PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 27 DE MAYO 2015.

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

 

JEFATURA DE GOBIERNO

 

ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL con fundamento en los artículos 122, Apartado C, Base Segunda, fracción II, incisos a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 15, 67, fracciones II y III, 86, 87, 90 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5°, 7°, 14, 15, fracciones I y XV; 16, fracción IV, 22, 23, 34, primer párrafo y fracciones I, IV, IX y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1°, 9°, 44, 67, 82 y 113, párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 32, segundo párrafo y 57 de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público; 6°, 13, 33, fracción XXI, 35, 39 y 39 Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 10, 13, inciso b) y último párrafo, 32, 37, 65 y 66 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 12, 14 y 16 del Código de Ética de Servidores Públicos para el Distrito Federal; 5°, 28 y 113, fracciones XXII y XXIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en correlación con los artículos 1°, 113, 133 y 134 Constitucionales; 7°, inciso 4, 8° y 12 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; y 47 y 91 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y

 

CONSIDERANDO

 

Que de conformidad con el artículo 122 Constitucional corresponde al Jefe de Gobierno cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el Congreso de la Unión, así como proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia las leyes que expida la Asamblea Legislativa.

 

Que el artículo 113 Constitucional y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establecen que el ejercicio de la función pública debe apegarse a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, con el propósito de que se observe por las personas servidoras públicas una conducta que fortalezca la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y a la vez atienda sus necesidades.

 

Que una situación real o potencial que más lesiona los intereses públicos, así como la percepción pública de confianza en el servicio público, es el Conflicto de Intereses, mismo que se presenta cuando un interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios de las personas servidoras públicas pueda afectar en el momento presente, o en un futuro en ciertas circunstancias, el desempeño independiente, objetivo e imparcial de su empleo, cargo o comisión. Al respecto la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para evitar el Conflicto de Intereses establece diversos supuestos en los que la persona servidora pública debe abstenerse de participar o conocer de diversos actos y procedimientos cuando ellos mismos o personas con las que tenga relaciones familiares, personales, profesionales, laborales o de negocios puedan resultar beneficiadas con su decisión o intervención.

 

Que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a la par de otros tratados y convenciones de los que México es parte, establecen la necesidad de adoptar sistemas destinados a promover la transparencia de entidades públicas y privadas, la denuncia, la integridad corporativa, la prevención de conflictos de intereses, el uso de buenas prácticas comerciales, así como para establecer medidas y sistemas para exigir a las personas servidoras públicas que presenten declaraciones a las autoridades competentes en relación a sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos, entre otras situaciones.

 

Que para buscar la protección más amplia de los derechos e intereses de los habitantes del Distrito Federal y tomando como base la regulación vigente relacionada con el conflicto de intereses, resulta conveniente, en el ejercicio de las facultades conferidas a esta Contraloría General en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y atendiendo a los principios de interpretación prescrito en el artículo 1° de la Constitución Federal, normar el funcionamiento de diversos instrumentos y procedimientos de control como los señalados en el presente instrumento, a fin de orientar a las personas servidoras públicas en la conducta correspondiente, en temas o situaciones específicas que coadyuven al cumplimiento de la Norma, a la observancia de los principios de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, legalidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la corrupción.

 

Que en términos de lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 47, en correlación con el artículo 91 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades tienen la obligación de atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciban de la Contraloría General del Distrito Federal en el marco de las atribuciones de control y evaluación de la gestión pública de la Administración Pública del Distrito Federal.

 

Que el presente instrumento pone en políticas, acciones y prohibiciones algunos de los principios y valores a los que están sujetas las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal, los cuales se observan en los artículos 113 Constitucional; 86 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 7° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, así como en el Código de Ética de Servidores Públicos para el Distrito Federal.

 

Que en términos de los artículos 134 constitucional, 1° y 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 6° y 7° del Código de Ética de los Servidores Públicos para el Distrito Federal, los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, son conjuntamente responsables con las personas servidoras públicas encargadas de las áreas de administración, entre otros, del manejo y aplicación de los recursos, de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio del gasto y de observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, honradez, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, control y rendición de cuentas, por ello y a efecto de generar seguridad y certeza jurídica se requiere establecer una distribución específica de responsabilidades, entre las personas servidoras públicas.

