PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 16 DE JULIO DE 2002
(Al margen superior izquierdo un escudo que dice: CIUDAD
DE MÉXICO.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal)
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, jefe de
gobierno del Distrito Federal, a sus habitantes sabed:
Que la honorable asamblea legislativa del Distrito Federal,
ii legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:
(Al margen superior derecho dice: Nuevo Código Penal para el
Distrito Federal y al centro el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.- ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- II LEGISLATURA)
DECRETA:
LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO PRELIMINAR
DE LOS PRINCIPIOS Y GARANTÍAS PENALES
Artículo 1 (Principio de legalidad). A nadie
se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por la realización de una
acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo
de su realización, siempre y cuando concurran los presupuestos que para cada
una de ellas señale la ley y la pena o la medida de seguridad se encuentren
igualmente establecidas en ésta.
Artículo 2 (Principio de tipicidad y
prohibición de la aplicación retroactiva, analógica y por mayoría de razón). No
podrá imponerse pena o medida de seguridad, si no se acredita la existencia de
los elementos de la descripción legal del delito de que se trate. Queda
prohibida la aplicación retroactiva, analógica o por mayoría de razón, de la
ley penal en perjuicio de persona alguna.
La ley penal sólo tendrá efecto retroactivo si favorece al
inculpado, cualquiera que sea la etapa del procedimiento, incluyendo la
ejecución de la sanción. En caso de duda, se aplicará la ley más favorable.
Artículo 3 (Prohibición de la responsabilidad
objetiva). Para que la acción o la omisión sean penalmente relevantes, deben
realizarse dolosa o culposamente.
Artículo 4 (Principio del bien jurídico y de
la antijuridicidad material). Para que la acción o la omisión sean consideradas
delictivas, se requiere que lesionen o pongan en peligro, sin causa justa, al
bien jurídico tutelado por la ley penal.
Artículo 5 (Principio de culpabilidad). No
podrá aplicarse pena alguna, si la acción o la omisión no han sido realizadas
culpablemente. La medida de la pena estará en relación directa con el grado de
culpabilidad del sujeto respecto del hecho cometido, así como de la gravedad de
éste.
Igualmente se requerirá la acreditación de la culpabilidad
del sujeto para la aplicación de una medida de seguridad, si ésta se impone
accesoriamente a la pena, y su duración estará en relación directa con el grado
de aquélla. Para la imposición de las otras medidas penales será necesaria la
existencia, al menos, de un hecho antijurídico, siempre que de acuerdo con las
condiciones personales del autor, hubiera necesidad de su aplicación en
atención a los fines de prevención del delito que con aquéllas pudieran
alcanzarse.
Artículo 6 (Principio de la
jurisdiccionalidad). Sólo podrán imponerse pena o medida de seguridad por
resolución de autoridad judicial competente, mediante procedimiento seguido
ante los tribunales previamente establecidos.
TÍTULO PRIMERO
LA LEY PENAL
CAPÍTULO I
APLICACIÓN ESPACIAL DE LA LEY
Artículo 7 (Principio de territorialidad).
Este Código se aplicará en el Distrito Federal por los delitos del fuero común
que se cometan en su territorio.
Artículo 8 (Principio de aplicación
extraterritorial de la ley penal). Este Código se aplicará, asimismo, por los
delitos cometidos en alguna entidad federativa, cuando:
I.-Produzcan efectos dentro del territorio del Distrito
Federal; o
II. Sean permanentes o continuados y se sigan cometiendo en
el territorio del Distrito Federal.
CAPÍTULO II
APLICACIÓN TEMPORAL DE LA LEY
Artículo 9 (Validez temporal). Es aplicable
la ley penal vigente en el momento de la realización del hecho punible.
Artículo 10 (Principio de ley más favorable).
Cuando entre la comisión del delito y la extinción de la pena o medida de
seguridad correspondientes, entrare en vigor otra ley aplicable al caso, se
estará a lo dispuesto en la ley más favorable al inculpado o sentenciado. La
autoridad que esté conociendo o haya conocido del procedimiento penal, aplicará
de oficio la ley más favorable.
Cuando el reo hubiese sido sentenciado y la reforma
disminuya la penalidad, se estará a la ley más favorable.
Artículo 11 (Momento y lugar del delito). El
momento y el lugar de realización del delito son aquellos en que se concretan
los elementos de su descripción legal.
CAPÍTULO III
APLICACIÓN PERSONAL DE LA LEY
Artículo 12 (Validez personal y edad penal).
Las disposiciones de este Código se aplicarán a todas las personas a partir de
los dieciocho años de edad.
CAPÍTULO IV
CONCURSO APARENTE DE NORMAS
Artículo 13 (Principio de especialidad,
consunción y subsidiariedad). Cuando una misma materia aparezca regulada por
diversas disposiciones:
I.-La especial prevalecerá sobre la general;
II.-La de mayor protección al bien jurídico absorberá a la
de menor alcance; o
III. La principal excluirá a la subsidiaria.
CAPÍTULO V
LEYES ESPECIALES
Artículo 14 (Aplicación subsidiaria del Código
Penal). Cuando se cometa un delito no previsto por este ordenamiento, pero sí
en una ley especial del Distrito Federal, se aplicará esta última, y sólo en lo
no previsto por la misma se aplicarán las disposiciones de este Código.
TÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO I
FORMAS DE COMISIÓN
Artículo 15 (Principio de acto). El delito
sólo puede ser realizado por acción o por omisión.
Artículo 16 (Omisión impropia o comisión por
omisión). En los delitos de resultado material será atribuible el resultado
típico producido a quien omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de
evitarlo, si:
I. Es garante del bien jurídico;
II. De acuerdo con las circunstancias podía evitarlo; y
III. Su inactividad es, en su eficacia, equivalente a la
actividad prohibida en el tipo.
Es garante del bien jurídico el que:
a). Aceptó efectivamente su custodia;
b). Voluntariamente formaba parte de una comunidad que
afronta peligros de la naturaleza;
c). Con una actividad precedente, culposa o fortuita, generó
el peligro para el bien jurídico; o
d). Se halla en una efectiva y concreta posición de custodia
de la vida, la salud o integridad corporal de algún miembro de su familia o de
su pupilo.
Artículo 17 (Delito instantáneo, continuo y
continuado). El delito, atendiendo a su momento de consumación, puede ser:
I. Instantáneo: cuando la consumación se agota en el mismo
momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción legal;
II. Permanente o continuo: cuando se viola el mismo precepto
legal, y la consumación se prolonga en el tiempo; y
III. Continuado: cuando con unidad de propósito delictivo,
pluralidad de conductas e identidad de sujeto pasivo, se concretan los
elementos de un mismo tipo penal.
Artículo 18 (Dolo y Culpa). Las acciones u
omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente.
Obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos
del hecho típico de que se trate, o previendo como posible el resultado típico,
quiere o acepta su realización.
Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no
previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud
de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario
observar.
Artículo 19 (Principio de numerus clausus para
la punibilidad de los delitos culposos). Los delitos culposos solamente serán
punibles en los casos expresamente determinados por la ley.
CAPÍTULO II
TENTATIVA
Artículo 20 (Tentativa punible). Existe
tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza
realizando, en parte o totalmente, los actos ejecutivos que deberían producir
el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si por causas ajenas a la
voluntad del sujeto activo no se llega a la consumación, pero se pone en
peligro el bien jurídico tutelado.
Artículo 21 (Desistimiento y arrepentimiento).
Si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación
del delito, no se le impondrá pena o medida de seguridad alguna por lo que a
éste se refiere, a no ser que los actos ejecutados constituyan por sí mismos
algún delito diferente, en cuyo caso se le impondrá la pena o medida señalada
para éste.
CAPÍTULO III
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN
Artículo 22 (Formas de autoría y
participación). Son responsables del delito, quienes:
I.-Lo realicen por sí;
II.-Lo realicen conjuntamente con otro u otros autores;
III.-Lo lleven a cabo sirviéndose de otro como instrumento;
IV.-Determinen dolosamente al autor a cometerlo;
V.-Dolosamente presten ayuda o auxilio al autor para su comisión;
y
VI. Con posterioridad a su ejecución auxilien, al autor en
cumplimiento de una promesa anterior al delito.
Quienes únicamente intervengan en la planeación o
preparación del delito, así como quienes determinen a otro o le presten ayuda o
auxilio, sólo responderán si el hecho antijurídico del autor alcanza al menos
el grado de tentativa del delito que se quiso cometer.
La instigación y la complicidad a que se refieren las
fracciones IV y V, respectivamente, sólo son admisibles en los delitos dolosos.
Para las hipótesis previstas en las fracciones V y VI se impondrá la
punibilidad dispuesta en el artículo 81 de este Código.
Artículo 23 (Principios de intrascendencia de
la pena). La pena que resulte de la comisión de un delito no trascenderá de la
persona y bienes de los autores y partícipes en aquél.
Artículo 24 (Culpabilidad personal y
punibilidad independiente). Los autores o partícipes del delito responderán
cada uno en la medida de su propia culpabilidad.
Artículo 25 (Delito emergente). Si varias
personas toman parte en la realización de un delito determinado y alguno de
ellos comete un delito distinto al acordado, todos serán responsables de éste,
según su propia culpabilidad, cuando concurran los siguientes requisitos:
I.-Que sirva de medio adecuado para cometer el principal;
II.-Que sea una consecuencia necesaria o natural de aquél, o
de los medios concertados;
III. Que hayan sabido antes que se iba a cometer; o
IV. Que cuando hayan estado presentes en su ejecución, no
hayan hecho cuanto estaba de su parte para impedirlo.
Artículo 26 (Autoría indeterminada). Cuando
varios sujetos intervengan en la comisión de un delito y no pueda precisarse el
daño que cada quien produjo, para su punibilidad se estará a lo previsto en el
artículo 82 de este Código.
Artículo 27 (Responsabilidad de las personas
morales). Para los efectos de este Código, sólo pueden ser penalmente
responsables las personas físicas. Sin embargo, cuando un miembro o
representante de una persona moral, con excepción de las instituciones públicas
del Distrito Federal, cometa algún delito con los medios que para tal objeto la
misma persona moral le proporcione, de modo que el delito resulte cometido a su
nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquélla, el juzgador impondrá en la sentencia,
previo el procedimiento correspondiente y con intervención del representante
legal, las consecuencias jurídicas accesorias previstas en los artículos 68 y
69 de este Código para dichas personas, independientemente de la
responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por los delitos
cometidos.
CAPÍTULO IV
CONCURSO DE DELITOS
Artículo 28 (Concurso ideal y real de delito).
Hay concurso ideal, cuando con una sola acción o una sola omisión se cometen
varios delitos.
Hay concurso real, cuando con pluralidad de acciones u
omisiones se cometen varios delitos.
No hay concurso cuando las conductas constituyan un delito
continuado.
En caso de concurso de delitos se estará a lo dispuesto en
el artículo 79 de este Código.
CAPÍTULO V
CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL DELITO
Artículo 29 (Causas de exclusión). El delito
se excluye cuando:
I. (Ausencia de conducta). La actividad o la inactividad se
realice sin intervención de la voluntad del agente;
II. (Atipicidad). Falte alguno de los elementos que integran
la descripción legal del delito de que se trate;
III. (Consentimiento del titular). Se actúe con el
consentimiento del titular del bien jurídico afectado, o del legitimado
legalmente para otorgarlo, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se trate de un bien jurídico disponible;
b) Que el titular del bien jurídico, o quien esté legitimado
para consentir, tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del bien;
y
c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie
algún vicio del consentimiento.
Se presume que hay consentimiento, cuando el hecho se
realiza en circunstancias tales que permitan suponer fundadamente que, de
haberse consultado al titular del bien o a quien esté legitimado para
consentir, éstos hubiesen otorgado el consentimiento.
IV. (Legítima defensa). Se repela una agresión real, actual
o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos,
siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación
dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor.
Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en
contrario, cuando se cause un daño a quien por cualquier medio trate de
penetrar o penetre, sin derecho, al lugar en que habite de forma temporal o
permanente el que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona
respecto de las que el agente tenga la obligación de defender, a sus
dependencias o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de
los que exista la misma obligación. Igual presunción existirá cuando el daño se
cause a un intruso al momento de sorprenderlo en alguno de los lugares antes
citados en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión.
V. (Estado
de necesidad). Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio
o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por
el sujeto, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado,
siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere
el deber jurídico de afrontarlo.
VI. (Cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho). La
acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en
ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional de la conducta
empleada para cumplirlo o ejercerlo;
VII. (Inimputabilidad y acción libre en su causa). Al
momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de
comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión,
en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no
ser que el sujeto hubiese provocado su trastorno mental para en ese estado
cometer el hecho, en cuyo caso responderá por el resultado típico producido en
tal situación.
Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior se
encuentre considerablemente disminuida, se estará a lo dispuesto en el artículo
65 de este Código.
VIII. (Error de tipo y error de prohibición). Se realice la
acción o la omisión bajo un error invencible, respecto de:
a) Alguno de los elementos objetivos que integran la
descripción legal del delito de que se trate; o
b) La ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto
desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma o porque crea que
está justificada su conducta.
Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son
vencibles, se estará a lo dispuesto en el artículo 83 de este Código.
IX. (Inexigibilidad de otra conducta). En atención a las
circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea
racionalmente exigible al sujeto una conducta diversa a la que realizó, en
virtud de no haberse podido conducir conforme a derecho.
Las causas de exclusión del delito se resolverán de oficio,
en cualquier estado del proceso.
Si en los casos de las fracciones IV, V y VI de este
artículo el sujeto se excediere, se estará a lo previsto en el artículo 83 de
este Código.
TÍTULO TERCERO
CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO
CAPÍTULO I
CATÁLOGO DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DE CONSECUENCIAS
JURÍDICAS PARA LAS PERSONAS MORALES
Artículo 30 (Catálogo de penas). Las penas que
se pueden imponer por los delitos son:
I. Prisión;
II. Tratamiento en libertad de imputables;
III. Semilibertad;
IV. Trabajo en beneficio de la víctima del delito o en favor
de la comunidad;
V. Sanciones pecuniarias;
VI. Decomiso de los instrumentos, objetos y productos del
delito;
VII. Suspensión o privación de derechos; y
VIII. Destitución e inhabilitación de cargos, comisiones o
empleos públicos.
Artículo 31 (Catálogo de medidas de seguridad).
Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo a este Código son:
I. Supervisión de la autoridad;
II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de
residir en él;
III. Tratamiento de inimputables o imputables disminuidos; y
IV. Tratamiento de deshabituación o desintoxicación.
Artículo 32 (Consecuencias para las personas
morales). Las consecuencias jurídicas accesorias aplicables a las personas
morales que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 27 de este
Código, son:
I. Suspensión;
II. Disolución;
III. Prohibición de realizar determinadas operaciones;
IV. Remoción; y
V. Intervención.
CAPÍTULO II
PRISIÓN
Artículo 33.- (Concepto
y duración de la prisión). La prisión consiste en la privación de la libertad
personal. Su duración no será menor de tres meses ni mayor de setenta años. Su
ejecución se llevará a cabo en los establecimientos o lugares donde disponga la
autoridad ejecutora de las sanciones penales en el Distrito Federal o del
Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en la legislación correspondiente,
en la resolución judicial respectiva o en los convenios celebrados.
En toda pena de prisión que se imponga en una sentencia, se
computará el tiempo de la detención o del arraigo.
Si se trata de dos o más penas de prisión impuestas en
sentencias diferentes, aquellas se cumplirán invariablemente de manera
sucesiva, sin que la suma de ellas sea mayor de setenta años.
CAPÍTULO III
TRATAMIENTO EN LIBERTAD DE IMPUTABLES
Artículo 34 (Concepto y duración). El
tratamiento en libertad de imputables, consiste en la aplicación, según el
caso, de las medidas laborales, educativas, de salud o de cualquier otra índole
autorizadas por la ley, orientadas a la readaptación social del sentenciado y
bajo la supervisión de la autoridad ejecutora.
Esta pena podrá imponerse como pena autónoma o sustitutiva
de la prisión, sin que su duración pueda exceder de la correspondiente a la
pena de prisión sustituida.
El tratamiento en libertad de imputables podrá imponerse
conjuntamente con las medidas de seguridad tendientes a la deshabitualización
del sentenciado, cuando así se requiera.
En todo caso pena y medida deberán garantizar la dignidad y
la libertad de conciencia del sentenciado.
SEMILIBERTAD
Artículo 35. (Concepto y duración) la
semilibertad implica alternación de períodos de libertad, y privación de la
libertad. Se impondrá y cumplirá, según las circunstancias del caso, del
siguiente modo:
I.- Externación durante la semana de trabajo, con reclusión
de fin de semana;
II.- Salida de fin de semana con reclusión durante el resto
de ésta;
III.- Salida diurna con reclusión nocturna; o
IV.- salida nocturna con reclusión diurna.
La semilibertad podrá imponerse como pena autónoma o como
sustitutiva de la prisión. En este último caso, la duración no podrá exceder de
la que corresponda a la pena de prisión sustituida.
En todo caso, la semilibertad se cumplirá bajo el cuidado de
la autoridad competente.
CAPÍTULO V
TRABAJO A
FAVOR DE LA VÍCTIMA O A FAVOR DE LA COMUNIDAD
Artículo 36 (Concepto y duración). El trabajo
en beneficio de la víctima del delito consiste en la prestación de servicios
remunerados, en instituciones públicas, educativas, empresas de participación
estatal o en empresas privadas, en los términos de la legislación
correspondiente.
El trabajo en favor de la comunidad consiste en la
prestación de servicios no remunerados, en instituciones públicas, educativas,
de asistencia o servicio social, o en instituciones privadas de asistencia no
lucrativas, que la ley respectiva regule.
En ambos casos se cumplirá bajo la orientación y vigilancia
de la autoridad ejecutora.
El trabajo en beneficio de la víctima del delito o en favor
de la comunidad, se llevará a cabo en jornadas dentro de períodos distintos al
horario de las labores que represente la fuente de ingresos para la
subsistencia del sentenciado y la de su familia, sin que pueda exceder de la
jornada extraordinaria que determina la ley laboral. La extensión de la jornada
será fijada por el juez tomando en cuenta las circunstancias del caso, y por
ningún concepto se desarrollará en forma que resulte degradante o humillante
para el sentenciado.
Podrá imponerse como pena autónoma o como sustitutiva de la
pena de prisión o de multa, según el caso. Cada día de prisión o cada día
multa, será sustituido por una jornada de trabajo en beneficio de la víctima o
en favor de la comunidad.
CAPÍTULO VI
Artículo 37 (Multa, reparación del daño y
sanción económica). La sanción pecuniaria comprende la multa, la reparación del
daño y la sanción económica.
Artículo 38 (Días de multa). La multa consiste
en el pago de una cantidad de dinero al Gobierno del Distrito Federal fijada
por días multa. Los mínimos y máximos atenderán a cada delito en particular,
los que no podrán ser menores a un día ni exceder de cinco mil, salvo los casos
señalados en este Código.
El día multa equivale a la percepción neta diaria del
inculpado en el momento de cometer el delito. El límite inferior del día multa
será el equivalente al salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al
momento de cometerse el delito.
Para fijar el día multa se tomará en cuenta:
El momento de la consumación, si el delito es instantáneo;
El momento en que cesó la consumación, si el delito es
permanente; o
El momento de consumación de la última conducta, si el
delito es continuado.
Artículo 39 (Sustitución de la multa). Cuando
se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o solamente puede cubrir
parte de ella, la autoridad judicial podrá sustituirla total o parcialmente por
trabajo en beneficio de la víctima o trabajo a favor de la comunidad. Cada
jornada de trabajo saldará dos días multa.
Cuando no sea posible o conveniente la sustitución de la
multa por trabajo a favor de la comunidad, la autoridad judicial podrá decretar
la libertad bajo vigilancia, cuya duración no excederá el número de días multa
sustituido, sin que este plazo sea mayor al de la prescripción.
Artículo 40 (Exigibilidad de la multa). La
autoridad ejecutora iniciará el procedimiento económico coactivo, dentro de los
cinco días siguientes a la recepción de la sentencia.
En atención a las características del caso, el juez podrá
fijar plazos razonables para el pago de la multa en exhibiciones parciales. Si
el sentenciado omite sin causa justificada cubrir el importe de la multa en el
plazo que se haya fijado, la autoridad competente la exigirá mediante el
procedimiento económico coactivo. En cualquier momento podrá cubrirse el
importe de la multa, descontándose de ésta la parte proporcional a las jornadas
de trabajo prestadas en beneficio de la víctima del delito, en favor de la
comunidad o el tiempo de prisión que se hubiere cumplido.
Artículo 41 (Fondo para la Atención y Apoyo a las
Víctimas del Delito). Se establecerá un Fondo para la Atención y Apoyo a
las Víctimas del Delito en los términos de la legislación correspondiente.
El importe de la multa y la sanción económica impuestas se
destinará preferentemente a la reparación del daño ocasionado por el delito,
pero si éstos se han cubierto o garantizado, su importe se entregará al Fondo
para la Reparación del Daño a las Víctimas del Delito.
Artículo 42 (Alcance de la reparación del
daño). La reparación del daño comprende, según la naturaleza del delito de que
se trate:
I. El restablecimiento de las cosas en el estado en que se
encontraban antes de cometerse el delito;
II. La restitución de la cosa obtenida por el delito,
incluyendo sus frutos y accesorios y, si no fuese posible, el pago de su valor
actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la
entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de
recurrir a prueba pericial;
III. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o
las personas con derecho a la reparación, incluyendo el pago de los
tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para
la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima;
IV. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados; y
V. El pago de salarios o percepciones correspondientes,
cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o
profesión.
Artículo 43 (Fijación de la reparación del
daño). La reparación será fijada por los jueces, según el daño o perjuicios que
sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas durante el proceso.
Artículo 44 (Preferencia de la reparación del
daño). La obligación de pagar la reparación del daño es preferente al pago de
cualquiera otra sanción pecuniaria u obligación contraída con posterioridad a
la comisión del delito, salvo las referentes a alimentos y relaciones
laborales.
En todo proceso penal el Ministerio Público estará obligado
a solicitar, en su caso, la condena en lo relativo a la reparación de daños o
perjuicios y probar su monto, y el Juez a resolver lo conducente. Su
incumplimiento será sancionado con cincuenta a quinientos días multa.
Artículo 45 (Derecho a la reparación del
daño). Tienen derecho a la reparación del daño:
I. La víctima y el ofendido; y
II. A falta de la víctima o el ofendido, sus dependientes
económicos, herederos o derechohabientes, en la proporción que señale el
derecho sucesorio y demás disposiciones aplicables.
Artículo 46 (Obligados a reparar el daño).
Están obligados a reparar el daño:
I. Los tutores, curadores o custodios, por los ilícitos
cometidos por los inimputables que estén bajo su autoridad;
II. Los dueños, empresas o encargados de negociaciones o
establecimientos mercantiles de cualquier especie, por los delitos que cometan
sus obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, con motivo y en
desempeño de sus servicios;
III. Las sociedades o agrupaciones, por los delitos de sus
socios o gerentes, directores, en los mismos términos en que, conforme a las
leyes, sean responsables por las demás obligaciones que los segundos
contraigan. Se exceptúa de esta regla a la sociedad conyugal, pues, en todo
caso, cada cónyuge responderá con sus bienes propios por la reparación del daño
que cause; y
IV. El Gobierno del Distrito Federal responderá
solidariamente por los delitos que cometan sus servidores públicos, con motivo
del ejercicio de sus funciones.
Queda a salvo el derecho del Gobierno del Distrito Federal
para ejercitar las acciones correspondientes contra el servidor público
responsable.
Artículo 47 (Supletoriedad de la Ley Federal
del Trabajo). Si se trata de delitos que afecten la vida o la integridad
corporal, el monto de la reparación del daño no podrá ser menor del que resulte
de aplicar las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 48 (Plazos para la reparación del
daño). De acuerdo con el monto de los daños o perjuicios, y de la situación
económica del sentenciado, el juez podrá fijar plazos para su pago, que en
conjunto no excederán de un año, pudiendo para ello exigir garantía si lo
considera conveniente.
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal reglamentará la
forma en que, administrativamente, deba garantizar la reparación del daño,
cuando éste sea causado con motivo de delitos, en los casos a que se refiere la
fracción IV del artículo 46 de este Código. El pago se hará preferentemente en
una sola exhibición.
Artículo 49 (Exigibilidad de la reparación del
daño). La reparación del daño se hará efectiva en la misma forma que la multa.
Para ello, el Tribunal remitirá a la autoridad ejecutora
copia certificada de la sentencia correspondiente y ésta notificará al
acreedor.
Si no se cubre esta responsabilidad con los bienes y
derechos del responsable, el sentenciado seguirá sujeto a la obligación de
pagar la parte que le falte.
Cuando sean varios los ofendidos y no resulte posible
satisfacer los derechos de todos, se cubrirán proporcionalmente los daños y
perjuicios.
En todo caso, el afectado podrá optar en cualquier momento
por el ejercicio de la acción civil correspondiente.
Artículos 50 (Aplicación de las garantías de la libertad
caucional). Cuando el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia,
las garantías relacionadas con la libertad caucional se aplicarán de manera
inmediata al Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito.
Artículo 51 (Renuncia a la Reparación del Daño).
Si el ofendido o sus derechohabientes renuncian o no cobran la reparación del
daño, el importe de éste se entregará al Fondo para la Atención y Apoyo a las
Víctimas del Delito, en los términos de la legislación aplicable.
Artículo 52 (Sanción económica). En los
delitos cometidos por servidores públicos a que se refieren los Títulos Décimo
Octavo y Vigésimo del Libro Segundo de este Código, la sanción económica
consiste en la aplicación de hasta tres tantos del lucro obtenido y de los
daños y perjuicios causados.
CAPÍTULO VII
DECOMISO DE INSTRUMENTOS, OBJETOS Y PRODUCTOS DEL
DELITO
Artículo 53 (Bienes susceptibles de decomiso).
El decomiso consiste en la aplicación a favor del Gobierno del Distrito
Federal, de los instrumentos, objetos o productos del delito, en los términos
del presente Código.
Si son de uso lícito, se decomisarán sólo cuando el sujeto haya
sido condenado por delito doloso; si pertenecen a un tercero, sólo se
decomisarán cuando éste haya tenido conocimiento de su utilización para la
comisión del delito y no lo denunció o no hizo cuanto estaba de su parte para
impedirlo.
Artículo 54 (Destino de los objetos
decomisados). La autoridad competente determinará el destino de los
instrumentos, objetos o productos del delito, al pago de la reparación de los
daños y perjuicios causados, al de la multa o en su defecto, según su utilidad,
al mejoramiento de la procuración y la administración de justicia.
Si las cosas aseguradas o decomisadas son sustancias
nocivas, peligrosas o consideradas como desecho, la autoridad competente
ordenará de inmediato las medidas de precaución que correspondan, incluida su
destrucción, confinamiento o, en su caso, conservación para fines de docencia o
investigación, según se estime conveniente.
Si se trata de material pornográfico se ordenará su
inmediata destrucción.
Los productos, rendimientos o beneficios obtenidos por los
delincuentes o por otras personas, como resultado de su conducta ilícita, serán
decomisados y se destinarán en los términos del presente artículo.
Artículo 55.- (Destino de bienes a disposición
de la autoridad). Los objetos o valores que se encuentren a disposición de las
autoridades investigadoras o de las judiciales, que no hayan sido decomisados y
que no hayan sido recogidos por quien tenga derecho a ello, en un lapso de
sesenta días naturales, contados a partir de la notificación al interesado, se
venderán de conformidad con las disposiciones legales y administrativas
aplicables.
Si el interesado no se presenta dentro de los treinta días
naturales siguientes a la fecha de venta, el producto de la misma se destinará
al Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, previas las
deducciones de los gastos ocasionados en los términos de las disposiciones
legales aplicables.
En el caso de bienes que se encuentren a disposición de la
autoridad, que no se deban destruir y que no se puedan conservar o sean de
costoso mantenimiento, se procederá a su venta inmediata en las condiciones que
más convengan, con la excepción prevista en el párrafo siguiente, y el producto
se dejará a disposición de quien tenga derecho al mismo por un lapso de tres
meses a partir de la notificación que se haga, transcurrido el cual, dicho
producto se destinará al Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del
Delito.
Los bienes perecederos de consumo y durables podrán ser
donados a instituciones de asistencia pública en el Distrito Federal, en los
términos y condiciones que se establezcan mediante acuerdo que emita el
Procurador General de Justicia del Distrito Federal.
