PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2013.
PROGRAMA GENERAL DE
DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2013-2018
(Al margen superior un escudo
que dice: CIUDAD DE MÉXICO.-Decidiendo Juntos)
Programa General de
Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018
Índice
Presentación
Introducción
Antecedentes, Contexto, Retos y
Visión de Nuestra Ciudad
Eje 1. Equidad e Inclusión Social
para el Desarrollo Humano
Eje 2. Gobernabilidad, Seguridad
y Protección Ciudadana
Eje 3. Desarrollo Económico
Sustentable
Eje 4. Habitabilidad y Servicios,
Espacio Público e Infraestructura
Eje 5. Efectividad, Rendición de
Cuentas y Combate a la Corrupción
Enfoques Transversales
Siglas y Acrónimos
PRESENTACIÓN
El Programa General de Desarrollo
del Distrito Federal (PGDDF) 2013-2018 establece los objetivos, metas y líneas
de acción que servirán de base para la definición e implementación de las
políticas públicas de la Ciudad de México hasta el 2018. A partir de él, se
elaborarán los programas sectoriales, institucionales, parciales y especiales,
y se desarrollará la programación, presupuestación y evaluación de los mismos
que la Ley de Planeación de la entidad establece.
El Programa tiene cinco
características que en conjunto lo hacen único y revelan un enfoque de
planeación diferente. En primer lugar, se elaboró a partir de una muy amplia
participación de las y los habitantes de la Ciudad, cuyas contribuciones fueron
esenciales para elaborar un programa en el que decidimos juntos el horizonte y
el modelo de ciudad que queremos. Para este efecto, realizamos una consulta
pública en la que se recogieron las propuestas de la ciudadanía, por medio de
tres vías: 1) el desarrollo de cinco foros temáticos, que incluyeron 33 mesas
de trabajo; 2) el portal www.todossomossoluciones.mx; y 3) el levantamiento de
cuestionarios en papel y en tabletas electrónicas. En la consulta se puso
énfasis en captar la opinión de la población sobre sus problemas y necesidades,
con lo cual se refrendó el compromiso democrático de este gobierno. Muchas
gracias a las más de cien mil personas que participaron en esta consulta
pública. Continuaremos promoviendo nuevas formas de participación social
corresponsable, así como la transparencia y la rendición de cuentas, con el fin
de impulsar nuevos acuerdos sociales, ajenos a cualquier esquema clientelar.
En segundo
lugar, el Programa involucró por primera vez un intenso diálogo y trabajo
conjunto entre los diferentes entes públicos que integran la Administración
Pública del Distrito Federal, a fin de asegurar la implementación coordinada de
las acciones del gobierno. En ese sentido, en el proceso de elaboración del
PGDDF 2013-2018 se consideraron los 16 proyectos de programas de desarrollo
delegacional con el fin de que el Programa fuera congruente con los mismos.
En tercer
lugar, el PGDDF 2013-2018 introdujo un cambio paradigmático en su concepción:
se formuló a partir de un enfoque orientado a atender los problemas de las
personas que viven y transitan en la Ciudad. Con ello, el gobierno diagnostica
en forma transparente los desafíos de la entidad, brinda soluciones claras y
puede, junto con la ciudadanía, evaluar la obtención de resultados. Este
enfoque orientado a problemas derivó en una visión de ciudad como una Capital
Social, en la que las personas ejercen plenamente sus derechos en igualdad de
condiciones y oportunidades; donde se apoya de manera digna y corresponsable a
las personas en situación de vulnerabilidad y que por lo tanto es equitativa e
inclusiva; una ciudad de libertades y tolerancia, donde la diversidad se
constituye en un valor social, cultural y humano y se respeta plenamente la
igualdad de género; una ciudad segura; una ciudad dinámica, compacta,
policéntrica, competitiva y sustentable, que potencia las vocaciones productivas
y fomenta la inversión; finalmente, una ciudad del conocimiento, digital e
inteligente, con un gobierno profesional, efectivo, transparente, participativo,
honrado y responsable.
Para alcanzar esta visión de
ciudad, el programa se estructuró en 5 Ejes para un Gobierno Ciudadano: Eje 1.
Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano; Eje 2. Gobernabilidad,
Seguridad y Protección Ciudadana; Eje 3. Desarrollo Económico Sustentable; Eje
4. Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura; y Eje 5.
Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
Un cuarto rasgo de este Programa
emerge de la orientación que ha caracterizado a los gobiernos progresistas de
izquierda de la Ciudad: el enfoque de derechos, que busca garantizar el
ejercicio pleno de todos los derechos por parte de todas las personas. Para
promover adecuadamente su pleno ejercicio, insistiremos en el objetivo de
alcanzar una reforma política para la Ciudad.
La quinta y última característica
es que, en relación a los temas que así lo requieren, el PGDDF 2013-2018 adopta
estrategias transversales que involucran a los diferentes entes públicos del
gobierno. De esta manera, ocho enfoques atraviesan los cinco ejes antes
mencionados: Derechos Humanos, Igualdad de Género, Participación Ciudadana,
Transparencia, Innovación, Ciencia y Tecnología, Sustentabilidad, Desarrollo
Metropolitano y Acción Internacional.
Para concluir, debemos recordar
que pocas ciudades en el mundo han sido por siglos, como la Ciudad de México,
expresión y sede de una cultura milenaria. En los últimos 16 años, los
gobiernos progresistas de izquierda han buscado recuperar para la Ciudad una
presencia y dignidad acordes con esa gran historia, entre otras cosas,
restaurando muchos de sus espacios públicos y colocándola en una posición de
vanguardia en materia de tolerancia, diversidad cultural y derechos humanos.
Con base en un enfoque integral de desarrollo y una visión de mediano y largo
plazo, el PGDDF 2013-2018 continúa y a la vez da nuevo impulso a esta
orientación progresista, retomando tanto los logros alcanzados como los retos
pendientes. Lo hace confirmando que en la Ciudad de México decidimos juntos,
que somos un gobierno abierto, un gobierno unido a la gente, que estamos
comprometidos con un proyecto de ciudadanía y gobernabilidad democráticas que
teje una alianza entre sociedad y Estado, para definir unidos el futuro de
nuestra ciudad y seguir influyendo positivamente en el destino de nuestro
México.
MIGUEL ÁNGEL MANCERA
ESPINOSA
Jefe de
Gobierno del Distrito Federal
INTRODUCCIÓN
El texto del PGDDF 2013-2018 está dividido en
tres secciones: Antecedentes, Contexto, Retos y Visión de Nuestra Ciudad; 5
Ejes Para un Gobierno Ciudadano; y Enfoques Transversales.
En la primera de ellas, se sitúa al PGDDF
2013-2018 en el marco de los logros y retos pendientes de los gobiernos
anteriores, el contexto nacional y regional del desarrollo y los escenarios a
futuro, para desarrollar a partir de lo anterior nuestra visión de ciudad.
Entre los logros alcanzados a los que se les
dará continuidad se encuentran el mayor respeto a la igualdad de género, a la
diversidad sexual y, en general, a todos los derechos humanos, especialmente de
las personas en situación de vulnerabilidad; la promoción del desarrollo económico
y la sustentabilidad; así como la mayor participación, transparencia,
honestidad y eficiencia en la gestión pública, entre otros. Por su parte, en
cuanto a los retos pendientes, se retoman objetivos como el de la reforma
política. En esta primera sección también se describe el contexto nacional y
regional del desarrollo, esto es, los programas federales que inciden en la
capital y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como la normatividad
establecida para la Región Centro País, la Zona Metropolitana del Valle de
México y los diferentes mecanismos de desarrollo regional. Enseguida, esta
sección presenta los escenarios y retos del desarrollo de la Ciudad en los
ámbitos social, económico, urbano-ambiental, de seguridad y gubernamental. En
el primero de ellos, se menciona la tendencia al ensanchamiento de la pirámide
demográfica en las edades intermedias y al aumento de la población juvenil; en
el segundo ámbito, el económico, se observa la tendencia hacia una estructura
territorial y productiva desequilibrada y segmentada, en la que un sector
industrial y de servicios con elevados niveles de productividad coexiste con
otro que produce a costos superiores y con calidad inferior a la de la
competencia internacional; en el tercer ámbito, urbano-ambiental, se destaca la
falta de una planeación urbana integral con una visión metropolitana, de
proximidad, accesibilidad y equidad; en el ámbito de la seguridad, se toma en
cuenta la complejidad y la concentración demográfica de la Ciudad dado su
carácter metropolitano; finalmente, en el ámbito gubernamental se observa la
existencia de brechas de coordinación interinstitucional, de sistematización de
procesos administrativos, de optimización de estructuras orgánicas y de
modernización tecnológica, así como la insuficiente capacitación y
profesionalización de las y los servidores públicos. Este apartado termina
exponiendo la visión de ciudad que se deriva de todas las consideraciones
anteriores.
La segunda sección, correspondiente a los 5
Ejes Para un Gobierno Ciudadano, presenta las áreas de oportunidad,
diagnósticos –con sus respectivos indicadores de medición, que constituyen la
base para el desarrollo del sistema de indicadores de evaluación-, objetivos,
metas y líneas de acción de cada uno de los ejes.
El Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el
Desarrollo Humano adopta un enfoque de derechos con el objetivo de reducir la
exclusión y la discriminación y aumentar la calidad de vida de las y los
habitantes de la Ciudad de México. Los objetivos, metas y líneas de acción
planteados en este eje buscan transformar a la Ciudad de México en una Capital
Social, a través de la promoción colectiva y corresponsable de los derechos
humanos. El Eje 2. Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana pretende
impulsar la reforma política para lograr que la Ciudad cuente con una
constitución local, que fortalecerá las relaciones de coordinación y
vinculación entre las Delegaciones y el Gobierno central, así como mejorar las
políticas de prevención del delito, seguridad pública, procuración de justicia
y gestión del riesgo, a fin de fortalecer el tejido social, la paz y la
tranquilidad. El Eje 3. Desarrollo Económico Sustentable busca promover en
forma coordinada la competitividad de la Ciudad para suscitar una economía estable
y dinámica, que concilie el desarrollo social con la sustentabilidad ambiental
desde un enfoque de igualdad sustantiva en diversos ámbitos, incluido el de
género, y respeto a los derechos humanos. El Eje 4. Habitabilidad y Servicios,
Espacio Público e Infraestructura procura desarrollar una ciudad dinámica,
compacta, policéntrica y equitativa, que potencie las vocaciones productivas y
fomente la inversión, y que contemple una planeación urbana y un ordenamiento
territorial a partir de una visión metropolitana y sustentable. Por último, el
Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción aspira a
encaminar los esfuerzos para consolidar un gobierno efectivo, transparente y
cercano a la ciudadanía, impulsando acciones que ayuden a reducir los espacios
de discrecionalidad y opacidad que propicien actos de corrupción, permitan la
planificación de las políticas públicas y el seguimiento de sus resultados a
través de indicadores de medición.
Finalmente, la tercera sección desarrolla los
temas que el PGDDF 2013-2018 trata bajo un enfoque transversal, estableciendo
los criterios de orientación de las políticas públicas correspondientes a cada
enfoque.
En relación al primer enfoque transversal,
Derechos Humanos, se busca que las políticas y presupuestos públicos aseguren
que las metas del ejercicio de gobierno se orienten a garantizar las
condiciones necesarias para el respeto a la dignidad humana, así como para
cumplir con los estándares internacionales en la materia. El segundo enfoque,
Igualdad de Género, responde a la idea de que el problema de la desigualdad
entre mujeres y hombres no puede tratarse en forma sectorial, sino que sus
soluciones deben integrarse en todas las políticas y programas, a todos los
niveles y en todos los momentos de la acción política: diagnóstico,
formulación, diseño, implementación, presupuestación y evaluación. En materia
de Participación Ciudadana, se asigna un papel central a las y los ciudadanos y
sus organizaciones, a través de instrumentos de información, consulta y
deliberación que permitan compartir con ellos aspectos esenciales de los
asuntos públicos y considerar la opinión ciudadana sobre las acciones de
gobierno. En cuarto lugar, la Transparencia se considera como uno de los
componentes esenciales de la democracia y como una estrategia de gobierno que
contribuye a formar un ambiente institucional, jurídico y político con mayor
certidumbre. Por otro lado, el quinto enfoque, Innovación, Ciencia y
Tecnología, considera indispensable a la innovación, especialmente la soportada
en la ciencia y la tecnología de avanzada, que integre a las mejores
instituciones de enseñanza e investigación en el compromiso de transformar
creativamente el aparato productivo, ya sea privado o social. El enfoque de
Sustentabilidad, por su parte, busca incentivar la regulación y mejoramiento
ambiental en las actividades económicas, fomentar la participación y cultura
ciudadana para una educación ambiental y mantener, restaurar o incrementar el
capital natural, de tal manera que cualquier pérdida en la capacidad de los
ecosistemas se considere un pasivo que se hereda a las generaciones futuras. En
séptimo lugar, en materia de Desarrollo Metropolitano, se considera que la
viabilidad de la Ciudad ocurrirá en el espacio metropolitano del Valle de
México y en la medida en que convoque a grandes alianzas con las entidades
federativas que lo conforman. Finalmente, el enfoque de la Acción Internacional
considera que las grandes ciudades han logrado una importante presencia
protagónica en la acción internacional y que la Ciudad de México ocupa espacios
de liderazgo en ese concierto que nos permite pensar globalmente y actuar
localmente, proyectando nuestra ciudad hacia el mundo y atrayendo las mejores
experiencias internacionales para aplicarlas creativamente en nuestro espacio.
Es importante subrayar que la participación de las Delegaciones en los procesos
de planeación de la Ciudad de México es fundamental. Por lo anterior, dadas las
distintas necesidades de concurrencia, en el proceso de elaboración del PGDDF
2013-2018 se consideraron los 16 proyectos de programas de desarrollo
delegacional con el fin de que el Programa fuera congruente con los mismos.
Además, el PGDDF 2013-2018 promueve diversas estrategias específicas para
impulsar y fortalecer la coordinación con las Delegaciones, siempre en pleno
respeto a su autonomía de gestión.
ANTECEDENTES, CONTEXTO, RETOS Y VISIÓN DE
NUESTRA CIUDAD
ANTECEDENTES
El Distrito Federal es la entidad federativa
que, al ser sede de los poderes federales, constituye la capital de la
República Mexicana. Se divide en dieciséis delegaciones, cada una con un
gobierno electo propio. Se ubica en la Zona Metropolitana del Valle de México
(ZMVM), la región urbana más grande y el principal centro político, económico,
científico y cultural del país.
A partir de la llegada de los gobiernos
progresistas de izquierda a la entidad en 1997, se ha acreditado una forma
distinta de gobernar que ha incidido positivamente en varios aspectos centrales
de la vida de los capitalinos: un mayor respeto y promoción de los derechos
humanos, especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad; un
aumento en la participación, la igualdad de género, la equidad y la inclusión
social; una mayor y más equitativa promoción del desarrollo económico y urbano;
una más intensa vida cultural; y una mayor transparencia, honestidad y
eficiencia en la gestión pública, entre otros avances.
Algunos de los referentes que han
caracterizado y hecho únicos a los gobiernos de izquierda en la Ciudad están
relacionados con la ampliación y progresividad de los derechos, lo que ha
involucrado acciones para reducir la desigualdad social, promover la equidad y
el respeto a la diversidad, así como contrarrestar la exclusión social y la
vulnerabilidad. En este sentido, podemos citar programas novedosos como la
vigilancia y prevención de la desnutrición; un nuevo modelo de educación media
al instalar la primera preparatoria del Gobierno del Distrito Federal; el
reparto de libros de texto gratuitos para secundaria; la atención a los jóvenes
de zonas marginadas con proyectos culturales, educativos, productivos y
recreativos; y la atención, por primera vez, de las comunidades indígenas que
viven y trabajan en la Ciudad, creando el Centro de Atención al Indígena Migrante
y la Casa de los Pueblos Originarios del Distrito Federal.
Actualmente, la Ciudad de México se distingue
por su legislación de avanzada en materia del respeto a la diversidad sexual,
mediante instrumentos legales que protegen el ejercicio de la sexualidad y, de
manera particular, el ejercicio de los derechos de la comunidad LGBTTTI: el
matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo; la posibilidad de
obtener una nueva acta por reasignación de concordancia sexo-genérica; y la
atención especializada en materia de salud, entre otras. Asimismo, la Ciudad se
sumó a la red de ciudades que adoptan la denominada Agenda 21, que busca la
sustentabilidad y el desarrollo local.
De esta manera, son ya 16 años en que cada
administración ha buscado impulsar el proyecto de una ciudad democrática,
segura y justa, socialmente incluyente, sustentable y con un gobierno
responsable y eficiente, lo que ha colocado a la Ciudad de México en una
posición de vanguardia en el contexto nacional e internacional en materia de tolerancia
y promoción de las libertades y en general de todos los derechos humanos.
Con el fin de continuar y a la vez dar un
impulso renovado a esta orientación progresista, el PGDDF 2013-2018 retoma
tanto los logros alcanzados como los retos pendientes de las administraciones
anteriores, para lo cual se dará seguimiento a muchos de los programas que han
demostrado su beneficio social y se encauzarán nuevos programas y proyectos
para enfrentar los desafíos aún pendientes.
De esta manera, se retomarán demandas como la
reforma política, el fortalecimiento y redefinición de las relaciones entre las
delegaciones y el Gobierno central y la mejor coordinación con las entidades y
municipios vecinos. Se continuarán los esfuerzos para elevar la calidad y
equidad de la educación en todos los niveles, en una nueva etapa de
corresponsabilidad, coordinación y colaboración sin precedentes con el gobierno
federal, instituciones públicas y privadas de educación, así como
organizaciones de la sociedad civil. Para ello, se dará continuidad a programas
en materia de educación tales como Becas Escolares para Niñas y Niños en
Pobreza y Vulnerabilidad, Niñas y Niños Talento, Estímulos al Bachillerato
Universal y Prepa Sí, entre otros. Asimismo, se reforzarán las acciones para garantizar
la equidad y responsabilidad social en la atención a las personas adultas
mayores y a las y los jóvenes y las mujeres en situación de riesgo, a fin de
prevenir la discriminación y la violencia.
En este sentido, varios de los programas
sociales que se retoman en la presente administración son los de Pensión
Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años; Acceso Gratuito a los Servicios
Médicos y Medicamentos a las Personas que Carecen de Seguridad Social Laboral;
Prevención y Atención de la Violencia de Género; Comedores Comunitarios; y
Apoyo Económico a Personas con Discapacidad, entre otros.
Por vez primera, se
busca la protección y el pleno ejercicio de derechos en materia de salud y
educación de los niños y las niñas de la Ciudad, al publicarse la Ley de
Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños de 0 a 6 Años.
Se continuará y
fortalecerá el impulso a la cultura a partir del desarrollo comunitario y
programas como las Fábricas de Artes y Oficios (Faros), Jóvenes en Desarrollo, Divulgación
Cultural, Galerías Abiertas, Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural,
Fomento a la Lectura y Apoyo a los Micro, Pequeños y Medianos Emprendimientos
Culturales, campo en el cual la Ciudad de México es pionera.
Se buscará la consolidación y modernización
del sistema de seguridad ciudadana y de prevención del delito, así como la
capacitación y evaluación permanente del personal de seguridad pública y de
procuración de justicia, con la continuidad de programas como Multiplicadores
Ciudadanos en Prevención del Delito y Módulos de Seguridad.
Se promoverá una economía competitiva,
incluyente y sustentable, manteniendo finanzas públicas sanas, ordenadas y
equilibradas. Para ello, se ha formado la Comisión Interdependencial para el
Fomento y Promoción del Desarrollo Económico en la Ciudad de México, órgano de
planeación, coordinación, apoyo, consulta y seguimiento de las acciones que
promueven el desarrollo de las actividades económicas. Se fomentarán las zonas
que impulsen el desarrollo urbano, social, económico y ambiental, con el fin de
generar vocaciones productivas específicas que atraigan la participación de
asociaciones estratégicas compuestas por los sectores público, social, privado
y académico. Esta estrategia se promoverá a través de mecanismos de
concertación e inducción que materialicen, dentro de dichas áreas, un entorno
diverso, donde los espacios productivos cohabiten con centros de innovación,
servicios y equipamiento y el espacio público, mejorando la calidad de vida del
entorno y ofreciendo nuevas oportunidades de empleo para una adecuada
competitividad social y territorial.
Se impulsará el turismo como una actividad
prioritaria de la Ciudad de México y se dará continuidad a programas como
Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas a través
de la Participación Social (Proface), Turismo Alternativo y Patrimonial de la
Ciudad de México, y Capacitación y Desarrollo Empresarial.
Se dará prioridad al desarrollo de una
política de planeación comprometida con el equilibrio entre la preservación del
medio ambiente, el desarrollo urbano, la convivencia social, el respeto del
espacio público y el desarrollo económico, retomando acciones como el Plan
Verde, el Plan de Acción Climática y programas como Ecobici, el cual se
pretende continuar y ampliar con programas como el de Auto Compartido,
promoviendo así una cultura ciudadana de participación y convivencia responsable
con el medio ambiente.
Por último, como parte de una política
pública transversal, se continuará favoreciendo la igualdad de género, tanto en
el marco legal de los derechos humanos de las mujeres, como en el diseño,
operación y seguimiento de políticas públicas a favor de la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres.
En este contexto, se seguirá impartiendo a
funcionarias y funcionarios públicos capacitación en materia de derechos
humanos y políticas públicas con perspectiva de género. Asimismo, se dará
continuidad al Presupuesto con Perspectiva de Género, único en su tipo, que
obliga a todas las dependencias a aplicar recursos para disminuir la desigualdad
entre mujeres y hombres.
Se fomentará el crecimiento económico, la
modernización de la administración pública y la transición a una economía
basada en el conocimiento y la información, y se dará continuidad a mecanismos
de participación ciudadana como el Presupuesto Participativo, que involucren a
la ciudadanía en la tarea de “hacer gobierno”, posibilitando la supervisión y
control sociales de las políticas públicas.
CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL DEL DESARROLLO
a. Contexto Nacional del Desarrollo
De acuerdo a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, México es una república representativa, democrática,
laica y federal, compuesta por 31 estados, libres y soberanos en todo lo
concerniente a su régimen interior, y un Distrito Federal. La Constitución
indica que el desarrollo nacional debe ser integral y sustentable y fortalecer
a la nación y su régimen democrático. Por ello, establece un Sistema Nacional
de Planeación, del cual forma parte el Plan Nacional de Desarrollo y los planes
de desarrollo de las entidades federativas. Dentro de este marco legal, la Ley
de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal establece que esta entidad
debe desarrollar su Programa General de Desarrollo tomando en cuenta al Plan
Nacional.
Así, el PGDDF 2013-2018 consideró para su
elaboración los cinco ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: México en
Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad para Todos, México
Próspero y México con Responsabilidad Global. De igual forma, consideró los
tres enfoques transversales señalados en dicho plan: Democratizar la
Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género.
Como parte del contexto nacional, debe
tomarse en cuenta que en los últimos años la economía mexicana no ha estimulado
el crecimiento, la inversión y la creación de empleos en la medida que se
requiere. De igual manera, las medidas implementadas para la reducción de las
desigualdades y la pobreza han sido insuficientes.
En materia de desarrollo social, de acuerdo
con la medición de la pobreza en México realizada por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se estimaba que la
población nacional en situación de pobreza en 2010 era el 46.2% del total de la
población mexicana, esto es, 52 millones de mexicanos. Esta cifra implica un
aumento de 3.2 millones de personas en dicha condición respecto a 2008.
Por su parte, el Índice de Desarrollo Humano
(IDH) en México mostró un incremento de un valor de 0.770 en 2011 a un valor de
0.775 en 2012; sin embargo, a nivel mundial, el país bajó cuatro lugares en la
medición anual del IDH, colocándose ahora en el lugar número 61. Entre los
países de América Latina que tuvieron mejor índice que México se encuentran
Chile, en la posición 40, Argentina en el lugar 45, Uruguay en el 51 y Cuba y
Panamá en el 59.
El Índice de Desigualdad de Género (IDG), por
su parte, muestra la desigualdad existente entre los logros de las mujeres y
los hombres en varias dimensiones, como la salud reproductiva, el
empoderamiento y la participación en el mercado laboral; en una puntuación del
0 al 1, México tiene apenas 0.382 puntos, por lo que ocupa el lugar 72.
En materia de seguridad, durante el periodo
de 2006-2012 se produjo en México un incremento de un 46.7% en los delitos de
alto impacto homologables, como secuestro, homicidio doloso, robo, violación y
lesiones dolosas por disparo de arma de fuego.
A nivel nacional, existen programas federales
que constituyen el marco de actuación de la política pública local. Ejemplo de
ello respecto del desarrollo social es el Programa Oportunidades, que articula
incentivos para la educación, salud y nutrición, con el fin de promover el
desarrollo de las capacidades de las familias en extrema pobreza. Otro ejemplo,
en este caso en referencia al desarrollo sustentable, es el programa PROAIRE.
De igual forma, en materia de seguridad el Programa Escudo Centro se estableció
como la estrategia nacional y territorial de colaboración en el combate a
delitos como el robo de vehículos, la trata de personas, el narcomenudeo, los
secuestros y las extorsiones. En este programa confluyen ocho entidades
federativas: Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, México, Distrito Federal,
Guerrero y Querétaro. A su vez, en materia de violencia contra las mujeres, la
Ciudad de México participa por ejemplo en el Sistema Nacional para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual tiene
por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y
acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres.
b. Contexto Regional del Desarrollo
La Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, Fracción VI, y
artículo 122, Base Quinta, establece el marco normativo básico para la
coordinación y planeación del desarrollo con alcance metropolitano y regional
entre la federación, estados y municipios, así como la base constitucional para
la integración del Sistema Nacional de Ordenación del Territorio del que forma
parte la Ciudad de México.
De igual manera, la
Ciudad de México cuenta con disposiciones puntuales en materia metropolitana.
En el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, artículos 69 a 75, se
establecen las bases, principios y atribuciones para que la Ciudad de México,
en coordinación con otras entidades federativas, la federación y las
delegaciones, lleve a cabo la planeación y ordenación de las zonas conurbadas,
así como la celebración de convenios para la constitución de Comisiones
Metropolitanas. En el ámbito local, la entidad cuenta con la Ley de Desarrollo
Metropolitano para el Distrito Federal, que establece los lineamientos y bases
generales para la planeación estratégica y para la coordinación entre los
diferentes órdenes de gobierno que interactúan tanto en la ZMVM como en la
Región Centro País, y que ofrece las definiciones diferenciadas de ZMVM y Zona
Conurbada de la Ciudad de México (ZCCM).
En este marco, se constituyó la Comisión
Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, como la máxima instancia de
coordinación, programación y evaluación de las políticas en esta materia en la
ZMVM. En ella participan los titulares de los gobiernos de los estados de
Hidalgo, México y el Distrito Federal.
1. Región
Centro País (RCP)
La RCP fue delimitada en el Plan Nacional de
Desarrollo 2001-2006 como parte de una regionalización que da soporte
territorial al análisis de los fenómenos y problemas interestatales. Es la
región más dinámica del país en cuanto a conformación poblacional, territorial
y económica, lo que ha derivado en fuertes impactos ambientales.
La constituyen los estados de Hidalgo,
México, Morelos, Puebla y Tlaxcala y el Distrito Federal. Abarca una superficie
de 87,632 km2 y contaba, en 2010, con una población de 33.9 millones
de habitantes, distribuidos en 16 delegaciones y 519 municipios. Se calcula que
en la RCP se asienta aproximadamente 32.5% de la población nacional.
La RCP incluye a la ZMVM y a nodos de menor
escala, principalmente los de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca (22
municipios), de Puebla (15 municipios), de Pachuca (2 municipios) y de Tula
Allende (5 municipios); y las zonas conurbadas de Puebla-Tlaxcala (11
municipios de Puebla y 19 de Tlaxcala), de Cuernavaca (4 municipios), de
Cuautla (4 municipios), de Tlaxcala (6 municipios), de Apizaco (5 municipios) y
de Tehuacán (3 municipios). Sin embargo, los procesos urbano-espaciales más
importantes en la RCP han sido la metropolización y megalopolización de la
ZMVM, pues esta predomina económica y socialmente dentro de la RCP.
2. Zona
Metropolitana del Valle de México
La ZMVM es la principal zona metropolitana
del Sistema Urbano Nacional, e incluye un total de 100 municipios (21 del estado
de Hidalgo, 59 del estado de México, además de las 16 delegaciones del Distrito
Federal), los cuales constituyen una extensión territorial de 10, 820 km2.
En la ZMVM habitan 21.1 millones de personas,
el 18% de la población nacional, de las cuales 53% viven en los municipios
conurbados del estado de México, ubicados al oriente y al norte de la Ciudad de
México, 42% en el Distrito Federal y 5% en los municipios del estado de
Hidalgo; las mayores concentraciones de población de la ZMVM se ubican en las delegaciones
y municipios ubicados al oriente y al norte de la misma. Datos del INEGI en
2010 indican que, del total de la población de la zona metropolitana, el 51.6%
eran mujeres.
Cabe destacar que en dicha zona se genera el
27.2% del PIB nacional, convirtiéndose en la zona metropolitana de mayor
importancia para el país dentro del Sistema Urbano Nacional. Asimismo, la ZMVM
consume más del 20% del presupuesto programable federal y recibe la inversión
federal per cápita más alta.
Las tres cuartas partes del empleo regional
se concentran en la Ciudad de México y en el Estado de México, lo que genera
una gran relación funcional entre ambas entidades: el Distrito Federal es
fundamentalmente el ámbito del trabajo, mientras que el Estado de México el de
habitación. Esta situación propicia una creciente e intensa movilidad cotidiana
de la población en el interior de la ZMVM. Esta zona presenta importantes
desafíos tales como expansión territorial desmedida, periferias marginales y
zonas dormitorio, problemas de tránsito, de convivencia y de seguridad, así
como dificultades ambientales derivadas de la demanda de agua, la contaminación
del aire y el manejo de los residuos sólidos.
3. Mecanismos
de Desarrollo Regional
El principal mecanismo de coordinación para
impulsar el desarrollo regional es el de las comisiones metropolitanas. Las
comisiones vigentes son la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad
(COMETRAVI), la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos (COMETAH), la
Comisión Metropolitana de Agua y Drenaje (CADAM), la Comisión Metropolitana de
Seguridad Pública y Procuración de Justicia (CMSPyPJ), la Comisión
Metropolitana de Protección Civil (COMEPROC) y la Comisión Ambiental
Metropolitana (CAM).
Entre ellas, destaca la CAM, que ha jugado un
papel fundamental en el control y mejoramiento de la calidad del aire en el
Distrito Federal y la ZMVM, así como la COMETAH, que en octubre de 2012 aprobó
el Programa de Ordenamiento de la ZMVM (POZMVM). Dicho programa cuenta con un
alcance y visión regional para fomentar la inversión que promueva el desarrollo
sustentable, económico y la movilidad.
Las demás comisiones han tenido un
funcionamiento inestable y limitada capacidad para tomar decisiones, por lo que
se han convertido principalmente en espacios para dialogar y dar seguimiento a
ciertas políticas y estrategias metropolitanas.
Otro mecanismo para fomentar el desarrollo
regional es la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), un foro
permanente de encuentro, diálogo y concertación entre las y los titulares de
los ejecutivos de las entidades federativas mexicanas. De igual manera, las
asociaciones de secretarias y secretarios en distintas materias son espacios
institucionales permanentes de coordinación, consulta, deliberación, diálogo y
concertación para establecer e impulsar políticas públicas, principalmente en
materia de desarrollo económico, desarrollo agropecuario y turismo. Algunas de
las asociaciones en las que participa la Ciudad de México son la Asociación
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), Asociación Mexicana de
Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), Asociación Nacional de
Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE) y la Asociación de Secretarios de
Turismo de México (ASETUM).
Otro instrumento que busca promover el
desarrollo regional es el Fideicomiso para el Fondo Metropolitano de Proyectos
de Impacto Ambiental en el Valle de México, creado en 2007. Este se estableció
entre los gobiernos del Distrito Federal y el Estado de México para generar
acciones coordinadas mediante la aplicación de subsidios federales. Por último,
están los programas académicos de diferentes instituciones, como es el caso del
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la Universidad
Nacional Autónoma de México, que buscan articular a las instituciones
académicas con instituciones gubernamentales.
ESCENARIOS Y RETOS DEL DESARROLLO DEL
DISTRITO FEDERAL
Ámbito social
Dada la tendencia al ensanchamiento de la
pirámide demográfica en las edades intermedias y al aumento de la población
juvenil, es previsible en el mediano y largo plazos un aumento de la demanda de
educación, de cultura, de empleo y de vivienda; de no atenderse esta demanda,
se podrían perder las oportunidades que hoy nos brinda el bono demográfico de
elevar el bienestar de la población y desarrollar en el futuro una adecuada
política de seguridad y protección social.
Asimismo, si no se
acentúa y perfecciona la atención a las distintas problemáticas como la
exclusión, maltrato, discriminación y violencia derivadas del origen étnico,
condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad,
discapacidad, sexo, género, orientación o preferencia sexual, estado civil,
nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras,
podrían generarse efectos negativos sobre la integración social, así como la
paz y seguridad públicas.
Por otra parte, de no
atenderse adecuadamente las diversas problemáticas educativas, se podría ver
afectado el ejercicio de los derechos humanos de la población de la entidad y
se podrían incrementar el desempleo, la subocupación y la exclusión social. Si
no se refuerzan los sistemas preventivos de salud, puede crecer la tasa de
mortalidad por causa de enfermedades crónico-degenerativas, así como los problemas
de salud asociados a la obesidad y sobrepeso, afectando de manera importante el
bienestar de la población y el alcance de los recursos para la salud y la
seguridad social.
Finalmente, para crear nuevas formas de
convivencia urbana propias de una ciudadanía democrática, se requiere
fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia, el autorreconocimiento y
las capacidades ciudadanas interculturales, que valoren y respeten la
diversidad.
Ámbito económico
La economía de la Ciudad de México requiere
terminar su transición hacia un perfil acorde con sus nuevas tendencias
productivas, sustentada en actividades no contaminantes, de alto valor agregado
y de servicios financieros, de información, de salud, turísticos, académicos y
gubernamentales, a partir de un sistema que facilite el acceso al crédito y a
la producción, que le permita un crecimiento sostenido, con equidad y
generación de empleo formal, así como de un desarrollo urbano integrado y
equilibrado. De no avanzar en ese sentido, la economía de la entidad mantendrá
una estructura territorial y productiva desequilibrada y segmentada, y en un
mismo espacio económico podrían coexistir un sector industrial y de servicios
con elevados niveles de productividad y calidad, semejantes a los estándares internacionales,
con otro que produce a costos superiores y con calidad inferior a los de la
competencia internacional; lo anterior profundizaría el estancamiento económico
y aumentaría el desempleo, la subocupación, la informalidad, la pobreza, así
como la desigualdad de género y social.
Ámbito urbano-ambiental
De no consolidarse una planeación urbana
integral, con una visión metropolitana, de proximidad, accesibilidad y equidad,
que contemple el desarrollo y mantenimiento de los espacios públicos y de la vivienda
y servicios urbanos, y que articule y promueva el sistema de transporte público
de la Ciudad, así como formas de movilidad no motorizada, se podría aumentar el
deterioro del tejido social, podría disminuir la calidad de vida de la
población y podrían incrementarse los niveles de marginación y de riesgo en
caso de desastres naturales. Esto a su vez podría generar una percepción de
inseguridad entre la población y disminuir la competitividad del Distrito
Federal.
Por otra parte, de continuar la pérdida del
suelo de conservación, es factible que se ponga en riesgo la sustentabilidad de
la Ciudad, pues pudiera disminuir la producción de recursos y servicios
ecosistémicos, se podría afectar aún más la capacidad de recarga del acuífero
que le proporciona la mayor parte del vital líquido a la Ciudad y aumentarían
la contaminación ambiental y los efectos del cambio climático.
Ámbito de seguridad
Hasta ahora la Ciudad de México ha logrado
mantener a la baja los delitos de alto impacto; sin embargo, dada la tendencia
que se dio hacia el incremento a nivel nacional de dichos delitos, deberán
mantenerse y mejorarse las políticas de prevención del delito, seguridad
pública y procuración de justicia, incorporando la perspectiva de género, para
garantizar el fortalecimiento del tejido social, la participación en la vida
cultural y el uso del espacio público, así como el orden, la paz y la
tranquilidad; de esta manera será posible mantener o restablecer lazos
comunitarios para generar mayor convivencia social y mayor seguridad pública.
A esto se suma la
complejidad de la Ciudad dado su carácter metropolitano, la concentración de su
población y su carácter de centro político, económico, educativo y cultural del
país. Además, la población del Valle de México es más vulnerable ante los
desastres o condiciones extremas, lo cual requiere que exista una gestión
adecuada del riesgo para proteger la integridad física y patrimonial de los
habitantes.
Ámbito gubernamental
De continuar las brechas de coordinación y
comunicación interinstitucional, de sistematización de procesos y
procedimientos administrativos y de optimización de estructuras orgánicas, así
como el grado de obsolescencia tecnológica y la insuficiente capacitación y
profesionalización de las y los servidores públicos, no será posible consolidar
un gobierno profesional, electrónico, eficiente y eficaz para resolver
adecuadamente los desafíos que enfrenta la Ciudad de México. A su vez, de
continuar la sobrerregulación, los vacíos y la insuficiente articulación entre
las disposiciones legales que rigen el ámbito administrativo, así como la falta
de suficiente simplificación y automatización de trámites y servicios, podrían
incrementase los niveles de corrupción y descontento ciudadanos, así como
disminuir la competitividad de la entidad.
De igual manera, de no establecerse sinergias
entre los procesos de planeación y presupuestación se podría generar una visión
a corto plazo en la orientación de los recursos públicos, afectando la calidad
y cobertura de los bienes y servicios.
VISIÓN DE NUESTRA CIUDAD
Una capital social, en la que las personas
ejercen plenamente sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades;
donde se apoya de manera digna y corresponsable a las personas en situación de
vulnerabilidad y que por lo tanto es equitativa e inclusiva; una ciudad de
libertades y tolerancia, donde la diversidad se constituye en un valor social y
humano y se respeta plenamente la igualdad de género; una ciudad segura; una
ciudad dinámica, compacta, policéntrica, competitiva y sustentable, que
potencia las vocaciones productivas y fomenta la inversión; y una ciudad del
conocimiento, digital e inteligente, con un gobierno profesional, efectivo,
transparente, participativo, honrado y responsable.
EJE 1. EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL
DESARROLLO HUMANO
En los últimos 16 años las y los habitantes
del Distrito Federal hemos luchado para consolidar nuestros derechos políticos,
económicos, sociales, culturales y ambientales. Según la Organización de las
Naciones Unidas, la entidad tiene un Índice de Desarrollo Humano de 0.8837,
superior a la media nacional de 0.8031. Además, según las estimaciones del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social para 2010, en el Distrito
Federal solo 2.2% de la población se encuentra en pobreza extrema, con lo que
ocupa el tercer lugar nacional entre las entidades con menor pobreza.
Esto es así porque el Distrito Federal ha
tenido a la política social como uno de sus ejes de transformación, logrando
construir y poner en marcha políticas públicas de avanzada. Se ha conformado un
efectivo sistema de protección social, de combate a la pobreza, a la
desigualdad y marginación, con atención especial a las personas con carencias
que impactan negativamente en su desarrollo. Hemos trazado ya un camino para
hacer realidad los derechos sociales y el actual gobierno está decidido a
seguir por esa vía.
La política social será incluyente y el
desarrollo social un proceso planificado, responsable y por supuesto
participativo. Para alcanzar la universalización en el disfrute de los derechos
se requiere brindar atención prioritaria a ciertos grupos, actualmente
excluidos, con el fin de incluirlos plenamente en la ciudadanía social.
En el año 2008 se realizó un Diagnóstico de
Derechos Humanos del Distrito Federal. El Diagnóstico identificó las
principales carencias, así como los grupos mayormente discriminados, para los
que elaboró líneas de acción específicas en el Programa de Derechos Humanos del
Distrito Federal (PDHDF). De acuerdo al PDHDF, los grupos de población
seleccionados como mayormente discriminados, y para los que es necesario el
diseño de estrategias de atención específicas, son los siguientes:
·
Las mujeres
·
Las niñas y los niños
·
Las y los jóvenes
·
Los pueblos y comunidades indígenas
·
Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales,
travestis e intersex
·
Las poblaciones callejeras
·
Las personas adultas mayores
·
Las personas con discapacidad
·
Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo
·
Las personas víctimas de trata y explotación sexual
Por lo anterior, los grupos mencionados se
colocan como los principales sujetos de atención en el diseño de la política
pública orientada a la eliminación de la exclusión, el maltrato y la
discriminación en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal.
En la presente administración se elaborará y
publicará por primera vez el Programa para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Distrito Federal, mismo que establecerá las
estrategias y líneas de acción que habrán de instrumentarse para garantizar el
libre ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo establecido la Ley para
la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito
Federal.
En México, el Distrito Federal es la capital
de los poderes de la Unión, es la capital financiera, la capital educativa, la
capital cultural y artística, y la capital de las libertades. Este gobierno
desea que ahora sea también su capital social. Con esto se quieren expresar
básicamente dos ideas. Primero, que el gobierno continuará usando los recursos
para hacer de la Ciudad de México la ciudad de los derechos humanos, esto es,
de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Así,
para cumplir con nuestra obligación de difundirlos, promoverlos, protegerlos y
garantizarlos, el gobierno de la Ciudad responderá con acciones concretas de
diverso tipo, desde la continuación y ampliación de los programas sociales,
hasta la equidad en el trabajo y la calidad en la salud, la educación, la
cultura y la alimentación. Se ha legislado para proteger y reconocer los
derechos de la población en condición de vulnerabilidad, pero se trata de hacer
posible un cambio cultural en donde valoremos la riqueza que nos da la
diversidad y demos un trato igualitario a todas y todos, a fin de que podamos
gozar en plenitud nuestros derechos. En otras palabras, aspiramos a una ciudad
con mayor igualdad entre los grupos sociales y las delegaciones.
En segundo lugar, al hablar de capital social
también se desea decir que trabajaremos todas y todos juntos, que el gobierno
no puede solo, que requiere la participación activa de la ciudadanía, porque el
capital social de una ciudad es su capacidad de acción colectiva, de
cooperación, corresponsabilidad y unión, que constituyen el recurso principal
con el que se consigue el desarrollo. En otras palabras, queremos decir que
fortaleceremos el tejido y la cohesión social, que potenciaremos al trabajo en
los barrios, en las colonias, en las comunidades, porque recuperar el espacio
público significa bienestar humano, equidad y armonía en el centro neurálgico
de la convivencia en la diversidad. Así, continuaremos trabajando en la
construcción de ciudadanía, de solidaridad y respeto, siempre con diálogo, con
reflexión colectiva, para disminuir así la violencia en todos sus tipos y
modalidades. En este contexto, el gobierno buscará incorporar a la sociedad
mediante esquemas de corresponsabilidad en la ejecución de las políticas
públicas y sus programas.
Esta concepción de capital social es la que
articula nuestra política en el Eje 1, de inclusión social y equidad para el
desarrollo humano, que se abordará atendiendo las principales problemáticas,
que son: 1) la exclusión, maltrato y discriminación; 2) los daños a la salud
asociados a ciertos padecimientos; 3) la calidad aún deficiente de la educación
y la persistencia de inequidades en el acceso a la misma; 4) el insuficiente
acceso a los servicios y bienes culturales; 5) la persistencia de diversos
tipos y modalidades de violencia; 6) la inseguridad alimentaria y la
malnutrición; y 7) las insuficientes oportunidades de ocupación y empleo en
condiciones de equidad. Con base en diagnósticos precisos para cada uno de
estos desafíos, hemos identificado los objetivos, metas y líneas de acción que
nos permitirán reducir aún más la pobreza, la desigualdad y la marginación, y
aumentar significativamente el bienestar y la calidad de vida de las y los
habitantes de la Ciudad de México.
Algunas de las metas y acciones que el gobierno
ha previsto para eliminar la discriminación y la violencia se relacionan con la
mejora de las normas y los esquemas de atención y prevención. Para hacer
efectivos los derechos a la salud y a la educación se buscará la equidad y la
calidad en estos servicios. En cuanto a la cultura, se buscará aumentar el
acceso a los bienes y servicios culturales y promover el derecho a una
identidad. En cuanto al derecho a la alimentación, se pretende por ejemplo
aumentar el acceso a los alimentos saludables. Respecto al derecho al empleo,
algunos de los retos mayores de este gobierno son la creación de fuentes de
trabajo, la capacitación y el respeto de los derechos laborales. Todo lo
anterior bajo una coordinación constante con los Órganos Político-Administrativos.
Estas son necesidades ineludibles para generar mayores oportunidades de
progreso.
Así, porque las y los habitantes del Distrito
Federal tienen derecho a la ciudad y a vivir en forma segura y armoniosa, sin
discriminación ni violencia, y porque tienen derecho a la salud, a la
educación, a la cultura, a la alimentación y a un trabajo digno, uno de los
objetivos del PGDDF 2013-2018 es convertir a la capital política de la nación
en su capital social.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 1. Discriminación y
Derechos Humanos
Si bien se han dado
significativos avances en la última década, no se han logrado eliminar las
conductas discriminatorias que llevan a la exclusión en el reconocimiento y
ejercicio de los derechos humanos, y en muchos casos al maltrato,
principalmente hacia personas en situación de vulnerabilidad o culturalmente
diversas. Algunos de los principales motivos son su origen étnico, condición
jurídica, social, económica, migratoria o de salud, así como la edad,
discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil,
nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre
otras razones.
DIAGNÓSTICO
Las condiciones
económicas que el país ha enfrentado en los últimos años han agravado la falta
de empleo y la pérdida del poder adquisitivo, y han acentuado la desigualdad,
marginación y pobreza en la población que vive en las zonas de mayor rezago
social y urbano de la Ciudad, donde se generan graves problemas de
drogadicción, inseguridad y violencia. Lo anterior inhibe el ejercicio pleno de
los derechos humanos y el acceso a una vida digna con mayor bienestar social,
especialmente por parte de los grupos o personas en condiciones de
vulnerabilidad, esto es, que sufren de modo permanente o particularmente grave
una situación de discriminación, desigualdad y/o intolerancia debido a
circunstancias tales como origen étnico, color, sexo, religión, situación
económica, opinión y preferencias u orientaciones de cualquier índole.
Si bien el Distrito Federal tiene un Índice
de Desarrollo Humano superior a la media nacional, a nivel de las delegaciones
existe heterogeneidad: mientras que Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán
tienen niveles de desarrollo comparables con países de primer mundo, Milpa Alta
tiene el mismo nivel que los países del continente americano con menos
desarrollo.
Las estimaciones del
CONEVAL para el año 2010 señalan que en la Ciudad de México existían 2 millones
526 mil personas en situación de pobreza (28.7% de la población), de las cuales
1 millón 313 mil eran mujeres y 1 millón 213 mil hombres. A su vez, 192 mil
personas estaban en situación de extrema pobreza (2.2% de la población), de las
cuales 97 mil eran mujeres y 95 mil hombres. Quienes se ubican dentro del rango
de pobreza son personas que poseen alguna carencia social (rezago en el acceso
a servicios de salud, educación, alimentación, seguridad social, calidad de
espacios y servicios de la vivienda) además de no contar con el ingreso
suficiente para cubrir sus necesidades básicas (comprar los alimentos necesarios
y los servicios y bienes que requieren).
Por su parte, el 30.5% de la población (2.7
millones de personas) se encuentra en las mejores condiciones, es decir, no es
pobre ni vulnerable; además su nivel de ingreso está por encima de la línea de
necesidades básicas. Finalmente, más de un tercio de la población, 35.5%, tiene
un ingreso por encima de la línea de bienestar económico, pero es vulnerable en
alguna de las carencias sociales (3.1 millones de personas). Entre las
delegaciones que integran el Distrito Federal, Milpa Alta es la delegación con
la mayor proporción de pobres con 48.6%, seguida por Tláhuac con 38.5% e
Iztapalapa con 37.4%, mientras que en el sentido opuesto Benito Juárez solo
presenta un 8.7%.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación en
México (ENADIS) 2010 señala en sus resultados sobre zonas metropolitanas que el
motivo principal por el cual 34.6% de la población en la zona metropolitana de
la Ciudad de México expresa que sus derechos no han sido respetados es no tener
dinero. El 58.8% de la población en la zona metropolitana de la Ciudad
considera que la riqueza es el factor que genera mucha división en la
población. En segundo lugar, ser hombre o mujer, la apariencia física y la edad
son otros motivos de discriminación que han afectado a 26% y 28% de la
población. La religión, la educación y la forma de vestir son otros motivos por
los cuales 20% de la población ha sentido que sus derechos no se han respetado.
La religión, la etnia y la gente que llega de fuera se encuentran entre los
últimos lugares como motivos que generan mucha división entre la población; no
por ello son de menor importancia, sino de menor incidencia en la población.
De acuerdo con el Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, en su Programa Anual 2013,
“la discriminación es una práctica que diferencia en el trato a las personas
por una condición determinada, haciendo menoscabo de sus derechos y colocándola
en una situación de desventaja, marginación, exclusión y vulnerabilidad. La práctica
de la discriminación responde a un contexto socio cultural determinado de
desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio
negativo o un estigma relacionado con una desventaja, por lo que no solo permea
las relaciones entre las personas sino que se institucionaliza a través de los
marcos normativos, los lineamientos de acceso a los bienes y servicios públicos
y otro tipo de ordenamientos generales y tiene por efecto (intencional o no) el
daño a los derechos y libertades fundamentales”. La exclusión se define como la
negación del derecho humano al desarrollo.
En la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Distrito Federal, las personas, grupos o comunidades en
situación de discriminación se definen como aquellas personas físicas, grupos,
comunidades, colectivos o análogos que sufren una violación, negación o el
menoscabo de alguno o algunos de sus derechos humanos por los motivos
prohibidos en el tercer párrafo del artículo 1 constitucional, los tratados
internacionales de los que México es parte, y la propia Ley para Prevenir y
Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, entre otras.
Como se señaló en la introducción de este
eje, gracias a políticas públicas activas por parte del Gobierno del Distrito
Federal, en los últimos 16 años se han obtenido en la Ciudad importantes logros
en relación al combate a la pobreza y la discriminación. Sin embargo, subsisten
importantes retos en ambos campos, por lo que esta administración está decidida
a poner en marcha programas integrales que contribuyan a reducir de manera
sustancial el porcentaje de personas que actualmente se encuentra en pobreza
extrema y a disminuir significativamente la desigualdad y los actos de
discriminación, fortaleciendo las capacidades interculturales y la educación
para la diversidad cultural entre los habitantes de la Ciudad.
OBJETIVO 1
Realizar acciones que permitan el ejercicio
pleno de los derechos de las personas, independientemente de su origen étnico,
condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad,
discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil,
nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre
otras, para evitar bajo un enfoque de corresponsabilidad la exclusión, el
maltrato y la discriminación.
META 1
Eliminar las prácticas discriminatorias que
generan exclusión y maltrato.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Elaborar un diagnóstico puntual específicamente dirigido a
aportar elementos de análisis acerca de la exclusión y el fenómeno
discriminatorio en la Ciudad de México.
•
Articular la difusión y promoción de los elementos de
denuncia y acciones que hacen exigible el derecho a la inclusión, la igualdad y
la no discriminación en la Ciudad de México.
•
Avanzar en la formación continua de personas servidoras
públicas para que desarrollen acciones de atención a la ciudadanía, prestación
de servicios, orientación y administración bajo un enfoque de no discriminación
y equidad.
•
Apoyar el trabajo conjunto de grupos y organizaciones de la
sociedad civil, para fortalecer las actividades orientadas a la incidencia en
políticas públicas basadas en investigación, con enfoque de derechos y a favor
de los grupos en situación de vulnerabilidad.
•
Implementar programas y actividades que fortalezcan una
cultura en la que se eviten prácticas discriminatorias en donde los prejuicios,
estereotipos y estigmas promuevan la exclusión y el maltrato.
•
Promover la construcción de una cultura de la no
discriminación a través de la participación ciudadana, abriendo espacios de
expresión artística, cultural y audiovisual y participación de la población
estudiantil, en particular niñas y niños y adolescentes.
•
Promover campañas que difundan los derechos humanos, con
énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad, que visibilicen sus
condiciones de vida en la Ciudad de México y fomenten una cultura de la
denuncia, vinculando a las redes, colectivos y organizaciones de la sociedad
civil.
•
Coordinar con la Secretaría de Educación Pública (SEP)
acciones para que se aumenten los contenidos y las actividades de formación
ciudadana, convivencia democrática, igualdad de género y mejoramiento
ambiental.
•
Fortalecer la Red de los y las Intérpretes y Traductoras en
Lenguas Nacionales y Extranjeras y crear una red de intérpretes en lenguaje de
señas.
META 2
Reforzar el diseño, la legislación y la
implementación de las políticas, programas y servicios de apoyo a la población
para evitar la exclusión, el maltrato y/o la discriminación hacia las personas
bajo un enfoque de corresponsabilidad social.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Elaborar, revisar o armonizar la legislación para garantizar
la permanencia y universalidad de los programas que atienden las necesidades de
las personas, especialmente en función de su origen étnico, condición jurídica,
social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo,
orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia
física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, sin dejar de aplicar
medidas positivas y compensatorias o acciones afirmativas a favor de personas
discriminadas.
•
Reforzar y desarrollar programas sociales de atención para
las personas excluidas, maltratadas o discriminadas debido a su origen étnico,
condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad,
discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil,
nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre
otras.
•
Promover una cultura de corresponsabilidad social entre las
personas participantes de los programas sociales.
•
Fomentar la mayor visibilidad de los programas de desarrollo
social en el Distrito Federal, con el fin de que la ciudadanía pueda promover
la exigibilidad de derechos y la transparencia de los programas. Diseñar
mecanismos de seguimiento y evaluación para los programas sociales, que
permitan establecer modificaciones a las políticas públicas y elaborar y
mantener actualizados los reportes que den cuenta de los grupos de población
atendidos por sus programas en materia de igualdad y no discriminación.
•
Promover las acciones comunitarias y la coinversión social
dentro de los programas sociales, a favor de las personas en situación de
pobreza y exclusión, así como de grupos vulnerables: mujeres, adultos mayores,
indígenas, niñas y niños, jóvenes y personas con discapacidad, entre otros.
•
Elaborar lineamientos de política pública de no
discriminación en el Distrito Federal.
•
Impulsar, en conjunto con la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, la formulación y aprobación de la Ley en Materia de Derechos
de las Comunidades Indígenas y Pueblos Originarios del Distrito Federal.
META 3
Lograr la certificación del Distrito Federal
como “Ciudad Amigable”.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Promover acciones para obtener la certificación de la Ciudad
de México como una ciudad amigable para las personas mayores y la población
LGBTTTI.
•
Aplicar la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y
Movilidad Humana en el Distrito Federal, que marca la instauración y
seguimiento de la Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana y la
creación del índice de Interculturalidad.
•
Implementar el Convenio de Colaboración para la
Implementación de Acciones Afirmativas Interinstitucionales en Materia de
Prevención y Atención del VIH en las Mujeres de la Ciudad de México y la Ley
para la Prevención y Atención del VIH/SIDA en el Distrito Federal.
