Reservas Ecológicas Comunitarias (REC) o Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica (ACCE).

 

       Apoyar la ejecución de proyectos forestales participativos, que promuevan la aportación de las personas al desarrollo de su comunidad, especialmente de las mujeres, con criterios de igualdad de género.

 

META 2

 

Manejar de manera sustentable los recursos naturales.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Consolidar el sistema de monitoreo para detectar presencia de transgénicos y promover la conservación del germoplasma de maíz nativo.

 

       Monitorear permanentemente el estado de la flora y fauna silvestre y de las especies en estatus especial de protección.

 

       Impulsar la producción sustentable de alimentos libres de agroquímicos, mediante el uso de técnicas agroecológicas, a través de programas de capacitación, asistencia técnica y financiamiento a los productores rurales.

 

       Crear el Centro de Documentación sobre el Suelo de Conservación de la Ciudad de México, que cubra, entre otros, temas relacionados con la producción rural sustentable.

 

OBJETIVO 2

 

Establecer un proceso de generación y distribución de riqueza en la zona rural de la Ciudad de México, que promueva la competitividad y mejora continua de los procesos productivos en el marco de la sustentabilidad y genere empleos vinculados con actividades agroforestales, agropecuarias, piscícolas y turísticas, integrando las cadenas productivas.

 

META 1

 

Generar empleos permanentes y sostenibles en el sector rural, mediante el desarrollo de capacidades de las y los productores rurales en el turismo alternativo.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Impulsar el turismo alternativo, a partir de rutas agroalimentarias y patrimoniales.

 

       Promover un fondo especializado para el desarrollo del ecoturismo en las zonas rurales.

 

       Desarrollar, certificar, apoyar, aprovechar y promover la oferta turística de los pueblos y las comunidades de la zona rural.

 

       Impulsar una campaña permanente en medios sobre la zona rural y desarrollar una promoción específica de eventos turísticos relevantes.

 

       Fortalecer las capacidades emprendedoras de las comunidades rurales con potencial de aprovechamiento de su patrimonio cultural o natural con fines de bienestar y sustentabilidad.

 

       Destinar recursos para el apoyo de mujeres con empresas de ecoturismo en zonas rurales.

 

META 2

 

Incorporar progresivamente tecnologías limpias en las actividades económicas y productivas del sector rural.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Promover un distintivo de calidad para los servicios turísticos del sector rural (ecoturismo, turismo de aventura, patrimonial, etc.).

 

       Garantizar el uso de ecotécnicas, que propicien la independencia energética y de agua así como el adecuado tratamiento de residuos en los proyectos de turismo de la zona rural.

 

META 3

 

Incorporar 5 mil ha del suelo de conservación a la producción forestal comercial.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Evaluar la estructura organizativa y de operación e impulsar mejoras al Programa de Reconversión Productiva para el Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales.

 

       Caracterizar e identificar zonas susceptibles para llevar a cabo la reconversión productiva hacia plantaciones forestales comerciales.

 

       Elaborar el plan de negocios para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales e identificar fuentes de financiamiento.

 

       Elaborar convenios con núcleos agrarios o pequeños propietarios para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales.

 

OBJETIVO 3

 

Promover la capitalización impulsando la competitividad y el mejoramiento continuo de las unidades de producción forestal, agrícola, pecuaria y piscícola, así como las artesanales, de transformación y comercialización.

 

META 1

 

Integrar los sectores agropecuario, forestal, piscícola, artesanal, de transformación y comercial que permitan un crecimiento económico sustentable.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Instalar el Gabinete de Desarrollo Rural, como un organismo de coordinación interinstitucional que impulse una estrategia integral de desarrollo económico y social del sector rural, con visión de largo plazo, con perspectiva regional y en el marco de la sustentabilidad ambiental.

 

       Instalar el Consejo Rural de la Ciudad de México, como un órgano consultivo con funciones de asesoría, evaluación y seguimiento en materia de política de desarrollo agropecuario y rural, que podrá contemplar la participación de las delegaciones y de los sectores académicos, sociales e institucionales.

 

       Definir zonas de atención prioritaria para la concurrencia de apoyos y programas de infraestructura, de conservación y de desarrollo productivo.

 

       Acordar con las cadenas de supermercados la compra de productos locales a precio justo y con pago a tiempo.

 

       Constituir figuras asociativas tales como sociedades de producción rural y asociaciones civiles, para la integración de las cadenas de valor y el desarrollo de cooperativas sustentables.

 

       Desarrollar e impartir capacitación especializada a los productores rurales y urbanos para la integración productiva.

 

       Brindar oportunidades y prácticas concretas de igualdad y equidad laboral, que mejoren las condiciones de las mujeres y revaloricen su trabajo individual, familiar y social, con el fin de incrementar su contribución al desarrollo.

 

META 2

 

Producir alimentos libres de agroquímicos.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Establecer un programa que garantice la producción de alimentos libres de agroquímicos, que favorezca la seguridad y autosuficiencia alimentaria, así como la conservación y uso sustentable del suelo y agua.

 

       Fomentar la producción de alimentos de buena calidad y de alto valor nutritivo, mediante técnicas ecológicas, respetuosas del ambiente, libres de contaminantes, con bajo consumo de agua y aprovechando los recursos locales disponibles, a través de programas de reconversión productiva.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 5. Inversión, Empleo y Áreas de Desarrollo

 

La distribución territorial concentrada del crecimiento, la infraestructura y los servicios de la Ciudad de México ha inhibido en algunas zonas la inversión y el empleo, y ha limitado el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, mermando la calidad de vida de la población, especialmente de los sectores en condiciones de exclusión y vulnerabilidad que radican en las zonas periféricas de la Ciudad.

 

DIAGNÓSTICO

 

La actual distribución territorial de la Ciudad es el resultado de un proceso expansivo de crecimiento urbano y localización del equipamiento y servicios. Dicho crecimiento y localización se concentraron en la llamada ciudad central y consecuentemente han sido notablemente menores en la periferia. Sin embargo, en las últimas décadas se ha dado un desplazamiento de la población hacia los márgenes de la Ciudad y en los municipios conurbados de la ZMVM. Las actuales pautas demográficas agravan esta situación, pues la alta población joven de entre 14 y 29 años incrementa la demanda habitacional y genera importantes retos en materia de uso de suelo, vivienda, dotación de bienes y servicios, empleo y movilidad.

 

En consecuencia, en la llamada ciudad central se han desarrollado zonas especializadas en actividades económicas, que concentran la infraestructura, el equipamiento, la dotación de servicios y las fuentes de empleo; mientras que el contorno intermedio de la ciudad cuenta apenas con lo necesario para atender sus necesidades y la zona periférica observa una franca subdotación de estos recursos. Esta distribución territorial ha profundizado la desigualdad social y afectado la calidad de vida de muchos habitantes de la Ciudad. Las mayores carencias se ubican en el límite del área urbana con el suelo de conservación. Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco son las delegaciones donde se concentra la mayor cantidad de población en condiciones de pobreza.

 

Un ejemplo de esta problemática es el acceso al disfrute de las áreas verdes. Las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco cuentan con áreas verdes de 9 a 16 m2 por habitante, apenas el mínimo recomendado por los organismos internacionales (15m2); el resto de las delegaciones tienen menos de 9m2 por habitante.

 

Debido a lo anterior, es importante la implementación de estrategias que promuevan un desarrollo económico equitativo y generador y distribuidor de riqueza, que se corresponda con un desarrollo urbano equilibrado y ambientalmente sustentable y redunde en una mejor calidad de vida y una mayor competitividad de la Ciudad. Se deberá evolucionar de un modelo de ciudad recaudadora a un modelo generador de riqueza. Esta gestión deberá reconocer el derecho de las mujeres a participar en las políticas de desarrollo y del medio ambiente, ya que las mujeres y los hombres se relacionan de manera diferente con su entorno y tienen necesidades, conocimientos, responsabilidades y control diferente sobre los recursos naturales.

 

OBJETIVO 1

 

Diseñar e implementar un modelo generador y distribuidor de riqueza basado en asociaciones estratégicas entre los sectores gubernamental, académico, empresarial y social.

 

META 1

 

Orientar la inversión pública e incentivar la inversión privada, mediante proyectos de coinversión, hacia zonas cuya infraestructura urbana y estructura de oportunidades resulten insuficientes para satisfacer las necesidades de la población.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Diseñar un plan de inversión pública con visión de largo plazo.

 

       Rediseñar el esquema jurídico y financiero para desarrollar proyectos de coinversión que incentiven la inversión privada de forma ordenada y transparente.

 

       Realizar los estudios necesarios para identificar las zonas estratégicas.

 

       Incorporar bienes públicos y privados para el desarrollo económico y social, mediante alianzas estratégicas con la ciudadanía, la academia, los empresarios y el gobierno.

 

       Establecer vínculos estratégicos entre inversionistas, desarrolladores inmobiliarios, empresarios e instituciones educativas, de acuerdo con las políticas urbanas.

 

META 2

 

Realizar proyectos de coinversión que promuevan el desarrollo, generen flujos de recursos y ofrezcan liquidez para aplicación en el corto plazo.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Promover proyectos estratégicos de infraestructura en bienes y servicios con un impacto para el desarrollo urbano, social, económico y ambiental, con el fin de generar vocaciones productivas específicas.

 

       Promover proyectos de infraestructura, bienes y servicios que ofrezcan soluciones a los inconvenientes de movilidad de la Ciudad a través de soluciones tecnológicas.

 

       Promover proyectos de infraestructura, bienes y/o servicios con tecnología de vanguardia que aseguren el aprovechamiento de los recursos, minimicen los efectos contaminantes y propicien la preservación de los recursos naturales.

 

       Promover proyectos con origen en la creatividad individual, la destreza y el talento, que contribuyan a dignificar oficios populares, a fortalecer la economía creativa y a fomentar la empresa cultural en campos estratégicos.

 

       Promover proyectos de bienes y servicios enfocados a crear infraestructura y espacios turísticos que logren elevar el valor del patrimonio público e incentiven la inversión.

 

OBJETIVO 2

 

Activar, de manera participativa y bajo la rectoría de los poderes públicos, el desarrollo económico en múltiples espacios de la Ciudad a partir de proyectos de inversión pública y de coinversión, basándose en la política de recuperación de espacios públicos e infraestructura económica y social.

 

META 1

 

Gestionar proyectos piloto para ser replicados en zonas identificadas como prioritarias para la recuperación del tejido social.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Convocar a académicos y organizaciones sociales para diseñar proyectos de reactivación económica y social.

 

       Identificar espacios públicos que reúnan diferentes características económicas y sociales.

 

       Implementar los proyectos piloto con la participación de las autoridades, organizaciones sociales e instituciones académicas.

 

       Evaluar los proyectos piloto realizados.

 

       Diseñar un modelo de reactivación económica de espacios públicos que pueda ser implementado en los espacios prioritarios de recuperación del tejido social de las diferentes delegaciones del Distrito Federal.

 

       Desarrollar, con perspectiva de género, protocolos y normatividad para el desarrollo de barrios integrales, que concentren los servicios necesarios para el desarrollo de la vida cotidiana de las y los habitantes de los mismos, y donde la dimensión cultural o patrimonial puedan contribuir al bienestar.

 

META 2

 

Lograr la organización de comerciantes, productores, prestadores de servicios, organizaciones sociales y otros actores interesados en reactivar los espacios públicos de su comunidad.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Convocar a los diferentes actores económicos, sociales y culturales para participar en la reactivación económica y social de los espacios públicos.

 

       Elaborar un plan de acción por delegación que integre las diferentes propuestas de los actores económicos y sociales, tomando en cuenta su dimensión cultural y dando prioridad a los centros históricos y sitos con valor cultural.

 

META 3

 

Reactivar la economía y la convivencia social de los espacios públicos prioritarios, para recuperar el tejido social y la calidad de vida en cada una de las delegaciones de la Ciudad de México.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Integrar, por delegación y colonia, un padrón de espacios públicos prioritarios para recuperación, que señale sus características sociales, económicas y culturales, así como sus posibilidades de desarrollo y recuperación.

 

       Impulsar, en forma participativa, nuevas dinámicas económicas y sociales en espacios públicos como plazas, jardines, parques y áreas deportivas.

 

       Revitalizar la economía de las colonias, barrios o pueblos de la Ciudad.

 

       Fomentar proyectos culturales comunitarios que tengan una orientación hacia el bienestar y el desarrollo de proyectos productivos.

 

       Promover la competitividad de las pequeñas economías y las redes barriales.

 

       Activar los mercados públicos mediante el impulso de las economías e identidades locales y darles el valor de centros de barrio.

 

       Diseñar modelos de gestión económica y tributaria de los espacios culturales autónomos promoviéndolos con dimensión social y de forma que contribuyan a generar empleos creativos.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 6. Desarrollo Empresarial y Competitividad

 

Persisten la rentabilidad limitada, el crédito inaccesible y mecanismos financieros insuficientes para promover nuevas inversiones y apoyar el crecimiento y el desempeño de las MIPyMES en las industrias ligeras y en las de servicios de alto valor agregado, lo cual ha restado posibilidades al desarrollo, a la mejora ambiental y a la generación de empleos de calidad para mujeres y hombres.

 

DIAGNÓSTICO

 

A nivel nacional, la participación del Distrito Federal en el PIB es actualmente de alrededor de 17%. Asimismo, es la entidad federativa con la mayor aportación de actividades terciarias en el país, generadoras del 85% del PIB local y 25.6% del nacional. La sexta parte del PIB turístico nacional se produce en el Distrito Federal. El sector de los servicios concentra cerca del 36% de las MIPyMES del país. Por otra parte, se observa una tendencia creciente en la presencia de las industrias ligeras, las relacionadas con el turismo, con la industria de hospedaje, alimentaria y de bebidas, así como de las industrias tabacalera, maderera, química, textil y extractiva de energía, agua y residuos, que no requieren grandes espacios para infraestructura y cuentan con el potencial de generar un crecimiento sostenible y socialmente deseable. Un ejemplo de este potencial es el de los restaurantes: en 2009 en la Ciudad de México el 99% de los restaurantes y el 87.8% de los establecimientos de hospedaje eran micro y pequeña empresa. El 11.6% del total de los restaurantes del país se ubicaron en esta ciudad; en promedio emplearon a 5.2 personas por establecimiento (frente al promedio de 3.8 nacional) y pagaron el 21% de las remuneraciones nacionales y el 26% de las prestaciones sociales, lo que sugiere que existe potencial en este sector para la creación de empleos de calidad.

 

A pesar de la importancia de las MIPyMES, a nivel nacional solo se destina el 4.3% del PIB para su financiamiento, menos de la mitad del porcentaje que asignan varios de los países emergentes e industrializados con los que México compite o es socio. Por ejemplo, en Brasil la participación crediticia para el financiamiento de las MIPyMES es de 9.6%, en España de 19.6% y en Estados Unidos de 29.4% del PIB. Las dificultades que enfrentan las MIPyMES para acceder al crédito y la insuficiencia de mecanismos de financiamiento limitan las posibilidades de apertura de nuevas empresas, así como el crecimiento y la innovación en las ya existentes; esto redunda en dificultades para la generación de empleos de calidad y en el incremento de subempleo. Por otra parte, la crisis de 1994-1995 y la internacionalización de la banca a principios del año 2000 propiciaron una mayor concentración del crédito en las grandes corporaciones, lo que impidió el desarrollo de las MIPyMES. Esto se manifestó de diversas maneras: altas tasas de interés, exigencias para constituir garantías, falta de acceso a los mercados de capital, falta de financiamiento de largo plazo, alta tasa de cierre de MIPyMES, renuencia de las instituciones financieras para financiar proyectos de bajo monto y abrumadoras exigencias de trámites. La falta de capacidad financiera de las MIPyMES también impacta negativamente en el desempeño ambiental y organizacional de las empresas, pues no tienen capital suficiente para acceder a tecnologías limpias y a asesorías en aspectos técnicos, administrativos u organizacionales.

 

El Gobierno del Distrito Federal, mediante la operación del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), apoya a las MIPyMES a través del acceso a recursos de crédito y financiamiento de proyectos productivos. De 2007 al 2012 se otorgaron 73 mil créditos, se impartieron 600 cursos y se fortaleció a los sectores industrial, comercial y de servicios, mediante los programas de Capital Semilla, Proyectos Productivos, Aceleración de Negocios y Desarrollo de Proveedores. Como puede apreciarse, el Gobierno ha provisto esquemas de financiamiento para segmentos que no tienen acceso al crédito con las instituciones comerciales; sin embargo, los problemas para la recuperación de cartera limitan la viabilidad de esta institución. A su vez, en materia ambiental se han implementado programas de autorregulación para mejorar el desempeño de las empresas y el acceso a incentivos fiscales, con lo que se pretende que reduzcan sus costos y mejoren sus prácticas productivas.

 

Es de notar que en los últimos años el empleo informal en la Ciudad de México se ha incrementado. En el año 2000, la informalidad se estimaba en 26%, mientras que en 2012 la tasa de empleo informal ascendió a 29.1%. Asimismo, la falta de capital de las MIPyMES contribuye a que el 33.5% de las y los trabajadores remunerados no tengan acceso a las prestaciones de ley.

 

En México, de cada 10 empresas que se crean y se mantienen en el mercado solo dos están lideradas por mujeres. El Reporte sobre Brecha de Género emitido por el Foro Económico Mundial señala que México ocupa el lugar 109 entre 134 países en lo que se refiere al acceso a oportunidades económicas para las mujeres. Lo anterior indica que no se ha dado el apoyo suficiente para la participación de estas en la economía y los negocios, dado que no se ha modificado la división sexual del trabajo. Apoyar la gestión de empresas de mujeres adquiere importancia para el desarrollo económico y demanda el diseño de políticas específicas.

 

Por otra parte, si bien en el país el turismo generó en 2010 sólo el 7% de los empleos directos, es el principal sector empleador de jóvenes entre 16 y 24 años y el segundo empleador en mujeres. En la Ciudad de México se encontró el 34% de los empleos totales generados por el sector. Representa el 9% de los puestos de trabajo en la entidad, por lo que se puede afirmar que, a pesar de la crisis de 2009, el turismo sigue siendo un generador importante de empleo. En este sentido, el Gobierno del Distrito Federal ha atendido al sector con acciones en cuatro ámbitos fundamentales: servicios al turista y desarrollo de calidad de los prestadores de servicios turísticos a través de la certificación; desarrollo de zonas y corredores turísticos; generación de información para el apoyo de toma de decisiones en el sector; y la promoción, nacional e internacional, de la Ciudad de México como destino turístico.

 

OBJETIVO 1

 

Generar nuevas inversiones en el corto plazo mediante un modelo de vinculación entre los sectores públicos y privados que permita detectar áreas de oportunidad.

 

META 1

 

Detectar nuevas oportunidades de inversión.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Establecer contacto cotidiano con los sectores de atención públicos y privados, mediante sus interlocutores, como parte de la operación del área de relaciones institucionales.

 

       Determinar el modelo que permita detectar un área de oportunidad para atraer, estudiar y consolidar una inversión, mediante la determinación de un método de comunicación y detección expeditas.

 

       Establecer reglas para la determinación del modelo de inversión, ya sea pública y/o privada.

 

       Generar, con base en la experiencia, modelos exitosos de inversión, para determinar propuestas programáticas que sirvan de base para la elaboración de políticas públicas en materia económica.

 

META 2

 

Captar y gestionar fondos extranjeros para el desarrollo de proyectos internacionales en la Ciudad de México.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Identificar oportunidades de subvenciones de fondos para proyectos de cooperación y desarrollo.

 

       Crear una unidad de asesoramiento para emprendedores e inversionistas extranjeros.

 

OBJETIVO 2

 

Incrementar la productividad de las MIPyMES establecidas en la Ciudad de México, a través de programas y modelos encaminados a mejorar las capacidades gerenciales, brindar asistencia técnica, detectar y promover las mejores prácticas e incentivar la innovación tecnológica.

 

META 1

 

Apoyar por lo menos a un 5% anual de las MIPyMES en el Distrito Federal (90,000 unidades al final del gobierno), en procesos de transferencia de tecnología y a través de cursos de capacitación, formación empresarial y difusión de mejores prácticas, para mejorar su productividad e incrementar su diferenciación en el mercado nacional e internacional.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Elaborar un estudio-diagnóstico de las necesidades tecnológicas de las MIPyMES por sector o actividad.

 

       Generar programas de desarrollo, intercambio o transferencia de tecnología producida por expertos nacionales o internacionales y fomentar la atracción de nuevas tecnologías para la actividad económica.

 

       Realizar un evento anual de innovación tecnológica para las MIPyMES.

 

       Diseñar y mantener un programa de capacitación y formación de los y las empresarias, que incluya un plan de formación anual disponible en medios electrónicos y presenciales.

 

       Fomentar las incubadoras de MIPyMES culturales y creativas.

 

       Detectar y difundir a través de un evento anual las mejores prácticas implementadas por empresarios de la Ciudad de México.

 

OBJETIVO 3

 

Promover la creación y financiamiento de MIPyMES en las industrias ligeras, como es el caso del turismo y de servicios de alto valor agregado.

 

META 1

 

Lograr un incremento anual de al menos un 10% en nuevos proyectos y financiamientos para las MIPyMES, a través de apoyos del Gobierno del Distrito Federal y del Gobierno Federal.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Consolidar acuerdos, fondos y recursos de apoyo para la creación de MIPyMES en las industrias ligeras, en el turismo y en las de servicios de alto valor agregado.

 

       Diseñar y ejecutar un programa de asesoría a los y las emprendedoras para la apertura de empresas.

 

       Apoyar a mujeres innovadoras, emprendedoras y empresarias, para acceder al crédito y fortalecer sus capacidades productivas y competitivas.

 

       Apoyar a las empresas culturales que promuevan la imagen de la Ciudad de México como una ciudad creativa e innovadora y que vinculen arte, tecnología y creatividad.

 

       Fomentar la creación de MIPyMES turísticas.

 

META 2

 

Promover el posicionamiento internacional de la Ciudad de México como destino turístico.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Desarrollar y promover la Marca de Ciudad como estrategia de posicionamiento y de diferenciación.

 

       Promover la identidad cultural de la Ciudad de México como herramienta de promoción en su proyección internacional

 

       Fomentar el posicionamiento de la Ciudad de México como destino de turismo de congresos, convenciones y ferias a nivel internacional.

 

       Gestionar la atención y acogida al turista promoviendo la adaptación de servicios y sensibilización ante el turismo internacional.

 

       Promover a la Ciudad de México como destino de turismo cultural, deportivo, educativo y médico.

 

       Desarrollar una estrategia de comercialización turística de la Ciudad de México, de acuerdo a los segmentos de mercado que se determinen de mayor interés.

 

OBJETIVO 4

 

Incrementar la competitividad de la MIPyMES para generar economías de escala y sinergias entre proveedores locales y grandes empresas, que dinamicen la economía y generen empleo de calidad.

 

META 1

 

Articular cadenas productivas, comerciales o de servicios a través de la conglomeración económica, que permita que las MIPyMES alcancen economías de escala.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Crear y consolidar el Programa de Inversión, Inducción y Fomento Económico.

 

       Utilizar los órganos colegiados en los que participa la iniciativa privada y el Gobierno del Distrito Federal a fin de detectar y plantear las necesidades de las grandes empresas que deseen adherirse a un programa de desarrollo de proveedores locales.

 

       Desarrollar convenios, acuerdos y convocatorias de común acuerdo con las empresas que se adhieran al Programa para dar certidumbre jurídica y establecer las reglas de su operación.

 

       Publicar convocatorias en las que se invite a las MIPyMES proveedoras de bienes y servicios que puedan ser susceptibles de integrarse en un mismo proyecto y coordinar la consolidación de contratos de proveeduría de largo plazo.

 

       Apoyar los procesos de internacionalización de las empresas capitalinas en el exterior, bajo una perspectiva más amplia y globalizante.

 

META 2

 

Fomentar la consolidación de por lo menos 10 cadenas productivas o de servicios al año, que se traduzcan en beneficios para el 80% del sector empresarial de la Ciudad de México a través de desarrollo por contrato o relaciones de proveeduría de largo plazo.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Detectar y determinar, a través de un análisis de mercado, las principales cadenas productivas de la Ciudad de México.

 

       Desarrollar los instrumentos jurídicos necesarios para la consolidación empresarial de las MIPyMES.

 

       Organizar y capacitar a las MIPyMES que puedan ser seleccionadas como proveedoras de las grandes empresas para mejorar sus procesos y la calidad de sus productos.

 

       Fortalecer los programas de certificación y apoyo a las capacidades que mejoran la competitividad de las empresas.

 

OBJETIVO 5

 

Implementar programas diferenciados, esquemas o modelos de inducción al financiamiento, con la participación activa de la banca privada, la banca de desarrollo y de intermediarios financieros especializados en el sector MIPyME, que proporcionen el capital de trabajo necesario para que lleguen a la etapa de equilibrio y rentabilidad.

 

META 1

 

Crear un Programa de Financiamiento para la MIPyME que considere la participación de la banca privada, así como de la banca de desarrollo, que incremente el financiamiento a la empresa, por lo menos en un 100% al término del Gobierno.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Diseñar e implementar un programa con el objetivo de establecer las estrategias que incentiven el financiamiento de la banca privada y de desarrollo.

 

       Convenir las bases de colaboración entre el Gobierno del Distrito Federal, la banca privada, la banca de desarrollo y los intermediarios financieros especializados.

 

       Fortalecer la capacidad de autonomía económica de las mujeres, así como su trabajo en redes, uso de nuevas tecnologías y mayor acceso al crédito y financiamiento para la creación de las MIPyMES.

 

       Diseñar indicadores que midan los coeficientes de depósitos y de préstamos, tanto de las personas como de las empresas de la Ciudad de México en la banca comercial.

 

META 2

 

Fomentar la participación del Fondo de Desarrollo Social de la Ciudad de México y del Fondo de Desarrollo Económico y Social como instrumentos de financiamiento en primer y segundo piso que inviertan en la Pequeña y Mediana Empresa con una tasa de recuperación de por lo menos 80% anual.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Fortalecer y renovar el Fondo de Desarrollo Social para que proporcione financiamiento oportuno y suficiente a la pequeña empresa en un esquema de primer piso y detone el financiamiento mediante agentes especializados en un esquema de segundo piso.

 

       Fortalecer y vincular al Fondo de Desarrollo Económico y Social con la estrategia de financiamiento del Gobierno del Distrito Federal.

 

       Promover el Programa de Inducción entre las MIPyMES del Distrito Federal y vincular el financiamiento con todos los apoyos directos otorgados al sector empresarial.

        

       Promover un esquema de microcréditos y créditos para la MIPyME cultural.

 

OBJETIVO 6

 

Fomentar una cultura de aseguramiento empresarial que parta de un sistema de garantías administrado por el Gobierno del Distrito Federal y que contribuya a disminuir la percepción de riesgo de la banca comercial y la de desarrollo, para promover la inversión en las MIPyMES.

 

META 1

 

Crear un Fondo de Garantías Diferenciadas del Distrito Federal, que ayude a mitigar el riesgo financiero de la micro y pequeña empresa en zonas y/o sectores estratégicos.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Diseñar un Fondo de Garantías Diferenciadas por región, actividad o sector que otorgue garantías financieras a las MIPyMES.