 

Que las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones, ambas del Distrito Federal, establecen como obligación para las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades el deber de abstenerse de recibir propuestas o celebrar contratos, con aquellas personas físicas o morales que incurran en alguno de los supuestos de impedimento correspondientes, destaca el caso en el que la persona servidora pública que intervenga de cualquier forma en la adjudicación del contrato tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que las personas servidoras públicas o las personas referidas formen o hayan formado parte durante el último año.

 

Que diversas disposiciones jurídicas y administrativas como las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas del Distrito Federal, así como la Circular Uno de la Oficialía Mayor, establecen la obligación de los particulares, proveedores, contratistas o permisionarios que tendrán alguna relación o vínculo jurídico con la Administración Pública Distrito Federal, de manifestarse de manera expresa en el sentido de no encontrarse inhabilitado o en alguna causal de impedimento, entre las que se consigna la de conflicto de intereses. Inclusive existen casos en que se debe sancionar a particulares que, a sabiendas de encontrarse en alguno de estos supuestos de impedimento, haya participado en procesos de adjudicación de un contrato o en su celebración.

 

Que cada una de las personas servidoras públicas de la Administración Pública que tienen atribuciones originarias, delegadas o por representación para participar en procedimientos de contratación de adquisición y arrendamiento, enajenación y disposición de bienes muebles, prestación de servicios, obras públicas y servicios relacionados con éstas, adquisición, asignación, enajenación, permisos, concesiones, expropiaciones de bienes inmuebles, concesión de servicios públicos y demás actos similares relacionados con la función pública a su cargo, tienen la obligación de saber y comprender las políticas, acciones y prohibiciones contenidos en este instrumento normativo, así como las normas, principios y valores en los que están basados. Estas disposiciones no reemplazan la responsabilidad y obligaciones de todo integrante de la Administración Pública del Distrito Federal de observar el total de disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como ejercer un buen criterio y en su caso, consultar al personal directivo correspondiente.

 

Que en conocimiento de la inminente reforma constitucional sobre Anticorrupción, se ha estimado pertinente, en tanto se consolida aquélla y se emiten las leyes generales respectivas, avanzar con las presentes políticas, acciones y prohibiciones, para establecer supuestos de conductas que coadyuvan en lo inmediato con el control de la gestión pública para el debido cumplimiento de las normas, valores y principios anteriormente señalados, por ello se deben entenderse enunciativas y no limitativas, esperando la autorregulación en las personas servidoras públicas como medida de prevención y reducción de riesgos de corrupción en la Administración Pública del Distrito Federal.

 

Que por lo expuesto he tenido a bien, expedir el siguiente.

 

ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

 

Primera.- OBJETO.-El Presente Acuerdo tienen por objeto proporcionar políticas de actuación para el correcto comportamiento de las personas servidoras públicas en el desempeño de sus actividades, el ejercicio del gasto y el uso de bienes públicos, a fin de dar cumplimiento a la legalidad, los valores y principios que rigen el Servicio Público y evitar el conflicto de intereses, en beneficio del interés público, así como contribuir a una percepción ciudadana de confianza de la gestión pública de la Administración Pública del Distrito Federal.

 

Segunda.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.-Las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal que se señalan en la Política Tercera, deberán observar las políticas, acciones y prohibiciones que se consignan en el presente instrumento, además del cumplimiento de las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables que rigen su marco de actuación. La Política Quinta adicionalmente aplicará a todas las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal, que ocupen puestos de estructura u homólogos o equivalentes por funciones, ingresos o contraprestaciones, siempre que no tengan la calidad de personal de base.