CAPÍTULO VIII
SUSPENSIÓN O PRIVACIÓN DE DERECHOS, DESTITUCIÓN E
INHABILITACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE
CARGOS, COMISIONES O EMPLEOS
Artículo 56 (Concepto de estas sanciones). La
suspensión consiste en la pérdida temporal de derechos.
La privación consiste en la pérdida definitiva de derechos.
La destitución consiste en la privación definitiva del empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público.
La inhabilitación implica la incapacidad temporal para
obtener y ejercer cargos, comisiones o empleos públicos.
Artículo 57 (Clases de suspensión y de
privación). La suspensión y la privación de derechos son de dos clases:
I. La que se impone por ministerio de ley como consecuencia
necesaria de la pena de prisión; y
II. La que se impone como pena autónoma.
En el primer caso, la suspensión o privación comenzarán y
concluirán con la pena de que sean consecuencia.
En el segundo caso, si la suspensión o la privación se
imponen con pena privativa de la libertad, comenzarán al cumplirse ésta y su
duración será la señalada en la sentencia. Si la suspensión o la privación no
van acompañadas de prisión, empezarán a contar desde que cause ejecutoria la
sentencia.
A estas misma reglas se sujetará la inhabilitación.
Artículo 58 (Suspensión de derechos como
consecuencia de la pena de prisión). La pena de prisión produce la suspensión
de los derechos políticos, en los términos previstos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su caso, los derechos de tutela,
curatela, para ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o
interventor judicial, síndico o interventor en concursos, árbitro, arbitrador o
representante de ausentes. La suspensión comenzará desde que cause ejecutoria
la sentencia respectiva y concluirá cuando se extinga la pena de prisión.
Artículo 59 (Momento de la destitución).
En el caso de destitución, ésta se hará efectiva a partir del día en que cause
ejecutoria la sentencia.
CAPÍTULO IX
SUPERVISIÓN DE LA AUTORIDAD
Artículo 60 (Concepto, casos de aplicación y
duración). La supervisión de la autoridad consiste en la observación y
orientación de la conducta del sentenciado, ejercidas por personal
especializado dependiente de la autoridad competente, con la finalidad
exclusiva de coadyuvar a la readaptación social del sentenciado y a la
protección de la comunidad.
El juez deberá disponer esta supervisión cuando en la
sentencia imponga una sanción que restrinja la libertad o derechos, sustituya
la privación de libertad por otra sanción o conceda la suspensión condicional
de la ejecución de la sentencia y en los demás casos en los que la ley disponga.
Su duración no deberá exceder de la correspondiente a la pena o medida de
seguridad impuesta.
CAPÍTULO X
PROHIBICIÓN DE IR A UN LUGAR DETERMINADO O RESIDIR EN
ÉL
Artículo 61 (Concepto y duración). En atención
a las circunstancias del delito, del delincuente y del ofendido, el juez
impondrá las medidas siguientes: prohibir al sentenciado que vaya a un lugar
determinado o que resida en él, conciliando la exigencia de tranquilidad
publica y la seguridad del ofendido.
Estas medidas no podrán ser mayores al término de la pena
impuesta.
CAPÍTULO XI
TRATAMIENTO DE INIMPUTABLES O DE IMPUTABLES
DISMINUIDOS
Artículo 62 (Medidas para inimputables). En el
caso de que la inimputabilidad sea permanente, a la que se refiere la fracción
VII del artículo 29 de este Código, el juzgador dispondrá la medida de
tratamiento aplicable, ya sea en internamiento o en libertad, previo el
procedimiento penal respectivo. En el primer caso, el inimputable será
internado en la institución correspondiente para su tratamiento durante el
tiempo necesario para su curación, sin rebasar el previsto en el artículo 33 de
este Código.
Si se trata de trastorno mental transitorio se aplicará la
medida a que se refiere el párrafo anterior si lo requiere, en caso contrario,
se le pondrá en absoluta libertad.
Para la imposición de la medida a que se refiere este
capítulo, se requerirá que la conducta del sujeto no se encuentre justificada.
En caso de personas con desarrollo intelectual retardado o
trastorno mental, la medida de seguridad tendrá carácter terapéutico en lugar
adecuado para su aplicación.
Queda prohibido aplicar la medida de seguridad en
instituciones de reclusión preventiva o de ejecución de sanciones penales, o
sus anexos.
Artículo 63 (Entrega de inimputables a quienes
legalmente corresponda hacerse cargo de ellos). El juez o en su caso la
autoridad competente, podrá entregar al inimputable a sus familiares o a las
personas que conforme a la ley tengan la obligación de hacerse cargo de él,
siempre y cuando reparen el daño, se obliguen a tomar las medidas adecuadas
para el tratamiento y vigilancia del inimputable y garanticen a satisfacción
del juez, el cumplimiento de las obligaciones contraídas.
Esta medida podrá revocarse cuando se deje de cumplir con
las obligaciones contraídas.
Artículo 64 (Modificación o conclusión de la
medida). La autoridad competente podrá resolver sobre la modificación o
conclusión de la medida, considerando las necesidades del tratamiento, que se
acreditarán mediante revisiones periódicas, con la frecuencia y características
del caso.
Artículo 65 (Tratamiento para imputables
disminuidos). Si la capacidad del autor sólo se encuentra considerablemente
disminuida, por desarrollo intelectual retardado o por trastorno mental, a
juicio del juzgador se le impondrá de una cuarta parte de la mínima hasta la
mitad de la máxima de las penas aplicables para el delito cometido o las
medidas de seguridad correspondientes, o bien ambas, tomando en cuenta el grado
de inimputabilidad, conforme a un certificado médico apoyado en los dictámenes
emitidos por cuando menos dos peritos en la materia.
Artículo 66 (Duración del tratamiento). La
duración de tratamiento para el inimputable, en ningún caso excederá del máximo
de la pena privativa de libertad que se aplicaría por ese mismo delito a
sujetos imputables.
Concluido el tiempo del tratamiento, la autoridad competente
entregará al inimputable a sus familiares para que se hagan cargo de él, y si
no tiene familiares, lo pondrá a disposición de las autoridades de salud o
institución asistencial, para que éstas procedan conforme a las leyes
aplicables.
CAPÍTULO XII
TRATAMIENTO DE DESHABITUACIÓN O DESINTOXICACIÓN
Artículo 67 (Aplicación y alcances). Cuando el
sujeto haya sido sentenciado por un delito cuya comisión obedezca a la
inclinación o abuso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos o
sustancias que produzcan efectos similares, independientemente de la pena que
corresponda, se le aplicará tratamiento de deshabituación o desintoxicación, el
cual no podrá exceder del término de la pena impuesta por el delito cometido.
Cuando se trate de penas no privativas o restrictivas de
libertad, el tratamiento no excederá de seis meses.
CAPÍTULO XIII
SUSPENSIÓN, DISOLUCIÓN, PROHIBICIÓN DE REALIZAR DETERMINADAS
OPERACIONES, REMOCIÓN E INTERVENCIÓN DE PERSONAS MORALES
Artículo 68 (Alcances y duración de las
consecuencias para las personas morales). La suspensión consistirá en la
cesación de la actividad de la persona moral durante el tiempo que determine el
Juez en la sentencia, la cual no podrá exceder de dos años.
La disolución consistirá en la conclusión definitiva de toda
actividad social de la persona moral, que no podrá volverse a constituir por
las mismas personas en forma real o encubierta. La conclusión de toda actividad
social se hará sin perjuicio de la realización de los actos necesarios para la
disolución y liquidación total. El juez designará en el mismo acto un
liquidador que procederá a cumplir todas las obligaciones contraídas hasta
entonces por la persona moral, inclusive las responsabilidades derivadas del
delito cometido, observando las disposiciones legales sobre prelación de
créditos, conforme a la naturaleza de éstos y de la entidad objeto de la
liquidación.
La prohibición de realizar determinados negocios u
operaciones, que podrá ser hasta por cinco años, se referirá exclusivamente a
las que determine el juzgador, mismas que deberán tener relación directa con el
delito cometido. Los administradores y el comisario de la sociedad serán
responsables ante el Juez, del cumplimiento de esta prohibición e incurrirán en
las penas que establece este Código por desobediencia a un mandato de
autoridad.
La remoción consiste en la sustitución de los
administradores por uno designado por el juez, durante un período máximo de
tres años.
Para hacer la designación, el juez podrá atender la
propuesta que formulen los socios o asociados que no hubiesen tenido
participación en el delito.
Cuando concluya el período previsto para la administración
sustituta, la designación de los nuevos administradores se hará en la forma
ordinaria prevista por las normas aplicables a estos actos.
La intervención consiste en la vigilancia de las funciones
que realizan los órganos de representación de la persona moral y se ejercerá
con las atribuciones que la ley confiere al interventor, hasta por tres años.
Artículo 69. Al imponer las consecuencias
jurídicas accesorias previstas en este capítulo, el Juez tomará las medidas
pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros
frente a la persona jurídica colectiva, así como aquellos otros derechos que
sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos celebrados con la
persona moral sancionada.
Estos derechos quedan a salvo, aún cuando el juez no tome
las medidas a que se refiere el párrafo anterior.
TÍTULO CUARTO
APLICACIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPÍTULO I
REGLAS GENERALES
Artículo 70 (Regla general). Dentro de los
límites fijados por la ley, los jueces y tribunales impondrán las sanciones
establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores
de ejecución y las peculiares del delincuente, en los términos del artículo 72
de este Código.
Cuando se trate de punibilidad alternativa, en la que se
contemple pena de prisión, el juez podrá imponer motivando su resolución, la
sanción privativa de libertad sólo cuando ello sea ineludible para los fines de
justicia, prevención general y prevención especial.
Artículo 71 (Fijación de la disminución o
aumento de la pena). En los casos en que este Código disponga penas en
proporción a las previstas para el delito doloso consumado, la punibilidad
aplicable será para todos los efectos legales, la que resulte de la elevación o
disminución, según corresponda, de los términos mínimo y máximo de la pena
prevista por aquél. Cuando se trate de prisión, la pena mínima nunca será menor
de tres meses.
Cuando se prevea la disminución o el aumento de una pena con
referencia a otra, se fijará con relación a los términos mínimo y máximo de la
punibilidad que sirva de referencia.
En estos casos, el juzgador individualizará la pena tomando
como base el nuevo marco de referencia que resulte del aumento o disminución.
En ningún caso se podrán rebasar los extremos previstos en
este Código.
Lo previsto en el párrafo anterior no es aplicable para la
reparación del daño ni la sanción económica.
Artículo 71
Bis.- (De la disminución de la pena en delitos no graves).
Cuando el sujeto activo confiese su participación en la comisión de delito no
grave ante el Ministerio Público y la ratifique ante el Juez en la declaración
preparatoria, se disminuirá la pena en una mitad, según el delito que se trate.
Artículo 71
Ter.- (De la disminución de la pena en delitos graves) Cuando el
sujeto activo confiese su participación en la comisión de delito grave ante el
Ministerio Público y la ratifique ante el Juez en la declaración preparatoria
se disminuirá la pena una tercera parte, según el delito que se trate, excepto
cuando estén relacionados con delincuencia organizada, en cuyo caso se aplicará
la Ley de la materia. Este beneficio no es aplicable para los delitos de
Homicidio, previsto en el artículo 123
en relación al 18, párrafo segundo; Secuestro, contenido en los artículos 163,
163 Bis, 164, 165, 166 y 166 Bis, con excepción de lo previsto en el último
párrafo del artículo 164; Desaparición Forzada de Personas, previsto en el
artículo 168; Violación, previsto en los artículos 174 y 175; Pornografía
Infantil, a que se refiere el artículo 187; Robo, previsto en el artículo 220,
en relación al artículo 225; Tortura, previsto en los artículos 294 y 295;
todos de este Código.
Artículo 71
Quáter.- (Reglas generales para la aplicación de las penas
disminuidas por reconocimiento de participación en la comisión del delito). El
otorgamiento de la pena disminuida sólo será aplicable tratándose de
primodelincuentes por delitos dolosos consumados y se requerirá que el
reconocimiento que haga el sujeto activo de su participación en la comisión del
delito se encuentre robustecido con otros elementos de prueba, para cuyo efecto
se observarán las reglas previstas en los tres últimos párrafos del artículo 71
de éste Código.
Artículo 72 (Criterios para la
individualización de las penas y medidas de seguridad). El Juez, al dictar
sentencia condenatoria, determinará la pena y medida de seguridad establecida
para cada delito y las individualizará dentro de los límites señalados, con
base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, tomando
en cuenta:
I. La naturaleza de la acción u omisión y los medios
empleados para ejecutarla;
II. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del
peligro en que éste fue colocado;
III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del
hecho realizado;
IV. La forma y grado de intervención del agente en la
comisión del delito; los vínculos de parentesco, amistad o relación entre el
activo y el pasivo, así como su calidad y la de la víctima u ofendido;
V. La edad, el nivel de educación, las costumbres,
condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto, así como los motivos
que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado pertenezca a
un grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y
costumbres;
Vi. Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en
que se encontraba el activo en el momento de la comisión del delito;
VII. Las circunstancias del activo y pasivo antes y durante
la comisión del delito, que sean relevantes para individualizar la sanción, así
como el comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; y
VIII. Las demás circunstancias especiales del agente, que
sean relevantes para determinar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su
conducta a las exigencias de la norma.
Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de
seguridad, el Juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima
y de las circunstancias del hecho y, en su caso, requerirá los dictámenes
periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los demás elementos
conducentes.
Artículo 73. No es imputable al acusado el
aumento de gravedad proveniente de circunstancias particulares del ofendido, si
las ignoraba inculpablemente al cometer el delito.
Artículo 74. El aumento o la disminución de la
pena, fundados en las relaciones personales o en las circunstancias subjetivas
del autor de un delito, no son aplicables a los demás sujetos que intervinieron
en aquél. Son aplicables las que se funden en circunstancias objetivas, si los
demás sujetos tienen conocimiento de ellas.
Artículo 75 (Pena innecesaria). El juez, de
oficio o a petición de parte, podrá prescindir de la imposición de la pena
privativa o restrictiva de la libertad o sustituirla por una menos grave o por
una medida de seguridad, cuando la imposición resulte notoriamente innecesaria
e irracional, en razón de que el agente:
a) Con motivo del delito cometido, haya sufrido
consecuencias graves en su persona;
b) Presente senilidad avanzada; o
c) Padezca enfermedad grave e incurable avanzada o precario
estado de salud. En estos casos, el juez tomará en cuenta el resultado de los
dictámenes médicos y asentará con precisión, en la sentencia, las razones de su
determinación.