•
Coadyuvar al respeto a los derechos plenos de los
connacionales y la población capitalina residente en el extranjero.
•
Facilitar a la población capitalina residente en el
extranjero los trámites para la obtención de sus documentos de identidad y
brindarles asistencia legal.
•
Elaborar y aplicar criterios de construcción de obras
públicas que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad, las
adultas y los adultos mayores y otras personas que lo requieran.
•
Garantizar la construcción de obras públicas en apego a las
disposiciones normativas vigentes.
•
Facilitar a la ciudadanía la obtención de documentos de
identidad.
•
Promover la implementación de estrategias que permitan
obtener beneficios sociales a toda la población, para acceder a mejores niveles
de bienestar social.
•
Promover la participación de la Ciudad de México en las
diversas iniciativas mundiales, regionales y locales, mediante convenios de
cooperación y colaboración.
OBJETIVO 2
Disminuir de manera sustancial el 2.2% de la
población que se encuentra en pobreza extrema en el Distrito Federal.
META 1
Aplicar estrategias para disminuir de manera
sustancial el 2.2% de la población que se encuentra en pobreza extrema,
aplicando programas integrales que atiendan a todos los grupos de edad con la
corresponsabilidad de la sociedad civil organizada.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Determinar los lugares específicos para aplicar los programas
de combate a la pobreza de manera conjunta por tiempo determinado.
•
Diseñar e implementar programas integrales contundentes en
contra de la pobreza en las colonias de más alto índice de marginalidad.
•
Establecer indicadores para evaluar la eficacia, pertinencia
e impacto de los programas de combate a la pobreza, en el corto y mediano
plazo.
OBJETIVO 3
Consolidar la política de igualdad sustantiva
en el Gobierno del Distrito Federal.
META 1
Establecer las bases institucionales de la política
de igualdad sustantiva.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Diseñar y aplicar los mecanismos necesarios para crear e
institucionalizar unidades de igualdad sustantiva en los entes públicos.
•
Establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional de
las unidades de igualdad sustantiva en los entes públicos.
OBJETIVO 4
Facilitar el goce y disfrute de los programas
y servicios del Gobierno del Distrito Federal, evitando la discriminación por
el origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud,
de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil,
nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre
otras, de las personas, en estricto apego a las normas de los programas
sociales.
META 1
Diseñar e instrumentar un programa de
capacitación de carácter obligatorio en materia de derechos humanos y género a
todas las personas servidoras públicas que brindan atención directa a la
población, a fin de garantizar un trato digno y respetuoso.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Diseñar estrategias de capacitación y sensibilización a las
personas servidoras públicas para que conozcan las normas de los programas y
mejoren la atención que brindan a la población en situación de vulnerabilidad.
•
Diseñar, implementar y evaluar campañas dirigidas a las
personas que habitan y transitan en el Distrito Federal, a fin de sensibilizar
a la población respecto a la necesidad de prevenir y eliminar los
actos discriminatorios.
META 2
Elaborar documentos de identificación de las
personas en situación de vulnerabilidad, que faciliten el acceso a los
programas sociales y servicios del Gobierno del Distrito Federal, así como la
realización de los trámites en diferentes instancias.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Diseñar mecanismos y elaborar la documentación necesaria para
que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acreditar la identidad y
acceder a los programas y servicios sociales.
•
Elaborar y aplicar procedimientos para la distribución y el
uso de documentos de identidad que sirvan para acceder a los programas y
servicios sociales del Distrito Federal.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 2. Salud
Existe un aumento en
los daños a la salud asociados a los padecimientos crónico-degenerativos
(hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular, obesidad
y sobrepeso), respiratorios, cáncer de mama, infecciones de transmisión sexual
y adicciones, entre otros. Algunos de estos padecimientos se acentúan en las
personas por su condición de vulnerabilidad.
DIAGNÓSTICO
En el año 2010 la esperanza de vida en México
fue de 76 años, mientras que en la población del Distrito Federal fue de 76.3
como promedio general, 78.8 años para las mujeres y 73.8 para hombres. El
aumento de la esperanza de vida y la creciente exposición a los llamados
riesgos emergentes, relacionados en su mayoría con estilos de vida poco
saludables, han modificado el cuadro de las principales causas de muerte.
El Distrito Federal, al igual que el resto
del país, presenta una transición epidemiológica que se caracteriza por el
predominio cada vez mayor de enfermedades crónico-degenerativas. De acuerdo a
la Agenda Anual 2011, publicada por la Secretaría de Salud del Distrito
Federal, las primeras cinco causas de defunción en el Distrito Federal fueron
en 2010: enfermedades del corazón, tumores malignos, diabetes mellitus, accidentes
y cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado. La atención de
enfermedades crónico-degenerativas en los hospitales del Distrito Federal casi
se triplicó entre el 2000 y el 2011. En el año 2000 fueron atendidas 183 mil
personas por enfermedades como diabetes y enfermedades cardiovasculares; sin
embargo, para 2011 la cifra aumentó a 516 mil personas. En la actualidad
prevalecen algunas dificultades en el acceso a los servicios de salud, por lo
que las instituciones que ofrecen atención socio-sanitaria deben continuar
fortaleciéndose para otorgar servicios con los criterios de universalidad,
equidad y sin discriminación hacia las personas en situación de vulnerabilidad.
Numerosos informes
señalan que la prevalencia de obesidad en población infantil y adolescente se
ha incrementado notablemente en las últimas dos décadas, de tal manera que se
ha convertido en un problema de salud pública que tiene efectos negativos
metabólicos, psicológicos y ortopédicos, entre otros. De acuerdo con la
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, la prevalencia de sobrepeso y
obesidad en niños de 5 a 11 años en el Distrito Federal se ubicó en 35% de la
población, 34.1% para mujeres y 36.1% para hombres. Asimismo, el 32.3% de los
adolescentes presentó exceso de peso, con un porcentaje mayor para las mujeres
(35.2%) en comparación con los hombres (30%). Además, la obesidad es un factor
de riesgo para el aumento de padecimientos como cardiopatías, diabetes
mellitus, dislipidemias y trastornos osteoarticulares.
En el grupo poblacional conformado por la
población infantil, adolescente y de mujeres jóvenes de las comunidades
indígenas que viven en el Distrito Federal, el 12% presenta enfermedades
digestivas, 11% padece obesidad y sobrepeso, 8% presenta diabetes mellitus, 7% padece
alcoholismo y adicciones (en las que predomina el uso de drogas inhalables) y
4% presenta índices de desnutrición.
Por su magnitud y trascendencia, el cáncer de
mama y el cérvico-uterino son problemas de salud pública prioritarios. De
acuerdo con la Agenda 2011 de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, los
tumores malignos derivados de dichas enfermedades fueron la tercera causa de
mortalidad general en mujeres durante 2010, con tasas de 14.5 y 6.5 por cada
100 mil mujeres. Con el envejecimiento de la población y una mayor exposición a
los factores de riesgo, cobrarán mayor relevancia.
El embarazo y la maternidad adolescentes
siguen siendo un problema que reclama atención. La tendencia reciente de
infecciones por VIH muestra que más del 50% de las nuevas infecciones por VIH
se produce en jóvenes de 10 a 24 años, con un incremento acelerado entre las
mujeres. Sumado a lo anterior, un aspecto de salud pública que se debe atender
es el relativo a los trastornos mentales, el cual no se presenta de igual
manera ni en la misma magnitud entre mujeres y hombres. Se estima que la
prevalencia de estos trastornos aumente por efecto de los factores de riesgo
como la pobreza, la violencia, el abuso en el consumo de drogas y el
envejecimiento de la población, entre otros.
La incidencia de la adicciones en el Distrito
Federal es cada vez más alta; se requiere frenar la tendencia ascendente que se
registra en el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, que ubica
al Distrito Federal por arriba de la media nacional. Las cifras provistas por
la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 indican que la prevalencia total de
consumo de drogas en jóvenes en el Distrito Federal fue del 17.8%, porcentaje
estadísticamente mayor al del 2003 en un 2.6%. Las personas fumadoras activas
constituyeron 28.4% de la población, lo que hizo que la prevalencia de consumo
de tabaco en el Distrito Federal fuera la segunda más alta en la república
mexicana. Respecto al consumo de alcohol, el consumo alto para los hombres y
las mujeres se encuentra por arriba de la media nacional, 42.0% y 23.5%
respectivamente.
Finalmente, si bien se aprobó la Ley que
establece el Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las
Personas Residentes en el Distrito Federal que carecen de Seguridad Social
Laboral, aún existe desigualdad en el acceso al tratamiento requerido y a los
beneficios del sistema de salud, lo que obedece a un modelo de gestión que
carga sobre las personas usuarias de los servicios de salud y sus familias la
mayor parte del costo de la enfermedad. Este problema se incrementa cuando no
se pertenece a una institución de seguridad social, que es el caso de más de la
mitad de la población capitalina.
OBJETIVO 1
Reducir la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas.
META 1
Mejorar la calidad de los servicios de salud
para la atención de las enfermedades crónico-degenerativas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Fortalecer las acciones anticipatorias, promocionales,
preventivas y restaurativas de los programas de prevención, detección y
atención de enfermedades crónico-degenerativas dirigidos a las personas, las
familias y las comunidades.
•
Promover y acordar con organizaciones comunitarias y de la
sociedad civil una estrategia para el ejercicio de la corresponsabilidad en
acciones anticipatorias, promocionales y preventivas.
•
Asegurar a toda la población igual acceso a los servicios
existentes ante la misma enfermedad crónico-degenerativa.
•
Reforzar la infraestructura de atención domiciliaria, para
acercar a las adultas y los adultos mayores, grupos étnicos y mujeres la
atención de las enfermedades crónico-degenerativas.
•
Establecer convenios de colaboración para el desarrollo de
estudios de los determinantes sociales de la salud-enfermedad, que permitan la
identificación de vínculos entre las condiciones ambientales de la Ciudad y las
condiciones de salud de la población.
•
Promover la investigación y utilización de nuevas tecnologías
para mejorar la calidad de los servicios de salud.
OBJETIVO 2
Lograr el ejercicio pleno y universal del
derecho a la salud.
META 1
Ampliar la cobertura de la atención a la
salud con calidad.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Asegurar a las personas el derecho a la protección de su
salud, independientemente de su situación económica y/o laboral.
•
Ofrecer los servicios por niveles de complejidad de la
atención, asegurando la efectividad de la atención especialmente en el nivel
menos complejo, que debe ser la puerta de entrada al sistema.
•
Atender el daño específico a la salud con una respuesta
integral, completa y funcional de los servicios en los aspectos organizativos,
técnicos y de conocimiento.
•
Fortalecer el seguimiento de las personas a las que se ha
diagnosticado un padecimiento que pone en riesgo su vida, a través de la
referencia y contra referencia oportuna, hasta verificar que se haya conseguido
la atención adecuada.
META 2
Mejorar la atención médica a las personas en
situación de vulnerabilidad, así como la atención médica en los servicios de
salud sexual y salud reproductiva de las personas y poblaciones altamente
discriminadas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Fortalecer las acciones de vigilancia durante el embarazo,
parto y puerperio.
•
Fortalecer las acciones para disminuir embarazos no planeados
en adolescentes.
•
Promover la prevención y atención a la salud de la población
infantil, adolescente, mujeres, adultas y adultos mayores de las comunidades
indígenas y de los pueblos originarios del Distrito Federal, utilizando la
medicina tradicional.
•
Diseñar y realizar acciones de atención y prevención de la
salud mental de las mujeres.
•
Diseñar y realizar acciones de prevención, diagnóstico y
atención integral del VIH, especialmente en jóvenes de 10 a 24 años y en
mujeres, en un marco de integración con la salud sexual y reproductiva.
•
Realizar campañas de difusión de los servicios de
Interrupción Legal del Embarazo en el Distrito Federal.
OBJETIVO 3
Reducir la incidencia del cáncer de mama y
cérvico-uterino.
META 1
Mejorar los servicios médicos para la
atención del cáncer de mama y cérvico-uterino y promover su detección oportuna.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Promover la gestión adecuada para el fortalecimiento de la
infraestructura física, equipo y personal para la provisión de la detección y
atención del cáncer de mama.
•
Fortalecer el desarrollo de campañas educativas para disminuir
los factores de riesgo del cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino, incluyendo
las necesidades específicas de la población lésbica y las mujeres con VIH.
•
Diseñar y aplicar un modelo de detección de cáncer de mama,
dirigido a las mujeres en situación de vulnerabilidad, basado en las mejores
prácticas conocidas y que permita el incremento de la cobertura.
•
Orientar a todas las mujeres de 25 a 69 años de edad sobre
las formas de autodetección oportuna de lesiones mamarias.
OBJETIVO 4
Disminuir el consumo de drogas y sustancias
adictivas y favorecer la atención y rehabilitación de la población afectada.
META 1
Disminuir el consumo de drogas y otras
sustancias adictivas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Promover las actividades ocupacionales y recreativas de la
población.
•
Realizar campañas de difusión sobre los daños a la salud que
ocasionan las sustancias adictivas.
•
Coordinar acciones interinstitucionales y con organizaciones
comunitarias y de la sociedad civil para la detección y atención oportuna de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes con uso experimental de drogas para su
canalización al sistema de salud local.
•
META 2
Fortalecer las alternativas integrales para
la prevención, detección y tratamiento oportuno de las adicciones.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Fortalecer la coordinación de las acciones interinstitucionales
contra las adicciones.
•
Fortalecer los programas de atención y rehabilitación para
las personas con adicciones.
OBJETIVO 5
Reducir el sedentarismo físico en la
población del Distrito Federal.
META 1
Aumentar el tiempo que destinan las y los
habitantes del Distrito Federal, especialmente las niñas, niños y adolescentes,
a las actividades físicas, recreativas y deportivas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Promover el aumento de la oferta y los espacios para la
práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas.
•
Promover el conocimiento de los beneficios de la cultura
física y el deporte.
•
Establecer convenios de colaboración con actores públicos y
privados para la mayor promoción de las actividades físicas, recreativas y
deportivas.
•
Promover el uso de la bicicleta o la caminata para acceder a
sitios cercanos a las viviendas, escuelas o centros de trabajo.
OBJETIVO 6
Promover la sanidad, correcta atención y
bienestar de los animales.
META 1
Establecer programas y promover acciones para
la sanidad, correcta atención y bienestar de los animales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Emitir lineamientos sanitarios que regulen la operación de
las clínicas veterinarias delegacionales y de los Centros de Atención Canina.
•
Promover el manejo ético y responsable de animales de
compañía, en coordinación con dependencias de la Administración Pública del
Distrito Federal y Delegaciones.
•
Fomentar la adopción de animales, la realización de campañas
de vacunación antirrábica y para esterilización de perros y gatos.
•
Proporcionar información sobre las ventajas de la aplicación
de un cuadro básico de medicina veterinaria preventiva calendarizada.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 3. Educación
Deficiente calidad y
persistencia de inequidad en el acceso al sistema educativo que obstaculizan la
permanencia, eficiencia terminal, logros académicos y formación integral.
DIAGNÓSTICO
En el Distrito Federal están registrados un
total de 2,813,118 estudiantes, 49.67% mujeres y 50.33% hombres, de los que el
61% corresponde a educación básica y el 39% a los niveles medio-superior y
superior. El grado promedio de escolaridad de la entidad es de 10.6 años, el
más alto a nivel nacional, cuya media es de 8.8 años. Tiene, además, el más
bajo porcentaje de analfabetismo (1.9%, siendo el promedio nacional de 6.4% en
2010).
El Distrito Federal ocupa el primer lugar en
cobertura de secundaria, educación media-superior, profesional técnico y
bachillerato. Para el fin de ciclo 2011-2012, en primaria se tuvo una
eficiencia terminal del 96.4% y una deserción de 0.7%, mientras que en
educación secundaria esas cifras fueron de 83.8% y de 5.6%, respectivamente, lo
que indica la existencia de grupos significativos de la población que no
alcanzan la instrucción básica. En educación media-superior se agudizan los
problemas de eficiencia terminal (49.3%) –el más bajo a nivel nacional- y de
deserción (18.2%), lo que ubica al Distrito Federal en el lugar 31 entre las
entidades federativas. Existe en este nivel desvinculación entre educación formal
e informal y entre las instituciones que la ofertan y las instituciones de
educación superior, los centros de investigación y el aparato productivo de la
Ciudad. Lo anterior representa un problema importante dado el carácter
obligatorio de este nivel de estudios. Finalmente, debe señalarse que en
educación preescolar solamente se atiende al 87.6% de las y los niños, lo que
coloca a la entidad en el onceavo lugar nacional de cobertura en este nivel.
Cabe destacar que el sistema educativo nacional en el Distrito Federal no
cuenta propiamente con una política de educación indígena y con programas
locales bien establecidos para este y otros grupos de personas en condiciones
de vulnerabilidad.
En términos de calidad, los logros académicos
y sociales de las y los estudiantes del Distrito Federal en los diferentes
niveles están por encima del promedio nacional pero son insatisfactorios
respecto de estándares internacionales. De acuerdo con los resultados de la
prueba PISA, en 2009 México se encontraba en el lugar 44 en habilidad lectora y
46 en habilidades matemáticas, de un total de 61 países. Si bien el Distrito
Federal también posee resultados superiores a la media nacional en esta prueba,
aún está por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE: tiene un
puntaje de 469 en escala global de lectura y 455 en matemáticas, mientras que
los promedios de la OCDE son de 493 y 496, respectivamente. Por otro lado, la
Prueba ENLACE 2012 muestra que en la entidad el 56.7% de las y los alumnos de
primaria se sitúa en los niveles de logro elemental en matemáticas, mientras
que 55.5% tiene ese mismo desempeño en español. Por otra parte, en secundaria
el 47.9% de las y los alumnos tiene un resultado insuficiente en pruebas de
matemáticas, mientras que en las de español el 74.7% tiene resultados
elementales o insuficientes.
Por cuanto se refiere a la lectura, según
Cultura y Ciudadanía actualmente 6 de cada 10 habitantes de la capital leen
libros y la misma proporción gusta de leer periódicos; 4 de cada 10 leen revistas
y 1 de cada 10 lee historietas. Del 36% de las personas que dijeron no leer
libros actualmente, 25% declaró que lo han hecho alguna vez en su vida,
mientras que el 11% dijo que nunca ha leído un libro.
A pesar de que la Ciudad de México concentra
la mayor parte de la infraestructura educativa especializada en artes, existe
todavía un déficit mayúsculo en tanto no se forman maestros especializados para
el sistema educativo y el acceso a la enseñanza se reduce a quienes se
dedicarían profesionalmente a las artes.
En relación con el entorno de aprendizaje, en
muchos casos no se cumple aún con las condiciones suficientes de seguridad, sustentabilidad,
salud física e higiene, ni se tiene en cuenta un análisis desde la perspectiva
de género o las necesidades de poblaciones con diversas discapacidades, así
como los requerimientos de niñas y niños sobresalientes. En general, dicho
entorno no resulta estimulante para el aprendizaje ni promueve suficientemente
la salud psicosocial y emocional de los alumnos, ni la cultura de la paz y del
derecho a una vida libre de violencia.
Finalmente, en materia de salud hay que
señalar que a pesar de ser fenómenos de causa multifactorial, resulta
paradójico que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 señale que la prevalencia
del sobrepeso y la obesidad en niños de 5 a 11 años en el Distrito Federal se
ubicó en 35% y que el 32.3% de los adolescentes presentó exceso de peso,
considerando que la Ley de Educación de la entidad establece la obligatoriedad
de proporcionar a los educandos alimentos balanceados y nutritivos que eviten
la obesidad y la desnutrición, así como la atribución de educar para la
preservación de la salud y para el desarrollo de hábitos alimenticios sanos;
por otra parte, la entidad cuenta con los más importantes institutos de
investigación e instituciones de educación superior públicas y privadas que
tienen una oferta importante en esta materia y que se complementa con
innovadoras acciones correlativas de diversas organizaciones de la sociedad
civil y fundaciones.
Bajo las anteriores premisas y teniendo en
cuenta al sistema de educación del Distrito Federal en su conjunto, puede
establecerse que, con diferentes matices por nivel, los principales problemas y
factores que inciden en las limitaciones de equidad y calidad de la educación
en la entidad, son los siguientes: 1) disfuncionalidad del modelo de gestión
tradicional de los servicios educativos frente a las condiciones de la demanda
y los retos actuales; 2) deficiencias en la formación, supervisión, evaluación
y motivación del personal docente y administrativo; 3) dificultades
socioeconómicas y culturales personales y familiares de las y los estudiantes,
que impactan negativamente en las oportunidades de acceso y permanencia, en las
condiciones de aprendizaje, en la eficiencia terminal y calidad educativa y en
las posibilidades de su aprendizaje y permanencia en el sistema educativo; 4)
insuficiente desarrollo de sistemas pedagógicos y de instrumentos de enseñanza
– incluidas las TIC-que garanticen la adquisición de competencias
correspondientes a cada nivel, así como la mejora del aprendizaje y la
reducción de disparidades entre las y los alumnos; 5) insuficiente preparación
previa de las y los alumnos para acceder con las habilidades y conocimientos necesarios
a cada nivel superior del sistema escolarizado y permanecer en el mismo; 6)
estímulo insuficiente o inconsistencia de la gestión del sistema educativo y la
pedagogía con valores y actitudes sociales tales como equidad,
interculturalidad, igualdad entre hombres y mujeres, convivencia sin violencia,
resolución pacífica de conflictos, solidaridad y respeto, expresión y
canalización de intereses estéticos y afectivos, autocuidado, asertividad,
trabajo cooperativo, liderazgo, autodisciplina, manejo de la vida emocional,
habilidad para expresarse, comprender y apreciar las expresiones de los demás
y, en general, el cultivo de la proactividad; 7) insuficiente participación y
corresponsabilidad de las y los responsables de las familias y las comunidades
en las decisiones sustantivas de las escuelas y del sistema de educación; 8)
insuficiente atención preventiva y compensatoria para personas en desventaja y
en condiciones de vulnerabilidad –especialmente indígenas-, así como
insuficiencia de programas de educación no formal y de otros programas
dirigidos a combatir el analfabetismo; 9) desfase entre oferta y demanda
educativa, así como diseños institucionales rígidos que limitan la ampliación,
acceso y permanencia de los estudiantes; desde educación básica hasta el nivel
media- superior, considerando la oferta territorial por nivel educativo; y 10)
afectaciones de la infraestructura educativa y falta de condiciones adecuadas
de seguridad civil e higiene, entre otras, para un buen desarrollo de la
educación y la convivencia en las escuelas y sus entornos.
Por todo lo anterior, puede afirmarse que en
la entidad, a pesar de mostrar el mejor desempeño del país, persisten
inequidades y deficiencias en la calidad de la educación que se manifiestan en
situaciones de exclusión o de riesgo latente de exclusión en todos los niveles
educativos, lo que reclama un nuevo esquema de coordinación entre los distintos
órdenes de gobierno, instituciones educativas y actores sociales del sistema
educativo.
La educación básica en
la entidad es atribución del gobierno federal a través de la SEP, quien ejerce
el control directo de los procesos de determinación del currículo, de planes y
programas, sistemas de gestión, horarios, calendarios, libros de texto,
relación laboral, entre otros componentes del sistema educativo de la entidad.
Por ende, hasta ahora la responsabilidad sobre la calidad y los resultados del
desempeño escolar en este nivel educativo recaen únicamente en el gobierno
federal. En esa circunstancia, el Gobierno del Distrito Federal ha centrado su
contribución en promover condiciones de equidad para garantizar el acceso y
permanencia de la niñez y la juventud en las escuelas a través de programas de
distribución universal y gratuita de útiles, uniformes escolares, seguros de
transporte y educación garantizada, así como de otorgamiento de becas
–destacadamente en el nivel medio superior, con el programa Prepa Sí. El
conjunto representa la más significativa asignación presupuestal del país en
materia educativa y, sin embargo, el balance de este esquema de esfuerzos
separados en educación básica es que los resultados no se encuentran a la
altura de las necesidades y potencialidades de la capital de la república, ya
que los indicadores de desempeño y resultados van en descenso, lo que nos
coloca en desventaja en el contexto global.
Respecto de la educación media-superior,
superior y posgrado, la Ciudad de México concentra la pluralidad y calidad más
rica del país en instituciones de educación, públicas y privadas, entre las que
destacan la UNAM, el IPN, la UAM, el ITAM, el ITESM, la UIA, el COLMEX, el CIDE
y el CIESAS. Por su parte, el Gobierno del Distrito Federal está a cargo del
IEMS que es un organismo público descentralizado, mientras que la Universidad
de la Ciudad de México es un ente autónomo. No obstante, hasta ahora no existe
una instancia de coordinación que permita un mayor avance en la calidad y
cobertura de este trascendente nivel educativo.
En este contexto, el Gobierno del Distrito
Federal tiene la oportunidad de jugar un papel de coordinación, articulación y
complementación de la educación en la entidad, dada la existencia de extensos
activos institucionales, públicos y privados, dirigidos a la tarea educativa en
la Ciudad de México concebida no solo dentro de los ámbitos escolarizados, sino
también como una educación ciudadana para la convivencia y para la vida. Por
ello, el Gobierno del Distrito Federal ha asumido la responsabilidad de iniciar
una nueva etapa de corresponsabilidad, coordinación y colaboración sin
precedentes con el gobierno federal, instituciones de educación públicas y
privadas, así como organizaciones de la sociedad civil para colocar el nivel de
acceso, permanencia y desempeño educativo en todos los niveles a la altura que demanda
el desarrollo del país.
Así, de lograr establecerse la deseable
concurrencia, colaboración y coordinación con el gobierno federal, con las
instituciones citadas y con los actores sociales y privados, nacionales e
internacionales, más relevantes en este campo, podría aumentarse
significativamente la calidad y la equidad de la educación en la entidad y
avanzar hacia mejores niveles de cobertura, permanencia y resultados. En este
sentido, hay que destacar que la presente administración ha logrado ya un
primer acuerdo de colaboración con la autoridad federal para elevar la calidad
y la equidad de la educación en el nivel básico.
Así, el Gobierno del Distrito Federal habrá
de sumar sus esfuerzos y recursos a favor de una estrategia coordinada,
efectiva y de impacto, para que confluyan los talentos y capacidades que
comportan los diversos actores gubernamentales y sociales, locales, nacionales
e internacionales, que comparten la visión de movilizarse para abatir los
rezagos y para que la educación con calidad sea un habilitador del desarrollo
social y humano que amplíe las oportunidades de una vida mejor, rompa las
desigualdades y garantice los derechos que una democracia auténtica debe
procurar.
OBJETIVO 1
Impulsar el mejoramiento de la calidad de la
educación para que los estudiantes cuenten con los conocimientos científicos,
competencias y habilidades que favorezcan el desarrollo pleno de sus
capacidades y de los valores que demanda una sociedad democrática e
igualitaria, entre los que destacan la laicidad y el enfoque de género y de
derechos humanos.
META 1
Contribuir a elevar con efectividad y
eficiencia los resultados de aprendizaje significativo de las escuelas e
instituciones educativas de la Ciudad de México, en el marco de las facultades
y ámbitos de competencia del gobierno de la Ciudad.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Reforzar las condiciones institucionales propias y buscar
esquemas de coordinación, concurrencia y colaboración con el gobierno federal y
otros actores institucionales públicos, privados y de la sociedad civil,
nacionales e internacionales, que compartan la visión de elevar la equidad y la
calidad de la educación básica, con apego a los principios de transparencia y
rendición de cuentas.
•
Promover y contribuir a la formación y actualización docente
en los ámbitos formal y no formal, y en todos los niveles, en especial en las
materias y rubros donde existe un rezago mayor, así como en la educación en
artes.
•
Promover la readecuación y/o la implementación de nuevos
modelos educativos, contenidos y estrategias pedagógicas, así como sistemas de
gestión educativa en los diversos niveles educativos de las escuelas de ciudad
para lograr que la educación sea accesible, asequible, adaptable y aceptable, a
fin de propiciar la formación integral de las personas y favorecer su
realización plena, la mejora de su calidad de vida y su capacidad de contribuir
a una sociedad más justa y humanitaria.
•
Desarrollar modelos educativos flexibles e innovadores, tanto
escolarizados como no escolarizados, para disminuir el analfabetismo puro,
funcional, digital y estético, que permitan la generación de competencias de
comunicación, acceso a la información y aprendizaje.
•
Generar mecanismos e instrumentos pedagógicos innovadores
para impulsar y reforzar la lecto-escritura, así como la lógica y el cálculo
matemáticos.
•
Promover el desarrollo de mecanismos de conocimiento, así
como el aprecio, ejecución y disfrute de las expresiones artísticas y
deportivas en sus distintas disciplinas, con el fin de estimular el pensamiento
creativo, participativo y colaborativo y la interculturalidad.
META 2
Educar personas que sean capaces de prevenir
y cuidar la salud individual y la pública, así como de prevenir situaciones que
afecten el bienestar propio y el social, incorporando el enfoque de género.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Reforzar la formación dirigida al conocimiento de prácticas
saludables de activación física adecuadas a cada edad y condición, así como al
desarrollo de talentos deportivos.
•
Promover bajo un esquema de coordinación entre dependencias y
actores sociales la existencia de mejores oportunidades nutricionales en las
escuelas de educación básica, así como de desarrollo de hábitos, habilidades
psicosociales y herramientas de alimentación saludable entre las y los alumnos,
para mejorar su desempeño y contribuir a abatir los diversos trastornos
alimenticios, particularmente el sobrepeso y la obesidad.
•
Ampliar y profundizar la formación para la prevención de
enfermedades y cuidado de la salud, adquisición de hábitos de higiene,
ejercicio responsable de la sexualidad y atención de la salud reproductiva, con
base en un enfoque de derechos y de inclusión social e incorporando la
perspectiva de género.
•
Instruir para la prevención del consumo adictivo de drogas y
otras sustancias psicoactivas en un marco de atención integral, con base en
evidencias y principios de salud pública y seguridad, en la promoción y respeto
pleno a los derechos humanos y en la inclusión social.
•
Desarrollar actividades y prácticas de educación en riesgos
en planteles escolares y con las comunidades educativas para impulsar una
cultura de prevención riesgos.
•
Generar estrategias e implementar las medidas adecuadas que
garanticen la seguridad de niñas y niños en los Centros Asistenciales de
Desarrollo Infantil (CADI) en materia de protección civil y seguridad
sanitaria.
META 3
Contribuir a la
educación de una ciudadanía responsable y comprometida que favorezca la
democracia, la igualdad y la cohesión social, a través de una mayor
participación ciudadana en los diversos niveles educativos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Desarrollar modelos fidedignos de intervención educativa
formal e informal y coordinación de acciones con la sociedad civil y organismos
especializados que promuevan la cultura de los derechos humanos, la perspectiva
de género, el respeto a la diversidad sexual, la no discriminación y la
interculturalidad, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de
acuerdos, la transparencia y rendición de cuentas y el cuidado del medio
ambiente.
•
Promover la educación para la prevención de la homofobia, la
lesbofobia y la transfobia; y la prevención de la violencia en el ámbito
escolar, durante el noviazgo, en la familia y sus entornos, así como para
desarrollar las estrategias para enfrentarla cuando esta se presenta.
•
Desarrollar programas de formación y acciones para la gestión
sustentable de las escuelas y sus entornos y para la protección del medio
ambiente en general.
META 4
Impulsar comunidades educativas con la
participación de personal docente y administrativo, alumnado, las y los
responsables de las familias y actores sociales y gubernamentales vinculados al
entorno educativo a favor de la equidad y calidad de la educación.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Establecer un programa de desarrollo de comunidades
educativas en concurrencia con el gobierno federal y las delegaciones, para
favorecer el sentido de pertenencia a una comunidad con derechos y con una
mayor y más eficaz participación en la vida pública a favor de la calidad y
equidad de la educación, así como de la transparencia y rendición de cuentas en
este campo.
•
Integrar al modelo educativo escolarizado la participación de
las y los responsables de las familias, para dotarlos de los conocimientos y
habilidades necesarias que les permitan desarrollar e inculcar en niñas, niños
y adolescentes valores democráticos y humanistas, conocer las mejores vías para
ejercer sus derechos, así como adoptar hábitos constructivos y la proactividad
en términos individuales y colectivos.
•
Promover la certificación de los procesos educativos no formales
derivados de las actividades emprendidas por las comunidades educativas.
OBJETIVO 2
Aumentar la equidad en el acceso a una
educación formal, consolidando los derechos asociados a la educación y
programas de apoyo institucional, con estándares de calidad y abatir la
deserción escolar, con especial atención hacia las personas en desventaja y
condiciones de vulnerabilidad.
META 1
Generar mecanismos e instrumentos para que
las personas en edad de estudiar a lo largo de su ciclo de vida, así como las personas
en situación de vulnerabilidad por su origen étnico, condición jurídica, social
o económica, condición migratoria, estado de salud, edad, sexo, capacidades,
apariencia física, orientación o preferencia sexual, forma de pensar, situación
de calle u otra, accedan a una educación con calidad, con énfasis en la educación
básica y media-superior.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Definir una política de educación indígena que impulse el
desarrollo de modelos educativos oficiales, escolarizados y no escolarizados,
de formación integral en las lenguas indígenas más habladas en la entidad, para
los niveles de educación básica y medio-superior.
•
Integrar al modelo educativo escolarizado los componentes
necesarios para la formación integral de la población que enfrenta discapacidades
sensoriales, motrices, intelectuales o mentales, de acuerdo con las necesidades
cognitivas de los educandos en cuestión.
•
Establecer e institucionalizar otros programas específicos de
atención educativa a personas en condiciones de vulnerabilidad o necesidades
educativas especiales: niñas, niños, adolescentes y jóvenes de orígenes étnicos
o nacionales diversos; niñas, niños y adolescentes que trabajan; adolescentes
embarazadas; adolescentes con VIH o hijos e hijas de personas con VIH; niñas,
niños y adolescentes migrantes o en condición de retorno; migrantes del
Distrito Federal en el extranjero; niñas, niños y adolescentes víctimas de
violencia; adolescentes con preferencias u orientaciones sexuales diversas;
niñas, niños y adolescentes en situación de calle; niñas, niños y adolescentes
con aptitudes sobresalientes, superdotados o con talentos específicos; y
personas adultas mayores.
•
Buscar esquemas de coordinación, concurrencia y colaboración
con el gobierno federal y otros actores institucionales, nacionales e
internacionales, e incluso de captación y gestión de fondos extranjeros, para
mejorar el acceso de personas en desventaja y/o condiciones de vulnerabilidad a
una educación con calidad.
•
Consolidar los programas de apoyo institucional que cubren
los derechos asociados a la educación, asegurando la equidad en el acceso y
permanencia a la educación pública de calidad en el Distrito Federal.
•
Brindar protección a niñas, niños y jóvenes ante cualquier
accidente que sufran durante el desarrollo de sus actividades escolares, así
como apoyar su continuidad educativa aunque se presenten situaciones familiares
que pongan en riesgo su permanencia escolar.
META 2
Aumentar la cobertura en todos los niveles y
abatir especialmente la deserción escolar en los niveles de educación
media-superior y superior.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Identificar con precisión las causas principales de las
deficiencias de cobertura y de la deserción escolar en los diferentes niveles
educativos, para establecer acciones dirigidas a aumentar la eficiencia
terminal, incorporando el enfoque de género, criterios de inclusión social y
una visión metropolitana.
•
Promover el desarrollo de oferta de educación media-superior
y superior con calidad a partir de modelos innovadores y atractivos en los que
confluyan armónicamente actividades laborales y escolares, contribuyendo así a
aumentar la eficiencia terminal en esos niveles.
•
Mejorar las oportunidades de educación inicial vigilando
especialmente criterios de inclusión social y la perspectiva de género, así
como dar seguimiento a la calidad de la oferta ya existente.
META 3
Contar con una
infraestructura física de las escuelas que cumpla con las condiciones básicas
para el óptimo desenvolvimiento de la educación, la seguridad, servicios, higiene
y sustentabilidad de las mismas, así como la cobertura de las necesidades de
personas con discapacidades.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Complementar el padrón general de escuelas que se derivará
del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, a
cargo del INEGI, con el diagnóstico de carácter estructural de la
infraestructura educativa del Distrito Federal que se lleva a cabo con el
INIFED y el ILIFED, priorizando las escuelas que reporten afectaciones o
presenten condiciones de riesgo.
•
Promover acciones concurrentes entre los diferentes ámbitos
de gobierno para la rehabilitación, adaptación y mantenimiento de la
infraestructura física y tecnológica de las escuelas, acorde con las
necesidades educativas y de salud e higiene, con criterios de sustentabilidad
ambiental (mediante tecnologías alternativas) y procurando el bienestar y
seguridad de toda la población escolar, así como para la construcción de nuevas
instalaciones que fuesen necesarias.
OBJETIVO 3
Generar y expandir las capacidades para el
uso de las TIC como herramientas para fortalecer las habilidades de aprendizaje
presencial y a distancia, acceder y compartir información y producir
conocimiento.
META 1
Ampliar y profundizar las capacidades
tecnológicas de las personas para contribuir a abatir el analfabetismo digital
y científico, reducir la brecha digital, favorecer el acceso a la información y
la participación social y potenciar el auge de la Ciudad como actor global.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Impulsar mecanismos de alfabetización digital, educación y
capacitación formal y no formal a distancia, que contribuyan a incrementar la
eficiencia terminal y la cobertura educativa de los diferentes niveles
educativos y a la formación de habilidades digitales en la población.
•
Promover el desarrollo y adaptación de contenidos educativos
digitales, acordes con una visión de derechos humanos, enfoque de género y
criterios del progreso científico, que mejoren los procesos de enseñanza y
contribuyan a producir aprendizaje significativo entre las y los alumnos de
escuelas públicas, en el marco de esquemas escolarizados y no escolarizados.
•
Generar las condiciones, mecanismos e instrumentos para
asegurar el acceso sistémico a hardware y software educativo que apoye el
desarrollo de habilidades y destrezas de todos los y las integrantes de la
comunidad escolar.
•
Promover la creación de canales y plataformas tecnológicas
que permitan compartir el conocimiento generado por los estudiantes, cuerpo de
docentes y directivos y responsables de las familias que conforman las
comunidades educativas.
•
Promover la celebración de convenios o acuerdos de carácter
internacional en materia de uso de las TIC que favorezcan los procesos de
formación, producción de conocimientos y acceso y manejo de información, especialmente
en el ámbito educativo.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 4. Cultura
Poca visibilidad de la
dimensión cultural como un componente de desarrollo y bienestar de la población
en la Ciudad de México.
DIAGNÓSTICO
De acuerdo con la UNESCO, la Ciudad de México
es la entidad con más declaratorias de patrimonio material e inmaterial por
parte de organismos internacionales, locales y estatales. Por su valor
excepcional, en nuestro país existen 31 bienes inscritos en la lista del
patrimonio de la humanidad; 5 de ellos están ubicados en el Distrito Federal.
Aunado a ello, en el Atlas de Infraestructura
Cultural de México 2010 se registran en la capital 310 sitios arqueológicos, 5
de ellos abiertos al público, y un universo estimado de 7,000 monumentos
históricos, 6,979 monumentos del siglo XX y XXI catalogados con valor artístico
por el Instituto Nacional de Bellas Artes, 222 inmuebles religiosos y 23 áreas
naturales protegidas. Existen asimismo diversas áreas de valor ambiental, entre
las que destacan el Bosque de Chapultepec, los bosques urbanos, los parques
públicos y 3 zoológicos. La Ciudad cuenta con 153 museos -siendo los más
relevantes el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia
“Castillo de Chapultepec” y el Museo de Historia Natural, además de 131
teatros y 224 centros culturales, que dan cuenta de la vitalidad de la creación
cultural actual.
A pesar de la extensa infraestructura
cultural en la Ciudad, la más rica del país y una de las más amplias de
Latinoamérica, la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales
2010 señala que en el Distrito Federal 8 de cada 10 personas no han visitado un
recinto cultural en el último año y que el 82.1% de la población de la Ciudad
de México no realiza alguna actividad artística y cultural en su comunidad
Por otro lado, México debe su riqueza
cultural y su carácter distintivo en el mundo a la formidable herencia de sus
culturas y pueblos originarios. Su rico patrimonio en lenguas, gastronomía,
arte y cultura convierten a México en una de las naciones latinoamericanas con
mayor legado y población indígena. De acuerdo con datos del INEGI, en el
Distrito Federal se registra un total de 1 millón 509 mil 355 personas
indígenas, por las cuales conviven en la Ciudad 57 de los 62 pueblos que existen
a nivel nacional. Los pueblos originarios hoy en día continúan manteniendo sus
tradiciones, usos, costumbres y sistemas normativos, al mismo tiempo que buscan
proteger y conservar los sitios y áreas naturales donde llevan a cabo sus
rituales tradicionales. Desgraciadamente, los pueblos y comunidades indígenas
aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para el
desarrollo humano; viven con altos niveles de pobreza y en una situación de
significativa desventaja respecto al resto de la población, lo que limita sus
oportunidades de acceder a servicios y bienes culturales.
Si tomamos como referente una población total
de cerca de 9 millones de habitantes, y que la instancia responsable del
Gobierno del Distrito Federal de la política cultural cuenta únicamente con el
4% del total de la infraestructura cultural en la Ciudad (5 museos, 1 salón de
Cabildos, 3 salas de teatro, 2 foros, 3 centros culturales y 4 Fábricas de
Artes y Oficios), resulta poco probable que dicha instancia logre cubrir el 100%
de la demanda.
De acuerdo con el Sistema de Información de
la Secretaría de Cultura (SISEC), en los 18 recintos culturales del Gobierno
del Distrito Federal se atiende a un promedio de 183 personas por día durante
el año, es decir que impacta en un 5.97% de la población del Distrito Federal y
su zona metropolitana, considerando una variación porcentual del 4% de quien
asiste más de una vez.
Con base en lo anterior, se estima que la
insuficiente participación y acceso de la población a los bienes y servicios
culturales es multifactorial: desconocimiento sobre las actividades artísticas
y culturales que se ofertan en la Ciudad, falta de tiempo, ausencia de
educación artística y estética, poca o nula iniciación cultural y razones
económicas; lo que da como resultado una ausencia de vinculación de los
programas de cultura con los de salud, medio ambiente, educación y economía, y
la insuficiente promoción de valores como la solidaridad, el trabajo colectivo,
la defensa de los intereses comunes y la preservación de la identidad local y
nacional.
Algunas de las
problemáticas que deben atenderse para cumplir con cada una de las atribuciones
establecidas en el marco normativo que rige el trabajo del sector en la Ciudad
son: a) tener mayor presencia de la cultura en lugares marginados, b) dotar a
las instituciones culturales de una estructura que les permita funcionar y c)
privilegiar a la comunidad cultural con mayores estímulos y espacios de
participación.
Se debe promover el fortalecimiento e impulso
de proyectos de carácter transversal, como la incorporación de la Agenda 21 de
la Cultura en todas las políticas públicas locales y desarrollar proyectos para
la cohesión social; la defensa de la diversidad y fomento de la tolerancia; la
generación de riqueza y fomento de empleo creativo; y la eliminación de
desigualdades formativas y en el acceso a las nuevas tecnologías.
Es necesario trabajar con la convicción de
que el desarrollo de la Ciudad está ligado a políticas públicas que a su vez
deben garantizar el mayor bienestar de la sociedad, la plena expansión de su
cultura, el fortalecimiento de los derechos humanos y la regeneración del
tejido social, así como una cooperación que visibilice a nivel internacional el
liderazgo de la Ciudad de México en la Agenda 21 de la Cultura.
La cultura representa a su vez un campo de
inversión y de innovación que puede, bajo un ecosistema sustentable, contribuir
al bienestar, a la generación de empleo y al fortalecimiento de una economía
creativa, especialmente en campos como las artes escénicas y visuales, el
diseño, los proyectos vinculados a la tecnología y a la producción de
contenidos para la industria audiovisual y cinematográfica. Esto implica asumir
su vínculo con el bienestar, sin perder su sentido ni caer en una rentabilización
a toda costa.
Igualmente, la vida cultural puede contribuir
a la salud pública, a la convivencia en la diversidad, a la prevención social y
a la protección ciudadana, en tanto ofrezca a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes opciones de organización de su propia expresividad y condiciones de
participación y afirmación de su sentido de pertenencia. En ese sentido, la
dimensión cultural del desarrollo es un ingrediente que apoya varios de los
ejes de este Programa.
OBJETIVO 1
Consolidar a la Ciudad de México como un
espacio multicultural abierto al mundo, equitativo, incluyente, creativo y
diverso, donde se promueve la implementación de políticas culturales
participativas al servicio de la ciudadanía, del desarrollo sostenible y del
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes.
META 1
Aumentar el acceso y la participación de la
población del Distrito Federal en los servicios y bienes culturales y naturales
y promover el bienestar a partir de la gestión del patrimonio y la diversidad
cultural de sus habitantes.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Promover una oferta cultural de calidad en espacios públicos,
que favorezca la apreciación estética, el goce y disfrute del tiempo libre y el
sentido de comunidad.
•
Favorecer, a través de la iniciación artística desde la
niñez, la creación y el desarrollo de públicos de las artes escénicas, visuales
y plásticas, como componentes indispensables de acceso a la cultura y la
participación.
•
Promover el fomento a la lectura, a partir de diferentes
estrategias didácticas que contribuyan a la formación integral de las personas.
OBJETIVO 2
Realizar acciones que garanticen el ejercicio
pleno de los derechos culturales de las personas, así como el reconocimiento de
la propia cultura para fortalecer la base del capital social y ejercer sus
capacidades creativas y críticas.
META 1
Ampliar la cobertura
del uso y aprovechamiento cultural del espacio público en la Ciudad de México,
a partir de acciones de intervención cultural comunitaria.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Diseñar y desarrollar programas culturales que beneficien de
manera directa a las comunidades de la Ciudad de México.
•
Implementar acciones que promuevan el desarrollo cultural
comunitario, como una herramienta para el fortalecimiento del tejido social.
•
Fomentar la participación a través de las iniciativas
culturales comunitarias locales.
•
Generar mecanismos de corresponsabilidad presupuestal entre
el Gobierno del Distrito Federal y las demarcaciones territoriales, con el
propósito de implementar una política cultural acorde a las necesidades de la
Ciudad.
•
Fortalecer las capacidades para emprender y gestionar
proyectos de las comunidades poseedoras de patrimonio y conocimiento
tradicional capaz de vincularse con el bienestar y el desarrollo sustentable.
•
Diseñar programas culturales y artísticos para el espacio
público que fortalezcan la formación en ciudadanía y promuevan la educación
estética de la población, desde una perspectiva de diversidad.
•
Colaborar con entidades educativas y culturales públicas y
ciudadanas para fortalecer el acceso a la cultura de las poblaciones
penitenciarias.
OBJETIVO 3
Promover, conservar y divulgar el patrimonio
cultural y natural, con el propósito de fortalecer los vínculos de identidad,
la apropiación de la herencia cultural y de la cultura contemporánea de la
población capitalina.
META 1
Mejorar y ampliar los programas para la
visibilidad, valoración, uso y disfrute del patrimonio cultural y natural del
Distrito Federal.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural y natural
del Distrito Federal, para fortalecer el derecho a la memoria, el sentido de
pertenencia, la convivencia y el reconocimiento a la diferencia.
•
Difundir y promover programas para el reconocimiento y
visibilidad de las lenguas y culturas indígenas y de las comunidades de
distinto origen nacional, que permitan contribuir al diálogo y la convivencia
intercultural.
•
Impulsar estrategias de difusión y comunicación sobre el
patrimonio cultural y natural para fomentar su adecuado uso social.
•
Establecer una estrategia de concertación con los diversos
agentes de la cultura y de la sociedad para su participación corresponsable en
las acciones de promoción de los derechos culturales.
•
Impulsar acciones para la protección del patrimonio cultural
y natural, con la finalidad de estimular el desarrollo de procesos formativos y
reforzar el derecho a la cultura de los capitalinos.
•
Fortalecer el aprovechamiento de las TIC para la divulgación
del patrimonio cultural, la diversidad cultural y las prácticas artísticas más
consolidadas de la Ciudad.
•
Promover programas de difusión del patrimonio y de la obra de
los artistas de la Ciudad de México.
OBJETIVO 4
Impulsar acciones de iniciación artística
bajo la modalidad formal y no formal que consoliden el respeto de los derechos
humanos, fomenten la convivencia, la multiculturalidad y la creación y
valoración del patrimonio cultural y natural.
META 1
Aumentar el nivel de reconocimiento oficial y
la calidad y cobertura de la formación artística y cultural.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Coordinar acciones entre el Gobierno Federal y el del
Distrito Federal para la acreditación, incorporación y certificación de los
planes de formación artística y cultural en música y danza de las escuelas de
la Secretaría de Cultura.
•
Fortalecer y actualizar los modelos educativos en artes de
las casas de cultura en las delegaciones.
•
Impulsar un programa piloto de iniciación artística para
estudiantes de escuelas públicas y privadas a nivel secundaria, con el
propósito de consolidar el proceso creativo de los adolescentes y jóvenes a
partir de diversas estrategias discursivas y participativas.
•
Implementar el programa de capacitación y profesionalización
de quienes promueven y gestionan la cultura, con el propósito de fortalecer los
nuevos enfoques orientados hacia la sustentabilidad y la economía creativa, así
como el trabajo territorial de las y los artistas, y las y los promotores y
gestores culturales.
•
Establecer relaciones de colaboración con otras secretarías
de gobierno e instituciones públicas, privadas y civiles, para fortalecer la
función social de la educación artística y fomentar el desarrollo integral de
la niñez y la juventud.
•
Fomentar la formación de docentes en artes y convivencia en
la diversidad, orientados hacia el trabajo en el espacio público y en ambientes
urbanos.
OBJETIVO 5
Garantizar el acceso de los ciudadanos a una
información libre y plural, que contribuya al desarrollo pleno y completo de su
identidad cultural en el respeto de los derechos del otro y de la diversidad
cultural.
META 1
Mejorar las estrategias de información y
comunicación artística y cultural del Distrito Federal.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Promover el acceso a la información y comunicación cultural,
a través de medios y tecnologías que permitan la libertad de expresión, el
respeto a la diversidad y la información libre y plural.
•
Impulsar sistemas de información que sirvan como referentes
de consulta para los procesos de investigación, planeación y evaluación del
sector cultural del Distrito Federal.
•
Reforzar las estrategias comunicativas y las TIC para la
difusión cultural, garantizando la pluralidad, inclusión y pleno disfrute de
las ofertas culturales entre los distintos sectores de la sociedad.
OBJETIVO 6
Garantizar el reconocimiento multicultural de
la Ciudad de México, a través de programas incluyentes que propicien la
cooperación y el respeto mutuo de los diversos actores nacionales e
internacionales.
META 1
Implementar estrategias que favorezcan la
cooperación y el intercambio cultural entre diferentes instancias y agentes
culturales a nivel nacional e internacional
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Establecer vínculos de colaboración con las diferentes
demarcaciones territoriales, con el propósito de consolidar el desarrollo y
aprovechamiento de la infraestructura cultural (museos, teatros, casas de
cultura y centros culturales comunitarios, entre otros) e impactar sobre las
necesidades inmediatas de las comunidades de la Ciudad de México.
•
Promover programas culturales y artísticos que reflejen la
diversidad y la condición de multiculturalidad de la Ciudad, procurando su
expresión en términos de diversidad lingüística.
•
Establecer mecanismos de participación y coordinación
intersectorial, que permitan fomentar el desarrollo cultural y contribuir a la
sostenibilidad de la Ciudad bajo los principios de la Agenda 21 de la Cultura.
•
Desarrollar acciones y programas de promoción de la cultura
dirigidos a poblaciones culturalmente diversas debido a su origen étnico,
condición migratoria, sexo, capacidad, preferencia u orientación sexual y/o
situación de calle.
•
Impulsar estímulos a la creación y el desarrollo artístico y
cultural, con el propósito de enriquecer la trayectoria y la capacidad creativa
e interpretativa de artistas y creadores de la Ciudad.
OBJETIVO 7
Fortalecer la sustentabilidad de los procesos
culturales y de las prácticas artísticas, así como las capacidades
emprendedoras y de innovación del sector cultural y artístico de la Ciudad.
META 1
Establecer ecosistemas más sostenibles para
la creación, producción, difusión, exhibición y disfrute cultural y artístico.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Consolidar el marco jurídico cultural de la Ciudad de México,
con la finalidad de propiciar mejores condiciones para el desarrollo del trabajo
cultural en la capital.
•
Implementar programas y acciones encaminadas al fomento del
turismo cultural y alternativo en el Distrito Federal.
•
Desarrollar estrategias de promoción y difusión del cine
mexicano.
•
Hacer las modificaciones necesarias para dar un tratamiento
diferenciado a los establecimientos culturales y artísticos que tengan
orientación comunitaria y promuevan la generación de empleo y la innovación en el
sector artístico y cultural.
•
Fortalecer las capacidades emprendedoras y de gestión del
sector cultural y artístico.
•
Fomentar la sustentabilidad y el desarrollo económico de las
micro, pequeñas y medianas empresas culturales, así como su vinculación con el
mercado y su internacionalización.
•
Colaborar con las instancias económicas y financieras
federales y del Gobierno del Distrito Federal para el desarrollo de incubadoras
de empresas culturales.
•
Colaborar con las áreas económicas para crear un esquema de
microcréditos y de créditos blandos para fomentar las cadenas de valor de las
empresas culturales de la Ciudad.
•
Fortalecer las condiciones de operación de las empresas de
diseño e innovación, aquellas que vinculen el arte, la ciencia y la tecnología,
así como las vinculadas a la producción de contenidos para la industria
audiovisual y las redes digitales.
•
Impulsar la creación y el desarrollo de industrias culturales
para promover la inversión, el emprendimiento y la creación, producción y
comercialización de bienes y servicios de carácter cultural local.
•
Fomentar la asociatividad entre creadores, productores,
gestores e intermediarios, con miras a facilitar su acceso a canales de
financiamiento, fortalecer su poder de negociación y promover el ejercicio de
sus derechos como creadores y trabajadores de la cultura.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 5. Violencia
Persisten diversos tipos
y modalidades de violencia hacia las personas, especialmente en función de su
origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de
edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil,
nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre
otras.
DIAGNÓSTICO
De los cerca de nueve millones de habitantes
del Distrito Federal, aproximadamente 4,200,000 son hombres y 4,600,000
mujeres. Con respecto al origen étnico, el Censo de Población y Vivienda 2010
señala que en la entidad existen 122,411 personas de cinco años y más hablantes
de alguna lengua indígena, de los cuales el 47.1% son hombres y el 52.9% son
mujeres. Debido al desconocimiento de derechos, el abuso de poder y la
descomposición del tejido social en ciertas localidades, las mujeres --sobre
todo las indígenas-- son proclives a ser víctimas de distintos tipos y
modalidades de violencia, incluida la explotación laboral y el acoso sexual.
Según la ENDIREH 2011, 1,769,571 mujeres de
15 años y más del Distrito Federal reportaron haber sufrido algún tipo de
violencia por parte de su última pareja: 1,699,128 emocional; 821,353
económica, 453,809 física y 234,990 sexual. La misma encuesta ha indicado que
42% de las mujeres han experimentado actos de violencia sexual y que las
mujeres que sufren violencia, ya sea sexual o física, tienen como origen una
familia violenta. Según esta misma encuesta, el segundo ámbito de violencia
contra las mujeres son los espacios comunitarios o públicos.