 

Tercera.- SUJETOS OBLIGADOS.-Corresponde observar lo dispuesto en las presentes disposiciones a las personas servidoras públicas que cuentan con atribuciones originarias, por delegación o comisión o de representación, conforme a una ley, reglamento, decreto, acuerdo, poder, oficio, acta o cualquier otro instrumento o disposición jurídica para:

 

I. Conocer, autorizar, aceptar, evaluar y desechar propuestas, emitir fallos y en general cualquier toma de decisiones relacionadas con licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores y adjudicación directa; así como para suscribir convenios, contratos y demás actos jurídicos inherentes a la ejecución y cumplimiento de los mismos, como son la recisión, terminación, suspensión, sanción, aplicación de penas, garantías y demás actos relacionados con adquisición y arrendamiento de bienes muebles, la contratación de prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de prestación de servicios profesionales con personas físicas, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas federales y del Distrito Federal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

 

II. Conocer, autorizar, aceptar, evaluar y desechar propuestas, emitir fallos y en general cualquier toma de decisiones relacionadas con licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres contratistas y adjudicación directa; así como para suscribir convenios, contratos y demás actos jurídicos inherentes a la ejecución y cumplimiento de los mismos, como son la recisión, terminación, suspensión, sanción, aplicación de penas, garantías y demás actos relacionados con la obra pública y servicios relacionados con la misma, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas federales y del Distrito Federal en materia de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas.

 

III.  Conocer, autorizar, contratar, aceptar, evaluar y desechar propuestas, conceder, otorgar y en general cualquier toma de decisiones relacionadas con las adquisiciones, asignaciones, desincorporaciones, enajenaciones, concesiones, permisos, permutas, donaciones, expropiaciones de bienes inmuebles y cualquier acto jurídico que incida en los bienes inmuebles propiedad o en posesión del Distrito Federal; enajenación, uso, destino y aprovechamiento de bienes muebles y derechos patrimonio o a cargo del Distrito Federal; concesión de servicios públicos o; Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo o Proyectos de Coinversión relacionados con bienes patrimonio del Distrito Federal o servicios públicos a cargo de éste; Convenios de actuación por cooperación en materia de Desarrollo Urbano; y demás tipos de asociación público-privada similares, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas federales y del Distrito Federal en materia de Régimen Patrimonial y del Servicio Público; Expropiación; Presupuesto y Gasto Eficiente; Fiscal; Desarrollo Urbano y Vivienda, Medio Ambiente y demás aplicables.

 

IV. Conocer y autorizar, así como para suscribir convenios, contratos y demás actos jurídicos y documentos relacionados con el arrendamiento de inmuebles necesarios para la función y servicios públicos a cargo de la Administración Pública del Distrito Federal en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas del Distrito Federal en materia de Arrendamiento Civil de Inmuebles.

 

Cuarta.- ACTUACIÓN CON LEGALIDAD.-Se debe conocer, entender y cumplir la Constitución, las leyes y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, particularmente la correspondiente a las funciones que se desempeñan. En aquellos casos no contemplados por la Ley o donde exista espacio para la interpretación, se deberá conducir con criterios de ética, transparencia, rendición de cuentas e integridad, atendiendo a los Principios y Valores que rigen a la Administración Pública del Distrito Federal y buscando el beneficio al interés público. Para tal efecto, las personas servidoras públicas señaladas en la Política Tercera deberán observar las siguientes:

 

ACCIONES Y ABSTENCIONES ESPECÍFICAS

 

I. Conocer, estudiar y aplicar las leyes y demás disposiciones jurídicas y administrativas que regulan el empleo, cargo o comisión correspondiente.

 

II. Actuar conforme a los Principios y Valores que rigen a la Administración Pública del Distrito Federal.

 

III. Realizar los actos de gobierno con estricto apego a la Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, promoviendo entre las compañeras y compañeros de trabajo se haga de la misma manera.

 

IV. No aceptar ninguna clase de regalo, estímulo, gratificación, invitación, beneficio o similar de personas servidoras públicas o de particular, proveedor, contratista, concesionario, permisionario alguno, para preservar la lealtad institucional, el interés público, la independencia, objetividad e imparcialidad de las decisiones y demás actuaciones que le corresponden por su empleo, cargo o comisión. En caso de que se reciban obsequios, donativos o beneficios en general de los señalados en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, deberán remitirse a la Contraloría General conforme a la citada Ley y demás disposiciones aplicables.

