ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL DISTRITO FEDERAL
JEFATURA DE GOBIERNO
LEY DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL
(Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México.-
Capital en Movimiento)
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, a sus habitantes sabed:
Que la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV
Legislatura se ha servido dirigirme el siguiente:
(Al margen superior izquierdo un sello con el Escudo
Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL, IV LEGISLATURA)
ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA.
D E C R E T A
LEY DE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL
ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley de
Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal para quedar como sigue:
LEY DE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO I
Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público e
interés general y tiene por objeto normar la responsabilidad patrimonial del
Gobierno del Distrito Federal, fijar las bases, límites y procedimiento para
reconocer el derecho a la indemnización a las personas que sufran un daño en
cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia de la actividad
administrativa irregular del Gobierno del Distrito Federal.
La responsabilidad patrimonial a cargo del Gobierno del
Distrito Federal, es objetiva y directa y la indemnización deberá ajustarse a
los términos y condiciones señalados en esta ley y en las demás disposiciones
legales a que la misma hace referencia.
Artículo 2.- Esta Ley es aplicable a la Jefatura de Gobierno del
Distrito Federal, entidades, dependencias, órganos políticoadministrativos,
órganos desconcentrados, órganos autónomos y a los actos materialmente
administrativos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal, de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje del Distrito Federal y Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Todos los entes públicos en
su respectivo portal de Internet, deberán informar del derecho que otorga a los
particulares esta Ley para ser indemnizados en caso de ser afectados en sus
bienes o derechos, a consecuencia de la actividad administrativa irregular de
cualquiera de los entes públicos señalados en el párrafo anterior.
Artículo 3.- Para efectos
de esta Ley se entenderá por:
I. Actividad administrativa irregular: aquella que cause
daño a los bienes y derechos de los particulares, siempre que se sea
consecuencia del funcionamiento irregular de la actividad o servicios públicos,
que no se haya cumplido con los estándares promedio de funcionamiento de la
actividad o servicio público de que se trate y que exista la relación causa
efecto entre el daño ocasionado y la acción administrativa irregular imputable
a los entes públicos;
II. Órganos autónomos: La Comisión de Derechos Humanos,
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el Instituto Electoral, el Tribunal
Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Instituto de
Acceso a la Información Pública, todos del Distrito Federal;
III. Órganos locales de gobierno: La Asamblea
Legislativa, la Jefatura de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia, todos
del Distrito Federal;
IV. Entes Públicos: Los órganos locales de gobierno, los
órganos autónomos, las dependencias, los órganos político-administrativos, los
órganos desconcentrados y las entidades de la Administración Pública del
Distrito Federal;
V. Reparación: Es la que comprende daño emergente, lucro
cesante, daño personal y daño moral;
VI. Daño emergente: Es la pérdida o menoscabo en los
bienes o derechos de los particulares, como consecuencia de la actividad
administrativa irregular de los Entes Públicos;
VII. Ley: La Ley de Responsabilidad Patrimonial del
Distrito Federal;
VIII. Lucro cesante: Es la privación de cualquier
ganancia lícita que debiera haberse obtenido, de no haber ocurrido el daño
producido por la actividad administrativa irregular de los Entes Públicos;
IX. Indemnización: Es la reparación que en dinero o en
especie hacen los Entes Públicos, por la lesión a la esfera
jurídica-patrimonial de la persona afectada como consecuencia de su actividad
administrativa irregular;
X. Daño patrimonial: Los daños que se generan a los
bienes o derechos de los particulares como consecuencia de la actividad
administrativa irregular y que se traduce daño emergente, lucro cesante, daño
personal y daño moral;
XI. Secretaría: La Secretaría de Finanzas del Distrito
Federal, y
XII. Código Fiscal: Código Fiscal del Distrito Federal;
XIII. Modulo de Responsabilidad Patrimonial: Es aquel que
establecerán los entes públicos con la finalidad de otorgar atención,
información y resolver las dudas respecto al procedimiento de responsabilidad
patrimonial, requisitos para la presentación de la reclamación del daño patrimonial,
autoridades competentes para conocer del recurso y del contenido general de la
presente Ley.