Con base en la información proporcionada por
la Dirección General de Estadística y Política Criminal de la PGJDF, durante el
2012 se levantaron 843 averiguaciones previas por el delito de violación, el
90% de ellas de mujeres. Durante el mismo periodo, se registraron 2,226 casos
de abuso sexual. De julio de 2011 a la fecha se han presentado 72
averiguaciones previas por el delito de feminicidio. Con base en información de
la PGJDF, las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc son las
que encabezan la lista de delitos de violación, abuso sexual y feminicidio. Sin
embargo, estas cifras están lejos de mostrar la dimensión real del problema. De
acuerdo con la ENDIREH, a nivel nacional 2,348,665 de mujeres casadas o unidas
de 15 años y más que experimentaron violencia física o sexual a lo largo de la
relación con su última pareja no acudieron a ninguna instancia a solicitar
ayuda; solo 280, 868 acudieron al Ministerio Público. Si bien no existen datos
para el Distrito Federal, se puede inferir que la tendencia es parecida, puesto
que la entidad registra uno de los porcentajes de delitos no denunciados más
alta (88.6%).
Por otra parte, el Distrito Federal se ubicó
entre las 5 entidades con el mayor número de muertes por homicidio en menores
de entre 0 a 14 años, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud
federal en 2002.
OBJETIVO 1
Disminuir la comisión de delitos o actos de
violencia, en todas sus modalidades y tipos, atendiendo a los posibles factores
de riesgo.
META 1
Establecer estrategias educativas, culturales
y de comunicación que permitan el reconocimiento y fortalecimiento de los
derechos humanos, la interculturalidad, una vida libre de violencia y la
justicia con perspectiva de género.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Coordinar con la SEP el desarrollo de contenidos educativos
para la formación ciudadana, la convivencia democrática, el respeto a la
diversidad, la interculturalidad y la cultura de la paz y resolución no
violenta de los conflictos.
•
Impulsar campañas en todas las dependencias y delegaciones de
prevención y eliminación de la violencia en todos sus tipos y modalidades, en
coordinación con la Federación y los estados y municipios de la ZMVM.
•
Promover que la publicidad y la comunicación en medios
masivos, ya sea privada o gubernamental, evite cualquier mensaje, eufemismo,
alusión o estereotipo discriminatorio.
•
Promover la cultura de la denuncia y la confianza en las
instituciones con atribuciones en materia de violencia.
•
Desarrollar controles de confianza para el personal de
seguridad pública, para promover su pleno respeto a los derechos humanos.
META 2
Generar un entorno urbano que permita su uso
y disfrute seguro, a través de acciones que fortalezcan el tejido social.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Realizar acciones de recuperación de espacios públicos, con
participación de las comunidades involucradas y pleno respeto a los derechos
humanos.
•
Promover el conocimiento por parte de las personas en
situación de vulnerabilidad sobre los diversos tipos y modalidades de
violencia.
META 3
Desarrollar mecanismos
interinstitucionales, intergubernamentales y de participación ciudadana para
mejorar los programas en materia de prevención de la violencia en el Distrito
Federal.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Fortalecer la coordinación interinstitucional para optimizar
las acciones de prevención de la violencia.
•
Fomentar el empoderamiento de las personas que sufren algún
tipo de violencia.
OBJETIVO 2
Atender de manera expedita, diligente y con
calidad y calidez a las víctimas de cualquier tipo o modalidad de violencia.
META 1
Fortalecer modelos integrales para la
atención específica de mujeres, personas mayores, niñas y niños, indígenas,
jóvenes, personas en situación de calle y la población LGBTTTI que sean
víctimas de violencia.
LÍNEAS DE ACCIÓN
·
Establecer protocolos integrales para la atención a víctimas
de violencia en todas las instancias con atribuciones en la materia.
·
Fortalecer la coordinación interinstitucional para optimizar
la atención a las víctimas de la violencia.
·
Procurar la justicia expedita ante los delitos de feminicidio
y trata de personas con fines de explotación sexual o laboral.
META 2
Establecer un sistema de recolección,
procesamiento, análisis y difusión de la información producida por los entes
públicos del Gobierno del Distrito Federal en materia de violencia.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Generar información desagregada sobre las personas que son
víctimas de violencia considerando etnia, edad, sexo, preferencia u orientación
sexual y situación de calle que permita la mejor atención de la problemática
asociada a violencia.
•
Difundir los datos y resultados que se obtengan del sistema
de recolección de información en esta materia y retomarlos como un insumo para
la elaboración y evaluación de programas sociales y políticas públicas.
OBJETIVO 3
Hacer efectiva la exigibilidad de los
derechos de las víctimas de violencia, bajo los principios de igualdad y no
discriminación, en los ámbitos civil, familiar y penal, entre otros.
META 1
Fortalecer los
procedimientos y mecanismos para la exigibilidad de los derechos de las
víctimas de violencia, particularmente en el derecho al acceso a la justicia y
a la reparación del daño.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Fortalecer la coordinación interinstitucional para optimizar
las acciones de acceso a la justicia en materia de violencia.
•
Aumentar y mejorar las medidas para la protección,
acompañamiento, representación jurídica y, en su caso, reparación del daño
dirigidas hacia las víctimas de violencia.
•
Fortalecer los mecanismos para inhibir los actos de
corrupción en la impartición de justicia y para impartirla de manera expedita,
diligente y con calidad y calidez a las víctimas de cualquier tipo y modalidad
de violencia.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 6. Alimentación
Inseguridad
alimentaria y malnutrición en algunos sectores de la población, especialmente
en función de su condición de vulnerabilidad.
DIAGNÓSTICO
En México, de acuerdo al Informe de
Resultados de la Medición de la Pobreza 2010 elaborado por el CONEVAL, la
población en pobreza en el país se incrementó de 44.5% a 46.2%, que corresponde
a un incremento de 48.8 a 52.0 millones de personas entre 2008 y 2010. En el
mismo periodo, la población con carencia en el acceso a la alimentación pasó
del 21.7% a 24.9%, equivalente a un aumento de 23.8 a 28 millones de personas.
Conforme a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012), el
70% de los hogares se clasificaron en alguna de las tres categorías de
inseguridad alimentaria: 41.6% en inseguridad leve, 17.7% en inseguridad
moderada y 10.5% en inseguridad severa. La población infantil de 5 a 11 años,
presentó una prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 de
34.4%, 19.8% de sobrepeso y 14.6% de obesidad. De acuerdo con esta encuesta, el
2.8% de los menores de cinco años presenta bajo peso, 13.6% baja talla y 1.6
desnutrición aguda. La mayor prevalencia de anemia (38%) se observó en la
población infantil de 12 a 23 meses de edad; en la población preescolar fue del
23.3%; en mujeres no embarazadas fue de 11.6% y en mujeres embarazadas fue de
17.9%. Entre 2006 y 2012 la prevalencia de anemia en personas adultas mayores
en las zonas urbanas disminuyó ligeramente de 16.9% a 16.1%, mientras que para
las áreas rurales se incrementó de 17.8% a 18.2%.
En el Distrito Federal, el 28.7% de la
población se encuentra dentro del rango de pobreza (2.2% en pobreza extrema),
35.5% es vulnerable por alguna carencia social y 5.3% es vulnerable por
ingresos. El 15.5% presenta carencias en el acceso a la alimentación. Existen
473,367 personas en pobreza alimentaria, de los cuales el 5.4% no tiene
recursos para comprar los bienes de la canasta básica alimentaria.
En el Distrito Federal los problemas de
movilidad y separación de las zonas de trabajo y estudio de las residenciales,
así como el estilo urbano de vida, llevan a muchas personas a consumir
alimentos preparados fuera de casa o a comprar alimentos preparados para
consumir en el hogar. De conformidad con la Encuesta de Percepción y Acceso a
los Satisfactores Básicos 2009, el 50.97% de la población de la entidad considera
deseable comer en lugares donde se vende comida preparada.
Por efecto de
problemas de malnutrición existe un alto riesgo de mortalidad en mujeres
embarazadas en el Distrito Federal. En 2010, las principales causas de muerte
fueron hemorragia del embarazo, parto y posparto en un 10.8% y embarazo
terminado en aborto en un 6.2%. La prevalencia de anemia en mujeres en edad
fértil en el Distrito Federal se ubica en 8.1% en la población de 12 a 19 años;
en 9.9% en mujeres de 20 a 30 años; en 17.1% en edad de 31 a 40 años, y 14.7%
en mujeres de 41 a 49 años.
La población indígena originaria y residente,
al igual que porcentajes demasiado elevados del resto de la población del
Distrito Federal, padece de obesidad, sobrepeso, enfermedades crónico-degenerativas
y digestivas, así como desnutrición, alcoholismo y drogadicción. Entre las
causas de estos problemas están un nivel de ingreso precario que limita su
acceso a la alimentación adecuada y de calidad, la vida sedentaria y una
equivocada cultura alimentaria de las familias.
En cuanto a las personas adultas mayores,
30.9% padece desnutrición o está en riesgo de padecerla; este problema es más
elevado en mujeres (33.2%) que en hombres (27.1%).
Finalmente, no se puede ignorar la incidencia
de la falta de educación y cultura del deporte en esta problemática, pues los
servicios educativos formales no desarrollan suficientemente las competencias
de la población estudiantil para el cuidado de su salud y la prevención de
problemas como los de sobrepeso, obesidad, desnutrición, anorexia y bulimia,
entre otros. A su vez, la cultura del deporte ha disminuido, lo que afecta la
salud en general.
OBJETIVO 1
Contribuir a la consecución de seguridad
alimentaria y una menor malnutrición de los habitantes de la entidad, en
particular en función de su origen étnico, condición jurídica, social o
económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o
preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de
pensar o situación de calle, entre otras.
META 1
Incrementar el acceso a alimentos nutritivos,
balanceados y de buena calidad por parte de la población del Distrito Federal.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Garantizar que las y los adultos de 68 años o más cuenten con
una seguridad económica básica que les permita la adquisición de los alimentos
que requieren.
•
Promover que las mujeres en condición de vulnerabilidad
tengan acceso a programas que mejoren la alimentación de su familia.
•
Asegurar que las mujeres de escasos recursos tengan acceso a
una nutrición adecuada durante el embarazo y lactancia.
•
Desincentivar la producción y consumo de alimentos transgénicos
y “chatarra”.
META 2
Disminuir los índices de desnutrición,
obesidad y desequilibrios alimentarios de la población del Distrito Federal.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Vincular las políticas de prevención de la obesidad y
malnutrición con las de acceso al derecho a la alimentación.
•
Fomentar la alimentación infantil por seno materno desde la
primera hora de vida hasta los dos años.
•
Vigilar las conductas alimentarias de riesgo en la
adolescencia, como la tendencia a comer en exceso y consumir alimentos
industrializados de baja calidad alimenticia.
•
Propiciar que la población realice ejercicio aeróbico y evite
realizar actividades sedentarias por tiempo prolongado.
•
Establecer o reforzar estrategias para la atención de la
anemia en las personas adultas mayores.
•
Promover que las mujeres tengan acceso a apoyos
especializados (económicos, laborales, etc.) para iniciar y mantener la
lactancia materna.
META 3
Aumentar el conocimiento y las competencias
del cuidado de la salud y la alimentación, especialmente en las personas en
riesgo de malnutrición.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Diseñar e impartir talleres sobre alimentación y nutrición,
con un enfoque nutricional, social y cultural.
•
Realizar acciones para, en coordinación con la SEP, integrar
al currículo el desarrollo de competencias para el cuidado de la salud
individual y colectiva.
•
Llevar a cabo campañas de difusión para mejorar los hábitos
alimenticios en las localidades rurales y en las que viven grupos importantes
de indígenas, especialmente en las escuelas de educación básica.
OBJETIVO 2
Consolidar una estrategia sostenible de
ampliación de la oferta de alimentos saludables a bajo costo en las unidades
territoriales con índices de marginación medio, alto y muy alto.
META 1
Mantener en funcionamiento los comedores
comunitarios, públicos y populares ya instalados y aumentar su número en las
unidades territoriales clasificadas con índice de marginación muy alto en el
Distrito Federal.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Fortalecer las capacidades organizativas de la población con
mayor pobreza, para beneficiarse de los programas alimentarios como los
comedores.
•
Realizar un estudio de mejoras alimenticias de los usuarios
de los servicios de comedores populares, comunitarios y públicos.
•
Diseñar e implementar una estrategia, con la participación de
organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, para el diagnóstico y la
transparencia del funcionamiento de los comedores y la capacitación de su
personal.
OBJETIVO 3
Fomentar el desarrollo rural y la agricultura
sustentable a pequeña escala en el Distrito Federal.
META 1
Aumentar los proyectos de agricultura urbana,
fomento a la producción orgánica y mejoramiento de traspatios.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Establecer una política agroalimentaria para el Distrito
Federal que promueva circuitos de producción y consumo sostenible de alimentos
nutritivos y culturalmente aceptables para la población.
•
Aumentar la capacitación sobre temas de agricultura
sustentable a pequeña escala.
•
Otorgar recursos a las personas interesadas en la
habilitación de espacios para la producción de alimentos para el autoconsumo y
la venta del excedente.
•
Apoyar a productores de alimentos orgánicos en las zonas rurales
del Distrito Federal.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 7. Empleo con Equidad
Insuficientes
oportunidades de ocupación y empleo en condiciones de equidad, así como
discriminación en el ámbito laboral, que se acentúan por el origen étnico,
condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad,
discapacidad, sexo, embarazo, orientación, identidad o preferencia sexual,
estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de
calle, entre otras características.
DIAGNÓSTICO
El acceso al trabajo digno y socialmente útil
para la población en edad y actitud laboral es un derecho humano fundamental y
el medio más eficiente para lograr equidad social y menor delincuencia; no
obstante, factores demográficos, económicos y sociales han impedido que el
conjunto de la población del Distrito Federal pueda acceder a este derecho. Aun
cuando alberga el núcleo de la actividad productiva de la mayor zona
metropolitana del país y aporta cerca de una quinta parte del PIB nacional, al
cierre de 2012 la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) registró para
esta entidad un total de 276,926 personas desocupadas, 1,199,163 que trabajaban
en el sector informal y poco más de 128 mil que no recibían remuneración. La
precariedad de la mayor parte de los empleos disponibles es otra expresión de
la incapacidad de la economía local para garantizar el derecho al trabajo
digno: el 54.7% de la población ocupada carece de afiliación a una institución
de salud y el 40% de las personas que trabajan subordinadamente no reciben
prestaciones de ley, según la misma fuente del INEGI.
Existen factores sociales y culturales que
estructuralmente han obstaculizado el acceso al empleo para segmentos de
población juvenil carente de experiencia laboral, personas adultas mayores,
personas con discapacidad, madres jefas de familia, indígenas y migrantes,
entre otros, quienes llegan a enfrentar situaciones de discriminación en los
procesos de contratación y desempeño laboral.
Por lo que respecta a la población juvenil,
el censo de población 2010 indica que las y los jóvenes de 15 a 29 años que
habitaban en el Distrito Federal registraban una tasa de desempleo de 7.6%
(cuando la media local fue de 4.8%), lo que significa que poco más de 83 mil
jóvenes se encontraban desocupados, equivalente al 43% de toda la población
desempleada. Aún más, en el grupo de 15 a 19 años la tasa de desocupación se
ubicó en 12.8%. La Encuesta Nacional de la Juventud 2012 señala que en el
Distrito Federal 452,000 jóvenes no estudian ni trabajan (cuarto lugar en el
país en este rubro), 33.2% no encuentran una oportunidad laboral al egresar de
las escuelas y/o universidades y el 8.8% se dedican a actividades laborales
informales, domésticas o de cuidado de la familia.
Por otra parte, los obstáculos a un pleno
desarrollo laboral que enfrentan las mujeres trabajadoras tienen su base en una
discriminación estructural que limita su participación en determinados campos
laborales, niveles de responsabilidad y formas de contratación, con
repercusiones negativas en el plano salarial. Datos de la ENOE referida líneas
arriba indican que 80 de cada 100 mujeres ocupadas en el Distrito Federal se
ubican en el sector terciario, que el 35.7% se ubica en el sector informal, que
54.9% recibe de uno a 3 salarios mínimos y que el 54% no tiene acceso a
servicios de salud ni al cuidado de los hijos e hijas durante la jornada de
trabajo.
La misma fuente de
información señala que mientras que el 5% de los hombres ocupados percibieron
hasta un salario mínimo, en las mujeres dicha proporción llegó a 11.7%; por el
contrario, en tanto que 13.2% de los hombres ocupados percibían más de 5
salarios mínimos, la proporción de las mujeres en dicho segmento de ingresos
fue de 9.9%. Cabe agregar que en el Distrito Federal se registra la mayor
proporción de mujeres jefas de familia (31.4%).
Aunado al esfuerzo realizado por las mujeres
en el sector de trabajo remunerado, persisten formas de organización del
trabajo en los hogares en las que las mujeres siguen asumiendo la mayor parte
del trabajo doméstico y del cuidado infantil y de otros integrantes del hogar.
Información generada por el INEGI muestra que en 2009 el valor económico del
trabajo no remunerado de los hogares representaba el 22.6% del PIB, medido a
precios corrientes, mientras que dicho porcentaje fue en 2005 del 21.1%. El
mercado laboral también coarta las posibilidades de acceso para las comunidades
de personas indígenas, la población con discapacidad y las personas adultas
mayores que aún desean o necesitan aplicar sus capacidades en el sector
productivo, orillándolos a la informalidad y los sectores de empleo precario.
Las personas migrantes provenientes en su
mayoría de comunidades de alta marginación económica y social del país y el
extranjero, enfrentan las barreras del lenguaje, la baja escolaridad, la falta
de capacitación y experiencia laboral en ocupaciones de los sectores secundario
y terciario, falta de documentos para realizar gestiones y la ausencia de redes
comunitarias que los vinculen al empleo formal. El problema es aún mayor para
las mujeres, quienes enfrentan más riesgo de sufrir violencia, acoso sexual,
robo, abuso y extorsión. En consecuencia, solo un 15% de las y los indígenas
logra ubicarse en el sector formal, por lo que la mayoría es relegada al sector
informal y el empleo precario (trabajo doméstico, industria de la construcción,
seguridad y vigilancia y comercio ambulante), donde perciben baja remuneración
(en 92% de los casos por debajo de 5 salarios mínimos). La alta proporción de
trabajo infantil indígena es otra cara de la inequidad (proveen el 25% de los
ingresos de sus hogares).
No obstante todo lo anterior, el Distrito
Federal posee el mayor índice de desarrollo humano del país, cuenta con la mano
de obra de mayor escolaridad, capacitación y experiencia laboral (con excepción
de las mujeres y las y los jóvenes de reciente ingreso al mercado); de igual
manera, la entidad tiene amplias posibilidades de expandir sectores productivos
generadores de alto valor agregado. Lo anterior permite vislumbrar círculos
virtuosos que requieren la puesta en práctica de estrategias de largo aliento.
OBJETIVO 1
Ampliar el acceso de
la población del Distrito Federal a trabajos dignos, con protección social,
pleno respeto a los derechos laborales y sin discriminación por su origen
étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad,
discapacidad, sexo, embarazo, orientación o preferencia sexual, estado civil,
nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre
otras.
META 1
Promover la creación de trabajos dignos en el
Distrito Federal, especialmente para los grupos sociales que tienen más
dificultades para obtenerlos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Reforzar la coordinación interinstitucional con los órganos
político-administrativos y el uso de la capacidad de compra del Gobierno del
Distrito Federal para promover los emprendimientos productivos individuales,
las empresas del sector social y cultural y las cooperativas, mediante la
capacitación, asistencia técnica, recursos materiales, capital semilla y
esquema de incubación, con énfasis en los proyectos propuestos por jóvenes,
mujeres y migrantes.
•
Fomentar la apertura de empleos para jóvenes de entre 16 y 29
años, especialmente para los que han concluido la educación media-superior y
superior y carecen de experiencia laboral, en condiciones de protección y
seguridad social.
•
Ampliar las oportunidades laborales para personas adultas
mayores, personas con VIH y personas con discapacidad.
•
Difundir los apoyos fiscales que los distintos ámbitos de
gobierno otorgan a las personas empleadoras que generan fuentes de trabajo para
las personas vulnerables por su origen étnico, condición jurídica, social o
económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación,
identidad o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física,
forma de pensar o situación de calle, entre otras.
•
Establecer convenios con empresas que articulen estímulos
fiscales con la selección y capacitación de personas en condición de vulnerabilidad.
•
Establecer convenios con las confederaciones patronales del
Distrito Federal, a fin de acordar un programa de generación de empleos
estables en condiciones de protección y seguridad social, incorporando
políticas de igualdad de oportunidades y acciones afirmativas en la
contratación, capacitación y formación profesional.
•
Fomentar la inversión productiva a través de un modelo
integral de desarrollo, basado en asociaciones estratégicas que promuevan la
generación de empleo y eleven la prosperidad y calidad de vida de la población.
META 2
Promover y fortalecer acciones
institucionales que den mayor transparencia al mercado laboral.
LÍNEA DE ACCIÓN
•
Mejorar
la calidad y coordinación interinstitucional de los mecanismos de vinculación
laboral (oficinas de servicio de empleo, bolsas de trabajo, ferias de empleo y
mecanismos de intermediación sustentados en TIC), a fin de dar respuesta
oportuna a las personas con mayor dificultad para acceder a un trabajo digno.
META 3
Reforzar los programas y acciones
institucionales para mejorar la empleabilidad de las personas en condiciones
vulnerables.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Ampliar y diversificar los programas de capacitación para el
trabajo, con impulso a la certificación de la competencia laboral y enfoques
particulares hacia las personas en condiciones vulnerables por su origen
étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad,
discapacidad, sexo, orientación, identidad o preferencia sexual, estado civil,
nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre
otras.
•
Impulsar acciones de investigación y divulgación sobre las
tendencias del mercado laboral y la competitividad empresarial, que orienten la
toma de decisiones de las y los jóvenes al elegir una carrera y planear su
educación y fomenten el valor social y empresarial de la escolaridad y la
competencia laboral.
•
Impulsar programas de capacitación específicos para población
migrante, que rescaten sus habilidades, revaloren su cultura y les permitan
desarrollar nuevas destrezas con demanda en el mercado laboral formal.
•
Promover el desarrollo y ampliación de la formación y la
actualización del perfil laboral de las mujeres que trabajan fuera del hogar, o
que requieren reincorporarse al trabajo asalariado, mediante el empleo de
tecnologías de información y comunicación. Impulsar apoyos específicos para las
mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad (jefas de familia,
jóvenes embarazadas y de bajos ingresos), como becas, comedores y estancias
infantiles.
•
Impulsar programas de capacitación específicos dirigidos a
mujeres para su formación y especialización en oficios no tradicionales.
META 4
Impulsar y diversificar políticas públicas
orientadas a lograr el respeto a los derechos humanos laborales y la
eliminación de prácticas discriminatorias en el trabajo.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Promover en los sectores privado, público y social el pleno
respeto de los derechos laborales, la conciliación entre la vida familiar y
laboral, la igualdad de oportunidades y la eliminación de la discriminación en
la contratación y el desempeño laboral, así como un protocolo de atención al
acoso sexual y laboral.
•
Impulsar una estrategia compensatoria para la población en
edad productiva que no cuenta con seguridad social, que facilite el acceso a
los servicios de salud y otras prestaciones.
•
Generar mecanismos para que las y los indígenas reciban
información sobre sus derechos laborales, oportunidades de empleo y lugares y
procedimientos para interponer quejas o denuncias.
•
Promover la inclusión de las personas indígenas en los
programas de apoyo al empleo, incluido el Seguro de Desempleo, estableciendo
requisitos que por su condición étnica y migratoria puedan cumplir.
•
Impulsar acciones que promuevan la eliminación de toda forma
de trabajo infantil, en congruencia con los tratados internacionales suscritos
por México.
•
Promover una oferta de cobertura amplia de servicios de
cuidado de los hijos e hijas de las familias, independiente de la inserción
laboral de las mujeres y de los hombres.
•
Fortalecer y actualizar los conocimientos de las normas
nacionales e internacionales de trabajo que protegen los derechos de las
trabajadoras, por parte de las y los impartidores de justicia laboral.
EJE 2. GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
CIUDADANA
La gobernabilidad, la seguridad y la
protección ciudadana no solo son una responsabilidad a cargo del gobierno por
designio de la ley, sino también una determinación propia de la presente
administración. Parte sustantiva de la visión integral del Gobierno del
Distrito Federal está conformada por los temas correspondientes a la
gobernabilidad, que precisamente esla forma de dirigir la ciudad, y a la
seguridad, cuyo fin es el de velar por las personas y su protección. En
síntesis, estas acciones se constituyen como pilares para los gobiernos
democráticamente electos y surgidos de la izquierda, aunadas a las prioridades
y demandas de atención de la población del Distrito Federal.
Actualmente las condiciones políticas,
sociales y económicas son idóneas para concretar el reconocimiento del Distrito
Federal a la par del resto de las entidades, para lo cual necesita contar con
los mismos derechos y obligaciones que el resto de los estados del país. Para
ello, es imperativo que la capital cuente con una constitución local y que la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las y los habitantes de la ciudad,
la sociedad civil organizada, la academia y los expertos en el tema participen
en las reformas constitucionales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad de
México cuente con las facultades suficientes para promover el crecimiento
económico y el bienestar social de su población.
Una de las prioridades
del gobierno es garantizar la protección de la integridad física y patrimonial
de sus habitantes, atendiendo de manera primordial a la población que vive en
zonas donde prevalecen altos niveles de pobreza urbana y vulnerabilidad social
ante desastres naturales o por incidencia delictiva, tomando en cuenta las
diferencias de género y condición social.
También resultan imprescindibles la seguridad
pública y la procuración e impartición de la justicia, ya que constituyen
pilares fundamentales para el desarrollo de las sociedades. Un gobierno que
garantiza el pleno cumplimiento de los derechos humanos a todas las personas,
así como el orden, la paz, la tranquilidad, la equidad y la igualdad, genera
condiciones favorables para el desarrollo personal, social, político y
económico, por lo que ofrecer dicha garantía resulta muy relevante para la
presente administración. La prevención del delito en el ámbito de la seguridad
ciudadana, la actividad del Ministerio Público en la persecución del delito y
las resoluciones judiciales como parte de la seguridad jurídica en la
administración de la justicia, son indispensables para lograr el pleno goce de
los derechos de la población.
En respuesta al interés que la ciudadanía ha
hecho patente en esta ciudad, y concibiendo a la sociedad como la fuente
principal de transformación efectiva, es determinación de este gobierno incorporar
a los habitantes de la ciudad en acciones de seguridad ciudadana para promover
una nueva cultura que permita rescatar la confianza en las instituciones, evite
la corrupción y la impunidad y fortalezca el tejido social, factores
determinantes en la prevención de las conductas antisociales. De esta manera
podremos restablecer los lazos comunitarios para promover la convivencia social
y el bienestar de mujeres y hombres y evitar la inseguridad, la criminalidad y
las adicciones.
El Distrito Federal es una entidad con una
alta complejidad por ser parte de una zona metropolitana, involucrar una gran
movilidad de personas, una alta concentración demográfica y una desigualdad
socioeconómica, así como por su carácter de centro político, económico,
educativo y cultural del país. A esto se suman los fenómenos naturales y las
amenazas de diversa índole: geológicas, hidrometeorológicas, fisicoquímicas,
socio-organizativas y sanitarias; así como la fuerte presión social que
conlleva la coexistencia de millones de personas que transitan, viven, estudian
y/o trabajan en esta megalópolis. Aunado a lo anterior, en los últimos años se
han modificado los patrones medioambientales históricos como consecuencia del
cambio climático.
Con base en una lógica integradora, progresista,
moderna y cercana a la ciudadanía, se impulsará una cultura de protección civil
en la Ciudad, propiciando el desarrollo de la resiliencia y concientizando a la
población sobre las vulnerabilidades y riesgos de la Ciudad. Dada la
experiencia de las últimas décadas, la probabilidad de que en el Distrito
Federal ocurran emergencias que se conviertan en desastres es alta.
A continuación, se plantean los retos
imperativos para la ciudad en esta materia: la reforma política, la seguridad
de sus habitantes y la protección ciudadana.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 1. Reforma Política
El marco normativo que
rige a la Ciudad de México le confiere facultades político-administrativas y
financieras disminuidas en relación con las que posee el resto de las entidades
federativas. A pesar de los diversos esfuerzos para modificar su estatus
jurídico, no ha podido convertirse en un estado soberano con autonomía en su
régimen interior. Su gobierno está a cargo de los poderes federales y de los
órganos ejecutivo, legislativo y judicial del orden local.
DIAGNÓSTICO
Los gobiernos democráticamente electos de la
Ciudad de México han tenido dentro de sus objetivos el impulso de una reforma
política y constitucional que le permita a esta darse su constitución política;
sin embargo, hasta ahora no se han logrado los consensos con los distintos
actores políticos y sociales involucrados.
Con todo, en la actualidad las condiciones
políticas y sociales han posibilitado que en los tres órdenes de gobierno, los
partidos políticos y la sociedad se reconozca la necesidad de llevar a cabo la
reforma política de la Ciudad.
La Ciudad de México es el mayor núcleo
social, político y económico del país y es la capital nacional; aporta 17.8%
del Producto Interno Bruto Nacional; recauda 54% de todos los impuestos y es la
única entidad federativa con ingresos locales mayores a los federales. Sin
embargo, recibe menos del 10% de los recursos que envía a la federación y no ha
sido considerada con equidad para la asignación presupuestal de todos los fondos
previstos para los estados en los rubros de aportaciones federales. Por lo
anterior, al igual que otras capitales del mundo, busca superar el esquema
jurídico de subordinación al poder nacional en aspectos centrales de su
gobierno y aspira al reconocimiento pleno de su autonomía, sin dejar de ser
capital federal.
De acuerdo con diversas evaluaciones
académicas sobre el nivel de competitividad de las principales ciudades del
país, la Ciudad de México alcanza el promedio general más alto. No obstante,
una de las calificaciones más bajas la tiene en el componente
jurídico-institucional, la cual es consecuencia de un marco de dependencia
financiera con respecto a los poderes federales establecido en la constitución
federal. Si prevalece este esquema, se colocará en grave riesgo la
competitividad y el desarrollo económico de la capital del país.
El marco jurídico de la Ciudad es
insuficiente para planear de manera autónoma su desarrollo, lo cual es un
obstáculo para potenciar su competitividad en condiciones de igualdad frente a
las demás entidades federativas y, en consecuencia, garantizar los derechos de
quienes la habitan y transitan. Dicho marco tampoco le permite consolidar su
libertad y soberanía.
El Congreso de la Unión le impone a la
capital su Estatuto de Gobierno; además, el órgano legislativo local está
impedido para establecer de manera autónoma su régimen financiero y de deuda
pública, como lo hacen las demás entidades federativas. El o la titular de la
Procuraduría de Justicia requiere de la ratificación del Ejecutivo Federal;
asimismo, este nombra al titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
Adicionalmente, la Ciudad no puede ejercer las facultades que no están
expresamente concedidas por la Constitución a los Poderes de la Unión, como
pueden hacerlo los estados de la república.
El mejoramiento de la calidad ambiental, el
manejo de los residuos urbanos y el abasto de agua y alimentos son importantes
retos que todos los días enfrenta la metrópoli, que impactan de manera
diferenciada a hombres y mujeres. Reivindicar el derecho a la ciudad, que
garantice la calidad de vida de las personas mediante la movilidad y el acceso
a la vivienda digna, a entornos ambientales sanos y a los beneficios de la
urbanización y las actividades productivas, en suma, al desarrollo sostenible,
es una demanda que la reforma política impulsará.
El tránsito de un Estatuto de Gobierno a una
Constitución de la Libre y Soberana Ciudad de México consolidaría el avance y
el desarrollo de sus políticas públicas, que en muchos sentidos han
representado un modelo para el resto del país.
OBJETIVO 1
Impulsar la reforma política para
constitucionalizar la autonomía de la Ciudad de México en su régimen interior,
consolidarla como una ciudad capital y establecer una constitución política
propia.
META 1
Concretar los estudios e informes pertinentes
en materia constitucional y legal dirigidos a establecer ejes temáticos
generales para la discusión de la reforma.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Analizar los diversos proyectos de reforma política para la
Ciudad de México presentados ante el H. Congreso de la Unión.
•
Contribuir a referenciar los tópicos que serán el punto de
partida para el intercambio en foros de debate, en los cuales participen paritariamente
mujeres y hombres.
•
Elaborar los diagnósticos que analicen los principales
problemas del marco jurídico de la Ciudad.
•
Proponer soluciones y alternativas que fortalezcan el marco
jurídico-político de autonomía de la capital.
META 2
Fortalecer la identidad político-cultural de
la población de la Ciudad de México para consolidar la reforma política como un
asunto de todas y todos, llevando su discusión a los diversos ámbitos de vida
de la ciudad: delegaciones, barrios, sindicatos, unidades habitacionales,
instituciones de educación superior, colonias, etc.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Organizar foros de discusión por eje temático para recoger e
integrar las propuestas de la ciudadanía y de diversos actores políticos y
sociales.
•
Promover la instalación de una mesa nacional y otra local de
negociación a fin de incluir a todas y todos los actores políticos y sociales
interesados.
•
Sistematizar las conclusiones de los foros en un documento
que constituya un referente para las instancias políticas competentes en
materia de reforma política y que refleje los intereses y necesidades de la
ciudadanía.
•
Generar los consensos sobre las principales orientaciones de
la nueva constitución.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 2. Prevención del Delito
Las políticas públicas
de seguridad y justicia en la Ciudad de México han privilegiado históricamente
el modelo punitivo y de control, limitando la consolidación de un esquema de
políticas preventivas, lo cual desincentiva la articulación de esfuerzos
orientados al fortalecimiento y la reestructuración del tejido social.
DIAGNÓSTICO
La seguridad ciudadana representa uno de los
mayores retos para la gestión pública. De acuerdo con diversas fuentes, existen
delitos en los que se observa un incremento en la criminalidad. Sin embargo, la
dimensión del problema se presenta con una magnitud mayor como resultado del
tratamiento mediático que incide directamente en los niveles de percepción.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Victimización realizada en el año 2011, 57.5% de la población de 18 años o más
en todo el país, manifiesta que su principal preocupación es el tema de la
inseguridad, seguido del desempleo (49.3%) y la pobreza (34.0%). Al respecto,
se presenta una discrepancia entre el número de víctimas afectadas y la
percepción de inseguridad. Las y los habitantes de la Ciudad de México perciben
mayor inseguridad que los eventos ocurridos. Según la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública (ENVIPE) del 2012, a nivel
nacional 22 millones 389 mil 492 personas fueron víctimas de algún delito:
12.1% de estas personas radica en el Distrito Federal. A nivel nacional 29
millones 674 mil 071 personas mayores de 18 años se sienten inseguras en su
colonia o localidad: 10.2% de estas personas viven en la Ciudad de México.
Ante esto, una de las prioridades que se ha establecido
en la materia es la implementación de las bases de una operación policial
mediante el Programa de Cuadrantes, que ha tenido como objetivo establecer una
estrategia más eficaz de combate a la delincuencia y mayor proximidad con la
ciudadanía. Sin embargo, para su fortalecimiento se requieren mayores recursos
humanos, materiales y tecnológicos.
Es importante señalar
que en los últimos años se han presentado cambios en el tejido social en la
Ciudad de México derivados de los problemas de la delincuencia.
La afectación de valores compartidos a través
de la interacción social en entornos armónicos es una de las causas de
inseguridad en la Ciudad de México. Según la ENVIPE del 2012, las personas
mayores de 18 años en el Distrito Federal consideran que una de las causas de
la inseguridad es la falta de valores (5.7% a nivel nacional y 6.5% en el
Distrito Federal).
OBJETIVO 1
Fortalecer el Programa de Cuadrantes
Policiales con políticas preventivas e innovadoras y mediante la implementación
de procesos e instrumentos de inteligencia policial vanguardista quereduzcan
los índices delictivos y mejoren la percepción y la confianza de la ciudadanía.
META 1
Consolidar una estrategia de prevención y
combate a la delincuencia quegenere controles en la operación por cuadrante e
incentive la participación ciudadana.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Analizar el comportamiento de la incidencia delictiva por
cuadrante, que permita direccionar las acciones y el despliegue policial de
manera que posibilite la toma de decisiones del alto mando evite la comisión de
hechos delictivos.
•
Mejorar la operación de los cuadrantes con una estructura
organizacional dinámica, permanente y con comunicación directa con los
habitantes de su territorio, además de realizar una inversión que garantice el
estado de fuerza necesario, en equipo y vehículos, para fortalecer su actual
operación.
META 2
Lograr mayor proximidad y fortalecer la
confianza de la ciudadanía en los cuerpos de seguridad pública, consolidando
las políticas y mecanismos de interrelación que aporten acciones para mejorar
el tejido social.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Impulsar la cultura de la denuncia, a través del uso de
herramientas tecnológicas, que permitan fortalecer la vinculación de la policía
con la sociedad.
•
Reconstruir los enlaces entre la ciudadanía y el personal de
seguridad pública, a fin de establecer un vínculo directo que agilice y haga
más eficiente la actuación policial y logre captar información que permita
enfocar de manera estratégica la prevención del delito.
•
Crear y fortalecer programas de prevención del delito que
incluyan acciones para mejorar el tejido social, como la recuperación y
mantenimiento constante de espacios públicos, la atención de personas con
capacidades diferentes y el respeto al medio ambiente, entre otros.
•
Fortalecer las estrategias para el respeto efectivo de los
derechos humanos en materia de seguridad pública.
•
Generar programas de dignificación policial, a través de los
cuales se mejore también la percepción ciudadana.
•
Impulsar políticas públicas dirigidas a niños y jóvenes para
prevenir la violencia y la delincuencia.
OBJETIVO 2
Profesionalizar al personal policial a efecto
de generar las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los
elementos y del servicio que se presta, considerando de igual forma esquemas de
mejoras laborales, económicas y materiales.
META 1
Incrementar la aplicación de los esquemas de
capacitación para mejorar las acciones operativas y el cumplimiento del
procedimiento penal.
LÍNEA DE ACCIÓN
•
Aplicar
los manuales y protocolos de actuación, que permitan incrementar la eficiencia
en los tiempos de respuesta mediante el uso legítimo de la fuerza, garantizando
en todo momento los derechos humanos de las personas.
META 2
Fortalecer la capacitación inicial, de especialización,
de actualización de mandos y ascensos del personal operativo.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Actualizar los programas de reclutamiento, selección e
inducción al Sistema de Carrera Policial, incentivando la permanencia y promoción
del personal operativo.
•
Elevar el nivel académico de las instituciones encargadas de
profesionalizar al personal operativo
META 3
Evaluar al personal que labora en la
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
LÍNEA DE ACCIÓN
•
Establecer
los controles para verificar que los elementos cumplan con las evaluaciones que
marca la ley para su: permanencia, ascenso, licencia oficial colectiva y
mandos, mediante el Centro de Control de Confianza.
OBJETIVO 3
Inhibir las acciones punitivas que afectan al
tejido social, incrementando los mecanismos de inteligencia policial que
permitan prevenir el delito.
META 1
Desarrollar e incrementar la inteligencia
policial, priorizando esquemas que permitan la prevención del delito.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Fortalecer las acciones policiales a través de la integración
de grupos especiales creados para enfrentar bandas delictivas, ciberdelitos,
narcomenudeo, entre otros.
•
Integrar y fortalecer los marcos normativos que en materia de
seguridad pública permitan hacer más eficaz la actuación de los elementos
policiales garantizando el respeto de los derechos humanos en el desarrollo de
sus funciones.
•
Generar actividades de prevención del delito y operativos
conjuntos tendientes a inhibir los delitos de alto impacto, así como la
extorsión, el narcomenudeo y la trata de personas, con particular énfasis en
las zonas limítrofes.
•
Establecer mecanismos de intercambio de información delictiva
con dependencias de los tres órdenes de gobierno, relacionadas con la seguridad
pública y con instituciones que cuenten con información o tecnología
complementaria.
•
Implementar modelos de comportamiento, georeferenciación,
indicadores de desempeño y propuestas estratégicas para la toma de decisiones.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 3. Seguridad en Espacios
Públicos
La dinámica de la
Ciudad ha llevado a una constante presión por el uso del espacio público para
actividades comerciales, eventos culturales, religiosos y deportivos, así como
manifestaciones políticas y sociales, lo que genera tensiones con las y los
vecinos y la ciudadanía en general, afecta la movilidad e incrementa los
riesgos en materia de salud, protección civil, seguridad, etc.
DIAGNÓSTICO
En la Ciudad de México más de 13 millones de
personas realizan diariamente algún tipo de actividad, debido a la amplia
variedad de servicios financieros, comerciales, de comunicación, de educación y
de salud, entre muchos otros; estas actividades se concentran en la ciudad
central, es decir, en el perímetro que se encuentra dentro de los límites del
Circuito Bicentenario, así como en espacios públicos de algunas delegaciones y
centros de carácter religioso, cultural, educativo, deportivo, comercial o de
negocios. Así, en un contexto en el que cada vez es mayor la tendencia a que la
ciudadanía se apropie de los espacios públicos, la coincidencia de
concentraciones poblacionales y de actividades ha derivado en tensiones
vinculadas con el ejercicio del derecho a estar, vivir y circular libremente en
la Ciudad.
Para el gobierno capitalino las
movilizaciones, mítines, marchas, bloqueos y cualquier otra concentración
ciudadana representa importantes retos de coordinación interinstitucional,
orientados a garantizar la seguridad de las y los asistentes y participantes,
así como de la población en general. Tan solo en los últimos tres años
(2010-2012) se han registrado en promedio 8 movilizaciones diarias en el
Distrito Federal, de las cuales un promedio de aproximadamente 4 han ocasionado
afectación vial.
Los datos de movilizaciones con afectación de
vialidad revelan que alrededor del 43% de ellas corresponde a demandas sociales
del ámbito federal y no de competencia local. A su vez, de las movilizaciones
realizadas con mayor frecuencia durante el 2012 relacionadas con el ámbito
federal, destacan las que solicitan atender demandas en materia educativa,
sindical y/o política (actos proselitistas y/o a favor o en contra de partidos
políticos). En cuanto a las dirigidas al ámbito de competencia del Distrito
Federal, se relacionan principalmente con servicios públicos, conflictos
sindicales y tarifas y rutas de transporte público.
Asimismo, los altos niveles de participación
ciudadana han involucrado un aumento de los eventos culturales, religiosos y
deportivos realizados en espacios públicos. En el año 2012 se llevaron a cabo
más de 3,100 eventos, mientras que en 2010 solo se realizaron 1,352. El manejo
de este tipo de concentraciones también implica un reto de coordinación
interinstitucional importante.
Por otra parte, las crisis económicas
recurrentes y la falta de oportunidades para obtener empleos formales han
orillado a un segmento de la población económicamente activa a actividades
ubicadas en la economía informal. El menoscabo de la imagen y entorno urbano a
causa del ejercicio del comercio en vía pública provoca despoblamiento, deterioro
de la calidad de los servicios, fomento de actividades en perjuicio de la
seguridad pública y ciudadana, deterioro de patrimonio cultural y artístico y
aumento de la contaminación ambiental. Los problemas de movilidad que genera el
comercio ambulante, al obstruir vialidades y banquetas, obligan además a las y
los transeúntes y automovilistas a circular por espacios inseguros y carentes
de medidas en materia de protección civil.
De acuerdo con las cifras estimadas en la
Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública,
las personas dedicadas al comercio ambulante son aproximadamente 100,000 y se
distribuyen en las 16 delegaciones del Distrito Federal, incluyendo los
espacios que circundan 173 concentraciones que aspiran a convertirse en
mercados públicos y los 1,020 tianguis. El fenómeno se complica por la
porosidad de la aglomeración metropolitana y la facilidad con la que encuentran
ocupación informal poblaciones de los municipios conurbados con la Ciudad de
México.
La zona del centro histórico ha requerido un
trabajo sistemático de reordenamiento y acceso a lugares accesibles al comercio
popular. Las cifras de crecimiento de la economía informal son bien conocidas:
si en 1995 existían 3,500 comerciantes en vía pública, en 2007 se registraban
25,000, lo que implicó un crecimiento de 614%.
El Gobierno del Distrito Federal, a través de
la comunicación y la concertación establecida con este sector de comerciantes,
llevó a cabo varias acciones, entre las que destaca la asignación de predios
para instalar plazas y corredores comerciales. En octubre de 2007, con la
entrega de47 predios para establecer plazas de comercio popular a las diversas
organizaciones de comerciantes, se dio un paso definitivo en la revitalización
del centro histórico. Sin embargo, aún existen retos pendientes de superar en
esta materia, para lo cual es necesaria una mayor coordinación de las
autoridades competentes, así como el diseño e implementación de alternativas
que permitan detener, solucionar o gestionar adecuadamente los problemas
generados por la economía informal en los espacios públicos de la Ciudad.
OBJETIVO 1
Garantizar, en coordinación con las
delegaciones, que el acceso y uso del espacio público se lleve a cabo con el
mínimo de impactos negativos a terceras personas, tanto en actividades de
comercio como en concentraciones masivas en eventos religiosos, culturales y
deportivos, y que toda expresión política y social sea atendida de manera
respetuosa y pueda canalizar sus demandas.
META 1
Fortalecer y ampliar los mecanismos de
coordinación interinstitucional y delegacional para el manejo adecuado de
concentraciones masivas (culturales, religiosas, deportivas, políticas y
sociales) en materia de prevención de riesgos y seguridad.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Elaborar un protocolo de coordinación interinstitucional para
eventos masivos en materia de prevención de riesgos y seguridad que tome en
cuenta la condición de género y generacional y los derechos humanos.
•
Mejorar la coordinación con las delegaciones para la
implementación del protocolo de coordinación interinstitucional en eventos
masivos.
•
Aumentar la seguridad y accesibilidad en los espacios
públicos para garantizar la apropiación por parte de la sociedad de los mismos,
considerando las condiciones específicas de mujeres, niñas y niños, adultos
mayores y personas con discapacidad.
META 2
Consolidar los
esquemas estratégicos de prevención, gestión y disminución de los efectos
negativos de las manifestaciones políticas y sociales, con el fin de garantizar
la convivencia y el respeto de los derechos humanos de las personas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
·
Unificar los protocolos de actuación de las autoridades de la
Ciudad involucradas en el manejo de las manifestaciones y sus efectos en el
espacio público.
·
Fortalecer la cooperación con el gobierno federal para la
atención integral de las manifestaciones con demandas dirigidas a su ámbito de
competencia.
·
Generar conciencia social mediante campañas en medios de
comunicación, con el fin de que se reconozca el derecho a la protesta social y
se promueva el respeto a la ciudad y sus espacios públicos.
META 3
Reordenar las actividades comerciales para
mejorar el uso del espacio público.
LÍNEAS ACCIÓN
•
Generar un censo georeferenciado de la actividad comercial en
vía pública.
•
Generar modelos de gestión de la actividad comercial en vía
pública que no afecten la movilidad urbana.
•
Coordinar esfuerzos interinstitucionales en materia de
protección civil, seguridad pública, salud y manejo integral de residuos
sólidos derivados de la actividad comercial en vía pública.
OBJETIVO 2
Propiciar que el espacio público sea un
ámbito agradable de convivencia y socialización, así como de construcción de
relaciones sociales igualitarias entre mujeres y hombres.
META 1
Desarrollar procesos de consulta pública
sobre el tema de construcción del espacio público, donde las mujeres y las
organizaciones de mujeres sean protagonistas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Generar estrategias tendientes a garantizar a las mujeres la
integridad física, la participación en el poder político y el disfrute del
espacio público.
•
Impulsar la presencia de las organizaciones de mujeres en los
foros de decisión, consulta o planificación de la Ciudad.
•
Concertar con las diversas organizaciones de la ciudadanía
una agenda y estrategia para los diferentes espacios de dominio colectivo, así
como el proceso y los instrumentos para la realización de la estrategia
concertada, así como brindar mayores apoyos a proyectos comunitarios.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 4. Procuración de Justicia
La procuración de
justicia en la Ciudad de México está enfrentando procesos estratégicos de
transición y esquemas de operación que requieren ser consolidados, ya que en la
ciudadanía se ha generado desconfianza y una percepción de corrupción e impunidad,
que se manifiestan en la falta de una cultura extendida de denuncia ciudadana.
DIAGNÓSTICO
La procuración de justicia es una obligación
y una función sustantiva del gobierno, a fin de proteger y salvaguardar los
derechos de las personas. La sociedad exige vivir en condiciones de seguridad,
bienestar, tranquilidad y paz pública. Para responder a tales expectativas, en los
últimos años se han emprendido acciones tendientes a la modernización y a la
efectividad de los procesos que realiza la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, que anualmente registra en promedio 200,000 averiguaciones
previas.
El 90% de la incidencia delictiva en la
Ciudad de México se compone por delitos que afectan directamente a las y los
habitantes de la Ciudad, 8% de la incidencia es en contra de habitantes de
otras entidades federativas que tuvieron estancia transitoria y solo 2% contra
personas extranjeras.
Es importante señalar que en los últimos años
se ha registrado en la Ciudad una reducción de las denuncias penales, con un
decremento promedio anual del 3.4% de 2010 a 2012 en las averiguaciones
previas. Este decremento en las denuncias, específicamente en delitos como
homicidio doloso o robo de vehículo, está relacionado con la aplicación de
políticas y programas articulados y exitosos en el control y reducción de la
incidencia delictiva. Por ello, y para fortalecer la cultura de la denuncia
frente a los delitos persistentes, es prioritario consolidar el acercamiento
entre la autoridad y las víctimas/denunciantes.
En la Ciudad de México se han implementado
diversas acciones para revertir la percepción negativa de la ciudadanía de las
instancias de procuración de justicia. En los últimos años se han logrado
avances sustantivos gracias a que dichas instancias han priorizado la
planeación estratégica, con una visión dirigida a brindar una atención integral
en todos los procesos de procuración de justicia. Uno de los principales retos
es la transición hacia el Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio. Si bien
se han logrado avances significativos en la materia, aún se debe consolidar una
estructura idónea que permita que las labores sustantivas de procuración de
justicia sean acordes con el nuevo modelo y los resultados se reflejen en el
pleno ejercicio del derecho a la justicia y otros beneficios para la sociedad.
El propósito debe ser reducir de manera significativa el tiempo de
consignación, el tiempo de la etapa procesal y, por último, el tiempo para
emitir la sentencia.
OBJETIVO 1
Dar cumplimiento a la implementación del
Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio con una perspectiva de género y
de derechos humanos.
META 1
Concretar la totalidad de etapas del proceso
definido para la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, acorde a
lo establecido por la normativa.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Llevar a cabo el proceso de reingeniería institucional
necesaria para la implementación del Sistema de Justicia Procesal Penal
Acusatorio.
•
Establecer y consolidar los mecanismos de coordinación
interinstitucional para la implementación del Sistema de Justicia Procesal
Penal Acusatorio.
META 2
Consolidar la operación de los procedimientos
que conforman el Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Impulsar y difundir en la población del Distrito Federal los
beneficios del Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio.
•
Profesionalizara los servidores públicos de las instituciones
de procuración de justicia a través de esquemas permanentes de formación y
capacitación que contemplen las perspectivas de género y de derechos humanos.
OBJETIVO 2
Incrementar la efectividad en las labores de
integración de investigaciones en todas sus etapas.
META 1
Lograr un aumento significativo en la
relación entre investigaciones iniciadas y consignadas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Impulsar una actuación más eficaz y eficiente del Ministerio
Público, con perspectivas de género y de derechos humanos.
•
Modernizar las labores de investigación e integración de
investigaciones a través de cambios organizacionales y procedimentales.
OBJETIVO 3
Mejorar la calidad de la atención a las
personas desde el inicio de la investigación hasta la determinación de la
misma.
META 1
Incrementar el índice de denuncia ciudadana.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Dar a conocer ampliamente a la ciudadanía las formas y
lugares en los cuales se presentan las denuncias.
•
Promover el acercamiento entre las autoridades de procuración
de justicia y la población, a través de acciones de prevención del delito.
•
Mejorar los tiempos de respuesta en las etapas del proceso
penal.
•
Fortalecer y consolidar los mecanismos para la atención a
víctimas del delito.
•
Crear los incentivos para fomentar la denuncia de los delitos
en el Distrito Federal, mediante mecanismos que generen mayor confianza en la
autoridad y un trato digno a los denunciantes.
•
Promover estrategias orientadas a la participación efectiva
de defensores de oficio profesionalizados, en el marco del respeto a los
derechos humanos y el debido proceso.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 5. Sistema Penitenciario
La población en los
complejos penitenciarios de la Ciudad de México ha superado la capacidad
instalada en los últimos años, en menoscabo de los derechos humanos, lo que
afecta particularmente a los grupos más vulnerables y dificulta los procesos de
reinserción social.
DIAGNÓSTICO
El Sistema Penitenciario del Distrito Federal
ocupa el primer lugar nacional en cuanto a población recluida: tiene capacidad
para albergar 22,653 internos e igual número de camas en once centros. Sin
embargo, actualmente cuenta con una población de 41,751 personas, lo que
representa una sobrepoblación de 19,098 internos, equivalente al 84.3%. La
sobrepoblación produce hacinamiento, vulnera los derechos humanos y dificulta
los procesos de reinserción social. Asimismo, los requerimientos humanos
obligan a concentrar los recursos en los centros penitenciarios con mayor
población, lo que provoca que los grupos minoritarios sean vulnerables.
Las reglas de la ONU para el tratamiento de
reclusos han definido que la distribución y las características de las
instalaciones penitenciarias deberán permitir que los internos y el personal
tengan un correcto acceso a agua, aire, saneamiento y luz. Debido a que se
duplicó la población penitenciaria en los últimos 13 años, se ha dificultado el
cumplimiento de estos requerimientos, lo que aumenta los riesgos para las
personas internas y para el personal.
El uso preponderante de la prisión, que es un
proceso de contención más que readaptación, como herramienta principal de la
política criminal ha generado situaciones tales como que 60% de la población
penitenciaria compurga penas por el delito de robo, en un alto porcentaje de
cuantías menores; 60% de la población penitenciaria es primo delincuente; y 20%
de los internos son personas con menos de 25 años, cuando estos pudieran
beneficiarse más de penas alternativas como medio de reinserción social.
En la Ciudad de México se tiene un segmento
de sanciones de privación de la libertad de 3 a 7 años muy amplio (el segundo
más grande del país): 7,911 personas recibieron sanciones mayores de tres años
de prisión y menores de siete, 74% de ellos por el delito de robo (sin
contarlos de robo de vehículo, 12% de ese segmento). La severidad de estas
sanciones no es consistente con la naturaleza de las conductas. Muchos robos no
violentos y de pequeñas cantidades están siendo sancionados con este tipo de
penas.
El potencial para la despresurización de
centros de reclusión es alto si se canalizaran muchos de los delitos menores
(39% de las condenas) a mecanismos alternativos, se revisaran las sanciones y
se aplicaran, en los casos que la legislación lo permita, soluciones
alternativas o la terminación anticipada del procedimiento. Esto permitiría
disponer de más recursos para la investigación, procesamiento y, en su caso,
sanción de los delitos de mayor impacto. El objetivo sería gastar menos en
prisiones y más en prevención, inteligencia policial y capacidad de
investigación criminal.