Se exceptúa la reparación del daño y la sanción económica,
por lo que no se podrá prescindir de su imposición.
Artículo 75 Bis.- Cuando la orden de aprehensión o
el auto de formal prisión se dicte en contra de una persona mayor de 70 años de
edad o de precario estado de salud permanente, el juez podrá ordenar que la
prisión preventiva se lleve a cabo en el domicilio del indiciado o procesado
bajo las medidas de seguridad que procedan. La petición se tramitará
incidentalmente.
No gozarán de esta prerrogativa quienes, a criterio del
juez, puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta
que haga presumir fundadamente que causarán daño al denunciante o querellante,
a la víctima u ofendido o a quienes directa o indirectamente participen o deban
participar en el proceso.
En todo caso, la valoración del juez se apoyará en
dictámenes de peritos.
CAPÍTULO II
PUNIBILIDAD DE LOS DELITOS CULPOSOS
Artículo
76.- (Punibilidad del delito culposo). En los casos de delitos
culposos, se impondrá la cuarta parte de las penas y medidas de seguridad
asignadas por la ley al tipo básico del delito doloso, con excepción de
aquellos para los que la ley señale una pena específica o un tratamiento
diverso regulado por ordenamiento legal distinto a este Código. Además se
impondrá, en su caso, suspensión o privación definitiva de derechos para
ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso, por un término
igual a la pena de prisión impuesta.
Siempre que al delito doloso corresponda sanción alternativa
que incluya una pena no privativa de libertad, aprovechará esta situación al
responsable del delito culposo.
Sólo se sancionarán como delitos culposos los siguientes:
Homicidio, a que se refiere el artículo 123; Lesiones, a que se refiere el
artículo 130 fracciones II a VII; Aborto, a que se refiere la primera parte del
párrafo segundo del artículo 145; Lesiones por Contagio, a que se refiere el
artículo 159; Daños, a que se refiere el artículo 239; Ejercicio Ilegal del
Servicio Público, a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 259,
en las hipótesis siguientes: destruir, alterar o inutilizar información o
documentación bajo su custodia o a la cual tenga acceso; propicie daños pérdida
o sustracción en los supuestos de la fracción IV del artículo 259; Evasión de
Presos, a que se refieren los artículos 304, 305, 306 fracción II y 309 segundo
párrafo; Suministro de Medicinas Nocivas o Inapropiadas a que se refieren los
artículos 328 y 329; Ataques a las Vías y a los Medios de Comunicación a que se
refieren los artículos 330, 331 y 332; Delitos contra el Ambiente, a que se
refieren los artículos 345 y 346; y los demás casos contemplados
específicamente en el presente Código y otras disposiciones legales.
Artículo 77 (Clasificación de la gravedad de
la culpa e individualización de la sanción para el delito culposo). La calificación
de la gravedad de la culpa queda al prudente arbitrio del juez, quien deberá
considerar las circunstancias generales señaladas en el artículo 72 de este
Código y las especiales siguientes:
I. La mayor o menor posibilidad de prever y evitar el daño
que resultó;
II. El deber de cuidado del inculpado que le es exigible por
las circunstancias y condiciones personales que la actividad o el oficio que
desempeñe le impongan;
III. Si el inculpado ha delinquido anteriormente en
circunstancias semejantes;
IV. Si tuvo tiempo para desplegar el cuidado necesario para
no producir o evitar el daño que se produjo; y
V. El estado del equipo, vías y demás condiciones de
funcionamiento mecánico, tratándose de infracciones cometidas en los servicios
de transporte y, en general, por conductores de vehículos.
CAPÍTULO III
PUNIBILIDAD DE LA TENTATIVA
Artículo 78 (Punibilidad de la tentativa). La
punibilidad aplicable a la tentativa, será de entre una tercera parte de la
mínima y dos terceras partes de la máxima, previstas para el correspondiente
delito doloso consumado que el agente quiso realizar.
En la aplicación de las penas o medidas de seguridad a que
se refiere este artículo, el juzgador tendrá en cuenta, además de lo previsto
en el artículo 72 de este Código, el mayor o menor grado de aproximación a la
consumación del delito y la magnitud del peligro en que se puso al bien
jurídico protegido.
CAPÍTULO IV
PUNIBILIDAD EN EL CASO DE CONCURSO DE DELITOS Y DELITO
CONTINUADO
Artículo 79 (Aplicación de la sanción en el
caso de concurso de delitos). En caso de concurso ideal, se impondrán las
sanciones correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales
podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas
correspondientes de los delitos restantes, si las sanciones aplicables son de
la misma naturaleza; cuando sean de diversa naturaleza podrán imponerse las
penas correspondientes a los restantes delitos. En ningún caso, la pena
aplicable podrá exceder de los máximos señalados en el título tercero del libro
primero de este Código.
En caso de concurso real, se impondrá la pena del delito que
merezca la mayor, la cual podrá aumentarse con las penas que la ley contempla
para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda del máximo señalado en
el artículo 33 de este Código.
Artículo 80 (Punibilidad del delito
continuado). En caso de delito continuado, se aumentarán en una mitad las penas
que la ley prevea para el delito cometido.
CAPÍTULO V
PUNIBILIDAD DE LA COMPLICIDAD, AUXILIO EN CUMPLIMIENTO
DE PROMESA ANTERIOR Y AUTORÍA INDETERMINADA
Artículo 81 (Punibilidad de la complicidad).
Para los casos a que se refieren las fracciones V y VI del artículo 22 de este
Código, la penalidad será de las tres cuartas partes del mínimo y del máximo de
las penas o medidas de seguridad previstas para el delito cometido, de acuerdo
con la modalidad respectiva.
Artículo 82 (Punibilidad de la autoría
indeterminada). Para el caso previsto en el artículo 26 de este Código, la
penalidad será de las tres cuartas partes del mínimo a las tres cuartas partes
del máximo de las penas o medidas de seguridad correspondientes para el delito
cometido, según su modalidad.
CAPÍTULO VI
ERROR VENCIBLE Y EXCESO EN LAS CAUSAS DE LICITUD
Artículo 83 (Punibilidad en el caso de error
vencible). En caso de que sea vencible el error a que se refiere el inciso a),
fracción VIII del artículo 29 de este Código, la penalidad será la del delito
culposo, si el hecho de que se trata admite dicha forma de realización.
Si el error vencible es el previsto en el inciso b) de la
misma fracción, la penalidad será de una tercera parte del delito que se trate.
Al que incurra en exceso, en los casos previstos en las
fracciones IV, V y VI del artículo 29 de este Código, se le impondrá la cuarta
parte de las penas o medidas de seguridad, correspondientes al delito de que se
trate, siempre y cuando con relación al exceso, no exista otra causa de
exclusión del delito.
CAPÍTULO VII
SUSTITUCIÓN DE PENAS
Artículo 84 (Sustitución de la prisión). El
Juez, considerando lo dispuesto en el artículo 72 de este Código, podrá
sustituir la pena de prisión, en los términos siguientes:
I. Por multa o trabajo en beneficio de la víctima o en favor
de la comunidad, cuando no exceda de tres años; y
II. Por tratamiento en libertad o semilibertad, cuando no
exceda de cinco años.
La equivalencia de la multa sustitutiva de la pena de
prisión, será en razón de un día multa por un día de prisión, de acuerdo con
las posibilidades económicas del sentenciado.
Artículo 85 (Sustitución de la multa). La
multa podrá ser sustituida por trabajo en beneficio de la víctima o en favor de
la comunidad.
Artículo 86. (Condiciones para la
sustitución). La sustitución de la sanción privativa de libertad procederá,
cuando se cubra la reparación del daño, pudiendo el juez fijar plazos para
ello, de acuerdo a la situación económica del sentenciado.
La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse por
el juzgador, cuando se trate de un sujeto al que anteriormente se le hubiere
condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio
y cuando no proceda en los términos de las leyes respectivas, tratándose de una
trasgresión en perjuicio de la hacienda pública.
Artículo 87 (Revocación de la sustitución). El
Juez podrá dejar sin efecto la sustitución y ordenar que se ejecute la pena de
prisión impuesta, en los siguientes casos:
I. Cuando el sentenciado no cumpla con las condiciones que
le fueran señaladas para tal efecto, salvo que el juzgador estime conveniente
apercibirlo de que si se incurre en una nueva falta, se hará efectiva la
sanción sustituida. En estos casos, se fijará garantía para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones con motivo del sustitutivo concedido; o
II. Cuando al sentenciado se le condene en otro proceso por
delito doloso grave. Si el nuevo delito es doloso no grave o culposo, el Juez
resolverá si debe aplicarse la pena sustituida.
En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida,
se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el sentenciado hubiera cumplido
la pena sustitutiva.
Artículo 88 (Obligación del fiador en la
sustitución). La obligación del fiador concluirá al extinguirse la pena
impuesta, en caso de habérsele nombrado para el cumplimiento de los deberes inherentes
a la sustitución de penas.
Cuando el fiador tenga motivos para no continuar en su
desempeño, los expondrá al Juez a fin de que éste, si los estima fundados,
prevenga al sentenciado para que presente nuevo fiador dentro del plazo que se
le fije, apercibido de que de no hacerlo se le hará efectiva la pena. En este
último caso, se estará a lo dispuesto en el artículo anterior.
En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado
deberá poner el hecho en conocimiento del Juez, para los efectos que se
expresan en el párrafo que precede.
CAPÍTULO VIII
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA
Artículo 89 (Requisitos para la procedencia de
la suspensión). El Juez o el Tribunal, en su caso, al dictar sentencia
condenatoria, suspenderá motivadamente la ejecución de las penas, a petición de
parte o de oficio, si concurren los requisitos siguientes:
I. Que la duración de la pena impuesta no exceda de cinco
años de prisión;
II. Que en atención a las condiciones personales del sujeto,
no haya necesidad de sustituir las penas, en función del fin para el que fueron
impuestas; y
III. Que el sentenciado cuente con antecedentes personales
positivos y un modo honesto de vida. El Juez considerará además la naturaleza,
modalidades y móviles del delito.
Artículo 90 (Requisitos para el goce del
beneficio anterior). Para gozar del beneficio a que se refiere el artículo
anterior, el sentenciado deberá:
I. Otorgar la garantía o sujetarse a las medidas que se
fijen para asegurar su comparecencia ante la autoridad, cada vez que sea
requerido por ésta;
II. Obligarse a residir en determinado lugar, del que no
podrá ausentarse sin permiso de la autoridad que ejerza el cuidado y
vigilancia;
III. Desempeñar una ocupación lícita;
IV. Abstenerse de causar molestias al ofendido o a sus
familiares; y
V.
Acreditar que se ha cubierto la reparación del daño, pudiendo el juez fijar
plazos para ello, de acuerdo a la situación económica del sentenciado.
Artículo 91 (Efectos y duración de la
suspensión). La suspensión comprenderá la pena de prisión y la multa. En cuanto
a las demás sanciones impuestas, el juez o Tribunal resolverá según las
circunstancias del caso. La suspensión tendrá una duración igual a la de la
pena suspendida.
Una vez transcurrida ésta, se considerará extinguida la pena
impuesta, siempre que durante ese término el sentenciado no diere lugar a nuevo
proceso que concluya con sentencia condenatoria.
En este último caso, el juzgador tomando en cuenta las
circunstancias y gravedad del delito, resolverá si debe aplicarse o no la pena
suspendida.
Los hechos que originan el nuevo proceso interrumpen el
plazo de la suspensión, tanto si se trata de delito doloso como culposo, hasta
que se dicte sentencia ejecutoria.
Si el sentenciado falta al cumplimiento de las obligaciones
contraídas, el Juez o Tribunal podrá hacer efectiva la pena suspendida o
apercibirlo de que si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se
hará efectiva dicha pena.
A los delincuentes que se les haya suspendido la ejecución
de la sentencia, se les hará saber lo dispuesto en este artículo, lo que se
asentará en diligencia formal, sin que la falta de ésta impida, en su caso, la
aplicación de lo previsto en este artículo.
CAPÍTULO IX
REGLAS GENERALES PARA LA SUSTITUCIÓN Y SUSPENSIÓN DE
SANCIONES
Artículo 92 (Facultad de promover la
suspensión). El sentenciado que considere que al dictarse la sentencia, en la
que no hubo pronunciamiento sobre la sustitución o suspensión de la pena reunía
las condiciones fijadas para su obtención y que está en aptitud de cumplir con
los requisitos para su otorgamiento, podrá promover el incidente respectivo
ante el juez de la causa.
Artículo 93 (Jurisdicción y vigilancia). El
juez conservará jurisdicción para conocer de las cuestiones relativas al
cumplimiento, revocación y modificación de la sustitución o suspensión de
sanciones y vigilará su cumplimiento.
TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO I
Artículo 94 (Causas de extinción). La
pretensión punitiva y la potestad para ejecutar las penas y medidas de
seguridad, se extinguen por:
I. Cumplimiento de la pena o medida de seguridad;
II. Muerte del inculpado o sentenciado;
III. Reconocimiento de la inocencia del sentenciado;
IV. Perdón del ofendido en los delitos de querella o por
cualquier otro acto equivalente;
V. Rehabilitación;
VI. Conclusión del tratamiento de inimputables;
VII. Indulto;
VIII. Amnistía;
IX. Prescripción;
X. Supresión del tipo penal; y
XI. Existencia de una sentencia anterior dictada en proceso
seguido por los mismo hechos.
Artículo 95 (Procedencia de la extinción). La
resolución sobre la extinción punitiva se dictará de oficio o a solicitud de
parte.
Artículo 96 (Alcances de la extinción). La
extinción que se produzca en los términos del artículo 94 no abarca el decomiso
de instrumentos, objetos y productos del delito, ni afecta la reparación de
daños y perjuicios, salvo disposición legal expresa o cuando la potestad para
ejecutar dicha sanción pecuniaria se extinga por alguna causa.
CAPÍTULO II
CUMPLIMIENTO DE LA PENA O MEDIDA DE SEGURIDAD
Artículo 97 (Efectos del cumplimiento). La potestad
para ejecutar la pena o la medida de seguridad impuesta, se extingue por cumplimiento
de las mismas o de las penas por las que se hubiesen sustituido o conmutado.