Artículo 4.- Se exceptúan de la obligación de
indemnizar por parte de los Entes Públicos de acuerdo a esta ley, los casos de
fuerza mayor, los daños y perjuicios que no sean consecuencia de la actividad
administrativa irregular de los Entes Públicos, así como aquellos que se
deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar
según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes
en el momento de su acaecimiento, los que sean consecuencia de que el afectado
directa o indirectamente participe, coadyuve, asista o simule su producción,
denotando su mala fe permitiendo la actividad irregular de los mismos por parte
de los Entes Públicos y los demás casos previstos por las demás disposiciones
aplicables.
Artículo 5.- Los daños y perjuicios materiales que constituyan
la lesión patrimonial reclamada, incluidos los personales y morales, habrán de
ser reales, evaluables en dinero.
CAPÍTULO II
DE LA PREVISIÓN
PRESUPUESTAL
Artículo 6.- La Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría,
propondrá a la Asamblea Legislativa el monto de la partida presupuestal que
deberá destinarse expresamente para cubrir las erogaciones derivadas de
responsabilidad patrimonial de las dependencias, entidades de la administración
pública y órganos políticos administrativos. Los demás órganos locales de
gobierno, así como los órganos autónomos deberán prever en sus respectivos
presupuestos lo anterior, conforme a las disposiciones del Código Fiscal.
En la fijación de los montos de las partidas
presupuestales, deberán preverse las indemnizaciones que no hayan podido ser
pagadas en el ejercicio inmediato anterior, según lo dispuesto en el artículo
10 de la presente ley.
Artículo 7.- El monto que se fije en el Decreto de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal destinado al concepto de
responsabilidad patrimonial de los Entes Públicos, deberá ajustarse anualmente
en una proporción igual al incremento promedio que se registre en dichos
presupuestos, salvo que exista una propuesta justificada de modificación
presupuestal diferente a la regla general antes prevista.
Artículo 8.- Los aspectos de responsabilidad patrimonial de los
Entes Públicos que tengan relación con el Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal, se regirán conforme a las disposiciones conducentes del Código Fiscal.
Artículo 9.- La Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría,
en los términos del Código Fiscal, conjuntamente con la Contraloría General del
Distrito Federal, podrá autorizar el traspaso de los montos presupuestales
asignados a las diferentes dependencias o entidades de la administración
pública para responsabilidad patrimonial, cuando por la naturaleza de la actividad
administrativa de las mismas sea pertinente y se justifique ante las
autoridades competentes.
En el caso de las entidades de la administración pública
y de los órganos autónomos, los traspasos correspondientes deberán ser
aprobados por los órganos de gobierno respectivos.
Artículo 10.- Las indemnizaciones fijadas por autoridades
administrativas o jurisdiccionales que excedan del monto máximo presupuestado
en un ejercicio fiscal determinado, serán cubiertas en el siguiente ejercicio
fiscal, según el orden de registro a que se refiere el artículo 20 de la
presente ley, sin perjuicio del pago de intereses por demora que como
compensación financiera se calculen en términos de esta ley y el Código Fiscal.
Artículo 11.- Las reclamaciones de indemnización por
responsabilidad patrimonial de los Entes Públicos notoriamente improcedentes se
desecharán de plano.
Derogado.
La autoridad que haya tenido conocimiento de una
reclamación en la que se advierta algún posible hecho delictivo, tendrá la
obligación de hacerlo del conocimiento del Ministerio Público, incluyendo a
quienes hayan coadyuvado, asistido, participado o simulado la producción de
daños con el propósito de acreditar indebidamente la responsabilidad
patrimonial de los Entes Públicos o de obtener alguna de las indemnizaciones a
que se refiere la presente ley.
Si con motivo de una impugnación posterior se determinara
que la reclamación de indemnización debe ser admitida a trámite, se iniciará el
procedimiento a que se refiere el Capítulo IV de esta ley.
Artículo 12.- A falta de disposición expresa en esta ley, se
aplicarán supletoriamente las disposiciones contenidas en la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; el Código Fiscal; el Código
Civil para el Distrito Federal y los principios generales del Derecho.