Además, el sistema penitenciario alberga
1,770 personas sentenciadas por delitos de orden exclusivamente federal, cuyos
costos de manutención son proporcionados por el Gobierno Federal solo en una
tercera parte.
El acceso a la salud
de los internos presenta carencias considerables. Por un lado, al depender
exclusivamente de la Secretaría de Salud se limita la capacidad del sistema
penitenciario; por otro lado, en los centros de reclusión solo se brinda
atención de primer nivel, mientras que para especialidades y cirugías la
atención es otorgada en los diferentes hospitales del Distrito Federal y en la
Torre Médica de Tepepan. Sin embargo, debido a la concentración de internos en
ciertos centros penitenciarios, se han descuidado los de menor población; tal
es el caso del Centro de Readaptación Femenil Santa Martha, que no cuenta con
servicios médicos permanentes, a pesar de que en dicho centro viven 48 niñas y
57 niños, hijas e hijos de 98 internas.
Adicionalmente, el estado de la fuerza
(custodios, policías y guardias) asignada representa poco más de 3 mil
elementos en tres turnos, lo que equivale a un individuo por cada 42 personas
internas en promedio; la infraestructura en los centros penitenciarios presenta
un grave deterioro y carece de suficientes herramientas tecnológicas que apoyen
los procesos de ingreso y revisión tanto de objetos como de personas (cámaras
de vigilancia en el interior y en aduanas), situación que favorece la
introducción de objetos y substancias prohibidas, la corrupción, elautogobierno
y el debilitamiento dela figurade lasautoridades.Debido a la falta de personal,
son las y los mismos internos los que realizan tareas administrativas,
controlando de esta forma ciertos aspectos de sus relaciones. Estas
circunstancias limitan las posibilidades de que las autoridades trabajen en los
procesos de reinserción social y favorecen la violación de derechos humanos de
la población reclusa, así como constantes riñas y robos.
OBJETIVO 1
Disminuir la brecha entre la capacidad
instalada del sistema penitenciario y la población interna.
META 1
Incrementar la capacidad instalada del
sistema penitenciario de la Ciudad de México.
LÍNEA DE ACCIÓN
•
Aumentar
y readecuar espacios en los centros penitenciarios.
META 2
Desarrollar políticas que disminuyan la
población en reclusión.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Promover un debate público para desgravar ciertos delitos
menores y generar alternativas a la prisión preventiva.
•
Agilizar los mecanismos de coordinación para realizar el
traslado de internas o internos del orden federal.
•
Incrementar la capacidad institucional para agilizar los
beneficios de libertad anticipada a quienes tengan ese derecho.
OBJETIVO 2
Garantizar el respeto de los derechos humanos
de las personas en situación de reclusión así como de quienes los visitan en
los reclusorios.
META 1
Consolidar la política estratégica para el
cumplimiento del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal para las personas
privadas de su libertad.
LÍNEA DE ACCIÓN
•
Establecer un programa de trabajo específico en conjunto con
la CDHDF, que contenga tiempos, indicadores y responsables de la ejecución de
sus acciones.
•
Vigilar que las y los custodios proporcionen un trato digno,
respetuoso y acorde a la dignidad humana, tanto a las personas privadas de su
libertad como a las que los visitan en los reclusorios.
OBJETIVO 3
Mejorar los mecanismos para la reinserción a
la sociedad de las personas sentenciadas, a través del reconocimiento y respeto
de las diferencias de género y de los derechos humanos, así como del derecho al
trabajo, capacitación laboral, educación, cultura, salud, alimentación y
deporte, como medios para procurar que no se vuelva a delinquir.
META 1
Aumentar las oportunidades de acceso al
trabajo, capacitación laboral, cultura, educación, salud, alimentación y deporte
de la población interna.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Incentivar a la iniciativa privada con responsabilidad social
para desarrollar la industria penitenciaría en coordinación con el gobierno,
para que genere oportunidades de trabajo y capacitación.
•
Mejorar la coordinación con las instituciones de educación
para incrementar la oferta educativa y cultural y la capacitación laboral al
interior de los centros penitenciarios.
•
Mejorar la coordinación interinstitucional con la Secretaría
de Salud, para garantizar el acceso a la salud a toda la población
penitenciaria.
•
Mejorar la coordinación interinstitucional para generar
programas de fomento a la cultura y al deporte en condiciones adecuadas.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 6. Protección Civil
Los planes, programas
y protocolos en materia de Protección Civil se han visto rebasados por la
dinámica de la propia ciudad, lo cual agrava la vulnerabilidad ante los riesgos
naturales y antropogénicos, que en caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o
desastres afecta la capacidad de respuesta, el tejido social, la viabilidad de
la Ciudad y por ello la gobernabilidad.
DIAGNÓSTICO
En la percepción de las y los habitantes de
la Ciudad de México, se concibe a las instancias de protección civil como las
autoridades que hacen simulacros y atienden emergencias de sismos. Para los
sectores productivos son la autoridad que clausura y sanciona pero no orienta,
lo cual implica una percepción de autoridad inquisitiva y penalizadora. En la
percepción general la población confía en que la Ciudad está más preparada ante
un sismo, pero subestima otros riesgos.
Si bien la Ciudad en efecto está expuesta a
sismos de magnitud mayor, no se consideran otros riesgos geológicos. El
análisis de información climática de las décadas recientes muestra que el Valle
de México es altamente vulnerable a condiciones extremas, trátese de mayores
temperaturas, lluvias intensas o sequías, lo que pone en alto riesgo a su
población, a la economía y a los sistemas naturales de la región.
Las amenazas de tipo
hidrometeorológico que experimenta la Ciudad de México año tras año son inundaciones,
lluvias, granizadas, heladas, vientos, ondas de calor y ondas frías. Las tres
primeras son las que con mayor frecuencia afectan la Ciudad y están asociadas
en gran medida con la intensidad de la precipitación. Los episodios extremos de
calor también adquieren gran relevancia pues, en combinación con prácticas de
roza, tumba y quema durante las sequías, tienden a resultar en incendios
forestales en los bosques circundantes. Estos extremos de calor también llevan
a la descomposición de alimentos o mayores consumos de agua en la época de
secas. De acuerdo con datos de la Estación Meteorológica de Tacubaya, de 1877
al2010 la precipitación anual acumulada durante el año ha aumentado en 66%. La
temperatura promedio de la Ciudad aumentó 4 grados centígrados durante el siglo
XX y 2 grados centígrados desde los años setenta.
El Atlas de Riesgos sigue siendo una
herramienta aislada, desarticulada, sin enfoque sistémico como instrumento de
planeación y mucho menos desarrollada para ser auto-sostenible y sujeto de la
Protección Civil. En la esfera operativa, se cuenta con herramientas
tecnológicas muy amplias e importantes como el C4i4, los centros de monitoreo
de SACME, la Red Metropolitana de Calidad del Aire, el Sistema de Alerta
Sísmica y el SAVER del CENAPRED. Sin embargo, estas se encuentran
constantemente al reto de interactuar adecuadamente en sus niveles estratégico,
táctico y operativo, lo que propicia dispendio y subutilización en situaciones
de emergencia, crisis o desastre y en especial en la gestión integral del
riesgo. Aunado a lo anterior, existe una falta de procedimientos
suficientemente claros y estandarizados, que permitan la administración eficaz
de la prevención y de las diferentes actividades de emergencia.
Adicionalmente se mantiene desarticulada la
participación del sector privado en comités, grupos de trabajo, lo que impide
que la economía de la Ciudad sea resiliente; por ejemplo, no se promueve la
creación de comités de ayuda mutua entre los sectores empresarial, social y
gubernamental, que permita la vinculación para la definición de planes y
programas de prevención y, en su caso, de respuesta ante la ocurrencia de
situaciones de alto riesgo, emergencia o desastre.
Los desastres exponen las desigualdades
preexistentes en una sociedad; estas son las que hacen a una población más
vulnerable ante el riesgo de desastres, por lo que deben ser atendidas. Ello
debe realizarse tomando en cuenta las condiciones de género, al que se asocia
una de las mayores desigualdades; las mujeres se encuentran en situación de
mayor vulnerabilidad, no solo porque pueden ser las mayormente afectadas en
caso de algún siniestro, sino porque sus capacidades no son reconocidas en toda
su extensión.
La participación social no ha considerado
suficientemente a la ciudadanía como sujeto activo en la protección civil, de
manera que participe, innove y asuma acciones corresponsables para la
consolidación de la gestión integral, incluyente y resiliente, de riesgos de
desastre. Lo anterior es especialmente notorio en los segmentos más vulnerables
de la población, como son niñas y niños, adolescentes, personas de la tercera
edad, personas con discapacidad, madres jefes de familia o grupos indígenas, a
quienes no se les ha involucrado en actividades que propicien el desarrollo y
arraigo de una cultura de prevención o al menos de una conciencia del riesgo.
Aunque los impactos presentes y futuros del cambio climático afectan a todos
los sectores socioeconómicos, las más afectadas son y serán las poblaciones más
pobres: para ellas eventos como sequías, inundaciones y tormentas suelen ser
experiencias dramáticas, que incluso ponen en riesgo su vida, debido a su alta
dependencia de los recursos que los rodean (esto es, su muy baja o nula
resiliencia) y su limitada posibilidad de adaptación, sea a las condiciones
climáticas actual eso a las futuras , por lo que requieren de ayuda externa.
OBJETIVO 1
Consolidar, en conjunto con los distintos
órdenes de gobierno, un sistema integral de Protección Civil capaz de responder
en forma efectiva ante los riesgos naturales y antropogénicos respecto a los
cuales la Ciudad se encuentra vulnerable.
META 1
Generar los mecanismos e instrumentos de
coordinación para la prevención y respuesta efectiva en materia de protección
civil en los distintos niveles: individual, familiar, social y gubernamental.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Mejorar la articulación y los mecanismos de comunicación de
las diversas instancias del Distrito Federal encargadas de la Protección Civil.
•
Desarrollar y mantener actualizados y difundir de manera
permanente los planes, programas y protocolos en materia de protección civil.
•
Incrementar y fortalecer la presencia del Sistema de Alerta
Sísmica, facilitando su acceso a toda la población y la capacitación para su
uso.
•
Instrumentar un programa de medidas de adaptación al cambio
climático para las zonas más vulnerables de la Ciudad (laderas y barrancas ante
deslaves; zonas bajas de la zona oriente ante inundaciones y zona centro ante
ondas de calor).
•
Implementar estrategias interinstitucionales que permitan la
atención e incorporación de las personas en situación de vulnerabilidad al
Sistema de Protección Civil.
•
Fortalecer la integración de comités de prevención de
desastres conformados por organizaciones de mujeres, grupos ambientalistas y
representantes de los entes que conforman la administración pública del
Distrito Federal.
•
Instrumentar un sistema de alerta temprana a eventos hidrometeorológicos
extremos.
META 2
Mejorar los esquemas de actualización del
sistema de información en materia de riesgos, infraestructura básica (drenaje,
gas, agua, electricidad, telefonía) e instalaciones estratégicas (gaseoductos,
hospitales y aeropuertos).
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Generar los esquemas de colaboración a nivel local y federal
para asegurar la actualización permanente de la información.
•
Fortalecer al Consejo de Protección Civil del Distrito
Federal, como el ente articulador del flujo y sistematización de la información
en materia de Protección.
OBJETIVO 2
Transitar de un modelo predominantemente
reactivo a uno basado en la gestión integral de riesgos que contemple la fase
preventiva, el auxilio y la recuperación.
META 1
Contar con un cuerpo de funcionarias y
funcionarios del Gobierno del Distrito Federal profesionalizados en materia de
Gestión Integral de Riesgos.
LÍNEA DE ACCIÓN
•
Implementar
un programa de formación, capacitación y acreditación de servidores públicos en
materia de Gestión Integral de Riesgos.
META 2
Incrementar la
participación de la sociedad en las acciones de protección civil con un enfoque
incluyente y de corresponsabilidad.
LÍNEA DE ACCIÓN
•
Implementar
programas de promoción, difusión y capacitación en materia de protección civil
dirigidos a la ciudadanía, que incentiven la cultura de la prevención basada en
una conducta proactiva.
EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
El desarrollo sustentable es aquel que
satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la
capacidad para cubrir también las de las generaciones futuras. Es un concepto
multidimensional que implica la articulación virtuosa entre los fenómenos
ambientales, sociales, económicos, políticos y culturales que interactúan en un
mismo territorio. De ahí que el desarrollo sustentable toque en forma
transversal prácticamente todas las actividades y procesos que se llevan a cabo
en las ciudades.
En los últimos años, la Ciudad de México ha
experimentado dos procesos importantes relacionados con el desarrollo
sustentable. Por un lado, las variaciones del clima, los eventos
hidrometeorológicos extremos y los cambios ambientales inducidos por la propia
ciudad han aumentado la vulnerabilidad de la población; por lo tanto, es
preciso, disminuir dicha vulnerabilidad y aumentar la capacidad de respuesta
para amortiguar y restablecer los sistemas y funciones de la ciudad ante las
variaciones del clima. Para ello deben tomarse en cuenta las diferentes
dimensiones de la sustentabilidad y que las acciones de protección civil, de
gestión del agua, del suelo, de la salud y de la restauración ambiental, entre
otras, están vinculadas.
Por otro lado, el desarrollo económico de la
Ciudad de México ha estado marcado en las últimas décadas por un ritmo de
crecimiento menor al ritmo nacional. Esta tendencia se explica por la
desindustrialización y terciarización de la economía de la Ciudad, alentadas a
su vez por normas y políticas orientadas a la disminución de las emisiones
contaminantes y de la contaminación del agua, que otorgaron un peso creciente a
los servicios de alto valor agregado, como los financieros, de información,
telecomunicaciones y turísticos (algo característico de las grandes metrópolis
en la nueva economía globalizada). El proceso de transformación de este perfil
económico ha traído, entre otras consecuencias, altas tasas relativas de
desempleo, subempleo y empleo informal, que han incidido sobre los niveles de
desigualdad social y pobreza. Por ello, resulta imperativo recuperar el
crecimiento y la generación de empleos de calidad bajo un enfoque de desarrollo
sustentable.
No obstante lo anterior, la Ciudad de México
cuenta con grandes oportunidades para transitar hacia un modelo de desarrollo
sustentable ya que, como capital del país, concentra los poderes federales y
cuenta con una multitud de servicios altamente especializados, lo que permite su
transición hacia patrones de producción y consumo que no deterioren el medio
biofísico, y generen empleos y los recursos necesarios para un reparto más
equitativo de la riqueza. Debe tomarse en cuenta que, como diversos estudios
han señalado, la competitividad de una ciudad involucra tanto a una economía
estable y dinámica, a la innovación productiva, a un amplio mercado laboral e
infraestructura urbana suficiente, como a una sociedad incluyente con una
eficiente gestión y cultura ambientales, entre otros factores, pues ello le
permite atraer y retener inversiones y el talento necesarios para generar un
círculo virtuoso de desarrollo. Conciliar desarrollo social, crecimiento
económico y sustentabilidad ambiental es importante porque no se pueden resolver
realmente las carencias sociales sin desarrollo económico, a la vez que no
puede haber desarrollo económico sin la preservación y el uso adecuado de los
recursos naturales.
Ante este escenario,
el Gobierno del Distrito Federal establece como uno de los ejes estratégicos de
su gestión el de Desarrollo Económico Sustentable. Este busca promover en forma
coordinada, y desde un enfoque de igualdad sustantiva y respeto a los derechos
humanos, diversas acciones que se pueden englobar en siete grandes temáticas: los
cambios en el uso de suelo y el cuidado del suelo de conservación; el cambio
climático y la calidad del aire; el adecuado abastecimiento y calidad del agua;
el mejoramiento de las capacidades productivas de los pueblos originarios y
habitantes de zonas rurales; la inversión y el empleo; la competitividad
económica, y la vinculación de la ciencia y la tecnología con el sector
productivo.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 1. Suelo de Conservación
El cambio en los usos
de suelo, producto de la constante urbanización y la expansión de la frontera
agrícola en el suelo de conservación, afecta negativamente los servicios
ambientales, en particular la recarga del acuífero, pone en riesgo la
sustentabilidad de la Ciudad y limita el desarrollo de la capacidad emprendedora
de mujeres y hombres.
DIAGNÓSTICO
El Suelo de Conservación del Distrito Federal
(SCDF) se refiere al espacio que por sus características ecológicas provee
servicios ambientales imprescindibles para el desarrollo y mantenimiento de la
calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. Tiene una extensión
de 87,291 ha, que representa el 59% del Distrito Federal, y se localiza
principalmente al sur y surponiente de la Ciudad. La distribución por
delegación es la siguiente: Cuajimalpa de Morelos 7.5%, Álvaro Obregón 3.1%, La
Magdalena Contreras 5.9%, Tlalpan 29.4%, Xochimilco 11.9%, Tláhuac 7.2%, Milpa
Alta 32.2%, Gustavo A. Madero 1.4% e Iztapalapa 1.4%.
Dentro de los principales servicios
ambientales que el SCDF ofrece están los siguientes: 1) recarga del acuífero de
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México; el 41% del agua que se consume en
el Distrito Federal proviene del Acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad
de México y otras fuentes subterráneas; el SCDF es la principal fuente de recarga
con un volumen promedio anual de 151.4 Mm3; 2) reducción de la contaminación;
la cubierta vegetal permite fijar gases que promueven el efecto invernadero; el
volumen de carbono total almacenado en el SCDF se estima en 8.5 millones de
ton/carbono; 3) reservorio de biodiversidad; las especies localizadas en el
SCDF representan el 11% de la riqueza biológica nacional y el 2% mundial; la
biodiversidad permite mantener la salud de los ecosistemas y es fuente de
ingresos; 4) regulación del clima; la cubierta vegetal actúa como elemento
regulador del clima al absorber una importante cantidad de radicación solar; en
el último siglo la temperatura en el Distrito Federal aumentó 4ºC, de los
cuales 3ºC corresponde al efecto de isla de calor producto de la urbanización;
5) estabilización de suelos y retención de agua; la cubierta vegetal disminuye
los procesos de erosión eólica e hídrica; el 89% del SCDF tiene una capacidad
de retención de suelo entre alta y media; si esta capacidad cambiara a erosión
ligera, se generarían alrededor de 10 mil toneladas de partículas al año; por
otro lado, la capacidad de retención de agua evita inundaciones y daño a la
infraestructura hidráulica y urbana; y 6) posibilidades de recreación y
mantenimiento de valores escénicos y culturales.
No obstante el amplio
reconocimiento de los beneficios que aporta el SCDF, en este espacio convergen
una serie de factores que están generando cambios de uso de suelo, en
detrimento de los servicios ambientales. Algunos indicadores de degradación son
los siguientes: 1) pérdida de la cubierta forestal; en el periodo 2000-2010 se
perdieron 240 ha/año de cubierta forestal; las principales causas son la
expansión de la mancha urbana y de la frontera agrícola; 2) fragmentación del
bosque; se estima que en el SCDF 40 mil ha están ocupadas por bosque; sin
embargo, sólo en 14,272 ha se tienen bosques densos y continuos; las
principales causas son la expansión de la frontera agrícola y la tala y
extracción ilegal de madera; 3) incendios forestales; de 2004 a 2009 se
registró un promedio de 1,036 incendios al año, que afectaron anualmente 1,600
ha; diversos estudios sugieren que la mayoría de los incendios son provocados
con la intención de provocar el cambio de uso de suelo; 4) tiro de cascajo; se
tienen identificados 68 sitios donde regularmente se desecha cascajo; las
delegaciones que concentran el mayor número de sitios son Xochimilco, Tlalpan,
Tláhuac y Milpa Alta; 5) asentamientos humanos irregulares; para 2010, existían
859 asentamientos humanos irregulares, ocupando una superficie de 2,800 ha; las
delegaciones que concentran el mayor número de asentamientos son Tláhuac, Milpa
Alta, Tlalpan y Xochimilco; 6) delitos ambientales, como la extracción de flora
y fauna, la contaminación de suelo y barrancas por aguas residuales y residuos
sólidos, el sobrepastoreo y el estado fitosanitario de los bosques; de 2007 a
2012 el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Medio
Ambiente y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial,
atendieron 2,857 denuncias.
Para tratar de revertir la tendencia de
deterioro en el SCDF, el Gobierno ha implementado diversos programas y acciones
a través de sus dependencias: 1) en 2000, se decretó el Programa General de
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF), el cual tiene como
objetivo conservar los servicios ambientales mediante la regulación de los usos
del suelo y de las actividades productivas; actualmente el PGOEDF se encuentra
en proceso de actualización; 2) pago por servicios ambientales; actualmente 13
mil ha se encuentran bajo el Programa de Retribución por la Conservación de los
Servicios Ambientales; se destinan a este programa 19.5 millones de pesos al
año, beneficiando a 6 núcleos agrarios; 3) participación social en actividades
de conservación; de 2008 a 2012, mediante el Programa de Fondos de Apoyo para
la Conservación y Restauración de los Ecosistemas a través de la Participación
Social, se apoyaron 5,644 proyectos con un presupuesto de 505 millones de
pesos; 4) reforestación y reconversión productiva; entre los años 2007 y 2011,
se plantaron 10.09 millones de árboles y arbustos, se logró la reconversión de
823.47 ha de uso agrícola y pecuario por plantaciones agroforestales y se
proporcionó mantenimiento a 8.1 millones de árboles reforestados en años
anteriores; 5) producción de planta en vivero; en el periodo 2006–2012 se
produjeron 48 millones de plantas; la producción de planta permite apoyar las
acciones de reforestación en el SCDF; parte de la producción se envía a los
estados vecinos para apoyar sus programas de conservación.
OBJETIVO 1
Revisar y hacer mejoras al marco normativo
sobre suelo de conservación, privilegiando la concepción de este como un
territorio clave para el mantenimiento de la calidad de vida, la sustentabilidad
y la competitividad de la Ciudad de México, mediante esquemas que propicien la
participación ciudadana.
META 1
Homologar contenidos, normas, criterios y
procedimientos para la elaboración de los Programas Generales de Ordenamiento
Ecológico y de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Revisar la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley Ambiental para
homologar políticas, zonificaciones, usos del suelo y figuras jurídicas, con el
fin de regular la planeación territorial, promover el desarrollo económico y
avanzar en la construcción de una sola visión del territorio.
•
Actualizar el Programa General de Ordenamiento Ecológico en
concordancia con el Programa General de Desarrollo Urbano, para garantizar la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ambientales.
•
Actualizar los programas delegacionales de desarrollo urbano
para que incorporen lo establecido en el Programa General de Ordenamiento
Ecológico, considerando las especificidades de cada territorio.
•
Conformar un mecanismo de planeación y supervisión de la
gestión del suelo de conservación por el gobierno central y delegacional en
conjunto.
•
Crear un programa de consolidación de asentamientos rurales y
expansión cero, con inversiones en infraestructura de abasto energético con
fuentes alternas.
META 2
Revisar y fortalecer el Sistema Local de
Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Revisar y actualizar las declaratorias de Áreas Naturales
Protegidas (ANP) de jurisdicción local, para que efectivamente cumplan con la
función de conservar los recursos naturales y los servicios ambientales.
•
Revisar y actualizar los programas de manejo de las ANP
locales.
•
Garantizar que todas las ANP locales cuenten con programa de
manejo y cumplir con el Plan Rector de las Áreas Naturales Protegidas.
•
Desarrollar mecanismos financieros alternos y fuentes de
financiamiento diferentes a las gubernamentales, para la aplicación de los
programas de manejo y la adecuada administración de las ANP locales.
META 3
Detener el crecimiento de los asentamientos
humanos irregulares en el SCDF (crecimiento cero) y recuperar espacios
ocupados, principalmente los que se localizan en zonas de alto valor ambiental
o zonas de alto riesgo.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Homologar autoridades urbanas y ambientales, así como la
cartografía y bases de datos sobre zonas urbanas al interior del SCDF, para
lograr certeza jurídica sobre los límites de los espacios urbanos y los de
conservación.
•
Desarrollar políticas y normas para la gestión territorial en
el SCDF, que garanticen el control de los asentamientos humanos irregulares, la
calidad de vida de los ya establecidos, con criterios de igualdad de género, y
la protección de las zonas de conservación.
•
Implementar acciones de control y recuperación de espacios
invadidos por asentamientos humanos irregulares, priorizando zonas de alto
valor ambiental y de riesgo con criterios de igualdad de género.
OBJETIVO 2
Desarrollar programas de alto impacto
económico y social para el aprovechamiento diversificado y sustentable del
territorio, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y los
servicios ambientales, fomentando la participación ciudadana.
META 1
Pasar de 13 mil a 30 mil hectáreas protegidas
bajo la modalidad establecida por el Programa de Retribución por la Conservación
de los Servicios Ambientales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Revisar y hacer las modificaciones de mejora necesarias al
Programa de Retribución por la Conservación de los Servicios Ambientales.
•
Identificar zonas de alto potencial para la generación de
servicios ambientales en el SCDF, a fin de valorar los servicios para el diseño
de un sistema de compensación o pago por servicios ambientales al SCDF.
•
Desarrollar un modelo y esquema de contrato o compensación
que permita convenir con las y los dueños de los terrenos la conservación y
desarrollo de los servicios ambientales a largo plazo.
•
Identificar fuentes y esquemas de financiamiento para el
desarrollo y ampliación del Programa de Retribución por la Conservación de los
Servicios Ambientales, entre ellos sistemas voluntarios de pago por servicios
ambientales u obligatorios para usuarios comerciales e industriales.
•
Promover que el SCDF participe como área emisora dentro del
Sistema de Transferencia de Potencialidad.
META 2
Incrementar la eficiencia de los recursos y
de las actividades orientadas a la conservación y restauración de los
ecosistemas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Revisar y hacer las mejoras pertinentes del Programa de
Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas
(PROFACE) a través de la participación social.
•
Identificar los territorios degradados o susceptibles de
llevar a cabo proyectos o actividades para la conservación, la restauración
ecológica o el desarrollo de los servicios ambientales.
•
Iniciar un proceso de restablecimiento de los causes de los
ríos ahora entubados, en zonas apropiadas.
•
Desarrollar proyectos integrales de gran alcance para la
restauración y conservación de territorios con alto potencial para la generación
de servicios ambientales.
•
Elaborar acuerdos con núcleos agrarios, con las y los
pequeños propietarios o con grupos organizados, para el desarrollo e
implementación de los planes y proyectos para restauración y conservación.
OBJETIVO 3
Garantizar a las y los habitantes de la
Ciudad de México el derecho a un ambiente sano y con mejor calidad de vida, con
criterios de igualdad de género.
META 1
Fortalecer el marco institucional, normativo
y tecnológico de las actividades de regulación, inspección, vigilancia y
aplicación de la legislación ambiental.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Establecer la coordinación interinstitucional entre las
autoridades del Gobierno del Distrito Federal, para la aplicación efectiva de
la legislación ambiental en suelo de conservación y área urbana.
•
Modernizar la normativa y la administración para la atención
eficiente a las y los ciudadanos que realicen trámites relacionados con el
cuidado ambiental.
•
Capacitar y actualizar a las y los inspectores y
dictaminadores y funcionarios relacionados con temas ambientales, para la
correcta ejecución de las actividades de inspección y vigilancia.
•
Adoptar herramientas tecnológicas tales como la percepción
remota, que permitan una mayor presencia de la autoridad, así como una
identificación y atención temprana de ilícitos ambientales.
META 2
Difundir la información sobre los beneficios
y el valor que el SCDF tiene para la sustentabilidad de la Ciudad de México, la
importancia de su preservación y el contenido de la legislación ambiental y
urbana.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Desarrollar estrategias de comunicación educativa,
permanentes y orientadas a generar conocimiento y conciencia en las y los
habitantes de la Ciudad de México, con criterios de igualdad de género, sobre
la importancia del SCDF y el respeto a las normas que buscan preservarlo.
•
Generar de un sistema de información ambiental de acceso
público y que sirva para la toma de decisiones y una adecuada orientación de
las políticas públicas.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 2. Calidad del Aire y
Cambio Climático
No obstante los significativos
esfuerzos y logros de los últimos quince años, la Ciudad de México aún padece
efectos negativos por la contaminación atmosférica y el cambio climático, lo
cual se asocia a una dinámica urbana desordenada que limita la competitividad
de la Ciudad y propicia daños a los sistemas naturales y a la salud,
particularmente a las personas en situación de vulnerabilidad.
DIAGNÓSTICO
A lo largo de varias décadas, el desordenado
crecimiento poblacional de la Ciudad de México ha dado por resultado una estructura
urbana extendida, disfuncional, fragmentada y con inequidades sociales,
producto de procesos socioeconómicos, políticos y ambientales desarticulados.
Esta estructura urbana y demográfica ha propiciado un mayor número de
desplazamientos, cada vez más prolongados. Actualmente, en el Distrito Federal
y su área conurbada ocurren más de 22 millones de viajes diarios, 90% de los
cuales se realizan en vehículos que utilizan gasolina y diesel, lo que produce
congestionamientos y, en consecuencia, altas emisiones de contaminantes y de
compuestos de efecto invernadero. Lo anterior, aunado a las emisiones de la
industria y de los más de 50 mil establecimientos de diferentes giros y
tamaños, así como a otras fuentes de contaminantes, ya sean viviendas o
servicios, ha generado daños directos a la salud de la población. La exposición
aguda y crónica a la contaminación del aire se asocia con el incremento de la
mortalidad y morbilidad. La OMS estima que la contaminación del aire es
responsable del 1.4% de todas las muertes prematuras a nivel mundial y del 0.8%
de la pérdida de años de vida con plena salud.
En los últimos 25 años la calidad del aire de
la ciudad ha mejorado, ya que han disminuido las concentraciones de la mayoría
de los contaminantes, de acuerdo con los límites máximos permitidos por las
NOM. Sin embargo, el ozono y las partículas suspendidas menores a 10 y 2.5
micrómetros (PM10 y PM2.5) siguen sin cumplir su normatividad respectiva,
además de que las NOM no corresponden con las recomendaciones internacionales
de calidad del aire. Adicionalmente a los contaminantes arriba mencionados, las
actividades que se desarrollan en el Distrito Federal emiten anualmente a la
atmósfera 36 millones de toneladas de bióxido de carbono y 5% de las emisiones
de GEI nacionales. A su vez, en los últimos 30 años, las emisiones asociadas al
proceso de urbanización han ocasionado un aumento de temperatura de
aproximadamente 2°C en el Valle de México, constituyéndose en uno de los
ejemplos más claros de Isla de Calor en el mundo. Por otra parte, datos sobre
el periodo 1877-2010 de la Estación Meteorológica de Tacubayaindican que la
precipitación pluvial anual acumulada ha aumentado en 66%.
Los efectos de la mala calidad del aire y del
cambio climático implican una pérdida directa de competitividad de la Ciudad.
Se conoce que si la temperatura global se estabilizara en 2ºC por arriba de la
temperatura preindustrial, la Ciudad de México perdería un porcentaje del PIB
anual en el rango de 1.3% a 6.8% cada año, por incremento en los precios de
productos agropecuarios, el aumento del consumo de energía y una mayor
incidencia de enfermedades infecciosas, entre otras razones.
Además, los costos y
consecuencias del cambio climático no se distribuyen de manera uniforme entre
la población: en términos de género, dado que la división sexual del trabajo
deriva en actividades diferenciadas para mujeres y hombres, y en términos
regionales, ya que los habitantes de las delegaciones que actualmente tienen un
menor nivel de desarrollo e ingreso per cápita (Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco
e Iztapalapa) son más vulnerables a los eventos hidrometeorológicos extremos.
Ante esta problemática, el Gobierno del
Distrito Federal ha trabajado en diversas estrategias como son la
implementación y actualización de las medidas del Programa para Mejorar la
Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México (PROAIRE), el
reforzamiento del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), la elaboración e
implementación del primer Programa de Acción Climática de la Ciudad de México,
la aprobación de la Ley de Cambio Climático y la conformación de la Comisión
Interinstitucional de Cambio Climático, entre otras.
OBJETIVO 1
Mejorar la calidad del aire para proteger la
salud de mujeres y hombres, con atención a sus necesidades específicas, en
congruencia con las nuevas políticas de desarrollo urbano.
META 1
Mejorar la calidad del aire de la ciudad
reduciendo las emisiones contaminantes.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Evaluar y mejorar el Programa para Mejorar la Calidad del Aire
2011–2020.
•
Reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles,
óxidos de nitrógeno y partículas y compuestos de efecto invernadero de las
industrias más contaminantes.
•
Actualizar los niveles de activación del Programa de
Contingencias Ambientales Atmosféricas, incluyendo el mecanismo de exención de las
industrias y los servicios.
•
Actualizar la normatividad ambiental local que establece los
límites y/o medidas necesarias para reducir las emisiones de precursores de
ozono y partículas.
META 2
Generar información sobre el estado de la
calidad del aire y los niveles de contaminación y sus riesgos, para el
conocimiento de la población, la evaluación permanente de la gestión ambiental
y el diseño de políticas ambientales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Operar el SIMAT de manera continua, las 24 horas del día, los
365 días del año, informando cada hora y cumpliendo los estándares de calidad,
representatividad y disponibilidad.
•
Mantener el monitoreo de los contaminantes criterio,
variables meteorológicas de superficie, radiación solar ultravioleta y depósito
atmosférico.
•
Incorporar gradualmente en el SIMAT la medición de nuevos
compuestos que representan un riesgo para la salud humana y que aún no se
encuentren regulados por la normatividad federal.
•
Fortalecer el SIMAT para el monitoreo de los principales
compuestos químicos involucrados en la formación del ozono y partículas
suspendidas, a fin de diseñar políticas para reducir su concentración.
META 3
Reducir las emisiones
y controlar las fuentes móviles y fijas de emisiones asociadas al comercio
ambulante y de alimentos de la Ciudad.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Promover estudios y evaluaciones del mercado, del volumen y
del tipo de emisiones asociadas a la quema de leña y carbón realizada por
comercios fijos y ambulantes.
•
Crear mecanismos de regulación de este mercado y de
recaudación de impuestos a la quema de estos combustibles.
•
Establecer incentivos fiscales para que la industria
restaurantera adopte normas de emisión de gases apegadas a normativas
internacionales.
•
Apoyar a empresas locales que produzcan equipo
anticontaminante en el rubro de emisión de gases.
OBJETIVO 2
Disminuir los impactos en el clima de la
Ciudad y los riesgos ambientales, sociales y económicos derivados del cambio
climático.
META 1
Elaborar e implementar de manera
participativa la Estrategia Local de Acción Climática y el Programa de Acción
Climática 2013-2018.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Consolidar la tendencia a la reducción de emisiones de compuestos
de efecto invernadero.
•
Mantener el posicionamiento internacional que actualmente
tiene la Ciudad de México como líder en dicha reducción.
•
Incorporar en la formulación de la Estrategia Local de Acción
Climática y el Programa de Acción Climática 2013-2018 a las comunidades
indígenas locales, a las mujeres y a la población en general.
META 2
Reducir la vulnerabilidad de la población
ante el cambio climático, con criterios de igualdad de género y defensa de la
economía y los sistemas naturales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Diseñar, implementar y dar seguimiento a un programa de adaptación
al cambio climático.
•
Diseñar e implementar un Sistema de Alerta Temprana, para
contar con el monitoreo, modelaje, diagnósticos y pronósticos climáticos que
permitan prevenir los impactos y riesgos de origen hidrometeorológico.
•
Fortalecer con perspectiva de género las capacidades de
adaptación de la población a los efectos asociados al cambio climático.
•
Fortalecer las capacidades institucionales del gobierno de la
ciudad, y el vínculo de este con los sectores académico y social, a fin de dar
respuesta eficaz a los diagnósticos y pronósticos del Sistema de Alerta
Temprana.
•
Identificar las zonas y los segmentos de la población más
vulnerables a los eventos climáticos extremos, para realizar acciones
preventivas y de respuesta rápida, con criterio de igualdad de género.
META 3
Impulsar la competitividad de la Ciudad a
través de la eficiencia de procesos y el uso de tecnología de vanguardia.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Impulsar la eficiencia energética de las instalaciones y
operaciones de los sectores público y privado.
•
Impulsar el uso de energías renovables en los sectores
público y privado, así como en el espacio doméstico.
•
Fomentar las buenas prácticas ambientales en el sector
privado, que generen beneficios ambientales, sociales y económicos.
•
Promover la investigación y el desarrollo tecnológico para el
uso de energías renovables.
•
Desarrollar un programa de financiamiento para la sustitución
de calentadores de gas por calentadores solares de uso doméstico.
•
Crear incentivos fiscales para los hogares y las empresas que
produzcan electricidad con celdas solares.
META 4
Incrementar la participación y compromiso
ciudadano en el cumplimiento de acciones que reduzcan los efectos y causas del
cambio climático.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Impulsar una cultura de participación ciudadana para la
reducción de emisiones domésticas que propician el cambio climático.
•
Informar cotidianamente a la población sobre la problemática
del cambio climático y las acciones que desarrolla el gobierno de la ciudad para
mitigarlo y adaptarse al mismo.
•
Desarrollar periódicamente esfuerzos de difusión de la
relación del cambio climático con las formas de vida y consumo de la sociedad.
•
Promover de manera intensiva acciones de reforestación en
calles, camellones, parques, techos y muros de casas-habitación, para generar
condiciones de microclima que permitan amortiguar las ondas de calor.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 3. Abastecimiento y
Calidad del Agua
En algunos sectores de
la Ciudad de México existe una dotación de agua insuficiente, discontinua y sin
la calidad requerida, lo que desincentiva el desarrollo social y económico y
puede involucrar riesgos de salud pública, lo que afecta en mayor medida a las
mujeres con un consumo del líquido asociado a sus necesidades biológicas y un
abastecimiento asociado a la división sexual de trabajo que hace que el mismo
sea fundamentalmente su responsabilidad en las colonias con desabastecimiento
de agua.
DIAGNÓSTICO
El abastecimiento de agua potable, uno de los
servicios públicos más importantes que proporciona el gobierno de la ciudad, se
orienta a satisfacer los requerimientos de una población residente de
aproximadamente 8.8 millones de habitantes y de una población flotante estimada
en 4.2 millones de personas. Para ello, se suministra un caudal promedio de
31.9 m3/s, provenientes de fuentes locales (pozos en los acuíferos de Lerma, de
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y de Chiconautla, así como
manantiales diversos y el Río Magdalena) y federales (Sistema Cutzamala y pozos
de los Sistemas La Caldera y Ramal Barrientos), que representan el 64% y el 36%
del caudal, respectivamente. Sus usos son 48% doméstico y 17% industrial y de
servicios, ya que el 35% restante se pierde durante la distribución. Se
considera que la población residente recibe una dotación promedio de 327 l/h/d
(considerando pérdidas). Del total del caudal suministrado a la Ciudad, 41%
corresponde a las extracciones subterráneas del Acuífero de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México, lo que provoca una sobreexplotación del
mismo y un déficit del 23% en la recarga e induce un hundimiento del terreno
que afecta a la infraestructura urbana.
El Gobierno del Distrito Federal, a través
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, opera y mantiene diariamente 1,290
km de red primaria, 11,971 km de red secundaria, 765 km de acueductos y líneas
de conducción, 357 tanques de almacenamiento, 268 plantas de bombeo, 49 plantas
potabilizadoras, 15 plantas cloradoras, 976 pozos, 69 manantiales, 33 garzas,
458 dispositivos de cloración y 10 trifurcaciones, con lo cual se logra una
cobertura de distribución a nivel toma domiciliaria del 98% y un 2% mediante
carros-pipa. Sin embargo, la distribución del agua no es homogénea; por
ejemplo, los residentes de Iztapalapa reciben 200 litros por día, mientras que
en algunas zonas del poniente de la ciudad reciben más de 350. Ello se explica
porque alrededor de un millón y medio de habitantes se abastecen con servicio
tandeado y 180 mil no cuentan con redes que permitan la instalación de toma
domiciliaria, por no estar en un uso de suelo permitido; además, las pérdidas
por fugas en la red, clandestinaje y caudales no contabilizados impiden una buena
distribución del recurso.
La calidad del agua en las zonas poniente,
norte, centro y sur de la Ciudad de México en general es satisfactoria. Sin
embargo, esto no es del todo así en la zona oriente, donde para garantizar que
la calidad del agua suministrada cumpla plenamente con la normatividad se
requiere construir plantas potabilizadoras a pie de pozo, lo cual implica
grandes inversiones.
En atención a esta problemática, entre otras
acciones, se ha realizado el análisis de fuentes alternativas externas para
trasvasar nuevos caudales que permitan complementar la oferta actual y reducir
la sobreexplotación. Asimismo, para favorecer la recarga del acuífero se han
instalado 145 pozos de absorción con capacidad promedio de 45 lps, 24 presas de
gaviones en suelo de conservación para retener los escurrimientos superficiales
e inducir la infiltración, y una planta piloto de 20 lps con capacidad de 2
m3/s para recarga artificial del acuífero.
Las acciones a realizar se dirigirán a
ampliar el acceso al agua en forma correspondiente con la dignidad y la salud
humana, ya que este derecho es una condición fundamental para la supervivencia
y el desarrollo humano de las y los habitantes de la Ciudad de México; en este
sentido, debe destacarse la importancia de fortalecer los procesos de
participación y toma de decisiones de las mujeres en cuanto al derecho al agua.
OBJETIVO 1
Explorar alternativas tecnológicas, de
infraestructura y administración para dotar a toda la población de agua potable
en forma suficiente y continua, bajo el principio de igualdad y no
discriminación, a fin de mejorar las condiciones de equidad e inclusión social.
META 1
Continuar con los estudios para determinar la
factibilidad de trasvasar agua de fuentes externas a la Cuenca de México y, en
coordinación con el gobierno federal, explorar con fines de aprovechamiento el
acuífero profundo a 2,000 m, mediante la perforación de 3 pozos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Realizar los estudios y proyectos para determinar las
características físico-químicas y condiciones de explotación de las probables
fuentes de suministro de la Ciudad de México.
•
Perforar pozos profundos para delimitar el nuevo acuífero,
analizar sus características geohidrológicas y de calidad del agua, y definir
las políticas para su explotación.
META 2
Aumentar los niveles de recaudación y
explicitar el esquema de subsidios y los esquemas tarifarios diferenciados,
mediante la reestructuración del sistema comercial y la actualización
permanentemente del padrón de personas usuarias.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Contar con sistemas de micromedición completos, que permitan
una facturación y cobranza eficientes, un control eficaz de los consumos y de
los ingresos, a fin de tener un sistema de recaudación más preciso, eficaz y
equitativo.
•
Diseñar e implementar un programa permanente de mantenimiento
preventivo y correctivo de los medidores.
•
Actualizar en forma permanente el padrón de personas
usuarias, a fin de conocer el universo de todas las tomas de agua y tener un
control de cada una de ellas.
•
Actualizar el esquema tarifario para hacerlo más equitativo,
y explícitos los subsidios federales y locales, considerando tarifas
diferenciadas (uso comercial, industrial, agrícola, público y doméstico).
•
Actualizar el catastro completo de la red de distribución de
agua potable y de alcantarillado sanitario y pluvial.
OBJETIVO 2
Garantizar que la calidad del agua de las
fuentes de suministro y la que se entrega a la población cumpla con la
normatividad establecida para consumo humano, disminuyendo el riesgo de afectar
la salud pública.
META 1
Continuar y mejorar el programa permanente de
vigilancia de la calidad del agua en el sistema hidráulico.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Ampliar la red de monitoreo de la calidad del agua en todo la
Ciudad de México e incrementar la frecuencia en la toma de muestras, para tener
un mejor conocimiento de la calidad del agua.
•
Automatizar el monitoreo de la calidad del agua en las
estaciones de distribución en bloque, que permita la lectura en tiempo real de
los parámetros y dosificaciones desde un centro de control.
•
Certificar a los laboratorios de control de la calidad del agua
para alcanzar las condiciones óptimas y seguras del proceso de recolección de
las muestras y de su control y análisis para la obtención de resultados
transparentes, y facilitar el acceso a la población.
•
Analizar el comportamiento epidemiológico de las enfermedades
gastrointestinales y su correlación con los niveles de cloro en la red primaria
de suministro de agua.
META 2
Potabilizar el agua que se
distribuye a la población en un 100%, a fin de incrementar la oferta de agua
potable.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Construir plantas potabilizadoras en zonas donde la calidad
del agua requiera de algún proceso de tratamiento para su uso y consumo humano.
•
Diseñar e implementar un programa permanente de mantenimiento
de las plantas potabilizadoras, el cual considere la instrumentación y
consolidación de laboratorios.
META 3
Realizar acciones de fomento sanitario en el
100% de las colonias que se encuentran en riesgo por cloro residual fuera de
norma.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Capacitar a la población sobre el correcto lavado de los
depósitos de agua.
•
Orientar a la población para la correcta conservación y
potabilización de agua para uso y consumo humano.
•
Implementar un programa de análisis de agua de uso y consumo
humano, para identificar y disminuir los riesgos a la salud.
OBJETIVO 3
Aumentar la cultura de uso eficiente y manejo
sanitario del agua en la población.
META 1
Evaluar y mejorar el Programa de Uso
Eficiente del Agua.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Diseñar y promover un sistema de pago por servicios
ambientales voluntario, para el mantenimiento de los servicios hídricos a la
ciudad.
•
Fomentar el cuidado y uso eficiente del agua entre la
población.
•
Reducir la incidencia de fugas intradomiciliarias, a fin de
disminuir el porcentaje de pérdidas.
•
Continuar con las campañas de sustitución de muebles de baño
por aquellos de bajo consumo y de instalación de dispositivos ahorradores.
META 2
Realizar campañas de información y apoyo a la
población para conocer y prevenir riesgos sanitarios por consumir agua no
potable.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Proporcionar medios e insumos idóneos para la potabilización
del agua de uso y consumo humano.
•
Realizar acciones de orientación y difusión sobre las
características que debe tener el agua potable, a fin de evitar enfermedades
gastrointestinales.
•
Identificar riesgos por mala calidad del agua que pongan en
peligro la salud de la población y definir estrategias para su reducción.
META 3
Desarrollar tecnologías y alternativas para
la cosecha y el aprovechamiento del agua pluvial, así como la gestión del agua,
mediante el diseño e implementación de una estrategia para incrementar el
abastecimiento en el mediano y largo plazos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Diseñar en coordinación con el sector académico y social una
estrategia de mediano plazo sobre fuentes y gestión alternativas del agua.
•
Promover la investigación y el intercambio científico y
tecnológico para la adopción y/o desarrollo de formas alternativas de acceso y
gestión del agua.
•
Crear un programa de restauración y conservación de manantiales
del suelo de conservación.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 4. Comunidades Rurales y
Sector Agropecuario
La baja rentabilidad y
sustentabilidad de los sectores agropecuarios, acuícola, agroforestal y de
servicios ecoturísticos deteriora la forma de vida de las mujeres y los hombres
pertenecientes a los pueblos originarios, así como de la población rural de la
Ciudad de México, y les resta capacidad para coadyuvar en la conservación de
los servicios ambientales para la ciudad.
DIAGNÓSTICO
La protección y conservación del patrimonio
natural de la Ciudad de México es fundamental para la supervivencia de la
población, pues esta depende de los servicios ambientales que ahí se originan.
Como ya se señaló, el suelo de conservación corresponde a un área de 87,291 ha,
que representa 59% de la superficie total de la entidad, en la que se
encuentran asentados 64 poblados originarios pertenecientes a las siete
delegaciones que cuentan con suelo rural o suelo de conservación. En este
espacio se desarrollan diversas actividades económicas, como la pecuaria,
agrícola, piscícola, forestal y la práctica del ecoturismo y el turismo rural y
de aventura. Estas actividades son realizadas por productores agropecuarios, en
su mayoría a pequeña escala.
Los pueblos originarios que se asientan en el
suelo de conservación poseen gran riqueza natural y cultural, lo que genera un
amplio potencial para el desarrollo del turismo alternativo, así como la
producción de nopal, hortalizas, avena, forrajes, romerito, maíz, flor de
ornato y amaranto. Sin embargo, la rentabilidad de estas actividades
empresariales ha sido nula o baja, debido a la dificultad de los productores
para obtener créditos, la falta de infraestructura moderna y adecuada para
eventualidades climatológicas, la desvinculación con los mercados y la escasa
asistencia técnica. La mayoría de las prácticas productivas que se realizan en
esta zona causan contaminación y degradación del suelo, por su compactación y
el uso de agroquímicos, con lo que se pierde productividad y rentabilidad y se
genera una tendencia al abandono de estas actividades y a la pérdida de
identidad de los pueblos rurales del Distrito Federal. Esta situación también
propicia en parte el crecimiento de los asentamientos humanos irregulares o el
establecimiento de nuevos.
Por otro lado, el
suelo de conservación que funciona como la reserva territorial de la Ciudad ha
estado permanentemente amenazado por la expansión urbana. La presencia de
asentamientos humanos irregulares y el desarrollo inmobiliario han contribuido
a la expansión de la urbanización hacia las zonas rurales, lo que se traduce en
el continuo cambio de uso del suelo y un deterioro de los principales recursos
naturales.
Aunado a lo anterior, la disputa por posesión
de tierras ocasiona que existan tierras productivas ociosas y dificultades para
la conservación y restauración de ecosistemas. Se estima que actualmente 27 mil
ha se encuentran en litigio entre las comunidades, lo que deriva en conflictos
sociales y políticos. Muchos de estos conflictos se dan por la indefinición
jurídica de la propiedad, lo que solo favorece el desarrollo de mercados
informales de tierras que castigan los precios de los ejidatarios y comuneros y
propician una urbanización basada en la venta ilegal de tierras comunales y
ejidales. La invasión de terrenos y la falta de definición de límites
territoriales son fuente importante de inestabilidad social.
Actualmente, el turismo alternativo no
representa una aportación importante a la economía local, pese a existir un
amplio potencial para el desarrollo de ecoturismo y turismo cultural y de
aventura, al que se asigna un escaso presupuesto. Con excepción de Xochimilco,
la zona rural no se incluye dentro de los atractivos turísticos que
generalmente se promocionan, a lo que se aúna que las 90 microempresas
asociadas a las rutas turísticas están descapitalizadas y presentan
limitaciones de capacitación, así como técnicas y procesos deficientes de
comercialización y de desarrollo de productos.
Las siete delegaciones con actividades
rurales cuentan en su conjunto con 188 organizaciones económicas de
productores. Se estima que el 98% de los productores no se beneficia con
créditos ni seguro, el 71% no utiliza tractores, el 88.5% trabaja en forma
individual en superficies de temporal, mientras que solo el 31.6% de los ejidos
y comunidades cuentan con asistencia técnica y solo el 7.9% usan semillas
mejoradas. Asimismo, no existen los instrumentos y programas de fomento
institucional que permitan la profesionalización y mejoramiento continuo de las
empresas rurales o la promoción y fomento del turismo alternativo; salvo
algunos subsidios entregados anualmente, no existen esquemas de acceso a
créditos en condiciones preferenciales.
OBJETIVO 1
Proteger y conservar los ecosistemas, así
como mejorar y fortalecer los sistemas productivos tradicionales y
agroecológicos para la preservación de los recursos naturales y genéticos del
suelo de conservación, mediante sistemas que mejoren el ingreso y la calidad de
vida de las familias rurales.
META 1
Restaurar y mejorar los ecosistemas e
impulsar su forestación.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Restaurar los sitios degradados en las laderas y cauces del
suelo de conservación, para favorecer la recarga del acuífero y evitar el
deterioro ambiental.
•
Evaluar los costos económicos y ecológicos de las masas
forestales para fomentar el pago por la conservación de los servicios
ambientales.
•
Articular las obras de construcción de barreras vivas,
terrazas y estructuras de control de azolves, para la retención de suelo y
agua.
•
Integrar nuevas Reservas Ecológicas Comunitarias (REC) o
Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica (ACCE).
•
Apoyar la ejecución de proyectos forestales participativos,
que promuevan la aportación de las personas al desarrollo de su comunidad,
especialmente de las mujeres, con criterios de igualdad de género.
META 2
Manejar de manera
sustentable los recursos naturales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Consolidar el sistema de monitoreo para detectar presencia de
transgénicos y promover la conservación del germoplasma de maíz nativo.
•
Monitorear permanentemente el estado de la flora y fauna
silvestre y de las especies en estatus especial de protección.
•
Impulsar la producción sustentable de alimentos libres de
agroquímicos, mediante el uso de técnicas agroecológicas, a través de programas
de capacitación, asistencia técnica y financiamiento a los productores rurales.
•
Crear el Centro de Documentación sobre el Suelo de
Conservación de la Ciudad de México, que cubra, entre otros, temas relacionados
con la producción rural sustentable.
OBJETIVO 2
Establecer un proceso de generación y
distribución de riqueza en la zona rural de la Ciudad de México, que promueva
la competitividad y mejora continua de los procesos productivos en el marco de
la sustentabilidad y genere empleos vinculados con actividades agroforestales,
agropecuarias, piscícolas y turísticas, integrando las cadenas productivas.
META 1
Generar empleos permanentes y sostenibles en
el sector rural, mediante el desarrollo de capacidades de las y los productores
rurales en el turismo alternativo.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Impulsar el turismo alternativo, a partir de rutas agroalimentarias
y patrimoniales.
•
Promover un fondo especializado para el desarrollo del ecoturismo
en las zonas rurales.
•
Desarrollar, certificar, apoyar, aprovechar y promover la
oferta turística de los pueblos y las comunidades de la zona rural.
•
Impulsar una campaña permanente en medios sobre la zona rural
y desarrollar una promoción específica de eventos turísticos relevantes.
•
Fortalecer las capacidades emprendedoras de las comunidades
rurales con potencial de aprovechamiento de su patrimonio cultural o natural
con fines de bienestar y sustentabilidad.
•
Destinar recursos para el apoyo de mujeres con empresas de
ecoturismo en zonas rurales.
META 2
Incorporar progresivamente tecnologías
limpias en las actividades económicas y productivas del sector rural.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Promover un distintivo de calidad para los servicios
turísticos del sector rural (ecoturismo, turismo de aventura, patrimonial,
etc.).
•
Garantizar el uso de ecotécnicas, que propicien la
independencia energética y de agua así como el adecuado tratamiento de residuos
en los proyectos de turismo de la zona rural.
META 3
Incorporar 5 mil ha del suelo de conservación
a la producción forestal comercial.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Evaluar la estructura organizativa y de operación e impulsar
mejoras al Programa de Reconversión Productiva para el Desarrollo de Plantaciones
Forestales Comerciales.
•
Caracterizar e identificar zonas susceptibles para llevar a cabo
la reconversión productiva hacia plantaciones forestales comerciales.
•
Elaborar el plan de negocios para el desarrollo de
plantaciones forestales comerciales e identificar fuentes de financiamiento.
•
Elaborar convenios con núcleos agrarios o pequeños propietarios
para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales.
OBJETIVO 3
Promover la capitalización impulsando la
competitividad y el mejoramiento continuo de las unidades de producción
forestal, agrícola, pecuaria y piscícola, así como las artesanales, de transformación
y comercialización.