 

       Coordinar e incorporar recursos provenientes del Gobierno Federal y otras entidades federativas o instituciones nacionales o internacionales, a fin de atender las necesidades de financiamiento de la MIPyME.

 

META 2

 

Transformar la cultura de riesgos del sector empresarial, principalmente de la MIPyME, a través de estrategias de comunicación, capacitación y formación, y de un esquema de aseguramiento de la inversión.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Crear un Programa de Inversión, Inducción y Fomento Económico que tenga como objetivo generar una cultura de aseguramiento y administración de riesgos de la MIPyME.

 

       Suscribir convenios o acuerdos con las aseguradoras y servicios especializados a fin de diseñar un producto especializado en cobertura de riesgos contingentes de la MIPyME.

 

OBJETIVO 7

 

Fortalecer los mecanismos de estímulos fiscales asociados a mejoras ambientales en las MIPyMES.

 

META 1

 

Fomentar la participación de las MIPyMES en los programas de autorregulación ambiental con el fin de facilitar la obtención de incentivos fiscales.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Promover reformas al Código Fiscal del Distrito Federal, a efecto de que las empresas que coadyuven a mejorar el medio ambiente obtengan estímulos fiscales.

 

       Promover, a través de la interacción con las cámaras de representación industrial y comercial, la inclusión de MIPyMES en programas de autorregulación ambiental.

 

       Establecer criterios específicos para evaluar de manera diferenciada a las empresas por su tamaño e importancia, de acuerdo al giro o actividad empresarial y al riesgo y contaminación ambiental asociados, a efecto acceder a estímulos fiscales.

 

OBJETIVO 8

 

Mejorar el ambiente regulatorio mediante el diagnóstico preciso de las leyes, reglamentos y demás disposiciones que deben ser observados por los diversos negocios de la capital.

 

META 1

 

Realizar una evaluación comprehensiva del ambiente regulatorio económico de la capital mediante evaluaciones propias y, especialmente, a través de mediciones externas.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Desarrollar diversos estudios (evaluaciones, encuestas, entrevistas con usuarios, funcionarios, etc.) sobre las facilidades o dificultades del desarrollo de los negocios en la Ciudad.

 

       Establecer diversos convenios de colaboración con organismos especializados para la medición externa de la trama regulatoria en la Ciudad de México.

 

META 2

 

Proponer, junto con la Asamblea Legislativa y el Gabinete Económico del Distrito Federal, un paquete de cambios normativos que faciliten el cumplimiento de la ley e incentiven la toma de decisiones empresariales.

 

LÍNEA DE ACCIÓN

 

       Establecer mesas de trabajo con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Gabinete Económico para proponer cambios puntuales y precisos al entramado de la regulación económica.

 

META 3

 

Sentar las bases para que los trámites y demás compromisos normativos de los actores económicos de la capital sean realizados a través de sistemas electrónicos asequibles, sencillos y de rápida resolución.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Desarrollar un mapa de los trámites de los negocios en la Ciudad de México.

 

       Diseñar e implementar un sistema que abarque y permita realizar de manera remota el mayor número de dichos trámites.

 

OBJETIVO 9

 

Diseñar e implementar un sistema de información económica propio de la Ciudad de México, cuyos indicadores definan tendencias y prospectivas y detecten polígonos de inversión, para apoyar la toma de decisiones del gobierno en materia de planes y programas de desarrollo económico, así como del sector privado en materia de inversiones.

 

META 1

 

Creación y consolidación de un sistema de información económica de la Ciudad de México, que permita en el corto, mediano y largo plazos su utilización continua para generar alertas tempranas y detectar oportunidades de inversión en la economía local.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Crear la Comisión Interdependencial de Desarrollo Económico.

 

       Impulsar una estrategia de promoción de largo plazo que difunda las capacidades de inversión la Ciudad de México.

 

       Establecer vínculos con instituciones generadoras de información para facilitar el flujo de datos económicos específicos de la Ciudad de México.

 

       Crear, diseñar y establecer técnicas econométricas y metodologías específicas para la creación del sistema de información económica.

 

       Definir referentes y parámetros que sean validados y consolidados para presentar y difundir información confiable, útil y adecuada a las condiciones económicas.

 

       Diseñar y construir mapas y polígonos de inversión con base en la información proveniente del sistema de información económica.

        

       Presentar y difundir de manera continua documentos informativos que orienten y atiendan las necesidades de inversión en la Ciudad de México.

 

META 2

 

Emitir y difundir con regularidad y puntualidad un Reporte Económico, que señale las condiciones económicas de la Ciudad de México para fines informativos en materia de desarrollo económico.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Seleccionar una serie de indicadores a partir del sistema de información económica, que informe oportunamente sobre los rubros más importantes de la economía local.

 

       Generar un Reporte Económico que señale un panorama del estado de la Ciudad de México a través de indicadores relevantes y representaciones gráficas.

 

       Difundir el Reporte Económico como una herramienta de consulta que proveen las autoridades de la Ciudad de México, a fin de que este sea parte del derecho a la información de los capitalinos.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 7. Innovación, Ciencia, Tecnología y Sector Productivo

 

Persiste la desvinculación de los sectores científico, tecnológico y educativo con el sistema productivo, lo que resta posibilidades de desarrollo e innovación a las empresas, disminuye oportunidades de integración al mercado formal de trabajo y contribuye a incrementar el desempleo y la subocupación.

 

DIAGNÓSTICO

 

La relación de los sectores científico, tecnológico y educativo con el sector productivo y de servicios tiene dos vertientes principales. Por una parte, se genera colaboración para fomentar la innovación, la ciencia y la tecnología y fortalecer el desarrollo tecnológico de las empresas. Por otra parte, se da una relación entre la formación de técnicos y profesionistas por las instituciones educativas y su inserción en el mercado laboral.

 

El principal problema de la ciencia, la tecnología y la innovación en la Ciudad de México está relacionado directamente con la desvinculación que existe entre las instituciones de educación superior (IES), los centros de investigación y el sector público, por un lado, y el aparato productivo instalado en la entidad, por el otro, lo que ha significado que las opciones para la innovación sean muy escasas.

 

La mayoría de las micros, pequeñas y medianas empresas, quienes generan el 80% del empleo en el Distrito Federal, operan con tecnologías atrasadas, lo que merma sus capacidades de crecimiento y generación de empleo, particularmente de empleo productivo de alto valor agregado. La industria manufacturera del Distrito Federal en general registra bajos índices de productividad y de inversión en capital, lo que también contribuye a una baja generación de empleo y a que este sea de baja calidad. La productividad laboral y el capital por trabajador del sector manufacturero se encuentran 14% y 75%, respectivamente, por debajo de la media nacional.

 

En 2011, el gasto nacional en ciencia y tecnología representó el 0.77% del PIB de ese año. El 58.9% de los recursos fueron canalizados hacia actividades de investigación y desarrollo experimental (IDE), 22.7% al financiamiento del posgrado y el resto (18.4%) a los servicios científicos y tecnológicos. El sector productivo aportó el 37.5% de los recursos destinados a IDE.

 

A partir del análisis de la inserción de las y los egresados de las universidades en el mercado de trabajo, la Ciudad de México reproduce la realidad nacional. Mientras entre los años 2000 y 2009 la economía mexicana creció a una tasa promedio anual promedio de 2%, el número de egresados del sistema de educación superior, a nivel nacional, creció para todos los niveles a una tasa promedio anual de 4.1%, aunque para la licenciatura fue sólo de 3.6%. Este desequilibrio provocó, entre otros aspectos, que la tasa de desempleo abierto de los profesionistas pasara de 2.3% en 2000 a 5.1% en 2009. Por otra parte, las remuneraciones reales disminuyeron en ese periodo en 19% para el conjunto de profesionistas. Las y los jóvenes son los más afectados por esta situación. En menores de 25 años, es decir en las y los jóvenes profesionistas que recién egresan de las IES, el desempleo abierto pasó de 7.8% en 2000 a 13.5% en 2009. La situación de la Ciudad de México presenta un panorama muy similar. Mientras no se alcance un ritmo de crecimiento económico adecuado a la dinámica demográfica y al ritmo en el que se forman los nuevos profesionistas, una parte importante de las y los egresados de las universidades se quedará sin obtener una ocupación en la que sea necesaria la formación de nivel superior obtenida; por lo tanto, su rendimiento no estará acorde con esa formación y su remuneración no será muy distinta de la obtenida por quienes tienen niveles de escolaridad inferiores. En el caso de las mujeres, esta situación repercute con mayor intensidad ya que la inequidad también se refleja en el ingreso generalmente más bajo que obtienen por su trabajo.

 

El Gobierno del Distrito Federal está promoviendo una mayor vinculación de los sectores científico, tecnológico y educativo con el sector productivo. La nueva Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, creada en enero de 2013, en sustitución del Instituto de Ciencia y Tecnología, tiene entre sus objetivos el impulso sostenido al desarrollo científico y el fomento a la inversión en innovación en la Ciudad. Sin duda, en la vertiente de la relación de los sectores científico y tecnológico y educativo con el sector productivo y de servicios, todavía falta mucho por hacer.

 

OBJETIVO 1

 

Desarrollar competencias en la población para utilizar la ciencia, la tecnología y la innovación para mejorar en forma sustentable la calidad de vida, incorporando criterios de igualdad de género.

 

META 1

 

Promover que las instituciones de educación superior y los centros de investigación realicen proyectos que contribuyan a resolver los problemas y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Identificar las instituciones de educación superior y los centros de investigación que realizan proyectos de investigación que puedan contribuir a la solución de problemas de la Ciudad de México.

 

       Promover y concertar la aportación de recursos financieros para la realización y aplicación de proyectos de investigación que contribuyan a la solución de problemas de la Ciudad de México.

 

META 2

 

Aumentar en la sociedad el conocimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación como un elemento fundamental de la cultura general.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Generar procesos de concertación entre los actores del mundo del trabajo, las instituciones científicas y académicas y la sociedad civil, en el marco del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.

 

       Impulsar en las escuelas de educación básica y media-superior el interés por la ciencia y la tecnología, enfocándose a la solución de problemas de la Ciudad de México.

 

       Realizar programas delegacionales donde las y los jóvenes desarrollen y muestren tecnologías alternativas asociadas al ahorro de energía, producción de energía solar y eólica, ahorro de agua y procesamiento de basura orgánica.

 

       Apoyar a las mujeres y hombres en el aprendizaje de nuevas habilidades y conocimientos que fortalezcan las competencias laborales necesarias en un mundo global y que coadyuven a la obtención de empleos de calidad.

 

OBJETIVO 2

 

Apoyar a las y los estudiantes del nivel medio-superior y superior para que adquieran las competencias necesarias que les permitan insertarse en el mercado laboral con un empleo acorde a su nivel de preparación.

 

META 1

 

Mejorar la inserción laboral de las y los jóvenes técnicos y profesionistas egresados de las instituciones de educación media y superior de la Ciudad de México, con criterios de igualdad de género.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Fortalecer los mecanismos de difusión de las alternativas de empleo para las y los jóvenes técnicos y profesionistas.

 

       Promover la realización de acciones para apoyar a las y los jóvenes en la transición hacia el primer empleo.

 

       Promover el autoempleo y la creación de nuevas empresas basadas en la aplicación de los resultados de proyectos de ciencia, tecnología e innovación.

 

META 2

 

Ampliar las alternativas de apoyo institucional que estimulen la formación y el desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Fortalecer los programas sociales orientados a mejorar la calidad educativa y el aprovechamiento escolar, así como la permanencia de las y los estudiantes en las escuelas de la Ciudad de México.

 

       Fortalecer la orientación vocacional y propedéutica para que las y los jóvenes tengan mejores herramientas para elegir profesiones acordes a las necesidades del sector productivo y de servicios.

 

       Promover la eliminación de los obstáculos culturales ligados al sesgo de género, que condicionan la elección de las carreras profesionales.

 

       Fortalecer las prácticas profesionales de los estudiantes de escuelas de educación superior que contribuyan a la adquisición de experiencia acorde con las necesidades del mercado laboral.

 

META 3

 

Incluir la perspectiva ambiental y de resiliencia con enfoque de género en la formación profesional para atender con visión integral y prospectiva la problemática de cambio climático que vive la Ciudad de México y el mundo.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Promover entre las instituciones de educación media y superior la inclusión de la temática ambiental, de resiliencia y de cambio climático en los programas de estudio e investigación, con criterios de igualdad de género.

 

       Fomentar esquemas de participación estudiantil y docente en el diseño de programas y proyectos públicos, así como alternativas tecnológicas orientadas a lograr la sustentabilidad de la Ciudad.

 

META 4

 

Asociar la formación académica al ámbito laboral a fin de impulsar la vinculación entre el sector educativo y productivo.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Desarrollar y alinear perfiles de capacidades, competencias y destrezas desarrolladas en el ámbito escolar con las demandas del mercado laboral.

 

       Promover la creación de una base de datos central que acumule alternativas de trabajo propuestas por el sector productivo dirigida a las y los alumnos recién egresados de educación media-superior y superior.

 

OBJETIVO 3

 

Fortalecer las acciones de educación continua, capacitación y certificación de competencias laborales para apoyar a la población en su desarrollo laboral, incorporando el enfoque de género.

 

META 1

 

Ampliar la certificación oficial de modelos educativos flexibles y no escolarizados que contribuyan a la generación de habilidades, destrezas y competencias laborales como un mecanismo de inserción y desarrollo en el mercado de trabajo.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Promover el desarrollo de programas de capacitación y certificación de competencias laborales, preferentemente en los sectores estratégicos para el desarrollo económico.

 

       Promover que las y los estudiantes de las instituciones de educación media-superior y superior obtengan certificados de sus conocimientos y habilidades específicas.

 

       Establecer programas para atender las necesidades educativas relacionadas con el desarrollo económico y social sustentable en la zona rural.

 

       Transversalizar el tema ambiental y de resiliencia en la formación técnica y profesional.

 

OBJETIVO 4

 

Promover y mejorar la competitividad internacional de la Ciudad de México.

 

META 1

 

Aumentar la población escolar en procesos de educación apoyados por programas de becas e intercambios.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Promover la ampliación del número de becas internacionales para los y las jóvenes en niveles técnico, licenciatura y posgrados.

 

       Crear programas de capacitación para las y los servidores públicos.

 

       Impulsar la creación de intercambios de educación.

 

META 2

 

Contribuir a incrementar la reinserción de la población desocupada en el mercado laboral con criterios de igualdad de género.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Fortalecer los programas de educación continua y de capacitación laboral, acordes con las necesidades del sector productivo y de servicios, para apoyar la reinserción laboral de la población desocupada.

 

       Fortalecer los mecanismos de acercamiento entre las y los demandantes de empleo y el sector productivo y de servicios.

 

META 3

 

Contribuir a la formación de emprendedoras y emprendedores dotados de las capacidades requeridas para la creación de unidades económicas.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Generar modelos educativos flexibles, formales y no formales, que contribuyan a la capacitación de la población económicamente activa en temas de emprendedurismo.

 

       Generar mecanismos e instrumentos educativos escolarizados y no escolarizados que contribuyan al desarrollo de incubadoras de negocios, de cooperativas y de alternativas de autoempleo.

 

EJE 4. HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA

 

El territorio de la Ciudad de México es dinámico y cambiante. Actualmente, se encuentra en una fase de transición demográfica, en la que la mayor parte de la población se ubica en edades productivas. En consecuencia, los ciudadanos demandan la generación de vivienda, empleos, equipamientos, infraestructura y servicios, en la búsqueda de una mejor calidad de vida.

 

El presente eje busca hacer frente a los retos relacionados con la planeación del territorio urbano y natural; la creación, recuperación y mantenimiento de espacios públicos; la articulación del transporte público; el uso del transporte automotor y de carga; el mantenimiento de la infraestructura hidráulica; la oferta de vivienda; y la gestión integral de residuos sólidos. En la solución de estos retos pretendemos transformar a la Ciudad de México en una ciudad compacta, policéntrica, dinámica y equitativa, que potencie las vocaciones productivas y fomente la inversión, respetando siempre los derechos humanos y promoviendo la igualdad de género.

 

Buscamos que sea compacta porque queremos hacer más eficientes los recursos económicos, sociales y ambientales; mejorar permanentemente la infraestructura pública para articular el empleo y los hogares a las redes de transporte público; y desarrollar la proximidad territorial, promoviendo con ello estilos de vida más sanos y con una mayor convivencia colectiva. Que sea dinámica significa que genere nuevas actividades compartidas a través de los espacios públicos, nuevos ambientes de encuentro y estrategias que ofrezcan más opciones de vida y potencien las identidades múltiples que conforman nuestra ciudad. A su vez, al ser policéntrica reactiva y recicla zonas potenciales de desarrollo económico y social, en deterioro o subutilizadas, amplía oportunidades de inversión, abre nuevas centralidades como lugares de integración e impulsa la competitividad regional, metropolitana e internacional. Finalmente, también buscamos que sea equitativa, esto es, que abra nuevas oportunidades de habitabilidad y acceso al conjunto de servicios, oportunidades y experiencias que construyen ciudadanía e identidades en el territorio, y entienda el diseño y el desarrollo urbano como una herramienta de inclusión y equidad territorial.

 

Para lograr estos objetivos, se requiere enfrentar un conjunto de retos, que a continuación se mencionan.

 

La planeación del territorio urbano y natural, a partir del estudio de los patrones de ocupación territorial en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), permitirá identificar las situaciones de conflicto y las oportunidades que lleven a un mejor aprovechamiento del suelo, a la vez equitativo y equilibrado. No obstante, esta planeación, junto con la acción de “hacer ciudad”, debe atender el espacio público como elemento esencial, ya que la insuficiencia y deterioro del mismo inciden en la ruptura y debilitamiento de la imagen urbana, la seguridad pública, los circuitos económicos y, sobre todo, el tejido social.

 

Por otro lado, el transporte público es un bien común que facilita el acceso a todas las actividades de la Ciudad. Actualmente, padece de desarticulaciones entre los diferentes modos y sistemas que lo componen, por lo que su expansión y reconfiguración, en un sistema integrado y que involucre ambientes seguros, es una tarea fundamental para reducir impactos negativos en los tiempos y calidad de los traslados. La gestión pública del transporte debe asumir también la problemática del crecimiento del transporte automotor, privado y de carga, que prevalece en toda la ZMVM. Se requieren sistemas efectivos de control en su uso y gestión, así como hacer frente a la dependencia del automóvil y a los impactos negativos que genera en el medio ambiente, la salud, el tránsito y el mantenimiento de las calles.

 

Las deficiencias en la infraestructura hidráulica de la Ciudad provocan insuficiencia en la captación, distribución, desalojo y tratamiento del agua. Por lo tanto, se requiere mejorar las capacidades de las instalaciones para el manejo y la gestión de la misma.

 

También existen deficiencias en el traslado y manejo de los residuos sólidos, lo cual debe solucionarse a través de un modelo integral que, con una mayor educación, permita trasladar, manejar y tratar dichos residuos de manera más eficiente.

 

Por otra parte, satisfacer la demanda de vivienda adecuada y de calidad sigue siendo un reto permanente, a pesar de que el ritmo de crecimiento poblacional ha bajado. La oferta de vivienda y de programas de mejoramiento es limitada y aún no considera los cambios sociales y la transición demográfica.

 

Para terminar, es importante subrayar que el PGDDF 2013-2018 incluye enfoques transversales, que nos indican un rumbo y distinguen la orientación de este gobierno. En este sentido, la habitabilidad, los servicios, los espacios públicos y la infraestructura de la Ciudad de México, particularmente, deben considerar su naturaleza metropolitana y su necesidad de sustentabilidad. Asimismo, los enfoques de derechos humanos, de participación ciudadana, de transparencia y de igualdad de género deberán continuar siendo elementos que distingan a la capital. Todos ellos están siendo incorporados a la nueva planeación territorial urbana y natural de este gobierno, para avanzar hacia una mayor equidad y calidad de la habitabilidad y de los servicios, de los espacios públicos y de la infraestructura.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD1. Patrón de Ocupación Territorial

 

El territorio de la Ciudad de México presenta un patrón de ocupación ineficiente, desarticulado e inequitativo que provoca un consumo de recursos excesivo, una distribución desigual de los equipamientos, infraestructura y servicios urbanos, así como la subutilización y deterioro de estos últimos.

 

DIAGNÓSTICO

 

El actual patrón de ocupación del suelo urbano y natural de la Ciudad de México genera efectos negativos en las dimensiones del desarrollo de la entidad. En consecuencia, la respuesta institucional requiere de una adecuada planeación y gestión del territorio que, en un marco normativo consistente, genere coordinación dentro del marco interinstitucional e intergubernamental, así como entre los actores gubernamentales, privados y sociales. A continuación se describen los principales fenómenos que caracterizan al patrón de ocupación de la Ciudad de México y la ZMVM.

 

El primero de ellos es el desplazamiento de una parte de la población de la capital de la zona centro a la periferia. En este proceso, predomina la población de bajos ingresos, ya que no está en condiciones de pagar el alto costo del suelo, la vivienda y los servicios en las áreas centrales de la Ciudad. De esta manera, la densidad de población en estas últimas áreas se redujo de 206 hab/ha en 1980 a 137 hab/ha en el 2010. Por lo contrario, la expansión hacia la periferia se manifiesta en el territorio de las delegaciones del suroriente, ya que su densidad poblacional se incrementó de 57 hab/ha en 1980 a 123 hab/ha en 2010. El crecimiento urbano ha alcanzado los poblados rurales con suelo de conservación, lo que ha generado asentamientos marginales que alojan alrededor de 250 mil habitantes. Esta situación propicia grandes desplazamientos y flujos de población flotante hacia las áreas centrales, lo cual congestiona la estructura vial primaria y provoca un intenso consumo de la infraestructura y los servicios urbanos de la Ciudad.

 

Como resultado de la expansión de la Ciudad de México por agregación de nuevas áreas, formales o marginales, que no han sido concebidas con la intención de establecer una estructura urbana, se presenta una discontinuidad del tejido urbano, caracterizada por servicios públicos insuficientes e ineficientes y por limitados espacios públicos para la convivencia de las familias y en general los miembros de la comunidad, lo que propicia una pérdida de cohesión social. En este proceso se origina una sobreespecialización en el uso de suelo, que también es fomentado por la aplicación normativa de un modelo territorial basado en la zonificación monofuncional, es decir, colonias o fraccionamientos con un solo uso de suelo, sea habitacional o industrial, y que no cuentan con los equipamientos urbanos para satisfacer las necesidades de educación, salud, comercio o recreación. Tal situación hace que no se aproveche el mayor atractivo de las centralidades urbanas en cuanto a la diversidad de usos, lo que genera un crecimiento urbano desordenado que tiende a expandirse sobre las áreas de producción agrícola y de preservación ecológica.

 

Por otra parte, prevalece una distribución inequitativa del ingreso y un alto deterioro del equipamiento, de la infraestructura y de los servicios. En el centro, poniente y sur de la capital, específicamente en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo, se concentra la población de más altos ingresos, que dispone de los mejores equipamientos de salud, educación, cultura y recreación y que goza de la mayor calidad y nivel de servicios de agua, drenaje, electrificación y transporte. No obstante, en el norte y sobre todo en el oriente de la Ciudad, principalmente en las delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac, se encuentran los niveles más críticos en la dotación y calidad de servicios y las mayores carencias de equipamiento.

 

En ciertos sectores del territorio de la capital se presenta una subutilización del equipamiento, la infraestructura y los servicios instalados. Son zonas que tienen capacidad de saturación y densificación, sobre todo en materia habitacional. Su uso permitiría contener la migración de capitalinos que, por falta de vivienda, cambian su hogar a dos horas de tiempo de su empleo.

 

De esta manera, persiste una gestión desarticulada del espacio urbano. Se requiere promover una actuación concurrente de las diversas dependencias y entidades del Gobierno del Distrito Federal, así como de este con los sectores privado y social, a fin de diseñar políticas, realizar acciones conjuntas y aplicar instrumentos para impulsar el desarrollo territorial ordenado de la Ciudad de México.

 

Por último, las normas vigentes para la planeación y gestión del territorio, las políticas urbanas, ambientales y de movilidad, así como las correspondientes a suelo, vivienda, infraestructura y equipamiento, resultan excesivas, contradictorias e inflexibles. Adicionalmente, el contenido de la normatividad presenta inconsistencias en relación a la regulación de los procesos de ocupación del territorio, lo que ocasiona conflictos de interpretación y una aplicación poco eficiente. Lo anterior impide una administración eficaz del desarrollo territorial de la Ciudad y potenciar el desarrollo de esta.

 

OBJETIVO 1

 

Orientar el desarrollo urbano hacia una ciudad compacta, dinámica, policéntrica y equitativa, que potencie las vocaciones productivas y que fomente la inversión, para alcanzar un patrón de ocupación eficiente que induzca la redistribución de la población a zonas que combinen los diversos usos del suelo, mejore la infraestructura pública, aproxime el empleo y los hogares a las redes de transporte público y propicie la equidad territorial.

 

META 1

 

Avanzar en la generación de condiciones para que los hogares se encuentren cerca de las actividades cotidianas, ya sea escolares, laborales o recreativas, y así hacer más eficientes los recursos económicos, sociales y ambientales.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Realizar los estudios que permitan ubicar los puntos o proyectos estratégicos de proximidad territorial, tomando en consideración la infraestructura, los recursos territoriales, la calidad de los servicios y el acceso a los mismos.

 

       Elaborar programas que establezcan las estrategias, criterios y mecanismos de coordinación para alcanzar una ciudad cercana en materia de uso de suelo, transporte, espacio público, servicios e infraestructura.

 

       Llevar a cabo los procesos de consulta necesarios y abrir los mecanismos de participación de la sociedad con criterios de igualdad de género, mediante foros, consejos consultivos y asesorías de expertos.

 

META 2

 

Desarrollar una estructura urbana que reconozca las diversas vocaciones y capacidades en el uso de suelo, infraestructura y servicios de cada región o sector del territorio.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Promover el establecimiento de zonas de desarrollo económico y social, con el fin de generar vocaciones productivas específicas que atraigan la participación de asociaciones estratégicas.

 

       Fortalecer centralidades existentes o en formación, como los centros de barrio, para que mediante la ejecución de programas y proyectos se impulse la consolidación de la estructura urbana por sectores, generando un sistema policéntrico compuesto por nodos y corredores urbanos.

 

       Establecer nuevos procesos de rescate y revitalización en zonas de valor histórico en las diferentes regiones de la entidad, recuperando la experiencia del Centro Histórico.

 

META 3

 

Desarrollar programas de obras y mantenimiento de infraestructura pública, principalmente en el oriente de la Ciudad de México, que promuevan la equidad en la capital; así como en zonas de alta conectividad del transporte público, centros de barrio y áreas con potencial de desarrollo económico, propiciando la integración de zonas con mezcla de usos de suelo.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Fortalecer actividades, disminuir asimetrías y redistribuir beneficios, en especial en la zona con menor equipamiento y servicios que se encuentra en el oriente de la Ciudad.

 

       Impulsar proyectos estratégicos, mediante la inversión pública y privada, que generen empleo, promuevan encadenamientos productivos, abran espacios educativos, culturales y de capacitación y desarrollen centros comerciales y de entretenimiento.

 

OBJETIVO 2

 

Regenerar y redensificar zonas localizadas tanto en áreas centrales con potencial de reciclamiento, como en las áreas que pueden captar población adicional, tener un uso más intenso y diverso del suelo y ofrecer condiciones de sustentabilidad y rentabilidad.