CAPÍTULO III
DE LAS INDEMNIZACIONES
Artículo 13.- La indemnización deberá pagarse en
moneda nacional de acuerdo a las modalidades que establece esta ley, sin
perjuicio de que pueda convenirse con el interesado su pago en especie o en
parcialidades cuando no afecte el interés público.
Artículo 14.- En los casos en que la autoridad
administrativa o la jurisdiccional determinen con los elementos que hayan
tenido a la vista en los respectivos procedimientos, que la actuación de los
Entes Públicos causantes del daño reclamado, hubiese sido irregular de acuerdo
a los estándares promedio de funcionamiento de la actividad administrativa de
que se trate; o bien, si la actuación del servidor público resulta
manifiestamente deficiente o ilegal, la indemnización deberá corresponder a la
prevista en este artículo como reparación integral. Las indemnizaciones
comprenderán el pago del daño emergente, lucro cesante o perjuicio,
resarcimiento por daño personal y moral, según los resultados de la actividad
administrativa irregular y el daño producido a los bienes o derechos del
particular.
Cuando quien condene al pago de la indemnización sea la
Contraloría General, ésta podrá emitir una recomendación al ente público
responsable y dará vista a la Contraloría Interna respectiva para que en el
ámbito de sus atribuciones de seguimiento a dicha recomendación.
Artículo 15.- La procedencia de la indemnización por
daños y perjuicios materiales se sujetará a lo establecido en esta Ley y será
directamente proporcional al daño causado en los bienes o derechos de los
particulares y conforme a las bases y límites de la presente Ley.
Artículo 16.- Los montos de las indemnizaciones se
calcularán de la siguiente forma:
I. En el caso de daños emergentes, lucro cesante, daños
personales o muerte, la autoridad administrativa o jurisdiccional según sea el
caso, calculará el monto de la indemnización de acuerdo al daño causado al bien
o derecho del particular afectado, y
II. En caso de daño moral, la autoridad administrativa o
jurisdiccional, en su caso, calculará el monto de la indemnización de acuerdo a
los criterios establecidos por el Código Civil para el Distrito Federal,
tomando igualmente en consideración la magnitud del daño.
La indemnización por daño moral que el Ente Público
esté obligado a cubrir, no excederá del equivalente a 10,000 veces la Unidad
de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por cada reclamante afectado.
Para el cálculo de los montos de las indemnizaciones a
que se refieren las fracciones anteriores, las autoridades tomarán también en
cuenta el nivel de ingreso familiar del afectado, en caso de muerte.
Artículo 17.- La cuantificación de la indemnización se calculará
de la fecha en que sucedieron los daños a la fecha en que hayan cesado éstos
cuando sean de carácter continuo, sin perjuicio de la actualización de los
valores al tiempo de su efectivo pago, de conformidad con el Código Fiscal.
Artículo 18.- A las indemnizaciones deberán sumarse en su caso, y
según la cantidad que resulte mayor, los intereses por demora que establece el
Código Fiscal en materia de devolución morosa de pagos indebidos, o pago del
interés legal que determina el Código Civil para el Distrito Federal.
Los términos para el
cómputo de los intereses empezarán a correr 30 días después de que quede firme
la resolución administrativa o jurisdiccional, según sea el caso, que ponga fin
al procedimiento declamatorio en forma definitiva.
Artículo 19.- Los entes públicos podrán contratar un
seguro por responsabilidad patrimonial a efecto de hacer frente a las
reclamaciones por responsabilidad patrimonial, la cual preferentemente se hará
a través de la Secretaría a efecto de eficientar su contratación.
Las indemnizaciones deberán cubrirse en su totalidad de
conformidad con los términos y condiciones dispuestos por esta ley y a las que
ella remita. En los casos de haberse celebrado contrato de seguro por
responsabilidad patrimonial del ente Público, ante la eventual producción de
daños y perjuicios que sean consecuencia de la actividad administrativa
irregular de los Entes Públicos, la suma asegurada se destinará a cubrir el
monto equivalente a la reparación integral o de equidad debida, según sea el
caso. De ser ésta insuficiente, el Ente Público continuará obligado a resarcir
la diferencia respectiva. El pago de cantidades líquidas por concepto de
deducible corresponde al Ente Público y no podrá disminuirse de la
indemnización.