META 1
Integrar los sectores agropecuario, forestal,
piscícola, artesanal, de transformación y comercial que permitan un crecimiento
económico sustentable.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Instalar el Gabinete de Desarrollo Rural, como un organismo
de coordinación interinstitucional que impulse una estrategia integral de
desarrollo económico y social del sector rural, con visión de largo plazo, con
perspectiva regional y en el marco de la sustentabilidad ambiental.
•
Instalar el Consejo Rural de la Ciudad de México, como un
órgano consultivo con funciones de asesoría, evaluación y seguimiento en
materia de política de desarrollo agropecuario y rural, que podrá contemplar la
participación de las delegaciones y de los sectores académicos, sociales e
institucionales.
•
Definir zonas de atención prioritaria para la concurrencia de
apoyos y programas de infraestructura, de conservación y de desarrollo
productivo.
•
Acordar con las cadenas de supermercados la compra de
productos locales a precio justo y con pago a tiempo.
•
Constituir figuras asociativas tales como sociedades de
producción rural y asociaciones civiles, para la integración de las cadenas de
valor y el desarrollo de cooperativas sustentables.
•
Desarrollar e impartir capacitación especializada a los
productores rurales y urbanos para la integración productiva.
•
Brindar oportunidades y prácticas concretas de igualdad y
equidad laboral, que mejoren las condiciones de las mujeres y revaloricen su
trabajo individual, familiar y social, con el fin de incrementar su
contribución al desarrollo.
META 2
Producir alimentos libres de agroquímicos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Establecer un programa que garantice la producción de
alimentos libres de agroquímicos, que favorezca la seguridad y autosuficiencia
alimentaria, así como la conservación y uso sustentable del suelo y agua.
•
Fomentar la producción de alimentos de buena calidad y de
alto valor nutritivo, mediante técnicas ecológicas, respetuosas del ambiente,
libres de contaminantes, con bajo consumo de agua y aprovechando los recursos
locales disponibles, a través de programas de reconversión productiva.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 5. Inversión, Empleo y
Áreas de Desarrollo
La distribución
territorial concentrada del crecimiento, la infraestructura y los servicios de
la Ciudad de México ha inhibido en algunas zonas la inversión y el empleo, y ha
limitado el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales, mermando la calidad de vida de la población, especialmente de los
sectores en condiciones de exclusión y vulnerabilidad que radican en las zonas
periféricas de la Ciudad.
DIAGNÓSTICO
La actual distribución territorial de la
Ciudad es el resultado de un proceso expansivo de crecimiento urbano y
localización del equipamiento y servicios. Dicho crecimiento y localización se
concentraron en la llamada ciudad central y consecuentemente han sido
notablemente menores en la periferia. Sin embargo, en las últimas décadas se ha
dado un desplazamiento de la población hacia los márgenes de la Ciudad y en los
municipios conurbados de la ZMVM. Las actuales pautas demográficas agravan esta
situación, pues la alta población joven de entre 14 y 29 años incrementa la
demanda habitacional y genera importantes retos en materia de uso de suelo, vivienda,
dotación de bienes y servicios, empleo y movilidad.
En consecuencia, en la llamada ciudad central
se han desarrollado zonas especializadas en actividades económicas, que
concentran la infraestructura, el equipamiento, la dotación de servicios y las
fuentes de empleo; mientras que el contorno intermedio de la ciudad cuenta
apenas con lo necesario para atender sus necesidades y la zona periférica
observa una franca subdotación de estos recursos. Esta distribución territorial
ha profundizado la desigualdad social y afectado la calidad de vida de muchos
habitantes de la Ciudad. Las mayores carencias se ubican en el límite del área
urbana con el suelo de conservación. Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y
Xochimilco son las delegaciones donde se concentra la mayor cantidad de
población en condiciones de pobreza.
Un ejemplo de esta problemática es el acceso
al disfrute de las áreas verdes. Las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco,
Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco
cuentan con áreas verdes de 9 a 16 m2 por habitante, apenas el mínimo
recomendado por los organismos internacionales (15m2); el resto de las
delegaciones tienen menos de 9m2 por habitante.
Debido a lo anterior, es importante la
implementación de estrategias que promuevan un desarrollo económico equitativo
y generador y distribuidor de riqueza, que se corresponda con un desarrollo
urbano equilibrado y ambientalmente sustentable y redunde en una mejor calidad
de vida y una mayor competitividad de la Ciudad. Se deberá evolucionar de un
modelo de ciudad recaudadora a un modelo generador de riqueza. Esta gestión
deberá reconocer el derecho de las mujeres a participar en las políticas de
desarrollo y del medio ambiente, ya que las mujeres y los hombres se relacionan
de manera diferente con su entorno y tienen necesidades, conocimientos,
responsabilidades y control diferente sobre los recursos naturales.
OBJETIVO 1
Diseñar e implementar un modelo generador y
distribuidor de riqueza basado en asociaciones estratégicas entre los sectores
gubernamental, académico, empresarial y social.
META 1
Orientar la inversión pública e incentivar la
inversión privada, mediante proyectos de coinversión, hacia zonas cuya
infraestructura urbana y estructura de oportunidades resulten insuficientes
para satisfacer las necesidades de la población.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Diseñar un plan de inversión pública con visión de largo
plazo.
•
Rediseñar el esquema jurídico y financiero para desarrollar
proyectos de coinversión que incentiven la inversión privada de forma ordenada
y transparente.
•
Realizar los estudios necesarios para identificar las zonas
estratégicas.
•
Incorporar bienes públicos y privados para el desarrollo
económico y social, mediante alianzas estratégicas con la ciudadanía, la
academia, los empresarios y el gobierno.
•
Establecer vínculos estratégicos entre inversionistas,
desarrolladores inmobiliarios, empresarios e instituciones educativas, de acuerdo
con las políticas urbanas.
META 2
Realizar proyectos de coinversión que
promuevan el desarrollo, generen flujos de recursos y ofrezcan liquidez para
aplicación en el corto plazo.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Promover proyectos estratégicos de infraestructura en bienes
y servicios con un impacto para el desarrollo urbano, social, económico y
ambiental, con el fin de generar vocaciones productivas específicas.
•
Promover proyectos de infraestructura, bienes y servicios que
ofrezcan soluciones a los inconvenientes de movilidad de la Ciudad a través de
soluciones tecnológicas.
•
Promover proyectos de infraestructura, bienes y/o servicios
con tecnología de vanguardia que aseguren el aprovechamiento de los recursos,
minimicen los efectos contaminantes y propicien la preservación de los recursos
naturales.
•
Promover proyectos con origen en la creatividad individual,
la destreza y el talento, que contribuyan a dignificar oficios populares, a
fortalecer la economía creativa y a fomentar la empresa cultural en campos
estratégicos.
•
Promover proyectos de bienes y servicios enfocados a crear
infraestructura y espacios turísticos que logren elevar el valor del patrimonio
público e incentiven la inversión.
OBJETIVO 2
Activar, de manera participativa y bajo la
rectoría de los poderes públicos, el desarrollo económico en múltiples espacios
de la Ciudad a partir de proyectos de inversión pública y de coinversión,
basándose en la política de recuperación de espacios públicos e infraestructura
económica y social.
META 1
Gestionar proyectos piloto para ser
replicados en zonas identificadas como prioritarias para la recuperación del
tejido social.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Convocar a académicos y organizaciones sociales para diseñar
proyectos de reactivación económica y social.
•
Identificar espacios públicos que reúnan diferentes características
económicas y sociales.
•
Implementar los proyectos piloto con la participación de las
autoridades, organizaciones sociales e instituciones académicas.
•
Evaluar los proyectos piloto realizados.
•
Diseñar un modelo de reactivación económica de espacios
públicos que pueda ser implementado en los espacios prioritarios de
recuperación del tejido social de las diferentes delegaciones del Distrito
Federal.
•
Desarrollar, con perspectiva de género, protocolos y
normatividad para el desarrollo de barrios integrales, que concentren los servicios
necesarios para el desarrollo de la vida cotidiana de las y los habitantes de
los mismos, y donde la dimensión cultural o patrimonial puedan contribuir al
bienestar.
META 2
Lograr la organización de comerciantes,
productores, prestadores de servicios, organizaciones sociales y otros actores
interesados en reactivar los espacios públicos de su comunidad.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Convocar a los diferentes actores económicos, sociales y
culturales para participar en la reactivación económica y social de los espacios
públicos.
•
Elaborar un plan de acción por delegación que integre las
diferentes propuestas de los actores económicos y sociales, tomando en cuenta
su dimensión cultural y dando prioridad a los centros históricos y sitos con
valor cultural.
META 3
Reactivar la economía y la convivencia social
de los espacios públicos prioritarios, para recuperar el tejido social y la
calidad de vida en cada una de las delegaciones de la Ciudad de México.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Integrar, por delegación y colonia, un padrón de espacios
públicos prioritarios para recuperación, que señale sus características
sociales, económicas y culturales, así como sus posibilidades de desarrollo y
recuperación.
•
Impulsar, en forma participativa, nuevas dinámicas económicas
y sociales en espacios públicos como plazas, jardines, parques y áreas
deportivas.
•
Revitalizar la economía de las colonias, barrios o pueblos de
la Ciudad.
•
Fomentar proyectos culturales comunitarios que tengan una
orientación hacia el bienestar y el desarrollo de proyectos productivos.
•
Promover la competitividad de las pequeñas economías y las
redes barriales.
•
Activar los mercados públicos mediante el impulso de las
economías e identidades locales y darles el valor de centros de barrio.
•
Diseñar modelos de gestión económica y tributaria de los
espacios culturales autónomos promoviéndolos con dimensión social y de forma
que contribuyan a generar empleos creativos.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 6. Desarrollo Empresarial
y Competitividad
Persisten la
rentabilidad limitada, el crédito inaccesible y mecanismos financieros
insuficientes para promover nuevas inversiones y apoyar el crecimiento y el
desempeño de las MIPyMES en las industrias ligeras y en las de servicios de
alto valor agregado, lo cual ha restado posibilidades al desarrollo, a la
mejora ambiental y a la generación de empleos de calidad para mujeres y
hombres.
DIAGNÓSTICO
A nivel nacional, la participación del
Distrito Federal en el PIB es actualmente de alrededor de 17%. Asimismo, es la
entidad federativa con la mayor aportación de actividades terciarias en el
país, generadoras del 85% del PIB local y 25.6% del nacional. La sexta parte
del PIB turístico nacional se produce en el Distrito Federal. El sector de los
servicios concentra cerca del 36% de las MIPyMES del país. Por otra parte, se
observa una tendencia creciente en la presencia de las industrias ligeras, las
relacionadas con el turismo, con la industria de hospedaje, alimentaria y de
bebidas, así como de las industrias tabacalera, maderera, química, textil y
extractiva de energía, agua y residuos, que no requieren grandes espacios para
infraestructura y cuentan con el potencial de generar un crecimiento sostenible
y socialmente deseable. Un ejemplo de este potencial es el de los restaurantes:
en 2009 en la Ciudad de México el 99% de los restaurantes y el 87.8% de los
establecimientos de hospedaje eran micro y pequeña empresa. El 11.6% del total
de los restaurantes del país se ubicaron en esta ciudad; en promedio emplearon
a 5.2 personas por establecimiento (frente al promedio de 3.8 nacional) y
pagaron el 21% de las remuneraciones nacionales y el 26% de las prestaciones
sociales, lo que sugiere que existe potencial en este sector para la creación
de empleos de calidad.
A pesar de la importancia de las MIPyMES, a
nivel nacional solo se destina el 4.3% del PIB para su financiamiento, menos de
la mitad del porcentaje que asignan varios de los países emergentes e
industrializados con los que México compite o es socio. Por ejemplo, en Brasil
la participación crediticia para el financiamiento de las MIPyMES es de 9.6%,
en España de 19.6% y en Estados Unidos de 29.4% del PIB. Las dificultades que
enfrentan las MIPyMES para acceder al crédito y la insuficiencia de mecanismos
de financiamiento limitan las posibilidades de apertura de nuevas empresas, así
como el crecimiento y la innovación en las ya existentes; esto redunda en
dificultades para la generación de empleos de calidad y en el incremento de
subempleo. Por otra parte, la crisis de 1994-1995 y la internacionalización de
la banca a principios del año 2000 propiciaron una mayor concentración del
crédito en las grandes corporaciones, lo que impidió el desarrollo de las
MIPyMES. Esto se manifestó de diversas maneras: altas tasas de interés,
exigencias para constituir garantías, falta de acceso a los mercados de
capital, falta de financiamiento de largo plazo, alta tasa de cierre de
MIPyMES, renuencia de las instituciones financieras para financiar proyectos de
bajo monto y abrumadoras exigencias de trámites. La falta de capacidad
financiera de las MIPyMES también impacta negativamente en el desempeño
ambiental y organizacional de las empresas, pues no tienen capital suficiente
para acceder a tecnologías limpias y a asesorías en aspectos técnicos, administrativos
u organizacionales.
El Gobierno del Distrito Federal, mediante la
operación del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO),
apoya a las MIPyMES a través del acceso a recursos de crédito y financiamiento
de proyectos productivos. De 2007 al 2012 se otorgaron 73 mil créditos, se
impartieron 600 cursos y se fortaleció a los sectores industrial, comercial y
de servicios, mediante los programas de Capital Semilla, Proyectos Productivos,
Aceleración de Negocios y Desarrollo de Proveedores. Como puede apreciarse, el
Gobierno ha provisto esquemas de financiamiento para segmentos que no tienen
acceso al crédito con las instituciones comerciales; sin embargo, los problemas
para la recuperación de cartera limitan la viabilidad de esta institución. A su
vez, en materia ambiental se han implementado programas de autorregulación para
mejorar el desempeño de las empresas y el acceso a incentivos fiscales, con lo
que se pretende que reduzcan sus costos y mejoren sus prácticas productivas.
Es de notar que en los últimos años el empleo
informal en la Ciudad de México se ha incrementado. En el año 2000, la
informalidad se estimaba en 26%, mientras que en 2012 la tasa de empleo
informal ascendió a 29.1%. Asimismo, la falta de capital de las MIPyMES
contribuye a que el 33.5% de las y los trabajadores remunerados no tengan acceso
a las prestaciones de ley.
En México, de cada 10 empresas que se crean y
se mantienen en el mercado solo dos están lideradas por mujeres. El Reporte
sobre Brecha de Género emitido por el Foro Económico Mundial señala que México
ocupa el lugar 109 entre 134 países en lo que se refiere al acceso a
oportunidades económicas para las mujeres. Lo anterior indica que no se ha dado
el apoyo suficiente para la participación de estas en la economía y los
negocios, dado que no se ha modificado la división sexual del trabajo. Apoyar
la gestión de empresas de mujeres adquiere importancia para el desarrollo
económico y demanda el diseño de políticas específicas.
Por otra parte, si bien en el país el turismo
generó en 2010 sólo el 7% de los empleos directos, es el principal sector
empleador de jóvenes entre 16 y 24 años y el segundo empleador en mujeres. En
la Ciudad de México se encontró el 34% de los empleos totales generados por el
sector. Representa el 9% de los puestos de trabajo en la entidad, por lo que se
puede afirmar que, a pesar de la crisis de 2009, el turismo sigue siendo un
generador importante de empleo. En este sentido, el Gobierno del Distrito
Federal ha atendido al sector con acciones en cuatro ámbitos fundamentales:
servicios al turista y desarrollo de calidad de los prestadores de servicios
turísticos a través de la certificación; desarrollo de zonas y corredores
turísticos; generación de información para el apoyo de toma de decisiones en el
sector; y la promoción, nacional e internacional, de la Ciudad de México como
destino turístico.
OBJETIVO 1
Generar nuevas inversiones en el corto plazo
mediante un modelo de vinculación entre los sectores públicos y privados que
permita detectar áreas de oportunidad.
META 1
Detectar nuevas oportunidades de inversión.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Establecer contacto cotidiano con los sectores de atención
públicos y privados, mediante sus interlocutores, como parte de la operación
del área de relaciones institucionales.
•
Determinar el modelo que permita detectar un área de
oportunidad para atraer, estudiar y consolidar una inversión, mediante la
determinación de un método de comunicación y detección expeditas.
•
Establecer reglas para la determinación del modelo de inversión,
ya sea pública y/o privada.
•
Generar, con base en la experiencia, modelos exitosos de
inversión, para determinar propuestas programáticas que sirvan de base para la
elaboración de políticas públicas en materia económica.
META 2
Captar y gestionar fondos extranjeros para el
desarrollo de proyectos internacionales en la Ciudad de México.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Identificar oportunidades de subvenciones de fondos para
proyectos de cooperación y desarrollo.
•
Crear una unidad de asesoramiento para emprendedores e
inversionistas extranjeros.
OBJETIVO 2
Incrementar la productividad de las MIPyMES
establecidas en la Ciudad de México, a través de programas y modelos
encaminados a mejorar las capacidades gerenciales, brindar asistencia técnica,
detectar y promover las mejores prácticas e incentivar la innovación
tecnológica.
META 1
Apoyar por lo menos a un 5% anual de las
MIPyMES en el Distrito Federal (90,000 unidades al final del gobierno), en
procesos de transferencia de tecnología y a través de cursos de capacitación,
formación empresarial y difusión de mejores prácticas, para mejorar su
productividad e incrementar su diferenciación en el mercado nacional e
internacional.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Elaborar un estudio-diagnóstico de las necesidades tecnológicas
de las MIPyMES por sector o actividad.
•
Generar programas de desarrollo, intercambio o transferencia
de tecnología producida por expertos nacionales o internacionales y fomentar la
atracción de nuevas tecnologías para la actividad económica.
•
Realizar un evento anual de innovación tecnológica para las
MIPyMES.
•
Diseñar y mantener un programa de capacitación y formación de
los y las empresarias, que incluya un plan de formación anual disponible en
medios electrónicos y presenciales.
•
Fomentar las incubadoras de MIPyMES culturales y creativas.
•
Detectar y difundir a través de un evento anual las mejores
prácticas implementadas por empresarios de la Ciudad de México.
OBJETIVO 3
Promover la creación y financiamiento de
MIPyMES en las industrias ligeras, como es el caso del turismo y de servicios de
alto valor agregado.
META 1
Lograr un incremento
anual de al menos un 10% en nuevos proyectos y financiamientos para las
MIPyMES, a través de apoyos del Gobierno del Distrito Federal y del Gobierno
Federal.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Consolidar acuerdos, fondos y recursos de apoyo para la
creación de MIPyMES en las industrias ligeras, en el turismo y en las de servicios
de alto valor agregado.
•
Diseñar y ejecutar un programa de asesoría a los y las
emprendedoras para la apertura de empresas.
•
Apoyar a mujeres innovadoras, emprendedoras y empresarias,
para acceder al crédito y fortalecer sus capacidades productivas y
competitivas.
•
Apoyar a las empresas culturales que promuevan la imagen de
la Ciudad de México como una ciudad creativa e innovadora y que vinculen arte,
tecnología y creatividad.
•
Fomentar la creación de MIPyMES turísticas.
META 2
Promover el posicionamiento internacional de
la Ciudad de México como destino turístico.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Desarrollar y promover la Marca de Ciudad como estrategia de
posicionamiento y de diferenciación.
•
Promover la identidad cultural de la Ciudad de México como
herramienta de promoción en su proyección internacional
•
Fomentar el posicionamiento de la Ciudad de México como destino
de turismo de congresos, convenciones y ferias a nivel internacional.
•
Gestionar la atención y acogida al turista promoviendo la
adaptación de servicios y sensibilización ante el turismo internacional.
•
Promover a la Ciudad de México como destino de turismo
cultural, deportivo, educativo y médico.
•
Desarrollar una estrategia de comercialización turística de
la Ciudad de México, de acuerdo a los segmentos de mercado que se determinen de
mayor interés.
OBJETIVO 4
Incrementar la competitividad de la MIPyMES
para generar economías de escala y sinergias entre proveedores locales y
grandes empresas, que dinamicen la economía y generen empleo de calidad.
META 1
Articular cadenas productivas, comerciales o
de servicios a través de la conglomeración económica, que permita que las
MIPyMES alcancen economías de escala.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Crear y consolidar el Programa de Inversión, Inducción y
Fomento Económico.
•
Utilizar los órganos colegiados en los que participa la
iniciativa privada y el Gobierno del Distrito Federal a fin de detectar y
plantear las necesidades de las grandes empresas que deseen adherirse a un
programa de desarrollo de proveedores locales.
•
Desarrollar convenios, acuerdos y convocatorias de común
acuerdo con las empresas que se adhieran al Programa para dar certidumbre
jurídica y establecer las reglas de su operación.
•
Publicar convocatorias en las que se invite a las MIPyMES
proveedoras de bienes y servicios que puedan ser susceptibles de integrarse en
un mismo proyecto y coordinar la consolidación de contratos de proveeduría de
largo plazo.
•
Apoyar los procesos de internacionalización de las empresas
capitalinas en el exterior, bajo una perspectiva más amplia y globalizante.
META 2
Fomentar la consolidación de por lo menos 10
cadenas productivas o de servicios al año, que se traduzcan en beneficios para
el 80% del sector empresarial de la Ciudad de México a través de desarrollo por
contrato o relaciones de proveeduría de largo plazo.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Detectar y determinar, a través de un análisis de mercado,
las principales cadenas productivas de la Ciudad de México.
•
Desarrollar los instrumentos jurídicos necesarios para la
consolidación empresarial de las MIPyMES.
•
Organizar y capacitar a las MIPyMES que puedan ser
seleccionadas como proveedoras de las grandes empresas para mejorar sus
procesos y la calidad de sus productos.
•
Fortalecer los programas de certificación y apoyo a las
capacidades que mejoran la competitividad de las empresas.
OBJETIVO 5
Implementar programas diferenciados, esquemas
o modelos de inducción al financiamiento, con la participación activa de la
banca privada, la banca de desarrollo y de intermediarios financieros
especializados en el sector MIPyME, que proporcionen el capital de trabajo
necesario para que lleguen a la etapa de equilibrio y rentabilidad.
META 1
Crear un Programa de Financiamiento para la
MIPyME que considere la participación de la banca privada, así como de la banca
de desarrollo, que incremente el financiamiento a la empresa, por lo menos en un
100% al término del Gobierno.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Diseñar e implementar un programa con el objetivo de
establecer las estrategias que incentiven el financiamiento de la banca privada
y de desarrollo.
•
Convenir las bases de colaboración entre el Gobierno del Distrito
Federal, la banca privada, la banca de desarrollo y los intermediarios
financieros especializados.
•
Fortalecer la capacidad de autonomía económica de las
mujeres, así como su trabajo en redes, uso de nuevas tecnologías y mayor acceso
al crédito y financiamiento para la creación de las MIPyMES.
•
Diseñar indicadores que midan los coeficientes de depósitos y
de préstamos, tanto de las personas como de las empresas de la Ciudad de México
en la banca comercial.
META 2
Fomentar la participación del Fondo de
Desarrollo Social de la Ciudad de México y del Fondo de Desarrollo Económico y
Social como instrumentos de financiamiento en primer y segundo piso que
inviertan en la Pequeña y Mediana Empresa con una tasa de recuperación de por
lo menos 80% anual.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Fortalecer y renovar el Fondo de Desarrollo Social para que
proporcione financiamiento oportuno y suficiente a la pequeña empresa en un
esquema de primer piso y detone el financiamiento mediante agentes
especializados en un esquema de segundo piso.
•
Fortalecer y vincular al Fondo de Desarrollo Económico y
Social con la estrategia de financiamiento del Gobierno del Distrito Federal.
•
Promover el Programa de Inducción entre las MIPyMES del
Distrito Federal y vincular el financiamiento con todos los apoyos directos otorgados
al sector empresarial.
•
•
Promover un esquema de microcréditos y créditos para la
MIPyME cultural.
OBJETIVO 6
Fomentar una cultura de aseguramiento
empresarial que parta de un sistema de garantías administrado por el Gobierno
del Distrito Federal y que contribuya a disminuir la percepción de riesgo de la
banca comercial y la de desarrollo, para promover la inversión en las MIPyMES.
META 1
Crear un Fondo de Garantías Diferenciadas del
Distrito Federal, que ayude a mitigar el riesgo financiero de la micro y
pequeña empresa en zonas y/o sectores estratégicos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Diseñar un Fondo de Garantías Diferenciadas por región,
actividad o sector que otorgue garantías financieras a las MIPyMES.
•
Coordinar e incorporar recursos provenientes del Gobierno
Federal y otras entidades federativas o instituciones nacionales o
internacionales, a fin de atender las necesidades de financiamiento de la
MIPyME.
META 2
Transformar la cultura
de riesgos del sector empresarial, principalmente de la MIPyME, a través de
estrategias de comunicación, capacitación y formación, y de un esquema de
aseguramiento de la inversión.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Crear un Programa de Inversión, Inducción y Fomento Económico
que tenga como objetivo generar una cultura de aseguramiento y administración
de riesgos de la MIPyME.
•
Suscribir convenios o acuerdos con las aseguradoras y
servicios especializados a fin de diseñar un producto especializado en
cobertura de riesgos contingentes de la MIPyME.
OBJETIVO 7
Fortalecer los mecanismos de estímulos
fiscales asociados a mejoras ambientales en las MIPyMES.
META 1
Fomentar la participación de las MIPyMES en
los programas de autorregulación ambiental con el fin de facilitar la obtención
de incentivos fiscales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Promover reformas al Código Fiscal del Distrito Federal, a
efecto de que las empresas que coadyuven a mejorar el medio ambiente obtengan
estímulos fiscales.
•
Promover, a través de la interacción con las cámaras de
representación industrial y comercial, la inclusión de MIPyMES en programas de
autorregulación ambiental.
•
Establecer criterios específicos para evaluar de manera
diferenciada a las empresas por su tamaño e importancia, de acuerdo al giro o
actividad empresarial y al riesgo y contaminación ambiental asociados, a efecto
acceder a estímulos fiscales.
OBJETIVO 8
Mejorar el ambiente regulatorio mediante el
diagnóstico preciso de las leyes, reglamentos y demás disposiciones que deben
ser observados por los diversos negocios de la capital.
META 1
Realizar una evaluación comprehensiva del
ambiente regulatorio económico de la capital mediante evaluaciones propias y,
especialmente, a través de mediciones externas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Desarrollar diversos estudios (evaluaciones, encuestas, entrevistas
con usuarios, funcionarios, etc.) sobre las facilidades o dificultades del
desarrollo de los negocios en la Ciudad.
•
Establecer diversos convenios de colaboración con organismos
especializados para la medición externa de la trama regulatoria en la Ciudad de
México.
META 2
Proponer, junto con la
Asamblea Legislativa y el Gabinete Económico del Distrito Federal, un paquete
de cambios normativos que faciliten el cumplimiento de la ley e incentiven la
toma de decisiones empresariales.
LÍNEA DE ACCIÓN
•
Establecer
mesas de trabajo con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Gabinete
Económico para proponer cambios puntuales y precisos al entramado de la
regulación económica.
META 3
Sentar las bases para que los trámites y
demás compromisos normativos de los actores económicos de la capital sean
realizados a través de sistemas electrónicos asequibles, sencillos y de rápida
resolución.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Desarrollar un mapa de los trámites de los negocios en la
Ciudad de México.
•
Diseñar e implementar un sistema que abarque y permita
realizar de manera remota el mayor número de dichos trámites.
OBJETIVO 9
Diseñar e implementar un sistema de
información económica propio de la Ciudad de México, cuyos indicadores definan
tendencias y prospectivas y detecten polígonos de inversión, para apoyar la
toma de decisiones del gobierno en materia de planes y programas de desarrollo
económico, así como del sector privado en materia de inversiones.
META 1
Creación y consolidación de un sistema de
información económica de la Ciudad de México, que permita en el corto, mediano
y largo plazos su utilización continua para generar alertas tempranas y
detectar oportunidades de inversión en la economía local.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Crear la Comisión Interdependencial de Desarrollo Económico.
•
Impulsar una estrategia de promoción de largo plazo que
difunda las capacidades de inversión la Ciudad de México.
•
Establecer vínculos con instituciones generadoras de
información para facilitar el flujo de datos económicos específicos de la
Ciudad de México.
•
Crear, diseñar y establecer técnicas econométricas y
metodologías específicas para la creación del sistema de información económica.
•
Definir referentes y parámetros que sean validados y
consolidados para presentar y difundir información confiable, útil y adecuada a
las condiciones económicas.
•
Diseñar y construir mapas y polígonos de inversión con base
en la información proveniente del sistema de información económica.
•
•
Presentar y difundir de manera continua documentos informativos
que orienten y atiendan las necesidades de inversión en la Ciudad de México.
META 2
Emitir y difundir con regularidad y
puntualidad un Reporte Económico, que señale las condiciones económicas de la
Ciudad de México para fines informativos en materia de desarrollo económico.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Seleccionar una serie de indicadores a partir del sistema de
información económica, que informe oportunamente sobre los rubros más importantes
de la economía local.
•
Generar un Reporte Económico que señale un panorama del
estado de la Ciudad de México a través de indicadores relevantes y
representaciones gráficas.
•
Difundir el Reporte Económico como una herramienta de
consulta que proveen las autoridades de la Ciudad de México, a fin de que este
sea parte del derecho a la información de los capitalinos.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 7. Innovación, Ciencia,
Tecnología y Sector Productivo
Persiste la
desvinculación de los sectores científico, tecnológico y educativo con el
sistema productivo, lo que resta posibilidades de desarrollo e innovación a las
empresas, disminuye oportunidades de integración al mercado formal de trabajo y
contribuye a incrementar el desempleo y la subocupación.
DIAGNÓSTICO
La relación de los sectores científico,
tecnológico y educativo con el sector productivo y de servicios tiene dos
vertientes principales. Por una parte, se genera colaboración para fomentar la
innovación, la ciencia y la tecnología y fortalecer el desarrollo tecnológico
de las empresas. Por otra parte, se da una relación entre la formación de
técnicos y profesionistas por las instituciones educativas y su inserción en el
mercado laboral.
El principal problema de la ciencia, la
tecnología y la innovación en la Ciudad de México está relacionado directamente
con la desvinculación que existe entre las instituciones de educación superior
(IES), los centros de investigación y el sector público, por un lado, y el
aparato productivo instalado en la entidad, por el otro, lo que ha significado
que las opciones para la innovación sean muy escasas.
La mayoría de las micros, pequeñas y medianas
empresas, quienes generan el 80% del empleo en el Distrito Federal, operan con
tecnologías atrasadas, lo que merma sus capacidades de crecimiento y generación
de empleo, particularmente de empleo productivo de alto valor agregado. La
industria manufacturera del Distrito Federal en general registra bajos índices
de productividad y de inversión en capital, lo que también contribuye a una
baja generación de empleo y a que este sea de baja calidad. La productividad
laboral y el capital por trabajador del sector manufacturero se encuentran 14%
y 75%, respectivamente, por debajo de la media nacional.
En 2011, el gasto nacional en ciencia y
tecnología representó el 0.77% del PIB de ese año. El 58.9% de los recursos
fueron canalizados hacia actividades de investigación y desarrollo experimental
(IDE), 22.7% al financiamiento del posgrado y el resto (18.4%) a los servicios
científicos y tecnológicos. El sector productivo aportó el 37.5% de los
recursos destinados a IDE.
A partir del análisis de la inserción de las
y los egresados de las universidades en el mercado de trabajo, la Ciudad de
México reproduce la realidad nacional. Mientras entre los años 2000 y 2009 la
economía mexicana creció a una tasa promedio anual promedio de 2%, el número de
egresados del sistema de educación superior, a nivel nacional, creció para
todos los niveles a una tasa promedio anual de 4.1%, aunque para la
licenciatura fue sólo de 3.6%. Este desequilibrio provocó, entre otros aspectos,
que la tasa de desempleo abierto de los profesionistas pasara de 2.3% en 2000 a
5.1% en 2009. Por otra parte, las remuneraciones reales disminuyeron en ese
periodo en 19% para el conjunto de profesionistas. Las y los jóvenes son los
más afectados por esta situación. En menores de 25 años, es decir en las y los
jóvenes profesionistas que recién egresan de las IES, el desempleo abierto pasó
de 7.8% en 2000 a 13.5% en 2009. La situación de la Ciudad de México presenta
un panorama muy similar. Mientras no se alcance un ritmo de crecimiento
económico adecuado a la dinámica demográfica y al ritmo en el que se forman los
nuevos profesionistas, una parte importante de las y los egresados de las
universidades se quedará sin obtener una ocupación en la que sea necesaria la
formación de nivel superior obtenida; por lo tanto, su rendimiento no estará
acorde con esa formación y su remuneración no será muy distinta de la obtenida
por quienes tienen niveles de escolaridad inferiores. En el caso de las
mujeres, esta situación repercute con mayor intensidad ya que la inequidad
también se refleja en el ingreso generalmente más bajo que obtienen por su
trabajo.
El Gobierno del Distrito Federal está
promoviendo una mayor vinculación de los sectores científico, tecnológico y educativo
con el sector productivo. La nueva Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación, creada en enero de 2013, en sustitución del Instituto de Ciencia y
Tecnología, tiene entre sus objetivos el impulso sostenido al desarrollo
científico y el fomento a la inversión en innovación en la Ciudad. Sin duda, en
la vertiente de la relación de los sectores científico y tecnológico y
educativo con el sector productivo y de servicios, todavía falta mucho por
hacer.
OBJETIVO 1
Desarrollar competencias en la población para
utilizar la ciencia, la tecnología y la innovación para mejorar en forma
sustentable la calidad de vida, incorporando criterios de igualdad de género.
META 1
Promover que las instituciones de educación
superior y los centros de investigación realicen proyectos que contribuyan a
resolver los problemas y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
Ciudad.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Identificar las instituciones de educación superior y los
centros de investigación que realizan proyectos de investigación que puedan
contribuir a la solución de problemas de la Ciudad de México.
•
Promover y concertar la aportación de recursos financieros
para la realización y aplicación de proyectos de investigación que contribuyan
a la solución de problemas de la Ciudad de México.
META 2
Aumentar en la sociedad el conocimiento de la
ciencia, la tecnología y la innovación como un elemento fundamental de la
cultura general.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Generar procesos de concertación entre los actores del mundo
del trabajo, las instituciones científicas y académicas y la sociedad civil, en
el marco del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.
•
Impulsar en las escuelas de educación básica y media-superior
el interés por la ciencia y la tecnología, enfocándose a la solución de problemas
de la Ciudad de México.
•
Realizar programas delegacionales donde las y los jóvenes
desarrollen y muestren tecnologías alternativas asociadas al ahorro de energía,
producción de energía solar y eólica, ahorro de agua y procesamiento de basura
orgánica.
•
Apoyar a las mujeres y hombres en el aprendizaje de nuevas
habilidades y conocimientos que fortalezcan las competencias laborales
necesarias en un mundo global y que coadyuven a la obtención de empleos de
calidad.
OBJETIVO 2
Apoyar a las y los estudiantes del nivel
medio-superior y superior para que adquieran las competencias necesarias que
les permitan insertarse en el mercado laboral con un empleo acorde a su nivel
de preparación.
META 1
Mejorar la inserción laboral de las y los
jóvenes técnicos y profesionistas egresados de las instituciones de educación
media y superior de la Ciudad de México, con criterios de igualdad de género.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Fortalecer los mecanismos de difusión de las alternativas de
empleo para las y los jóvenes técnicos y profesionistas.
•
Promover la realización de acciones para apoyar a las y los
jóvenes en la transición hacia el primer empleo.
•
Promover el autoempleo y la creación de nuevas empresas
basadas en la aplicación de los resultados de proyectos de ciencia, tecnología
e innovación.
META 2
Ampliar las alternativas de apoyo
institucional que estimulen la formación y el desarrollo de capacidades y
habilidades para el trabajo.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Fortalecer los programas sociales orientados a mejorar la calidad
educativa y el aprovechamiento escolar, así como la permanencia de las y los
estudiantes en las escuelas de la Ciudad de México.
•
Fortalecer la orientación vocacional y propedéutica para que
las y los jóvenes tengan mejores herramientas para elegir profesiones acordes a
las necesidades del sector productivo y de servicios.
•
Promover la eliminación de los obstáculos culturales ligados
al sesgo de género, que condicionan la elección de las carreras profesionales.
•
Fortalecer las prácticas profesionales de los estudiantes de
escuelas de educación superior que contribuyan a la adquisición de experiencia
acorde con las necesidades del mercado laboral.
META 3
Incluir la perspectiva ambiental y de
resiliencia con enfoque de género en la formación profesional para atender con
visión integral y prospectiva la problemática de cambio climático que vive la
Ciudad de México y el mundo.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Promover entre las instituciones de educación media y
superior la inclusión de la temática ambiental, de resiliencia y de cambio
climático en los programas de estudio e investigación, con criterios de
igualdad de género.
•
Fomentar esquemas de participación estudiantil y docente en
el diseño de programas y proyectos públicos, así como alternativas tecnológicas
orientadas a lograr la sustentabilidad de la Ciudad.
META 4
Asociar la formación académica al ámbito
laboral a fin de impulsar la vinculación entre el sector educativo y
productivo.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Desarrollar y alinear perfiles de capacidades, competencias y
destrezas desarrolladas en el ámbito escolar con las demandas del mercado
laboral.
•
Promover la creación de una base de datos central que acumule
alternativas de trabajo propuestas por el sector productivo dirigida a las y
los alumnos recién egresados de educación media-superior y superior.
OBJETIVO 3
Fortalecer las acciones de educación
continua, capacitación y certificación de competencias laborales para apoyar a
la población en su desarrollo laboral, incorporando el enfoque de género.
META 1
Ampliar la certificación oficial de modelos
educativos flexibles y no escolarizados que contribuyan a la generación de
habilidades, destrezas y competencias laborales como un mecanismo de inserción
y desarrollo en el mercado de trabajo.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Promover el desarrollo de programas de capacitación y
certificación de competencias laborales, preferentemente en los sectores
estratégicos para el desarrollo económico.
•
Promover que las y los estudiantes de las instituciones de
educación media-superior y superior obtengan certificados de sus conocimientos
y habilidades específicas.
•
Establecer programas para atender las necesidades educativas
relacionadas con el desarrollo económico y social sustentable en la zona rural.
•
Transversalizar el tema ambiental y de resiliencia en la formación
técnica y profesional.
OBJETIVO 4
Promover y mejorar la competitividad internacional
de la Ciudad de México.
META 1
Aumentar la población escolar en procesos de
educación apoyados por programas de becas e intercambios.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Promover la ampliación del número de becas internacionales
para los y las jóvenes en niveles técnico, licenciatura y posgrados.
•
Crear programas de capacitación para las y los servidores
públicos.
•
Impulsar la creación de intercambios de educación.
META 2
Contribuir a incrementar la reinserción de la
población desocupada en el mercado laboral con criterios de igualdad de género.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Fortalecer los programas de educación continua y de
capacitación laboral, acordes con las necesidades del sector productivo y de
servicios, para apoyar la reinserción laboral de la población desocupada.
•
Fortalecer los mecanismos de acercamiento entre las y los
demandantes de empleo y el sector productivo y de servicios.
META 3
Contribuir a la formación de emprendedoras y
emprendedores dotados de las capacidades requeridas para la creación de
unidades económicas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Generar modelos educativos flexibles, formales y no formales,
que contribuyan a la capacitación de la población económicamente activa en
temas de emprendedurismo.
•
Generar mecanismos e instrumentos educativos escolarizados y
no escolarizados que contribuyan al desarrollo de incubadoras de negocios, de
cooperativas y de alternativas de autoempleo.
EJE 4. HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO
PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA
El territorio de la Ciudad de México es
dinámico y cambiante. Actualmente, se encuentra en una fase de transición
demográfica, en la que la mayor parte de la población se ubica en edades
productivas. En consecuencia, los ciudadanos demandan la generación de
vivienda, empleos, equipamientos, infraestructura y servicios, en la búsqueda
de una mejor calidad de vida.
El presente eje busca hacer frente a los
retos relacionados con la planeación del territorio urbano y natural; la
creación, recuperación y mantenimiento de espacios públicos; la articulación
del transporte público; el uso del transporte automotor y de carga; el
mantenimiento de la infraestructura hidráulica; la oferta de vivienda; y la
gestión integral de residuos sólidos. En la solución de estos retos pretendemos
transformar a la Ciudad de México en una ciudad compacta, policéntrica,
dinámica y equitativa, que potencie las vocaciones productivas y fomente la
inversión, respetando siempre los derechos humanos y promoviendo la igualdad de
género.
Buscamos que sea compacta porque queremos
hacer más eficientes los recursos económicos, sociales y ambientales; mejorar
permanentemente la infraestructura pública para articular el empleo y los
hogares a las redes de transporte público; y desarrollar la proximidad
territorial, promoviendo con ello estilos de vida más sanos y con una mayor
convivencia colectiva. Que sea dinámica significa que genere nuevas actividades
compartidas a través de los espacios públicos, nuevos ambientes de encuentro y
estrategias que ofrezcan más opciones de vida y potencien las identidades
múltiples que conforman nuestra ciudad. A su vez, al ser policéntrica reactiva
y recicla zonas potenciales de desarrollo económico y social, en deterioro o
subutilizadas, amplía oportunidades de inversión, abre nuevas centralidades
como lugares de integración e impulsa la competitividad regional, metropolitana
e internacional. Finalmente, también buscamos que sea equitativa, esto es, que
abra nuevas oportunidades de habitabilidad y acceso al conjunto de servicios,
oportunidades y experiencias que construyen ciudadanía e identidades en el
territorio, y entienda el diseño y el desarrollo urbano como una herramienta de
inclusión y equidad territorial.
Para lograr estos objetivos, se requiere
enfrentar un conjunto de retos, que a continuación se mencionan.
La planeación del territorio urbano y
natural, a partir del estudio de los patrones de ocupación territorial en la
Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), permitirá
identificar las situaciones de conflicto y las oportunidades que lleven a un
mejor aprovechamiento del suelo, a la vez equitativo y equilibrado. No
obstante, esta planeación, junto con la acción de “hacer ciudad”, debe atender
el espacio público como elemento esencial, ya que la insuficiencia y deterioro
del mismo inciden en la ruptura y debilitamiento de la imagen urbana, la
seguridad pública, los circuitos económicos y, sobre todo, el tejido social.
Por otro lado, el transporte público es un
bien común que facilita el acceso a todas las actividades de la Ciudad.
Actualmente, padece de desarticulaciones entre los diferentes modos y sistemas
que lo componen, por lo que su expansión y reconfiguración, en un sistema integrado
y que involucre ambientes seguros, es una tarea fundamental para reducir
impactos negativos en los tiempos y calidad de los traslados. La gestión
pública del transporte debe asumir también la problemática del crecimiento del
transporte automotor, privado y de carga, que prevalece en toda la ZMVM. Se
requieren sistemas efectivos de control en su uso y gestión, así como hacer
frente a la dependencia del automóvil y a los impactos negativos que genera en
el medio ambiente, la salud, el tránsito y el mantenimiento de las calles.
Las deficiencias en la infraestructura
hidráulica de la Ciudad provocan insuficiencia en la captación, distribución,
desalojo y tratamiento del agua. Por lo tanto, se requiere mejorar las
capacidades de las instalaciones para el manejo y la gestión de la misma.
También existen deficiencias en el traslado y
manejo de los residuos sólidos, lo cual debe solucionarse a través de un modelo
integral que, con una mayor educación, permita trasladar, manejar y tratar
dichos residuos de manera más eficiente.
Por otra parte, satisfacer la demanda de
vivienda adecuada y de calidad sigue siendo un reto permanente, a pesar de que
el ritmo de crecimiento poblacional ha bajado. La oferta de vivienda y de
programas de mejoramiento es limitada y aún no considera los cambios sociales y
la transición demográfica.
Para terminar, es importante subrayar que el
PGDDF 2013-2018 incluye enfoques transversales, que nos indican un rumbo y
distinguen la orientación de este gobierno. En este sentido, la habitabilidad,
los servicios, los espacios públicos y la infraestructura de la Ciudad de
México, particularmente, deben considerar su naturaleza metropolitana y su
necesidad de sustentabilidad. Asimismo, los enfoques de derechos humanos, de
participación ciudadana, de transparencia y de igualdad de género deberán
continuar siendo elementos que distingan a la capital. Todos ellos están siendo
incorporados a la nueva planeación territorial urbana y natural de este
gobierno, para avanzar hacia una mayor equidad y calidad de la habitabilidad y
de los servicios, de los espacios públicos y de la infraestructura.
ÁREA DE OPORTUNIDAD1. Patrón de Ocupación
Territorial
El territorio de la
Ciudad de México presenta un patrón de ocupación ineficiente, desarticulado e
inequitativo que provoca un consumo de recursos excesivo, una distribución
desigual de los equipamientos, infraestructura y servicios urbanos, así como la
subutilización y deterioro de estos últimos.
DIAGNÓSTICO
El actual patrón de ocupación del suelo urbano
y natural de la Ciudad de México genera efectos negativos en las dimensiones
del desarrollo de la entidad. En consecuencia, la respuesta institucional
requiere de una adecuada planeación y gestión del territorio que, en un marco
normativo consistente, genere coordinación dentro del marco interinstitucional
e intergubernamental, así como entre los actores gubernamentales, privados y
sociales. A continuación se describen los principales fenómenos que
caracterizan al patrón de ocupación de la Ciudad de México y la ZMVM.
El primero de ellos es el desplazamiento de
una parte de la población de la capital de la zona centro a la periferia. En
este proceso, predomina la población de bajos ingresos, ya que no está en
condiciones de pagar el alto costo del suelo, la vivienda y los servicios en
las áreas centrales de la Ciudad. De esta manera, la densidad de población en
estas últimas áreas se redujo de 206 hab/ha en 1980 a 137 hab/ha en el 2010.
Por lo contrario, la expansión hacia la periferia se manifiesta en el territorio
de las delegaciones del suroriente, ya que su densidad poblacional se
incrementó de 57 hab/ha en 1980 a 123 hab/ha en 2010. El crecimiento urbano ha
alcanzado los poblados rurales con suelo de conservación, lo que ha generado
asentamientos marginales que alojan alrededor de 250 mil habitantes. Esta
situación propicia grandes desplazamientos y flujos de población flotante hacia
las áreas centrales, lo cual congestiona la estructura vial primaria y provoca
un intenso consumo de la infraestructura y los servicios urbanos de la Ciudad.
Como resultado de la expansión de la Ciudad
de México por agregación de nuevas áreas, formales o marginales, que no han
sido concebidas con la intención de establecer una estructura urbana, se
presenta una discontinuidad del tejido urbano, caracterizada por servicios
públicos insuficientes e ineficientes y por limitados espacios públicos para la
convivencia de las familias y en general los miembros de la comunidad, lo que
propicia una pérdida de cohesión social. En este proceso se origina una
sobreespecialización en el uso de suelo, que también es fomentado por la
aplicación normativa de un modelo territorial basado en la zonificación
monofuncional, es decir, colonias o fraccionamientos con un solo uso de suelo,
sea habitacional o industrial, y que no cuentan con los equipamientos urbanos
para satisfacer las necesidades de educación, salud, comercio o recreación. Tal
situación hace que no se aproveche el mayor atractivo de las centralidades
urbanas en cuanto a la diversidad de usos, lo que genera un crecimiento urbano
desordenado que tiende a expandirse sobre las áreas de producción agrícola y de
preservación ecológica.
Por otra parte, prevalece una distribución
inequitativa del ingreso y un alto deterioro del equipamiento, de la
infraestructura y de los servicios. En el centro, poniente y sur de la capital,
específicamente en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán y
Miguel Hidalgo, se concentra la población de más altos ingresos, que dispone de
los mejores equipamientos de salud, educación, cultura y recreación y que goza
de la mayor calidad y nivel de servicios de agua, drenaje, electrificación y
transporte. No obstante, en el norte y sobre todo en el oriente de la Ciudad,
principalmente en las delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza,
Iztacalco, Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac, se encuentran los niveles más
críticos en la dotación y calidad de servicios y las mayores carencias de
equipamiento.
En ciertos sectores del territorio de la
capital se presenta una subutilización del equipamiento, la infraestructura y
los servicios instalados. Son zonas que tienen capacidad de saturación y
densificación, sobre todo en materia habitacional. Su uso permitiría contener
la migración de capitalinos que, por falta de vivienda, cambian su hogar a dos
horas de tiempo de su empleo.
De esta manera, persiste una gestión
desarticulada del espacio urbano. Se requiere promover una actuación
concurrente de las diversas dependencias y entidades del Gobierno del Distrito Federal,
así como de este con los sectores privado y social, a fin de diseñar políticas,
realizar acciones conjuntas y aplicar instrumentos para impulsar el desarrollo
territorial ordenado de la Ciudad de México.
Por último, las normas
vigentes para la planeación y gestión del territorio, las políticas urbanas,
ambientales y de movilidad, así como las correspondientes a suelo, vivienda,
infraestructura y equipamiento, resultan excesivas, contradictorias e
inflexibles. Adicionalmente, el contenido de la normatividad presenta
inconsistencias en relación a la regulación de los procesos de ocupación del
territorio, lo que ocasiona conflictos de interpretación y una aplicación poco
eficiente. Lo anterior impide una administración eficaz del desarrollo territorial
de la Ciudad y potenciar el desarrollo de esta.
OBJETIVO 1
Orientar el desarrollo urbano hacia una
ciudad compacta, dinámica, policéntrica y equitativa, que potencie las
vocaciones productivas y que fomente la inversión, para alcanzar un patrón de
ocupación eficiente que induzca la redistribución de la población a zonas que
combinen los diversos usos del suelo, mejore la infraestructura pública,
aproxime el empleo y los hogares a las redes de transporte público y propicie
la equidad territorial.
META 1
Avanzar en la generación de condiciones para
que los hogares se encuentren cerca de las actividades cotidianas, ya sea
escolares, laborales o recreativas, y así hacer más eficientes los recursos
económicos, sociales y ambientales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Realizar los estudios que permitan ubicar los puntos o
proyectos estratégicos de proximidad territorial, tomando en consideración la
infraestructura, los recursos territoriales, la calidad de los servicios y el
acceso a los mismos.
•
Elaborar programas que establezcan las estrategias, criterios
y mecanismos de coordinación para alcanzar una ciudad cercana en materia de uso
de suelo, transporte, espacio público, servicios e infraestructura.
•
Llevar a cabo los procesos de consulta necesarios y abrir los
mecanismos de participación de la sociedad con criterios de igualdad de género,
mediante foros, consejos consultivos y asesorías de expertos.
META 2
Desarrollar una estructura urbana que
reconozca las diversas vocaciones y capacidades en el uso de suelo, infraestructura
y servicios de cada región o sector del territorio.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Promover el establecimiento de zonas de desarrollo económico
y social, con el fin de generar vocaciones productivas específicas que atraigan
la participación de asociaciones estratégicas.
•
Fortalecer centralidades existentes o en formación, como los
centros de barrio, para que mediante la ejecución de programas y proyectos se
impulse la consolidación de la estructura urbana por sectores, generando un
sistema policéntrico compuesto por nodos y corredores urbanos.
•
Establecer nuevos procesos de rescate y revitalización en
zonas de valor histórico en las diferentes regiones de la entidad, recuperando
la experiencia del Centro Histórico.
META 3
Desarrollar programas de obras y mantenimiento
de infraestructura pública, principalmente en el oriente de la Ciudad de
México, que promuevan la equidad en la capital; así como en zonas de alta
conectividad del transporte público, centros de barrio y áreas con potencial de
desarrollo económico, propiciando la integración de zonas con mezcla de usos de
suelo.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Fortalecer actividades, disminuir asimetrías y redistribuir
beneficios, en especial en la zona con menor equipamiento y servicios que se
encuentra en el oriente de la Ciudad.
•
Impulsar proyectos estratégicos, mediante la inversión
pública y privada, que generen empleo, promuevan encadenamientos productivos,
abran espacios educativos, culturales y de capacitación y desarrollen centros
comerciales y de entretenimiento.
OBJETIVO 2
Regenerar y redensificar zonas localizadas
tanto en áreas centrales con potencial de reciclamiento, como en las áreas que
pueden captar población adicional, tener un uso más intenso y diverso del suelo
y ofrecer condiciones de sustentabilidad y rentabilidad.
META 1
Regenerar y redensificar áreas cuya actividad
económica ha disminuido debido a la obsolescencia y pérdida de competitividad a
pesar de su accesibilidad, suficiencia en infraestructura y conectividad al
transporte público, como por ejemplo las áreas históricamente consolidadas de
la ciudad central con población estable o decreciente.
LÍNEA DE ACCIÓN
•
Elaborar
e implementar estudios y programas de regeneración urbana integral, orientados
a la retención de población y al reordenamiento y reciclamiento de áreas en las
que se subutiliza la infraestructura y/o el equipamiento instalados.
META 2
Implementar programas de regeneración urbana
integral en nodos y corredores estratégicos para la Ciudad, que impulsen
proyectos públicos, privados y sociales que promuevan usos diversos del suelo,
actividades productivas, recuperación de espacios públicos, áreas verdes y
equipamientos, así como el reforzamiento de las redes de infraestructura, con
el objeto de generar producción social del hábitat, elevar la calidad de vida
de la población y disminuir la presión inmobiliaria sobre el suelo de
conservación.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Diseñar e implementar un paquete de estímulos fiscales e
instrumentos administrativos para impulsar el desarrollo y el repoblamiento en
zonas estratégicas para la ciudad, con el objeto de inducir el óptimo y
oportuno aprovechamiento de predios, recuperar las plusvalías generadas por la
inversión en infraestructura instalada e incrementar la oferta del suelo
urbano, en concordancia con las políticas y las normas de protección del suelo
de conservación.
•
Impulsar estrategias que acompañen el desarrollo de nodos y
corredores que incorporen soluciones basadas en transporte no motorizado,
reconociendo al peatón como el factor central de la movilidad urbana.
OBJETIVO 3
Impulsar la coordinación interinstitucional
que, con una visión interdisciplinaria y metropolitana, consolide la
funcionalidad administrativa de la relación entre las dependencias y entidades
vinculadas al desarrollo territorial, para ofrecer un servicio eficiente,
transparente y expedito al ciudadano, sustentado en un marco normativo
congruente que inhiba la corrupción y potencie el desarrollo de la Ciudad.
META 1
Implementar la
modernización administrativa aplicable a los procedimientos vinculados a la
gestión del desarrollo territorial.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Generar un sistema de información geográfica y un sistema de
indicadores en materia de desarrollo urbano que permitan monitorear los
procesos, dinámicas y tendencias de la Ciudad.
•
Implantar mecanismos de coordinación institucional que
contribuyan al ordenamiento del territorio y a la mejor planeación y ejecución
de programas, proyectos y obras.
•
Diseñar e impulsar las reformas necesarias al marco e
instrumentos jurídicos correspondientes a las políticas urbanas, ambientales,
de movilidad, suelo, vivienda, infraestructura y equipamiento.
META 2
Homologar la normatividad y los
procedimientos, articulándolos con un proyecto de gestión en línea bajo el
concepto de gobierno electrónico y transparente.
LÍNEA DE ACCIÓN
•
Gestionar
el desarrollo territorial mediante la implementación de instrumentos jurídicos,
técnicos, financieros y administrativos articulados por medio de los programas
sectoriales de desarrollo urbano, desarrollo económico, ordenamiento ecológico,
movilidad, participación ciudadana, derechos humanos e igualdad de género.