 

V. La información, datos, acceso o facilidad para ejecutar las facultades, deberán obtenerse por las vías y medios jurídicos aplicables.

 

VI. No se deberá solicitar o recibir bajo ninguna modalidad y de ninguna índole favores, ayudas, beneficios o similares para sí, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades en que las personas servidoras públicas o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

 

VII. En la atención o resolución de las materias o asuntos a que se refieren las presentes Políticas y en general respecto del ejercicio de sus atribuciones, las personas servidoras públicas deberán abstenerse de recibir o actuar por orden, instrucción, petición, favor, recomendación o similares de persona particular o servidora pública distinta a aquellas que forman su cadena de mando organizacional. En su caso, corresponde presentar la denuncia correspondiente a efecto de evitar que las personas servidoras públicas incurran en faltas administrativas o delitos.

 

VIII. A través de las bases de licitación pública, de invitación restringida, en la solicitud de cotización (tratándose de adjudicaciones directas) o por escrito de manera previa a la suscripción del instrumento jurídico conducente, deberán señalar el nombre y cargo de las personas servidoras públicas que tienen facultades originarias, por delegación, comisión o que actúan en representación como responsables, operadores o en la toma de decisión respecto de las materias o asuntos a que se refieren las presentes Políticas, así como requerir a los particulares, proveedores, contratistas, permisionarios o concesionarios que participen o se puedan ver beneficiados con los procedimientos, contrataciones, actos jurídicos o toma de decisiones señalados en estas Políticas, la presentación por escrito de una manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que no se encuentran en los supuestos de impedimento legales, inhabilitadas o sancionadas por la Contraloría General del Distrito Federal, por la Secretaría de la Función Pública de la Administración Pública Federal, ni por las autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativas o municipios. Igualmente y para prevenir y evitar la configuración real o potencial de conflicto de intereses, se deberá requerir la manifestación de que los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, no tienen, no van a tener en el siguiente año o han tenido en el último año, relación personal, profesional, laboral, familiar o de negocios con las personas servidoras públicas señaladas.

 

IX. No interpretar la Norma para buscar provecho, beneficio personal, familiar o para beneficiar, perjudicar o afectar el desempeño y eficiencia de la Administración Pública del Distrito Federal o a terceros.

 

X. Mostrar una conducta diaria en las instalaciones y horario de trabajo, así como en el uso de bienes públicos incluyendo vehículos y sistemas de comunicación, congruente con los Principios y Valores que establece el Código de Ética de los Servidores Públicos y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

 

Quinta.- DECLARACIÓN DE INTERESES.-Toda las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal que ocupen puestos de estructura u homólogos por funciones, ingresos o contraprestaciones, salvo el personal de base, conforme a los formatos, plazos, mecanismos y demás formalidades que establezca la Contraloría General, deberán declarar las relaciones pasadas, presentes o potenciales con personas físicas o morales, de carácter familiar, profesional, personal, laboral, o de negocios, incluyendo los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal responsable de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, susceptibles de ser favorecidos, beneficiados, adjudicados con motivo del ejercicio de las atribuciones que les confieren los ordenamientos jurídicos y administrativos. También deberá declarar lo correspondiente al cónyuge, a la persona con quien vive en concubinato, en sociedad en convivencia o dependiente económico.