Artículo 20.- Las resoluciones o sentencias firmes deberán
registrarse por el ente responsable, ante la Secretaría, misma que deberá
llevar un registro de indemnizaciones debidas por responsabilidad patrimonial
que será de consulta pública.
La Secretaría o el ente
público responsable según corresponda deberá realizar el pago de las
indemnizaciones en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores a la fecha
de emisión de las resoluciones o sentencias firmes, y solo que existan razones
justificadas previa opinión de la Contraloría General, podrá ampliarse por 15
días hábiles más por una sola vez, sin que ello implique la generación de
interés o cargo adicional alguno.
Para el pago de las
indemnizaciones a que se refiere el presente capítulo, se crea el Fondo para el
Pago de la Indemnizaciones por Responsabilidad Patrimonial de los entes
públicos. La Asamblea Legislativa determinará el monto que se asignará al fondo
a través del Decreto de Presupuesto de Egresos correspondiente, a propuesta del
Jefe de Gobierno que se incluirá en el proyecto respectivo y cuya asignación no
podrá ser menor al 0.4% de los ingresos propios del Gobierno del Distrito
Federal.
Los recursos del Fondo
serán administrados y operados por la Secretaría.
Artículo 21.- La Contraloría llevará un “Registro de Estatus del
Procedimiento de Reclamación y de Condenas Indemnizatorias” en el cual serán
registradas las resoluciones o sentencias definitivas por medio de las cuales
se condene a las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la
administración pública del Distrito Federal y a los órganos
político-administrativos del Distrito Federal al pago de indemnización generada
por responsabilidad patrimonial.
Los entes públicos contaran
con un registro en su portal de Internet que contendrá el estatus del
procedimiento de reclamación iniciados por el reclamante a efecto de que éste
pueda consultarlo en cualquier momento. Asimismo deberán de informar a la
Contraloría, en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la emisión
de la resolución, respecto de las condenas de indemnización bajo su
responsabilidad.
La Secretaría, deberá de
remitir a la Contraloría, en un plazo máximo de cinco días hábiles, los pagos
de indemnización que se hayan hecho a los particulares, los cuales deberán ser
incluidos en el Registro.
Los órganos autónomos,
deberán llevar registros propios a efecto de implementar mecanismos que
prevengan lesiones patrimoniales en la esfera jurídica de los particulares.
En cualquier caso, los
Registros previstos por el presente artículo deberán ser publicados en los
respectivos portales de Internet de los entes públicos obligados.
CAPÍTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 22.- Los procedimientos de responsabilidad patrimonial
se iniciarán por reclamación de la parte interesada. La parte interesada deberá
describir puntualmente los hechos causantes de la lesión patrimonial producida
y señalar la cuantía de la indemnización pretendida.
La autoridad que conozca
del recurso de reclamación de daño patrimonial, deberá suplir la deficiencia de
los escritos de reclamación, únicamente en cuestiones que no incidan en la
resolución del asunto, tales como el ente público presunto responsable, cita de
ordenamientos legales, ente público ante quien se promueve, entre otros errores
de forma.
Artículo 23.- La parte interesada podrá presentar indistintamente
su reclamación, ante el ente público presuntamente responsable, según sea el
caso, o bien, ante la Contraloría General del Distrito Federal.
En caso de que la parte
interesada ingrese su reclamación ante un ente público que no sea el
responsable de la presunta actividad administrativa irregular, éste tendrá la
obligación de remitirla en un término no mayor de 3 días hábiles al ente
público competente, por lo que el término de substanciación empezará a correr a
partir de que la autoridad competente lo reciba, además, dicho periodo no se
computara para efectos del término de prescripción previsto en el artículo 32
de esta Ley.
Artículo 24.- Las reclamaciones de indemnización por
responsabilidad de la administración pública del Distrito Federal que se
presenten ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, o bien que
deriven del conocimiento de una queja o denuncia ante dicho organismo, deberán
ser turnadas a las dependencias, entidades de la administración pública, órgano
autónomo u órgano local de gobierno, presuntamente relacionadas con la
producción del daño reclamado.