Asimismo, la sanción que se hubiese suspendido se extinguirá por el
cumplimiento de los requisitos establecidos para el otorgamiento de la
suspensión, en los términos y dentro de los plazos legalmente aplicables.
CAPÍTULO III
MUERTE DEL INCULPADO O SENTENCIADO
Artículo 98 (Extinción por muerte). La muerte
del inculpado extingue la pretensión punitiva; la del sentenciado, las penas o
las medidas de seguridad impuestas, a excepción del decomiso y la reparación
del daño.
CAPÍTULO IV
RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA
Artículo 99 (Pérdida del efecto de la
sentencia por reconocimiento de la inocencia del sentenciado). Cualquiera que
sea la pena o la medida de seguridad impuesta en sentencia que cause
ejecutoria, procederá la anulación de ésta, cuando se pruebe que el sentenciado
es inocente del delito por el que se le juzgó. El reconocimiento de inocencia
produce la extinción de las penas o medidas de seguridad impuestas y de todos
sus efectos.
El reconocimiento de inocencia del sentenciado extingue la
obligación de reparar el daño.
El Gobierno del Distrito Federal cubrirá el daño a quien
habiendo sido condenado, hubiese obtenido el reconocimiento de su inocencia.
CAPÍTULO V
PERDÓN QUE OTORGA EL OFENDIDO EN LOS DELITOS DE
QUERELLA
Artículo 100 (Extinción por perdón del
ofendido). El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo, extingue la
pretensión punitiva respecto de los delitos que se persiguen por querella,
siempre que se conceda ante el Ministerio Público si éste no ha ejercitado la
acción penal, o ante el órgano jurisdiccional antes de que cause ejecutoria la
sentencia. En caso de que la sentencia haya causado ejecutoria, el ofendido
podrá acudir ante la autoridad judicial a otorgar el perdón. Ésta deberá
proceder de inmediato a decretar la extinción de la potestad de ejecutar las
penas y medidas de seguridad.
Una vez otorgado el perdón, éste no podrá revocarse, a
excepción de los supuestos previstos en los artículos 200 y 201 de este Código,
en cuyo caso el perdón previamente otorgado solamente suspende la pretensión
punitiva o la ejecución de las penas y medidas de seguridad, y podrá revocarse
hasta un año posterior a su otorgamiento.
Lo dispuesto en el párrafo anterior es igualmente aplicable
a los delitos que sólo pueden ser perseguidos por declaratoria de perjuicio o
por un acto equivalente a la querella. Para la extinción de la pretensión
punitiva es suficiente la manifestación de quien está autorizado para ello, de
que el interés afectado ha sido satisfecho.
El perdón solo beneficia al inculpado en cuyo favor se
otorga. Cuando sean varios los ofendidos y cada uno pueda ejercer separadamente
la facultad de perdonar al responsable del delito y al encubridor, el perdón
sólo surtirá efectos por lo que hace a quien lo otorga.
CAPÍTULO VI
Artículo 101 (Objeto de la rehabilitación). La
rehabilitación tiene por objeto reintegrar al sentenciado en el goce de los
derechos, funciones o empleo de cuyo ejercicio se le hubiere suspendido o
inhabilitado en virtud de sentencia firme.
CAPÍTULO VII
CONCLUSIÓN DEL TRATAMIENTO DE INIMPUTABLES
Artículo 102 (Extinción de las medidas de
tratamiento de inimputables). La potestad para la ejecución de las medidas de tratamiento
a inimputables, se considerará extinguida si se acredita que el sujeto ya no
requiere tratamiento. Si el inimputable sujeto a una medida de seguridad se
encontrare prófugo y posteriormente fuere detenido, la potestad para la
ejecución de dicha medida se considerará extinguida, si se acredita que las
condiciones personales del sujeto que dieron origen a su imposición, ya han
cesado.
CAPÍTULO VIII
INDULTO
Artículo 103 (Efectos y procedencia del
indulto). El indulto extingue la potestad de ejecutar las penas y las medidas
de seguridad impuestas en sentencia ejecutoria, salvo el decomiso de
instrumentos, objetos y productos relacionados con el delito, así como la
reparación del daño.
Es facultad discrecional del Titular del Ejecutivo conceder
el indulto.
CAPÍTULO IX
AMNISTÍA
Artículo 104 (Extinción por amnistía). La
amnistía extingue la pretensión punitiva o la potestad de ejecutar las penas y
medidas de seguridad impuestas, en los términos de la Ley que se dictare
concediéndola.
CAPÍTULO X
PRESCRIPCIÓN
Artículo 105 (Efectos y características de la
prescripción). La prescripción es personal y extingue la pretensión punitiva y
la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad, y para ello
bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley.
Artículo 106 (La resolución en torno de la
prescripción se dictará de oficio o a petición de parte). La resolución en
torno de la prescripción se dictará de oficio o a petición de parte.
Artículo 107 (Duplicación de los plazos para la
prescripción). Los plazos para que opere la prescripción se duplicarán respecto
de quienes se encuentren fuera del territorio del Distrito Federal, si por esta
circunstancia no es posible concluir la averiguación previa, el proceso o la
ejecución de la sentencia.
Artículo 108 (Plazos para la prescripción de la
pretensión punitiva). Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva
serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus modalidades y se
contarán a partir de:
I. El momento en que se consumó el delito, si es
instantáneo;
II. El momento en que cesó la consumación, si el delito es
permanente;
III. El día en que se realizó la última conducta, si el
delito es continuado;
IV. El momento en que se realizó el último acto de ejecución
o se omitió la conducta debida, si se trata de tentativa; y
V. El día en que el Ministerio Público de la adscripción
haya recibido el oficio correspondiente, en los casos en que se hubiere librado
orden de reaprehensión o presentación, respecto del procesado que se haya
sustraído de la acción de la justicia.
Artículo 109 (Plazos para la prescripción de la
potestad para ejecutar las penas y medidas de seguridad). Los plazos para la
prescripción de la potestad para ejecutar las penas y las medidas de seguridad,
serán continuos y correrán desde el día siguiente a aquél en que el sentenciado
se sustraiga de la acción de la justicia, si las penas o las medidas de
seguridad fueren privativas o restrictivas de la libertad. En caso contrario,
desde la fecha en que cause ejecutoria la sentencia.
Artículo 110 (Prescripción de la potestad
punitiva en los casos de delito de querella). Salvo disposición en contrario,
la pretensión punitiva que nazca de un delito que sólo puede perseguirse por
querella del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año,
contado desde el día en que quienes puedan formular la querella o el acto
equivalente, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en tres años
fuera de esta circunstancia.
Una vez cumplido el requisito de procedibilidad dentro del
plazo antes mencionado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para
los delitos perseguibles de oficio.
Artículo 111 (Prescripción de la pretensión
punitiva según el tipo de pena). La pretensión punitiva respecto de delitos que
se persigan de oficio prescribirá:
I. En un plazo igual al término medio aritmético de la pena
privativa de la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero
en ningún caso será menor de tres años.
Esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la
libertad esté señalada en forma conjunta o alterna con otra diversa.
II. En un año, si el delito se sanciona con pena no
privativa de la libertad.
Artículo 112 (Prescripción de la pretensión
punitiva en caso de concurso de delitos). En los casos de concurso ideal de
delitos, la pretensión punitiva prescribirá conforme a las reglas para el
delito que merezca la pena mayor.
En los casos de concurso real de delitos, los plazos para la
prescripción punitiva empezarán a correr simultáneamente y prescribirán
separadamente para cada uno de los delitos.
Artículo 113 (Necesidad de resolución o
declaración previa). Cuando para ejercitar o continuar la pretensión punitiva
sea necesaria una resolución previa de autoridad jurisdiccional, la prescripción
comenzará a correr desde que se dicte la sentencia irrevocable.
Si para deducir la pretensión punitiva la ley exigiere
previa declaración o resolución de alguna autoridad, las gestiones que con ese
fin se practiquen dentro de los términos señalados en el artículo 111 de este
Código, interrumpirán la prescripción.
Artículo 114 (Interrupción de la prescripción
de la pretensión punitiva). La prescripción de la pretensión punitiva se
interrumpirá por las actuaciones que se practiquen en averiguación del delito y
de los delincuentes, aunque por ignorarse quiénes sean éstos, no se practiquen
las diligencias contra persona determinada.
La prescripción de la pretensión punitiva se interrumpirá
también por el requerimiento de auxilio en la investigación del delito o del
delincuente, por las diligencias que se practiquen para obtener la extradición
internacional, y por el requerimiento de entrega del inculpado que formalmente
haga el ministerio público al de otra entidad federativa, donde aquél se
refugie, se localice o se encuentre detenido por el mismo delito o por otro. En
el primer caso también se interrumpirá con las actuaciones que practique la
autoridad requerida y en el segundo subsistirá la interrupción, hasta en tanto
ésta niegue la entrega o desaparezca la situación legal del detenido que dé
motivo al aplazamiento de su entrega.
Si se dejare de actuar, la prescripción empezará a correr de
nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia.
Artículo 115 (Excepción a la interrupción). No
operará la interrupción de la prescripción de la pretensión punitiva, cuando
las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del
lapso necesario para la prescripción, contados a partir de los momentos a que
se refieren las fracciones I a IV del artículo 108 de este Código.
Artículo 116 (Lapso de prescripción de la
potestad de ejecutar las penas). Salvo disposición legal en contrario, la
potestad para ejecutar la pena privativa de libertad o medida de seguridad,
prescribirá en un tiempo igual al fijado en la condena, pero no podrá ser
inferior a tres años.
La potestad para ejecutar la pena de multa prescribirá en un
año. Para las demás sanciones prescribirá en un plazo igual al que deberían
durar éstas, sin que pueda ser inferior a dos años.
La potestad
para ejecutar las penas que no tengan temporalidad prescribirán en dos años y
la de la reparación del daño en un tiempo igual al de la pena privativa de
libertad impuesta.
Los plazos serán contados a partir de la fecha en que cause
ejecutoria la resolución.
Artículo 117 (cuando el sentenciado hubiere
extinguido ya una parte de su sanción, se necesitará para la prescripción tanto
tiempo como el que falte de la condena). Cuando el sentenciado hubiere
extinguido ya una parte de su sanción, se necesitará para la prescripción tanto
tiempo como el que falte de la condena.
Artículo 118 (Interrupción de la prescripción de
la potestad para ejecutar la pena o medida de seguridad). La prescripción de la
potestad para ejecutar la pena o medida privativa de la libertad, sólo se
interrumpe con la aprehensión del sentenciado, aunque se ejecute por otro
delito diverso o por la formal solicitud de entrega que el Ministerio Público
haga al de otra entidad federativa, en que aquél se encuentre detenido, en cuyo
caso subsistirá la interrupción hasta en tanto la autoridad requerida niegue
dicha entrega o desaparezca la situación legal del detenido que motive aplazar
su cumplimiento.
La prescripción de la potestad de las demás sanciones se
interrumpirá por cualquier acto de autoridad competente para hacerlas
efectivas. También se interrumpirá la prescripción de las penas pecuniarias,
por las promociones que el ofendido o persona a cuyo favor se haya decretado
dicha reparación, haga ante la autoridad correspondiente y por las actuaciones
que esa autoridad realice para ejecutarlas, así como por el inicio de juicio
ejecutivo ante autoridad civil usando como título la sentencia condenatoria
correspondiente.
Artículo 119 (Autoridad competente para resolver
la extinción). La extinción de la pretensión punitiva será resuelta por el
titular del Ministerio Público durante la averiguación previa o por el órgano
jurisdiccional en cualquier etapa del proceso.
La declaración de extinción de la potestad de ejecutar las
penas y medidas de seguridad corresponde al órgano jurisdiccional.
Artículo 120 (Facultad jurisdiccional en la
ejecución). Si durante la ejecución de las penas o medidas de seguridad se
advierte que se había extinguido la pretensión punitiva o la potestad de ejecutarlas,
tales circunstancias se plantearán por la vía incidental ante el órgano
jurisdiccional que hubiere conocido del asunto y éste resolverá lo procedente.
CAPÍTULO XI
Artículo 121 (Extinción por supresión del tipo
penal). Cuando la ley suprima un tipo penal se extinguirá la potestad punitiva
respectiva o la de ejecutar las penas o medidas de seguridad impuestas, se
pondrá en absoluta e inmediata libertad al inculpado o al sentenciado y cesarán
de derecho todos los efectos del procedimiento penal o de la sentencia.
CAPÍTULO XII
EXISTENCIA DE UNA SENTENCIA ANTERIOR DICTADA EN
PROCESO SEGUIDO POR LOS MISMOS HECHOS
Artículo 122 (Non bis in idem). Nadie puede ser
juzgado dos veces por los mismos hechos, ya sea que en el juicio se le absuelva
o se le condene.
Cuando existan en contra de la misma persona y por la misma
conducta:
I. Dos procedimientos distintos, se archivará o sobreseerá
de oficio el que se haya iniciado en segundo término;
II. Una sentencia y un procedimiento distinto, se archivará
o se sobreseerá de oficio el procedimiento distinto; o
III. Dos sentencias, dictadas en procesos distintos, se hará
la declaratoria de nulidad de la sentencia que corresponda al proceso que se
inició en segundo término y se extinguirán sus efectos.
LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL
TÍTULO PRIMERO
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL
CAPÍTULO I
HOMICIDIO
Artículo 123. Al que prive de la vida a otro,
se le impondrá de ocho a veinte años de prisión.
Artículo 124. Se tendrá como mortal una lesión,
cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano
u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna
complicación determinada inevitablemente por la misma lesión.
Artículo 125. Al que prive de la vida a su
ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o
adoptado, cónyuge, concubina o concubinario u otra relación de pareja
permanente, con conocimiento de esa relación, se le impondrán prisión de diez a
treinta años y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima,
incluidos los de carácter sucesorio. Si faltare el conocimiento de la relación,
se estará a la punibilidad prevista para el homicidio simple.
Si en la comisión de este delito concurre alguna
circunstancia agravante de las previstas en el artículo 138 de este Código, se
impondrán las penas del homicidio calificado. Si concurre alguna atenuante se
impondrán las penas que correspondan según la modalidad.
Artículo 126. Cuando la madre prive de la vida
a su hijo dentro de las veinticuatro horas siguientes a su nacimiento, se le
impondrá de tres a diez años de prisión, el juez tomará en cuenta las
circunstancias del embarazo, las condiciones personales de la madre y los
móviles de su conducta.