 

META 1

 

Regenerar y redensificar áreas cuya actividad económica ha disminuido debido a la obsolescencia y pérdida de competitividad a pesar de su accesibilidad, suficiencia en infraestructura y conectividad al transporte público, como por ejemplo las áreas históricamente consolidadas de la ciudad central con población estable o decreciente.

 

LÍNEA DE ACCIÓN

 

       Elaborar e implementar estudios y programas de regeneración urbana integral, orientados a la retención de población y al reordenamiento y reciclamiento de áreas en las que se subutiliza la infraestructura y/o el equipamiento instalados.

 

META 2

 

Implementar programas de regeneración urbana integral en nodos y corredores estratégicos para la Ciudad, que impulsen proyectos públicos, privados y sociales que promuevan usos diversos del suelo, actividades productivas, recuperación de espacios públicos, áreas verdes y equipamientos, así como el reforzamiento de las redes de infraestructura, con el objeto de generar producción social del hábitat, elevar la calidad de vida de la población y disminuir la presión inmobiliaria sobre el suelo de conservación.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Diseñar e implementar un paquete de estímulos fiscales e instrumentos administrativos para impulsar el desarrollo y el repoblamiento en zonas estratégicas para la ciudad, con el objeto de inducir el óptimo y oportuno aprovechamiento de predios, recuperar las plusvalías generadas por la inversión en infraestructura instalada e incrementar la oferta del suelo urbano, en concordancia con las políticas y las normas de protección del suelo de conservación.

 

       Impulsar estrategias que acompañen el desarrollo de nodos y corredores que incorporen soluciones basadas en transporte no motorizado, reconociendo al peatón como el factor central de la movilidad urbana.

 

OBJETIVO 3

 

Impulsar la coordinación interinstitucional que, con una visión interdisciplinaria y metropolitana, consolide la funcionalidad administrativa de la relación entre las dependencias y entidades vinculadas al desarrollo territorial, para ofrecer un servicio eficiente, transparente y expedito al ciudadano, sustentado en un marco normativo congruente que inhiba la corrupción y potencie el desarrollo de la Ciudad.

 

META 1

 

Implementar la modernización administrativa aplicable a los procedimientos vinculados a la gestión del desarrollo territorial.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Generar un sistema de información geográfica y un sistema de indicadores en materia de desarrollo urbano que permitan monitorear los procesos, dinámicas y tendencias de la Ciudad.

 

       Implantar mecanismos de coordinación institucional que contribuyan al ordenamiento del territorio y a la mejor planeación y ejecución de programas, proyectos y obras.

 

       Diseñar e impulsar las reformas necesarias al marco e instrumentos jurídicos correspondientes a las políticas urbanas, ambientales, de movilidad, suelo, vivienda, infraestructura y equipamiento.

 

META 2

 

Homologar la normatividad y los procedimientos, articulándolos con un proyecto de gestión en línea bajo el concepto de gobierno electrónico y transparente.

 

LÍNEA DE ACCIÓN

 

       Gestionar el desarrollo territorial mediante la implementación de instrumentos jurídicos, técnicos, financieros y administrativos articulados por medio de los programas sectoriales de desarrollo urbano, desarrollo económico, ordenamiento ecológico, movilidad, participación ciudadana, derechos humanos e igualdad de género.

 

META 3

 

Fortalecer la coordinación metropolitana en materia de ordenamiento territorial, vivienda, agua, suelo de conservación, movilidad, accesibilidad, residuos sólidos y encadenamientos productivos regionales.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Elaborar los estudios para identificar las complementariedades metropolitanas entre delegaciones y municipios de la ZMVM, que permitan conformar bloques de equipamientos y actividades económicas para atender y equilibrar la distribución de los servicios, así como para completar cadenas productivas y elevar los niveles de competitividad de la metrópoli en su conjunto.

 

       Establecer mecanismos institucionales y administrativos de coordinación metropolitana, eficaces y consensuados, como mesas de concertación periódicas, que atiendan los problemas de la Ciudad y las necesidades de su población.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 2. Espacio Público

 

La insuficiencia y deterioro de espacio público en la Ciudad de México, aunado a la falta de integración de la forma, función, uso y accesibilidad de este, inciden en la ruptura y debilitamiento de circuitos económicos, tejido social, imagen urbana y seguridad pública en los entornos donde estos se encuentran.

 

DIAGNÓSTICO

 

La funcionalidad de la Ciudad, la identidad urbana y la calidad de vida de la población dependen de la calidad física, la cantidad, la apropiación y la accesibilidad de los espacios públicos. Estos representan el tejido conector de la Ciudad, el ámbito de convivencia y el área de uso y disfrute colectivo en la urbe.

 

El sistema de espacio público está integrado por áreas verdes como bosques urbanos, barrancas, áreas de valor ambiental y parques lineales; áreas de tránsito como calles, banquetas, sendas peatonales, camellones, vialidades y transporte público, entre otros; y áreas de estar como jardines, parques urbanos, parques públicos y plazas, entre otros. Cada uno de estos espacios cohesionan y tejen la Ciudad al tener funciones sociales diversas.

 

En este sentido, el espacio público supone también un área de oportunidad para la cultura y es el escenario idóneo para la interacción social cotidiana. Es un lugar de relación y de identificación, de manifestaciones, de contacto entre la gente, de vida urbana y de expresión comunitaria.

 

La Ciudad de México enfrenta un problema de distribución, conectividad y déficit de espacios públicos. Se estima que el espacio público ocupa cerca del 9.5% de la superficie total de la entidad federativa, lo cual representa un promedio de casi 5 m2/hab siendo el ideal 12 m2/hab. Este porcentaje no está distribuido de manera equitativa en las diferentes delegaciones de la capital y, en muchos casos, los espacios existentes carecen de accesibilidad, calidad de obra y mantenimiento. El crecimiento urbano desordenado de la Ciudad es una de las causas que han provocado la pérdida y deterioro del espacio público.

 

La red vial consta de alrededor de 10,200 km de longitud; de los cuales 913.15 km son vialidades primarias y 9,269.06 km se catalogan como secundarias, mismas que no han sido reguladas en su forma, función y uso. Dicha red vial padece de un diseño dirigido hacia el transporte automotor particular, dejando a un lado al peatón. Las calles y banquetas presentan deficiencias, falta de mantenimiento, inaccesibilidad y pobre señalización, lo que genera un desplazamiento inseguro de los usuarios; de estos, 4.35% son personas con discapacidad, 11.34% personas adultas mayores y 6.98% infantes menores de 5 años.

 

El mantenimiento de las vialidades solo comprende la superficie de rodamiento y omite, la mayoría de las veces, las banquetas y áreas peatonales. Asimismo, la degradación y saturación del mobiliario urbano y de la infraestructura han conformado en las vialidades un espacio público inaccesible, inseguro y poco amigable.

 

El desplazamiento de las personas a pie, en bicicleta o en transporte público se ve obstaculizado debido a la escasa presencia de elementos que proporcionen condiciones de comodidad, accesibilidad y seguridad. Es decir, se carece de un diseño integral y contextualizado de señalamientos y acondicionamientos, lo que en el año 2012 produjo 13,022 incidentes viales, de los cuales 30.75% fueron atropellamientos.

 

El origen de los problemas relacionados con el espacio público se asocia a la debilidad de mecanismos de planeación, administración y mantenimiento, a las inconsistencias y contradicciones en el marco jurídico, lineamientos de diseño, operación y normatividad vigentes, así como a una escasa coordinación institucional. También se vincula con la fragilidad de los esquemas de participación social para la corresponsabilidad del uso, gestión y cuidado de los espacios.

 

En la Ciudad de México existen programas y proyectos para atender problemas de abandono y deterioro del espacio público, mediante intervenciones puntuales para su uso y disfrute. Algunos de ellos son la peatonalización de calles, el proyecto integral del Centro Histórico, las redes de movilidad como la infraestructura ciclista y el metrobús, entre otros. También se ha dado inicio a la rehabilitación integral del Bosque de San Juan de Aragón, se cuenta con el Plan de Manejo de la Primera y Segunda Sección del Bosque de Chapultepec y se han iniciado acciones para llevar a cabo la refundación del Museo de Historia Natural. En estos casos se están observando los beneficios de recuperar y administrar los espacios públicos para el disfrute de nuestros habitantes. Sin embargo, aún se requiere ampliar y consolidar estas políticas.

 

Por último, la recuperación y apropiación ciudadana del espacio público debe garantizar su accesibilidad, con especial atención a las necesidades de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, en particular de las personas con discapacidad y las mujeres. Esta política permitirá avanzar en la integración social y tiene potencial de convertirse en un detonador del desarrollo y la inversión.

 

OBJETIVO 1

 

Crear, recuperar y mantener los espacios públicos emblemáticos, las áreas verdes urbanas a diferentes escalas y en diferentes zonas de la Ciudad y las calles como elementos articuladores del espacio público, a fin de generar encuentros, lazos de convivencia, apropiación social, sentido de pertenencia y ambientes de seguridad para los habitantes y visitantes.

 

META 1

 

Rescatar, regenerar y crear espacios públicos para propiciar el mejoramiento social y cultural del entorno urbano, garantizando que se mantengan limpios y libres de violencia, incluyan criterios de igualdad de género y sean accesibles a los grupos sociales vulnerables.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Ampliar el desarrollo y mantenimiento de corredores urbanos como espacios peatonales, ramblas y parques lineales, así como fortalecer la recuperación de bajopuentes y otros espacios públicos para interconexión y recreación de barrios y colonias.

 

       Desarrollar el Sistema de Parques Públicos de la Ciudad de México, conformado por los siguientes tipos: parque metropolitano, parque local, parque barrial y parque de bolsillo.

 

       Promover la formación de proyectos culturales y artísticos pensados para el espacio público, que incluyan la participación de artistas de reconocido prestigio y que fomenten la convivencia intercultural y la formación de ciudadanía.

 

       Promover proyectos integrales, sustentables, con perspectiva de género y con espacios para el desarrollo de niñas y niños, que integren y fomenten actividades deportivas y culturales, que incluyan bebederos de agua potable, generen tejido social y provean beneficios económicos, sociales y ambientales.

 

       Implementar agendas locales que promuevan la participación de la comunidad y de los pueblos originarios en la recuperación y mantenimiento de espacios públicos, así como promover, con la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), la identificación y registro puntual de los espacios disponibles a través de un catálogo de tipos y funciones.

 

META 2

 

Recuperar, restaurar y mantener bosques urbanos, ríos, barrancas, áreas de valor ambiental y suelo de conservación, incluyendo los nodos de transferencia de movilidad e infraestructura ciclista en vías primarias y secundarias.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Adecuar la normatividad de usos de suelo en el espacio público orientando el desarrollo hacia una ciudad compacta, dinámica, policéntrica y equitativa.

 

       Aumentar la cobertura vegetal de los espacios públicos y privados para crear microclimas (humedad y sombra) que disminuyan las consecuencias del efecto Isla de Calor.

 

OBJETIVO 2

 

Establecer un sistema coordinado de la gestión del espacio público que integre a todas las dependencias y entidades de la administración central, a las delegaciones políticas, a las instituciones académicas y culturales, así como a los organismos de la sociedad civil, para potenciar los esfuerzos bajo la misma perspectiva del derecho a la ciudad.

 

META 1

 

Consolidar instrumentos de coordinación interinstitucional que permitan implementar las políticas de espacio público, en conjunto con la ciudadanía, particularmente las relativas a zonas habitacionales y de servicios.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Construir un sistema de información geográfica que permita planear, gestionar y divulgar las acciones relativas al espacio público.

 

       Implementar mecanismos eficientes de coordinación interinstitucional y con las delegaciones en la gestión del espacio público.

 

       Impulsar instrumentos de participación ciudadana como foros de consulta y seminarios para promover la conceptualización de lo público-urbano y su reconstrucción como mecanismo integrador, proveedor de bienestar y de acceso a la ciudadanía (plazas, deportivos, áreas recreativas, “museos de bolsillo”, entre otros).

 

META 2

 

Regular, normar, controlar y reordenar la imagen urbana de la Ciudad, particularmente la publicidad exterior.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Vigilar el cumplimiento de la regulación del espacio comercial y publicitario de la Ciudad con apoyo de la participación ciudadana.

 

       Crear e integrar nodos publicitarios.

 

       Diseñar y operar, con participación de la sociedad civil, acciones de mejora de la imagen urbana por colonias, barrios y pueblos.

 

       Desarrollar criterios que promuevan mejores prácticas para la mejora de la imagen urbana.

 

       Promover el uso de determinados espacios públicos para la manifestación visual de los jóvenes, bajo proyectos educativos y artísticos.

 

OBJETIVO 3

 

Garantizar una circulación cómoda, eficiente, accesible y segura a las personas que transitan en la vía pública, que priorice a los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, mediante el desarrollo de una red de “Calles Completas” en vialidades primarias, así como la pacificación del tránsito y ordenamiento de las calles secundarias, con mantenimiento y señalización adecuados.

 

META 1

 

Adecuar las vialidades primarias para permitir el acceso y tránsito cómodo y seguro de sus usuarios a través de la redistribución del espacio y su refuncionalización para potenciar la vida pública y la inversión en la Ciudad.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Actualizar y desarrollar la normatividad para implementar una política de “Calles Completas” en las vialidades primarias que articulan la Ciudad.

 

       Establecer una red de carriles exclusivos, compartidos o prioritarios para el transporte público, así como para la bicicleta, contemplando las condiciones de seguridad, el mobiliario urbano y la tecnología que facilite su uso.

 

       Instalar señalización integral y adecuaciones para la seguridad vial y accesibilidad universal en las obras de mantenimiento de todas las vialidades.

 

       Desarrollar corredores viales, recuperar y mejorar las vialidades e impulsar el Sistema de Parquímetros ecoParq.

 

META 2

 

Regresar la vocación de hábitat a las vialidades secundarias mediante la pacificación del tránsito y la elaboración de diseños viales que den prioridad al peatón y al ciclista.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Implementar medidas para la pacificación del tránsito, incluyendo la creación de zonas y calles de tránsito calmado, así como de prioridad peatonal y ciclista.

 

       Elaborar lineamientos y normas de señalización para fomentar viajes a pie, en bicicleta y transporte público, que contribuyan a una nueva cultura de movilidad, así como al impulso del turismo.

 

       Impulsar la proximidad urbana a través de la activación de las plantas bajas de los edificios, para crear barrios más eficientes y disfrutables, contribuyendo a reducir la dependencia del uso del automóvil.

 

 

META 3

 

Reducir la discriminación, inequidad y los accidentes de tránsito en el uso del espacio público de calles y banquetas mediante intervenciones que contemplen el mantenimiento general con criterios de accesibilidad universal y seguridad vial.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Desarrollar una estrategia de seguridad vial y de medidas de accesibilidad universal y mantenimiento para las calles, banquetas y alcantarillas de la Ciudad.

 

       Identificar, intervenir y rediseñar las intersecciones conflictivas y/o con altos índices de accidentalidad para garantizar las condiciones de acceso y tránsito seguro de las personas usuarias.

 

       Eliminar y/o solucionar las barreras urbanas que impidan el tránsito cómodo y seguro de peatones y ciclistas.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 3. Transporte Público

 

Persisten desarticulaciones, inaccesibilidad e ineficiencia en el transporte público, lo que genera tiempos excesivos de traslado, una mala experiencia de viaje, contaminación ambiental y exclusión social, así como un impacto negativo en la economía familiar y la competitividad urbana.

 

DIAGNÓSTICO

 

Nuestra entidad federativa cuenta con diversos servicios de transporte público que atienden aproximadamente 7 de cada 10 viajes de los 12.1 millones de traslados diarios en la entidad. Estos corresponden al 55% de los 21.9 millones de viajes diarios de la ZMVM.

 

La demanda de transporte público en la capital es atendida por organismos públicos descentralizados: Sistema de Transporte Colectivo “Metro” (STC), Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal (STE) y la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (RTP); así como por el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal Metrobús, que tiene participación privada y estatal, y por operadores privados a quienes se ha concesionado la prestación del servicio. La oferta de transporte incluye también al Sistema de Transporte Individual Ecobici (ECOBICI). Debido a la existencia de diversos organismos responsables de la prestación del servicio, existe una limitada capacidad para ejercer la función de regulación y control que garantice el cumplimiento de estándares de calidad.

 

La infraestructura dedicada al transporte incluye 243.19 km de líneas de metro y tren ligero; 161.90 km de carriles exclusivos; 10,182.21 km de red vial de tránsito mixto, por las que circulan 217 rutas con 1,271 ramales de transporte público, así como 46 Centros de Transferencia Modal (CETRAM), de los cuales destacan Pantitlán, Indios Verdes y Tasqueña, que atienden aproximadamente a 973,104, 847,080 y 500,000 pasajeros al día, respectivamente. También se cuenta con una red de 261 cicloestaciones de ECOBICI. Sin embargo, dicha infraestructura no permite la total articulación del sistema, que garantice la intermodalidad necesaria para atender el 27% de viajes que diariamente se realizan en más de un modo de transporte. Además, solo el 19% de las estaciones de metro y 94.9% de las de metrobús cuentan con un diseño que considera la accesibilidad universal, y únicamente el 8% y 41.3% de las estaciones de metro y metrobús, respectivamente, cuentan con biciestacionamientos. Cabe señalar que el Metro es el primer modo de transporte para el 5% de los traslados, pero su uso representa cerca del 18% de los tramos de viajes totales.

 

Actualmente, el servicio de transporte público no cuenta con herramientas tecnológicas y de comunicación que faciliten la unificación de los procesos de planeación, gestión de la operación y control de la prestación del servicio de transporte. Asimismo, aunque se cuenta con el diseño, no ha concluido la implementación de un medio único de pago y un sistema de recaudación unificado, que haga más eficiente el manejo financiero del sistema y facilite su uso.

 

Estas características generan ineficiencia en los traslados, que se refleja en un alto número de transferencias y falta de servicios expresos que no se pueden ofrecer por un déficit en la infraestructura especializada, lo cual representa para las personas usuarias importantes pérdidas de tiempo (se tienen registrados viajes de hasta 3.5 horas) y hacen del servicio de transporte público una opción poco atractiva.

 

En cuanto a la operación y administración del servicio de transporte público concesionado, este no cuenta con controles ni mecanismos que permitan la profesionalización del sector. Asimismo, carece de estructuras administrativas y operacionales, suficiente capacitación de su personal, la sistematización de información de su operación e instalaciones adecuadas, entre otros aspectos. Estas carencias, aunadas a un parque vehicular obsoleto y con serias deficiencias mecánicas por falta de mantenimiento, han contribuido a la baja calidad del servicio. La ineficiencia genera presión financiera en todo el sistema de transporte público, lo que limita el mantenimiento, la sustitución de unidades y las mejoras, tanto operativas como de infraestructura.

 

En la actualidad no existen estándares de calidad de servicio para todos los modos de transporte. Lo anterior genera que el servicio se preste en condiciones de alta ocupación en las horas de mayor demanda, con vehículos sucios, mal ventilados, sin mantenimiento adecuado y con riesgos de accidente por mala conducción, principalmente en el transporte concesionado.

 

Otro problema que demanda atención prioritaria es la violencia sexual de la que han sido víctimas la mayoría de las mujeres durante sus traslados en el transporte público de la Ciudad de México: más de la mitad de las usuarias (57.1%) ha vivido 4 o más tipos de situaciones de violencia sexual; de ellas, el 17.1% ha padecido 7 o más situaciones violentas.

 

Es importante considerar que la mayoría de los usuarios del transporte público corresponde a familias de bajos ingresos, quienes destinan en promedio 36% de sus ingresos a estos servicios. No existen esquemas tarifarios que consideren las distancias de los viajes, costos por transbordos u otras consideraciones que permitan balancear la política social con la eficiencia operativa y la calidad del servicio.

 

La mejora del transporte público ha sido una preocupación de los últimos gobiernos, por lo que se han realizado acciones como la construcción de la Línea 12 del Metro, la implementación de 4 líneas de metrobús y los corredores Cero Emisiones, la modernización de corredores de transporte público concesionado, la generación del Programa ECOBICI, la unificación del medio de pago para metro, metrobús y tren ligero, así como la promoción de tecnologías limpias de vehículos, el Programa “Viajemos Seguras”, entre otros. No obstante, en materia de transporte público sin duda aún falta mucho por hacer.

 

OBJETIVO 1

 

Avanzar hacia un Sistema Integrado de Transporte Público que articule los diferentes modos de transporte física, operativa y tecnológicamente, así como desde el punto de vista de la información y comunicación hacia los usuarios, con un esquema tarifario que garantice la prestación de un servicio confiable, eficiente, cómodo, seguro, de bajas emisiones y con altos estándares de calidad, acceso y cobertura en toda la entidad.

 

META 1

 

Desarrollar la infraestructura y tecnología para la integración del transporte y los servicios de información y comunicación hacia los usuarios.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Impulsar el reordenamiento de los CETRAM en función de su adecuada localización, infraestructura y servicios, con la finalidad de propiciar condiciones óptimas de seguridad, operación y orden, así como una intermodalidad eficiente.

 

       Implementar un sistema inteligente de información para la gestión eficiente y articulada del sistema de transporte público, que se apoye en tecnologías limpias.

 

       Construir y promover el uso de biciestacionamientos, así como de otros dispositivos y medidas para fomentar la intermodalidad de la bicicleta con otros sistemas de transporte.

 

META 2

 

Mejorar, mantener y ampliar la cobertura de los sistemas de transporte público que opera el Gobierno del Distrito Federal, con un enfoque basado en la experiencia de las y los usuarios.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Impulsar el desarrollo de un sistema de transporte inteligente y accesible que facilite a las personas usuarias del transporte público la planeación de sus viajes y optimice tiempos de traslado, transbordos y costos.

 

       Ampliar la cobertura, la calidad del servicio y la seguridad en los sistemas de transporte público.

 

       Incrementar el número de estaciones y unidades con infraestructura, dispositivos y espacios accesibles para personas con discapacidad y población en condiciones de vulnerabilidad.

 

       Consolidar y expandir el Sistema de Transporte Urbano Individual ECOBICI, promover convenios de cooperación público-privados para fomentar el uso de la bicicleta, así como ampliar las facilidades para el ingreso de bicicletas al metro, metrobús y tren ligero.

 

META 3

 

Estructurar un esquema financiero y tarifario sano, calculado técnicamente y con políticas tarifarias diferenciadas que incluyan la determinación de un medio único de pago.

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Integrar la tarjeta TDF en todos los sistemas de transporte público que opera el Gobierno del Distrito Federal, así como promover la integración gradual de los modos concesionados.

 

       Impulsar el establecimiento de tarifas de transporte que garanticen el óptimo desarrollo del sector, equilibrando la responsabilidad financiera y social, y considerando las características de las personas usuarias.

 

OBJETIVO 2

 

Impulsar una transformación del transporte público concesionado que propicie la conformación de empresas prestadoras del servicio que cumplan con estándares establecidos por la autoridad y que funcionen en el marco de una clara regulación, control y transparencia, privilegiando la eficiencia, bajas emisiones, accesibilidad, confiabilidad, seguridad, comodidad e integración con otros modos de transporte.

 

META 1

 

Establecer estándares de servicio del transporte público concesionado, así como los mecanismos para el control de su cumplimiento.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Desarrollar un padrón actualizado del transporte público concesionado, que incluya vehículos, operadores y operadoras.

 

       Actualizar los manuales de lineamientos técnicos para la prestación del servicio de transporte, a fin de garantizar su seguridad, accesibilidad, comodidad y sustentabilidad, así como fomentar la intermodalidad.

 

       Replantear los esquemas para la Revista Anual Vehicular para que garantice las condiciones físicas y mecánicas de las diversas unidades de transporte, así como reforzar las acciones de inspección, vigilancia y sanciones en materia de emisión de contaminantes y gases con efecto invernadero.

 

META 2

 

Impulsar el proceso de transformación del esquema “hombre-camión” en las empresas operadoras de transporte público que garanticen un nivel de servicio adecuado.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Promover la sustitución de microbuses por la constitución de empresas de transporte con unidades de mediana y alta capacidad, así como con paradas establecidas.

 

       Erradicar el transporte público concesionado no autorizado y taxis irregulares.

 

       Fomentar la capacitación y profesionalización del sector transporte.

 

OBJETIVO 3

 

Adecuar los instrumentos normativos de control y de planeación integral para garantizar la calidad en la prestación del servicio público de transporte, así como estructurar y poner en funcionamiento las instancias institucionales necesarias para la planeación, gestión y control del Sistema Integrado de Transporte de la Ciudad de México.

 

META 1

 

Revisar, estructurar e implantar el esquema institucional necesario para la planeación, gestión y control de un Sistema Integrado de Transporte Público de la Ciudad de México.

 

LÍNEA DE ACCIÓN

 

       Coordinar con los diversos organismos del sector transporte los programas de cobertura de redes a efecto de alinear programas y estrategias.

 

META 2

 

Revisar y ajustar la normatividad vigente para la regulación y control del transporte público, a fin de lograr su integración.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Actualizar la normatividad a efecto de impulsar un sistema integrado de transporte.

 

       Revisar los esquemas de concesión del transporte público y redefinir la relación entre gobierno y prestadores de servicio de transporte público.

 

META 3

 

Establecer mecanismos eficaces de planeación integral del desarrollo urbano que fortalezcan el sistema de transporte público, con un enfoque metropolitano.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Impulsar la coordinación metropolitana.

 

       Diseñar e implementar las rutas de penetración y de paso de los vehículos del sistema de transporte público, suburbano y foráneo de la ZMVM.

 

       Actualizar la información de la encuesta Origen–Destino del 2007, considerando la dinámica y las estructuras de población así como los nuevos modos de transporte público.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 4. Transporte Automotor

 

Prevalece un rápido crecimiento del transporte automotor individual y de carga en la capital y la Zona Metropolitana del Valle de México, aunado a la falta de controles efectivos sobre su uso y gestión racional, así como de otras alternativas de transporte.

 

DIAGNÓSTICO

 

En la ZMVM el número de automóviles particulares creció 3 veces en los últimos treinta años, pasando de 1.7 millones en 1980 a 5.3 millones en el año 2010; sin embargo, cabe señalar que en 1980 el 90% de los autos se encontraban registrados en el Distrito Federal y que para 2010 este porcentaje se había reducido a 60%. Por otro lado, el número de automóviles en la capital ha crecido a una velocidad anual de 5.3% de 1980 a 2010; además, solo el 20% de los viajes se realizan en este modo y benefician a 1 de cada 3 hogares.

 

Respecto al parque vehicular de carga, el número de unidades inscritas en nuestra entidad ha descendido de 187,205 unidades en 1980 a 98,990 en 2010. Sin embargo, esto no implica que no circule un gran número de unidades; al contrario, en la entidad transitan miles de vehículos de carga con registro de otros estados, lo cual representa un problema de orden metropolitano e incluso de orden federal.

 

Las externalidades del uso excesivo del transporte automotor en la Ciudad de México son diversas e implican daños sociales, debido a que incrementan la congestión y generan enfermedades, accidentes y contaminación, entre otros efectos. Algunas de las externalidades son:

 

       El tiempo de traslado promedio ha aumentado de 53 minutos (2007) a 1 hora con 21 minutos.