 

Sexta.- LEALTADES E INTERESES.-Se debe evitar encontrarse en situaciones en las que sus lealtades o intereses personales puedan entrar en conflicto con la Administración Pública o en conflicto con los intereses públicos o de los ciudadanos. Cualquier situación en la que exista la posibilidad presente o futura de que las personas servidoras públicas que intervienen en el procedimiento, sus superiores jerárquicos, de quienes recibe la delegación de facultades o comisión, obtengan un beneficio adicional de cualquier naturaleza para ellos o para las personas con las que tienen o han tenido relaciones personales, familiares, laborales o de negocios, es una falta administrativa. Para tal efecto, las personas servidoras públicas señaladas en la Política Tercera deberán observar las siguientes:

 

ACCIONES Y ABSTENCIONES ESPECÍFICAS:

 

I. En las materia o asuntos a que se refieren las presentes Políticas toda interacciones de cualquier naturaleza con personas servidoras públicas o particulares, proveedores, contratistas, concesionarios o permisionarios deberán ser sólo para asuntos oficiales relacionados con las atribuciones legales; siempre deberán documentarse estas interacciones mediante oficios, escritos o actas según corresponda, en las que como mínimo se haga constar el objeto de la interacción, datos identificativos del asunto, las personas que intervienen y el resultado de la misma.

 

II. Abstenerse o excusarse de intervenir por si o interpósita persona en la atención, trámite, resolución de asuntos, así como en la celebración o autorización de pedidos o contratos en materia de adquisiciones, obra pública, bienes muebles o inmuebles en propiedad o en posesión del Distrito Federal, servicios públicos del Distrito Federal y demás materias o asuntos señalados en el presente instrumento, cuando pueda existir conflicto de intereses o un interés particular que genere beneficios para alguno de sus superiores jerárquicos, para las personas servidoras públicas de quienes recibe la delegación de facultades o comisión, para la persona servidora pública que actúa directamente o para otras personas con las que las señaladas personas servidoras públicas tengan, puedan tener o hayan tenido relaciones personales, profesionales, familiares, laborales, o de negocios, incluyendo a los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal responsable de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares.

 

III. Cuando las atribuciones para la atención o resolución de temas o materias señalados en el presente instrumento se ejerzan a través de persona servidora pública subalterna, ésta a través de la declaración de intereses a que se refiere la Política Quinta, deberá ponerse en conocimiento de las relaciones declaradas por sus superiores jerárquicos o las personas servidoras públicas de quienes recibe la delegación de facultades o comisión.

 

IV. Corresponde a las personas servidoras públicas responsables, que intervienen o que realizan la toma de decisiones de procedimientos, contrataciones, actos jurídicos y demás asuntos o materias señalados en las presentes Políticas, informar por escrito a los superiores jerárquicos o personas servidoras públicas que representa o de quienes recibe la delegación de facultades o comisión, sobre los particulares, proveedores, contratistas, permisionarios o concesionarios que participan en los procedimientos o son susceptibles de resultar adjudicadas o de celebrar alguno de los actos jurídicos en los temas o materias señaladas en las presentes Políticas, a efecto de que manifieste, previamente a la formalización del instrumento jurídico respectivo, si pudiera configurarse en el momento presente o futuro, alguna clase de conflicto de intereses en razón de sus relaciones pasadas presentes o futuras con personas físicas y morales de carácter profesional, laboral, personal, familiar, o de negocios, incluyendo a los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal responsable de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares. Las comunicaciones señaladas se efectuarán por escrito y conforme a las formalidades que establezca la Contraloría General.

 

V. En los procedimientos, contrataciones, actos jurídicos o toma de decisiones señalados en las presentes políticas, se requiere que las personas servidoras públicas que cuenten con atribuciones de decisión por delegación de facultades, comisión o que actúen en representación, manifiesten previa a la formalización de los instrumentos jurídicos respectivos, por escrito y conforme a las formalidades que establezca la Contraloría General, que respecto del caso concreto la persona servidora pública actuante, así como sus superiores jerárquicos o personas servidoras públicas que representan, de las que reciben la delegación de facultades o comisión, no se encuentran en ninguna de las causales de abstención o de conflicto de intereses que señalan las presente Políticas y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

 

VI. Solicitar al superior jerárquico o persona servidora pública que representa, de la que recibe la delegación de facultades o comisión, determine las acciones conducentes en aquellos asuntos en los que se pudiera presentar un conflicto de lealtades o intereses directos o indirectos. La falta de definición respectiva no es una autorización o consentimiento para continuar o intervenir en el asunto y deberá ponerse en conocimiento a la Contraloría General a efecto de que determine lo conducente.