Artículo 127. Al que prive de la vida a otro,
por la petición expresa, libre, reiterada, seria e inequívoca de éste, siempre
que medien razones humanitarias y la víctima padeciere una enfermedad incurable
en fase terminal, se le impondrá prisión de dos a cinco años.
Artículo 128. A quien cometa homicidio
calificado se le impondrá de veinte a cincuenta años de prisión.
Artículo 129. Al que prive de la vida a otro en
riña se le impondrá de cuatro a doce años de prisión, si se tratare del
provocador y de tres a siete años, si se tratare del provocado.
CAPÍTULO II
LESIONES
Artículo 130. Al que cause a otro un daño o
alteración en su salud, se le impondrán:
I. De treinta a noventa días multa, si las lesiones tardan
en sanar menos de quince días;
II. De seis meses a dos años de prisión, cuando tarden en
sanar más de quince días y menos de sesenta;
III. De dos a tres años seis meses de prisión, si tardan en
sanar más de sesenta días;
IV. De dos a cinco años de prisión, cuando dejen cicatriz
permanentemente notable en la cara;
V. De tres a cinco años de prisión, cuando disminuyan alguna
facultad o el normal funcionamiento de un órgano o de un miembro;
VI. De tres a ocho años de prisión, si producen la pérdida
de cualquier función orgánica, de un miembro, de un órgano o de una facultad, o
causen una enfermedad incurable o una deformidad incorregible; y
VII. De tres a ocho años de prisión, cuando pongan en
peligro la vida.
Las lesiones a que se refiere la fracción I serán
sancionadas por este Código únicamente cuando se produzcan de manera dolosa.
Artículo 131. A quien cause lesiones a un
ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge,
concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, se le
aumentará en una mitad la pena que corresponda, según las lesiones inferidas.
Artículo 132. Cuando las lesiones se infieran
con crueldad o frecuencia a un menor de edad o a un incapaz, sujetos a la
patria potestad, tutela o custodia del agente, la pena se incrementará con dos
terceras partes de la sanción prevista.
En ambos casos, a juicio del juez, se decretará la
suspensión o pérdida de los derechos que tenga el agente en relación con el
sujeto pasivo, por un tiempo igual al de la pena de prisión que se imponga.
Artículo 133. Al que infiera a otro lesiones en
riña, se le impondrá la mitad de las penas que correspondan por las lesiones
causadas, si se tratare del provocador, y la tercera parte si se trata del
provocado.
Artículo 134. Cuando las lesiones sean
calificadas, la pena correspondiente a las lesiones simples se incrementará en
dos terceras partes.
Artículo 135. Se perseguirán por querella las
lesiones simples que no pongan en peligro la vida y tarden en sanar menos de
quince días, así como las lesiones culposas, cualquiera que sea su naturaleza,
salvo que sean con motivo de tránsito de vehículos, en los siguientes casos:
I. Que el conductor hubiese realizado la acción u omisión en
estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o de
cualquier otra sustancia que produzca efectos similares;
II. Que el conductor haya abandonado a la víctima, o
III. Derogado.
CAPÍTULO III
Artículo 136. Al que en estado de emoción
violenta cometa homicidio o lesiones, se le impondrá una tercera parte de las
penas que correspondan por su comisión.
Existe emoción violenta, cuando en virtud de las
circunstancias que desencadenaron el delito, se atenúa en forma considerable y
transitoria la imputabilidad del agente.
Artículo 137. La riña es la contienda de obra
entre dos o más personas con el propósito de causarse daño.
Artículo 138. El homicidio y las lesiones son
calificadas cuando se cometan con: ventaja, traición, alevosía, retribución,
por el medio empleado, saña o en estado de alteración voluntaria.
I. Existe ventaja:
a) Cuando el agente es superior en fuerza física al ofendido
y éste no se halla armado;
b) Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor
destreza en el manejo de ellas o por el número de los que intervengan con él;
c) Cuando el agente se vale de algún medio que debilita la
defensa del ofendido; o
d) Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de
pie.
La ventaja no se tomará en consideración en los tres
primeros casos, si el que la tiene obrase en defensa legítima, ni en el cuarto,
si el que se halla armado o de pie fuere el agredido y además hubiere corrido
peligro su vida por no aprovechar esa circunstancia.
II. Existe traición: cuando el agente realiza el hecho
quebrantando la confianza o seguridad que expresamente le había prometido al
ofendido, o las mismas que en forma tácita debía éste esperar de aquél por las
relaciones de confianza real y actual que existen entre ambos;
III. Existe alevosía: cuando el agente realiza el hecho
sorprendiendo intencionalmente a alguien de improviso, o empleando acechanza u
otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le quiera
hacer;
IV. Existe retribución: cuando el agente lo cometa por pago
o prestación prometida o dada;
V. Por los medios empleados: se causen por inundación,
incendio, minas, bombas o explosivos, o bien por envenenamiento, asfixia,
tormento o por medio de cualquier otra sustancia nociva para la salud;
VI. Existe saña: cuando el agente actúe con crueldad o con
fines depravados; y
VII. Existe estado de alteración voluntaria: cuando el
agente lo comete en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o
psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares.
Artículo 139. No se impondrá pena alguna a
quien por culpa ocasione lesiones u homicidio en agravio de un ascendiente o
descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado,
cónyuge, concubina, concubinario o cuando entre el agente y el pasivo exista relación
de pareja permanente, amistad o de familia, salvo que el agente se encuentre
bajo el efecto de bebidas embriagantes, de estupefacientes o psicotrópicos, sin
que medie prescripción médica, o bien que se diere a la fuga y no auxiliare a
la víctima.
Artículo 140. Cuando el homicidio o las
lesiones se cometan culposamente con motivo del tránsito de vehículos, se
impondrá la mitad de las penas previstas en los artículos 123 y 130
respectivamente, en los siguientes casos:
I. Derogado.
II. Derogado.
III. El agente conduzca en estado de ebriedad o bajo el
influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras substancias que produzcan
efectos similares; o
IV. No auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga.
Cuando se ocasionen lesiones de las previstas en las
fracciones VI y VII del artículo 130 de este Código cometidas culposamente y se
trate de vehículos de pasajeros, carga, servicio público o servicio al público
o de transporte escolar, o servicio de transporte de personal de alguna
institución o empresa, y el agente conduzca en estado de alteración voluntaria
de la conciencia a que se refiere la fracción VII del artículo 138 de este
Código, la pena aplicable será de dos años seis meses a ocho años de prisión.
Además, se impondrá suspensión de los derechos en cuyo
ejercicio hubiese cometido el delito, por un lapso igual al de la pena de
prisión que se le imponga; o si es servidor público, inhabilitación por el
mismo lapso para obtener otro empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza.
Artículo 141. Cuando por culpa se cause
homicidio de dos o más personas, en las circunstancias previstas en el artículo
anterior, las penas serán de seis a veinte años de prisión y suspensión de los
derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito por un periodo igual al
de la pena de prisión impuesta; o si es servidor público, destitución e
inhabilitación por igual período para obtener empleo, cargo o comisión de la
misma naturaleza.
Cuando por culpa se causen a dos o más personas, lesiones de
las previstas en las fracciones V, VI ó VII del artículo 130 de este Código,
las sanciones correspondientes se incrementarán en tres cuartas partes;
adicionalmente, se impondrá suspensión de los derechos en cuyo ejercicio
hubiese cometido el delito y en el caso de servidores públicos destitución e
inhabilitación para obtener empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza,
por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.
CAPÍTULO IV
AYUDA O INDUCCIÓN AL SUICIDIO
Artículo 142. Al que ayude a otro para que se
prive de la vida, se le impondrá prisión de uno a cinco años, si el suicidio se
consuma. Si el agente prestare el auxilio hasta el punto de ejecutar él mismo
la muerte, la pena aplicable será de cuatro a diez años de prisión.
Al que induzca a otro para que se prive de la vida, se le
impondrá prisión de tres a ocho años, si el suicidio se consuma.
Si el suicidio no se consuma, por causas ajenas a la
voluntad del que induce o ayuda, pero sí se causan lesiones, se impondrá las
dos terceras partes de la pena anterior, sin que exceda de la pena que
corresponda a las lesiones de que se trate. Si no se causan éstas, la pena será
de una cuarta parte de las señaladas en este artículo.
Artículo 143. Si la persona a quien se induce o
ayuda al suicidio fuere menor de edad o no tuviere capacidad de comprender la
relevancia de su conducta o determinarse de acuerdo con esa comprensión, se
impondrán al homicida o inductor las sanciones señaladas al homicidio
calificado o a las lesiones calificadas.
CAPÍTULO V
ABORTO
Artículo 144. Aborto es la muerte del producto
de la concepción en cualquier momento del embarazo.
Artículo 145. Al que hiciere abortar a una
mujer, se le impondrá de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio
que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella.
Cuando falte el consentimiento, la prisión será de cinco a
ocho años. Si mediare violencia física o moral se impondrá de ocho a diez años
de prisión.
Artículo 146. Si el aborto lo causare un médico
cirujano, comadrón o partera, enfermero o practicante, además de las sanciones
que le correspondan conforme al artículo anterior, se le suspenderá por un
tiempo igual al de la pena de prisión impuesta en el ejercicio de su profesión
u oficio.
Artículo 147. Se impondrá de uno a tres años de
prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que
otro la haga abortar. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará
cuando se haya consumado.
Artículo 148.- Se consideran como excluyentes de responsabilidad
penal en el delito de aborto:
I. Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de
una inseminación artificial a que se refiere el artículo 150 de este Código;
II. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada
corra peligro de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista,
oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea
peligrosa la demora;
III. Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista
razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones
genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales,
al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se
tenga el consentimiento de la mujer embarazada; o
IV. Que sea resultado de una conducta culposa de la mujer
embarazada.
En los casos contemplados en las fracciones I, II y III, los
médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada,
información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos,
riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y alternativas
existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera
libre, informada y responsable.
TÍTULO SEGUNDO
PROCREACIÓN ASISTIDA, INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y
MANIPULACIÓN GENÉTICA
CAPÍTULO I
PROCREACIÓN ASISTIDA E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
Artículo 149. A quien disponga de óvulos o
esperma para fines distintos a los autorizados por sus donantes, se le
impondrán de tres a seis años de prisión y de cincuenta a quinientos días
multa.
Artículo 150. A quien sin consentimiento de una
mujer mayor de dieciocho años o aún con el consentimiento de una menor de edad
o de una incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo,
realice en ella inseminación artificial, se le impondrán de tres a siete años
de prisión.
Si la inseminación se realiza con violencia o de ella
resulta un embarazo, se impondrá de cinco a catorce años de prisión.
Artículo 151. Se impondrá de cuatro a siete
años de prisión a quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando hubiere
utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin el
consentimiento expreso de la paciente, del donante o con el consentimiento de
una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o
para resistirlo.
Si el delito se realiza con violencia o de ella resulta un
embarazo, la pena aplicable será de cinco a catorce años.
Artículo 152. Además de las penas previstas en
el capítulo anterior, se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en
caso de servidores públicos, inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo
o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, así
como la destitución.
Artículo 153. Cuando entre el activo y la
pasivo exista relación de matrimonio, concubinato o relación de pareja, los
delitos previstos en los artículos anteriores se perseguirán por querella.
CAPÍTULO II
MANIPULACIÓN GENÉTICA
Artículo 154. Se impondrán de dos a seis años
de prisión, inhabilitación, así como suspensión por igual término para
desempeñar cargo, empleo o comisión públicos, profesión u oficio, a los que:
I. Con finalidad distinta a la eliminación o disminución de
enfermedades graves o taras, manipulen genes humanos de manera que se altere el
genotipo;
II. Fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto al de
la procreación humana; y
III. Creen seres humanos por clonación o realicen
procedimientos de ingeniería genética con fines ilícitos.
Articulo 155. Si resultan hijos a consecuencia
de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores,
la reparación del daño comprenderá además, el pago de alimentos para éstos y
para la madre, en los términos que fija la legislación civil.
TÍTULO TERCERO
DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LAS
PERSONAS
CAPÍTULO I
Artículo 156. Al que abandone a una persona
incapaz de valerse por sí misma teniendo la obligación de cuidarla, se le
impondrán de tres meses a tres años de prisión si no resultare lesión o daño
alguno. Además, si el activo fuese ascendiente o tutor del ofendido, se le
privará de la patria protestad o de la tutela,
Artículo 157. Al que después de lesionar a una
persona, culposa o fortuitamente, no le preste auxilio o no solicite la
asistencia que requiere pudiendo hacerlo, se le impondrá de quince a sesenta
días multa, independientemente de la pena que proceda por el o los delitos
cometidos.
Artículo 158. Al que exponga en una institución
o ante cualquier otra persona a un incapaz de valerse por sí mismo, respecto
del cual tenga la obligación de cuidar o se encuentre legalmente a su cargo, se
le impondrá de tres meses a un año de prisión.
Los ascendientes o tutores que entreguen en una casa de
expósitos a un menor de doce años que esté bajo su potestad o custodia,
perderán por ese sólo hecho los derechos que tengan sobre la persona y bienes
del expósito.
No se impondrá pena alguna a la madre que entregue a su hijo
por ignorancia, extrema pobreza, o cuando sea producto de una violación o
inseminación artificial a que se refiere el artículo 150 de este Código.
Artículo 159. Al que sabiendo que padece una
enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud
de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre y cuando la
víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia, se le impondrán prisión de
tres meses a tres años y de cincuenta a trescientos días multa.
Si la enfermedad padecida fuera incurable, se impondrán
prisión de tres meses a diez años y de quinientos a dos mil días multa. Este
delito se perseguirá por querella de la víctima u ofendido.
TÍTULO CUARTO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL
CAPÍTULO I
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL
Artículo 160. Se impondrán de seis meses a tres
años de prisión y de veinticinco a cien días multa, al particular que prive a
otro de su libertad, sin el propósito de obtener un lucro, causar un daño o
perjuicio a la persona privada de su libertad o a cualquier otra.
Si la privación de la libertad excede de veinticuatro horas,
la pena de prisión se incrementará un mes por cada día.
Si el agente espontáneamente libera a la víctima dentro de
las veinticuatro horas siguientes al de la privación de la libertad, la pena de
prisión será de la mitad de la prevista.
La pena de prisión se aumentará en una mitad, cuando la
privación de la libertad se realice con violencia, la víctima sea menor de edad
o mayor de sesenta años o por cualquier circunstancia, la víctima esté en
situación de inferioridad física o mental respecto del agente.