 

       La velocidad de circulación se ha reducido 55% en tres décadas; es decir, de 1990 a 2007 pasó de 38 km/h a 17 km/h.

 

       Se estima que se producen 4,000 muertes prematuras por mala calidad del aire y se pierden 2.5 millones de días por enfermedades relacionadas con la misma.

 

       Durante el año 2012 se registraron aproximadamente 13 mil incidentes viales, destacando que el 64.34% y el 30.75% corresponden a choques y atropellamientos, respectivamente; asimismo, durante 2010 hubo 2.81 fallecimientos y 22.87 heridos por día en promedio por accidentes viales.

 

       Los vehículos generan anualmente casi un millón de toneladas de contaminantes criterio (como el monóxido de carbono, el bióxido de nitrógeno y partículas suspendidas entre otros) y 12.1 millones de toneladas de gases de efecto invernadero (GEI). Los autos particulares, que representan el 80% del parque vehicular, aportan el 42% de los contaminantes criterio y el 51% de los GEI, mientras que el transporte de carga, que constituye 8% del parque, aporta el 12% y 16% de las emisiones, respectivamente.

 

       Los daños sociales son tan altos que se estima que el uso del automóvil particular genera pérdidas económicas por un valor de 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB) de la ZMVM.

 

Cabe señalar que el uso excesivo del transporte automotor ha sido tema de preocupación desde administraciones anteriores; por tal motivo, se han implementado varias medidas y programas para combatir las externalidades negativas del mismo, tales como el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria y el Programa “Hoy No Circula”. Además, en 39 escuelas de la capital es obligatorio el uso de transporte escolar, cuya operación ha permitido que aproximadamente 15 mil autos particulares dejen de usarse diariamente. El programa ecoParq en la zona de Polanco, a un año de inicio de operaciones, disminuyó en forma importante el número de vehículos en circulación, lo cual se tradujo en una reducción de la demanda de estacionamiento de 130% a 80% y el tiempo de búsqueda de un cajón disponible de 20 a 3 minutos.

 

El impulso del uso de la bicicleta en la Ciudad de México es una estrategia con un gran potencial, ya que el 50% de los viajes diarios que se realizan en la entidad son menores a 8 Km, distancia que puede ser recorrida en este modo de transporte en aproximadamente 25 minutos. De acuerdo con datos obtenidos en la Encuesta Origen Destino 2007, en la capital solamente se realizaba el 1% de los viajes totales en bicicleta.

 

Finalmente respecto al transporte de carga, desde al año 2003 se realiza la Revisión Física y Mecánica de los Vehículos Destinados al Servicio de Transporte Público Mercantil y Privado de Carga. Se cuenta con plataformas logísticas tales como el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, la Terminal Interior Intermodal Pantaco y la Central de Abasto de la Ciudad de México, entre otras. Además, se ha restringido la circulación de vehículos de carga en el Perímetro “A” del Centro Histórico y en el Corredor Cero Emisiones, así como en algunos tramos de los Ejes Viales 4 Sur y 1 Poniente, Insurgentes y carriles centrales de Reforma.

 

No obstante todas las medidas anteriores, es muy importante tomar acciones adicionales para enfrentar el reto que representa el uso del transporte automotor individual y de carga para la Ciudad de México.

 

OBJETIVO 1

 

Establecer políticas públicas de reducción del uso del automóvil, para garantizar una mejor calidad de vida y reducir las externalidades negativas asociadas a su uso.

 

META 1

 

Evitar o reducir la necesidad de viajar en vehículos automotores individuales.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Impulsar la redensificación a través de usos de suelo mixtos y el desarrollo orientado al transporte sustentable en el proceso de planeación.

 

       Incentivar la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar proyectos de trabajo a distancia (teletrabajo o telemedicina), con la finalidad de que se produzca un menor número de viajes.

 

META 2

 

Impulsar el cambio a modos de transporte más eficientes que los vehículos automotores particulares.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Desarrollar campañas de concientización para promover el caminar, el uso de la bicicleta o del transporte público, resaltando los daños a la salud, accidentes viales y consecuencias negativas del uso de vehículos automotores individuales.

 

       Reducir los requerimientos de estacionamiento en zonas de alta conectividad y acceso al transporte público masivo.

 

META 3

 

Impulsar mejoras en el desempeño, las tecnologías y los combustibles de los vehículos automotores públicos y privados.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Promover el uso de tecnologías que permitan la utilización de combustibles limpios.

 

       Fomentar la renovación del parque vehicular y el uso de tecnologías de punta como los sistemas de propulsión híbridos y eléctricos.

 

OBJETIVO 2

 

Mejorar y ampliar las alternativas de movilidad eficiente, con la finalidad de incrementar el orden y la seguridad vial.

 

META 1

 

Priorizar el traslado de personas mediante el uso de modos más eficientes de transporte.

 

LÍNEA DE ACCIÓN

 

       Impulsar esquemas como los de auto compartido, préstamo de auto, taxi seguro, ECOBICI, entre otros.

 

META 2

 

Instrumentar y actualizar mecanismos de gestión y normatividad vial, así como dotar y mantener la infraestructura, equipamiento y mobiliario para la movilidad que incentive el uso de modos de transporte eficiente.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Evaluar y adecuar la normatividad que regula el Sistema de Parquímetros de la Ciudad de México, para asegurar su adecuada operación y posible crecimiento, de acuerdo a los programas correspondientes.

 

       Impulsar e integrar la movilidad en bicicleta de manera prioritaria, en todos los aspectos de la vida cotidiana en la urbe, bajo una estrategia intersectorial y de coordinación con las delegaciones.

 

       Actualizar el marco normativo para la inclusión de biciestacionamientos en las nuevas construcciones que se autoricen.

 

       Terminar la digitalización de la red de semáforos.

 

META 3

 

Incrementar la cultura vial y la movilidad eficiente con la finalidad de fomentar la legalidad, el orden público y los hábitos de movilidad más sanos, sustentables y seguros.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Desarrollar campañas de concientización, con la participación de OSC, sobre la jerarquía de las y los usuarios de la vía pública, en las que se resalte la prioridad de tránsito de peatones y ciclistas; a la vez que se sensibilice sobre el uso adecuado de los vehículos no motorizados y el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Tránsito.

 

       Incrementar el personal operativo de control de tránsito y dotarlos del equipo necesario para llevar a cabo su función, así como promover su capacitación y profesionalización para garantizar una estricta aplicación de la ley.

 

       Mejorar la cultura vial y obligar a la capacitación de las y los conductores particulares y del servicio público como requisito para obtener la licencia de conducir estableciendo, al mismo tiempo, esquemas permanentes y estrictos contra la corrupción.

 

OBJETIVO 3

 

Desarrollar una gestión eficiente del transporte de carga, así como de la distribución de bienes y mercancías al interior de la capital.

 

META 1

 

Impulsar el desarrollo y modernización del sistema logístico urbano a través de estrategias en nodos y corredores, para hacer más eficiente la distribución de bienes bajo un enfoque metropolitano.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Promover el desarrollo de plataformas logísticas que posibiliten el reparto urbano y la operación de “la última milla” para el comercio.

 

       Plantear un proyecto de corredores que propicie las condiciones de regulación del tránsito de vehículos pesados.

 

       Fomentar la participación integrada de las empresas transportistas y de aquellas que utilizan sus servicios, para aprovechar al máximo la capacidad de carga por viaje de las unidades de transporte.

 

META 2

 

Adecuar la regulación de los horarios y uso de las vialidades para el transporte de carga según las características de los vehículos, con la finalidad de reducir accidentes y emisiones contaminantes, así como fomentar la competitividad urbana.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Revisar la normatividad para desarrollar un sistema de horarios y uso de vías para el transporte de carga, con el objeto de optimizar la circulación de dicho transporte y evitar el deterioro de la superficie de rodamiento.

 

       Desarrollar auditorías de seguridad vial para el transporte de carga (inventario de secciones, señalamiento, condiciones de pavimento e intersecciones conflictivas, entre otros aspectos).

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 5. Infraestructura Hidráulica

 

El deterioro en la infraestructura hidráulica acentúa las insuficiencias en la captación, la distribución, el tratamiento y el desalojo del agua que utiliza la Ciudad de México.

 

DIAGNÓSTICO

 

La Ciudad de México forma parte de una cuenca cerrada a 2,300 metros sobre el nivel del mar, lo cual presenta el reto diario de dotar de agua a la población y administrar a más de 2 millones de usuarios y usuarias del servicio hidráulico de agua potable y drenaje en la capital.

 

Al complejo grupo temático del agua se le han dado soluciones parciales, mientras el problema de abastecimiento de agua, drenaje y saneamiento crece ante la falta de nuevas fuentes de abastecimiento, se incrementa la extracción de agua subterránea y aumentan con ello los hundimientos diferenciales que provocan nuevas zonas de inundación. En este sentido, se ha modificado radicalmente el medio ambiente de un sistema lacustre, se ha urbanizado su entorno y se ha transformado el origen y destino del recurso del agua.

 

La capital cuenta con una infraestructura hidráulica compleja que incluye miles de kilómetros de tubería de agua potable, cientos de tanques de almacenamiento y plantas de bombeo y pozos profundos, así como decenas de plantas potabilizadoras. Según estudios realizados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, un 30% del agua se pierde en fugas, lo que significa que se fugan 9.6 m3/segundo, incluyendo el agua no contabilizada por la falta de micro-medición y las tomas clandestinas. La fuga intradomiciliaria es la más frecuente. Las fugas se presentan principalmente por la antigüedad de los tubos, por asentamiento del suelo, materiales inadecuados utilizados en la instalación de redes y tomas y por los hundimientos y sismos frecuentes en la zona del Distrito Federal. La población afectada por estos fenómenos está ubicada en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Otro problema de la infraestructura hidráulica se relaciona con el Sistema de Drenaje Profundo. Este consta de 170.66 kilómetros de túneles, que iniciaron su operación en el año de 1975, con diversos interceptores y un emisor central, y un total de 13,000 kilómetros de tuberías que canalizan las aguas de la ZMVM hacia el portal de salida, ubicado en el pueblo El Salto, Municipio Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo. Además, cuenta con 91 plantas de bombeo, 21 presas de almacenamiento y otras 105 plantas de bombeo en pasos a desnivel, vehiculares y peatonales.

 

El sistema de drenaje tiene la finalidad de conducir y desalojar las aguas residuales y pluviales (24 m3/segundo). De no realizarse su mantenimiento, se corre el riesgo de un colapso en algún punto del sistema que no permitiría el desalojo del agua, provocando saturación que puede generar inundaciones de las zonas topográficamente más bajas.

 

El agua residual que vierte la población y las industrias al sistema de drenaje carece de un tratamiento previo al descargarse al sistema de túneles, generando gases tóxicos, principalmente el ácido sulfhídrico, que daña el revestimiento del concreto y el arrastre de materiales sólidos, lo que deteriora su estructura en general. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) cuenta con 24 plantas de tratamiento, 14 rebombeos de agua residual tratada, 12 tanques de agua tratada y 917 kilómetros de tuberías de agua tratada. Sin embargo, esta infraestructura no permite cubrir la demanda que la entidad requiere. En promedio se tratan 216,000 m3 por día de agua residual, lo que corresponde al 10% del total del desalojo de agua residual.

 

Una de las acciones correctivas que se ha llevado a cabo fue la implementación del Programa de Inspección y Reconstrucción de Colectores Dañados, ejecutado a partir del año 2008. Durante estos años, se rehabilitaron túneles del emisor central (de siete metros de diámetro) y tramos de los interceptores Oriente y Central (de cinco metros de diámetro), los cuales tenían mayor daño estructural. El programa abarcó 5 etapas hasta el año 2012. Como resultado de las actividades realizadas durante los periodos de estiaje, se rehabilitaron 47.60 kilómetros y quedaron por reparar, por su orden de afectación, alrededor de 60 kilómetros.

 

Los colectores que conforman la red primaria de drenaje de nuestra entidad federativa tienen una longitud de 2,368 kilómetros y varían en su diámetro (de setenta centímetros hasta dos metros). Se inició su construcción desde los años 1902 y 1904; su desarrollo fue mayor cuando la entidad experimentó la expansión acelerada de la traza urbana, en los años cincuenta del siglo pasado. Actualmente, los colectores con problemas abarcan hasta un 40% de la red en operación.

 

La gravedad del problema en los colectores se manifiesta en la afectación de la estructura de las tuberías, generalmente de concreto, lo que ha ocasionado colapsos de las vialidades donde va la traza de esta red, dañando vehículos y personas. De acuerdo con el registro de hundimientos por daños a colectores, cada año suceden más eventos de este tipo, debido principalmente a la antigüedad y al ataque de gases tóxicos, como el ya mencionado ácido sulfhídrico.

 

OBJETIVO 1

 

Garantizar el suministro de agua potable en cantidad y en calidad a la población de la Ciudad de México, a través del mantenimiento de la infraestructura del Sistema de Agua Potable y la mejora de su administración.

 

META 1

 

Recuperar caudales relevantes que se pierden durante la distribución, mediante el incremento de las acciones de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura, a fin de disponer de mayor cantidad de agua potable para la dotación.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Reforzar las acciones de sectorización y construir plantas de bombeo y tanques de regulación en la red de abastecimiento de agua potable, para lograr una distribución homogénea en cuanto a presión y caudales en todo el territorio de la entidad.

 

       Asegurar el mantenimiento correctivo, creciente y eficiente de la red de distribución, con la finalidad de evitar fugas.

 

       Mejorar la coordinación y la capacitación a nivel delegacional en la atención de fugas.

 

       Completar el sistema de macro-medición con la finalidad de tener un control eficiente y seguro del agua distribuida en el sistema.

 

       Reforzar los programas de mantenimiento preventivo de plantas de bombeo y tanques de almacenamiento, así como robustecer la rehabilitación integral de pozos para mantener los caudales de suministro y cubrir con tomas domiciliarias a las colonias urbano-populares.

 

META 2

 

Construir y rehabilitar plantas potabilizadoras en zonas donde la calidad del agua requiera de algún proceso de tratamiento para el consumo humano.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Realizar un diagnóstico sobre la situación geohidrológica y el estado actual de los diferentes acuíferos existentes en el Valle de México.

 

       Realizar programas de mantenimiento preventivo o rehabilitación, con la finalidad de mejorar las condiciones de operación que actualmente presentan las plantas potabilizadoras; incrementar los caudales y la calidad del afluente; y garantizar una mejor calidad del agua para el abastecimiento.

 

OBJETIVO 2

 

Consolidar la funcionalidad administrativa del SACMEX para ofrecer un servicio plenamente eficiente y transparente.

 

META 1

 

Llevar a cabo una reforma técnico-administrativa para garantizar la transparencia y mayor efectividad en la ejecución de programas y proyectos.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Establecer mecanismos para que los prestadores de servicios externos transparenten la información.

 

       Elaborar un diagnóstico sobre el esquema tarifario, la medición domiciliaria y el sistema de cobros.

 

       Transparentar los recursos delegacionales y promover la definición participativa de prioridades para incluir acciones relativas a las redes secundarias de agua en los planes parciales de desarrollo urbano delegacionales.

 

       Desarrollar un sistema de información sobre la capacidad de la infraestructura hidráulica que permita medir la factibilidad de los grandes proyectos urbanos.

 

OBJETIVO 3

 

Garantizar el mantenimiento y la operación del sistema de drenaje y las plantas de tratamiento y distribución, así como la recuperación, manejo y cobertura de aguas residuales.

 

META 1

 

Concluir el programa de mantenimiento al Sistema de Drenaje para conducir y desalojar de manera eficiente las aguas residuales y pluviales.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Elaborar e implementar el programa de mantenimiento y sustitución de colectores a partir de la identificación de sitios dañados, la actualización del catastro de la infraestructura y la sustitución de tuberías en mal estado.

 

       Concluir la rehabilitación y mantenimiento de los interceptores y del emisor central a partir de la identificación de sitios dañados y la rehabilitación de los túneles en mal estado.

 

       Rehabilitar y mantener las plantas de bombeo de agua residual a partir de la actualización del catastro de la infraestructura y la rehabilitación integral de las plantas que rebasaron su vida útil.

 

META 2

 

Incrementar la captación, el uso y aprovechamiento de las aguas residuales tratadas.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Diversificar los sistemas de captación de agua pluvial.

 

       Construir nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales.

 

       Ampliar la conducción y distribución del agua tratada.

 

       Dar mantenimiento a la infraestructura del sistema de aguas tratadas.

 

META 3

 

Tecnificar el monitoreo y la operación de la red de aguas residuales tratadas.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Modernizar la instrumentación del monitoreo de la red de aguas residuales.

 

       Actualizar y renovar la red de estaciones pluviométricas.

 

       Elaborar un plan de manejo de las aguas pluviales con visión metropolitana.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 6. Vivienda

 

Se presenta una escasa oferta de vivienda y de instrumentos para su mejora, que consideren las características, los cambios y la transición demográfica que han experimentado los hogares en la entidad. DIAGNÓSTICO

 

En la capital, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), cada año se estarán conformando 37 mil nuevos hogares con nuevas formas en la composición interna de los mismos: matrimonios nuevos, parejas que se divorcian, jóvenes que se independizan y personas adultas mayores solas, entre otros. Estos cambios se ven reflejados en la demanda de vivienda y en sus requerimientos.

 

A esta demanda generada por el crecimiento natural y social de la población, se incorpora la ocasionada por el deterioro del parque habitacional y el término de la vida útil del mismo, el alto costo del suelo, así como el deterioro en el nivel de vida de la población, lo que la hace más vulnerable para acceder a algún tipo de financiamiento o apoyo.

 

Con base en cifras de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), los requerimientos de vivienda para nuestra entidad federativa se estiman para el 2013 en aproximadamente 114,326 acciones, divididas en 55,410 acciones de vivienda nueva y 58,916 de mejoramiento. El 49.13% de estas necesidades se concentran en los niveles socioeconómicos popular y bajo, que corresponden a personas que ganan menos de 8 salarios mínimos; el 46.64% restante gana entre 8 y 30 salarios mínimos.

 

De acuerdo a la CONAVI, en la Ciudad de México operan los siguientes organismos de vivienda gubernamentales: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM)-Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada S.N.C. (BANJERCITO), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE), BANCA y Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOL) y el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI). Estos organismos atienden el 46.2% de las acciones de vivienda (52,819) y existe una demanda sin atención del orden de 53.8% (61,507 acciones) en todos los niveles socioeconómicos. Cabe señalar que la atención se da en función de los recursos que se programan anualmente para las metas establecidas por cada organismo de vivienda.

 

La atención al requerimiento por parte del Gobierno del Distrito Federal se da a través del INVI. De las 52,819 acciones ejercidas en la entidad, este organismo participa con el 43% de la atención en los niveles socioeconómicos popular y bajo, que perciben de 1 a 8 salarios mínimos mensuales; de estos, el INVI participa con 94.32% de los requerimientos del nivel popular y con 35.31% del nivel bajo.

 

Por su parte, con la política de redensificación iniciada a partir del año 2000, la oferta de vivienda generada se orientó hacia sectores sociales con ingresos por arriba de los 8 salarios mínimos, con la consecuente expulsión hacia los municipios conurbados de la población por debajo de ese nivel.

 

Entre los retos pendientes en materia de vivienda se encuentra la actualización de la normatividad y los instrumentos jurídicos vigentes; la articulación de las políticas de desarrollo urbano, ambientales y sociales; y una mayor coordinación y articulación por parte de las dependencias y entidades involucradas para planear y ejecutar acciones. Además, resulta necesario alinear los programas sectoriales con los programas parciales de las delegaciones.

 

Por último, se debe contemplar que el suelo existente para el desarrollo de programas de vivienda popular usualmente no es compatible con la factibilidad de servicios, principalmente de agua y de conexión con el transporte público. Tampoco se han diseñado programas para la producción de vivienda en renta o de renta con opción a compra y las acciones de gobierno no han considerado la integración de distintos sectores socioeconómicos en las políticas de vivienda. De igual manera, en muchos casos se han implementado esfuerzos aislados que no se integran a la comunidad, por lo que es necesario revisar los modelos y replantear los diseños de las políticas en esta materia.

 

OBJETIVO 1

 

Atender las necesidades de vivienda de la población de bajos ingresos de la capital, brindando oportunidades económicas y sociales para su adquisición y haciendo énfasis en los atributos del derecho a una vivienda adecuada y digna.

 

META 1

 

Construir vivienda de interés social con esquemas que permitan la sustentabilidad, la competitividad y la equidad.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Modernizar los proyectos y la normatividad para la construcción de vivienda social, que permitan generar edificaciones de mayor superficie, menor costo y en menor tiempo de ejecución; cercanas a las redes de transporte público y fuentes de empleo; con servicios urbanos y de comercio local; y que sean amigables con el medio ambiente.

 

       Propiciar la participación social mediante la creación de técnicas que apoyen el proceso de autoproducción que realizan los sectores populares.

 

       Diseñar nuevos esquemas financieros como la renta con opción a compra y organizar y gestionar créditos, redención de pasivos, cofinanciamiento y subsidios ante organismos financieros públicos o privados, que no sobrepasen la capacidad económica de las familias para garantizar el pago del bien inmueble.

 

       Ampliar y diversificar los créditos de vivienda en poblados rurales, respetando la normatividad establecida para el suelo de conservación.

 

META 2

 

Ampliar, bajo una perspectiva de género, la cobertura de los programas de mejoramiento de vivienda, preferentemente dirigida a la población residente de bajos recursos económicos, en condiciones de vulnerabilidad y en situación de riesgo.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Diseñar los créditos y la asesoría técnica adecuados para el mejoramiento de vivienda orientada a las familias que habitan en situación de riesgo, que están en condiciones de vulnerabilidad, a las personas adultas mayores y a las mujeres.

 

       Adecuar el programa de mejoramiento de vivienda para hacer frente a las necesidades reales de la población, generando esquemas que permitan normalizar la situación de viviendas divisibles, ampliadas y por lotes.

 

       Propiciar el otorgamiento de subsidios, permisos y créditos para la adecuación de la vivienda, la ejecución de las adaptaciones especiales y el cambio de función de los espacios, para que respondan a las necesidades de la población con discapacidad, con movilidad reducida y personas adultas mayores.

 

       Otorgar apoyo de renta mensual hasta la entrega de una vivienda a las familias reubicadas por habitar en zonas de alto riesgo (hidrometeorológico, geológico y estructural).

 

OBJETIVO 2

 

Impulsar la creación de un marco normativo que promueva y regule el desarrollo de vivienda en áreas con posibilidades de redensificación y reciclamiento.

 

META 1

 

Actualizar el marco normativo y articular la acción de las diferentes dependencias y entidades, para facilitar la gestión y desarrollo de vivienda de interés social.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Impulsar la figura de Condominio en Lote Familiar y Popular para la regularización de viviendas construidas en lotes unifamiliares.

 

       Desincentivar la ocupación irregular de áreas no aptas y romper el círculo vicioso de invasión-regularización que afecta la sustentabilidad y calidad de vida de los habitantes de estas zonas y de la Ciudad en su conjunto.

 

       Dar seguridad patrimonial a los acreditados a través de la escrituración y calidad en la gestión.

 

       Revisar la legislación vigente en la materia para proponer los ajustes normativos e institucionales necesarios; simplificar los trámites para construcción de vivienda y supervisar a los inspectores de obra.

 

       Garantizar la transparencia en la gestión administrativa, mejorar los controles y velar por la integridad de los procesos a través del fortalecimiento de los mecanismos de control de gestión para el otorgamiento de créditos.

 

META 2

 

Adquirir inmuebles con características jurídicas, técnicas y financieras óptimas para el desarrollo de vivienda de interés social.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Elaborar un inventario sobre inmuebles que son de propiedad pública, con el fin de identificar la reserva de suelo que por sus características sea factible de desincorporar para llevar a cabo proyectos de vivienda.

 

       Clasificar la reserva inmobiliaria actual, identificando el potencial de todos y cada uno de sus predios.

 

       Promover la adquisición de vecindades e inmuebles en condiciones de alto riesgo estructural, para integrarlos como parte de la bolsa de suelo, impulsando la expropiación de los inmuebles que se cataloguen como de alto riesgo estructural y cuyos propietarios no los atiendan.

 

OBJETIVO 3

 

Promover la participación organizada de la sociedad en conjunto con los diferentes órdenes de gobierno para la creación de nuevos modelos de producción de vivienda sustentable, aprovechando la inversión acumulada en infraestructura y transporte público, sobre todo en áreas con potencial de reciclamiento.

 

META 1

 

Propiciar y concertar la ejecución de proyectos de vivienda sustentable, que busquen el fortalecimiento de la convivencia e integración de la población, aprovechando la inversión acumulada en infraestructura, tanto en centralidades existentes como en áreas de potencial de reciclamiento, tales como viejas zonas industriales, deterioradas o en desuso.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Generar procesos de producción del hábitat que impulsen iniciativas consensuadas de desarrollo local en nuevos centros urbanos o áreas de reciclamiento, tendientes a mejorar y/o incrementar el parque habitacional con participación de la población local, organismos de la sociedad civil, iniciativa privada y representantes gubernamentales.

 

       Incentivar y fortalecer procesos de planeación multiactoral de zonas específicas de la Ciudad para generar esquemas novedosos de producción social del hábitat y de vivienda sustentable, adecuados a las condiciones del territorio específico.

 

       Posibilitar la concreción de modelos novedosos de producción social de vivienda sustentable en zonas estratégicas con la gestión de financiamiento ante organismos públicos federales, locales y privados.

 

       Fomentar el desarrollo de núcleos y barrios habitacionales de intereses mixtos.

 

       Fomentar la construcción de vivienda de interés social dentro de los desarrollos y barrios de interés medio.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 7. Residuos Sólidos

 

Persiste la insuficiencia de una gestión integral de residuos sólidos a nivel social, educativo y ambiental, así como en la operación, manejo, tratamiento, aprovechamiento, valorización y disposición final de dichos residuos.

 

DIAGNÓSTICO

 

En la capital se generan en promedio 12,664 toneladas diarias de residuos sólidos, producidos por más de 8,800,000 habitantes, más la población flotante que ingresa diariamente proveniente de los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Un porcentaje significativo, aproximadamente del 44%, es de tipo orgánico, lo que representa una importante fuente para la elaboración de composta y de mejoradores de suelo requeridos en las áreas verdes de la Ciudad de México. Asimismo, el 30% de los residuos sólidos generados presenta un potencial de valorización en su recuperación, como son los elaborados a base de papel, cartón, vidrio, metal y plástico.

 

El Gobierno del Distrito Federal, a través de diferentes dependencias, es el responsable del manejo de los residuos sólidos generados en la entidad. La recolección de los residuos se inicia con un parque vehicular de 2,315 camiones que, por sus años de vida útil y servicio, se considera obsoleto al menos en un 70%.

 

Desde las etapas de barrido manual en las colonias, así como en el trayecto de los camiones recolectores a las 13 estaciones de transferencia, los residuos tienen una primera selección, recuperándose una cantidad no menor a 1,200 toneladas al día de subproductos para la industria del reciclaje. Después de ser depositados en las estaciones de transferencia, 2,500 toneladas al día son enviadas a las tres plantas de selección para recuperar los materiales que aún son potencialmente reciclables.