META 3
Fortalecer la coordinación metropolitana en
materia de ordenamiento territorial, vivienda, agua, suelo de conservación,
movilidad, accesibilidad, residuos sólidos y encadenamientos productivos
regionales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Elaborar los estudios para identificar las
complementariedades metropolitanas entre delegaciones y municipios de la ZMVM,
que permitan conformar bloques de equipamientos y actividades económicas para
atender y equilibrar la distribución de los servicios, así como para completar
cadenas productivas y elevar los niveles de competitividad de la metrópoli en
su conjunto.
•
Establecer mecanismos institucionales y administrativos de
coordinación metropolitana, eficaces y consensuados, como mesas de concertación
periódicas, que atiendan los problemas de la Ciudad y las necesidades de su
población.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 2. Espacio Público
La insuficiencia y
deterioro de espacio público en la Ciudad de México, aunado a la falta de
integración de la forma, función, uso y accesibilidad de este, inciden en la
ruptura y debilitamiento de circuitos económicos, tejido social, imagen urbana
y seguridad pública en los entornos donde estos se encuentran.
DIAGNÓSTICO
La funcionalidad de la
Ciudad, la identidad urbana y la calidad de vida de la población dependen de la
calidad física, la cantidad, la apropiación y la accesibilidad de los espacios
públicos. Estos representan el tejido conector de la Ciudad, el ámbito de
convivencia y el área de uso y disfrute colectivo en la urbe.
El sistema de espacio público está integrado
por áreas verdes como bosques urbanos, barrancas, áreas de valor ambiental y
parques lineales; áreas de tránsito como calles, banquetas, sendas peatonales,
camellones, vialidades y transporte público, entre otros; y áreas de estar como
jardines, parques urbanos, parques públicos y plazas, entre otros. Cada uno de
estos espacios cohesionan y tejen la Ciudad al tener funciones sociales
diversas.
En este sentido, el espacio público supone
también un área de oportunidad para la cultura y es el escenario idóneo para la
interacción social cotidiana. Es un lugar de relación y de identificación, de
manifestaciones, de contacto entre la gente, de vida urbana y de expresión
comunitaria.
La Ciudad de México enfrenta un problema de
distribución, conectividad y déficit de espacios públicos. Se estima que el
espacio público ocupa cerca del 9.5% de la superficie total de la entidad federativa,
lo cual representa un promedio de casi 5 m2/hab siendo el ideal 12 m2/hab. Este
porcentaje no está distribuido de manera equitativa en las diferentes
delegaciones de la capital y, en muchos casos, los espacios existentes carecen
de accesibilidad, calidad de obra y mantenimiento. El crecimiento urbano
desordenado de la Ciudad es una de las causas que han provocado la pérdida y
deterioro del espacio público.
La red vial consta de alrededor de 10,200 km
de longitud; de los cuales 913.15 km son vialidades primarias y 9,269.06 km se
catalogan como secundarias, mismas que no han sido reguladas en su forma,
función y uso. Dicha red vial padece de un diseño dirigido hacia el transporte
automotor particular, dejando a un lado al peatón. Las calles y banquetas
presentan deficiencias, falta de mantenimiento, inaccesibilidad y pobre
señalización, lo que genera un desplazamiento inseguro de los usuarios; de
estos, 4.35% son personas con discapacidad, 11.34% personas adultas mayores y
6.98% infantes menores de 5 años.
El mantenimiento de las vialidades solo
comprende la superficie de rodamiento y omite, la mayoría de las veces, las
banquetas y áreas peatonales. Asimismo, la degradación y saturación del
mobiliario urbano y de la infraestructura han conformado en las vialidades un
espacio público inaccesible, inseguro y poco amigable.
El desplazamiento de las personas a pie, en
bicicleta o en transporte público se ve obstaculizado debido a la escasa
presencia de elementos que proporcionen condiciones de comodidad, accesibilidad
y seguridad. Es decir, se carece de un diseño integral y contextualizado de
señalamientos y acondicionamientos, lo que en el año 2012 produjo 13,022
incidentes viales, de los cuales 30.75% fueron atropellamientos.
El origen de los problemas relacionados con
el espacio público se asocia a la debilidad de mecanismos de planeación,
administración y mantenimiento, a las inconsistencias y contradicciones en el
marco jurídico, lineamientos de diseño, operación y normatividad vigentes, así
como a una escasa coordinación institucional. También se vincula con la
fragilidad de los esquemas de participación social para la corresponsabilidad
del uso, gestión y cuidado de los espacios.
En la Ciudad de México existen programas y
proyectos para atender problemas de abandono y deterioro del espacio público,
mediante intervenciones puntuales para su uso y disfrute. Algunos de ellos son
la peatonalización de calles, el proyecto integral del Centro Histórico, las
redes de movilidad como la infraestructura ciclista y el metrobús, entre otros.
También se ha dado inicio a la rehabilitación integral del Bosque de San Juan
de Aragón, se cuenta con el Plan de Manejo de la Primera y Segunda Sección del
Bosque de Chapultepec y se han iniciado acciones para llevar a cabo la
refundación del Museo de Historia Natural. En estos casos se están observando
los beneficios de recuperar y administrar los espacios públicos para el
disfrute de nuestros habitantes. Sin embargo, aún se requiere ampliar y
consolidar estas políticas.
Por último, la recuperación y apropiación
ciudadana del espacio público debe garantizar su accesibilidad, con especial
atención a las necesidades de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad,
en particular de las personas con discapacidad y las mujeres. Esta política
permitirá avanzar en la integración social y tiene potencial de convertirse en
un detonador del desarrollo y la inversión.
OBJETIVO 1
Crear, recuperar y mantener los espacios
públicos emblemáticos, las áreas verdes urbanas a diferentes escalas y en
diferentes zonas de la Ciudad y las calles como elementos articuladores del
espacio público, a fin de generar encuentros, lazos de convivencia, apropiación
social, sentido de pertenencia y ambientes de seguridad para los habitantes y
visitantes.
META 1
Rescatar, regenerar y crear espacios públicos
para propiciar el mejoramiento social y cultural del entorno urbano,
garantizando que se mantengan limpios y libres de violencia, incluyan criterios
de igualdad de género y sean accesibles a los grupos sociales vulnerables.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Ampliar el desarrollo y mantenimiento de corredores urbanos
como espacios peatonales, ramblas y parques lineales, así como fortalecer la
recuperación de bajopuentes y otros espacios públicos para interconexión y recreación
de barrios y colonias.
•
Desarrollar el Sistema de Parques Públicos de la Ciudad de
México, conformado por los siguientes tipos: parque metropolitano, parque
local, parque barrial y parque de bolsillo.
•
Promover la formación de proyectos culturales y artísticos
pensados para el espacio público, que incluyan la participación de artistas de
reconocido prestigio y que fomenten la convivencia intercultural y la formación
de ciudadanía.
•
Promover proyectos integrales, sustentables, con perspectiva
de género y con espacios para el desarrollo de niñas y niños, que integren y
fomenten actividades deportivas y culturales, que incluyan bebederos de agua
potable, generen tejido social y provean beneficios económicos, sociales y
ambientales.
•
Implementar agendas locales que promuevan la participación de
la comunidad y de los pueblos originarios en la recuperación y mantenimiento de
espacios públicos, así como promover, con la participación de Organizaciones de
la Sociedad Civil (OSC), la identificación y registro puntual de los espacios
disponibles a través de un catálogo de tipos y funciones.
META 2
Recuperar, restaurar y mantener bosques
urbanos, ríos, barrancas, áreas de valor ambiental y suelo de conservación,
incluyendo los nodos de transferencia de movilidad e infraestructura ciclista en
vías primarias y secundarias.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Adecuar la normatividad de usos de suelo en el espacio
público orientando el desarrollo hacia una ciudad compacta, dinámica,
policéntrica y equitativa.
•
Aumentar la cobertura vegetal de los espacios públicos y
privados para crear microclimas (humedad y sombra) que disminuyan las consecuencias
del efecto Isla de Calor.
OBJETIVO 2
Establecer un sistema
coordinado de la gestión del espacio público que integre a todas las dependencias
y entidades de la administración central, a las delegaciones políticas, a las
instituciones académicas y culturales, así como a los organismos de la sociedad
civil, para potenciar los esfuerzos bajo la misma perspectiva del derecho a la
ciudad.
META 1
Consolidar instrumentos de coordinación
interinstitucional que permitan implementar las políticas de espacio público,
en conjunto con la ciudadanía, particularmente las relativas a zonas
habitacionales y de servicios.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Construir un sistema de información geográfica que permita
planear, gestionar y divulgar las acciones relativas al espacio público.
•
Implementar mecanismos eficientes de coordinación
interinstitucional y con las delegaciones en la gestión del espacio público.
•
Impulsar instrumentos de participación ciudadana como foros
de consulta y seminarios para promover la conceptualización de lo
público-urbano y su reconstrucción como mecanismo integrador, proveedor de
bienestar y de acceso a la ciudadanía (plazas, deportivos, áreas recreativas,
“museos de bolsillo”, entre otros).
META 2
Regular, normar, controlar y reordenar la
imagen urbana de la Ciudad, particularmente la publicidad exterior.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Vigilar el cumplimiento de la regulación del espacio
comercial y publicitario de la Ciudad con apoyo de la participación ciudadana.
•
Crear e integrar nodos publicitarios.
•
Diseñar y operar, con participación de la sociedad civil,
acciones de mejora de la imagen urbana por colonias, barrios y pueblos.
•
Desarrollar criterios que promuevan mejores prácticas para la
mejora de la imagen urbana.
•
Promover el uso de determinados espacios públicos para la
manifestación visual de los jóvenes, bajo proyectos educativos y artísticos.
OBJETIVO 3
Garantizar una circulación cómoda, eficiente,
accesible y segura a las personas que transitan en la vía pública, que priorice
a los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, mediante el
desarrollo de una red de “Calles Completas” en vialidades primarias, así como
la pacificación del tránsito y ordenamiento de las calles secundarias, con
mantenimiento y señalización adecuados.
META 1
Adecuar las vialidades primarias para
permitir el acceso y tránsito cómodo y seguro de sus usuarios a través de la
redistribución del espacio y su refuncionalización para potenciar la vida pública
y la inversión en la Ciudad.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Actualizar y desarrollar la normatividad para implementar una
política de “Calles Completas” en las vialidades primarias que articulan la
Ciudad.
•
Establecer una red de carriles exclusivos, compartidos o
prioritarios para el transporte público, así como para la bicicleta,
contemplando las condiciones de seguridad, el mobiliario urbano y la tecnología
que facilite su uso.
•
Instalar señalización integral y adecuaciones para la
seguridad vial y accesibilidad universal en las obras de mantenimiento de todas
las vialidades.
•
Desarrollar corredores viales, recuperar y mejorar las
vialidades e impulsar el Sistema de Parquímetros ecoParq.
META 2
Regresar la vocación de hábitat a las
vialidades secundarias mediante la pacificación del tránsito y la elaboración
de diseños viales que den prioridad al peatón y al ciclista.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Implementar medidas para la pacificación del tránsito,
incluyendo la creación de zonas y calles de tránsito calmado, así como de
prioridad peatonal y ciclista.
•
Elaborar lineamientos y normas de señalización para fomentar
viajes a pie, en bicicleta y transporte público, que contribuyan a una nueva
cultura de movilidad, así como al impulso del turismo.
•
Impulsar la proximidad urbana a través de la activación de
las plantas bajas de los edificios, para crear barrios más eficientes y
disfrutables, contribuyendo a reducir la dependencia del uso del automóvil.
META 3
Reducir la discriminación, inequidad y los
accidentes de tránsito en el uso del espacio público de calles y banquetas
mediante intervenciones que contemplen el mantenimiento general con criterios
de accesibilidad universal y seguridad vial.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Desarrollar una estrategia de seguridad vial y de medidas de
accesibilidad universal y mantenimiento para las calles, banquetas y
alcantarillas de la Ciudad.
•
Identificar, intervenir y rediseñar las intersecciones
conflictivas y/o con altos índices de accidentalidad para garantizar las
condiciones de acceso y tránsito seguro de las personas usuarias.
•
Eliminar y/o solucionar las barreras urbanas que impidan el
tránsito cómodo y seguro de peatones y ciclistas.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 3. Transporte Público
Persisten desarticulaciones,
inaccesibilidad e ineficiencia en el transporte público, lo que genera tiempos
excesivos de traslado, una mala experiencia de viaje, contaminación ambiental y
exclusión social, así como un impacto negativo en la economía familiar y la
competitividad urbana.
DIAGNÓSTICO
Nuestra entidad
federativa cuenta con diversos servicios de transporte público que atienden
aproximadamente 7 de cada 10 viajes de los 12.1 millones de traslados diarios
en la entidad. Estos corresponden al 55% de los 21.9 millones de viajes diarios
de la ZMVM.
La demanda de transporte público en la
capital es atendida por organismos públicos descentralizados: Sistema de
Transporte Colectivo “Metro” (STC), Servicio de Transportes Eléctricos del
Distrito Federal (STE) y la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal
(RTP); así como por el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros
del Distrito Federal Metrobús, que tiene participación privada y estatal, y por
operadores privados a quienes se ha concesionado la prestación del servicio. La
oferta de transporte incluye también al Sistema de Transporte Individual
Ecobici (ECOBICI). Debido a la existencia de diversos organismos responsables
de la prestación del servicio, existe una limitada capacidad para ejercer la función
de regulación y control que garantice el cumplimiento de estándares de calidad.
La infraestructura dedicada al transporte
incluye 243.19 km de líneas de metro y tren ligero; 161.90 km de carriles
exclusivos; 10,182.21 km de red vial de tránsito mixto, por las que circulan
217 rutas con 1,271 ramales de transporte público, así como 46 Centros de
Transferencia Modal (CETRAM), de los cuales destacan Pantitlán, Indios Verdes y
Tasqueña, que atienden aproximadamente a 973,104, 847,080 y 500,000 pasajeros al
día, respectivamente. También se cuenta con una red de 261 cicloestaciones de
ECOBICI. Sin embargo, dicha infraestructura no permite la total articulación
del sistema, que garantice la intermodalidad necesaria para atender el 27% de
viajes que diariamente se realizan en más de un modo de transporte. Además,
solo el 19% de las estaciones de metro y 94.9% de las de metrobús cuentan con
un diseño que considera la accesibilidad universal, y únicamente el 8% y 41.3%
de las estaciones de metro y metrobús, respectivamente, cuentan con
biciestacionamientos. Cabe señalar que el Metro es el primer modo de transporte
para el 5% de los traslados, pero su uso representa cerca del 18% de los tramos
de viajes totales.
Actualmente, el servicio de transporte
público no cuenta con herramientas tecnológicas y de comunicación que faciliten
la unificación de los procesos de planeación, gestión de la operación y control
de la prestación del servicio de transporte. Asimismo, aunque se cuenta con el
diseño, no ha concluido la implementación de un medio único de pago y un
sistema de recaudación unificado, que haga más eficiente el manejo financiero
del sistema y facilite su uso.
Estas características generan ineficiencia en
los traslados, que se refleja en un alto número de transferencias y falta de
servicios expresos que no se pueden ofrecer por un déficit en la
infraestructura especializada, lo cual representa para las personas usuarias
importantes pérdidas de tiempo (se tienen registrados viajes de hasta 3.5
horas) y hacen del servicio de transporte público una opción poco atractiva.
En cuanto a la operación y administración del
servicio de transporte público concesionado, este no cuenta con controles ni
mecanismos que permitan la profesionalización del sector. Asimismo, carece de
estructuras administrativas y operacionales, suficiente capacitación de su
personal, la sistematización de información de su operación e instalaciones
adecuadas, entre otros aspectos. Estas carencias, aunadas a un parque vehicular
obsoleto y con serias deficiencias mecánicas por falta de mantenimiento, han
contribuido a la baja calidad del servicio. La ineficiencia genera presión
financiera en todo el sistema de transporte público, lo que limita el
mantenimiento, la sustitución de unidades y las mejoras, tanto operativas como
de infraestructura.
En la actualidad no existen estándares de
calidad de servicio para todos los modos de transporte. Lo anterior genera que
el servicio se preste en condiciones de alta ocupación en las horas de mayor
demanda, con vehículos sucios, mal ventilados, sin mantenimiento adecuado y con
riesgos de accidente por mala conducción, principalmente en el transporte
concesionado.
Otro problema que demanda atención
prioritaria es la violencia sexual de la que han sido víctimas la mayoría de
las mujeres durante sus traslados en el transporte público de la Ciudad de
México: más de la mitad de las usuarias (57.1%) ha vivido 4 o más tipos de
situaciones de violencia sexual; de ellas, el 17.1% ha padecido 7 o más
situaciones violentas.
Es importante
considerar que la mayoría de los usuarios del transporte público corresponde a
familias de bajos ingresos, quienes destinan en promedio 36% de sus ingresos a
estos servicios. No existen esquemas tarifarios que consideren las distancias
de los viajes, costos por transbordos u otras consideraciones que permitan
balancear la política social con la eficiencia operativa y la calidad del
servicio.
La mejora del transporte público ha sido una
preocupación de los últimos gobiernos, por lo que se han realizado acciones
como la construcción de la Línea 12 del Metro, la implementación de 4 líneas de
metrobús y los corredores Cero Emisiones, la modernización de corredores de
transporte público concesionado, la generación del Programa ECOBICI, la unificación
del medio de pago para metro, metrobús y tren ligero, así como la promoción de
tecnologías limpias de vehículos, el Programa “Viajemos Seguras”, entre otros.
No obstante, en materia de transporte público sin duda aún falta mucho por
hacer.
OBJETIVO 1
Avanzar hacia un Sistema Integrado de
Transporte Público que articule los diferentes modos de transporte física,
operativa y tecnológicamente, así como desde el punto de vista de la
información y comunicación hacia los usuarios, con un esquema tarifario que
garantice la prestación de un servicio confiable, eficiente, cómodo, seguro, de
bajas emisiones y con altos estándares de calidad, acceso y cobertura en toda
la entidad.
META 1
Desarrollar la infraestructura y tecnología
para la integración del transporte y los servicios de información y comunicación
hacia los usuarios.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Impulsar el reordenamiento de los CETRAM en función de su
adecuada localización, infraestructura y servicios, con la finalidad de
propiciar condiciones óptimas de seguridad, operación y orden, así como una
intermodalidad eficiente.
•
Implementar un sistema inteligente de información para la
gestión eficiente y articulada del sistema de transporte público, que se apoye
en tecnologías limpias.
•
Construir y promover el uso de biciestacionamientos, así como
de otros dispositivos y medidas para fomentar la intermodalidad de la bicicleta
con otros sistemas de transporte.
META 2
Mejorar, mantener y ampliar la cobertura de
los sistemas de transporte público que opera el Gobierno del Distrito Federal,
con un enfoque basado en la experiencia de las y los usuarios.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Impulsar el desarrollo de un sistema de transporte
inteligente y accesible que facilite a las personas usuarias del transporte
público la planeación de sus viajes y optimice tiempos de traslado, transbordos
y costos.
•
Ampliar la cobertura, la calidad del servicio y la seguridad
en los sistemas de transporte público.
•
Incrementar el número de estaciones y unidades con
infraestructura, dispositivos y espacios accesibles para personas con
discapacidad y población en condiciones de vulnerabilidad.
•
Consolidar y expandir el Sistema de Transporte Urbano
Individual ECOBICI, promover convenios de cooperación público-privados para
fomentar el uso de la bicicleta, así como ampliar las facilidades para el
ingreso de bicicletas al metro, metrobús y tren ligero.
META 3
Estructurar un esquema financiero y tarifario
sano, calculado técnicamente y con políticas tarifarias diferenciadas que
incluyan la determinación de un medio único de pago.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Integrar la tarjeta TDF en todos los sistemas de transporte
público que opera el Gobierno del Distrito Federal, así como promover la
integración gradual de los modos concesionados.
•
Impulsar el establecimiento de tarifas de transporte que
garanticen el óptimo desarrollo del sector, equilibrando la responsabilidad
financiera y social, y considerando las características de las personas
usuarias.
OBJETIVO 2
Impulsar una transformación del transporte
público concesionado que propicie la conformación de empresas prestadoras del
servicio que cumplan con estándares establecidos por la autoridad y que
funcionen en el marco de una clara regulación, control y transparencia,
privilegiando la eficiencia, bajas emisiones, accesibilidad, confiabilidad,
seguridad, comodidad e integración con otros modos de transporte.
META 1
Establecer estándares de servicio del
transporte público concesionado, así como los mecanismos para el control de su
cumplimiento.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Desarrollar un padrón actualizado del transporte público
concesionado, que incluya vehículos, operadores y operadoras.
•
Actualizar los manuales de lineamientos técnicos para la
prestación del servicio de transporte, a fin de garantizar su seguridad,
accesibilidad, comodidad y sustentabilidad, así como fomentar la
intermodalidad.
•
Replantear los esquemas para la Revista Anual Vehicular para
que garantice las condiciones físicas y mecánicas de las diversas unidades de
transporte, así como reforzar las acciones de inspección, vigilancia y
sanciones en materia de emisión de contaminantes y gases con efecto
invernadero.
META 2
Impulsar el proceso de transformación del
esquema “hombre-camión” en las empresas operadoras de transporte público que
garanticen un nivel de servicio adecuado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Promover la sustitución de microbuses por la constitución de
empresas de transporte con unidades de mediana y alta capacidad, así como con
paradas establecidas.
•
Erradicar el transporte público concesionado no autorizado y
taxis irregulares.
•
Fomentar la capacitación y profesionalización del sector
transporte.
OBJETIVO 3
Adecuar los instrumentos normativos de
control y de planeación integral para garantizar la calidad en la prestación
del servicio público de transporte, así como estructurar y poner en
funcionamiento las instancias institucionales necesarias para la planeación,
gestión y control del Sistema Integrado de Transporte de la Ciudad de México.
META 1
Revisar, estructurar e implantar el esquema
institucional necesario para la planeación, gestión y control de un Sistema
Integrado de Transporte Público de la Ciudad de México.
LÍNEA DE ACCIÓN
•
Coordinar
con los diversos organismos del sector transporte los programas de cobertura de
redes a efecto de alinear programas y estrategias.
META 2
Revisar y ajustar la normatividad vigente
para la regulación y control del transporte público, a fin de lograr su
integración.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Actualizar la normatividad a efecto de impulsar un sistema
integrado de transporte.
•
Revisar los esquemas de concesión del transporte público y
redefinir la relación entre gobierno y prestadores de servicio de transporte
público.
META 3
Establecer mecanismos eficaces de planeación
integral del desarrollo urbano que fortalezcan el sistema de transporte público,
con un enfoque metropolitano.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Impulsar la coordinación metropolitana.
•
Diseñar e implementar las rutas de penetración y de paso de
los vehículos del sistema de transporte público, suburbano y foráneo de la
ZMVM.
•
Actualizar la información de la encuesta Origen–Destino del
2007, considerando la dinámica y las estructuras de población así como los nuevos
modos de transporte público.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 4. Transporte Automotor
Prevalece un rápido
crecimiento del transporte automotor individual y de carga en la capital y la
Zona Metropolitana del Valle de México, aunado a la falta de controles
efectivos sobre su uso y gestión racional, así como de otras alternativas de
transporte.
DIAGNÓSTICO
En la ZMVM el número de automóviles
particulares creció 3 veces en los últimos treinta años, pasando de 1.7
millones en 1980 a 5.3 millones en el año 2010; sin embargo, cabe señalar que
en 1980 el 90% de los autos se encontraban registrados en el Distrito Federal y
que para 2010 este porcentaje se había reducido a 60%. Por otro lado, el número
de automóviles en la capital ha crecido a una velocidad anual de 5.3% de 1980 a
2010; además, solo el 20% de los viajes se realizan en este modo y benefician a
1 de cada 3 hogares.
Respecto al parque vehicular de carga, el
número de unidades inscritas en nuestra entidad ha descendido de 187,205
unidades en 1980 a 98,990 en 2010. Sin embargo, esto no implica que no circule
un gran número de unidades; al contrario, en la entidad transitan miles de
vehículos de carga con registro de otros estados, lo cual representa un
problema de orden metropolitano e incluso de orden federal.
Las externalidades del uso excesivo del
transporte automotor en la Ciudad de México son diversas e implican daños
sociales, debido a que incrementan la congestión y generan enfermedades,
accidentes y contaminación, entre otros efectos. Algunas de las externalidades
son:
•
El tiempo de traslado promedio ha aumentado de 53 minutos (2007)
a 1 hora con 21 minutos.
•
La velocidad de circulación se ha reducido 55% en tres
décadas; es decir, de 1990 a 2007 pasó de 38 km/h a 17 km/h.
•
Se estima que se producen 4,000 muertes prematuras por mala
calidad del aire y se pierden 2.5 millones de días por enfermedades relacionadas
con la misma.
•
Durante el año 2012 se registraron aproximadamente 13 mil
incidentes viales, destacando que el 64.34% y el 30.75% corresponden a choques
y atropellamientos, respectivamente; asimismo, durante 2010 hubo 2.81
fallecimientos y 22.87 heridos por día en promedio por accidentes viales.
•
Los vehículos generan anualmente casi un millón de toneladas
de contaminantes criterio (como el monóxido de carbono, el bióxido de nitrógeno
y partículas suspendidas entre otros) y 12.1 millones de toneladas de gases de
efecto invernadero (GEI). Los autos particulares, que representan el 80% del
parque vehicular, aportan el 42% de los contaminantes criterio y el 51% de los
GEI, mientras que el transporte de carga, que constituye 8% del parque, aporta
el 12% y 16% de las emisiones, respectivamente.
•
Los daños sociales son tan altos que se estima que el uso del
automóvil particular genera pérdidas económicas por un valor de 4.6% del
Producto Interno Bruto (PIB) de la ZMVM.
Cabe señalar que el uso excesivo del transporte
automotor ha sido tema de preocupación desde administraciones anteriores; por
tal motivo, se han implementado varias medidas y programas para combatir las
externalidades negativas del mismo, tales como el Programa de Verificación
Vehicular Obligatoria y el Programa “Hoy No Circula”. Además, en 39 escuelas de
la capital es obligatorio el uso de transporte escolar, cuya operación ha
permitido que aproximadamente 15 mil autos particulares dejen de usarse
diariamente. El programa ecoParq en la zona de Polanco, a un año de inicio de
operaciones, disminuyó en forma importante el número de vehículos en
circulación, lo cual se tradujo en una reducción de la demanda de
estacionamiento de 130% a 80% y el tiempo de búsqueda de un cajón disponible de
20 a 3 minutos.
El impulso del uso de la bicicleta en la
Ciudad de México es una estrategia con un gran potencial, ya que el 50% de los
viajes diarios que se realizan en la entidad son menores a 8 Km, distancia que
puede ser recorrida en este modo de transporte en aproximadamente 25 minutos.
De acuerdo con datos obtenidos en la Encuesta Origen Destino 2007, en la
capital solamente se realizaba el 1% de los viajes totales en bicicleta.
Finalmente respecto al
transporte de carga, desde al año 2003 se realiza la Revisión Física y Mecánica
de los Vehículos Destinados al Servicio de Transporte Público Mercantil y
Privado de Carga. Se cuenta con plataformas logísticas tales como el Aeropuerto
Internacional Benito Juárez, la Terminal Interior Intermodal Pantaco y la
Central de Abasto de la Ciudad de México, entre otras. Además, se ha
restringido la circulación de vehículos de carga en el Perímetro “A” del Centro
Histórico y en el Corredor Cero Emisiones, así como en algunos tramos de los
Ejes Viales 4 Sur y 1 Poniente, Insurgentes y carriles centrales de Reforma.
No obstante todas las medidas anteriores, es
muy importante tomar acciones adicionales para enfrentar el reto que representa
el uso del transporte automotor individual y de carga para la Ciudad de México.
OBJETIVO 1
Establecer políticas públicas de reducción
del uso del automóvil, para garantizar una mejor calidad de vida y reducir las
externalidades negativas asociadas a su uso.
META 1
Evitar o reducir la necesidad de viajar en
vehículos automotores individuales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Impulsar la redensificación a través de usos de suelo mixtos
y el desarrollo orientado al transporte sustentable en el proceso de
planeación.
•
Incentivar la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación para desarrollar proyectos de trabajo a distancia
(teletrabajo o telemedicina), con la finalidad de que se produzca un menor
número de viajes.
META 2
Impulsar el cambio a modos de transporte más
eficientes que los vehículos automotores particulares.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Desarrollar campañas de concientización para promover el
caminar, el uso de la bicicleta o del transporte público, resaltando los daños
a la salud, accidentes viales y consecuencias negativas del uso de vehículos
automotores individuales.
•
Reducir los requerimientos de estacionamiento en zonas de
alta conectividad y acceso al transporte público masivo.
META 3
Impulsar mejoras en el desempeño, las
tecnologías y los combustibles de los vehículos automotores públicos y
privados.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Promover el uso de tecnologías que permitan la utilización de
combustibles limpios.
•
Fomentar la renovación del parque vehicular y el uso de
tecnologías de punta como los sistemas de propulsión híbridos y eléctricos.
OBJETIVO 2
Mejorar y ampliar las alternativas de
movilidad eficiente, con la finalidad de incrementar el orden y la seguridad
vial.
META 1
Priorizar el traslado de personas mediante el
uso de modos más eficientes de transporte.
LÍNEA DE ACCIÓN
•
Impulsar
esquemas como los de auto compartido, préstamo de auto, taxi seguro, ECOBICI,
entre otros.
META 2
Instrumentar y actualizar mecanismos de
gestión y normatividad vial, así como dotar y mantener la infraestructura,
equipamiento y mobiliario para la movilidad que incentive el uso de modos de
transporte eficiente.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Evaluar y adecuar la normatividad que regula el Sistema de
Parquímetros de la Ciudad de México, para asegurar su adecuada operación y
posible crecimiento, de acuerdo a los programas correspondientes.
•
Impulsar e integrar la movilidad en bicicleta de manera
prioritaria, en todos los aspectos de la vida cotidiana en la urbe, bajo una
estrategia intersectorial y de coordinación con las delegaciones.
•
Actualizar el marco normativo para la inclusión de
biciestacionamientos en las nuevas construcciones que se autoricen.
•
Terminar la digitalización de la red de semáforos.
META 3
Incrementar la cultura vial y la movilidad
eficiente con la finalidad de fomentar la legalidad, el orden público y los
hábitos de movilidad más sanos, sustentables y seguros.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Desarrollar campañas de concientización, con la participación
de OSC, sobre la jerarquía de las y los usuarios de la vía pública, en las que
se resalte la prioridad de tránsito de peatones y ciclistas; a la vez que se
sensibilice sobre el uso adecuado de los vehículos no motorizados y el
cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Tránsito.
•
Incrementar el personal operativo de control de tránsito y
dotarlos del equipo necesario para llevar a cabo su función, así como promover
su capacitación y profesionalización para garantizar una estricta aplicación de
la ley.
•
Mejorar la cultura vial y obligar a la capacitación de las y
los conductores particulares y del servicio público como requisito para obtener
la licencia de conducir estableciendo, al mismo tiempo, esquemas permanentes y estrictos
contra la corrupción.
OBJETIVO 3
Desarrollar una gestión eficiente del
transporte de carga, así como de la distribución de bienes y mercancías al
interior de la capital.
META 1
Impulsar el desarrollo y modernización del
sistema logístico urbano a través de estrategias en nodos y corredores, para
hacer más eficiente la distribución de bienes bajo un enfoque metropolitano.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Promover el desarrollo de plataformas logísticas que
posibiliten el reparto urbano y la operación de “la última milla” para el
comercio.
•
Plantear un proyecto de corredores que propicie las
condiciones de regulación del tránsito de vehículos pesados.
•
Fomentar la participación integrada de las empresas
transportistas y de aquellas que utilizan sus servicios, para aprovechar al
máximo la capacidad de carga por viaje de las unidades de transporte.
META 2
Adecuar la regulación de los horarios y uso
de las vialidades para el transporte de carga según las características de los
vehículos, con la finalidad de reducir accidentes y emisiones contaminantes,
así como fomentar la competitividad urbana.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Revisar la normatividad para desarrollar un sistema de
horarios y uso de vías para el transporte de carga, con el objeto de optimizar
la circulación de dicho transporte y evitar el deterioro de la superficie de
rodamiento.
•
Desarrollar auditorías de seguridad vial para el transporte
de carga (inventario de secciones, señalamiento, condiciones de pavimento e
intersecciones conflictivas, entre otros aspectos).
ÁREA DE OPORTUNIDAD 5. Infraestructura
Hidráulica
El deterioro en la
infraestructura hidráulica acentúa las insuficiencias en la captación, la
distribución, el tratamiento y el desalojo del agua que utiliza la Ciudad de
México.
DIAGNÓSTICO
La Ciudad de México forma parte de una cuenca
cerrada a 2,300 metros sobre el nivel del mar, lo cual presenta el reto diario
de dotar de agua a la población y administrar a más de 2 millones de usuarios y
usuarias del servicio hidráulico de agua potable y drenaje en la capital.
Al complejo grupo temático del agua se le han
dado soluciones parciales, mientras el problema de abastecimiento de agua,
drenaje y saneamiento crece ante la falta de nuevas fuentes de abastecimiento,
se incrementa la extracción de agua subterránea y aumentan con ello los
hundimientos diferenciales que provocan nuevas zonas de inundación. En este
sentido, se ha modificado radicalmente el medio ambiente de un sistema lacustre,
se ha urbanizado su entorno y se ha transformado el origen y destino del
recurso del agua.
La capital cuenta con
una infraestructura hidráulica compleja que incluye miles de kilómetros de
tubería de agua potable, cientos de tanques de almacenamiento y plantas de
bombeo y pozos profundos, así como decenas de plantas potabilizadoras. Según
estudios realizados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, un 30%
del agua se pierde en fugas, lo que significa que se fugan 9.6 m3/segundo,
incluyendo el agua no contabilizada por la falta de micro-medición y las tomas
clandestinas. La fuga intradomiciliaria es la más frecuente. Las fugas se
presentan principalmente por la antigüedad de los tubos, por asentamiento del
suelo, materiales inadecuados utilizados en la instalación de redes y tomas y
por los hundimientos y sismos frecuentes en la zona del Distrito Federal. La
población afectada por estos fenómenos está ubicada en las delegaciones Álvaro
Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa
Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Otro problema de la infraestructura
hidráulica se relaciona con el Sistema de Drenaje Profundo. Este consta de
170.66 kilómetros de túneles, que iniciaron su operación en el año de 1975, con
diversos interceptores y un emisor central, y un total de 13,000 kilómetros de
tuberías que canalizan las aguas de la ZMVM hacia el portal de salida, ubicado
en el pueblo El Salto, Municipio Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo.
Además, cuenta con 91 plantas de bombeo, 21 presas de almacenamiento y otras
105 plantas de bombeo en pasos a desnivel, vehiculares y peatonales.
El sistema de drenaje tiene la finalidad de
conducir y desalojar las aguas residuales y pluviales (24 m3/segundo). De no
realizarse su mantenimiento, se corre el riesgo de un colapso en algún punto
del sistema que no permitiría el desalojo del agua, provocando saturación que
puede generar inundaciones de las zonas topográficamente más bajas.
El agua residual que vierte la población y
las industrias al sistema de drenaje carece de un tratamiento previo al
descargarse al sistema de túneles, generando gases tóxicos, principalmente el
ácido sulfhídrico, que daña el revestimiento del concreto y el arrastre de
materiales sólidos, lo que deteriora su estructura en general. El Sistema de
Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) cuenta con 24 plantas de tratamiento, 14
rebombeos de agua residual tratada, 12 tanques de agua tratada y 917 kilómetros
de tuberías de agua tratada. Sin embargo, esta infraestructura no permite
cubrir la demanda que la entidad requiere. En promedio se tratan 216,000 m3 por
día de agua residual, lo que corresponde al 10% del total del desalojo de agua
residual.
Una de las acciones correctivas que se ha
llevado a cabo fue la implementación del Programa de Inspección y
Reconstrucción de Colectores Dañados, ejecutado a partir del año 2008. Durante
estos años, se rehabilitaron túneles del emisor central (de siete metros de
diámetro) y tramos de los interceptores Oriente y Central (de cinco metros de
diámetro), los cuales tenían mayor daño estructural. El programa abarcó 5
etapas hasta el año 2012. Como resultado de las actividades realizadas durante
los periodos de estiaje, se rehabilitaron 47.60 kilómetros y quedaron por
reparar, por su orden de afectación, alrededor de 60 kilómetros.
Los colectores que conforman la red primaria
de drenaje de nuestra entidad federativa tienen una longitud de 2,368
kilómetros y varían en su diámetro (de setenta centímetros hasta dos metros).
Se inició su construcción desde los años 1902 y 1904; su desarrollo fue mayor
cuando la entidad experimentó la expansión acelerada de la traza urbana, en los
años cincuenta del siglo pasado. Actualmente, los colectores con problemas
abarcan hasta un 40% de la red en operación.
La gravedad del problema en los colectores se
manifiesta en la afectación de la estructura de las tuberías, generalmente de
concreto, lo que ha ocasionado colapsos de las vialidades donde va la traza de
esta red, dañando vehículos y personas. De acuerdo con el registro de
hundimientos por daños a colectores, cada año suceden más eventos de este tipo,
debido principalmente a la antigüedad y al ataque de gases tóxicos, como el ya
mencionado ácido sulfhídrico.
OBJETIVO 1
Garantizar el suministro de agua potable en
cantidad y en calidad a la población de la Ciudad de México, a través del
mantenimiento de la infraestructura del Sistema de Agua Potable y la mejora de
su administración.
META 1
Recuperar caudales relevantes que se pierden
durante la distribución, mediante el incremento de las acciones de
mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura, a fin de disponer de
mayor cantidad de agua potable para la dotación.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Reforzar las acciones de sectorización y construir plantas de
bombeo y tanques de regulación en la red de abastecimiento de agua potable,
para lograr una distribución homogénea en cuanto a presión y caudales en todo
el territorio de la entidad.
•
Asegurar el mantenimiento correctivo, creciente y eficiente
de la red de distribución, con la finalidad de evitar fugas.
•
Mejorar la coordinación y la capacitación a nivel delegacional
en la atención de fugas.
•
Completar el sistema de macro-medición con la finalidad de
tener un control eficiente y seguro del agua distribuida en el sistema.
•
Reforzar los programas de mantenimiento preventivo de plantas
de bombeo y tanques de almacenamiento, así como robustecer la rehabilitación
integral de pozos para mantener los caudales de suministro y cubrir con tomas
domiciliarias a las colonias urbano-populares.
META 2
Construir y rehabilitar plantas
potabilizadoras en zonas donde la calidad del agua requiera de algún proceso de
tratamiento para el consumo humano.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Realizar un diagnóstico sobre la situación geohidrológica y
el estado actual de los diferentes acuíferos existentes en el Valle de México.
•
Realizar programas de mantenimiento preventivo o
rehabilitación, con la finalidad de mejorar las condiciones de operación que
actualmente presentan las plantas potabilizadoras; incrementar los caudales y
la calidad del afluente; y garantizar una mejor calidad del agua para el
abastecimiento.
OBJETIVO 2
Consolidar la funcionalidad administrativa
del SACMEX para ofrecer un servicio plenamente eficiente y transparente.
META 1
Llevar a cabo una reforma
técnico-administrativa para garantizar la transparencia y mayor efectividad en
la ejecución de programas y proyectos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Establecer mecanismos para que los prestadores de servicios
externos transparenten la información.
•
Elaborar un diagnóstico sobre el esquema tarifario, la
medición domiciliaria y el sistema de cobros.
•
Transparentar los recursos delegacionales y promover la
definición participativa de prioridades para incluir acciones relativas a las
redes secundarias de agua en los planes parciales de desarrollo urbano
delegacionales.
•
Desarrollar un sistema de información sobre la capacidad de
la infraestructura hidráulica que permita medir la factibilidad de los grandes
proyectos urbanos.
OBJETIVO 3
Garantizar el mantenimiento y la operación
del sistema de drenaje y las plantas de tratamiento y distribución, así como la
recuperación, manejo y cobertura de aguas residuales.
META 1
Concluir el programa de mantenimiento al
Sistema de Drenaje para conducir y desalojar de manera eficiente las aguas
residuales y pluviales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Elaborar e implementar el programa de mantenimiento y
sustitución de colectores a partir de la identificación de sitios dañados, la
actualización del catastro de la infraestructura y la sustitución de tuberías
en mal estado.
•
Concluir la rehabilitación y mantenimiento de los
interceptores y del emisor central a partir de la identificación de sitios
dañados y la rehabilitación de los túneles en mal estado.
•
Rehabilitar y mantener las plantas de bombeo de agua residual
a partir de la actualización del catastro de la infraestructura y la
rehabilitación integral de las plantas que rebasaron su vida útil.
META 2
Incrementar la captación, el uso y
aprovechamiento de las aguas residuales tratadas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Diversificar los sistemas de captación de agua pluvial.
•
Construir nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales.
•
Ampliar la conducción y distribución del agua tratada.
•
Dar mantenimiento a la infraestructura del sistema de aguas
tratadas.
META 3
Tecnificar el monitoreo y la operación de la
red de aguas residuales tratadas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Modernizar la instrumentación del monitoreo de la red de
aguas residuales.
•
Actualizar y renovar la red de estaciones pluviométricas.
•
Elaborar un plan de manejo de las aguas pluviales con visión
metropolitana.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 6. Vivienda
Se presenta una escasa
oferta de vivienda y de instrumentos para su mejora, que consideren las
características, los cambios y la transición demográfica que han experimentado
los hogares en la entidad. DIAGNÓSTICO
En la capital, según el Consejo Nacional de
Población (CONAPO), cada año se estarán conformando 37 mil nuevos hogares con
nuevas formas en la composición interna de los mismos: matrimonios nuevos,
parejas que se divorcian, jóvenes que se independizan y personas adultas
mayores solas, entre otros. Estos cambios se ven reflejados en la demanda de vivienda
y en sus requerimientos.
A esta demanda generada por el crecimiento
natural y social de la población, se incorpora la ocasionada por el deterioro
del parque habitacional y el término de la vida útil del mismo, el alto costo
del suelo, así como el deterioro en el nivel de vida de la población, lo que la
hace más vulnerable para acceder a algún tipo de financiamiento o apoyo.
Con base en cifras de
la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), los requerimientos de vivienda para
nuestra entidad federativa se estiman para el 2013 en aproximadamente 114,326
acciones, divididas en 55,410 acciones de vivienda nueva y 58,916 de
mejoramiento. El 49.13% de estas necesidades se concentran en los niveles
socioeconómicos popular y bajo, que corresponden a personas que ganan menos de
8 salarios mínimos; el 46.64% restante gana entre 8 y 30 salarios mínimos.
De acuerdo a la CONAVI, en la Ciudad de
México operan los siguientes organismos de vivienda gubernamentales: Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Fondo de
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (FOVISSSTE), Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas (ISSFAM)-Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada S.N.C.
(BANJERCITO), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad
(CFE), BANCA y Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOL) y el Instituto
de Vivienda del Distrito Federal (INVI). Estos organismos atienden el 46.2% de
las acciones de vivienda (52,819) y existe una demanda sin atención del orden
de 53.8% (61,507 acciones) en todos los niveles socioeconómicos. Cabe señalar
que la atención se da en función de los recursos que se programan anualmente
para las metas establecidas por cada organismo de vivienda.
La atención al requerimiento por parte del
Gobierno del Distrito Federal se da a través del INVI. De las 52,819 acciones
ejercidas en la entidad, este organismo participa con el 43% de la atención en
los niveles socioeconómicos popular y bajo, que perciben de 1 a 8 salarios
mínimos mensuales; de estos, el INVI participa con 94.32% de los requerimientos
del nivel popular y con 35.31% del nivel bajo.
Por su parte, con la política de
redensificación iniciada a partir del año 2000, la oferta de vivienda generada
se orientó hacia sectores sociales con ingresos por arriba de los 8 salarios
mínimos, con la consecuente expulsión hacia los municipios conurbados de la población
por debajo de ese nivel.
Entre los retos pendientes en materia de
vivienda se encuentra la actualización de la normatividad y los instrumentos
jurídicos vigentes; la articulación de las políticas de desarrollo urbano,
ambientales y sociales; y una mayor coordinación y articulación por parte de
las dependencias y entidades involucradas para planear y ejecutar acciones.
Además, resulta necesario alinear los programas sectoriales con los programas
parciales de las delegaciones.
Por último, se debe contemplar que el suelo
existente para el desarrollo de programas de vivienda popular usualmente no es
compatible con la factibilidad de servicios, principalmente de agua y de
conexión con el transporte público. Tampoco se han diseñado programas para la
producción de vivienda en renta o de renta con opción a compra y las acciones
de gobierno no han considerado la integración de distintos sectores socioeconómicos
en las políticas de vivienda. De igual manera, en muchos casos se han
implementado esfuerzos aislados que no se integran a la comunidad, por lo que
es necesario revisar los modelos y replantear los diseños de las políticas en
esta materia.
OBJETIVO 1
Atender las necesidades de vivienda de la
población de bajos ingresos de la capital, brindando oportunidades económicas y
sociales para su adquisición y haciendo énfasis en los atributos del derecho a
una vivienda adecuada y digna.
META 1
Construir vivienda de interés social con
esquemas que permitan la sustentabilidad, la competitividad y la equidad.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Modernizar los proyectos y la normatividad para la
construcción de vivienda social, que permitan generar edificaciones de mayor
superficie, menor costo y en menor tiempo de ejecución; cercanas a las redes de
transporte público y fuentes de empleo; con servicios urbanos y de comercio
local; y que sean amigables con el medio ambiente.
•
Propiciar la participación social mediante la creación de
técnicas que apoyen el proceso de autoproducción que realizan los sectores
populares.
•
Diseñar nuevos esquemas financieros como la renta con opción
a compra y organizar y gestionar créditos, redención de pasivos,
cofinanciamiento y subsidios ante organismos financieros públicos o privados,
que no sobrepasen la capacidad económica de las familias para garantizar el
pago del bien inmueble.
•
Ampliar y diversificar los créditos de vivienda en poblados
rurales, respetando la normatividad establecida para el suelo de conservación.
META 2
Ampliar, bajo una perspectiva de género, la
cobertura de los programas de mejoramiento de vivienda, preferentemente
dirigida a la población residente de bajos recursos económicos, en condiciones
de vulnerabilidad y en situación de riesgo.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Diseñar los créditos y la asesoría técnica adecuados para el
mejoramiento de vivienda orientada a las familias que habitan en situación de
riesgo, que están en condiciones de vulnerabilidad, a las personas adultas
mayores y a las mujeres.
•
Adecuar el programa de mejoramiento de vivienda para hacer
frente a las necesidades reales de la población, generando esquemas que
permitan normalizar la situación de viviendas divisibles, ampliadas y por
lotes.
•
Propiciar el otorgamiento de subsidios, permisos y créditos
para la adecuación de la vivienda, la ejecución de las adaptaciones especiales
y el cambio de función de los espacios, para que respondan a las necesidades de
la población con discapacidad, con movilidad reducida y personas adultas
mayores.
•
Otorgar apoyo de renta mensual hasta la entrega de una
vivienda a las familias reubicadas por habitar en zonas de alto riesgo
(hidrometeorológico, geológico y estructural).
OBJETIVO 2
Impulsar la creación de un marco normativo
que promueva y regule el desarrollo de vivienda en áreas con posibilidades de redensificación
y reciclamiento.
META 1
Actualizar el marco normativo y articular la
acción de las diferentes dependencias y entidades, para facilitar la gestión y
desarrollo de vivienda de interés social.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Impulsar la figura de Condominio en Lote Familiar y Popular
para la regularización de viviendas construidas en lotes unifamiliares.
•
Desincentivar la ocupación irregular de áreas no aptas y
romper el círculo vicioso de invasión-regularización que afecta la
sustentabilidad y calidad de vida de los habitantes de estas zonas y de la
Ciudad en su conjunto.
•
Dar seguridad patrimonial a los acreditados a través de la
escrituración y calidad en la gestión.
•
Revisar la legislación vigente en la materia para proponer
los ajustes normativos e institucionales necesarios; simplificar los trámites
para construcción de vivienda y supervisar a los inspectores de obra.
•
Garantizar la transparencia en la gestión administrativa, mejorar
los controles y velar por la integridad de los procesos a través del
fortalecimiento de los mecanismos de control de gestión para el otorgamiento de
créditos.
META 2
Adquirir inmuebles con características
jurídicas, técnicas y financieras óptimas para el desarrollo de vivienda de
interés social.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Elaborar un inventario sobre inmuebles que son de propiedad
pública, con el fin de identificar la reserva de suelo que por sus
características sea factible de desincorporar para llevar a cabo proyectos de
vivienda.
•
Clasificar la reserva inmobiliaria actual, identificando el
potencial de todos y cada uno de sus predios.
•
Promover la adquisición de vecindades e inmuebles en
condiciones de alto riesgo estructural, para integrarlos como parte de la bolsa
de suelo, impulsando la expropiación de los inmuebles que se cataloguen como de
alto riesgo estructural y cuyos propietarios no los atiendan.
OBJETIVO 3
Promover la participación organizada de la
sociedad en conjunto con los diferentes órdenes de gobierno para la creación de
nuevos modelos de producción de vivienda sustentable, aprovechando la inversión
acumulada en infraestructura y transporte público, sobre todo en áreas con
potencial de reciclamiento.
META 1
Propiciar y concertar la ejecución de
proyectos de vivienda sustentable, que busquen el fortalecimiento de la
convivencia e integración de la población, aprovechando la inversión acumulada
en infraestructura, tanto en centralidades existentes como en áreas de
potencial de reciclamiento, tales como viejas zonas industriales, deterioradas
o en desuso.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Generar procesos de producción del hábitat que impulsen
iniciativas consensuadas de desarrollo local en nuevos centros urbanos o áreas
de reciclamiento, tendientes a mejorar y/o incrementar el parque habitacional
con participación de la población local, organismos de la sociedad civil,
iniciativa privada y representantes gubernamentales.
•
Incentivar y fortalecer procesos de planeación multiactoral
de zonas específicas de la Ciudad para generar esquemas novedosos de producción
social del hábitat y de vivienda sustentable, adecuados a las condiciones del
territorio específico.
•
Posibilitar la concreción de modelos novedosos de producción
social de vivienda sustentable en zonas estratégicas con la gestión de
financiamiento ante organismos públicos federales, locales y privados.
•
Fomentar el desarrollo de núcleos y barrios habitacionales de
intereses mixtos.
•
Fomentar la construcción de vivienda de interés social dentro
de los desarrollos y barrios de interés medio.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 7. Residuos Sólidos
Persiste la
insuficiencia de una gestión integral de residuos sólidos a nivel social,
educativo y ambiental, así como en la operación, manejo, tratamiento,
aprovechamiento, valorización y disposición final de dichos residuos.
DIAGNÓSTICO
En la capital se generan en promedio 12,664
toneladas diarias de residuos sólidos, producidos por más de 8,800,000
habitantes, más la población flotante que ingresa diariamente proveniente de
los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Un
porcentaje significativo, aproximadamente del 44%, es de tipo orgánico, lo que
representa una importante fuente para la elaboración de composta y de
mejoradores de suelo requeridos en las áreas verdes de la Ciudad de México.
Asimismo, el 30% de los residuos sólidos generados presenta un potencial de
valorización en su recuperación, como son los elaborados a base de papel, cartón,
vidrio, metal y plástico.
El Gobierno del Distrito Federal, a través de
diferentes dependencias, es el responsable del manejo de los residuos sólidos
generados en la entidad. La recolección de los residuos se inicia con un parque
vehicular de 2,315 camiones que, por sus años de vida útil y servicio, se
considera obsoleto al menos en un 70%.
Desde las etapas de barrido manual en las
colonias, así como en el trayecto de los camiones recolectores a las 13
estaciones de transferencia, los residuos tienen una primera selección,
recuperándose una cantidad no menor a 1,200 toneladas al día de subproductos
para la industria del reciclaje. Después de ser depositados en las estaciones
de transferencia, 2,500 toneladas al día son enviadas a las tres plantas de
selección para recuperar los materiales que aún son potencialmente reciclables.
Asimismo, un promedio diario total de 2,500 a
3,000 toneladas de materia orgánica es enviado a la Planta de Composta para su
tratamiento; en las etapas finales del proceso, los residuos no aprovechados en
este ciclo, son dispuestos en rellenos sanitarios del estado de México y del
estado de Morelos, ya que el Distrito Federal no cuenta por el momento con un
sitio de disposición final o temporal.
En cuestión de normatividad, la capital es de
las pocas entidades federativas que cuenta con un marco jurídico robusto en
materia de residuos sólidos, lo cual ha provocado que en los últimos años
existan cambios para transitar hacia una gestión integral. Bajo esta tendencia,
se han emprendido grandes esfuerzos y estrategias en el Programa de Gestión
Integral de Residuos Sólidos 2010-2015, desde su primera publicación en 2004.
La Ciudad de México enfrenta importantes
retos en el manejo de residuos sólidos, entre los que destacan una cultura
incipiente en hábitos de reducción, consumo responsable y separación; un
déficit vehicular para una mejor cobertura en la recolección y transferencia;
insuficiente infraestructura para un mejor manejo, separación, reciclaje y
aprovechamiento; la falta de tecnologías alternativas de tratamiento; y la
ausencia de un nuevo sitio de disposición final, debido a la escasez de
espacios dentro de la entidad. Además, es insuficiente la inspección y
vigilancia sobre el depósito clandestino de residuos que provienen de la
construcción, remodelación y demolición.
Actualmente, el
Gobierno del Distrito Federal ha avanzado en diversas medidas que coadyuvan a
la reducción de los volúmenes de residuos, tales como: la separación en fuente,
que ha alcanzado niveles de eficiencia delegacional promedio de hasta un 75% de
la fracción orgánica de los residuos, los cuales son procesados en la Planta de
Composta; el programa “Vamos a Separar” que establece los días para la
recolección selectiva; el abatimiento de fuentes de contaminación resultantes
de tiraderos clandestinos mediante la colocación de las islas de reciclaje en
puntos estratégicos de la entidad; la promoción de esquemas de retorno para
residuos de manejo especial, como es el caso de pilas, celulares, llantas,
aceites de cocina y envases con aceites automotrices, entre otros.
No obstante, para el adecuado manejo de los
residuos, todavía es necesario consolidar una gestión integral con visión
metropolitana, que fortalezca un sistema de bajo impacto ecológico, que analice
y asimile colectiva y gradualmente los avances tecnológicos y las experiencias
internacionales que sean económicamente factibles, técnicamente viables y
socialmente aceptables.
OBJETIVO 1
Alcanzar una mayor educación y cultura
ambiental de los habitantes, a efecto de potenciar la participación social en
la prevención, minimización, separación y aprovechamiento de los residuos
sólidos.
META 1
Ampliar y profundizar los programas y
estrategias de comunicación y capacitación en el curso de los próximos años,
para difundir acciones que orienten y eduquen a la población sobre la
importancia de llevar a cabo la prevención, minimización, separación en fuente
y aprovechamiento de los residuos sólidos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Elaborar e implementar una campaña de comunicación en medios
masivos y a través de herramientas de Internet, que dote a la comunidad de los
elementos de información suficientes para entender la complejidad del problema
y el adecuado manejo de los residuos sólidos.
•
Generar programas de participación comunitaria, barrial y
vecinal en temas de manejo de residuos y la conservación del entorno.
•
Promover la estrategia de minimización, consumo responsable,
aprovechamiento y canalización de los subproductos que se generan, mediante
información precisa y capacitación en todos los niveles escolares.