Artículo 25.- El procedimiento de responsabilidad patrimonial
deberá ajustarse, además de lo dispuesto por esta ley, a la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, Código Fiscal en la vía
administrativa, Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la vía
jurisdiccional.
Asimismo en lo que respecta
a la substanciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial, en el
ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas, en lo no previsto en la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal se deberá aplicar de manera
supletoria el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Artículo 26.- La nulidad o anulabilidad de actos
administrativos por la vía administrativa o por la vía jurisdiccional
contencioso-administrativa no presupone por sí misma derecho a la
indemnización.
Artículo 27.- El daño que sea consecuencia de la
actividad administrativa irregular deberá acreditarse ante las instancias
competentes, tomando en consideración los siguientes criterios:
I. En los casos en que la causa o causas productoras del
daño sean claramente identificables, la relación causa-efecto entre el daño y
la acción administrativa irregular imputable a los Entes Públicos, deberá
probarse fehacientemente, y
II. En su defecto, la causalidad única o concurrencia de
hechos y condiciones causales, así como la participación de otros agentes en la
generación de la lesión patrimonial reclamada, deberá probarse a través de la
identificación precisa de los hechos relevantes para la producción del
resultado final, mediante el examen riguroso tanto de las cadenas causales
autónomas o dependientes entre sí, como las posibles interferencias originales
o sobrevenidas que hayan podido atenuar o agravar la lesión patrimonial
reclamada.
Artículo 28.- La responsabilidad patrimonial de los
Entes Públicos deberá probarla el reclamante que considere dañado sus bienes o
derechos, por no tener la obligación jurídica de soportarlo. Por su parte, al
Ente Público le corresponderá probar, en su caso, la participación de terceros
o del propio reclamante en la producción del daño irrogado al mismo; que los
daños no son consecuencia de la actividad administrativa irregular de los Entes
Públicos; que los daños derivan de hechos y circunstancias imprevisibles o
inevitables según los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en
el momento de su acaecimiento, o bien, la existencia de la fuerza mayor o caso
fortuito que lo exonera de responsabilidad patrimonial.
Artículo 29.- Las resoluciones o sentencias que se
dicten con motivo de los reclamos que prevé la presente ley, deberán contener
entre otros elementos, el relativo a la existencia o no de la relación de
causalidad entre el funcionamiento del servicio público o actividad
administrativa y el daño producido y, en su caso, la valoración del daño
causado, así como el monto en dinero o en especie de la indemnización,
explicitando los criterios utilizados para su cuantificación. Igualmente, en
los casos de concurrencia previstos en el Capítulo V de esta ley, en dichas
resoluciones o sentencias se deberán razonar los criterios de imputación y la
graduación correspondiente para su aplicación a cada caso en particular.
Artículo 30.- Las resoluciones de la autoridad
administrativa que nieguen la indemnización o que por su monto no satisfagan al
interesado podrán impugnarse mediante recurso de inconformidad en la vía
administrativa, o bien, mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso
Administrativo del Distrito Federal.
Artículo 31.- Cuando de las actuaciones, documentos e informes
del procedimiento, el órgano de conocimiento considere que son inequívocas la
relación de causalidad entre el daño y la actividad administrativa irregular de
los Entes Públicos, la valoración de la lesión patrimonial y el cálculo de la
cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio o a petición de parte
interesada, un procedimiento abreviado en los siguientes términos:
I. Se podrá iniciar antes de la verificación de la
audiencia a que se refiere el artículo 57 o correlativo de la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal;
II.
Se concederá un plazo de cinco días hábiles al interesado para que ofrezca
pruebas, tales como la: documental, instrumental, pericial, reconocimiento e
inspección judicial, fotografía, videograbación y las demás que se establezcan
en las disposiciones que resulten aplicables; a partir del acuerdo que
determine el inicio de dicho procedimiento, tiempo durante el cual las partes,
podrán también dar por terminado el procedimiento mediante convenio, y
III. Una vez recibidas las pruebas, se desahogarán éstas
y las ofrecidas con antelación, dentro de los cinco días hábiles siguientes, y
la autoridad deberá emitir la resolución o sentencia en un lapso no mayor a
cinco días hábiles, después de concluida aquella, en la que se determinará la
relación de causalidad entre la actividad administrativa irregular de los Entes
Públicos y el daño producido; la valoración del daño causado y la cuantía y
modo de la indemnización, considerando los criterios previstos en la presente
Ley.