 

VII. Los decretos, acuerdos, poderes, oficios, actas o cualquier otro instrumento o disposición jurídica mediante la que se otorgue, comisione, delegue facultades o la representación de éstas, deberá establecer de manera expresa, las obligaciones del titular originario de la facultad, de revisar permanentemente el ejercicio de la facultad que corresponda.

 

VIII. Las personas servidoras públicas al asumir un puesto en la Administración Pública deberán analizar, si por el tipo de atribuciones o asuntos inherentes al cargo, corresponde renunciar a otros empleos, sociedades, asociaciones o similares a efecto de evitar un potencial Conflicto de Intereses; aun y cuando se proceda a la renuncia o separación, corresponde declarar este tipo de relaciones;

 

IX. Proporcionar la información que solicite la Contraloría General o Contraloría Interna relacionada con las presentes Políticas, a efecto de ejercer sus facultades de control, supervisión y evaluación correspondiente.

 

Séptima.- DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES.-La falta de atención y cumplimiento del presente instrumento, así como las declaraciones y manifestaciones incompletas, no veraces, con falsedad, dolo o mala fe, dará lugar a sancionar con apercibimiento, amonestación, suspensión, destitución o inhabilitación, y en su caso, sanción económica a las personas servidoras públicas en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como a sancionar con impedimento para participar en procedimientos de contratación, a personas físicas y morales en términos de las leyes de adquisiciones y de obras públicas del Distrito Federal, sin menoscabo de dar vista a otras autoridades por la probable comisión de conductas delictivas.

 

Octava.- FORMALIDADES.-Es obligación de todas las personas servidoras públicas señaladas en las presentes Políticas, realizar las manifestaciones y declaraciones conducentes, conforme a los formatos, plazos, mecanismos y demás formalidades que determine la Contraloría General del Distrito Federal. La Contraloría General determinará la información que deberá difundirse en medios electrónicos.

 

Novena.- DEL SEGUIMIENTO.-La Contraloría General y las Contralorías Internas en uso de sus atribuciones de inspección, control y vigilancia podrán verificar el cumplimiento de las presentes Políticas, previo, durante y con posterioridad a la atención o resolución de las materias o asuntos correspondientes, así como la veracidad de las declaraciones y manifestaciones proporcionadas.

 

Conforme lo anterior la Contraloría General en el marco de sus atribuciones podrá determinar la suspensión temporal o definitiva, así como la declaración de nulidad y reposición de los procedimientos y procesos en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, enajenación, adquisición, transferencia y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, permisos, almacenes e inventarios, así como en todos aquellos previstos en el marco normativo, incluyendo todas las consecuencias administrativas o legales que de éstos resulten.

 

Décima.- INTERPRETACIÓN.-La Contraloría General, a través de la Dirección General de Legalidad interpretará para efectos administrativos las presentes políticas.

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO.- Las presentes políticas entrarán en vigor a los 45 días hábiles siguientes al día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

 

SEGUNDO.- Para el eficaz cumplimiento de las disposiciones contenidas en las presentes políticas, se instruye a la Contraloría General para que antes de su entrada en vigor, establezca los formatos, plazos, mecanismos y demás formalidades necesarias, así como la información que deberá difundirse en medios electrónicos.

 

TERCERO.- La Declaración de Intereses a que se refiere la Política Quinta deberá presentarse en esta primera ocasión, en el mes de agosto de 2015 conforme a los formatos, plazos, mecanismos y demás formalidades que señale la Contraloría General.

 

CUARTO.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, tomarán las previsiones necesarias para que a partir de la entrada en vigor del presente instrumento, en los actos y procedimientos señalados en las presentes Políticas se cumplan con las acciones y abstenciones correspondientes.

 

Dado en la Residencia oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil quince.-MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.­FIRMA.-HÉCTOR SERRANO CORTÉS, SECRETARIO DE GOBIERNO.-FIRMA.