Cuando la privación de la libertad se lleve a cabo
únicamente para cometer los delitos de robo o extorsión, previstos en los
artículos 220 y 236 de este Código respectivamente, la pena será de cinco a
veinte años de prisión.
Artículo 161. Se impondrán de tres a ocho años
de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, y al pago de los salarios y
prestaciones legales de la víctima a quien obligue a otro a prestarle trabajos
o servicios personales sin la retribución debida, ya sea empleando violencia
física o moral o valiéndose del engaño, de la intimidación o de cualquier otro
medio.
CAPÍTULO II
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CON FINES SEXUALES
Artículo 162. Al que prive a otro de su
libertad, con el propósito de realizar un acto sexual, se le impondrá de uno a
cinco años de prisión.
Si dentro de las veinticuatro horas siguientes, el autor del
delito restituye la libertad a la víctima, sin haber practicado el acto sexual,
la sanción será de tres meses a tres años de prisión.
Este delito se perseguirá por querella.
CAPÍTULO III
SECUESTRO
Artículo 163.- Al que prive de la libertad a
otro con el propósito de obtener rescate, algún beneficio económico, causar
daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a cualquiera otra, se le
impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de mil a tres mil días multa.
Artículo 163 bis. Comete el delito de privación de
la libertad en su modalidad de secuestro express, el que prive de la libertad a
otro por el tiempo estrictamente indispensable para cometer los delitos de robo
o extorsión, previstos en los artículos 220 y 236 de este Código o para obtener
algún beneficio económico.
Se le impondrá de veinte a cuarenta años de prisión y de
quinientos a dos mil días multa, sin perjuicio de las penas que corresponden
por los delitos de robo o extorsión y de las reglas de aplicación del concurso
para la imposición de sanciones.
Artículo 164.- Las penas previstas en los dos
artículos anteriores se incrementarán en una tercera parte, si en la privación
de la libertad a que se hace referencia en los mismos concurre cualquiera de
las circunstancias siguientes:
I. Que se realice en un domicilio particular, lugar de
trabajo o a bordo de un vehículo;
II. Que el autor sea o haya sido integrante de alguna
corporación de seguridad pública o privada, o se ostente como tal sin serlo;
III. Que quienes lo lleven a cabo actúen en grupo;
IV. Que se realice con violencia, o aprovechando la
confianza depositada en él o los autores; o
V. Que la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años,
o que por cualquier otra circunstancia se encuentre en inferioridad física o
mental respecto de quien ejecuta la privación de la libertad.
VI. Que el sujeto activo utilice para delinquir a una o más
personas menores de edad o que no tengan la capacidad para comprender el
significado del hecho; o
VII. Que se cause un daño o alteración a la salud de la
víctima conforme a lo previsto en el artículo 130 de este Código, sin perjuicio
de la aplicación de las reglas del concurso para la imposición de sanciones.
Si se libera espontáneamente al secuestrado, dentro de las
veinticuatro horas siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr
alguno de los propósitos a que se refiere el artículo anterior, las penas serán
de una quinta parte.
Artículo 165.- En caso de que el secuestrado sea
privado de la vida por su o sus secuestradores, o que fallezca durante el
tiempo en que se encuentre privado de su libertad, se impondrán de cincuenta a
setenta años de prisión y de cinco mil a diez mil días multa.
Artículo 166.- Se impondrán las mismas penas
señaladas en el artículo 165, cuando la privación de la libertad se realice en
contra de un menor de edad ó de quien por cualquier causa no tenga capacidad de
comprender ó resistir la conducta, con el propósito de obtener un lucro por su
venta o entrega.
Artículo 166 bis. Se impondrá de uno a ocho años de
prisión y de doscientos a mil días multa, al que en relación con las conductas
sancionadas en este capítulo y fuera de las causas de exclusión del delito
previstas por la ley:
I. Actúe como asesor o intermediario en las negociaciones
del rescate, con fines lucrativos o sin el consentimiento de quienes
representen o gestionen a favor de la víctima;
II. Colabore en la difusión pública de las pretensiones o
mensajes de los secuestradores, fuera del estricto derecho a la información;
III. Aconseje el no presentar la denuncia del secuestro
cometido, o bien el no colaborar o el obstruir la actuación de las autoridades;
o
IV. Intimide a la víctima, a sus familiares o a sus
representantes, durante o después del secuestro, para que no colaboren con las
autoridades competentes.
Artículo 167. A quien simule encontrarse
privado de su libertad con amenaza de su vida o daño a su persona, con el
propósito de obtener rescate o con la intención de que la autoridad o un
particular realice o deje de realizar un acto cualquiera, se le impondrán de
dos a ocho años de prisión y de cien a quinientos días multa.
Las mismas penas se impondrán a cualquiera que intervenga en
la comisión de este delito.
Este delito se perseguirá por querella de parte ofendida,
cuando sea cometido por un ascendiente, descendiente, cónyuge, parientes por
consanguinidad hasta el segundo grado, concubina, concubinario, pareja
permanente, adoptante o adoptado, y parientes por afinidad hasta el segundo
grado.
CAPÍTULO IV
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS
Artículo 168. Al servidor público del Distrito
Federal que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o
varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin
reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su
paradero, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las
garantías procesales procedentes, se le sancionará con prisión de quince a
cuarenta años y de trescientos a mil días multa, destitución e inhabilitación
para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.
Al particular que por orden, autorización o con el apoyo de
un servidor público participe en los actos descritos en el párrafo anterior, se
le impondrán prisión de ocho a quince años y de ciento cincuenta a quinientos
días multa.
Las sanciones previstas en los párrafos precedentes se
disminuirán en una tercera parte, cuando el agente suministre información que
permita esclarecer los hechos y, en una mitad, cuando contribuya a lograr la
aparición con vida de la víctima.
Este delito no se sujetará a las reglas de la prescripción,
por lo que no prescribirá bajo los supuestos a que ellas se refieren.
CAPÍTULO V
TRÁFICO DE MENORES
Artículo 169. Al que con el consentimiento de un
ascendiente que ejerza la patria potestad o de quien tenga a su cargo la
custodia de un menor, aunque ésta no haya sido declarada, lo entregue
ilegalmente a un tercero para su custodia definitiva, a cambio de un beneficio
económico, se le impondrán de dos a nueve años de prisión y de doscientos a
quinientos días multa.
Las mismas penas a que se refieren el párrafo anterior, se
impondrán a los que a cambio de un beneficio económico, otorguen el
consentimiento al tercero que reciba al menor o al ascendiente que, sin
intervención de intermediario, incurra en la conducta señalada en el párrafo
anterior.
Cuando en la comisión del delito no exista el consentimiento
a que se refiere el párrafo primero, las penas se aumentarán en un tanto más de
la prevista en aquél.
Si el menor es trasladado fuera del territorio del Distrito
Federal, las sanciones se incrementarán en un tercio.
Si la entrega definitiva del menor se hace sin la finalidad
de obtener un beneficio económico, la pena aplicable al que lo entrega será de
uno a tres años de prisión.
Si se acredita que quien recibió al menor lo hizo para
incorporarlo a su núcleo familiar y otorgarle los beneficios propios de tal
incorporación, se reducirá en una mitad la pena prevista en el párrafo
anterior.
Además de las penas señaladas los responsables de los
delitos perderán los derechos que tengan en relación con el menor, incluidos
los de carácter sucesorio.
Artículo 170. Si espontáneamente se devuelve al
menor dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del delito, se
impondrá una tercera parte de las sanciones previstas en los artículos
anteriores.
Si la recuperación de la víctima se logra por datos
proporcionados por el inculpado, las sanciones se reducirá en una mitad.
CAPÍTULO VI
RETENCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE MENORES O INCAPACES
Artículo 171. Al que sin tener relación de
parentesco, a que se refiere el artículo 173 de este Código, o de tutela de un
menor de edad o incapaz, lo retenga sin el consentimiento de quien ejerza su
custodia legítima o su guarda, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de
cien a quinientos días de multa.
A quien bajo los mismos supuestos del párrafo anterior los
sustraiga de su custodia legítima o su guarda, se le impondrá de cinco a quince
años de prisión y de doscientos a mil días multa.
Artículo 172. Si la retención o sustracción se
realiza en contra de una persona menor de doce años de edad, las penas
previstas en el artículo anterior se incrementarán en una mitad.
Si la sustracción tiene como propósito incorporar a la
persona a círculos de corrupción de menores o traficar con sus órganos, las
penas se aumentarán en un tanto.
Artículo 173. Se impondrá de uno a cinco años de
prisión y de cien a quinientos días de multa, al ascendiente, descendiente,
pariente colateral o afín hasta el cuarto grado, que retenga o sustraiga a un
menor o incapaz, en los siguientes casos:
I. Que haya
perdido la patria potestad o ejerciendo ésta se encuentre suspendido o
limitado;
II. No tenga la guarda y custodia provisional o definitiva o
la tutela sobre él;
III. No permita las convivencias decretadas por resolución
judicial; o
IV. Teniendo la guarda y custodia compartida, no devuelva al
menor en los términos de la resolución que se haya dictado para ello.
Este delito se perseguirá por querella.
TÍTULO QUINTO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y
EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL
VIOLACIÓN
Artículo 174. Al que por medio de la violencia
física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá
prisión de seis a diecisiete años.
Se entiende por cópula, la introducción del pené en el
cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal.
Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que
introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier
parte del cuerpo humano, distinto al pene, por medio de la violencia física o
moral.
Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un
vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista
en este artículo, en estos casos el delito se perseguirá por querella.
Artículo 175. Se equipara a la violación y se
sancionará con la misma pena, al que:
I. Realice cópula con persona menor de doce años de edad o
con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o
por cualquier causa no pueda resistirlo; o
II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento
o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de
doce años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado
del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo.
Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista
se aumentará en una mitad.
CAPÍTULO II
ABUSO SEXUAL
Artículo 176. Al que sin consentimiento de una
persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto
sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo, se le impondrá de uno a
seis años de prisión.
Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena
prevista se aumentará en una mitad.
Este delito se perseguirá por querella, salvo que concurra
violencia.
Artículo 177. Al que sin el propósito de llegar
a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de doce años o persona
que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por
cualquier causa no pueda resistirlo, o la obligue a observar o ejecutar dicho
acto, se le impondrán de dos a siete años de prisión.
Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena
prevista se aumentará en una mitad.
Artículo 178. Las penas previstas para la
violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, cuando
fueren cometidos:
I. Con intervención directa o inmediata de dos o más
personas;
II. Por ascendiente contra su descendiente, éste contra
aquél, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, el padrastro
o la madrastra contra su hijastro, éste contra cualquiera de ellos, amasio de
la madre o del padre contra cualquiera de los hijos de éstos o los hijos contra
aquellos. Además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad
o la tutela, en los casos en que la ejerciere sobre la víctima, así como los
derechos sucesorios con respecto del ofendido;
III. Por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza
su profesión, utilizando los medios o circunstancia que ellos le proporcionen.
Además de la pena de prisión, el sentenciado será destituido del cargo o empleo
o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de dicha profesión;
IV. Por la persona que tenga al ofendido bajo su custodia,
guarda o educación o aproveche la confianza en ella depositada;
V. Fuere cometido al encontrarse la víctima a bordo de un
vehículo particular o de servicio público; o
VI. Fuere cometido en despoblado o lugar solitario.
CAPÍTULO III
HOSTIGAMIENTO SEXUAL
Artículo 179. Al que acose sexualmente con la
amenaza de causarle a la víctima un mal relacionado respecto a la actividad que
los vincule, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión.
Si el hostigador fuese servidor público y se aprovechare de
esa circunstancia, además de la pena prevista en el párrafo anterior, se le
impondrá destitución por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta.
Este delito se perseguirá por querella.
CAPÍTULO IV
Artículo 180. Al que tenga cópula con persona
mayor de doce y menor de dieciocho años, obteniendo su consentimiento por medio
de cualquier tipo de engaño, se le impondrá de seis meses a cuatro años de
prisión.
Este delito se perseguirá por querella.
CAPÍTULO V
Artículo 181. A los hermanos y a los
ascendientes o descendientes consanguíneos en línea recta, que con conocimiento
de su parentesco tengan cópula entre sí se les impondrá prisión o tratamiento
en libertad de uno a seis años.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 182. Cuando a consecuencia de la
comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores resulten
hijos, la reparación del daño comprenderá además, el pago de alimentos para
éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil.
TÍTULO SEXTO
DELITOS CONTRA LA MORAL PÚBLICA
CAPÍTULO I
CORRUPCIÓN DE MENORES E INCAPACES
Artículo 183. Al que por cualquier medio,
procure, induzca o facilite el que una persona menor de edad o quien no tenga
la capacidad para comprender el significado del hecho, realice actos de
exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, prostitución, ebriedad, consumo de
drogas o enervantes, prácticas sexuales o a cometer hechos delictuosos, se le
impondrán de seis a diez años de prisión y de trescientos a mil días multa.
Cuando de la práctica reiterada de los actos de corrupción,
el menor o incapaz adquiera los hábitos del alcoholismo, farmacodependencia, se
dedique a la prostitución, práctica de actos sexuales, a formar parte de una
asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, las penas serán de siete
a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa.
Al que procure o facilite la práctica de la mendicidad, se
le impondrán de tres a ocho años de prisión y de cincuenta a trescientos días
multa.
Cuando los actos de corrupción a los que se refiere este
artículo, se realicen reiteradamente sobre el mismo menor o incapaz o éstos
incurran en la comisión de algún delito, la prisión se aumentará de dos a cinco
años.
No se entenderá por corrupción de menores los programas
preventivos, educativos o informativos que diseñen e impartan las instituciones
públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la educación sexual,
educación sobre la función reproductiva, prevención de infecciones de
transmisión sexual y embarazo de adolescentes.
Artículo 184. Se impondrán prisión de uno a
cuatro años y de cincuenta a doscientos días multa, a quien:
I.-emplee directa o indirectamente los servicios de una
persona menor de edad en un lugar nocivo para su sana formación psicosocial; o
II. Acepte que su hijo o pupilo menor de edad, preste sus
servicios en lugar nocivo para su sana formación psicosocial.
A quien permita directa o indirectamente el acceso de un
menor a espectáculos, obras gráficas o audiovisuales de carácter pornográfico,
se le impondrán prisión de uno a tres años y de cincuenta a doscientos días multa.