 

Asimismo, un promedio diario total de 2,500 a 3,000 toneladas de materia orgánica es enviado a la Planta de Composta para su tratamiento; en las etapas finales del proceso, los residuos no aprovechados en este ciclo, son dispuestos en rellenos sanitarios del estado de México y del estado de Morelos, ya que el Distrito Federal no cuenta por el momento con un sitio de disposición final o temporal.

 

En cuestión de normatividad, la capital es de las pocas entidades federativas que cuenta con un marco jurídico robusto en materia de residuos sólidos, lo cual ha provocado que en los últimos años existan cambios para transitar hacia una gestión integral. Bajo esta tendencia, se han emprendido grandes esfuerzos y estrategias en el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2010-2015, desde su primera publicación en 2004.

 

La Ciudad de México enfrenta importantes retos en el manejo de residuos sólidos, entre los que destacan una cultura incipiente en hábitos de reducción, consumo responsable y separación; un déficit vehicular para una mejor cobertura en la recolección y transferencia; insuficiente infraestructura para un mejor manejo, separación, reciclaje y aprovechamiento; la falta de tecnologías alternativas de tratamiento; y la ausencia de un nuevo sitio de disposición final, debido a la escasez de espacios dentro de la entidad. Además, es insuficiente la inspección y vigilancia sobre el depósito clandestino de residuos que provienen de la construcción, remodelación y demolición.

 

Actualmente, el Gobierno del Distrito Federal ha avanzado en diversas medidas que coadyuvan a la reducción de los volúmenes de residuos, tales como: la separación en fuente, que ha alcanzado niveles de eficiencia delegacional promedio de hasta un 75% de la fracción orgánica de los residuos, los cuales son procesados en la Planta de Composta; el programa “Vamos a Separar” que establece los días para la recolección selectiva; el abatimiento de fuentes de contaminación resultantes de tiraderos clandestinos mediante la colocación de las islas de reciclaje en puntos estratégicos de la entidad; la promoción de esquemas de retorno para residuos de manejo especial, como es el caso de pilas, celulares, llantas, aceites de cocina y envases con aceites automotrices, entre otros.

 

No obstante, para el adecuado manejo de los residuos, todavía es necesario consolidar una gestión integral con visión metropolitana, que fortalezca un sistema de bajo impacto ecológico, que analice y asimile colectiva y gradualmente los avances tecnológicos y las experiencias internacionales que sean económicamente factibles, técnicamente viables y socialmente aceptables.

 

OBJETIVO 1

 

Alcanzar una mayor educación y cultura ambiental de los habitantes, a efecto de potenciar la participación social en la prevención, minimización, separación y aprovechamiento de los residuos sólidos.

 

META 1

 

Ampliar y profundizar los programas y estrategias de comunicación y capacitación en el curso de los próximos años, para difundir acciones que orienten y eduquen a la población sobre la importancia de llevar a cabo la prevención, minimización, separación en fuente y aprovechamiento de los residuos sólidos.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Elaborar e implementar una campaña de comunicación en medios masivos y a través de herramientas de Internet, que dote a la comunidad de los elementos de información suficientes para entender la complejidad del problema y el adecuado manejo de los residuos sólidos.

 

       Generar programas de participación comunitaria, barrial y vecinal en temas de manejo de residuos y la conservación del entorno.

 

       Promover la estrategia de minimización, consumo responsable, aprovechamiento y canalización de los subproductos que se generan, mediante información precisa y capacitación en todos los niveles escolares.

 

       Elaborar y aplicar un programa de estímulos a quien cumpla con las estrategias señaladas, en colaboración con la organización vecinal, y concertar con los gobiernos estatales de la ZMVM la adopción de medidas similares en su ámbito territorial.

 

OBJETIVO 2

 

Fortalecer las condiciones para la prestación del servicio público de limpia, su infraestructura, equipamiento y mobiliario, así como las estaciones de transferencia e instalaciones diversas del sistema de tratamiento de residuos sólidos.

 

META 1

 

Gestionar la renovación del parque vehicular, así como de las instalaciones, insumos y herramientas del servicio de limpia para hacer más eficientes las condiciones de la recolección de residuos sólidos y fomentar la modernización de la infraestructura para su manejo.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       En estrecha coordinación con los gobiernos delegacionales, renovar el parque vehicular, considerando vehículos de doble compartimento para la separación de los residuos sólidos.

 

       Instalar, varias veces al día, basureros y contenedores con distintas clasificaciones de basura en calles, espacios públicos y sitios clave en los que se extraiga la basura.

 

       Modernizar la infraestructura para el manejo de residuos sólidos en los sitios de transferencia, tratamiento y disposición final, con tecnologías adecuadas que permitan el máximo aprovechamiento de los materiales.

 

       Consolidar y garantizar la operación de la Planta de Composta del Distrito Federal e incidir en la multiplicación de plantas de composta a nivel metropolitano, así como en la implementación de estrategias de mercado para su comercialización.

 

META 2

 

Desarrollar nuevos proyectos para incidir en el aumento de la captación de residuos especiales.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Fomentar y promover el establecimiento de centros de depósito y reciclaje de residuos valorizables y de manejo especial.

 

       Obtener un mayor aprovechamiento de los residuos generados en la construcción y demolición para su reutilización y reciclaje, así como garantizar la disposición adecuada de los que no puedan ser aprovechados.

 

       Crear instrumentos fiscales y económicos para disminuir el uso de plásticos no biodegradables.

 

       Promover medidas normativas para el tratamiento de residuos peligrosos.

 

META 3

 

Impulsar una coordinación metropolitana efectiva para el manejo integral de los residuos sólidos.

 

LÍNEA DE ACCIÓN

 

       Establecer una coordinación interinstitucional con otras entidades de gobierno para elaborar e implementar una estrategia conjunta en materia de residuos, definiendo responsabilidades compartidas con las diferentes entidades, órdenes de gobierno, organismos de la sociedad civil y otros organismos establecidos de la ZMVM.

 

OBJETIVO 3

 

Con visión metropolitana, avanzar en la instrumentación y operación de nuevas alternativas tecnológicas encaminadas hacia el manejo, valorización y explotación de los residuos sólidos como fuente de generación de materiales complementarios, así como en el uso de energía alterna.

 

META 1

Implementar proyectos con nuevas tecnologías que promuevan la transformación de los residuos sólidos.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Desarrollar el proyecto e implementación de digestión anaerobia para 3,000 toneladas por día, en varios de los centros de recepción ubicados en la entidad.

 

       Desarrollar el proyecto e implementación de gasificación para 2,800 toneladas por día, escalables modularmente al doble de capacidad, con base en las necesidades de estabilización y recirculación del espacio físico.

 

META 2

 

Adquirir, construir y adecuar un sitio de recepción no menor a 100 hectáreas dentro de los límites de la capital, dedicado a la estabilización de los residuos y su posterior gasificación.

 

LÍNEA DE ACCIÓN

 

       Contar con el centro de recepción temporal y de energía, para integrar la infraestructura, equipos y tecnologías de estabilización y gasificación de los residuos sólidos de la Ciudad de México.

 

META 3

 

Vigilar el proceso y cumplimiento de la clausura y aprovechamiento del biogás del relleno sanitario Bordo Poniente, bajo los preceptos de la concesión otorgada.

 

LÍNEA DE ACCIÓN

 

       Coadyuvar, supervisar y garantizar que las condiciones, obligaciones y beneficios para la capital se cumplan con el proceso de clausura, saneamiento y explotación de biogás del Bordo Poniente, cuarta etapa, a efecto de abatir el pasivo ambiental que representa y consolidar el autoabastecimiento de energía eléctrica previsto.

 

EJE 5. EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

 

Un sistema democrático exige el compromiso de que la acción gubernamental responda a las necesidades de la ciudadanía, atienda los problemas sociales y genere resultados que sirvan para mejorar el bienestar y calidad de vida de la población; exige un gobierno efectivo que actúe de manera transparente y rinda cuentas de sus decisiones y que además combata de manera decidida cualquier acto de corrupción en su interior.

 

Un gobierno efectivo y al servicio de la ciudadanía es aquel capaz de definir objetivos claros sobre las mejoras que se pretenden conseguir, asignando los recursos entre las instancias de gobierno de acuerdo a dichas prioridades e implementando políticas transversales a partir del funcionamiento coordinado de las dependencias públicas. Asimismo, establece estándares de medición y evaluación que permiten realizar un seguimiento constante para identificar el impacto de la acciones, es decir, la relación entre los programas de política pública implementados y la mejoría en el bienestar y el disfrute de derechos por parte de las personas.

 

Al mismo tiempo es un gobierno abierto que transparenta sus acciones y procesos internos y, haciendo uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, genera canales para que la población pueda acceder a sus servicios de manera simple y ágil, a la vez que escucha y responde a sus demandas, reclamos y sugerencias.

 

Para que un gobierno sea efectivo y genere cambios positivos en la vida de las y los ciudadanos es indispensable que cuente con finanzas públicas sólidas que sean manejadas de manera eficiente y responsable. Asimismo, requiere medidas que ataquen las causas estructurales que propician la corrupción y que reduzcan los espacios de discrecionalidad y opacidad. Es fundamental simplificar procedimientos, automatizar el acceso a trámites y servicios y asegurar que el ingreso al servicio público se dé con base en mecanismos transparentes y meritocráticos, y que las servidoras y los servidores públicos sean constantemente capacitados y evaluados en cuanto a su desempeño.

 

La corrupción y las conductas sociales vinculadas a esta erosionan el entramado social y la confianza ciudadana en el gobierno, debilitan el desempeño gubernamental y amenazan la consolidación y la estabilidad de las instituciones democráticas. El fenómeno de la corrupción genera altos costos económicos que se traducen en la ineficiencia e ineficacia de las políticas públicas, así como en la pérdida de oportunidades de desarrollo de los países. Por su parte, la ciudadanía, al igual que los organismos privados y las instituciones públicas, ve limitado su acceso a una mejor oferta de bienes y servicios públicos y debe cargar con los costos adicionales, económicos y sociales, que generan las prácticas de corrupción.

 

La participación de la sociedad civil en el monitoreo gubernamental es toral tanto para asegurar la efectividad en el ejercicio de gobierno como para el combate a la corrupción. La transparencia y la rendición de cuentas como mecanismos de control del poder son útiles en la medida en que sirven a la ciudadanía para mejorar el funcionamiento de las políticas, los programas y los servicios más cercanos a su comunidad, ciudad o región. Mientras exista una ciudadanía que active mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas para someter al escrutinio la acción pública, los gobiernos tenderán a ser más responsivos a las demandas, más eficaces en el accionar público y menos propensos a la corrupción.

 

La transparencia y la rendición de cuentas han sido adoptadas ya como principios centrales de gestión y de desempeño para las dependencias gubernamentales y para el servicio público. Por esta razón, inciden en la conducta de las servidoras y los servidores públicos, por las cuestiones ético-valorativas que impulsa su aplicación; modifican los procedimientos y trámites, por los requerimientos de visibilidad y seguimiento continuo que demandan; y ubican a las administraciones públicas y al resto de las unidades de gobierno en una situación de disponibilidad permanente ante la sociedad. De ahí que resulte fundamental que cualquier servidora o servidor público conozca y entienda a cabalidad las implicaciones de la vigencia y uso permanente de los principios que emanan de ambos conceptos. Es necesario además que el gobierno genere y ponga a disposición de la ciudadanía información sobre los procesos y resultados de las políticas de forma accesible para todas y todos, así como útil, clara y oportuna, involucrando a las y los ciudadanos en la valoración del cumplimiento de sus derechos, la progresividad de su alcance y su exigibilidad, así como en el llamamiento al gobierno a rendir cuentas en caso de incumplimiento.

 

Lo anterior es doblemente necesario en el caso de las servidoras y los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, cuyas responsabilidades los ubican en un contexto de enorme complejidad y retos. Al ser el gobierno del núcleo de la zona metropolitana más importante de México y una de las más dinámicas de la región latinoamericana, el Gobierno del Distrito Federal debe sortear los desafíos de gobernar un territorio y una población de grandes dimensiones, con las consecuentes complicaciones técnicas; sin embargo, al mismo tiempo, es la autoridad más cercana de una ciudad en la que conviven realidades socioeconómicas diversas que reclaman cercanía, sensibilidad y capacidad de respuesta inmediata.

 

El Gobierno del Distrito Federal ha establecido como uno de los ejes estratégicos para las acciones de esta gestión la efectividad, rendición de cuentas y combate a la corrupción; en este eje se enlista una serie de áreas de oportunidad en las que deberán concentrarse los esfuerzos para consolidar un gobierno efectivo, transparente y cercano a la ciudadanía, así como los objetivos, metas y líneas de acción para fortalecer los compromisos que este gobierno asume ante los habitantes.

 

A través de este eje estratégico, se busca articular temas de mejora regulatoria y simplificación administrativa, la planeación, evaluación y presupuesto basado en resultados, el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la transparencia y rendición de cuentas, el uso eficiente de los recursos y las finanzas públicas sanas, así como la profesionalización del servicio público.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 1. Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa

 

Sobrerregulación jurídica y excesiva carga administrativa en los trámites y servicios, cuya prestación complicada y lenta limita la eficiencia económica y la competitividad de la Ciudad, redunda en baja calidad en la atención a la ciudadanía y propicia oportunidades para la corrupción.

 

DIAGNÓSTICO

 

Durante las últimas décadas, en la Ciudad de México se ha construido un vasto marco jurídico conformado por alrededor de 2,500 ordenamientos jurídico-administrativos. Entre ellos podemos contar 7 códigos, aproximadamente 140 leyes, 140 reglamentos que no necesariamente corresponden a cada ley, y actos administrativos de carácter general cuya expedición no tiene un control aparente.

 

Existen disposiciones dispersas, duplicadas, transitorias o temporales y contradictorias o que contienen criterios heterogéneos, las cuales son difíciles de identificar oportunamente.

 

En los últimos años el Gobierno del Distrito Federal ha llevado adelante acciones para enfrentar esta situación. A partir de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, se creó el Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal. La última modificación de ese manual, publicada en julio de 2012, da cuenta de 214 trámites y 76 servicios de mayor demanda. Asimismo, mediante una disposición administrativa emitida por la Contraloría General en 2011, se creó el Catálogo Único de Trámites y Servicios como herramienta para difundir información sobre los trámites y servicios que brinda la administración pública local. Dicho catálogo ha logrado captar 307 trámites y 256 servicios, incluidos los del Manual.

 

En el mismo sentido, en el marco de la desregulación y la simplificación administrativa el Gobierno del Distrito Federal ha implementado exitosamente las Ventanillas Únicas Delegacionales, el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), los Centros de Vinculación Empresarial (CVE), y la creación de instancias como el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.

 

No obstante estos avances, no se ha logrado integrar en un solo instrumento el universo de trámites y servicios que brinda la administración pública local. Esto se debe principalmente a que no se cuenta con un marco jurídico fortalecido, no se han implementado herramientas de innovación tecnológica o de regulación eficiente y no existe un área que concentre las atribuciones para brindar certeza jurídica, transparencia y bajo costo en los trámites y servicios. Así, los esfuerzos en esta materia se encuentran dispersos y no se ha logrado desarrollar una política sólida de mejora regulatoria y simplificación administrativa.

 

Un estudio elaborado por Latin-Reg, con la cooperación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), y que retoma recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ubica al Distrito Federal en el tercer lugar de las entidades con mayor carga administrativa de todo el país y en el lugar veinte en gestión regulatoria, con una calificación de 31 puntos, muy por debajo de los 67 puntos de la calificación promedio para los países miembros de la OCDE.

 

Esta realidad aumenta los espacios de discrecionalidad de las servidoras y los servidores públicos e incrementa el tiempo y costo en la realización de los trámites, lo cual genera efectos negativos sobre la competitividad económica de la Ciudad de México y la percepción de conductas corruptas, y puede limitar el efectivo ejercicio de los derechos por parte de ciudadanía.

 

Por ejemplo, el estudio Doing Business2013 del Banco Mundial, al analizar el ejercicio 2012, ubica al Distrito Federal en el lugar 30 de las 32 entidades del país en facilidad para hacer negocios (correspondiendo el puesto 1 a la entidad en donde resulta más fácil hacer negocios y el 32 a aquella en dónde resulta más difícil).

 

Asimismo, Transparencia Mexicana, a través del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, calificó al Distrito Federal como la entidad con más alta percepción de corrupción, al ubicarse en el lugar 32 con 17.9 puntos, muy por encima del promedio de 10.3. Dicha puntuación se explica en gran medida por la percepción de corrupción en diversos trámites y servicios, entre los que se ubican la licencia o permiso de demolición, construcción o alineamiento y número oficial, la licencia o uso de suelo, diversos trámites en el Registro Público de la Propiedad y el permiso para la instalación de un negocio o abrir un establecimiento. Varios de estos trámites y servicios coinciden con los que requieren mejora regulatoria y simplificación administrativa.

 

OBJETIVO 1

 

Mejorar y facilitar la solicitud y resolución de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal.

 

META 1

 

Reducir el tiempo real de atención y resolución de trámites y servicios, disminuyendo el número de requisitos y de procedimientos y, en su caso, el costo de los mismos, mediante la mejora de las disposiciones jurídicas que se requieran.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Implementar mecanismos de simplificación que permitan disminuir los tiempos de respuesta y el número de requisitos y de procedimientos para la resolución de trámites y la prestación de servicios.

 

       Contribuir en la actualización de normas y disposiciones jurídicas para mejorar la gestión pública y otorgar una mayor certeza jurídica a la ciudadanía.

 

META 2

 

Mejorar los niveles de calidad y eficiencia en la atención de trámites y servicios tanto en espacios físicos como a través de medios electrónicos, bajo los principios de igualdad y no discriminación.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Normar y ejecutar políticas dirigidas a crear y mantener en todos los centros destinados a la realización de trámites, prestación de servicios y atención ciudadana en general, una infraestructura idónea que garantice la accesibilidad universal, con especial atención a personas en situación devulnerabilidad por su origen étnico, condición económica o migratoria, edad, capacidad, sexo, preferencia u orientación sexual, por alguna enfermedad, discapacidad, entre otras.

 

       Avanzar en la implementación de medios electrónicos y otros mecanismos que permitan una ágil atención y resolución de trámites, así como una eficiente prestación de servicios, mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación.

 

       Generar las condiciones para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder al uso de los medios electrónicos para la realización de trámites y/o recibir orientación acerca de los lugares en donde puedan acudir para realizar esta tarea.

 

       Crear mecanismos para facilitar la presentación o consulta de documentación oficial básica de personas físicas o morales, incluso de aquella con la que ya cuenta la Administración Pública del Distrito Federal, y que es requisito para realizar algún trámite, mediante el uso de bancos de datos, padrones o registros de usuarios acreditados que eviten la presentación reiterada de la misma, salvo en casos como cotejo o actualización.

 

       Impulsar una cultura de calidad, igualdad y no discriminación en la atención a la ciudadanía, mediante la instrumentación de un código de ética y responsabilidades de las servidoras y servidores públicos.

 

OBJETIVO 2

 

Mejorar y mantener actualizados los canales de difusión de los trámites y servicios que brindan los distintos órganos que integran la Administración Pública del Distrito Federal, para dar certeza jurídica a la ciudadanía y garantizar la transparencia y la homogeneidad en la prestación de los mismos.

 

META 1

 

Registrar y difundir información actualizada, conforme a la legislación vigente, de todos los trámites y servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal, facilitando el acceso a dicha información en cualquier lugar y modalidad.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Difundir entre la población el contenido y utilidad de instrumentos como el Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal y el Catálogo Único de Trámites y Servicios en línea y sus actualizaciones.

 

       Incorporar paulatinamente la totalidad de trámites y servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del Distrito Federal a los mecanismos legales de difusión.

 

       Priorizar los trámites y servicios más solicitados y de mayor impacto para la ciudadanía, estableciendo mejores prácticas en los procesos de trabajo y atención.

 

       Promover una gestión pública ágil y transparente y consolidar la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 2. Planeación, Evaluación y Presupuesto Basado en Resultados

 

Insuficiente vinculación entre la planeación, programación, presupuestación y evaluación de las acciones de gobierno, lo que reduce la eficiencia en la utilización de recursos y limita la efectividad en la implementación de las políticas públicas.

 

DIAGNÓSTICO

 

Si bien el Gobierno del Distrito Federal cuenta con un marco normativo que otorga un papel importante a la planeación y establece al Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF) como el instrumento que plasma los objetivos y estrategias que deben guiar la acción gubernamental, la vinculación del proceso de planeación con los de programación, presupuestación y evaluación aún es insuficiente, lo que afecta la eficiencia y el impacto de las políticas públicas.

 

Durante los últimos años, el Gobierno del Distrito Federal ha instrumentado acciones encaminadas a reducir esta brecha. En materia presupuestal se han iniciado acciones para implementar un Presupuesto Basado en Resultados, el cual permite definir prioridades y vincular los objetivos de los programas presupuestarios con los del Programa General de Desarrollo y los programas que de él deriven. Este tipo de presupuesto permite asignar recursos con base en resultados, mejorando así la eficiencia y eficacia del ejercicio gubernamental. Desde el 2009 se han materializado modificaciones en la estructura programática de la Ciudad de México, para vincular de manera más clara los recursos presupuestados a los resultados esperados.

 

Asimismo, se han realizado importantes modificaciones al marco normativo, entre las que destacan la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y su Reglamento, en las cuales se establecen las bases para normar la integración de los presupuestos anuales, así como la vinculación del ejercicio presupuestal con acciones de evaluación. Por otra parte, en la etapa de programación-presupuestación las unidades responsables del gasto vinculan los objetivos de los programas públicos con los del PGDDF y las acciones que de él deriven. Estas tareas se han complementado con el inicio dela construcción de indicadores estratégicos y de gestión de las principales acciones consideradas en el presupuesto autorizado en materia de derechos humanos e igualdad de género. Además, se han realizado avances significativos a partir de la consolidación del Programa de Monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental (PROMOEVA) y la constitución del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa DF). Desde este último organismo se han realizado evaluaciones a programas sociales del gobierno y se ha avanzado en promover una cultura de la evaluación.

 

A pesar de lo anterior, persisten varios problemas. En primer lugar, aún no hay una sinergia entre los procesos de planeación y presupuestación, con lo cual predomina la visión de corto plazo en la orientación de los recursos públicos y se producen duplicidades que afectan la calidad y cobertura de los bienes y servicios. En segundo lugar, la coordinación interinstitucional para el desarrollo de las políticas públicas es insuficiente, tanto en la etapa de planeación como de implementación. Finalmente, el seguimiento y evaluación de las políticas es limitado y las recomendaciones y resultados que de ellos se desprenden no dan lugar a readecuaciones o a la reasignación de los recursos.

 

Las causas de estos problemas son varias. Por un lado, un marco normativo de planeación incompleto que dificulta su adecuado cumplimiento y se traduce en la limitada existencia de programas sectoriales, institucionales, especiales y parciales. Asimismo, la inexistencia de datos e información que permitan fortalecer los diagnósticos de los problemas públicos, así como la desvinculación entre los órganos de planeación. Además, las servidoras y los servidores públicos cuentan con limitada capacitación en temas de planeación, implementación y evaluación de políticas. Por último, es aún incipiente el desarrollo de un sistema integral de evaluación del desempeño para dar seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas.

 

OBJETIVO 1

 

Fortalecer la planeación gubernamental mediante mecanismos integrales, incluyentes y participativos que permitan una mejor definición de los retos de la Ciudad y las políticas públicas formuladas para atenderlos.

 

META 1

 

Consolidar la planeación gubernamental en la Ciudad de México como herramienta para potenciar el impacto positivo de las políticas públicas.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Modernizar los procesos de planeación y resaltar el valor y beneficios que esta otorga en la formulación e implementación de la acción gubernamental.

 

       Fortalecer los instrumentos asociados a la planeación, especificando actores, instituciones participantes, procedimientos y plazos.

 

       Avanzar en la consolidación de un sistema estadístico y de información de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México, que genere insumos para fortalecer los diagnósticos de las problemáticas de la Ciudad.

 

       Incluir la participación de la sociedad civil en la planeación gubernamental.

 

META 2

 

Consolidar al PGDDF 2013-2018 como eje rector que fija las prioridades y líneas estratégicas del gobierno y orienta las acciones de los entes de la Administración Pública del Distrito Federal.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Impulsar la coordinación interinstitucional en la formulación de programas sectoriales y especiales para evitar duplicidades y articular acciones.

 

       Fortalecer la función de los programas sectoriales, institucionales, especiales y parciales como instrumentos de programación y presupuestación para alcanzar los objetivos y metas establecidos en el PGDDF.

 

OBJETIVO 2

 

Orientar la programación de las acciones del gobierno y la asignación presupuestal hacia los objetivos y metas establecidos como resultado de la planeación gubernamental.

 

META 1

 

Consolidar la adopción de metodologías que vinculen el ejercicio presupuestal a la consecución de objetivos y la obtención de resultados por parte de las políticas y programas de gobierno, en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas sobre los recursos públicos.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Continuar con la adopción de metodologías que permitan mejorar la vinculación entre la planeación y la programación-presupuestación de la acción gubernamental, estableciendo las bases para su correspondiente seguimiento y evaluación.

 

       Implementar estrategias para la capacitación de las servidoras y los servidores públicos en la utilización de las herramientas metodológicas y operativas necesarias para vincular la planificación, evaluación y presupuestación.

 

OBJETIVO 3

 

Consolidar la evaluación de resultados de la acción gubernamental como un instrumento de la gestión pública de la Ciudad de México.

 

META 1

 

Implementar mecanismos para robustecer y sistematizar las acciones de monitoreo y evaluación de los programas y políticas del gobierno.

 

LÍNEA DE ACCIÓN

 

       Fortalecer el desarrollo de instrumentos metodológicos y operativos que permitan el monitoreo y evaluación de la acción gubernamental, para dar seguimiento a las metas y ofrecer información para incrementar la eficiencia y eficacia de las políticas y programas.

 

META 2

 

Mejorar la acción gubernamental a partir de los resultados de su evaluación.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Aplicar los resultados de las evaluaciones para mejorar los procedimientos e instrumentos de la acción gubernamental.

 

       Fomentar al interior de los entes de la Administración Pública del Distrito Federal la cultura de la evaluación y el monitoreo.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 3. Uso adecuado de las TIC

 

Insuficiente infraestructura informática y escasa aplicación de las tecnologías de información y comunicación a los procesos intragubernamentales y a la relación del gobierno con la ciudadanía, lo cual afecta la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

 

DIAGNÓSTICO

 

Las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en un instrumento para consolidar una nueva forma de organizar la gestión pública, con el objetivo de incrementar la eficiencia, la transparencia, la accesibilidad y la capacidad de respuesta a las demandas de la ciudadanía y las empresas. Sin embargo, el Gobierno del Distrito Federal aún presenta importantes rezagos en la incorporación y uso de las TIC, tanto para mejorar y agilizar los procesos al interior del gobierno como para facilitar y fortalecer la relación con la ciudadanía. Estos rezagos, a su vez, generan efectos negativos en términos de la competitividad y productividad de la Ciudad.