Artículo 32.- El derecho a reclamar indemnización prescribe en un
año, mismo que se computará a partir del día siguiente a aquél en que se
hubiera producido la lesión patrimonial o a partir del momento que hubiesen
cesado sus efectos lesivos, si fuesen de carácter continuo. Cuando existan
daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de prescripción
empezará a correr desde la curación o la determinación del alcance de las
secuelas.
En el caso de que el particular hubiese intentado la
nulidad o anulabilidad de actos administrativos por la vía administrativa o
jurisdiccional y ésta hubiese procedido, el plazo de prescripción para reclamar
indemnización se computará a partir del día siguiente de la fecha en que quede
firme la resolución administrativa o causa estado a la sentencia definitiva
según la vía elegida.
Artículo 33.- Los reclamantes afectados podrán
celebrar convenio con las dependencias, entidades de la administración pública,
órganos autónomos u órganos locales de gobierno del Distrito Federal, a fin de
dar por concluida la controversia, mediante la fijación y el pago de la
indemnización que las partes acuerden. Para la validez de dicho convenio se
requerirá, según sea el caso, la aprobación por parte de la Contraloría
General, la contraloría interna o del órgano de vigilancia, según corresponda.
DE LA CONCURRENCIA
Artículo 34.- En caso de concurrencia acreditada en términos del
artículo 27 de esta ley, el pago de la indemnización correspondiente deberá
distribuirse proporcionalmente entre todos los causantes de la lesión
patrimonial reclamada, de acuerdo a su respectiva participación. Para los
efectos de la misma distribución, las autoridades administrativas o
jurisdiccionales tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios de
imputación, mismos que deberán guardarse y aplicarse de acuerdo a cada caso
concreto:
I. A cada Ente Público deben atribuírsele los hechos o
actos dañosos que provengan de su propia organización y operación. A los Entes
de los cuales dependan otro u otros Entes, sólo se les atribuirán los hechos o
actos dañosos cuando los segundos no hayan podido actuar en forma autónoma. A
los Entes que tengan la obligación de vigilancia respecto de otros, sólo se les
atribuirán los hechos o actos dañosos cuando de ellos dependiera el control y
supervisión total de los entes vigilados;
II. Cada Ente Público responderá por los hechos o actos
dañosos que hayan ocasionado los servidores públicos que les están adscritos;
III. El Ente Público que tenga la titularidad
competencial o la del servicio público y que con su actividad haya producido
los hechos o actos dañosos, responderá de los mismos, sea por prestación
directa o con colaboración interorgánica;
IV. El Ente Público que
haya proyectado obras que hayan sido ejecutadas por otro, responderá de los
hechos o actos dañosos causados, cuando los segundos no hayan tenido el derecho
de modificar el proyecto, por cuya causa se generó la lesión patrimonial
reclamada. Por su parte, los Entes ejecutores responderán de los hechos
producidos, cuando éstos no hubieran tenido como origen deficiencias en el
proyecto elaborado por otro Ente, y
V. Cuando en los hechos o actos dañosos concurra la
intervención de la autoridad federal y la local, la primera deberá responder
del pago de la indemnización en forma proporcional a su respectiva
participación en términos de la legislación federal, quedando la parte
correspondiente del Distrito Federal a lo que dispone esta Ley.
El Gobierno del Distrito federal y los órganos autónomos
podrán celebrar convenios de coordinación con el Gobierno Federal, así como con
las entidades federativas correspondientes respecto de la materia que regula la
presente Ley.
Artículo 35.- En el supuesto de que el reclamante se
encuentre entre los causantes del daño cuya reparación solicita, la proporción
cuantitativa de su participación en el daño y perjuicio causado se deducirá del
monto de indemnización total.