•
Elaborar y aplicar un programa de estímulos a quien cumpla
con las estrategias señaladas, en colaboración con la organización vecinal, y
concertar con los gobiernos estatales de la ZMVM la adopción de medidas similares
en su ámbito territorial.
OBJETIVO 2
Fortalecer las condiciones para la prestación
del servicio público de limpia, su infraestructura, equipamiento y mobiliario,
así como las estaciones de transferencia e instalaciones diversas del sistema
de tratamiento de residuos sólidos.
META 1
Gestionar la renovación del parque vehicular,
así como de las instalaciones, insumos y herramientas del servicio de limpia
para hacer más eficientes las condiciones de la recolección de residuos sólidos
y fomentar la modernización de la infraestructura para su manejo.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
En estrecha coordinación con los gobiernos delegacionales,
renovar el parque vehicular, considerando vehículos de doble compartimento para
la separación de los residuos sólidos.
•
Instalar, varias veces al día, basureros y contenedores con
distintas clasificaciones de basura en calles, espacios públicos y sitios clave
en los que se extraiga la basura.
•
Modernizar la infraestructura para el manejo de residuos
sólidos en los sitios de transferencia, tratamiento y disposición final, con
tecnologías adecuadas que permitan el máximo aprovechamiento de los materiales.
•
Consolidar y garantizar la operación de la Planta de Composta
del Distrito Federal e incidir en la multiplicación de plantas de composta a
nivel metropolitano, así como en la implementación de estrategias de mercado
para su comercialización.
META 2
Desarrollar nuevos proyectos para incidir en
el aumento de la captación de residuos especiales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Fomentar y promover el establecimiento de centros de depósito
y reciclaje de residuos valorizables y de manejo especial.
•
Obtener un mayor aprovechamiento de los residuos generados en
la construcción y demolición para su reutilización y reciclaje, así como
garantizar la disposición adecuada de los que no puedan ser aprovechados.
•
Crear instrumentos fiscales y económicos para disminuir el
uso de plásticos no biodegradables.
•
Promover medidas normativas para el tratamiento de residuos
peligrosos.
META 3
Impulsar una coordinación metropolitana
efectiva para el manejo integral de los residuos sólidos.
LÍNEA DE ACCIÓN
•
Establecer
una coordinación interinstitucional con otras entidades de gobierno para
elaborar e implementar una estrategia conjunta en materia de residuos,
definiendo responsabilidades compartidas con las diferentes entidades, órdenes
de gobierno, organismos de la sociedad civil y otros organismos establecidos de
la ZMVM.
OBJETIVO 3
Con visión metropolitana, avanzar en la
instrumentación y operación de nuevas alternativas tecnológicas encaminadas
hacia el manejo, valorización y explotación de los residuos sólidos como fuente
de generación de materiales complementarios, así como en el uso de energía
alterna.
META 1
Implementar proyectos con nuevas tecnologías
que promuevan la transformación de los residuos sólidos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Desarrollar el proyecto e implementación de digestión
anaerobia para 3,000 toneladas por día, en varios de los centros de recepción
ubicados en la entidad.
•
Desarrollar el proyecto e implementación de gasificación para
2,800 toneladas por día, escalables modularmente al doble de capacidad, con
base en las necesidades de estabilización y recirculación del espacio físico.
META 2
Adquirir, construir y adecuar un sitio de
recepción no menor a 100 hectáreas dentro de los límites de la capital, dedicado
a la estabilización de los residuos y su posterior gasificación.
LÍNEA DE ACCIÓN
•
Contar
con el centro de recepción temporal y de energía, para integrar la
infraestructura, equipos y tecnologías de estabilización y gasificación de los
residuos sólidos de la Ciudad de México.
META 3
Vigilar el proceso y cumplimiento de la
clausura y aprovechamiento del biogás del relleno sanitario Bordo Poniente,
bajo los preceptos de la concesión otorgada.
LÍNEA DE ACCIÓN
•
Coadyuvar,
supervisar y garantizar que las condiciones, obligaciones y beneficios para la
capital se cumplan con el proceso de clausura, saneamiento y explotación de
biogás del Bordo Poniente, cuarta etapa, a efecto de abatir el pasivo ambiental
que representa y consolidar el autoabastecimiento de energía eléctrica
previsto.
EJE 5. EFECTIVIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Un sistema democrático exige el compromiso de
que la acción gubernamental responda a las necesidades de la ciudadanía,
atienda los problemas sociales y genere resultados que sirvan para mejorar el
bienestar y calidad de vida de la población; exige un gobierno efectivo que
actúe de manera transparente y rinda cuentas de sus decisiones y que además
combata de manera decidida cualquier acto de corrupción en su interior.
Un gobierno efectivo y al servicio de la
ciudadanía es aquel capaz de definir objetivos claros sobre las mejoras que se
pretenden conseguir, asignando los recursos entre las instancias de gobierno de
acuerdo a dichas prioridades e implementando políticas transversales a partir
del funcionamiento coordinado de las dependencias públicas. Asimismo, establece
estándares de medición y evaluación que permiten realizar un seguimiento
constante para identificar el impacto de la acciones, es decir, la relación
entre los programas de política pública implementados y la mejoría en el
bienestar y el disfrute de derechos por parte de las personas.
Al mismo tiempo es un gobierno abierto que
transparenta sus acciones y procesos internos y, haciendo uso de las nuevas
tecnologías de información y comunicación, genera canales para que la población
pueda acceder a sus servicios de manera simple y ágil, a la vez que escucha y
responde a sus demandas, reclamos y sugerencias.
Para que un gobierno sea efectivo y genere cambios
positivos en la vida de las y los ciudadanos es indispensable que cuente con
finanzas públicas sólidas que sean manejadas de manera eficiente y responsable.
Asimismo, requiere medidas que ataquen las causas estructurales que propician
la corrupción y que reduzcan los espacios de discrecionalidad y opacidad. Es
fundamental simplificar procedimientos, automatizar el acceso a trámites y
servicios y asegurar que el ingreso al servicio público se dé con base en
mecanismos transparentes y meritocráticos, y que las servidoras y los
servidores públicos sean constantemente capacitados y evaluados en cuanto a su
desempeño.
La corrupción y las
conductas sociales vinculadas a esta erosionan el entramado social y la
confianza ciudadana en el gobierno, debilitan el desempeño gubernamental y
amenazan la consolidación y la estabilidad de las instituciones democráticas.
El fenómeno de la corrupción genera altos costos económicos que se traducen en
la ineficiencia e ineficacia de las políticas públicas, así como en la pérdida
de oportunidades de desarrollo de los países. Por su parte, la ciudadanía, al
igual que los organismos privados y las instituciones públicas, ve limitado su
acceso a una mejor oferta de bienes y servicios públicos y debe cargar con los
costos adicionales, económicos y sociales, que generan las prácticas de
corrupción.
La participación de la sociedad civil en el
monitoreo gubernamental es toral tanto para asegurar la efectividad en el
ejercicio de gobierno como para el combate a la corrupción. La transparencia y
la rendición de cuentas como mecanismos de control del poder son útiles en la
medida en que sirven a la ciudadanía para mejorar el funcionamiento de las
políticas, los programas y los servicios más cercanos a su comunidad, ciudad o
región. Mientras exista una ciudadanía que active mecanismos de vigilancia y
rendición de cuentas para someter al escrutinio la acción pública, los
gobiernos tenderán a ser más responsivos a las demandas, más eficaces en el
accionar público y menos propensos a la corrupción.
La transparencia y la rendición de cuentas
han sido adoptadas ya como principios centrales de gestión y de desempeño para
las dependencias gubernamentales y para el servicio público. Por esta razón,
inciden en la conducta de las servidoras y los servidores públicos, por las
cuestiones ético-valorativas que impulsa su aplicación; modifican los
procedimientos y trámites, por los requerimientos de visibilidad y seguimiento
continuo que demandan; y ubican a las administraciones públicas y al resto de
las unidades de gobierno en una situación de disponibilidad permanente ante la
sociedad. De ahí que resulte fundamental que cualquier servidora o servidor
público conozca y entienda a cabalidad las implicaciones de la vigencia y uso
permanente de los principios que emanan de ambos conceptos. Es necesario además
que el gobierno genere y ponga a disposición de la ciudadanía información sobre
los procesos y resultados de las políticas de forma accesible para todas y
todos, así como útil, clara y oportuna, involucrando a las y los ciudadanos en
la valoración del cumplimiento de sus derechos, la progresividad de su alcance
y su exigibilidad, así como en el llamamiento al gobierno a rendir cuentas en
caso de incumplimiento.
Lo anterior es doblemente necesario en el
caso de las servidoras y los servidores públicos del Gobierno del Distrito
Federal, cuyas responsabilidades los ubican en un contexto de enorme
complejidad y retos. Al ser el gobierno del núcleo de la zona metropolitana más
importante de México y una de las más dinámicas de la región latinoamericana,
el Gobierno del Distrito Federal debe sortear los desafíos de gobernar un
territorio y una población de grandes dimensiones, con las consecuentes
complicaciones técnicas; sin embargo, al mismo tiempo, es la autoridad más
cercana de una ciudad en la que conviven realidades socioeconómicas diversas
que reclaman cercanía, sensibilidad y capacidad de respuesta inmediata.
El Gobierno del Distrito Federal ha
establecido como uno de los ejes estratégicos para las acciones de esta gestión
la efectividad, rendición de cuentas y combate a la corrupción; en este eje se
enlista una serie de áreas de oportunidad en las que deberán concentrarse los
esfuerzos para consolidar un gobierno efectivo, transparente y cercano a la
ciudadanía, así como los objetivos, metas y líneas de acción para fortalecer
los compromisos que este gobierno asume ante los habitantes.
A través de este eje estratégico, se busca
articular temas de mejora regulatoria y simplificación administrativa, la
planeación, evaluación y presupuesto basado en resultados, el uso adecuado de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la transparencia y
rendición de cuentas, el uso eficiente de los recursos y las finanzas públicas
sanas, así como la profesionalización del servicio público.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 1. Mejora Regulatoria y
Simplificación Administrativa
Sobrerregulación
jurídica y excesiva carga administrativa en los trámites y servicios, cuya
prestación complicada y lenta limita la eficiencia económica y la
competitividad de la Ciudad, redunda en baja calidad en la atención a la
ciudadanía y propicia oportunidades para la corrupción.
DIAGNÓSTICO
Durante las últimas décadas, en la Ciudad de
México se ha construido un vasto marco jurídico conformado por alrededor de
2,500 ordenamientos jurídico-administrativos. Entre ellos podemos contar 7
códigos, aproximadamente 140 leyes, 140 reglamentos que no necesariamente
corresponden a cada ley, y actos administrativos de carácter general cuya expedición
no tiene un control aparente.
Existen disposiciones
dispersas, duplicadas, transitorias o temporales y contradictorias o que
contienen criterios heterogéneos, las cuales son difíciles de identificar
oportunamente.
En los últimos años el Gobierno del Distrito
Federal ha llevado adelante acciones para enfrentar esta situación. A partir de
la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, se creó el Manual
de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal. La última modificación
de ese manual, publicada en julio de 2012, da cuenta de 214 trámites y 76
servicios de mayor demanda. Asimismo, mediante una disposición administrativa
emitida por la Contraloría General en 2011, se creó el Catálogo Único de
Trámites y Servicios como herramienta para difundir información sobre los
trámites y servicios que brinda la administración pública local. Dicho catálogo
ha logrado captar 307 trámites y 256 servicios, incluidos los del Manual.
En el mismo sentido, en el marco de la
desregulación y la simplificación administrativa el Gobierno del Distrito
Federal ha implementado exitosamente las Ventanillas Únicas Delegacionales, el
Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles
(SIAPEM), los Centros de Vinculación Empresarial (CVE), y la creación de
instancias como el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.
No obstante estos avances, no se ha logrado
integrar en un solo instrumento el universo de trámites y servicios que brinda
la administración pública local. Esto se debe principalmente a que no se cuenta
con un marco jurídico fortalecido, no se han implementado herramientas de
innovación tecnológica o de regulación eficiente y no existe un área que
concentre las atribuciones para brindar certeza jurídica, transparencia y bajo
costo en los trámites y servicios. Así, los esfuerzos en esta materia se
encuentran dispersos y no se ha logrado desarrollar una política sólida de
mejora regulatoria y simplificación administrativa.
Un estudio elaborado por Latin-Reg, con la
cooperación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), y que
retoma recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), ubica al Distrito Federal en el tercer lugar de las entidades
con mayor carga administrativa de todo el país y en el lugar veinte en gestión
regulatoria, con una calificación de 31 puntos, muy por debajo de los 67 puntos
de la calificación promedio para los países miembros de la OCDE.
Esta realidad aumenta los espacios de
discrecionalidad de las servidoras y los servidores públicos e incrementa el
tiempo y costo en la realización de los trámites, lo cual genera efectos
negativos sobre la competitividad económica de la Ciudad de México y la
percepción de conductas corruptas, y puede limitar el efectivo ejercicio de los
derechos por parte de ciudadanía.
Por ejemplo, el estudio Doing Business2013
del Banco Mundial, al analizar el ejercicio 2012, ubica al Distrito Federal en
el lugar 30 de las 32 entidades del país en facilidad para hacer negocios (correspondiendo
el puesto 1 a la entidad en donde resulta más fácil hacer negocios y el 32 a
aquella en dónde resulta más difícil).
Asimismo, Transparencia Mexicana, a través
del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, calificó al Distrito
Federal como la entidad con más alta percepción de corrupción, al ubicarse en
el lugar 32 con 17.9 puntos, muy por encima del promedio de 10.3. Dicha
puntuación se explica en gran medida por la percepción de corrupción en
diversos trámites y servicios, entre los que se ubican la licencia o permiso de
demolición, construcción o alineamiento y número oficial, la licencia o uso de
suelo, diversos trámites en el Registro Público de la Propiedad y el permiso
para la instalación de un negocio o abrir un establecimiento. Varios de estos
trámites y servicios coinciden con los que requieren mejora regulatoria y
simplificación administrativa.
OBJETIVO 1
Mejorar y facilitar la solicitud y resolución
de trámites, así como la prestación de servicios a cargo de los distintos
órganos de la Administración Pública del Distrito Federal.
META 1
Reducir el tiempo real
de atención y resolución de trámites y servicios, disminuyendo el número de
requisitos y de procedimientos y, en su caso, el costo de los mismos, mediante
la mejora de las disposiciones jurídicas que se requieran.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Implementar mecanismos de simplificación que permitan
disminuir los tiempos de respuesta y el número de requisitos y de
procedimientos para la resolución de trámites y la prestación de servicios.
•
Contribuir en la actualización de normas y disposiciones
jurídicas para mejorar la gestión pública y otorgar una mayor certeza jurídica
a la ciudadanía.
META 2
Mejorar los niveles de calidad y eficiencia
en la atención de trámites y servicios tanto en espacios físicos como a través
de medios electrónicos, bajo los principios de igualdad y no discriminación.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Normar y ejecutar políticas dirigidas a crear y mantener en
todos los centros destinados a la realización de trámites, prestación de
servicios y atención ciudadana en general, una infraestructura idónea que
garantice la accesibilidad universal, con especial atención a personas en
situación devulnerabilidad por su origen étnico, condición económica o
migratoria, edad, capacidad, sexo, preferencia u orientación sexual, por alguna
enfermedad, discapacidad, entre otras.
•
Avanzar en la implementación de medios electrónicos y otros
mecanismos que permitan una ágil atención y resolución de trámites, así como
una eficiente prestación de servicios, mediante el uso y aprovechamiento de las
tecnologías de la información y la comunicación.
•
Generar las condiciones para que las personas en situación de
vulnerabilidad puedan acceder al uso de los medios electrónicos para la
realización de trámites y/o recibir orientación acerca de los lugares en donde
puedan acudir para realizar esta tarea.
•
Crear mecanismos para facilitar la presentación o consulta de
documentación oficial básica de personas físicas o morales, incluso de aquella
con la que ya cuenta la Administración Pública del Distrito Federal, y que es
requisito para realizar algún trámite, mediante el uso de bancos de datos,
padrones o registros de usuarios acreditados que eviten la presentación
reiterada de la misma, salvo en casos como cotejo o actualización.
•
Impulsar una cultura de calidad, igualdad y no discriminación
en la atención a la ciudadanía, mediante la instrumentación de un código de
ética y responsabilidades de las servidoras y servidores públicos.
OBJETIVO 2
Mejorar y mantener actualizados los canales
de difusión de los trámites y servicios que brindan los distintos órganos que
integran la Administración Pública del Distrito Federal, para dar certeza
jurídica a la ciudadanía y garantizar la transparencia y la homogeneidad en la
prestación de los mismos.
META 1
Registrar y difundir
información actualizada, conforme a la legislación vigente, de todos los
trámites y servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración
Pública del Distrito Federal, facilitando el acceso a dicha información en
cualquier lugar y modalidad.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Difundir entre la población el contenido y utilidad de
instrumentos como el Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito
Federal y el Catálogo Único de Trámites y Servicios en línea y sus
actualizaciones.
•
Incorporar paulatinamente la totalidad de trámites y
servicios a cargo de los distintos órganos de la Administración Pública del
Distrito Federal a los mecanismos legales de difusión.
•
Priorizar los trámites y servicios más solicitados y de mayor
impacto para la ciudadanía, estableciendo mejores prácticas en los procesos de
trabajo y atención.
•
Promover una gestión pública ágil y transparente y consolidar
la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en las
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública
del Distrito Federal.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 2. Planeación, Evaluación
y Presupuesto Basado en Resultados
Insuficiente
vinculación entre la planeación, programación, presupuestación y evaluación de
las acciones de gobierno, lo que reduce la eficiencia en la utilización de
recursos y limita la efectividad en la implementación de las políticas
públicas.
DIAGNÓSTICO
Si bien el Gobierno del Distrito Federal
cuenta con un marco normativo que otorga un papel importante a la planeación y
establece al Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF) como
el instrumento que plasma los objetivos y estrategias que deben guiar la acción
gubernamental, la vinculación del proceso de planeación con los de
programación, presupuestación y evaluación aún es insuficiente, lo que afecta
la eficiencia y el impacto de las políticas públicas.
Durante los últimos años, el Gobierno del
Distrito Federal ha instrumentado acciones encaminadas a reducir esta brecha.
En materia presupuestal se han iniciado acciones para implementar un
Presupuesto Basado en Resultados, el cual permite definir prioridades y
vincular los objetivos de los programas presupuestarios con los del Programa General
de Desarrollo y los programas que de él deriven. Este tipo de presupuesto
permite asignar recursos con base en resultados, mejorando así la eficiencia y
eficacia del ejercicio gubernamental. Desde el 2009 se han materializado
modificaciones en la estructura programática de la Ciudad de México, para
vincular de manera más clara los recursos presupuestados a los resultados
esperados.
Asimismo, se han realizado importantes
modificaciones al marco normativo, entre las que destacan la Ley de Presupuesto
y Gasto Eficiente del Distrito Federal y su Reglamento, en las cuales se
establecen las bases para normar la integración de los presupuestos anuales,
así como la vinculación del ejercicio presupuestal con acciones de evaluación.
Por otra parte, en la etapa de programación-presupuestación las unidades
responsables del gasto vinculan los objetivos de los programas públicos con los
del PGDDF y las acciones que de él deriven. Estas tareas se han complementado
con el inicio dela construcción de indicadores estratégicos y de gestión de las
principales acciones consideradas en el presupuesto autorizado en materia de
derechos humanos e igualdad de género. Además, se han realizado avances
significativos a partir de la consolidación del Programa de Monitoreo y
Evaluación del Desempeño Gubernamental (PROMOEVA) y la constitución del Consejo
de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa DF). Desde
este último organismo se han realizado evaluaciones a programas sociales del
gobierno y se ha avanzado en promover una cultura de la evaluación.
A pesar de lo anterior, persisten varios
problemas. En primer lugar, aún no hay una sinergia entre los procesos de
planeación y presupuestación, con lo cual predomina la visión de corto plazo en
la orientación de los recursos públicos y se producen duplicidades que afectan
la calidad y cobertura de los bienes y servicios. En segundo lugar, la
coordinación interinstitucional para el desarrollo de las políticas públicas es
insuficiente, tanto en la etapa de planeación como de implementación.
Finalmente, el seguimiento y evaluación de las políticas es limitado y las
recomendaciones y resultados que de ellos se desprenden no dan lugar a
readecuaciones o a la reasignación de los recursos.
Las causas de estos problemas son varias. Por
un lado, un marco normativo de planeación incompleto que dificulta su adecuado
cumplimiento y se traduce en la limitada existencia de programas sectoriales,
institucionales, especiales y parciales. Asimismo, la inexistencia de datos e
información que permitan fortalecer los diagnósticos de los problemas públicos,
así como la desvinculación entre los órganos de planeación. Además, las
servidoras y los servidores públicos cuentan con limitada capacitación en temas
de planeación, implementación y evaluación de políticas. Por último, es aún
incipiente el desarrollo de un sistema integral de evaluación del desempeño
para dar seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas.
OBJETIVO 1
Fortalecer la planeación gubernamental
mediante mecanismos integrales, incluyentes y participativos que permitan una
mejor definición de los retos de la Ciudad y las políticas públicas formuladas
para atenderlos.
META 1
Consolidar la planeación gubernamental en la
Ciudad de México como herramienta para potenciar el impacto positivo de las
políticas públicas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Modernizar los procesos de planeación y resaltar el valor y
beneficios que esta otorga en la formulación e implementación de la acción
gubernamental.
•
Fortalecer los instrumentos asociados a la planeación,
especificando actores, instituciones participantes, procedimientos y plazos.
•
Avanzar en la consolidación de un sistema estadístico y de
información de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México,
que genere insumos para fortalecer los diagnósticos de las problemáticas de la
Ciudad.
•
Incluir la participación de la sociedad civil en la
planeación gubernamental.
META 2
Consolidar al PGDDF 2013-2018 como eje rector
que fija las prioridades y líneas estratégicas del gobierno y orienta las
acciones de los entes de la Administración Pública del Distrito Federal.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Impulsar la coordinación interinstitucional en la formulación
de programas sectoriales y especiales para evitar duplicidades y articular
acciones.
•
Fortalecer la función de los programas sectoriales,
institucionales, especiales y parciales como instrumentos de programación y
presupuestación para alcanzar los objetivos y metas establecidos en el PGDDF.
OBJETIVO 2
Orientar la programación de las acciones del gobierno
y la asignación presupuestal hacia los objetivos y metas establecidos como
resultado de la planeación gubernamental.
META 1
Consolidar la adopción de metodologías que
vinculen el ejercicio presupuestal a la consecución de objetivos y la obtención
de resultados por parte de las políticas y programas de gobierno, en el marco
de la transparencia y la rendición de cuentas sobre los recursos públicos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Continuar con la adopción de metodologías que permitan
mejorar la vinculación entre la planeación y la programación-presupuestación de
la acción gubernamental, estableciendo las bases para su correspondiente
seguimiento y evaluación.
•
Implementar estrategias para la capacitación de las
servidoras y los servidores públicos en la utilización de las herramientas
metodológicas y operativas necesarias para vincular la planificación,
evaluación y presupuestación.
OBJETIVO 3
Consolidar la evaluación de resultados de la
acción gubernamental como un instrumento de la gestión pública de la Ciudad de
México.
META 1
Implementar mecanismos para robustecer y
sistematizar las acciones de monitoreo y evaluación de los programas y
políticas del gobierno.
LÍNEA DE ACCIÓN
•
Fortalecer
el desarrollo de instrumentos metodológicos y operativos que permitan el
monitoreo y evaluación de la acción gubernamental, para dar seguimiento a las
metas y ofrecer información para incrementar la eficiencia y eficacia de las
políticas y programas.
META 2
Mejorar la acción gubernamental a partir de los
resultados de su evaluación.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Aplicar los resultados de las evaluaciones para mejorar los
procedimientos e instrumentos de la acción gubernamental.
•
Fomentar al interior de los entes de la Administración
Pública del Distrito Federal la cultura de la evaluación y el monitoreo.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 3.
Uso adecuado de las TIC
Insuficiente
infraestructura informática y escasa aplicación de las tecnologías de
información y comunicación a los procesos intragubernamentales y a la relación
del gobierno con la ciudadanía, lo cual afecta la transparencia y el acceso a
la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
DIAGNÓSTICO
Las Tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) se han convertido en un instrumento para consolidar una
nueva forma de organizar la gestión pública, con el objetivo de incrementar la
eficiencia, la transparencia, la accesibilidad y la capacidad de respuesta a
las demandas de la ciudadanía y las empresas. Sin embargo, el Gobierno del
Distrito Federal aún presenta importantes rezagos en la incorporación y uso de
las TIC, tanto para mejorar y agilizar los procesos al interior del gobierno
como para facilitar y fortalecer la relación con la ciudadanía. Estos rezagos,
a su vez, generan efectos negativos en términos de la competitividad y productividad
de la Ciudad.
En primer lugar, existe una falta de
coordinación y comunicación entre los diferentes órganos gubernamentales, una
obsoleta y/o deficiente infraestructura tecnológica para la instauración de un
gobierno en línea y una falta de capacitación a las servidoras y los servidores
públicos y a la ciudadanía para el uso de nuevas tecnologías. En el Gobierno
del Distrito Federal el 65% del equipo de cómputo de las oficinas de gobierno
es obsoleto y su conectividad es del 86%. En segundo lugar, y a pesar de que la
experiencia internacional muestra que uno de los principales beneficios de las
TIC se deriva del uso del internet por parte de los entes de gobierno para
entregar algún servicio o información a la ciudadanía, existe una carencia de
plataformas eficientes para la prestación de trámites y servicios en línea. De
los 563 trámites y servicios ofrecidos por el Gobierno del Distrito Federal,
solo 43 pueden efectuarse por completo en línea. El acceso a estos trámites y
servicios resulta a su vez limitado debido a que, según datos del INEGI, solo
el 58% de la población de la Ciudad de México tiene acceso a internet, y de
esta solo el 35% tiene acceso en su hogar. Asimismo, las instancias
gubernamentales, la sociedad civil y la comunidad empresarial no se vinculan
para identificar prácticas eficaces y enfoques innovadores que aprovechen
nuevas tecnologías para construir un gobierno electrónico. Por último, si bien
han tenido lugar diferentes esfuerzos para incorporar el uso de las TIC en las
distintas actividades gubernamentales de la Ciudad de México, estos se han
llevado a cabo de manera descoordinada y desarticulada por las diferentes
unidades de gobierno, por no ser parte de un programa estratégico de tecnologías
que esté orientado a un modelo integral de gobernabilidad de las TIC.
OBJETIVO 1
Construir un gobierno inteligente, abierto,
ágil y flexible, que utilice los más avanzados sistemas administrativos y
tecnológicos para promover la eficacia gubernamental y hacer un uso más
eficiente de los recursos públicos.
META 1
Establecer servicios digitales oportunos,
eficaces y eficientes, así como sistemas informáticos (automatización de
procesos) orientados a la atención al público, alineando toda la Administración
Pública del Distrito Federal para tal efecto.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Estandarizar y difundir los trámites y servicios digitales en
los portales de internet del gobierno, como una alternativa de atención
pública.
•
Generar espacios de vinculación entre las instancias de
gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada, para la identificación de
buenas prácticas en el uso de las TIC que permitan mejorar la acción
gubernamental y la atención a la población.
•
Promover el uso y aplicación de tecnologías y datos abiertos.
•
Establecer políticas informáticas para alinear a toda la
Administración Pública del Distrito Federal.
•
Integrar el enfoque de género en el fomento de uso de las
TIC.
•
Fomentar la capacitación de las servidoras y los servidores
públicos en el uso de las TIC.
•
Promover el uso de TIC en la ejecución de procedimientos
administrativos, garantizando certeza jurídica.
OBJETIVO 2
Desarrollar un Modelo Estratégico Integral de
TIC (MEITIC) para el Gobierno del Distrito Federal que lo posicione como un gobierno
que difunde, promueve, impulsa, coordina y apoya la innovación, así como el
desarrollo e implementación de las TIC al servicio de la ciudadanía.
META 1
Implementar el MEITIC en todos los entes de
la Administración Pública del Distrito Federal, a través de lineamientos,
programas, políticas, buenas prácticas y difusión de marcos de referencia
internacionales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Puntualizar las estrategias, objetivos y metas de Gobierno
del Distrito Federal en materia de TIC, para impulsar programas, proyectos,
políticas y lineamientos, así como la promoción y difusión de marcos de
referencia internacionales en esta materia.
•
Establecer el plan estratégico de TIC para el Gobierno del
Distrito Federal.
•
Implementar un Modelo de Gobernabilidad a través del MEITIC.
•
Desarrollar, difundir e instrumentar la Agenda Digital para
el Gobierno del Distrito Federal, que contenga la estrategia de implementación
de la Capital Digital que permita avanzar hacia una ciudad inteligente.
•
Avanzar en las siguientes vertientes de la Agenda Digital:
e-Salud, e-Educación, e-Justicia, e-Seguridad, e-Comercio, e-Anticorrupción y
e-Gobierno.
•
Promover acciones tendientes a reducir labrecha digital,
ampliar elacceso, la alfabetización digital y el uso de las TIC por parte de la
población.
•
Fomentar el uso de las TIC en los servicios culturales y los
espacios educativos, generando aplicaciones que faciliten el acceso de la
población.
META 2
Establecer mecanismos y mejores prácticas de
control, seguridad e iniciativas de gobierno electrónico que disminuyan riesgos
derivados de la operación, y vigilar su cumplimiento a través de
intervenciones, diagnósticos y recomendaciones.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Identificar plataformas tecnológicas existentes que permitan
mejorar la correcta asignación de los recursos financieros a las TIC, con base en
un análisis costo-beneficio.
•
Asesorar y apoyar proyectos de innovación e investigación, a
través de un concepto de parque científico, que promuevan estrategias de
sistemas de información, gobierno electrónico y política de TIC; así como la
administración de recursos y servicios tecnológicos, a través de tableros de
control.
•
Crear una base de conocimiento de todas las TIC existentes en
las unidades del Gobierno del Distrito Federal.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 4. Transparencia y Rendición
de Cuentas
Los mecanismos de transparencia con
frecuencia son reactivos en lugar de proactivos y la información pública está
insuficientemente sistematizada, lo cual limita el acceso a la misma y dificulta
la rendición de cuentas.
DIAGNÓSTICO
La transparencia es una herramienta
fundamental para garantizar el acceso de la población a la información pública
y hace posible la vigilancia e incidencia social en las políticas públicas.
También fortalece la confianza ciudadana, disminuye la percepción de opacidad y
corrupción, contribuye a una gestión pública más eficaz, así como a mejorar el
sistema de rendición de cuentas.
El Artículo 6º Constitucional dispone que
toda la información en posesión de cualquier autoridad gubernamental es
pública, salvo aquella que por razones de interés público deba ser reservada
temporalmente (si bien debe prevalecer el principio de máxima publicidad). De
igual manera, dispone que para acceder a la información no es necesario
acreditar interés o justificación alguna, así como que los entes obligados
deberán contar con mecanismos de acceso a la información y procedimientos de
revisión expeditos, proteger los datos personales, preservar los documentos en
archivos administrativos actualizados y publicar en medios electrónicos
información actualizada sobre sus indicadores de gestión. Dichos principios se
reflejan en el marco normativo construido a este respecto en la Ciudad de
México, con leyes especiales de vanguardia en materia de Acceso a la Información
Pública, de Datos Personales y de Archivos.
Las obligaciones que se desprenden de esos
ordenamientos legales han conducido a crear estructuras y destinar recursos
para dar atención a las solicitudes de información pública y de datos
personales, para exponer en los sitios de internet del gobierno la información
de oficio, para crear junto con la sociedad sitios de información ciudadana y
para la mejora continua de los portales de transparencia.
Durante los últimos cuatro años se ha dado
atención a un promedio de más de 88 mil solicitudes de acceso a información
pública por año, en un tiempo promedio de 7 días; en ese mismo periodo, solo el
2.1% han merecido la inconformidad de los solicitantes a través de recursos de
revisión. La atención que se le ha brindado a esta materia en la Ciudad de
México explica que en dos ocasiones la entidad haya sido la mejor evaluada del
país en el marco del estudio “Métrica de la Transparencia”, llevado adelante
por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
No obstante, aún existen resistencias y
deficiencias que limitan el pleno ejercicio de este derecho fundamental.
Algunas de las razones de esas resistencias y deficiencias radican en un
proceso de cambio cultural y capacitación que, pese al gran impulso que le ha
dado el Gobierno del Distrito Federal, no ha concluido aún. En el caso de las
obligaciones que se derivan de las leyes de protección de datos y de archivos,
las razones radican en la falta de infraestructura material y técnica
suficientes.
En particular, la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal
establece la obligación del gobierno de publicar en sus portales de internet
información pública de oficio con respecto a 46 rubros de información, la cual
es evaluada bajo 840 criterios de calidad que en promedio le aplican a cada
ente obligado. Esto coloca a la Ciudad de México como la entidad con más
obligaciones gubernamentales y mayor exigibilidad en materia de transparencia.
Con todo, no obstante ese marco de exigencia, los resultados en la respuesta de
las instancias gubernamentales no siempre han sido los óptimos y han dejado ver
algunas limitaciones en las capacidades de atender nuevos requisitos. Así, la
introducción de nuevos y más estrictos criterios de evaluación de calidad de la
información establecidos por el INFODF en 2012 tuvieron como consecuencia que,
al término del año, se observara una disminución en la calidad de la
información de oficio con respecto a años anteriores (de 91% en 2011 a 78% en
2012).
Además, si un ciudadano o ciudadana requiere
información que manejan diversas instancias gubernamentales, tiene que acceder
por separado al portal de cada una de ellas, lo que revela la insuficiente
coordinación, estandarización e integración de la información, que dificulta la
comprensión de su contenido y la posibilidad de monitorear y evaluar la gestión
pública.
Por otro lado, con el apoyo de las
organizaciones de la sociedad civil se han construido portales sobre temas
específicos de alto interés social, tales como trámites y servicios, medio
ambiente, supervía poniente y líneas 3 y 4 del Metrobús, los cuales contienen
información en un lenguaje sencillo y comprensible. Sin embargo, para estar en
condiciones de crear más portales ciudadanos será necesario seguir
fortaleciendo una relación entre los entes públicos y las organizaciones de la
sociedad civil que impulse el surgimiento de prácticas novedosas en la
generación de información, a la vez que desde el gobierno se dicten las medidas
necesarias para dar viabilidad a lo que dispone la ley en materia de portales
de transparencia proactiva.
OBJETIVO 1
Fortalecer las capacidades del gobierno para
aprovechar el potencial de la transparencia para un desempeño más eficiente y
eficaz de sus programas y para un mejor sistema de rendición de cuentas.
META 1
Lograr un cambio cultural en el espacio
laboral y una mejor gestión de la información por parte de las servidoras y
servidores públicos, mediante el establecimiento de un modelo de formación y
actualización continua en materia de transparencia, rendición de cuentas,
protección de datos personales y archivos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Promover y diseñar programas de capacitación y actualización
en materia de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos
personales y archivos, para los diferentes niveles de responsabilidad dentro
del servicio público.
•
Implementar mecanismos que permitan evaluar el desempeño de
las servidoras y los servidores públicos responsables del cumplimiento de las
obligaciones en la materia, para detectar necesidades específicas de
capacitación.
META 2
Mejorar el resguardo, organización y gestión
de la información mediante el fortalecimiento de una infraestructura física y
tecnológica que posibilite mayores niveles de seguridad y eficiencia.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Asegurar el establecimiento de condiciones físicas y
tecnológicas propicias para la implementación de las distintas medidas de
seguridad que establece la Ley para la Protección de Datos Personales.
•
Mejorar las condiciones físicas, tecnológicas y de
supervisión, para una adecuada administración y gestión de los archivos físicos
y electrónicos y el cumplimiento óptimo de la Ley de Archivos.
META 3
Mejorar los niveles de
coordinación de la información interinstitucional y elevar los estándares de
calidad de la información de oficio y de respuesta a las solicitudes de
información.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Establecer líneas de comunicación al interior de las
instituciones que inciden sobre un mismo tema para estandarizar, ordenar y sistematizar
la información.
•
Impulsar mecanismos de respuesta inmediata a solicitudes de
información de oficio, así como mecanismos de monitoreo continuo a la calidad
con la que la información se expone en los portales de transparencia.
•
Establecer semáforos preventivos para abatir tiempos de
atención a las solicitudes de información.
•
Monitorear de manera continua la calidad de las respuestas a
las solicitudes, así como las reservas de información y las declaraciones de
inexistencia, a fin de inhibir prácticas evasivas.
•
Promover en la sociedad el ejercicio del derecho a evaluar la
ejecución de los programas de gobierno.
OBJETIVO 2
Impulsar las acciones necesarias para avanzar
en los propósitos del Acuerdo por un Gobierno Abierto y la transparencia
proactiva, como medios de interlocución entre gobierno y la ciudadanía.
META 1
Afianzar la práctica de la transparencia
proactiva a partir del fortalecimiento del marco normativo y tecnológico.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Propiciar la emisión de lineamientos que permitan cumplir con
el establecimiento de portales ciudadanos de transparencia en todos los entes
obligados, promoviendo la participación y la interlocución con la sociedad.
•
Promover la generación, sistematización y publicidad de
información relevante para la población, así como la publicidad de bases de
datos útiles para la rendición de cuentas.
•
Avanzar en la consolidación de una plataforma tecnológica que
permita contar con un sistema único de navegación y de consulta de la
información de oficio, así como con productos ordenados y sistematizados de
información de alto interés para la sociedad.
META 2
Avanzar en el cumplimiento de los propósitos
del Acuerdo por Gobiernos Abiertos.
LÍNEA DE ACCIÓN
•
Propiciar
la realización de reuniones de trabajo entre el Gobierno del Distrito Federal,
organizaciones de la sociedad civil y el INFODF, con el propósito de definir
una ruta clara que establezca metas, plazos y líneas de trabajo para avanzar hacia
el Gobierno Abierto.
OBJETIVO 3
Fortalecer la relación
entre los entes públicos, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad
para alcanzar mejores niveles de transparencia y rendición de cuentas.
META 1
Consolidar los mecanismos de interlocución
con la sociedad que estimulen y enriquezcan las acciones de transparencia
proactiva y orienten los esfuerzos hacia un gobierno abierto.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Diseñar en cada instancia gubernamental, de acuerdo a su
perfil, los mecanismos idóneos de diálogo o interlocución con la sociedad.
•
Promover la articulación entre las dependencias del gobierno
y las organizaciones de la sociedad civil para construir portales ciudadanos de
transparencia, evaluar la transparencia de las políticas de gobierno y
desarrollar las mejoras necesarias para una mayor transparencia y una mejor rendición
de cuentas.
•
Promover el registro y transferencia de proyectos en materia
de transparencia focalizada y participación ciudadana.
META 2
Aumentar el conocimiento de la población
acerca del derecho de acceso a la información pública y a la protección de
datos personales.
LÍNEA DE ACCIÓN
•
Promover
campañas de difusión para que la ciudadanía tenga mayor conocimiento acerca de
estos derechos y acerca de la relevancia y utilidad de la información para su
vida cotidiana, a través ferias, campañas en las demarcaciones territoriales,
utilización de las redes sociales y organización de seminarios y programas
educativos y culturales.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 5. Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas
La evasión y elusión
fiscal resta flexibilidad a la administración tributaria y con ello limita los
recursos necesarios para que el Gobierno del Distrito Federal cumpla con la
provisión de bienes y servicios a la población.
DIAGNÓSTICO
Para atender las demandas de la sociedad en
los diversos ámbitos, el Gobierno del Distrito Federal debe contar con los
recursos necesarios bajo un marco de finanzas públicas sanas. La Ciudad de
México se encuentra en una situación de mayor autonomía en términos fiscales ya
que, a diferencia del resto de las entidades del país, recauda tanto
contribuciones fiscales estatales como municipales. En este tenor, 50% de los
ingresos totales del Gobierno del Distrito Federal se explican por ingresos
propios, en comparación con el resto de las entidades federativas que reciben
entre el 80% y 85% del total de sus ingresos a través de recursos federales.
Sin embargo, diversas proyecciones permiten
suponer que en la Ciudad de México una porción de la ciudadanía no cumple
cabalmente con sus obligaciones fiscales, lo que puede involucrar el incumplimiento
de las leyes respectivas o el uso de herramientas legales para no pagar, es
decir, la evasión o elusión fiscal.
El Gobierno del Distrito Federal debe aplicar
una política fiscal tendiente a lograr que la ciudadanía contribuya a financiar
el gasto público de manera proporcional y equitativa. En este sentido, el
gobierno debe realizar las acciones de fiscalización necesarias para que los
contribuyentes cumplan cabalmente con sus obligaciones en esta materia, a la
vez que facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de las mismas. Ello
permitirá contar con una mayor independencia y sustentabilidad financiera, así
como con mayores recursos para la política social y las obras públicas que el
bienestar de la población demanda.
Por lo expuesto, es indispensable que la
política de recaudación del gobierno de la Ciudad se lleve a cabo bajo los
principios de equidad y eficiencia, haciendo cumplir las disposiciones fiscales
a través de la orientación, actualización, agilización y modernización de los procesos
recaudatorios y de una política de fiscalización permanente de quienes omiten
el pago de sus obligaciones fiscales.
Por otro lado, aún y cuando la Ciudad de
México se encuentra en una situación de mayor autonomía fiscal, los recursos de
origen federal son parte importante de la estructura de ingresos de la hacienda
pública del Distrito Federal. Sin embargo, en los últimos años, estos han
presentado un sensible estancamiento derivado del bajo dinamismo mostrado en
los recursos provenientes de las Participaciones en Ingresos Federales, lo cual
coloca al Distrito Federal en una situación compleja, al contar con menores
recursos de una de sus principales fuentes.
A lo anterior debemos agregar que la
proporción de Participaciones en Ingresos Federales que recibe el Distrito
Federal respecto al total es y será cada vez menor conforme pase el tiempo,
producto de la mecánica de distribución vigente a partir de 2008.
En ese sentido, dicho entorno no debe
traducirse en un desbalance en las fuentes de ingreso del Distrito Federal, por
lo que es necesario generar los mecanismos y acciones que permitan contar con
los recursos federales necesarios que fortalezcan las finanzas públicas de la
Ciudad.
OBJETIVO 1
Impulsar el crecimiento de las fuentes
propias de financiamiento para contar con los recursos necesarios y las
condiciones de sustentabilidad que garanticen una adecuada provisión de bienes
y servicios públicos así como la continuidad de programas sociales, al tiempo
que favorezcan un ambiente óptimo para la inversión y el crecimiento económico
de la Ciudad de México.
META 1
Lograr mayores niveles de eficiencia en la
recaudación a través de estrategias que dificulten la evasión y elusión
fiscales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Fortalecer la difusión de información necesaria para el pago
adecuado de las contribuciones y las medidas para facilitar el cumplimiento de
las mismas, subrayando los beneficios del pago oportuno y haciendo evidentes
las sanciones.
•
Llevar adelante campañas de concientización que sirvan para
fortalecer la cultura fiscal en la población.
•
Crear la cuenta única del contribuyente, a través de la cual
las y los causantes de la Ciudad podrán administrar sus contribuciones mediante
una aplicación Web, con lo que se facilitará el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales al tiempo que se mejorará la transparencia y atacará la corrupción.
•
Implementar acciones para fortalecer la imagen institucional,
para inculcar en el contribuyente la cultura del pago oportuno y disminuir las
posibilidades de que se presenten actos de corrupción en los trámites y pago de
contribuciones.
•
Incorporar nuevos y nuevas contribuyentes a los padrones con
los que actualmente cuenta la Ciudad de México.
META 2
Mejorar y facilitar el acceso a las opciones
de pago que ofrece el Gobierno del Distrito Federal a sus contribuyentes.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Ampliar los puntos de recaudación, incorporando mecanismos
como cajeros automáticos, nuevos portales bancarios, esquemas de domiciliación
y la utilización de la tecnología para el pago de contribuciones a través de
teléfonos inteligentes.
•
Continuar con la modernización de las oficinas de atención de
la Administración Tributaria, para que cuenten con personal capacitado e
instalaciones y equipo de vanguardia para la mejor atención al usuario.
•
Mejorar la calidad en la atención al contribuyente para
generar incentivos para el pago oportuno de contribuciones.
META 3
Regularizar el pago de las contribuciones
locales y adeudos por parte de las dependencias del Gobierno Federal.
LÍNEA DE ACCIÓN
•
Fortalecer
las acciones fiscalizadoras en ejercicio pleno de las facultades de
comprobación y cobranza de los créditos fiscales, velando en todo momento por
la seguridad jurídica de los contribuyentes y elevando la eficiencia de las
instancias de recaudación a través del uso de la tecnología.
OBJETIVO 2
Contribuir a mantener el equilibrio en las
fuentes de ingresos de la Ciudad de México, fortaleciendo la coordinación
fiscal en el marco del Pacto Fiscal Federal.
META 1
Impulsar las acciones que favorezcan la
obtención de recursos federales a favor del Gobierno del Distrito Federal.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Contribuir a la implementación de acciones relacionadas con
la coordinación fiscal y la colaboración administrativa que beneficie a la
hacienda pública del Distrito Federal, derivadas de las estrategias, acciones y
propuestas formuladas en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
•
Garantizar los mecanismos de comunicación y coordinación de
información en materia de federalismo fiscal con las entidades federativas, el
Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión.
•
Coordinar, desarrollar e impulsar estrategias para fortalecer
la obtención de recursos federales a favor del Gobierno del Distrito Federal.
ÁREA DE OPORTUNIDAD 6. Profesionalización del
Servicio Público
Escasa capacitación y
ausencia de un sistema de profesionalización de las servidoras y los servidores
públicos basado en el mérito y la igualdad de oportunidades, lo cual limita la
efectividad de la acción gubernamental, afecta la transparencia de la
administración pública y genera condiciones favorables para la corrupción.
DIAGNÓSTICO
Nuestra ciudad tiene el reto de consolidar
una administración pública eficaz y profesional, que permita incrementar la
capacidad para resolver los problemas públicos y mejore la confianza y la
percepción de la población respecto a su gobierno.
Algunas de las causas que explican esta
situación se encuentran en los mecanismos para el reclutamiento y la ocupación
de los puestos, que inciden sobre el perfil, profesionalismo y eficacia del
personal público. De una muestra de 3,065 servidoras y servidores públicos de
confianza del Gobierno del Distrito Federal entrevistados en el año 2009 por la
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal (con niveles jerárquicos
que van de Enlace a Director de Área), sólo el 17% reportó haber sido reclutado
mediante un concurso o examen. En el caso particular de los directores de área
el porcentaje es de sólo 9%.
Este mecanismo de contratación deriva en la
excesiva rotación del personal, que a su vez repercute en la improvisación, la
escasa acumulación de experiencia y el limitado desarrollo de las capacidades
necesarias para el desempeño eficaz de las funciones públicas. De acuerdo con
el Estudio Regional de Métricas de Capital Humano de Saratoga 2010, realizado
por la consultora Price Waterhouse Cooper, el promedio de rotación de personal
que reportó México se ubica en 5%, mientras que en otros países de América
Latina se ubica en 2.9%.
Una causa adicional es el aún incipiente y
poco institucionalizado esquema de capacitación, tanto en competencias
laborales como en el rubro del desarrollo profesional, indispensable para que
las funcionarias y los funcionarios cuenten con los conocimientos, actitudes y
habilidades que les permitan diseñar, implementar y evaluar políticas y
programas públicos que resuelvan los problemas de la población.
La Contraloría General del Distrito Federal
ha detectado que en la mayoría de los entes de gobierno no han existido
programas adecuados de capacitación para la adquisición de competencias
directivas (generación de climas de confianza o gestión de redes), éticas
(consistencia normativa e integridad ética), gerenciales (liderazgo y gestión
de equipos de trabajo) y técnicas (planeación, diseño, implementación y
evaluación de proyectos). La insuficiente capacitación de las servidoras y los
servidores públicos tiene efectos en la calidad de los programas
gubernamentales y, por lo tanto, en sus capacidades para incidir en la solución
de los problemas. En las evaluaciones realizadas en los últimos años por Evalúa
DF a diversos programas sociales (tanto del gobierno central como de los
delegacionales), se afirma de manera recurrente que los programas carecen de
diagnósticos fundamentados, lo cual dificulta que cuenten con objetivos, metas
e indicadores que sean claros y realistas, y que sirvan para evaluar si
alcanzan los resultados e impactos esperados. Según los resultados del
cuestionario aplicado por la Escuela de Administración Pública del Distrito
Federal, sólo el 6% de las servidoras y servidores públicos de confianza del
Gobierno del Distrito Federal señala haber recibido formación en “capacidades
directivas”, mientras que únicamente el 5% manifiesta haber recibido
capacitación en temas como formulación, instrumentación y evaluación de planes
y programas de la Administración Pública del Distrito Federal.
De acuerdo con el
Informe de 2011 “Servidores Públicos como Socios para el Crecimiento”, de la
OCDE, la eficacia y eficiencia del gobierno, fundamental para el crecimiento
económico, dependen directamente de las capacidades de las servidoras y los
servidores públicos y los esquemas de gestión del personal público. Por ello,
los países occidentales más desarrollados, así como las economías emergentes de
Asia y América Latina, han desarrollado servicios públicos de carrera,
organizados en varios casos bajo un esquema de cuerpos de funcionarios (por
cuerpo se entiende a un conjunto de servidores agrupados de acuerdo a ciertos
criterios o características afines; por ejemplo, funciones, áreas, jerarquías,
perfiles, responsabilidades).
Las prácticas tradicionales de contratación,
las elevadas tasas de rotación y la insuficiente capacitación y evaluación de
las servidoras y los servidores públicos para resolver los problemas sociales
son factores que inciden negativamente sobre la capacidad para resolver los
problemas públicos y disminuyen la confianza ciudadana en su gobierno. Por
ello, realizar acciones para contrarrestar estas tendencias es una de las prioridades
del Gobierno del Distrito Federal.
OBJETIVO 1
Implementar de manera gradual el Servicio
Público de Carrera de la Administración Pública del Distrito Federal, bajo los
principios de mérito e igualdad de oportunidades.
META 1
Constituir los Cuerpos del Servicio Público
de Carrera y establecer los mecanismos para reclutar, seleccionar y asegurar el
ingreso de las y los mejores aspirantes, con base en el mérito, la igualdad de
oportunidades, la no discriminación y con perspectiva de género.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Diseñar e implementar el sistema de ingreso, basado en
concursos que permitan reclutar y seleccionar a las y los aspirantes que hayan
demostrado los mayores méritos.
•
Diseñar instrumentos y herramientas necesarios para evaluar a
las y los aspirantes que pretendan ingresar al Servicio Público de Carrera.
•
Diseñar, bajo la metodología de competencias, el Programa de
Formación Inicial del Servicio Público de Carrera para que las servidoras y los
servidores públicos cuenten con la formación requerida para desempeñarse en el
Servicio.
OBJETIVO 2
Consolidar mecanismos para que las servidoras
y los servidores públicos sean evaluados permanentemente de manera objetiva,
transparente e imparcial con base en su desempeño y resultados.
META 1
Implementar sistemas de evaluación del
desempeño de las servidoras y los servidores públicos de la Administración
Pública del Distrito Federal con base en los principios de objetividad, certeza
jurídica y transparencia.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Desarrollar, implementar y aplicar la evaluación del
desempeño para las y los miembros del Servicio Público de Carrera, de tal forma
que esta se vincule con su desarrollo, permanencia y promoción.
•
Desarrollar, implementar y aplicar la evaluación del
desempeño para las servidoras y los servidores públicos del Gobierno del
Distrito Federal, orientada a determinar áreas de mejora y otorgar incentivos
laborales.
OBJETIVO 3
Fortalecer las
acciones de profesionalización y capacitación para promover el desarrollo y el
fortalecimiento de aptitudes, destrezas y habilidades entre las servidoras y
los servidores públicos.
META 1
Establecer un Plan General que abarque y guíe
las acciones de profesionalización y capacitación del Gobierno del Distrito
Federal y que contemple tanto a quienes ingresen al Servicio Público de Carrera
como a las servidoras y los servidores públicos en general.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•
Elaborar el diagnóstico integral para identificar las
necesidades de profesionalización y capacitación de las y los miembros del
Servicio Público de Carrera y de las servidoras y los servidores públicos del
Gobierno del Distrito Federal.
•
Diseñar, implementar y evaluar, como parte del Plan General,
un Plan Rector de Profesionalización del Servicio Público de Carrera para
desarrollar las competencias profesionales que necesiten las servidoras y los
servidores públicos para el mejor desempeño de sus funciones.
•
Diseñar, implementar y evaluar, como parte del Plan General,
un plan integral que coordine los programas de capacitación de las servidoras y
los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal que no pertenecen al
Servicio Público de Carrera para el fortalecimiento de sus aptitudes, destrezas
y habilidades.
ENFOQUES TRANSVERSALES
El ejercicio de planeación para formular el
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 se estructuró en
5 Ejes para un Gobierno Ciudadano, que aluden a las diversas áreas de la
gestión pública. No obstante, ha sido necesario destacar además un conjunto de
cuestiones que son comunes, agrupadas en esta sección bajo ocho enfoques
transversales.
El PGDDF 2013-2018 establece la pauta para un
inmediato proceso de planeación, con base en el cual se estructurarán los
programas sectoriales, institucionales, especiales y parciales. Mientras que los
5 Ejes para un Gobierno Ciudadano definen los principales objetivos y acciones
esperados hacia el año 2018 por conjuntos de áreas sectoriales, los enfoques
transversales ofrecen los criterios y la orientación para articular las
políticas públicas en los temas que cruzan las funciones por áreas.
Así, los enfoques transversales no pueden ser
abordados desde una visión parcial o sectorial, ya que su relevancia y
complejidad trascienden lo específico de un sector vertical; requieren de la
actuación integral de las instituciones públicas y que estas a su vez compartan
sinérgicamente la consecución de un objetivo común que no es específico a cada
una de ellas.
Los enfoques transversales procuran el
compromiso de trabajar en conjunto hacia la solución de los problemas sociales,
bajo una noción de intersectorialidad y con un ejercicio permanente de diálogo
y sinergia con la población. Impulsan un proceso para reconfigurar la visión,
prácticas y concepción de la realidad social, que facilite la apropiación de las
perspectivas transversales por parte de las y los servidores públicos en el
ejercicio de gobierno.
Bajo esta visión de integralidad y
coordinación, en la actual administración se pretende garantizar que las
políticas rectoras del gobierno posean un enfoque de pleno respeto y ejercicio
de los derechos de las y los habitantes de la Ciudad de México, a fin de
promover, hacer viable y asegurar una mejor calidad de vida, tanto hoy como en
el futuro.