 

En primer lugar, existe una falta de coordinación y comunicación entre los diferentes órganos gubernamentales, una obsoleta y/o deficiente infraestructura tecnológica para la instauración de un gobierno en línea y una falta de capacitación a las servidoras y los servidores públicos y a la ciudadanía para el uso de nuevas tecnologías. En el Gobierno del Distrito Federal el 65% del equipo de cómputo de las oficinas de gobierno es obsoleto y su conectividad es del 86%. En segundo lugar, y a pesar de que la experiencia internacional muestra que uno de los principales beneficios de las TIC se deriva del uso del internet por parte de los entes de gobierno para entregar algún servicio o información a la ciudadanía, existe una carencia de plataformas eficientes para la prestación de trámites y servicios en línea. De los 563 trámites y servicios ofrecidos por el Gobierno del Distrito Federal, solo 43 pueden efectuarse por completo en línea. El acceso a estos trámites y servicios resulta a su vez limitado debido a que, según datos del INEGI, solo el 58% de la población de la Ciudad de México tiene acceso a internet, y de esta solo el 35% tiene acceso en su hogar. Asimismo, las instancias gubernamentales, la sociedad civil y la comunidad empresarial no se vinculan para identificar prácticas eficaces y enfoques innovadores que aprovechen nuevas tecnologías para construir un gobierno electrónico. Por último, si bien han tenido lugar diferentes esfuerzos para incorporar el uso de las TIC en las distintas actividades gubernamentales de la Ciudad de México, estos se han llevado a cabo de manera descoordinada y desarticulada por las diferentes unidades de gobierno, por no ser parte de un programa estratégico de tecnologías que esté orientado a un modelo integral de gobernabilidad de las TIC.

 

OBJETIVO 1

 

Construir un gobierno inteligente, abierto, ágil y flexible, que utilice los más avanzados sistemas administrativos y tecnológicos para promover la eficacia gubernamental y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.

 

META 1

 

Establecer servicios digitales oportunos, eficaces y eficientes, así como sistemas informáticos (automatización de procesos) orientados a la atención al público, alineando toda la Administración Pública del Distrito Federal para tal efecto.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Estandarizar y difundir los trámites y servicios digitales en los portales de internet del gobierno, como una alternativa de atención pública.

 

       Generar espacios de vinculación entre las instancias de gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada, para la identificación de buenas prácticas en el uso de las TIC que permitan mejorar la acción gubernamental y la atención a la población.

 

       Promover el uso y aplicación de tecnologías y datos abiertos.

 

       Establecer políticas informáticas para alinear a toda la Administración Pública del Distrito Federal.

 

       Integrar el enfoque de género en el fomento de uso de las TIC.

 

       Fomentar la capacitación de las servidoras y los servidores públicos en el uso de las TIC.

 

       Promover el uso de TIC en la ejecución de procedimientos administrativos, garantizando certeza jurídica.

 

OBJETIVO 2

 

Desarrollar un Modelo Estratégico Integral de TIC (MEITIC) para el Gobierno del Distrito Federal que lo posicione como un gobierno que difunde, promueve, impulsa, coordina y apoya la innovación, así como el desarrollo e implementación de las TIC al servicio de la ciudadanía.

 

META 1

 

Implementar el MEITIC en todos los entes de la Administración Pública del Distrito Federal, a través de lineamientos, programas, políticas, buenas prácticas y difusión de marcos de referencia internacionales.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Puntualizar las estrategias, objetivos y metas de Gobierno del Distrito Federal en materia de TIC, para impulsar programas, proyectos, políticas y lineamientos, así como la promoción y difusión de marcos de referencia internacionales en esta materia.

 

       Establecer el plan estratégico de TIC para el Gobierno del Distrito Federal.

 

       Implementar un Modelo de Gobernabilidad a través del MEITIC.

 

       Desarrollar, difundir e instrumentar la Agenda Digital para el Gobierno del Distrito Federal, que contenga la estrategia de implementación de la Capital Digital que permita avanzar hacia una ciudad inteligente.

 

       Avanzar en las siguientes vertientes de la Agenda Digital: e-Salud, e-Educación, e-Justicia, e-Seguridad, e-Comercio, e-Anticorrupción y e-Gobierno.

 

       Promover acciones tendientes a reducir labrecha digital, ampliar elacceso, la alfabetización digital y el uso de las TIC por parte de la población.

 

       Fomentar el uso de las TIC en los servicios culturales y los espacios educativos, generando aplicaciones que faciliten el acceso de la población.

 

META 2

 

Establecer mecanismos y mejores prácticas de control, seguridad e iniciativas de gobierno electrónico que disminuyan riesgos derivados de la operación, y vigilar su cumplimiento a través de intervenciones, diagnósticos y recomendaciones.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Identificar plataformas tecnológicas existentes que permitan mejorar la correcta asignación de los recursos financieros a las TIC, con base en un análisis costo-beneficio.

 

       Asesorar y apoyar proyectos de innovación e investigación, a través de un concepto de parque científico, que promuevan estrategias de sistemas de información, gobierno electrónico y política de TIC; así como la administración de recursos y servicios tecnológicos, a través de tableros de control.

 

       Crear una base de conocimiento de todas las TIC existentes en las unidades del Gobierno del Distrito Federal.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 4. Transparencia y Rendición de Cuentas

 

Los mecanismos de transparencia con frecuencia son reactivos en lugar de proactivos y la información pública está insuficientemente sistematizada, lo cual limita el acceso a la misma y dificulta la rendición de cuentas.

 

DIAGNÓSTICO

 

La transparencia es una herramienta fundamental para garantizar el acceso de la población a la información pública y hace posible la vigilancia e incidencia social en las políticas públicas. También fortalece la confianza ciudadana, disminuye la percepción de opacidad y corrupción, contribuye a una gestión pública más eficaz, así como a mejorar el sistema de rendición de cuentas.

 

El Artículo 6º Constitucional dispone que toda la información en posesión de cualquier autoridad gubernamental es pública, salvo aquella que por razones de interés público deba ser reservada temporalmente (si bien debe prevalecer el principio de máxima publicidad). De igual manera, dispone que para acceder a la información no es necesario acreditar interés o justificación alguna, así como que los entes obligados deberán contar con mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, proteger los datos personales, preservar los documentos en archivos administrativos actualizados y publicar en medios electrónicos información actualizada sobre sus indicadores de gestión. Dichos principios se reflejan en el marco normativo construido a este respecto en la Ciudad de México, con leyes especiales de vanguardia en materia de Acceso a la Información Pública, de Datos Personales y de Archivos.

 

Las obligaciones que se desprenden de esos ordenamientos legales han conducido a crear estructuras y destinar recursos para dar atención a las solicitudes de información pública y de datos personales, para exponer en los sitios de internet del gobierno la información de oficio, para crear junto con la sociedad sitios de información ciudadana y para la mejora continua de los portales de transparencia.

 

Durante los últimos cuatro años se ha dado atención a un promedio de más de 88 mil solicitudes de acceso a información pública por año, en un tiempo promedio de 7 días; en ese mismo periodo, solo el 2.1% han merecido la inconformidad de los solicitantes a través de recursos de revisión. La atención que se le ha brindado a esta materia en la Ciudad de México explica que en dos ocasiones la entidad haya sido la mejor evaluada del país en el marco del estudio “Métrica de la Transparencia”, llevado adelante por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

 

No obstante, aún existen resistencias y deficiencias que limitan el pleno ejercicio de este derecho fundamental. Algunas de las razones de esas resistencias y deficiencias radican en un proceso de cambio cultural y capacitación que, pese al gran impulso que le ha dado el Gobierno del Distrito Federal, no ha concluido aún. En el caso de las obligaciones que se derivan de las leyes de protección de datos y de archivos, las razones radican en la falta de infraestructura material y técnica suficientes.

 

En particular, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal establece la obligación del gobierno de publicar en sus portales de internet información pública de oficio con respecto a 46 rubros de información, la cual es evaluada bajo 840 criterios de calidad que en promedio le aplican a cada ente obligado. Esto coloca a la Ciudad de México como la entidad con más obligaciones gubernamentales y mayor exigibilidad en materia de transparencia. Con todo, no obstante ese marco de exigencia, los resultados en la respuesta de las instancias gubernamentales no siempre han sido los óptimos y han dejado ver algunas limitaciones en las capacidades de atender nuevos requisitos. Así, la introducción de nuevos y más estrictos criterios de evaluación de calidad de la información establecidos por el INFODF en 2012 tuvieron como consecuencia que, al término del año, se observara una disminución en la calidad de la información de oficio con respecto a años anteriores (de 91% en 2011 a 78% en 2012).

 

Además, si un ciudadano o ciudadana requiere información que manejan diversas instancias gubernamentales, tiene que acceder por separado al portal de cada una de ellas, lo que revela la insuficiente coordinación, estandarización e integración de la información, que dificulta la comprensión de su contenido y la posibilidad de monitorear y evaluar la gestión pública.

 

Por otro lado, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil se han construido portales sobre temas específicos de alto interés social, tales como trámites y servicios, medio ambiente, supervía poniente y líneas 3 y 4 del Metrobús, los cuales contienen información en un lenguaje sencillo y comprensible. Sin embargo, para estar en condiciones de crear más portales ciudadanos será necesario seguir fortaleciendo una relación entre los entes públicos y las organizaciones de la sociedad civil que impulse el surgimiento de prácticas novedosas en la generación de información, a la vez que desde el gobierno se dicten las medidas necesarias para dar viabilidad a lo que dispone la ley en materia de portales de transparencia proactiva.

 

OBJETIVO 1

 

Fortalecer las capacidades del gobierno para aprovechar el potencial de la transparencia para un desempeño más eficiente y eficaz de sus programas y para un mejor sistema de rendición de cuentas.

 

META 1

 

Lograr un cambio cultural en el espacio laboral y una mejor gestión de la información por parte de las servidoras y servidores públicos, mediante el establecimiento de un modelo de formación y actualización continua en materia de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales y archivos.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Promover y diseñar programas de capacitación y actualización en materia de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales y archivos, para los diferentes niveles de responsabilidad dentro del servicio público.

 

       Implementar mecanismos que permitan evaluar el desempeño de las servidoras y los servidores públicos responsables del cumplimiento de las obligaciones en la materia, para detectar necesidades específicas de capacitación.

 

META 2

 

Mejorar el resguardo, organización y gestión de la información mediante el fortalecimiento de una infraestructura física y tecnológica que posibilite mayores niveles de seguridad y eficiencia.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Asegurar el establecimiento de condiciones físicas y tecnológicas propicias para la implementación de las distintas medidas de seguridad que establece la Ley para la Protección de Datos Personales.

 

       Mejorar las condiciones físicas, tecnológicas y de supervisión, para una adecuada administración y gestión de los archivos físicos y electrónicos y el cumplimiento óptimo de la Ley de Archivos.

 

META 3

 

Mejorar los niveles de coordinación de la información interinstitucional y elevar los estándares de calidad de la información de oficio y de respuesta a las solicitudes de información.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Establecer líneas de comunicación al interior de las instituciones que inciden sobre un mismo tema para estandarizar, ordenar y sistematizar la información.

 

       Impulsar mecanismos de respuesta inmediata a solicitudes de información de oficio, así como mecanismos de monitoreo continuo a la calidad con la que la información se expone en los portales de transparencia.

 

       Establecer semáforos preventivos para abatir tiempos de atención a las solicitudes de información.

 

       Monitorear de manera continua la calidad de las respuestas a las solicitudes, así como las reservas de información y las declaraciones de inexistencia, a fin de inhibir prácticas evasivas.

 

       Promover en la sociedad el ejercicio del derecho a evaluar la ejecución de los programas de gobierno.

 

OBJETIVO 2

 

Impulsar las acciones necesarias para avanzar en los propósitos del Acuerdo por un Gobierno Abierto y la transparencia proactiva, como medios de interlocución entre gobierno y la ciudadanía.

 

META 1

 

Afianzar la práctica de la transparencia proactiva a partir del fortalecimiento del marco normativo y tecnológico.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Propiciar la emisión de lineamientos que permitan cumplir con el establecimiento de portales ciudadanos de transparencia en todos los entes obligados, promoviendo la participación y la interlocución con la sociedad.

 

       Promover la generación, sistematización y publicidad de información relevante para la población, así como la publicidad de bases de datos útiles para la rendición de cuentas.

 

       Avanzar en la consolidación de una plataforma tecnológica que permita contar con un sistema único de navegación y de consulta de la información de oficio, así como con productos ordenados y sistematizados de información de alto interés para la sociedad.

 

META 2

 

Avanzar en el cumplimiento de los propósitos del Acuerdo por Gobiernos Abiertos.

 

LÍNEA DE ACCIÓN

 

       Propiciar la realización de reuniones de trabajo entre el Gobierno del Distrito Federal, organizaciones de la sociedad civil y el INFODF, con el propósito de definir una ruta clara que establezca metas, plazos y líneas de trabajo para avanzar hacia el Gobierno Abierto.

 

OBJETIVO 3

 

Fortalecer la relación entre los entes públicos, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad para alcanzar mejores niveles de transparencia y rendición de cuentas.

 

META 1

 

Consolidar los mecanismos de interlocución con la sociedad que estimulen y enriquezcan las acciones de transparencia proactiva y orienten los esfuerzos hacia un gobierno abierto.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Diseñar en cada instancia gubernamental, de acuerdo a su perfil, los mecanismos idóneos de diálogo o interlocución con la sociedad.

 

       Promover la articulación entre las dependencias del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para construir portales ciudadanos de transparencia, evaluar la transparencia de las políticas de gobierno y desarrollar las mejoras necesarias para una mayor transparencia y una mejor rendición de cuentas.

 

       Promover el registro y transferencia de proyectos en materia de transparencia focalizada y participación ciudadana.

 

META 2

 

Aumentar el conocimiento de la población acerca del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.

 

LÍNEA DE ACCIÓN

 

       Promover campañas de difusión para que la ciudadanía tenga mayor conocimiento acerca de estos derechos y acerca de la relevancia y utilidad de la información para su vida cotidiana, a través ferias, campañas en las demarcaciones territoriales, utilización de las redes sociales y organización de seminarios y programas educativos y culturales.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 5. Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

 

La evasión y elusión fiscal resta flexibilidad a la administración tributaria y con ello limita los recursos necesarios para que el Gobierno del Distrito Federal cumpla con la provisión de bienes y servicios a la población.

 

DIAGNÓSTICO

 

Para atender las demandas de la sociedad en los diversos ámbitos, el Gobierno del Distrito Federal debe contar con los recursos necesarios bajo un marco de finanzas públicas sanas. La Ciudad de México se encuentra en una situación de mayor autonomía en términos fiscales ya que, a diferencia del resto de las entidades del país, recauda tanto contribuciones fiscales estatales como municipales. En este tenor, 50% de los ingresos totales del Gobierno del Distrito Federal se explican por ingresos propios, en comparación con el resto de las entidades federativas que reciben entre el 80% y 85% del total de sus ingresos a través de recursos federales.

 

Sin embargo, diversas proyecciones permiten suponer que en la Ciudad de México una porción de la ciudadanía no cumple cabalmente con sus obligaciones fiscales, lo que puede involucrar el incumplimiento de las leyes respectivas o el uso de herramientas legales para no pagar, es decir, la evasión o elusión fiscal.

 

El Gobierno del Distrito Federal debe aplicar una política fiscal tendiente a lograr que la ciudadanía contribuya a financiar el gasto público de manera proporcional y equitativa. En este sentido, el gobierno debe realizar las acciones de fiscalización necesarias para que los contribuyentes cumplan cabalmente con sus obligaciones en esta materia, a la vez que facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de las mismas. Ello permitirá contar con una mayor independencia y sustentabilidad financiera, así como con mayores recursos para la política social y las obras públicas que el bienestar de la población demanda.

 

Por lo expuesto, es indispensable que la política de recaudación del gobierno de la Ciudad se lleve a cabo bajo los principios de equidad y eficiencia, haciendo cumplir las disposiciones fiscales a través de la orientación, actualización, agilización y modernización de los procesos recaudatorios y de una política de fiscalización permanente de quienes omiten el pago de sus obligaciones fiscales.

 

Por otro lado, aún y cuando la Ciudad de México se encuentra en una situación de mayor autonomía fiscal, los recursos de origen federal son parte importante de la estructura de ingresos de la hacienda pública del Distrito Federal. Sin embargo, en los últimos años, estos han presentado un sensible estancamiento derivado del bajo dinamismo mostrado en los recursos provenientes de las Participaciones en Ingresos Federales, lo cual coloca al Distrito Federal en una situación compleja, al contar con menores recursos de una de sus principales fuentes.

 

A lo anterior debemos agregar que la proporción de Participaciones en Ingresos Federales que recibe el Distrito Federal respecto al total es y será cada vez menor conforme pase el tiempo, producto de la mecánica de distribución vigente a partir de 2008.

 

En ese sentido, dicho entorno no debe traducirse en un desbalance en las fuentes de ingreso del Distrito Federal, por lo que es necesario generar los mecanismos y acciones que permitan contar con los recursos federales necesarios que fortalezcan las finanzas públicas de la Ciudad.

 

OBJETIVO 1

 

Impulsar el crecimiento de las fuentes propias de financiamiento para contar con los recursos necesarios y las condiciones de sustentabilidad que garanticen una adecuada provisión de bienes y servicios públicos así como la continuidad de programas sociales, al tiempo que favorezcan un ambiente óptimo para la inversión y el crecimiento económico de la Ciudad de México.

 

META 1

 

Lograr mayores niveles de eficiencia en la recaudación a través de estrategias que dificulten la evasión y elusión fiscales.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Fortalecer la difusión de información necesaria para el pago adecuado de las contribuciones y las medidas para facilitar el cumplimiento de las mismas, subrayando los beneficios del pago oportuno y haciendo evidentes las sanciones.

 

       Llevar adelante campañas de concientización que sirvan para fortalecer la cultura fiscal en la población.

 

       Crear la cuenta única del contribuyente, a través de la cual las y los causantes de la Ciudad podrán administrar sus contribuciones mediante una aplicación Web, con lo que se facilitará el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al tiempo que se mejorará la transparencia y atacará la corrupción.

 

       Implementar acciones para fortalecer la imagen institucional, para inculcar en el contribuyente la cultura del pago oportuno y disminuir las posibilidades de que se presenten actos de corrupción en los trámites y pago de contribuciones.

 

       Incorporar nuevos y nuevas contribuyentes a los padrones con los que actualmente cuenta la Ciudad de México.

 

META 2

 

Mejorar y facilitar el acceso a las opciones de pago que ofrece el Gobierno del Distrito Federal a sus contribuyentes.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Ampliar los puntos de recaudación, incorporando mecanismos como cajeros automáticos, nuevos portales bancarios, esquemas de domiciliación y la utilización de la tecnología para el pago de contribuciones a través de teléfonos inteligentes.

 

       Continuar con la modernización de las oficinas de atención de la Administración Tributaria, para que cuenten con personal capacitado e instalaciones y equipo de vanguardia para la mejor atención al usuario.

 

       Mejorar la calidad en la atención al contribuyente para generar incentivos para el pago oportuno de contribuciones.

 

META 3

 

Regularizar el pago de las contribuciones locales y adeudos por parte de las dependencias del Gobierno Federal.

 

LÍNEA DE ACCIÓN

 

       Fortalecer las acciones fiscalizadoras en ejercicio pleno de las facultades de comprobación y cobranza de los créditos fiscales, velando en todo momento por la seguridad jurídica de los contribuyentes y elevando la eficiencia de las instancias de recaudación a través del uso de la tecnología.

 

OBJETIVO 2

 

Contribuir a mantener el equilibrio en las fuentes de ingresos de la Ciudad de México, fortaleciendo la coordinación fiscal en el marco del Pacto Fiscal Federal.

 

META 1

 

Impulsar las acciones que favorezcan la obtención de recursos federales a favor del Gobierno del Distrito Federal.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Contribuir a la implementación de acciones relacionadas con la coordinación fiscal y la colaboración administrativa que beneficie a la hacienda pública del Distrito Federal, derivadas de las estrategias, acciones y propuestas formuladas en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

 

       Garantizar los mecanismos de comunicación y coordinación de información en materia de federalismo fiscal con las entidades federativas, el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión.

 

       Coordinar, desarrollar e impulsar estrategias para fortalecer la obtención de recursos federales a favor del Gobierno del Distrito Federal.

 

ÁREA DE OPORTUNIDAD 6. Profesionalización del Servicio Público

 

Escasa capacitación y ausencia de un sistema de profesionalización de las servidoras y los servidores públicos basado en el mérito y la igualdad de oportunidades, lo cual limita la efectividad de la acción gubernamental, afecta la transparencia de la administración pública y genera condiciones favorables para la corrupción.

 

DIAGNÓSTICO

 

Nuestra ciudad tiene el reto de consolidar una administración pública eficaz y profesional, que permita incrementar la capacidad para resolver los problemas públicos y mejore la confianza y la percepción de la población respecto a su gobierno.

 

Algunas de las causas que explican esta situación se encuentran en los mecanismos para el reclutamiento y la ocupación de los puestos, que inciden sobre el perfil, profesionalismo y eficacia del personal público. De una muestra de 3,065 servidoras y servidores públicos de confianza del Gobierno del Distrito Federal entrevistados en el año 2009 por la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal (con niveles jerárquicos que van de Enlace a Director de Área), sólo el 17% reportó haber sido reclutado mediante un concurso o examen. En el caso particular de los directores de área el porcentaje es de sólo 9%.

 

Este mecanismo de contratación deriva en la excesiva rotación del personal, que a su vez repercute en la improvisación, la escasa acumulación de experiencia y el limitado desarrollo de las capacidades necesarias para el desempeño eficaz de las funciones públicas. De acuerdo con el Estudio Regional de Métricas de Capital Humano de Saratoga 2010, realizado por la consultora Price Waterhouse Cooper, el promedio de rotación de personal que reportó México se ubica en 5%, mientras que en otros países de América Latina se ubica en 2.9%.

 

Una causa adicional es el aún incipiente y poco institucionalizado esquema de capacitación, tanto en competencias laborales como en el rubro del desarrollo profesional, indispensable para que las funcionarias y los funcionarios cuenten con los conocimientos, actitudes y habilidades que les permitan diseñar, implementar y evaluar políticas y programas públicos que resuelvan los problemas de la población.

 

La Contraloría General del Distrito Federal ha detectado que en la mayoría de los entes de gobierno no han existido programas adecuados de capacitación para la adquisición de competencias directivas (generación de climas de confianza o gestión de redes), éticas (consistencia normativa e integridad ética), gerenciales (liderazgo y gestión de equipos de trabajo) y técnicas (planeación, diseño, implementación y evaluación de proyectos). La insuficiente capacitación de las servidoras y los servidores públicos tiene efectos en la calidad de los programas gubernamentales y, por lo tanto, en sus capacidades para incidir en la solución de los problemas. En las evaluaciones realizadas en los últimos años por Evalúa DF a diversos programas sociales (tanto del gobierno central como de los delegacionales), se afirma de manera recurrente que los programas carecen de diagnósticos fundamentados, lo cual dificulta que cuenten con objetivos, metas e indicadores que sean claros y realistas, y que sirvan para evaluar si alcanzan los resultados e impactos esperados. Según los resultados del cuestionario aplicado por la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, sólo el 6% de las servidoras y servidores públicos de confianza del Gobierno del Distrito Federal señala haber recibido formación en “capacidades directivas”, mientras que únicamente el 5% manifiesta haber recibido capacitación en temas como formulación, instrumentación y evaluación de planes y programas de la Administración Pública del Distrito Federal.

 

De acuerdo con el Informe de 2011 “Servidores Públicos como Socios para el Crecimiento”, de la OCDE, la eficacia y eficiencia del gobierno, fundamental para el crecimiento económico, dependen directamente de las capacidades de las servidoras y los servidores públicos y los esquemas de gestión del personal público. Por ello, los países occidentales más desarrollados, así como las economías emergentes de Asia y América Latina, han desarrollado servicios públicos de carrera, organizados en varios casos bajo un esquema de cuerpos de funcionarios (por cuerpo se entiende a un conjunto de servidores agrupados de acuerdo a ciertos criterios o características afines; por ejemplo, funciones, áreas, jerarquías, perfiles, responsabilidades).

 

Las prácticas tradicionales de contratación, las elevadas tasas de rotación y la insuficiente capacitación y evaluación de las servidoras y los servidores públicos para resolver los problemas sociales son factores que inciden negativamente sobre la capacidad para resolver los problemas públicos y disminuyen la confianza ciudadana en su gobierno. Por ello, realizar acciones para contrarrestar estas tendencias es una de las prioridades del Gobierno del Distrito Federal.

 

OBJETIVO 1

 

Implementar de manera gradual el Servicio Público de Carrera de la Administración Pública del Distrito Federal, bajo los principios de mérito e igualdad de oportunidades.

 

META 1

 

Constituir los Cuerpos del Servicio Público de Carrera y establecer los mecanismos para reclutar, seleccionar y asegurar el ingreso de las y los mejores aspirantes, con base en el mérito, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y con perspectiva de género.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Diseñar e implementar el sistema de ingreso, basado en concursos que permitan reclutar y seleccionar a las y los aspirantes que hayan demostrado los mayores méritos.

 

       Diseñar instrumentos y herramientas necesarios para evaluar a las y los aspirantes que pretendan ingresar al Servicio Público de Carrera.

 

       Diseñar, bajo la metodología de competencias, el Programa de Formación Inicial del Servicio Público de Carrera para que las servidoras y los servidores públicos cuenten con la formación requerida para desempeñarse en el Servicio.

 

 

OBJETIVO 2

 

Consolidar mecanismos para que las servidoras y los servidores públicos sean evaluados permanentemente de manera objetiva, transparente e imparcial con base en su desempeño y resultados.

 

META 1

 

Implementar sistemas de evaluación del desempeño de las servidoras y los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal con base en los principios de objetividad, certeza jurídica y transparencia.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Desarrollar, implementar y aplicar la evaluación del desempeño para las y los miembros del Servicio Público de Carrera, de tal forma que esta se vincule con su desarrollo, permanencia y promoción.

 

       Desarrollar, implementar y aplicar la evaluación del desempeño para las servidoras y los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, orientada a determinar áreas de mejora y otorgar incentivos laborales.

 

OBJETIVO 3

 

Fortalecer las acciones de profesionalización y capacitación para promover el desarrollo y el fortalecimiento de aptitudes, destrezas y habilidades entre las servidoras y los servidores públicos.

 

META 1

 

Establecer un Plan General que abarque y guíe las acciones de profesionalización y capacitación del Gobierno del Distrito Federal y que contemple tanto a quienes ingresen al Servicio Público de Carrera como a las servidoras y los servidores públicos en general.

 

LÍNEAS DE ACCIÓN

 

       Elaborar el diagnóstico integral para identificar las necesidades de profesionalización y capacitación de las y los miembros del Servicio Público de Carrera y de las servidoras y los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal.

 

       Diseñar, implementar y evaluar, como parte del Plan General, un Plan Rector de Profesionalización del Servicio Público de Carrera para desarrollar las competencias profesionales que necesiten las servidoras y los servidores públicos para el mejor desempeño de sus funciones.

 

       Diseñar, implementar y evaluar, como parte del Plan General, un plan integral que coordine los programas de capacitación de las servidoras y los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal que no pertenecen al Servicio Público de Carrera para el fortalecimiento de sus aptitudes, destrezas y habilidades.

 

ENFOQUES TRANSVERSALES

 

El ejercicio de planeación para formular el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 se estructuró en 5 Ejes para un Gobierno Ciudadano, que aluden a las diversas áreas de la gestión pública. No obstante, ha sido necesario destacar además un conjunto de cuestiones que son comunes, agrupadas en esta sección bajo ocho enfoques transversales.