Artículo 36.- En el supuesto de que entre los causantes de la
lesión patrimonial reclamada no se pueda identificar su exacta participación en
la producción de la misma, se establecerá entre ellos una responsabilidad
solidaria frente al reclamante, debiéndose distribuir el pago de la
indemnización en partes iguales entre todos los cocausantes.
Artículo 37.- En el supuesto de que las reclamaciones
deriven de hechos o actos dañosos producidos como consecuencia de una concesión
de servicio público por parte de algún Ente Público y las lesiones
patrimoniales hayan tenido como causa una determinación del concesionante, que
sea de ineludible cumplimiento para el concesionario, el Ente Público
responderá directamente.
En caso contrario, cuando el daño reclamado haya sido
ocasionado por la actividad del concesionario y no se derive de una
determinación impuesta por el concesionante, la reparación correrá a cargo del
concesionario, y de ser éste insolvente, el Ente Público la cubrirá
subsidiariamente, pudiendo repetir contra el concesionario.
Artículo 38.- En los casos de concurrencia de dos o
más dependencias y entidades en la producción de daños patrimoniales
reclamados, la Contraloría General del Distrito Federal, oyendo la opinión de
la Secretaría de Finanzas, deberá conocer y resolver acerca de la distribución
de la indemnización.
Cuando una dependencia o entidad presuntamente
responsable reciba una reclamación, de acuerdo con el artículo 22 de esta Ley,
que suponga concurrencia de agentes causantes de lesión patrimonial, deberá
remitirla a la Contraloría General del Distrito Federal para los efectos
mencionados en el párrafo anterior.
CAPÍTULO VI
DEL DERECHO DEL ENTE
PÚBLICO DE REPETIR CONTRA LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 39.- El Ente Público podrá repetir de los
servidores públicos el pago de la indemnización cubierta a los particulares,
cuando previa substanciación del procedimiento administrativo disciplinario
previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se
determine su responsabilidad y que la falta administrativa haya tenido el
carácter grave.
La gravedad de la falta se calificará de acuerdo a los
criterios que establece el artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos. Además se tomarán en cuenta los siguientes
criterios: los estándares promedio de la actividad administrativa, la
perturbación de la misma, la existencia o no de intencionalidad, la
responsabilidad profesional y su relación con la producción del resultado
dañoso.
Artículo 40.- Los Entes Públicos podrán también
instruir igual procedimiento a los servidores públicos por ellos nombrados,
designados o contratados y en general a toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública del
Distrito Federal, cuando le hayan ocasionado daños y perjuicios en sus bienes y
derechos derivado de faltas o infracciones administrativas graves. Lo anterior,
sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes aplicables en la materia.
Artículo 41.- Los servidores públicos de la
Administración Pública del Distrito Federal, podrán impugnar las resoluciones
administrativas por las que se les imponga la obligación de resarcir los daños
y perjuicios que el Ente Público haya pagado con motivo de los reclamos indemnizatorios
respectivos, a través del recurso de inconformidad o ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en términos de la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Los servidores públicos de la Asamblea Legislativa, del
Tribunal Superior de Justicia y los de los órganos autónomos del Distrito
Federal, sólo podrán impugnarlas a través de la vía judicial.
Artículo 42.- La presentación de reclamaciones por
responsabilidad patrimonial de los Entes Públicos, interrumpirá los plazos de
prescripción del régimen de responsabilidades aplicable a los servidores
públicos del Distrito Federal, mismos que se reanudarán cuando quede firme la
resolución o sentencia definitiva que al efecto se dicte en el primero de los
procedimientos mencionados.
Artículo 43.- Las cantidades que se obtengan con
motivo de las sanciones económicas que las autoridades competentes impongan a
los servidores públicos, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, se adicionarán, según
corresponda, al fondo a que se refiere el artículo 20 de esta Ley.
PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor a partir del
1º de enero del año 2009.
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la
Federación.
TERCERO.- Los asuntos que se encuentren en trámite
en las dependencias, entidades o en la Contraloría General del Distrito
Federal, relacionados con la indemnización a los particulares, derivada de las
faltas administrativas en que hubieran incurrido los servidores públicos, se
atenderán hasta su total terminación de acuerdo a las disposiciones aplicables
a la fecha en que inició el procedimiento administrativo correspondiente.