Cuatro de las perspectivas transversales
mencionadas giran en torno del ejercicio de los derechos universales y las
otras cuatro en torno de la mejora en la calidad de vida y la garantía de
funcionalidad de la Ciudad en el largo plazo y el contexto global. Los enfoques
transversales son:
•
Derechos Humanos
•
Igualdad de Género
•
Participación Ciudadana
•
Transparencia
•
Innovación, Ciencia y Tecnología
•
Sustentabilidad
•
Desarrollo Metropolitano
•
Acción Internacional
Estas perspectivas orientan las políticas y
estrategias del PGDDF 2013-2018 y en su momento orientarán los programas
sectoriales, especiales, parciales e institucionales del Gobierno del Distrito
Federal. El ejercicio de transversalización de los mencionados enfoques está
presente en diferentes niveles (área de oportunidad, objetivos, metas y líneas
de acción). Del 2013 al 2018 estos enfoques transversales habrán de
considerarse al diseñar, decidir, ejecutar y evaluar las políticas públicas
impulsadas por el gobierno de la Ciudad.
El primero de los enfoques se orienta hacia
el ejercicio pleno de los derechos humanos de la población. El segundo de ellos
destaca a la igualdad de mujeres y hombres como un sitio de relevancia entre
esos derechos. El tercero asigna un papel central a la participación de las y
los habitantes y sus organizaciones, a través de instrumentos de información,
consulta y deliberación que permiten compartir con ellos aspectos esenciales de
los asuntos públicos, así como considerar la opinión ciudadana sobre las
acciones de gobierno. El cuarto se centra en la transparencia, que es una de las
herramientas esenciales de la participación ciudadana ya que coloca al alcance
de la población la información precisa de las acciones y permite la rendición
de cuentas.
La Ciudad de México será viable si logra
establecer un horizonte en el presente que la proyecte hacia el futuro en favor
de las nuevas generaciones, en un ámbito que integra la preservación del
ambiente, el desarrollo económico y la cohesión social. Para ello, la
innovación, el tema de la quinta perspectiva, es indispensable, especialmente
si está soportada en la ciencia y la tecnología de avanzada e integra a las
mejores instituciones de enseñanza e investigación -la mayoría de ellas
asentadas en el territorio de esta ciudad- en el compromiso de transformar
creativamente el aparato productivo, ya sea privado o social. No obstante, como
señala la sexta perspectiva, es imperativo que el desarrollo se realice bajo un
enfoque de sustentabilidad. Además, como señala otro de los enfoques
transversales, la viabilidad de la Ciudad ocurrirá en el espacio metropolitano
del Valle de México y en la medida en que convoque a grandes alianzas con las
entidades federativas que la circundan y que comparten dicho espacio. La agenda
metropolitana es compartida y esuna condición fundamental para la vida de los habitantes
de la Ciudad. Finalmente, las grandes ciudades han logrado una importante
presencia protagónica en la acción internacional y la Ciudad de México ocupa
espacios de liderazgo en ese contexto, lo que nos permite pensar globalmente y
actuar localmente, proyectando nuestra ciudad hacia el mundo y atrayendo las
mejores experiencias internacionales para aplicarlas creativamente en nuestro
espacio. Este es el tema del último enfoque.
De esta manera, los ocho enfoques
transversales permitirán orientar y articular las acciones gubernamentales
establecidas en el PGDDF, pero sobre todo articular la acción ciudadana que a
partir de él se convoca, basada en las tradiciones democráticas que se abrieron
paso en los lustros recientes y que ahora se ha planteado continuar decidiendo
juntos.
Enfoque de Derechos Humanos
El respeto, promoción,
protección y garantía de los derechos humanos son pilares fundamentales de todo
sistema democrático e indicadores de bienestar, igualdad y gobernabilidad. Los
Estados, a través de la adopción de diversos instrumentos internacionales, han
contraído compromisos en materia de derechos humanos, como la “Declaración y
Programa de Acción de Viena”, la cual apunta que se deben “determinar las
medidas necesarias para que ese Estado mejore la promoción y protección de los
derechos humanos”.
El Estado Mexicano, las entidades federativas
y el Gobierno del Distrito Federal han asumido como parte de estos consensos
internacionales las obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar
los derechos humanos, además de prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los mismos. Ello así se establece en el artículo primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se
reconoce explícitamente el marco internacional de los derechos humanos como
fundamento de todo el quehacer público, lo cual constituye la base
constitucional para avanzar en la realización progresiva de los derechos de
todas las personas que viven y transitan en la Ciudad de México.
Los derechos humanos se integran como un
conjunto de garantías jurídicas universales que protegen a las personas y a los
grupos contra acciones y omisiones del Estado que interfieren con las
libertades, los derechos fundamentales y la dignidad humana. Ellos fijan un
conjunto de condiciones para una vida digna bajo cuatro principios básicos:
universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad e interdependencia.
La necesidad de incorporar el enfoque de
derechos humanos de manera transversal a las políticas y presupuestos públicos
obedece al propósito de asegurar que los alcances y las metas del ejercicio de
gobierno se orienten a garantizar condiciones para la dignidad humana y que los
estados y gobiernos cumplan con los estándares internacionales en la materia.
Estas acciones empiezan erradicando los mecanismos administrativos e
institucionales que generan exclusión y discriminación. Las políticas públicas
y el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, construidos
con enfoque de derechos humanos, son el resultado de la participación activa y
la convergencia de los diferentes órdenes de gobierno, organizaciones de la
sociedad civil, instituciones académicas y órganos públicos de defensa de los
derechos humanos, con el objetivo central de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
AVANCES Y RETOS
La Ciudad de México se ha caracterizado por
ser un espacio de libertades y reconocimiento de derechos. Ejemplo de ello son
la Ley y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (LPDHDF y PDHDF),
que involucran el impulso de una agenda amplia de derechos humanos, con la
convergencia de todas las instancias públicas, la sociedad civil y los
organismos internacionales.
La vinculación de las líneas propuestas en el
PDHDF con las acciones de los entes del Gobierno del Distrito Federal requiere
ampliar su alcance y sistematicidad, ya que los cambios que se pueden generar
serán visibles sobre todo en el mediano y largo plazos, debido a que se deben modificar
prácticas inerciales de la administración pública que dificultan la
incorporación del enfoque de derechos humanos de manera cabal. Es indispensable
que todas las instancias de gobierno se involucren y asuman el compromiso de
conjuntar esfuerzos para lograr el ejercicio pleno de los derechos humanos en
todos los programas sectoriales, institucionales, especiales y parciales. A su
vez, es necesario que las acciones que realiza el gobierno para garantizar el
ejercicio de los mismos se desarrollen con base en cinco componentes:
a.
Disponibilidad. Se requiere garantizar un conjunto suficiente
de establecimientos, bienes, servicios y otros medios públicos por el cual se
satisface cada derecho.
b.
Accesibilidad. Dichos bienes, establecimientos o
instalaciones deben estar al alcance físico de toda la población (accesibilidad
física), sin discriminación alguna. Adicionalmente, los costos asociados con el
abastecimiento o servicio deben ser asequibles (accesibilidad económica) y las
personas deben poder solicitar, recibir y difundir información sobre las
cuestiones relacionadas con cada derecho.
c.
Calidad. Los medios y contenidos por los cuales se
materializa un derecho deben tener los requerimientos y propiedades aceptables
para cumplir con esa función.
d.
Adaptabilidad. Los medios o contenidos elegidos para
satisfacer el derecho han de tener la flexibilidad necesaria para ser
modificados y adaptarse a las necesidades sociales y comunitarias, así como
para responder a contextos variados.
e.
Aceptabilidad. Es necesario que los servicios, instalaciones
o contenidos que satisfacen el derecho sean pertinentes, respetuosos,
culturalmente adecuados y de calidad. Lo anterior implicará considerar en toda
acción del Gobierno del
Distrito Federal los siguientes elementos: perspectiva de género,
empoderamiento, reconocimiento del marco normativo de los derechos humanos,
igualdad y no discriminación, intersectorialidad y coordinación, participación
en inclusión, territorialidad, efectividad, sustentabilidad, exigibilidad y
justiciabilidad, máximo uso de recursos disponibles, realización progresiva, y
transparencia y rendición de cuentas.
El enfoque transversal y sus criterios de
orientación con base en derechos humanos buscarán robustecer los mecanismos que
permitan integrar plenamente, en el mediano plazo, el enfoque de derechos humanos
en el quehacer público.
CRITERIOS DE ORIENTACIÓN
•
Incorporar el enfoque de derechos humanos en el quehacer
gubernamental del Distrito Federal y continuar con la ejecución del PDHDF.
•
Asignar recursos con enfoque de derechos humanos en las
distintas actividades institucionales y programas.
•
Institucionalizar y fortalecer mecanismos jurídicos y
administrativos que garanticen el respeto, promoción, protección y garantía de
los derechos humanos.
•
Consolidar una cultura de respeto y defensa de los derechos
humanos.
•
Promover un cambio de cultura institucional, basada en el
respeto irrestricto de la dignidad humana a partir de procesos de capacitación
y educación en derechos humanos.
•
Fortalecer los espacios de participación para ejecutar el
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
•
Avanzar en la armonización legislativa en materia de derechos
humanos.
Enfoque de Igualdad de Género
La transversalidad de género responde a la
idea de que el problema de la desigualdad entre mujeres y hombres no puede
tratarse en forma sectorial, sino que sus soluciones deben integrarse en todas
las políticas y programas, a todos los niveles y en todos los momentos de la
acción pública: diagnóstico, formulación, diseño, implementación,
presupuestación y evaluación.
Las iniciativas para erradicar
definitivamente la discriminación hacia las mujeres han sido numerosas dentro
del marco de la Organización de las Naciones Unidas; entre ellas destacan la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW, 1979), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Para, 1994) y
las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, especialmente la de Beijing
de 1995, que estableció más claramente la transversalidad de género como
estrategia para hacer efectivo el principio de igualdad.
Incorporar la perspectiva de género en el
trabajo de la función pública implica el análisis y la transformación de las
relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, en cuanto al acceso a los
recursos y al poder, así como la eliminación de las estructuras y los
mecanismos discriminatorios existentes, promoviendo la igualdad de trato, oportunidades
y derechos (igualdad sustantiva).
Por ello, se hace
necesario planificar de manera estratégica y con una visión incluyente la
manera de concretar los objetivos, ámbitos y medidas de actuación en los que
los poderes públicos y agentes responsables han de centrar sus acciones.
El logro de una sociedad igualitaria e
incluyente entre mujeres y hombres es el motor que impulsa al Gobierno del
Distrito Federal, desde la convicción más absoluta de que solo mediante la
atención de las desigualdades derivadas del sesgo cultural de género será
posible alcanzar con mayor eficacia el objeto primordial de toda gestión
pública, que es sin duda la mejora de las condiciones de vida de todas y todos.
Así, para el Gobierno del Distrito Federal
incorporar la perspectiva de género en su administración constituye una
prioridad política y social. Por ello, la igualdad sustantiva será un objetivo
fundamental que atraviese e impregne las políticas públicas: educativa,
económica, de salud, de seguridad y presupuestaria, entre otras.
AVANCES Y RETOS
De acuerdo con lo dispuesto por los tratados
internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres, suscritos
por el Estado Mexicano, el Gobierno del Distrito Federal ha promovido acciones
que permitieron avances en la incorporación de la perspectiva de género en las
políticas públicas.
Lo anterior se ha logrado gracias al marco
normativo que rige a la Ciudad de México y al diseño e implementación de
diversos instrumentos, entre los cuales destacan la Ley de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres; las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud, que
establecen el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12
semanas de gestación; la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia; la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas; la Ley Para
Prevenir y Erradicar la Discriminación; la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente
del Distrito Federal; las reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales
que tipifican el delito de feminicidio; y el Programa General de Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México,
entre otros ordenamientos.
Si bien existen avances sustantivos en el
proceso de transversalización de la perspectiva de género en el modelo de
Gobierno del Distrito Federal, es importante continuar el trabajo para
erradicar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres que aún persisten
en la Ciudad de México, a través de la puesta en marcha de acciones
estratégicas ancladas al instrumento rector que guiará la actuación de la
presente administración: el Programa General de Desarrollo 2013-2018.
CRITERIOS DE ORIENTACIÓN
•
Garantizar el acceso a la salud integral, calidad de vida,
integridad y seguridad, así como el derecho a una vida libre de violencia para
las mujeres en todas las etapas del ciclo de vida.
•
Establecer en las acciones de gobierno la igualdad de género,
para que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de acceso y
permanencia en empleos formales de calidad, bien remunerados y que permitan la
conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.
•
Impulsar una mayor participación de las mujeres en los
órganos y puestos de decisión, fomentando su participación política.
•
Desarrollar acciones que amplíen el acceso y permanencia de
las mujeres y las niñas en la educación (básica, media y superior), en igualdad
de condiciones para su desarrollo social, económico y político.
•
Asignar recursos con perspectiva de género en las distintas
actividades institucionales y programas.
•
Impulsar estrategias de orden estructural partiendo de
información desagregada por sexo, que identifique las brechas de desigualdad
entre mujeres y hombres, a fin de impactar gradualmente en la construcción de
una cultura institucional de género en el interior de la Administración Pública
del Distrito Federal.
Enfoque de Participación Ciudadana
La participación ciudadana, entendida como el
derecho a participar de todas las personas que habitan en la Ciudad, es un
resultado necesario en el que desembocan los procesos deliberativos y prácticas
sociales de la democracia. El reconocimiento de la ciudadanía en la toma de
decisiones descansa sobre tres elementos fundamentales: los derechos, la
pertenencia a una comunidad política y la participación en la vida pública.
Cada persona tiene y detenta derechos. Sin
embargo, la demanda de su garantía requiere la actuación en comunidad, lo cual
se reconoce bajo el concepto de exigibilidad. La exigibilidad de derechos
conduce entonces a la participación en la vida pública.
Pero además de un derecho, la participación
también contribuye a la mayor eficacia en el desempeño gubernamental,
actualmente caracterizado por un nuevo estilo de gobierno (distinto del control
jerárquico) y por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y
los actores no estatales. Todo esto permite la construcción de nuevas
relaciones entre el gobierno y los nuevos actores colectivos e implica la
capacidad para formular y ejecutar políticas de manera efectiva, lo que hace necesaria
la construcción de instituciones que gocen de legitimidad.
La práctica de la participación se da en
diversos niveles. Algunos de ellos pueden ser la información, que supone la
divulgación del conocimiento de presupuestos, normatividad, programas, planes y
proyectos del sector gubernamental; la consulta a las y los ciudadanos, que
ocurre cuando a través de diversos medios estos opinan sobre una decisión
gubernamental; la delegación, que se establece cuando el gobierno delega en
organizaciones ciudadanas la puesta en práctica de algún proyecto o programa
relacionado con la atención a problemas públicos; la deliberación, que implica
un diálogo sobre las decisiones que se han de tomar y sobre cómo ejecutarlas y
evaluarlas; el control de las acciones de gobierno por la ciudadanía, que se
realiza cuando esta se encarga de supervisar el desempeño gubernamental,
reclamando información y emitiendo juicios sobre los resultados. Todos estos
niveles se ven reflejados, en diferente escala, en el Programa General de
Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018.
La confluencia entre el ejercicio del derecho
a la participación y la mayor eficacia del gobierno genera una cultura pública
de fortalecimiento de la cohesión social, que incorpora las respuestas,
percepciones y demandas de la ciudadanía, así como las mejores estrategias para
la garantía de sus derechos.
Todo lo anterior conforma la democracia
participativa, que se caracteriza por el derecho igual para todas y todos al
autodesarrollo, que solo puede alcanzarse en una sociedad participativa, que
fomente un sentido de la eficacia política, nutra la preocupación por los
problemas colectivos y contribuya a la formación de una ciudadanía informada,
capaz de interesarse de forma continua en el proceso de gobierno, con
participación de las y los ciudadanos en la regulación de las instituciones
clave de la sociedad.
AVANCES Y RETOS
En la Ciudad de México, la participación ha
acompañado el proceso de construcción de las instituciones democráticas,
generando en interacción con el gobierno leyes innovadoras en la vida pública
nacional, programas que han tenido reconocimiento internacional y cambios en la
cultura política que fortalecen la cohesión social. En este ejercicio destacan,
entre otras, las experiencias de los Comités Vecinales y el Presupuesto
Participativo, el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, así como la
existencia de diversos consejos consultivos.
Pese al importante
avance en la creación de instituciones participativas que se ha experimentado
en la Ciudad de México, aún prevalecen, mayoritariamente, niveles de
participación bajos. La rutina de las prácticas gubernamentales y el propio
contexto de crisis que redefine a los actores incluso han debilitado en algunos
casos el impulso innovador de las organizaciones ciudadanas. Ambas tendencias
han ocasionado que algunas instituciones participativas hayan disminuido su
dinamismo, frente a lo cual se hace necesario evaluar la evolución de la
participación para redefinir y profundizar en lo necesario.
Este enfoque transversal buscará promover la
más amplia participación ciudadana en las políticas públicas, a fin de
incrementar el nivel de esta participación de manera progresiva, consolidando a
la vez las instituciones y los avances ya existentes en la Ciudad.
CRITERIOS DE ORIENTACIÓN
•
Promover la más amplia participación ciudadana en las
políticas públicas que se deriven de este programa.
•
Incrementar el nivel de esta participación de manera
progresiva, consolidando a la vez las instituciones y los avances ya existentes
en la Ciudad.
•
Concretar, en la elaboración de los planes especiales,
sectoriales, institucionales y parciales, las estrategias y los instrumentos
que hagan posible el avance progresivo de la participación.
•
Desarrollar, con la participación de la sociedad, una
política dirigida a consolidar en la administración pública los avances y
desarrollar nuevos instrumentos que propicien la participación ciudadana,
reconociendo la pluralidad cultural, y que incluyan a los diversos grupos
sociales, tales como niñas y niños, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores,
migrantes e indígenas, entre otros.
•
Diseñar una estrategia concertada con los diversos actores
sociales para promover el uso de instrumentos de exigibilidad de los derechos
de la población.
Enfoque de Transparencia
La transparencia es un componente esencial de
la democracia, ya que como estrategia de gobierno contribuye a formar un
ambiente institucional, jurídico y político con mayor certidumbre. El acceso a
la información y la transparencia son elementos esenciales e indispensables
para el combate efectivo de la corrupción, al contrarrestar la opacidad de los
gobiernos. Asimismo, incentiva la participación y aumenta su incidencia en los
asuntos públicos.
El conocimiento público sobre la gestión de
los gobiernos aumenta la posibilidad de exigir el establecimiento de políticas
públicas que respondan efectivamente a las demandas de la sociedad. De
conformidad con el mandato establecido en el artículo sexto constitucional, el
Estado debe garantizar el derecho a la información. La fracción I de este mismo
artículo establece que:
“Toda la información en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública
y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los
términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad.”
En ese contexto, la transparencia de la
gestión pública es el reconocimiento del derecho al acceso a la información
como un derecho humano que deberá ser promovido, respetado, protegido y
garantizado por las autoridades. Con la publicación de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se sentaron las bases para
abrir a la población la información sobre la administración de los recursos
públicos.
La transparencia y la rendición de cuentas,
en el Distrito Federal, son concebidas como principios centrales de gestión y
de desempeño para las y los servidores públicos del gobierno.
AVANCES Y RETOS
La Ciudad de México
está a la vanguardia en transparencia y acceso a la información en el país. Así
lo demuestran las métricas de transparencia realizadas por el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en 2007 y 2010. En ambos casos, esta
entidad ocupó los primeros lugares en las dimensiones evaluadas.
Esto ha sido posible gracias a la creación de
la normatividad e infraestructura institucional necesaria para garantizar a la
población el ejercicio efectivo de este derecho en las instituciones públicas
de esta ciudad. Con el uso de las nuevas tecnologías de información y
comunicación se ha facilitado el acceso a la información pública. El reto
fundamental para la Ciudad de México en esta materia gira en torno de la
sostenibilidad de los esquemas de gobierno abierto y el impulso de la
transparencia proactiva.
El enfoque transversal de transparencia
buscará contribuir a la generación de una ciudadanía informada y participativa
en las acciones instrumentadas por sus autoridades y a la rendición de cuentas
de las instituciones públicas del Distrito Federal.
CRITERIOS DE ORIENTACIÓN
•
Garantizar el derecho de acceso a la información pública.
•
Mejorar y consolidar la oferta de la información pública a
las y los ciudadanos de la Ciudad de México mediante el uso de las nuevas
tecnologías de información.
•
Mejorar la coordinación interinstitucional entre los entes
obligados y el órgano garante de transparencia de la Ciudad de México, para
consolidar la transparencia proactiva y no solo la reactiva, así como la
rendición de cuentas.
Enfoque de Innovación, Ciencia y Tecnología
El conocimiento, la ciencia y la tecnología
tienen un papel relevante como motores del crecimiento económico y social en
todos los países, independientemente de su proceso de desarrollo, con la visión
de mejorar la calidad de vida de sus poblaciones. El impulso de la ciencia y
tecnología se refleja en la calidad de vida de sus ciudadanos. Los países que
han invertido en este rubro hoy se consolidan como las economías emergentes que
destacan en el desarrollo económico mundial. México y particularmente su ciudad
capital deben alinearse con esta tendencia. Si bien en nuestro país las
inercias dificultan apostar por proyectos de largo plazo, hay que considerar
que la ciencia es una moneda de cambio a futuro. Lo que se dedique a ella hoy
rendirá a futuro como una inversión fructífera. El nivel de resolución de
problemas y rezagos que se pueda alcanzar a mediano y largo plazos depende del
reconocimiento e importancia que los diferentes órdenes de gobierno asignen a
la investigación científica, social y humanística en la formulación de la
política pública.
En un territorio tan dinámico, moderno y
contrastante como la Ciudad de México, sus habitantes demandan servicios
eficientes, empleo adecuado, ambiente limpio, competitividad empresarial acorde
con las necesidades nacionales y los estándares internacionales, así como un
gobierno de vanguardia que modernice la atención al público en forma expedita.
La ciencia y el desarrollo tecnológico son herramientas que contribuyen a
resolver los problemas y rezagos. La productividad de un país depende de su
capacidad científica y tecnológica; así, el conocimiento que aporta la
investigación científica, social y humanística debe estar en la base del diseño
de las políticas públicas.
Esto supone potenciar la vinculación entre el
gobierno y los principales centros de investigación e instituciones de
educación superior, para que las y los especialistas, así como las investigadoras
y los investigadores adscritos a estos centros aporten su experiencia en la
solución multi e interdisciplinaria de las diversas problemáticas, de forma tal
que se fortalezcan las decisiones de la política pública.
Asimismo, es fundamental lograr una sinergia
del gobierno y la academia con el sector privado; la ciencia y la innovación
son la vía para lograrla. En la medida que se logre un entendimiento entre
estos tres sectores, la economía local podrá fortalecerse, a partir de la
creación de nuevas empresas de base tecnológica y de la modernización de la
infraestructura tecnológica de las empresas existentes. Como ya se dijo, el
conocimiento ha ocupado el lugar central del crecimiento económico y de la
elevación gradual del bienestar social. La capacidad de inventar e innovar, es
decir, de crear nuevos conocimientos y nuevas ideas que se materializan
posteriormente en productos y procedimientos, ha alimentado históricamente el
desarrollo. La Ciudad de México, por tanto, debe aspirar a convertirse en la primera
economía del conocimiento a nivel nacional.
La Ciudad de México aporta aproximadamente el
17% del Producto Interno Bruto a la economía nacional. Vincular los avances
científicos con los sectores económicos y en general con la población que vive
y realiza sus actividades en esta ciudad es una oportunidad, una responsabilidad
y un compromiso local.
Por todo lo anterior, el enfoque transversal
de Innovación, Ciencia y Tecnología se incorpora en las principales acciones de
gobierno, con el fin de impulsar la eficacia en la atención de los problemas
prioritarios de la población, la competitividad territorial de la Ciudad, la
productividad de las empresas y la generación de empleos de calidad, así como
la implementación de acciones dirigidas a la promoción, difusión y divulgación
de la ciencia entre la población, particularmente entre las y los niños y los
jóvenes. Además de desarrollar en estos la vocación científica, ello permitirá
promover una importante cultura científica entre la población y la elaboración
de proyectos en el corto, mediano y largo plazos, que contribuyan a resolver
los principales problemas tecnológicos y de desarrollo de la Ciudad de México.
AVANCES Y RETOS
La infraestructura educativa, científica,
cultural y artística más grande de México, y quizás de Latinoamérica, se
asienta en la Ciudad de México. En ella se ubican las mayores y mejores
instituciones de educación superior públicas y privadas, así como importantes
centros de investigación científica, social y humanística, como son: la
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana,
el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, El Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas,
la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México,
entre otros. Esto permite que la Ciudad cuente con capital humano de primer
nivel, así como con los laboratorios, talleres, bibliotecas, centros de cómputo
y otros recursos científicos, académicos y educativos más grandes e importantes
del país.
A pesar de contar con una infraestructura y
potencial humano de estas dimensiones, los principales problemas a los que se
enfrenta la ciencia y la tecnología en la capital giran alrededor de la falta
de planeación y orientación de los recursos existentes. Hay un débil vínculo
entre la investigación en ciencia básica, el desarrollo tecnológico y la
innovación con los proyectos productivos y sociales que requiere el dinamismo
de la Ciudad de México.
De igual forma, los proyectos tecnológicos
tanto en el país como en la Ciudad suelen insertarse en otros proyectos macro,
generalmente afiliados a multinacionales. En este caso, la innovación mexicana
pasa a un segundo plano, para responder a las necesidades de una firma multi o
transnacional. Considerar el autosostenimiento en innovación es una apuesta
viable, aunque los proyectos macro suelen requerir de inversiones difíciles de
autofinanciar. En este sentido, para la Ciudad de México una solución será la
búsqueda de esquemas de financiamiento público-privado para la realización de
proyectos tecnológicos y científicos.
Los retos que debe enfrentar el desarrollo de
la ciencia y tecnología en nuestra ciudad pueden volverse oportunidades de
crecimiento si se aprovecha la cercanía y vecindad con estados que también
cuentan con importantes instituciones de educación superior y de investigación
científica, con los que se podrían formar alianzas creando “corredores de
conocimiento”, sustentados en la formación de recursos humanos y en una agenda
de investigación que desarrolle líneas que aborden los problemas comunes a
estas entidades.
En la Ciudad de México
se encuentran igualmente las principales instituciones de salud de nuestro
país, las que también realizan actividades de investigación, por lo que el
trabajo conjunto de la ciencia con el sector salud es indispensable para
mejorar los servicios y redimensionar la atención médica en la capital.
Por otra parte, se deberá fomentar la
creación de parques científicos y tecnológicos, aprovechando que grandes
empresas tienen su asiento en la Ciudad, así como generar incubadoras de
empresas de manera conjunta con las instituciones de enseñanza e investigación
públicas y privadas. A partir de estos parques y de alianzas con grandes
empresas, se puede capacitar a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES)
para que desarrollen procesos de innovación.
Algunos de los retos específicos para la
innovación, la ciencia y la tecnología en la Ciudad son: creación de empleo,
equilibrio entre uso del transporte privado y el público, seguridad, servicios
educativos de calidad, patentes, urbanización, residuos sólidos, comunicaciones
(fijas y móviles) y tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Estos retos se han incorporado como objetivos, metas y líneas de acción en los
diversos ejes vertebrales de este Programa General de Desarrollo.
El Gobierno del Distrito Federal ha creado
recientemente una nueva dependencia: la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación, que dirige sus acciones hacia las dependencias, entes y
delegaciones de la Administración Pública, para desarrollar estrategias de
gestión y vinculación (academia-empresa-gobierno), innovación, educación,
formación, difusión y divulgación de la ciencia, en cualquiera de sus programas
de mediano y corto plazos.
Lo anterior facilitará coordinar e incorporar
los aportes de la ciencia y el desarrollo tecnológico en las acciones que
desarrollen las entidades de la Administración Pública al nivel local,
metropolitano o federal, al mismo tiempo que se impulse la promoción y gestión
de procesos de innovación en las micros, pequeñas y medianas empresas de la
Ciudad de México, articuladas con la agenda nacional de ciencia, tecnología e
innovación.
CRITERIOS DE ORIENTACIÓN
•
Impulsar el desarrollo científico y tecnológico en la Ciudad
de México, orientándolo hacia su modernización y dinamismo, a fin de convertir
al Distrito Federal en una ciudad del conocimiento.
•
Fomentar la inversión pública y privada en materia de
ciencia, tecnología e innovación, así como la acción conjunta de los sectores
público, privado y social.
•
Propiciar el uso de la ciencia para el desarrollo
socioeconómico de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana.
•
Impulsar entre la comunidad científica y social la
cooperación multidisciplinaria, para desarrollar una base amplia y sólida de la
innovación, a través de la creación y consolidación de empresas innovadoras y
de base tecnológica, que permitan alcanzar una nueva economía basada en el
conocimiento.
•
Vincular a los sectores educativo, productivo y de servicios
con la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
•
Fomentar la vinculación de la ciencia y el desarrollo
tecnológico con el aparato productivo para promover procesos de innovación en
las MIPyMES.
•
Difundir y divulgar la ciencia entre la población, prestando
particular atención a los jóvenes, a las niñas y los niños, de manera que se
fomente en ellos una vocación y cultura científicas.
•
Promover el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), para la realización de estudios que sustenten los proyectos
gubernamentales, empresariales y educativos.
Enfoque de Sustentabilidad
La sustentabilidad
constituye un proceso que debe ser impulsado desde los distintos sectores y
actores sociales para crear condiciones ambientales, económicas y
socioculturales que permitan gozar de una calidad de vida aceptable, tanto a
las generaciones presentes como a las futuras.
Para el PGDDF 2013-2018 el enfoque de
sustentabilidad incentiva la regulación y mejoramiento ambiental en las
actividades económicas, fomenta la participación y cultura ciudadana para una
educación ambiental y mantiene, restaura o incrementa el capital natural año
con año, de tal manera que cualquier pérdida en la capacidad de los ecosistemas
debe considerarse un pasivo que se hereda a las próximas generaciones. Es el
caso de la disminución en la capacidad de infiltración de agua en el acuífero
(dada por la pérdida de bosques, la impermeabilización del suelo o la
sobreexplotación), las emisiones contaminantes que provocan impactos en la
salud, la importación de agua de otras cuencas, las inequidades de acceso al
agua o a los servicios, entre otros ejemplos.
La Ciudad de México sigue enfrentando retos
centrales asociados con la calidad ambiental y por lo tanto con la
sustentabilidad. La relación entre transporte público y transporte privado debe
ser balanceada para mejorar bienes públicos como la calidad del aire y el
espacio social. También son necesarios un mejor balance energético y de consumo
de recursos naturales como el agua, una perspectiva territorial de seguridad y
confort ante nuevas condiciones del clima y la reducción en general de los
pasivos ambientales generados por el crecimiento urbano.
El Gobierno del Distrito Federal asume que no
hay mejor economía que la sustentable, que asegura la conservación del capital
natural y social, utiliza e impulsa la tecnología y las buenas prácticas para
sustituir fuentes energéticas tradicionales, promueve nuevas reglas y normas para
apoyar este cambio y está preparada para responder a condiciones y eventos que
no se han presentado en el pasado. Los problemas ambientales se atienden
adecuadamente mediante la armonización de las políticas públicas, la
participación de los distintos sectores económicos y sociales, la adecuación
del marco jurídico de diferentes sectores y órdenes de gobierno, así como la
planeación de mediano y largo plazos. La sustentabilidad no solo compete a
responsabilidades y atribuciones del sector ambiental, sino del gobierno en su
conjunto.
AVANCES Y RETOS
Los esfuerzos para mejorar las condiciones
ambientales de la Ciudad tienen ya varias décadas. El control de las emisiones
contaminantes a la atmosfera fue el detonador de una época de cambio
sustancial. El mejoramiento de combustibles, el diseño e implementación de una
normatividad para la industria y el transporte, la creación de instituciones
encargadas de la temática ambiental y el desarrollo de programas para el
control vehicular son algunos de los primeros esfuerzos que emprendió la Ciudad
hacia su transformación. Asimismo, se han creado mecanismos, programas e
incentivos que han obtenido avances importantes en la recuperación y
restauración de condiciones de sustentabilidad desde hace mucho tiempo perdidas.
Lograr la sustentabilidad en y de la Ciudad
supone un proyecto cultural y educativo que considere al ambiente en el sentido
más amplio. Esto implica contemplar que los retos enfrentados en décadas
pasadas no son equiparables a los de las presentes, ya que las condiciones
globales actuales inciden de manera inmediata sobre el grado de vulnerabilidad.
El Distrito Federal y su zona metropolitana
ocupan por su población el tercer lugar entre las megaciudades del mundo. La
lista de problemas ambientales es larga y estos tienen fuertes consecuencias en
el deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad. La
contaminación atmosférica mantiene niveles por encima de la norma en el caso
del ozono y las partículas suspendidas menores a 10 y 2.5 micrómetros (PM10 y
PM2.5).
La expansión de la Ciudad continúa hacia
zonas de reserva y conservación, y por ende, se da el deterioro de los recursos
naturales y los servicios ambientales, la presión a poblaciones de especies
protegidas, el aumento de riesgos por desastres, la afectación de una cultura
rural ancestral y el aumento de las zonas marginadas.
La distribución de las áreas verdes urbanas
sigue siendo desigual, sus condiciones no son satisfactorias en todos los casos
y en general están por debajo en cantidad y acceso de las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
La gran urbe es una
macro generadora de residuos sólidos (poco más de 15 mil toneladas diarias) con
deficiencias en el servicio y en su aprovechamiento. En ella, prevalece un
fuerte retraso en el manejo sustentable de los recursos naturales; por ejemplo,
se vive una escasez creciente de agua.
Gran parte de la población emplea numerosas
horas de su vida al día en el traslado a los lugares de trabajo, estudio,
compra y diversión, lo cual incrementa los riesgos viales, el consumo de
energéticos y la emisión de contaminantes.
La Ciudad de México está expuesta a un amplio
y variado conjunto de riesgos naturales y antropogénicos, que se exacerban
debido a que la población tiene una baja cultura de la prevención.
En la economía urbana conviven antiquísimas
prácticas comerciales y de transacción, estructuras basadas en el privilegio
premoderno y relaciones propias del mundo globalizado. En el abasto de
perecederos la Central de Abastos coexiste con las modernas tiendas de
autoservicio.
Para enfrentar estas circunstancias, quienes
viven y trabajan en la Ciudad deberán atender diversos aspectos para cumplir
con al menos cuatro principios esenciales: 1) las actividades que proveen ingresos
deben ser cuidadosas con el agua, consumir menos y devolverla al caudal lo más
limpia posible; 2) el consumo de energía tiene que ser menor y más eficiente y
se deben buscar cada vez más fuentes renovables de energía; 3) debe darse el
manejo adecuado de residuos sólidos, que implica desechar lo menos posible,
separar y convertir en composta lo orgánico y reciclar al máximo lo inorgánico,
para reducir al mínimo el arrojo a rellenos sanitarios; y 4) estimular la
preferencia por proveedores verdes de materiales, suministros y servicios, que
observen a su vez estos mismos cuatro criterios de sustentabilidad ambiental.
El área gubernamental es el primer espacio en que podrían aplicarse estos
cuatro principios básicos.
Asimismo, para hacer sustentable a la Ciudad
el tejido social debe cuidarse y reconstruirse donde se requiera, apoyándose en
la movilización de la sociedad.
El enfoque de sustentabilidad que impulsa el
Programa General de Desarrollo se transversaliza de forma estratégica en sus 5
Ejes para un gobierno ciudadano, enlazándose con aquellas áreas de oportunidad
donde se pretenden incorporar políticas culturales, educativas, ambientales,
sociales, económicas, de desarrollo urbano, de seguridad, participativas y de
gobernanza, entre otras. El reto es lograr que en los entes que integran la
Administración Pública del Distrito Federal, y a partir de ellos en la sociedad
capitalina, se retome y permee esta política pública.
El enfoque transversal de sustentabilidad
pretende orientar el conjunto de acciones del gobierno de la Ciudad hacia una
gestión que propicie la sustentabilidad y la resiliencia, entendida como la
capacidad de un ente para absorber perturbaciones sin alterar sustancialmente
sus características.
CRITERIOS DE ORIENTACIÓN
•
Lograr acuerdos específicos entre sectores del Gobierno del
Distrito Federal y las agendas y acciones delegacionales que aumenten la
calidad de vida de las y los habitantes y disminuyan su vulnerabilidad.
•
Identificar las áreas de la Ciudad vulnerables a eventos extremos
del clima y generar acuerdos, acciones e instrumentos de gestión que promuevan
su adaptación al cambio climático.
•
Lograr la eficiencia en la gestión y consumo de recursos
naturales, promoviendo las pautas para la transición hacia fuentes renovables de
energía y formas de gestión alternativa del agua.
•
Fortalecer alianzas y coordinación metropolitana en la cuenca
del Valle de México y desarrollar acciones metropolitanas que influyan en las
condiciones ambientales y de los recursos naturales del resto del país.
•
Incentivar la inversión pública y privada hacia una visión
sustentable de ciudad y activación de desarrollo estratégico a partir de
proyectos con enfoque de sustentabilidad, especialmente en las MIPyMES.
•
Fortalecer los sectores de innovación, ciencia y tecnología,
transporte público, vialidad y desarrollo urbano para que se orienten hacia la
sustentabilidad.
•
Manejar en forma sustentable en el Gobierno del Distrito
Federal el agua, la energía y los residuos, procurando el suministro de insumos
y servicios amigables con el ambiente.
Enfoque de Desarrollo Metropolitano
El Distrito Federal solo puede pensarse de
manera integrada respecto de la zona que lo circunda: la Zona Metropolitana del
Valle de México (ZMVM). Su ubicación y características, las dinámicas de
crecimiento, los patrones de desplazamiento de la población y los desafíos en
términos de provisión de servicios públicos hacen que el presente y el futuro
de la Ciudad de México estén comprometidos con esa vasta y compleja región.
La ZMVM está conformada por las 16
Delegaciones del Distrito Federal, 59 municipios del Estado de México y 21 del
Estado de Hidalgo, que se asientan en una extensión territorial de 10 mil 820
km2. La habitan 21.1 millones de personas, el 18% de la población nacional, de
los cuales 53% viven en los municipios conurbados del estado de México,
ubicados al oriente y al norte de nuestra ciudad, el 42% en el Distrito
Federal, donde las mayores concentraciones de población se ubican en las
delegaciones centrales, y 5% en los municipios del estado de Hidalgo.
La dinámica de funcionamiento de la ZMVM está
principalmente definida por una creciente e intensa movilidad cotidiana de la
población en su interior, derivada fundamentalmente de la desarticulación
geográfica entre las áreas en que se concentran las fuentes de empleos, las que
constituyen la oferta educativa y las zonas de habitación. Esta realidad impone
grandes desafíos en términos de la provisión de servicios, la articulación de
transporte, el desarrollo de infraestructura y el equipamiento.
Es necesario que la planeación e
implementación de las acciones del Gobierno del Distrito Federal sean
concebidas desde una visión metropolitana, que eleve la calidad de vida de las
y los habitantes de la Ciudad y asuma el reto de resolver las demandas de la
población a través de la coordinación y la concertación metropolitanas con las
entidades federativas vecinas. Esa visión metropolitana reviste particular
importancia en lo referente a políticas públicas de transporte, vialidad, agua,
residuos sólidos, desarrollo económico y social, entre otros.
AVANCES Y RETOS
Durante las últimas décadas, el Gobierno del
Distrito Federal ha fortalecido la vinculación y trabajo conjunto con los
gobiernos de los estados de México e Hidalgo. Diferentes proyectos financiados
por el Fondo Metropolitano han permitido coordinar esfuerzos
intergubernamentales, principalmente en torno a las temáticas de
infraestructura vial, agua potable y drenaje, transferencia y disposición final
de residuos sólidos, desarrollo social y movilidad, así como la construcción de
la línea 12 del metro.
Por otra parte, se ha trabajado para integrar
al estado de Hidalgo en las Comisiones Metropolitanas, quedando formalmente
incorporado en octubre de 2012 a la Comisión Metropolitana de Asentamientos
Humanos (COMETAH).
Asimismo, se actualizó y aprobó el Programa
de Ordenación de la ZMVM, con el consenso de la federación a través de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el cual permitirá planear y ordenar
de manera estratégica las acciones de los gobiernos de los estados de México e Hidalgo
y del Distrito Federal.
A pesar de estos avances, la ZMVM presenta
importantes desafíos derivados de la expansión territorial desmedida, la
proliferación de periferias marginales y zonas de dormitorio, los
embotellamientos y problemas de tráfico producto del incremento del parque
vehicular, así como las dificultades ambientales derivadas de la demanda de
agua, la contaminación del aire y el manejo de los residuos sólidos.
El recorrido de
grandes trayectos para desempeñar las actividades laborales diarias es una
realidad en la Ciudad de México, que comparte con una gran cantidad de
localidades de la zona metropolitana en ambos sentidos, principalmente con las
más densamente pobladas.
Las grandes distancias entre las zonas de
dormitorio y las de empleo, negocio o educación implican que los traslados
consuman una enorme cantidad del tiempo de la población y que supongan altos
niveles de uso de energía. Así, los requerimientos de transporte y vialidades,
así como de energía y equipamiento urbano, representan un costo desmesurado
para las y los ciudadanos de la Ciudad de México y las personas de otras
localidades metropolitanas. El Gobierno del Distrito Federal compromete grandes
inversiones y gastos para atender requerimientos de residentes de la zona
metropolitana que trabajan en la Ciudad de México o adquieren en ella bienes y
servicios. Los acuerdos metropolitanos deben incluir flujos de otras entidades
vecinas para compensar esas inversiones y costos.
Es indispensable rediseñar la movilidad
metropolitana para que adopte características policéntricas en zonas de
desarrollo compactas, esto es, que impliquen circuitos de movilidad por
trabajo, abasto y esparcimiento más reducidos y compactos. Hacer un uso más
eficiente de los recursos de la ciudadanía en torno de múltiples centros en
zonas compactas de desarrollo es parte de un enfoque transversal que se ha
considerado en los cinco ejes y que estará en los programas sectoriales que sucederán
a la formulación del Programa General de Desarrollo.
Estar en la Zona Metropolitana del Valle de
México impone a la Ciudad grandes retos, que solo pueden enfrentarse mediante
alianzas sólidas con las autoridades de los estados que la integran.
CRITERIOS DE ORIENTACIÓN
•
Promover una planeación urbana y un ordenamiento territorial
a partir de una visión metropolitana, que contenga la expansión y promueva un
modelo policéntrico con equidad en la distribución de infraestructura urbana
ecoeficiente y equipamiento, que a su vez ofrezca una mejor calidad de vida a
las y los habitantes.
•
Propiciar y ampliar la concurrencia y la complementariedad de
las acciones del gobierno local, los gobiernos delegacionales, los estados del
área metropolitana y la Federación, que permitan construir alianzas sólidas a
futuro con los municipios y estados de la región megapolitana del centro del
país: Morelos, Tlaxcala, Puebla y Querétaro.
•
Fortalecer la articulación metropolitana en el diseño e
implementación de políticas de transporte, promoviendo modalidades de
transporte no motorizado, desincentivando el uso del vehículo privado y
estructurando un sistema vial que dé prioridad a los medios de transporte
masivo no contaminantes.
•
Promover, con una orientación metropolitana de desarrollo
sustentable, la aplicación de políticas públicas relativas a residuos sólidos,
transporte, aire, suelo de conservación, con especial interés en el agua y
saneamiento.
Enfoque de Acción Internacional
La internacionalización de las ciudades es un
fenómeno que en años recientes ha evolucionado a pasos acelerados. Su dinamismo
ha dado lugar a que se acuñen diversos conceptos, que la definen como
“para-diplomacia”, “diplomacia multinivel”, “cooperación descentralizada” o
“diplomacia federativa”.
Los cambios experimentados en el mundo en las
últimas décadas han dado lugar a la multiplicación de intercambios de
información y flujos comerciales, financieros, culturales, migratorios, etc. La
velocidad con la que se han producido ha potenciado la irrupción de nuevos
actores en las relaciones internacionales. Entre estos destacan los gobiernos
locales, quienes por sus crecientes desafíos y competencias han cobrado mayor
importancia en la escena mundial.
Esta tendencia se ve
reforzada en el caso de las grandes urbes como la Ciudad de México, las cuales
han adquirido un peso específico cada vez mayor en la toma de decisiones, tanto
en las políticas nacionales como en la orientación de los grandes temas de la
agenda global.
Hace más de 40 años se estableció el primer
hermanamiento entre la Ciudad de México y la ciudad de Los Ángeles y desde
entonces mucho ha evolucionado en nuestras relaciones con el extranjero. Hoy en
día, la práctica internacional desde la ciudad se caracteriza por estar más
enfocada a proyectos, programas específicos de cooperación y asociaciones
estratégicas, con implicación directa de actores distintos al gobierno local y,
sobre todo, del trabajo en redes. Así, la internacionalización de las ciudades
ya no solo tiene que ver con hermanamientos, relaciones protocolarias y
búsqueda de fondos, sino con el acceso a espacios de influencia mundial en los
temas que atañen a la vida cotidiana de la población.
AVANCES Y RETOS
Por su peso económico, posición geográfica,
historia y dinámica social, la Ciudad de México ha sido históricamente
reconocida como el núcleo de una de las megalópolis de referencia mundial y de
manera especial en la región latinoamericana. Con más de 2 millones de
visitantes extranjeros al año, más de 40 comunidades extranjeras residentes,
una centena de embajadas y representaciones, el Distrito Federal es la entidad
federativa con mayor captación de inversión extranjera directa y la principal
sede de empresas y organismos multinacionales en México. Por ello, para la
Ciudad de México contar con una política propia de relaciones con el exterior
no es una opción: es una exigencia y una oportunidad.
Los gobiernos democráticamente electos de la
Ciudad han impulsado su consolidación como actor internacional acorde con los
tiempos modernos. Con el propósito de que la Ciudad aproveche aún más este
potencial, el Gobierno del Distrito Federal entiende a la acción internacional
no como una política sectorial en sí misma, sino como un campo que permea,
beneficia y enriquece de forma transversal a todas las actividades sustantivas
del gobierno local.
Sin embargo, la estrategia exterior no se
limita a la actuación del gobierno: debe impulsar la inclusión de todo el
espectro de las fuerzas vivas de la Ciudad. Por ello, la internacionalización
se conduce de la mano de otros actores, como organizaciones sociales,
universidades, empresas, cámaras y asociaciones, entre otros. La acción
internacional concertada sirve así para potenciar nuestra inserción mundial e
incrementar, por ejemplo, la movilidad estudiantil con otros países, la
capacitación de capital humano profesional, la atracción de inversiones y
turismo, el intercambio de experiencias, buenas prácticas y nuevas tecnologías,
así como la oferta cultural y artística del mundo a la Ciudad de México y
viceversa.
La acción internacional del Gobierno del
Distrito Federal da prioridad a sus relaciones de cooperación con el
extranjero. Para ello, es importante favorecer la participación en las redes
regionales y mundiales de ciudades, tales como “Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos” (CGLU), con sus comisiones temáticas, y METRÓPOLIS, a través de su
estrategia mundial de capacitación.
Se requiere mantener los espacios ganados en
organismos especializados, tales como United Nations Advisory Committee on
Local Authorities (UNACLA), Policy Forum on Development (PFD), de la Unión
Europea, Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica (UCCI), Local Governments
for Sustainability (ICLEI) y C40: Cities Climate Leadership Group, a la vez
promover la adhesión de más ciudades al Pacto de la Ciudad de México (Pacto
Climático Global de Ciudades).
Es necesario actualizar, revisar y
redinamizar los 21 convenios de hermanamiento y amistad y las relaciones de
cooperación descentralizada con ciudades de América, Europa y Asia, así como
fortalecer las relaciones de cooperación técnica y financiera con los
organismos del sistema de Naciones Unidas y otras agencias bilaterales y
multilaterales.
La acción internacional de la Ciudad de
México presupone mantener las relaciones que históricamente se han tenido con
el cuerpo diplomático y consular y otros entes extranjeros, como cámaras de
comercio e institutos culturales. Requiere asimismo ampliar y enfocar mejor las
actividades de las Casas de la Ciudad de México en el extranjero, para atender
más adecuadamente a la creciente población migrante.
La gran diversidad y dinamismo de las
relaciones internacionales de la Ciudad requiere de una estrategia sólida de
coordinación y enlace interinstitucional dentro y fuera del gobierno. Así, la
acción internacional debe acompañar y potenciar transversalmente las políticas
públicas de la ciudad capital en temas tan diversos como movilidad urbana,
seguridad y desarme, prevención de riesgos y desastres, conservación de
patrimonio, medio ambiente y cambio climático, espacio público, salud,
educación, desarrollo social, finanzas públicas, ciencia y tecnología, cultura
y deportes, justicia y promoción de los derechos humanos, entre otros.
CRITERIOS DE ORIENTACIÓN
•
Consolidar la presencia e influencia de la Ciudad de México
como el núcleo de una megalópolis líder en América Latina y el mundo.
•
Posicionar a la Ciudad de México como un referente de
sustentabilidad urbana e innovación, a través de intercambios de buenas
prácticas y proyectos concretos de cooperación descentralizada.
•
Incrementar el atractivo territorial de la Ciudad de México
como importante destino mundial del turismo, el capital humano, las artes, el
comercio, los negocios y la inversión extranjera.
ACRÓNIMOS Y SIGLAS,
ACCE: Áreas Comunitarias de
Conservación Ecológica
AEP: Autoridad del Espacio
Público
AMSDA: Asociación Mexicana
de Secretarios de Desarrollo Agropecuario
AMSDE: Asociación Mexicana
de Secretarios de Desarrollo Económico
ANAAE: Asociación Nacional
de Autoridades Ambientales Estatales
ANP: Áreas Naturales
Protegidas
APDF: Administración Pública
del Distrito Federal
ASETUM: Asociación de Secretarios
de Turismo de México
BANJERCITO: Banco Nacional del
Ejército Fuerza Aérea y Armada
C40: CitiesClimateLeadershipGroup
C4i4:
Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Inteligencia, Integración,
Información e Investigación
CADAM:
Comisión de Agua y Drenaje del Área Metropolitana
CADI:
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil
CAM: Comisión
Ambiental Metropolitana
CDHDF:
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
CEDAW:
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
las Mujeres
CENAPRED: Centro
Nacional de Prevención de Desastres
CETRAM:
Centros de Transferencia Modal
CFE:
Comisión Federal de Electricidad
CGLU: Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
CIDE: Centro de Investigación y Docencia
Económicas
CIESAS: Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social
CLSCM: Constitución de la Libre y Soberana
Ciudad de México
CMSPyPJ: Comisión Metropolitana de Seguridad
Pública y Procuración de Justicia
COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria
COLMEX: El Colegio de México
COMEPROC: Comisión Metropolitana de Protección
Civil
COMETAH: Comisión Metropolitana de
Asentamientos Humanos
COMETRAVI: Comisión Metropolitana de Transporte y
Vialidad
CONAGO: Conferencia Nacional de Gobernadores
CONAPO: Consejo Nacional de Población
CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social
CUTS: Catálogo Único de Trámites y Servicios
CVE: Centros de Vinculación Empresarial
DF: Distrito Federal
DIDH: Derecho Internacional de Derechos Humanos
ECOBICI: Sistema de Transporte Individual Ecobici
ecoParq: Programa de Recuperación de Calles y
Banquetas a través de Ordenamiento del Estacionamiento en la Vía Pública
ENA: Encuesta Nacional de Adicciones
ENADIS: Encuesta Nacional sobre Discriminación
en México
ENDIREH: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares 2011
ENLACE: Evaluación Nacional de Logro Académico
en Centros Escolares
ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública
EVALÚA DF: Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social del Distrito Federal
Faros: Fábricas de Artes y Oficios
FONDESO: Fondo para el Desarrollo Social de la
Ciudad de México
FOVISSSTE: Fondo de la Vivienda del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GDF: Gobierno del Distrito Federal
GEI: Gases de Efecto Invernadero
IBM: International Business Machine
ICLEI: Local Governments for Sustainability
IDE: Investigación y Desarrollo Experimental
IDG: Índice de Desigualdad de Género
IDH: Índice de Desarrollo Humano
IES: Instituciones de Educación Superior
ILE: Interrupción Legal del Embarazo
ILIFED: Instituto Local de la Infraestructura
Física Educativa del Distrito Federal
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y
Geografía
INFODF: Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores
INIFED: Instituto Nacional de la Infraestructura
Física Educativa
INVI: Instituto de Vivienda del Distrito Federal
IPN: Instituto Politécnico Nacional
ISSFAM: Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas
ITAM: Instituto Tecnológico Autónomo de México
ITDP: Institute for Transportation and Development Policy
ITESM: Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey
LGBTTTI: Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual,
Travesti, Transgénero e Intersex
LPDHDF: Ley del Programa de Derechos Humanos
del Distrito Federal
MEITIC: Modelo Estratégico Integral de TIC
MIPyMES: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
MTSPDF: Manual de Trámites y Servicios al
Público del Distrito Federal
NOM: Normas Oficiales Mexicanas
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico
OECD: Organization for Economic Co-operation and Development
OMS: Organización Mundial de la Salud
ONU: Organización de las Naciones Unidas
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil
PC: Participación Ciudadana
PDHDF: Programa de Derechos Humanos del Distrito
Federal
PEMEX: Petróleos Mexicanos
PFD: Policy Forum on Development
PGDDF: Programa General de Desarrollo del Distrito
Federal
PGJDF: Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal
PGOEDF: Programa General de Ordenamiento
Ecológico del Distrito Federal
PIB: Producto
Interno Bruto
PISA: Program for International Student Assessment
POZMVM: Programa de Ordenamiento dela Zona Metropolitana
del Valle de México
PROAIRE: Programa para Mejorar la Calidad del
Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México
PROFACE: Programa de Fondos de Apoyo para la
Conservación y Restauración de los Ecosistemas a través de la Participación
Social
PROMOEVA: Programa de Monitoreo
y Evaluación del Desempeño Gubernamental
PUEC: Programa Universitario
de Estudios sobre la Ciudad
PYMES: Pequeñas y Medianas
Empresas
RCP: Región Centro País
REC: Reservas Ecológicas
Comunitarias
RTP: Red de Transporte de
Pasajeros del Distrito Federal
SACMEX: Sistema de Aguas de
la Ciudad de México
SAVER: Sistema de Análisis y
Visualización de Escenarios de Riesgo
SAGARPA: Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SCDF: Suelo de Conservación
del Distrito Federal
SEDESOL: Secretaría de
Desarrollo Social
SEDU: Secretaría de
Educación del Gobierno del Distrito Federal
SEP: Secretaría de
Educación Pública
SIAPEM: Sistema Electrónico
de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles
SIMAT: Sistema de Monitoreo
Atmosférico
SIPROMOEVA: Sistema del Programa
de Monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental
SISEC: Sistema de Información
de la Secretaría de Cultura
SOFOL: Sociedad Financiera
de Objeto Limitado
STC: Sistema de Transporte
Colectivo “Metro”
STE: Servicio de
Transportes Eléctricos del Distrito Federal
TDF: Tarjeta del Distrito
Federal
TIC: Tecnologías de la
Información y la Comunicación
UACM: Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
UAM: Universidad Autónoma
Metropolitana
UCCI: Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas
UIA: Universidad Iberoamericana
UNACLA: United Nations Advisory Committee
on Local Authorities
UNAM: Universidad Nacional
Autónoma de México
UNESCO: United Nations Educational Scientific
and Cultural Organization
VIH: Virus de la
Inmunodeficiencia Humana
ZCCM: Zona Conurbada de la
Ciudad de México
ZMVM: Zona Metropolitana
del Valle de México