 

El PGDDF 2013-2018 establece la pauta para un inmediato proceso de planeación, con base en el cual se estructurarán los programas sectoriales, institucionales, especiales y parciales. Mientras que los 5 Ejes para un Gobierno Ciudadano definen los principales objetivos y acciones esperados hacia el año 2018 por conjuntos de áreas sectoriales, los enfoques transversales ofrecen los criterios y la orientación para articular las políticas públicas en los temas que cruzan las funciones por áreas.

 

Así, los enfoques transversales no pueden ser abordados desde una visión parcial o sectorial, ya que su relevancia y complejidad trascienden lo específico de un sector vertical; requieren de la actuación integral de las instituciones públicas y que estas a su vez compartan sinérgicamente la consecución de un objetivo común que no es específico a cada una de ellas.

 

Los enfoques transversales procuran el compromiso de trabajar en conjunto hacia la solución de los problemas sociales, bajo una noción de intersectorialidad y con un ejercicio permanente de diálogo y sinergia con la población. Impulsan un proceso para reconfigurar la visión, prácticas y concepción de la realidad social, que facilite la apropiación de las perspectivas transversales por parte de las y los servidores públicos en el ejercicio de gobierno.

 

Bajo esta visión de integralidad y coordinación, en la actual administración se pretende garantizar que las políticas rectoras del gobierno posean un enfoque de pleno respeto y ejercicio de los derechos de las y los habitantes de la Ciudad de México, a fin de promover, hacer viable y asegurar una mejor calidad de vida, tanto hoy como en el futuro.

 

Cuatro de las perspectivas transversales mencionadas giran en torno del ejercicio de los derechos universales y las otras cuatro en torno de la mejora en la calidad de vida y la garantía de funcionalidad de la Ciudad en el largo plazo y el contexto global. Los enfoques transversales son:

 

       Derechos Humanos

 

       Igualdad de Género

 

       Participación Ciudadana

 

       Transparencia

 

       Innovación, Ciencia y Tecnología

 

       Sustentabilidad

 

       Desarrollo Metropolitano

 

       Acción Internacional

 

Estas perspectivas orientan las políticas y estrategias del PGDDF 2013-2018 y en su momento orientarán los programas sectoriales, especiales, parciales e institucionales del Gobierno del Distrito Federal. El ejercicio de transversalización de los mencionados enfoques está presente en diferentes niveles (área de oportunidad, objetivos, metas y líneas de acción). Del 2013 al 2018 estos enfoques transversales habrán de considerarse al diseñar, decidir, ejecutar y evaluar las políticas públicas impulsadas por el gobierno de la Ciudad.

 

El primero de los enfoques se orienta hacia el ejercicio pleno de los derechos humanos de la población. El segundo de ellos destaca a la igualdad de mujeres y hombres como un sitio de relevancia entre esos derechos. El tercero asigna un papel central a la participación de las y los habitantes y sus organizaciones, a través de instrumentos de información, consulta y deliberación que permiten compartir con ellos aspectos esenciales de los asuntos públicos, así como considerar la opinión ciudadana sobre las acciones de gobierno. El cuarto se centra en la transparencia, que es una de las herramientas esenciales de la participación ciudadana ya que coloca al alcance de la población la información precisa de las acciones y permite la rendición de cuentas.

 

La Ciudad de México será viable si logra establecer un horizonte en el presente que la proyecte hacia el futuro en favor de las nuevas generaciones, en un ámbito que integra la preservación del ambiente, el desarrollo económico y la cohesión social. Para ello, la innovación, el tema de la quinta perspectiva, es indispensable, especialmente si está soportada en la ciencia y la tecnología de avanzada e integra a las mejores instituciones de enseñanza e investigación -la mayoría de ellas asentadas en el territorio de esta ciudad- en el compromiso de transformar creativamente el aparato productivo, ya sea privado o social. No obstante, como señala la sexta perspectiva, es imperativo que el desarrollo se realice bajo un enfoque de sustentabilidad. Además, como señala otro de los enfoques transversales, la viabilidad de la Ciudad ocurrirá en el espacio metropolitano del Valle de México y en la medida en que convoque a grandes alianzas con las entidades federativas que la circundan y que comparten dicho espacio. La agenda metropolitana es compartida y esuna condición fundamental para la vida de los habitantes de la Ciudad. Finalmente, las grandes ciudades han logrado una importante presencia protagónica en la acción internacional y la Ciudad de México ocupa espacios de liderazgo en ese contexto, lo que nos permite pensar globalmente y actuar localmente, proyectando nuestra ciudad hacia el mundo y atrayendo las mejores experiencias internacionales para aplicarlas creativamente en nuestro espacio. Este es el tema del último enfoque.

 

De esta manera, los ocho enfoques transversales permitirán orientar y articular las acciones gubernamentales establecidas en el PGDDF, pero sobre todo articular la acción ciudadana que a partir de él se convoca, basada en las tradiciones democráticas que se abrieron paso en los lustros recientes y que ahora se ha planteado continuar decidiendo juntos.

 

Enfoque de Derechos Humanos

 

El respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos son pilares fundamentales de todo sistema democrático e indicadores de bienestar, igualdad y gobernabilidad. Los Estados, a través de la adopción de diversos instrumentos internacionales, han contraído compromisos en materia de derechos humanos, como la “Declaración y Programa de Acción de Viena”, la cual apunta que se deben “determinar las medidas necesarias para que ese Estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos”.

 

El Estado Mexicano, las entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal han asumido como parte de estos consensos internacionales las obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, además de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos. Ello así se establece en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se reconoce explícitamente el marco internacional de los derechos humanos como fundamento de todo el quehacer público, lo cual constituye la base constitucional para avanzar en la realización progresiva de los derechos de todas las personas que viven y transitan en la Ciudad de México.

 

Los derechos humanos se integran como un conjunto de garantías jurídicas universales que protegen a las personas y a los grupos contra acciones y omisiones del Estado que interfieren con las libertades, los derechos fundamentales y la dignidad humana. Ellos fijan un conjunto de condiciones para una vida digna bajo cuatro principios básicos: universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad e interdependencia.

 

La necesidad de incorporar el enfoque de derechos humanos de manera transversal a las políticas y presupuestos públicos obedece al propósito de asegurar que los alcances y las metas del ejercicio de gobierno se orienten a garantizar condiciones para la dignidad humana y que los estados y gobiernos cumplan con los estándares internacionales en la materia. Estas acciones empiezan erradicando los mecanismos administrativos e institucionales que generan exclusión y discriminación. Las políticas públicas y el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, construidos con enfoque de derechos humanos, son el resultado de la participación activa y la convergencia de los diferentes órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y órganos públicos de defensa de los derechos humanos, con el objetivo central de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

 

AVANCES Y RETOS

 

La Ciudad de México se ha caracterizado por ser un espacio de libertades y reconocimiento de derechos. Ejemplo de ello son la Ley y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (LPDHDF y PDHDF), que involucran el impulso de una agenda amplia de derechos humanos, con la convergencia de todas las instancias públicas, la sociedad civil y los organismos internacionales.

 

La vinculación de las líneas propuestas en el PDHDF con las acciones de los entes del Gobierno del Distrito Federal requiere ampliar su alcance y sistematicidad, ya que los cambios que se pueden generar serán visibles sobre todo en el mediano y largo plazos, debido a que se deben modificar prácticas inerciales de la administración pública que dificultan la incorporación del enfoque de derechos humanos de manera cabal. Es indispensable que todas las instancias de gobierno se involucren y asuman el compromiso de conjuntar esfuerzos para lograr el ejercicio pleno de los derechos humanos en todos los programas sectoriales, institucionales, especiales y parciales. A su vez, es necesario que las acciones que realiza el gobierno para garantizar el ejercicio de los mismos se desarrollen con base en cinco componentes:

 

a.     Disponibilidad. Se requiere garantizar un conjunto suficiente de establecimientos, bienes, servicios y otros medios públicos por el cual se satisface cada derecho.

 

b.     Accesibilidad. Dichos bienes, establecimientos o instalaciones deben estar al alcance físico de toda la población (accesibilidad física), sin discriminación alguna. Adicionalmente, los costos asociados con el abastecimiento o servicio deben ser asequibles (accesibilidad económica) y las personas deben poder solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones relacionadas con cada derecho.

 

c.     Calidad. Los medios y contenidos por los cuales se materializa un derecho deben tener los requerimientos y propiedades aceptables para cumplir con esa función.

 

d.     Adaptabilidad. Los medios o contenidos elegidos para satisfacer el derecho han de tener la flexibilidad necesaria para ser modificados y adaptarse a las necesidades sociales y comunitarias, así como para responder a contextos variados.

 

e.     Aceptabilidad. Es necesario que los servicios, instalaciones o contenidos que satisfacen el derecho sean pertinentes, respetuosos, culturalmente adecuados y de calidad. Lo anterior implicará considerar en toda acción del Gobierno del Distrito Federal los siguientes elementos: perspectiva de género, empoderamiento, reconocimiento del marco normativo de los derechos humanos, igualdad y no discriminación, intersectorialidad y coordinación, participación en inclusión, territorialidad, efectividad, sustentabilidad, exigibilidad y justiciabilidad, máximo uso de recursos disponibles, realización progresiva, y transparencia y rendición de cuentas.

 

El enfoque transversal y sus criterios de orientación con base en derechos humanos buscarán robustecer los mecanismos que permitan integrar plenamente, en el mediano plazo, el enfoque de derechos humanos en el quehacer público.

 

CRITERIOS DE ORIENTACIÓN

 

       Incorporar el enfoque de derechos humanos en el quehacer gubernamental del Distrito Federal y continuar con la ejecución del PDHDF.

 

       Asignar recursos con enfoque de derechos humanos en las distintas actividades institucionales y programas.

 

       Institucionalizar y fortalecer mecanismos jurídicos y administrativos que garanticen el respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos.

 

       Consolidar una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos.

 

       Promover un cambio de cultura institucional, basada en el respeto irrestricto de la dignidad humana a partir de procesos de capacitación y educación en derechos humanos.

 

       Fortalecer los espacios de participación para ejecutar el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.

 

       Avanzar en la armonización legislativa en materia de derechos humanos.

 

Enfoque de Igualdad de Género

 

La transversalidad de género responde a la idea de que el problema de la desigualdad entre mujeres y hombres no puede tratarse en forma sectorial, sino que sus soluciones deben integrarse en todas las políticas y programas, a todos los niveles y en todos los momentos de la acción pública: diagnóstico, formulación, diseño, implementación, presupuestación y evaluación.

 

Las iniciativas para erradicar definitivamente la discriminación hacia las mujeres han sido numerosas dentro del marco de la Organización de las Naciones Unidas; entre ellas destacan la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Para, 1994) y las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, especialmente la de Beijing de 1995, que estableció más claramente la transversalidad de género como estrategia para hacer efectivo el principio de igualdad.

 

Incorporar la perspectiva de género en el trabajo de la función pública implica el análisis y la transformación de las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, en cuanto al acceso a los recursos y al poder, así como la eliminación de las estructuras y los mecanismos discriminatorios existentes, promoviendo la igualdad de trato, oportunidades y derechos (igualdad sustantiva).

 

Por ello, se hace necesario planificar de manera estratégica y con una visión incluyente la manera de concretar los objetivos, ámbitos y medidas de actuación en los que los poderes públicos y agentes responsables han de centrar sus acciones.

 

El logro de una sociedad igualitaria e incluyente entre mujeres y hombres es el motor que impulsa al Gobierno del Distrito Federal, desde la convicción más absoluta de que solo mediante la atención de las desigualdades derivadas del sesgo cultural de género será posible alcanzar con mayor eficacia el objeto primordial de toda gestión pública, que es sin duda la mejora de las condiciones de vida de todas y todos.

 

Así, para el Gobierno del Distrito Federal incorporar la perspectiva de género en su administración constituye una prioridad política y social. Por ello, la igualdad sustantiva será un objetivo fundamental que atraviese e impregne las políticas públicas: educativa, económica, de salud, de seguridad y presupuestaria, entre otras.

 

AVANCES Y RETOS

 

De acuerdo con lo dispuesto por los tratados internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres, suscritos por el Estado Mexicano, el Gobierno del Distrito Federal ha promovido acciones que permitieron avances en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas.

 

Lo anterior se ha logrado gracias al marco normativo que rige a la Ciudad de México y al diseño e implementación de diversos instrumentos, entre los cuales destacan la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud, que establecen el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación; la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas; la Ley Para Prevenir y Erradicar la Discriminación; la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; las reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales que tipifican el delito de feminicidio; y el Programa General de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México, entre otros ordenamientos.

 

Si bien existen avances sustantivos en el proceso de transversalización de la perspectiva de género en el modelo de Gobierno del Distrito Federal, es importante continuar el trabajo para erradicar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres que aún persisten en la Ciudad de México, a través de la puesta en marcha de acciones estratégicas ancladas al instrumento rector que guiará la actuación de la presente administración: el Programa General de Desarrollo 2013-2018.

 

CRITERIOS DE ORIENTACIÓN

 

       Garantizar el acceso a la salud integral, calidad de vida, integridad y seguridad, así como el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres en todas las etapas del ciclo de vida.

 

       Establecer en las acciones de gobierno la igualdad de género, para que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de acceso y permanencia en empleos formales de calidad, bien remunerados y que permitan la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

 

       Impulsar una mayor participación de las mujeres en los órganos y puestos de decisión, fomentando su participación política.

 

       Desarrollar acciones que amplíen el acceso y permanencia de las mujeres y las niñas en la educación (básica, media y superior), en igualdad de condiciones para su desarrollo social, económico y político.

 

       Asignar recursos con perspectiva de género en las distintas actividades institucionales y programas.

 

       Impulsar estrategias de orden estructural partiendo de información desagregada por sexo, que identifique las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, a fin de impactar gradualmente en la construcción de una cultura institucional de género en el interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

 

Enfoque de Participación Ciudadana

 

La participación ciudadana, entendida como el derecho a participar de todas las personas que habitan en la Ciudad, es un resultado necesario en el que desembocan los procesos deliberativos y prácticas sociales de la democracia. El reconocimiento de la ciudadanía en la toma de decisiones descansa sobre tres elementos fundamentales: los derechos, la pertenencia a una comunidad política y la participación en la vida pública.

 

Cada persona tiene y detenta derechos. Sin embargo, la demanda de su garantía requiere la actuación en comunidad, lo cual se reconoce bajo el concepto de exigibilidad. La exigibilidad de derechos conduce entonces a la participación en la vida pública.

 

Pero además de un derecho, la participación también contribuye a la mayor eficacia en el desempeño gubernamental, actualmente caracterizado por un nuevo estilo de gobierno (distinto del control jerárquico) y por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y los actores no estatales. Todo esto permite la construcción de nuevas relaciones entre el gobierno y los nuevos actores colectivos e implica la capacidad para formular y ejecutar políticas de manera efectiva, lo que hace necesaria la construcción de instituciones que gocen de legitimidad.

 

La práctica de la participación se da en diversos niveles. Algunos de ellos pueden ser la información, que supone la divulgación del conocimiento de presupuestos, normatividad, programas, planes y proyectos del sector gubernamental; la consulta a las y los ciudadanos, que ocurre cuando a través de diversos medios estos opinan sobre una decisión gubernamental; la delegación, que se establece cuando el gobierno delega en organizaciones ciudadanas la puesta en práctica de algún proyecto o programa relacionado con la atención a problemas públicos; la deliberación, que implica un diálogo sobre las decisiones que se han de tomar y sobre cómo ejecutarlas y evaluarlas; el control de las acciones de gobierno por la ciudadanía, que se realiza cuando esta se encarga de supervisar el desempeño gubernamental, reclamando información y emitiendo juicios sobre los resultados. Todos estos niveles se ven reflejados, en diferente escala, en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018.

 

La confluencia entre el ejercicio del derecho a la participación y la mayor eficacia del gobierno genera una cultura pública de fortalecimiento de la cohesión social, que incorpora las respuestas, percepciones y demandas de la ciudadanía, así como las mejores estrategias para la garantía de sus derechos.

 

Todo lo anterior conforma la democracia participativa, que se caracteriza por el derecho igual para todas y todos al autodesarrollo, que solo puede alcanzarse en una sociedad participativa, que fomente un sentido de la eficacia política, nutra la preocupación por los problemas colectivos y contribuya a la formación de una ciudadanía informada, capaz de interesarse de forma continua en el proceso de gobierno, con participación de las y los ciudadanos en la regulación de las instituciones clave de la sociedad.

 

AVANCES Y RETOS

 

En la Ciudad de México, la participación ha acompañado el proceso de construcción de las instituciones democráticas, generando en interacción con el gobierno leyes innovadoras en la vida pública nacional, programas que han tenido reconocimiento internacional y cambios en la cultura política que fortalecen la cohesión social. En este ejercicio destacan, entre otras, las experiencias de los Comités Vecinales y el Presupuesto Participativo, el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, así como la existencia de diversos consejos consultivos.

 

Pese al importante avance en la creación de instituciones participativas que se ha experimentado en la Ciudad de México, aún prevalecen, mayoritariamente, niveles de participación bajos. La rutina de las prácticas gubernamentales y el propio contexto de crisis que redefine a los actores incluso han debilitado en algunos casos el impulso innovador de las organizaciones ciudadanas. Ambas tendencias han ocasionado que algunas instituciones participativas hayan disminuido su dinamismo, frente a lo cual se hace necesario evaluar la evolución de la participación para redefinir y profundizar en lo necesario.

 

Este enfoque transversal buscará promover la más amplia participación ciudadana en las políticas públicas, a fin de incrementar el nivel de esta participación de manera progresiva, consolidando a la vez las instituciones y los avances ya existentes en la Ciudad.

 

CRITERIOS DE ORIENTACIÓN

 

       Promover la más amplia participación ciudadana en las políticas públicas que se deriven de este programa.

 

       Incrementar el nivel de esta participación de manera progresiva, consolidando a la vez las instituciones y los avances ya existentes en la Ciudad.

 

       Concretar, en la elaboración de los planes especiales, sectoriales, institucionales y parciales, las estrategias y los instrumentos que hagan posible el avance progresivo de la participación.

 

       Desarrollar, con la participación de la sociedad, una política dirigida a consolidar en la administración pública los avances y desarrollar nuevos instrumentos que propicien la participación ciudadana, reconociendo la pluralidad cultural, y que incluyan a los diversos grupos sociales, tales como niñas y niños, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, migrantes e indígenas, entre otros.

 

       Diseñar una estrategia concertada con los diversos actores sociales para promover el uso de instrumentos de exigibilidad de los derechos de la población.

 

Enfoque de Transparencia

 

La transparencia es un componente esencial de la democracia, ya que como estrategia de gobierno contribuye a formar un ambiente institucional, jurídico y político con mayor certidumbre. El acceso a la información y la transparencia son elementos esenciales e indispensables para el combate efectivo de la corrupción, al contrarrestar la opacidad de los gobiernos. Asimismo, incentiva la participación y aumenta su incidencia en los asuntos públicos.

 

El conocimiento público sobre la gestión de los gobiernos aumenta la posibilidad de exigir el establecimiento de políticas públicas que respondan efectivamente a las demandas de la sociedad. De conformidad con el mandato establecido en el artículo sexto constitucional, el Estado debe garantizar el derecho a la información. La fracción I de este mismo artículo establece que:

 

“Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.”

 

En ese contexto, la transparencia de la gestión pública es el reconocimiento del derecho al acceso a la información como un derecho humano que deberá ser promovido, respetado, protegido y garantizado por las autoridades. Con la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se sentaron las bases para abrir a la población la información sobre la administración de los recursos públicos.

 

La transparencia y la rendición de cuentas, en el Distrito Federal, son concebidas como principios centrales de gestión y de desempeño para las y los servidores públicos del gobierno.

 

AVANCES Y RETOS

 

La Ciudad de México está a la vanguardia en transparencia y acceso a la información en el país. Así lo demuestran las métricas de transparencia realizadas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en 2007 y 2010. En ambos casos, esta entidad ocupó los primeros lugares en las dimensiones evaluadas.

 

Esto ha sido posible gracias a la creación de la normatividad e infraestructura institucional necesaria para garantizar a la población el ejercicio efectivo de este derecho en las instituciones públicas de esta ciudad. Con el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación se ha facilitado el acceso a la información pública. El reto fundamental para la Ciudad de México en esta materia gira en torno de la sostenibilidad de los esquemas de gobierno abierto y el impulso de la transparencia proactiva.

 

El enfoque transversal de transparencia buscará contribuir a la generación de una ciudadanía informada y participativa en las acciones instrumentadas por sus autoridades y a la rendición de cuentas de las instituciones públicas del Distrito Federal.

 

CRITERIOS DE ORIENTACIÓN

 

       Garantizar el derecho de acceso a la información pública.

 

       Mejorar y consolidar la oferta de la información pública a las y los ciudadanos de la Ciudad de México mediante el uso de las nuevas tecnologías de información.

 

       Mejorar la coordinación interinstitucional entre los entes obligados y el órgano garante de transparencia de la Ciudad de México, para consolidar la transparencia proactiva y no solo la reactiva, así como la rendición de cuentas.

 

Enfoque de Innovación, Ciencia y Tecnología

 

El conocimiento, la ciencia y la tecnología tienen un papel relevante como motores del crecimiento económico y social en todos los países, independientemente de su proceso de desarrollo, con la visión de mejorar la calidad de vida de sus poblaciones. El impulso de la ciencia y tecnología se refleja en la calidad de vida de sus ciudadanos. Los países que han invertido en este rubro hoy se consolidan como las economías emergentes que destacan en el desarrollo económico mundial. México y particularmente su ciudad capital deben alinearse con esta tendencia. Si bien en nuestro país las inercias dificultan apostar por proyectos de largo plazo, hay que considerar que la ciencia es una moneda de cambio a futuro. Lo que se dedique a ella hoy rendirá a futuro como una inversión fructífera. El nivel de resolución de problemas y rezagos que se pueda alcanzar a mediano y largo plazos depende del reconocimiento e importancia que los diferentes órdenes de gobierno asignen a la investigación científica, social y humanística en la formulación de la política pública.

 

En un territorio tan dinámico, moderno y contrastante como la Ciudad de México, sus habitantes demandan servicios eficientes, empleo adecuado, ambiente limpio, competitividad empresarial acorde con las necesidades nacionales y los estándares internacionales, así como un gobierno de vanguardia que modernice la atención al público en forma expedita. La ciencia y el desarrollo tecnológico son herramientas que contribuyen a resolver los problemas y rezagos. La productividad de un país depende de su capacidad científica y tecnológica; así, el conocimiento que aporta la investigación científica, social y humanística debe estar en la base del diseño de las políticas públicas.

 

Esto supone potenciar la vinculación entre el gobierno y los principales centros de investigación e instituciones de educación superior, para que las y los especialistas, así como las investigadoras y los investigadores adscritos a estos centros aporten su experiencia en la solución multi e interdisciplinaria de las diversas problemáticas, de forma tal que se fortalezcan las decisiones de la política pública.

 

Asimismo, es fundamental lograr una sinergia del gobierno y la academia con el sector privado; la ciencia y la innovación son la vía para lograrla. En la medida que se logre un entendimiento entre estos tres sectores, la economía local podrá fortalecerse, a partir de la creación de nuevas empresas de base tecnológica y de la modernización de la infraestructura tecnológica de las empresas existentes. Como ya se dijo, el conocimiento ha ocupado el lugar central del crecimiento económico y de la elevación gradual del bienestar social. La capacidad de inventar e innovar, es decir, de crear nuevos conocimientos y nuevas ideas que se materializan posteriormente en productos y procedimientos, ha alimentado históricamente el desarrollo. La Ciudad de México, por tanto, debe aspirar a convertirse en la primera economía del conocimiento a nivel nacional.

 

La Ciudad de México aporta aproximadamente el 17% del Producto Interno Bruto a la economía nacional. Vincular los avances científicos con los sectores económicos y en general con la población que vive y realiza sus actividades en esta ciudad es una oportunidad, una responsabilidad y un compromiso local.

 

Por todo lo anterior, el enfoque transversal de Innovación, Ciencia y Tecnología se incorpora en las principales acciones de gobierno, con el fin de impulsar la eficacia en la atención de los problemas prioritarios de la población, la competitividad territorial de la Ciudad, la productividad de las empresas y la generación de empleos de calidad, así como la implementación de acciones dirigidas a la promoción, difusión y divulgación de la ciencia entre la población, particularmente entre las y los niños y los jóvenes. Además de desarrollar en estos la vocación científica, ello permitirá promover una importante cultura científica entre la población y la elaboración de proyectos en el corto, mediano y largo plazos, que contribuyan a resolver los principales problemas tecnológicos y de desarrollo de la Ciudad de México.

 

AVANCES Y RETOS

 

La infraestructura educativa, científica, cultural y artística más grande de México, y quizás de Latinoamérica, se asienta en la Ciudad de México. En ella se ubican las mayores y mejores instituciones de educación superior públicas y privadas, así como importantes centros de investigación científica, social y humanística, como son: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, El Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, entre otros. Esto permite que la Ciudad cuente con capital humano de primer nivel, así como con los laboratorios, talleres, bibliotecas, centros de cómputo y otros recursos científicos, académicos y educativos más grandes e importantes del país.

 

A pesar de contar con una infraestructura y potencial humano de estas dimensiones, los principales problemas a los que se enfrenta la ciencia y la tecnología en la capital giran alrededor de la falta de planeación y orientación de los recursos existentes. Hay un débil vínculo entre la investigación en ciencia básica, el desarrollo tecnológico y la innovación con los proyectos productivos y sociales que requiere el dinamismo de la Ciudad de México.

 

De igual forma, los proyectos tecnológicos tanto en el país como en la Ciudad suelen insertarse en otros proyectos macro, generalmente afiliados a multinacionales. En este caso, la innovación mexicana pasa a un segundo plano, para responder a las necesidades de una firma multi o transnacional. Considerar el autosostenimiento en innovación es una apuesta viable, aunque los proyectos macro suelen requerir de inversiones difíciles de autofinanciar. En este sentido, para la Ciudad de México una solución será la búsqueda de esquemas de financiamiento público-privado para la realización de proyectos tecnológicos y científicos.

 

Los retos que debe enfrentar el desarrollo de la ciencia y tecnología en nuestra ciudad pueden volverse oportunidades de crecimiento si se aprovecha la cercanía y vecindad con estados que también cuentan con importantes instituciones de educación superior y de investigación científica, con los que se podrían formar alianzas creando “corredores de conocimiento”, sustentados en la formación de recursos humanos y en una agenda de investigación que desarrolle líneas que aborden los problemas comunes a estas entidades.

 

En la Ciudad de México se encuentran igualmente las principales instituciones de salud de nuestro país, las que también realizan actividades de investigación, por lo que el trabajo conjunto de la ciencia con el sector salud es indispensable para mejorar los servicios y redimensionar la atención médica en la capital.

 

Por otra parte, se deberá fomentar la creación de parques científicos y tecnológicos, aprovechando que grandes empresas tienen su asiento en la Ciudad, así como generar incubadoras de empresas de manera conjunta con las instituciones de enseñanza e investigación públicas y privadas. A partir de estos parques y de alianzas con grandes empresas, se puede capacitar a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) para que desarrollen procesos de innovación.