CUARTO.- Los asuntos que se encuentren en trámite
ante las Salas del Tribunal de los Contencioso Administrativo del Distrito
Federal, relacionados con la responsabilidad patrimonial de dicha entidad
federativa, se atenderán hasta su total terminación, de acuerdo a las
disposiciones aplicables a la fecha en que inició el juicio
contencioso-administrativo correspondiente.
QUINTO.- El Decreto de Presupuesto de Egresos para
el ejercicio fiscal del año 2009 deberá contener el monto y las partidas que se
destinarán a cubrir los compromisos derivados de la responsabilidad patrimonial
de los Entes Públicos, órganos locales de gobierno del Distrito Federal,
entidades, dependencias, órganos político administrativos y órganos autónomos.
SEXTO.- Se derogan los artículos 389, 390, 391 y
392 del Código Financiero del Distrito Federal, una vez que entre en vigor la
presente Ley.
SÉPTIMO.- La reforma al artículo 1927 del Código Civil
para el Distrito Federal, entrará en vigor el 1º de enero de 2009.
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil ocho.- POR LA MESA
DIRECTIVA.- DIP. AGUSTÍN CARLOS CASTILLA MARROQUÍN, PRESIDENTE.- SECRETARIA,
DIP. LETICIA QUEZADA CONTRERAS.- SECRETARIO, DIP. ALFREDO VINALAY MORA.-
FIRMAS.
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122,
apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II, del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, para su debida aplicación y observancia, expido
el presente decreto promulgatorio en la residencia oficial del Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de
octubre del año dos mil ocho.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ÁNGEL
ÁVILA PÉREZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, ARQ. J.
ARTURO AISPURO CORONEL.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, LAURA
VELÁZQUEZ ALZÚA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, MARTHA TERESA
DELGADO PERALTA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, JORGE ARGANIS
DÍAZ LEAL.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, MARTÍ BATRES
GUADARRAMA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SALUD, ARMANDO AHUED ORTEGA.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE FINANZAS, MARIO DELGADO CARRILLO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE
TRANSPORTES Y VIALIDAD, ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE
SEGURIDAD PÚBLICA, MANUEL MONDRAGÓN Y KALB.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TURISMO,
ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE CULTURA, ELENA CEPEDA DE
LEÓN.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL, ELÍAS MIGUEL MORENO
BRIZUELA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, BENITO MIRÓN
LINCE.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, AXEL DIDRIKSSON TAKAYANAGUI.-
FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES, MARÍA
ROSA MÁRQUEZ CABRERA.- FIRMA.
TRANSITORIOS
DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 17 DE FEBRERO DE 2012.
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal para su debida difusión.
SEGUNDO.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan
al presente Decreto.
TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE CÓDIGOS Y LEYES
LOCALES, QUE DETERMINAN SANCIONES Y MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONCEPTOS DE PAGO Y
MONTOS DE REFERENCIA, PARA SUSTITUIR AL SALARIO MÍNIMO POR LA UNIDAD DE CUENTA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE MANERA INDIVIDUAL O POR MÚLTIPLOS DE ÉSTA, PUBLICADO
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014.
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.
SEGUNDO.- El presente Decreto se tomará como referencia para
el diseño e integración del paquete económico correspondiente al ejercicio
fiscal 2015 y entrará en vigor junto con dicho paquete, a excepción de lo
dispuesto en los artículos SEGUNDO y CUADRAGÉSIMO OCTAVO del presente Decreto
relacionado con la materia Electoral, que entrarán en vigor al día siguiente a
aquél en que concluya el proceso electoral 2014-2015 del Distrito Federal.
TERCERO.- Las reformas contenidas en el presente decreto no
se aplicarán de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna, respecto de
las sanciones y multas administrativas, conceptos de pago, montos de referencia
y demás supuestos normativos que se hayan generado o impuesto de manera previa
a la entrada en vigor del presente decreto.
CUARTO.- Las referencias que se hagan del salario mínimo en
las normas locales vigentes, incluso en aquellas pendientes de publicar o de
entrar en vigor, se entenderán hechas a la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.