 

Algunos de los retos específicos para la innovación, la ciencia y la tecnología en la Ciudad son: creación de empleo, equilibrio entre uso del transporte privado y el público, seguridad, servicios educativos de calidad, patentes, urbanización, residuos sólidos, comunicaciones (fijas y móviles) y tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estos retos se han incorporado como objetivos, metas y líneas de acción en los diversos ejes vertebrales de este Programa General de Desarrollo.

 

El Gobierno del Distrito Federal ha creado recientemente una nueva dependencia: la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, que dirige sus acciones hacia las dependencias, entes y delegaciones de la Administración Pública, para desarrollar estrategias de gestión y vinculación (academia-empresa-gobierno), innovación, educación, formación, difusión y divulgación de la ciencia, en cualquiera de sus programas de mediano y corto plazos.

 

Lo anterior facilitará coordinar e incorporar los aportes de la ciencia y el desarrollo tecnológico en las acciones que desarrollen las entidades de la Administración Pública al nivel local, metropolitano o federal, al mismo tiempo que se impulse la promoción y gestión de procesos de innovación en las micros, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México, articuladas con la agenda nacional de ciencia, tecnología e innovación.

 

CRITERIOS DE ORIENTACIÓN

 

       Impulsar el desarrollo científico y tecnológico en la Ciudad de México, orientándolo hacia su modernización y dinamismo, a fin de convertir al Distrito Federal en una ciudad del conocimiento.

 

       Fomentar la inversión pública y privada en materia de ciencia, tecnología e innovación, así como la acción conjunta de los sectores público, privado y social.

 

       Propiciar el uso de la ciencia para el desarrollo socioeconómico de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana.

 

       Impulsar entre la comunidad científica y social la cooperación multidisciplinaria, para desarrollar una base amplia y sólida de la innovación, a través de la creación y consolidación de empresas innovadoras y de base tecnológica, que permitan alcanzar una nueva economía basada en el conocimiento.

 

       Vincular a los sectores educativo, productivo y de servicios con la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

 

       Fomentar la vinculación de la ciencia y el desarrollo tecnológico con el aparato productivo para promover procesos de innovación en las MIPyMES.

 

       Difundir y divulgar la ciencia entre la población, prestando particular atención a los jóvenes, a las niñas y los niños, de manera que se fomente en ellos una vocación y cultura científicas.

 

       Promover el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para la realización de estudios que sustenten los proyectos gubernamentales, empresariales y educativos.

 

Enfoque de Sustentabilidad

 

La sustentabilidad constituye un proceso que debe ser impulsado desde los distintos sectores y actores sociales para crear condiciones ambientales, económicas y socioculturales que permitan gozar de una calidad de vida aceptable, tanto a las generaciones presentes como a las futuras.

 

Para el PGDDF 2013-2018 el enfoque de sustentabilidad incentiva la regulación y mejoramiento ambiental en las actividades económicas, fomenta la participación y cultura ciudadana para una educación ambiental y mantiene, restaura o incrementa el capital natural año con año, de tal manera que cualquier pérdida en la capacidad de los ecosistemas debe considerarse un pasivo que se hereda a las próximas generaciones. Es el caso de la disminución en la capacidad de infiltración de agua en el acuífero (dada por la pérdida de bosques, la impermeabilización del suelo o la sobreexplotación), las emisiones contaminantes que provocan impactos en la salud, la importación de agua de otras cuencas, las inequidades de acceso al agua o a los servicios, entre otros ejemplos.

 

La Ciudad de México sigue enfrentando retos centrales asociados con la calidad ambiental y por lo tanto con la sustentabilidad. La relación entre transporte público y transporte privado debe ser balanceada para mejorar bienes públicos como la calidad del aire y el espacio social. También son necesarios un mejor balance energético y de consumo de recursos naturales como el agua, una perspectiva territorial de seguridad y confort ante nuevas condiciones del clima y la reducción en general de los pasivos ambientales generados por el crecimiento urbano.

 

El Gobierno del Distrito Federal asume que no hay mejor economía que la sustentable, que asegura la conservación del capital natural y social, utiliza e impulsa la tecnología y las buenas prácticas para sustituir fuentes energéticas tradicionales, promueve nuevas reglas y normas para apoyar este cambio y está preparada para responder a condiciones y eventos que no se han presentado en el pasado. Los problemas ambientales se atienden adecuadamente mediante la armonización de las políticas públicas, la participación de los distintos sectores económicos y sociales, la adecuación del marco jurídico de diferentes sectores y órdenes de gobierno, así como la planeación de mediano y largo plazos. La sustentabilidad no solo compete a responsabilidades y atribuciones del sector ambiental, sino del gobierno en su conjunto.

 

AVANCES Y RETOS

 

Los esfuerzos para mejorar las condiciones ambientales de la Ciudad tienen ya varias décadas. El control de las emisiones contaminantes a la atmosfera fue el detonador de una época de cambio sustancial. El mejoramiento de combustibles, el diseño e implementación de una normatividad para la industria y el transporte, la creación de instituciones encargadas de la temática ambiental y el desarrollo de programas para el control vehicular son algunos de los primeros esfuerzos que emprendió la Ciudad hacia su transformación. Asimismo, se han creado mecanismos, programas e incentivos que han obtenido avances importantes en la recuperación y restauración de condiciones de sustentabilidad desde hace mucho tiempo perdidas.

 

Lograr la sustentabilidad en y de la Ciudad supone un proyecto cultural y educativo que considere al ambiente en el sentido más amplio. Esto implica contemplar que los retos enfrentados en décadas pasadas no son equiparables a los de las presentes, ya que las condiciones globales actuales inciden de manera inmediata sobre el grado de vulnerabilidad.

 

El Distrito Federal y su zona metropolitana ocupan por su población el tercer lugar entre las megaciudades del mundo. La lista de problemas ambientales es larga y estos tienen fuertes consecuencias en el deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad. La contaminación atmosférica mantiene niveles por encima de la norma en el caso del ozono y las partículas suspendidas menores a 10 y 2.5 micrómetros (PM10 y PM2.5).

 

La expansión de la Ciudad continúa hacia zonas de reserva y conservación, y por ende, se da el deterioro de los recursos naturales y los servicios ambientales, la presión a poblaciones de especies protegidas, el aumento de riesgos por desastres, la afectación de una cultura rural ancestral y el aumento de las zonas marginadas.

 

La distribución de las áreas verdes urbanas sigue siendo desigual, sus condiciones no son satisfactorias en todos los casos y en general están por debajo en cantidad y acceso de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

 

La gran urbe es una macro generadora de residuos sólidos (poco más de 15 mil toneladas diarias) con deficiencias en el servicio y en su aprovechamiento. En ella, prevalece un fuerte retraso en el manejo sustentable de los recursos naturales; por ejemplo, se vive una escasez creciente de agua.

 

Gran parte de la población emplea numerosas horas de su vida al día en el traslado a los lugares de trabajo, estudio, compra y diversión, lo cual incrementa los riesgos viales, el consumo de energéticos y la emisión de contaminantes.

 

La Ciudad de México está expuesta a un amplio y variado conjunto de riesgos naturales y antropogénicos, que se exacerban debido a que la población tiene una baja cultura de la prevención.

 

En la economía urbana conviven antiquísimas prácticas comerciales y de transacción, estructuras basadas en el privilegio premoderno y relaciones propias del mundo globalizado. En el abasto de perecederos la Central de Abastos coexiste con las modernas tiendas de autoservicio.

 

Para enfrentar estas circunstancias, quienes viven y trabajan en la Ciudad deberán atender diversos aspectos para cumplir con al menos cuatro principios esenciales: 1) las actividades que proveen ingresos deben ser cuidadosas con el agua, consumir menos y devolverla al caudal lo más limpia posible; 2) el consumo de energía tiene que ser menor y más eficiente y se deben buscar cada vez más fuentes renovables de energía; 3) debe darse el manejo adecuado de residuos sólidos, que implica desechar lo menos posible, separar y convertir en composta lo orgánico y reciclar al máximo lo inorgánico, para reducir al mínimo el arrojo a rellenos sanitarios; y 4) estimular la preferencia por proveedores verdes de materiales, suministros y servicios, que observen a su vez estos mismos cuatro criterios de sustentabilidad ambiental. El área gubernamental es el primer espacio en que podrían aplicarse estos cuatro principios básicos.

 

Asimismo, para hacer sustentable a la Ciudad el tejido social debe cuidarse y reconstruirse donde se requiera, apoyándose en la movilización de la sociedad.

 

El enfoque de sustentabilidad que impulsa el Programa General de Desarrollo se transversaliza de forma estratégica en sus 5 Ejes para un gobierno ciudadano, enlazándose con aquellas áreas de oportunidad donde se pretenden incorporar políticas culturales, educativas, ambientales, sociales, económicas, de desarrollo urbano, de seguridad, participativas y de gobernanza, entre otras. El reto es lograr que en los entes que integran la Administración Pública del Distrito Federal, y a partir de ellos en la sociedad capitalina, se retome y permee esta política pública.

 

El enfoque transversal de sustentabilidad pretende orientar el conjunto de acciones del gobierno de la Ciudad hacia una gestión que propicie la sustentabilidad y la resiliencia, entendida como la capacidad de un ente para absorber perturbaciones sin alterar sustancialmente sus características.

 

CRITERIOS DE ORIENTACIÓN

 

       Lograr acuerdos específicos entre sectores del Gobierno del Distrito Federal y las agendas y acciones delegacionales que aumenten la calidad de vida de las y los habitantes y disminuyan su vulnerabilidad.

 

       Identificar las áreas de la Ciudad vulnerables a eventos extremos del clima y generar acuerdos, acciones e instrumentos de gestión que promuevan su adaptación al cambio climático.

 

       Lograr la eficiencia en la gestión y consumo de recursos naturales, promoviendo las pautas para la transición hacia fuentes renovables de energía y formas de gestión alternativa del agua.

 

       Fortalecer alianzas y coordinación metropolitana en la cuenca del Valle de México y desarrollar acciones metropolitanas que influyan en las condiciones ambientales y de los recursos naturales del resto del país.

 

       Incentivar la inversión pública y privada hacia una visión sustentable de ciudad y activación de desarrollo estratégico a partir de proyectos con enfoque de sustentabilidad, especialmente en las MIPyMES.

 

       Fortalecer los sectores de innovación, ciencia y tecnología, transporte público, vialidad y desarrollo urbano para que se orienten hacia la sustentabilidad.

 

       Manejar en forma sustentable en el Gobierno del Distrito Federal el agua, la energía y los residuos, procurando el suministro de insumos y servicios amigables con el ambiente.

 

Enfoque de Desarrollo Metropolitano

 

El Distrito Federal solo puede pensarse de manera integrada respecto de la zona que lo circunda: la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Su ubicación y características, las dinámicas de crecimiento, los patrones de desplazamiento de la población y los desafíos en términos de provisión de servicios públicos hacen que el presente y el futuro de la Ciudad de México estén comprometidos con esa vasta y compleja región.

 

La ZMVM está conformada por las 16 Delegaciones del Distrito Federal, 59 municipios del Estado de México y 21 del Estado de Hidalgo, que se asientan en una extensión territorial de 10 mil 820 km2. La habitan 21.1 millones de personas, el 18% de la población nacional, de los cuales 53% viven en los municipios conurbados del estado de México, ubicados al oriente y al norte de nuestra ciudad, el 42% en el Distrito Federal, donde las mayores concentraciones de población se ubican en las delegaciones centrales, y 5% en los municipios del estado de Hidalgo.

 

La dinámica de funcionamiento de la ZMVM está principalmente definida por una creciente e intensa movilidad cotidiana de la población en su interior, derivada fundamentalmente de la desarticulación geográfica entre las áreas en que se concentran las fuentes de empleos, las que constituyen la oferta educativa y las zonas de habitación. Esta realidad impone grandes desafíos en términos de la provisión de servicios, la articulación de transporte, el desarrollo de infraestructura y el equipamiento.

 

Es necesario que la planeación e implementación de las acciones del Gobierno del Distrito Federal sean concebidas desde una visión metropolitana, que eleve la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad y asuma el reto de resolver las demandas de la población a través de la coordinación y la concertación metropolitanas con las entidades federativas vecinas. Esa visión metropolitana reviste particular importancia en lo referente a políticas públicas de transporte, vialidad, agua, residuos sólidos, desarrollo económico y social, entre otros.

 

AVANCES Y RETOS

 

Durante las últimas décadas, el Gobierno del Distrito Federal ha fortalecido la vinculación y trabajo conjunto con los gobiernos de los estados de México e Hidalgo. Diferentes proyectos financiados por el Fondo Metropolitano han permitido coordinar esfuerzos intergubernamentales, principalmente en torno a las temáticas de infraestructura vial, agua potable y drenaje, transferencia y disposición final de residuos sólidos, desarrollo social y movilidad, así como la construcción de la línea 12 del metro.

 

Por otra parte, se ha trabajado para integrar al estado de Hidalgo en las Comisiones Metropolitanas, quedando formalmente incorporado en octubre de 2012 a la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos (COMETAH).

 

Asimismo, se actualizó y aprobó el Programa de Ordenación de la ZMVM, con el consenso de la federación a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el cual permitirá planear y ordenar de manera estratégica las acciones de los gobiernos de los estados de México e Hidalgo y del Distrito Federal.

 

A pesar de estos avances, la ZMVM presenta importantes desafíos derivados de la expansión territorial desmedida, la proliferación de periferias marginales y zonas de dormitorio, los embotellamientos y problemas de tráfico producto del incremento del parque vehicular, así como las dificultades ambientales derivadas de la demanda de agua, la contaminación del aire y el manejo de los residuos sólidos.

 

El recorrido de grandes trayectos para desempeñar las actividades laborales diarias es una realidad en la Ciudad de México, que comparte con una gran cantidad de localidades de la zona metropolitana en ambos sentidos, principalmente con las más densamente pobladas.

 

Las grandes distancias entre las zonas de dormitorio y las de empleo, negocio o educación implican que los traslados consuman una enorme cantidad del tiempo de la población y que supongan altos niveles de uso de energía. Así, los requerimientos de transporte y vialidades, así como de energía y equipamiento urbano, representan un costo desmesurado para las y los ciudadanos de la Ciudad de México y las personas de otras localidades metropolitanas. El Gobierno del Distrito Federal compromete grandes inversiones y gastos para atender requerimientos de residentes de la zona metropolitana que trabajan en la Ciudad de México o adquieren en ella bienes y servicios. Los acuerdos metropolitanos deben incluir flujos de otras entidades vecinas para compensar esas inversiones y costos.

 

Es indispensable rediseñar la movilidad metropolitana para que adopte características policéntricas en zonas de desarrollo compactas, esto es, que impliquen circuitos de movilidad por trabajo, abasto y esparcimiento más reducidos y compactos. Hacer un uso más eficiente de los recursos de la ciudadanía en torno de múltiples centros en zonas compactas de desarrollo es parte de un enfoque transversal que se ha considerado en los cinco ejes y que estará en los programas sectoriales que sucederán a la formulación del Programa General de Desarrollo.

 

Estar en la Zona Metropolitana del Valle de México impone a la Ciudad grandes retos, que solo pueden enfrentarse mediante alianzas sólidas con las autoridades de los estados que la integran.

 

CRITERIOS DE ORIENTACIÓN

 

       Promover una planeación urbana y un ordenamiento territorial a partir de una visión metropolitana, que contenga la expansión y promueva un modelo policéntrico con equidad en la distribución de infraestructura urbana ecoeficiente y equipamiento, que a su vez ofrezca una mejor calidad de vida a las y los habitantes.

 

       Propiciar y ampliar la concurrencia y la complementariedad de las acciones del gobierno local, los gobiernos delegacionales, los estados del área metropolitana y la Federación, que permitan construir alianzas sólidas a futuro con los municipios y estados de la región megapolitana del centro del país: Morelos, Tlaxcala, Puebla y Querétaro.

 

       Fortalecer la articulación metropolitana en el diseño e implementación de políticas de transporte, promoviendo modalidades de transporte no motorizado, desincentivando el uso del vehículo privado y estructurando un sistema vial que dé prioridad a los medios de transporte masivo no contaminantes.

 

       Promover, con una orientación metropolitana de desarrollo sustentable, la aplicación de políticas públicas relativas a residuos sólidos, transporte, aire, suelo de conservación, con especial interés en el agua y saneamiento.

 

Enfoque de Acción Internacional

 

La internacionalización de las ciudades es un fenómeno que en años recientes ha evolucionado a pasos acelerados. Su dinamismo ha dado lugar a que se acuñen diversos conceptos, que la definen como “para-diplomacia”, “diplomacia multinivel”, “cooperación descentralizada” o “diplomacia federativa”.

 

Los cambios experimentados en el mundo en las últimas décadas han dado lugar a la multiplicación de intercambios de información y flujos comerciales, financieros, culturales, migratorios, etc. La velocidad con la que se han producido ha potenciado la irrupción de nuevos actores en las relaciones internacionales. Entre estos destacan los gobiernos locales, quienes por sus crecientes desafíos y competencias han cobrado mayor importancia en la escena mundial.

 

Esta tendencia se ve reforzada en el caso de las grandes urbes como la Ciudad de México, las cuales han adquirido un peso específico cada vez mayor en la toma de decisiones, tanto en las políticas nacionales como en la orientación de los grandes temas de la agenda global.

 

Hace más de 40 años se estableció el primer hermanamiento entre la Ciudad de México y la ciudad de Los Ángeles y desde entonces mucho ha evolucionado en nuestras relaciones con el extranjero. Hoy en día, la práctica internacional desde la ciudad se caracteriza por estar más enfocada a proyectos, programas específicos de cooperación y asociaciones estratégicas, con implicación directa de actores distintos al gobierno local y, sobre todo, del trabajo en redes. Así, la internacionalización de las ciudades ya no solo tiene que ver con hermanamientos, relaciones protocolarias y búsqueda de fondos, sino con el acceso a espacios de influencia mundial en los temas que atañen a la vida cotidiana de la población.

 

AVANCES Y RETOS

 

Por su peso económico, posición geográfica, historia y dinámica social, la Ciudad de México ha sido históricamente reconocida como el núcleo de una de las megalópolis de referencia mundial y de manera especial en la región latinoamericana. Con más de 2 millones de visitantes extranjeros al año, más de 40 comunidades extranjeras residentes, una centena de embajadas y representaciones, el Distrito Federal es la entidad federativa con mayor captación de inversión extranjera directa y la principal sede de empresas y organismos multinacionales en México. Por ello, para la Ciudad de México contar con una política propia de relaciones con el exterior no es una opción: es una exigencia y una oportunidad.

 

Los gobiernos democráticamente electos de la Ciudad han impulsado su consolidación como actor internacional acorde con los tiempos modernos. Con el propósito de que la Ciudad aproveche aún más este potencial, el Gobierno del Distrito Federal entiende a la acción internacional no como una política sectorial en sí misma, sino como un campo que permea, beneficia y enriquece de forma transversal a todas las actividades sustantivas del gobierno local.

 

Sin embargo, la estrategia exterior no se limita a la actuación del gobierno: debe impulsar la inclusión de todo el espectro de las fuerzas vivas de la Ciudad. Por ello, la internacionalización se conduce de la mano de otros actores, como organizaciones sociales, universidades, empresas, cámaras y asociaciones, entre otros. La acción internacional concertada sirve así para potenciar nuestra inserción mundial e incrementar, por ejemplo, la movilidad estudiantil con otros países, la capacitación de capital humano profesional, la atracción de inversiones y turismo, el intercambio de experiencias, buenas prácticas y nuevas tecnologías, así como la oferta cultural y artística del mundo a la Ciudad de México y viceversa.

 

La acción internacional del Gobierno del Distrito Federal da prioridad a sus relaciones de cooperación con el extranjero. Para ello, es importante favorecer la participación en las redes regionales y mundiales de ciudades, tales como “Ciudades y Gobiernos Locales Unidos” (CGLU), con sus comisiones temáticas, y METRÓPOLIS, a través de su estrategia mundial de capacitación.

 

Se requiere mantener los espacios ganados en organismos especializados, tales como United Nations Advisory Committee on Local Authorities (UNACLA), Policy Forum on Development (PFD), de la Unión Europea, Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica (UCCI), Local Governments for Sustainability (ICLEI) y C40: Cities Climate Leadership Group, a la vez promover la adhesión de más ciudades al Pacto de la Ciudad de México (Pacto Climático Global de Ciudades).

 

Es necesario actualizar, revisar y redinamizar los 21 convenios de hermanamiento y amistad y las relaciones de cooperación descentralizada con ciudades de América, Europa y Asia, así como fortalecer las relaciones de cooperación técnica y financiera con los organismos del sistema de Naciones Unidas y otras agencias bilaterales y multilaterales.

 

La acción internacional de la Ciudad de México presupone mantener las relaciones que históricamente se han tenido con el cuerpo diplomático y consular y otros entes extranjeros, como cámaras de comercio e institutos culturales. Requiere asimismo ampliar y enfocar mejor las actividades de las Casas de la Ciudad de México en el extranjero, para atender más adecuadamente a la creciente población migrante.

 

La gran diversidad y dinamismo de las relaciones internacionales de la Ciudad requiere de una estrategia sólida de coordinación y enlace interinstitucional dentro y fuera del gobierno. Así, la acción internacional debe acompañar y potenciar transversalmente las políticas públicas de la ciudad capital en temas tan diversos como movilidad urbana, seguridad y desarme, prevención de riesgos y desastres, conservación de patrimonio, medio ambiente y cambio climático, espacio público, salud, educación, desarrollo social, finanzas públicas, ciencia y tecnología, cultura y deportes, justicia y promoción de los derechos humanos, entre otros.

 

CRITERIOS DE ORIENTACIÓN

 

       Consolidar la presencia e influencia de la Ciudad de México como el núcleo de una megalópolis líder en América Latina y el mundo.

 

       Posicionar a la Ciudad de México como un referente de sustentabilidad urbana e innovación, a través de intercambios de buenas prácticas y proyectos concretos de cooperación descentralizada.

 

       Incrementar el atractivo territorial de la Ciudad de México como importante destino mundial del turismo, el capital humano, las artes, el comercio, los negocios y la inversión extranjera.

 

ACRÓNIMOS Y SIGLAS,

 

ACCE: Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica

 

AEP: Autoridad del Espacio Público

 

AMSDA: Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario

 

AMSDE: Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico

 

ANAAE: Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales

 

ANP: Áreas Naturales Protegidas

 

APDF: Administración Pública del Distrito Federal

 

ASETUM: Asociación de Secretarios de Turismo de México

 

BANJERCITO: Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada

 

C40: CitiesClimateLeadershipGroup

 

C4i4: Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Inteligencia, Integración, Información e Investigación

 

CADAM: Comisión de Agua y Drenaje del Área Metropolitana

 

CADI: Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil

 

CAM: Comisión Ambiental Metropolitana

 

CDHDF: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

 

CEDAW: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres

 

CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres

 

CETRAM: Centros de Transferencia Modal

 

CFE: Comisión Federal de Electricidad

 

CGLU: Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

 

CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas

 

CIESAS: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

 

CLSCM: Constitución de la Libre y Soberana Ciudad de México

 

CMSPyPJ: Comisión Metropolitana de Seguridad Pública y Procuración de Justicia

 

COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria

 

COLMEX: El Colegio de México

 

COMEPROC: Comisión Metropolitana de Protección Civil

 

COMETAH: Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos

 

COMETRAVI: Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad

 

CONAGO: Conferencia Nacional de Gobernadores

 

CONAPO: Consejo Nacional de Población

 

CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda

 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

 

CUTS: Catálogo Único de Trámites y Servicios

 

CVE: Centros de Vinculación Empresarial

 

DF: Distrito Federal

 

DIDH: Derecho Internacional de Derechos Humanos

 

ECOBICI: Sistema de Transporte Individual Ecobici

 

ecoParq: Programa de Recuperación de Calles y Banquetas a través de Ordenamiento del Estacionamiento en la Vía Pública

 

ENA: Encuesta Nacional de Adicciones

 

ENADIS: Encuesta Nacional sobre Discriminación en México

 

ENDIREH: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011

 

ENLACE: Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares

 

ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

 

ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

 

ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

 

EVALÚA DF: Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal

 

Faros: Fábricas de Artes y Oficios

 

FONDESO: Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

 

FOVISSSTE: Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

 

GDF: Gobierno del Distrito Federal

 

GEI: Gases de Efecto Invernadero

 

IBM: International Business Machine

 

ICLEI: Local Governments for Sustainability

 

IDE: Investigación y Desarrollo Experimental

 

IDG: Índice de Desigualdad de Género

 

IDH: Índice de Desarrollo Humano

 

IES: Instituciones de Educación Superior

 

ILE: Interrupción Legal del Embarazo

 

ILIFED: Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal

 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

 

INFODF: Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal

 

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

 

INIFED: Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

 

INVI: Instituto de Vivienda del Distrito Federal

 

IPN: Instituto Politécnico Nacional

 

ISSFAM: Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

 

ITAM: Instituto Tecnológico Autónomo de México

 

ITDP: Institute for Transportation and Development Policy

 

ITESM: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

 

LGBTTTI: Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersex

 

LPDHDF: Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

 

MEITIC: Modelo Estratégico Integral de TIC

 

MIPyMES: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

 

MTSPDF: Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal

 

NOM: Normas Oficiales Mexicanas

 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

 

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development

 

OMS: Organización Mundial de la Salud

 

ONU: Organización de las Naciones Unidas

 

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil

 

PC: Participación Ciudadana

 

PDHDF: Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

 

PEMEX: Petróleos Mexicanos

 

PFD: Policy Forum on Development

 

PGDDF: Programa General de Desarrollo del Distrito Federal

 

PGJDF: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

 

PGOEDF: Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal

 

PIB: Producto Interno Bruto

 

PISA: Program for International Student Assessment

 

POZMVM: Programa de Ordenamiento dela Zona Metropolitana del Valle de México

 

PROAIRE: Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México

 

PROFACE: Programa de Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas a través de la Participación Social

 

PROMOEVA: Programa de Monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental

 

PUEC: Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad

 

PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas

 

RCP: Región Centro País

 

REC: Reservas Ecológicas Comunitarias

 

RTP: Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal

 

SACMEX: Sistema de Aguas de la Ciudad de México

 

SAVER: Sistema de Análisis y Visualización de Escenarios de Riesgo

 

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

 

SCDF: Suelo de Conservación del Distrito Federal

 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social

 

SEDU: Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal

 

SEP: Secretaría de Educación Pública

 

SIAPEM: Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles

 

SIMAT: Sistema de Monitoreo Atmosférico

 

SIPROMOEVA: Sistema del Programa de Monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental

 

SISEC: Sistema de Información de la Secretaría de Cultura

 

SOFOL: Sociedad Financiera de Objeto Limitado

 

STC: Sistema de Transporte Colectivo “Metro”

 

STE: Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal

 

TDF: Tarjeta del Distrito Federal

 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación

 

UACM: Universidad Autónoma de la Ciudad de México

 

UAM: Universidad Autónoma Metropolitana

 

UCCI: Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas

 

UIA: Universidad Iberoamericana

 

UNACLA: United Nations Advisory Committee on Local Authorities

 

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México

 

UNESCO: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

 

VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana

 

ZCCM: Zona Conurbada de la Ciudad de México

 

ZMVM: Zona Metropolitana del Valle de México