Para efectos de este artículo, se considera como empleado al
menor que por un salario, por la sola comida, por comisión de cualquier índole,
por cualquier otro estipendio, gaje o emolumento, o gratuitamente preste sus
servicios en tales lugares.
Artículo 185. Las sanciones que contempla el
artículo anterior, se duplicarán cuando el responsable tenga parentesco por
consanguinidad, por afinidad o civil o habite ocasional o permanentemente en el
mismo domicilio con la víctima aunque no existiera parentesco alguno, así como
por el tutor o curador. Además, perderá la patria potestad respecto de todos
sus descendientes, el derecho a alimentos que le correspondieran por su
relación con la víctima y el derecho que pudiera tener respecto a los bienes de
ésta.
Artículo 186. Al que promueva, publicite,
facilite o gestione, por cualquier medio, viajes al territorio del Distrito
Federal o al exterior de éste, con el propósito de que la persona que viaja
tenga relaciones sexuales con menores de edad o con quien no tenga capacidad de
comprender o resistir el hecho, se le impondrá una pena de cinco a catorce años
de prisión y de mil a cinco mil días multa.
Artículo 187. Al que por cualquier medio
procure, facilite o induzca a una persona menor de edad, a realizar actos de
exhibicionismo corporal o sexuales, con el objeto de videograbarla,
fotografiarla o exhibirla a través de medios, se le impondrán de seis a catorce
años de prisión y de quinientos a cinco mil días multa, así como el decomiso de
los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la destrucción de
los materiales gráficos.
Se impondrán las mismas sanciones a quien financie, elabore,
reproduzca, comercialice, distribuya, arriende, exponga, publicite o difunda el
material a que se refieren las acciones anteriores.
No constituye pornografía infantil el empleo los programas
preventivos, educativos o informativos que diseñen e impartan las instituciones
públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la educación sexual,
educación sobre la función reproductiva, prevención de infecciones de
transmisión sexual y embarazo de adolescentes.
Artículo
188.- Al que promueva, publicite, invite, facilite o gestione por
cualquier medio con el propósito que se tengan relaciones sexuales con menores
de edad, se le impondrá una pena de cinco a catorce años de prisión y de cien a
dos mil días multa.
Las mismas penas se impondrán a quien por virtud de las
conductas anteriores, obtengan relaciones sexuales con menores de edad.
Artículo 188
BIS.- Si los delitos contenidos en este capítulo son cometidos
por quien se valiere de una función pública que estuviere ejerciendo, se le
impondrá la tercera parte más de las penas que correspondan y destitución del
empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeña otro, hasta
por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
LENOCINIO
Artículo 189. Se sancionará con prisión de dos
a diez años y de quinientos a cinco mil días multa, al que:
I. Habitual u ocasionalmente explote el cuerpo de una
persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual;
II. Induzca a una persona para que comercie sexualmente su
cuerpo con otra o le facilite los medios para que se prostituya; o
III. Regentee, administre o sostenga prostíbulos, casas de
cita o lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución, u obtenga
cualquier beneficio con sus productos.
Artículo 190. Las penas se agravarán en una
mitad, si se emplea violencia o cuando la víctima del delito sea menor de edad
o no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo, o
cuando el agente se valiese de su función pública.
CAPÍTULO IV
EXPLOTACIÓN
LABORAL DE MENORES O PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL
Artículo 190 Bis.- Al que por cualquier medio,
regentee, administre, induzca u obtenga un beneficio económico, a través de la
explotación laboral de un menor o de una persona con discapacidad física o
mental, poniéndolo a trabajar en las calles, avenidas, ejes viales, espacios
públicos, recintos privados o cualquier vía de circulación, se le impondrá de
dos a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa. También se le
condenará al pago de la retribución omitida o despojada, la cual deberá fijarse
con base en la naturaleza y condiciones de las actividades laborales
desarrolladas por el sujeto pasivo; pero en ningún caso podrá ser menor al
salario mínimo general vigente.
Se entiende por explotación laboral, la acción de despojar o
retener, todo o en parte, el producto del trabajo, contra la voluntad de quien
labora.
Las penas de prisión y multa, previstas en el párrafo
inicial de este precepto, se incrementarán en una mitad en términos del
artículo 71 de este ordenamiento, cuando la conducta se realice respecto de dos
o más sujetos pasivos, o cuando se emplee la violencia física o moral, o cuando
cometan el delito conjuntamente tres o más personas.
CAPITULO V
DISPOSICIONES
COMUNES
Artículo 191. Si en la comisión de los delitos
previstos en este Título el sujeto se valiese de la función pública o privada,
la profesión u oficio que desempeña, aprovechándose de los medios o
circunstancias que ellos le proporcionan, se le destituirá del empleo, cargo o
comisión públicos e inhabilitará para desempeñar otro, o se le suspenderá del
ejercicio de la profesión u oficio por un tiempo igual al de la pena de prisión
impuesta.
Artículo 192. Las sanciones que se señalan en
los capítulos precedentes se aumentarán en una mitad, cuando el delito sea
cometido por una asociación delictuosa.
TITULO SÉPTIMO
DELITOS QUE
ATENTAN CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA
Artículo
193.- Al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las
personas que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá de seis meses a cuatro
años de prisión o de noventa a trescientos sesenta días multa, suspensión o
pérdida de los derechos de familia, y pago como reparación del daño de las
cantidades no suministradas oportunamente.
Para los efectos de éste Artículo,
se tendrá por consumado el delito aun cuando el o los acreedores alimentarios
se dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero.
Cuando no sean comprobables el
salario o los ingresos del deudor alimentario, para efectos de cubrir los
alimentos o la reparación del daño, se determinarán con base en la capacidad
económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan
llevado en los dos últimos años.
Artículo
194.- Al que renuncie a su empleo o
solicite licencia sin goce de sueldo
y sea éste el único medio de
obtener ingresos o se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de
las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de prisión de uno a cuatro años y de doscientos a quinientos días multa,
pérdida de los derechos de familia y pago, como reparación del daño, de las
cantidades no suministradas oportunamente.
Artículo 195.- Se impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y de doscientos
a quinientos días multa a aquellas personas que obligadas a informar acerca de
los ingresos de quienes deban cumplir con todas las obligaciones señaladas en
los Artículos anteriores, incumplan con la orden judicial de hacerlo o
haciéndolo no lo hagan dentro del término ordenado por el Juez u omitan realizar
de inmediato el descuento ordenado.
Artículo
196.- Para el caso de que la persona legitimada para
ello otorgue el perdón, sólo procederá si el indiciado, procesado o sentenciado
paga todas las cantidades que hubiere dejado de proporcionar por concepto de
alimentos y otorgue garantía cuando menos por el monto equivalente a un año.
Artículo 197.- Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias,
ocurre en incumplimiento de una resolución judicial, las sanciones se
incrementarán en una mitad.
Artículo 198.- Se deroga
Artículo 199.- Los delitos
previstos en este Título se perseguirán por querella.
TITULO
OCTAVO.
DELITOS
COMETIDOS EN CONTRA DE UN MIEMBRO DE LA FAMILIA.
CAPITULO
ÚNICO
VIOLENCIA FAMILIAR.
Artículo 200.- Se impondrán de seis meses a cuatro años de prisión, pérdida de los
derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio
y en su caso, a juicio del juez, prohibición de ir a lugar determinado o de
residir en él, además se le sujetará a
tratamiento psicológico, que en ningún caso excederá del tiempo impuesto en la
pena de prisión, independientemente de las sanciones que correspondan por las
lesiones inferidas o por cualquier otro delito: al cónyuge, concubina o
concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin
limitación de grado, al pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto
grado, al adoptante o adoptado, que maltrate física o psicoemocionalmente a un
miembro de la familia.
Para los efectos de este Artículo se considera
maltrato físico: a todo acto de agresión intencional en el que se utilice
alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar,
inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro;
Maltrato psicoemocional: a
los actos u omisiones repetitivos
cuyas formas de expresión pueden ser: prohibiciones, coacciones,
condicionamientos, intimidaciones, actitudes devaluatorias que provoquen en
quien las recibe, deterioro, disminución o afectación a alguna o todas las
áreas que integran la estructura psíquica.
Se entiende por miembro de familia: a la
persona que se encuentra unida por una relación de matrimonio, concubinato, o
por un lazo de parentesco consanguíneo, en línea recta ascendente o descendente
sin limitación de grado, o parentesco
colateral o afín hasta el cuarto grado,
así como por parentesco civil.
La educación o formación del menor no será en
ningún caso considerada justificación como forma de maltrato.
En el caso de que el agresor
sea reincidente, se aumentará en una mitad la pena privativa de libertad.
Este delito se perseguirá por querella, salvo
que la víctima sea menor de edad o incapaz.
Artículo 201.- Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con las mismas penas
y medidas de seguridad, al que realice cualquiera de los actos u omisiones
señalados en el Artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a su
custodia, protección o cuidado, o tenga
el cargo de tutor o curador sobre la persona, o de aquellas personas que no reúnen los requisitos para considerarse como concubinato,
siempre y cuando hagan vida en común.
Este delito se perseguirá por querella.
Artículo 202.- El Agente del Ministerio Público apercibirá al indiciado para que se
abstenga de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para la víctima,
debiendo de aplicar las medidas de apremio que concede la ley, para su
cumplimiento.
Al ejercitarse la acción penal, el Representante Social, solicitará a la
Autoridad Judicial, la aplicación de medidas de protección para la víctima y el
Juez resolverá sin dilación.
TÍTULO NOVENO
DELITOS CONTRA LA FILIACIÓN Y LA INSTITUCIÓN DEL
MATRIMONIO
CAPÍTULO I
ESTADO CIVIL
Artículo 203. Se impondrán de uno a seis años
de prisión y de cien a mil días multa, al que con el fin de alterar el estado
civil incurra en alguna de las conductas siguientes:
I. Presente a registrar a una persona, asumiendo la
filiación que no le corresponda;
II. Inscriba o haga registrar el nacimiento de una persona,
sin que esto hubiese ocurrido;
III. Omita presentar para el registro del nacimiento a una
persona, teniendo dicha obligación, con el propósito de hacerle perder los
derechos derivados de su filiación;
IV. Declare falsamente el fallecimiento de una persona en el
acta respectiva;
V. Presente a registrar a una persona, atribuyendo a
terceros la paternidad que no le corresponda;
VI. Usurpe el estado civil o la filiación de otro, con el
fin de adquirir derechos de familia que no le correspondan;
VII. Sustituya a un menor por otro o cometa ocultación de aquél
para perjudicarlo en sus derechos de familia; o
VIII. Inscriba o haga registrar un divorcio o nulidad de
matrimonio inexistentes o que aún no hubiesen sido declarados por sentencia que
haya causado ejecutoria.
El Juez podrá prescindir de la sanción si el agente actúa
por motivos nobles o humanitarios, en el caso a que se refiere la fracción I de
este artículo.
Artículo 204. El que cometa alguno de los
delitos expresados en el artículo anterior, perderá los derechos que tenga con
respecto al ofendido, incluidos los de carácter sucesorio.
CAPÍTULO II
Artículo 205. Se impondrán de uno a cinco años
de prisión y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa, al que:
I. Se encuentre unido con una persona en matrimonio no
disuelto ni declarado nulo, y contraiga otro matrimonio; o
II. Contraiga matrimonio con una persona casada, si conocía
el impedimento al tiempo de celebrarse aquél.
TÍTULO DÉCIMO
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 206. Se impondrán de uno a tres años de
prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y
multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado
civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación
sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o
profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado
de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas:
I.- Provoque o incite al odio o a la violencia;
II.- Niegue a una persona un servicio o una prestación a la
que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que toda
persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público
en general;
III.- Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o
IV.- Niegue o restrinja derechos laborales.
Al servidor público que, por las razones previstas en el
primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite,
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la
pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le
impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo,
empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad
impuesta.
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas
medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos.
Este delito se perseguirá por querella.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DELITOS CONTRA LAS NORMAS DE INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN Y
CONTRA EL RESPETO A LOS CADÁVERES O RESTOS HUMANOS
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 207. Se impondrá prisión de tres meses
a dos años o de treinta a noventa días multa, al que:
I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o feto
humanos, sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que
exijan los Códigos Civil y Sanitario o leyes especiales; o
II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin los
requisitos legales o con violación de derechos.
Las sanciones se incrementarán en una mitad, a quien oculte,
destruya, o mutile, o sin la licencia correspondiente, sepulte el cadáver de
una persona, restos o feto humanos, siempre que la muerte haya sido a
consecuencia de golpes, heridas u otras lesiones, si el agente sabía esa
circunstancia.
Artículo 208. Se impondrá de uno a cinco años
de prisión:
I. Al que viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; o
II. Al que profane un cadáver o restos humanos con actos de
vilipendio, mutilación, brutalidad o necrofilia.
Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la
realización del coito, la pena de prisión será de cuatro a ocho años.
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DELITOS CONTRA LA PAZ, LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y
LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO
CAPÍTULO I
Artículo 209. Al que amenace a otro con
causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos, o en la persona, honor,
bienes o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le
impondrá de tres meses a un año de prisión o de noventa a trescientos sesenta
días multa.
Se debe entender como ligados por algún vínculo con la
persona:
a) A los ascendientes y descendientes consanguíneos o
afines;
b) El cónyuge, la concubina, el concubinario, pareja
permanente y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y
por afinidad hasta el segundo; y
c) Los que estén ligados con las personas por amor, respeto,
gratitud o estrecha amistad.
Este delito se perseguirá por querella.
CAPÍTULO II
Artículo 210. Al que se introduzca a un
departamento, vivienda, aposento o dependencia de una casa habitación sin
motivo justificado, sin orden de autoridad competente, furtivamente, con
engaño, violencia o sin permiso de la persona autorizada para darlo, se le
impondrá de seis meses a dos años de prisión o de cincuenta a cien días multa.
Si el hecho se realiza por dos o más personas o por servidor
público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, la pena será de
uno a cuatro años de prisión.
Artículo 211. Se impondrán las penas previstas
en el artículo anterior, al que se introduzca sin orden de autoridad competente
o sin permiso de la persona autorizada para ello, en el domicilio de una
persona moral pública o privada, despacho profesional, establecimiento
mercantil o local abierto al público fuera del horario laboral que corresponda.
Los delitos
previstos en este capítulo, se perseguirán por querella.
TÍTULO DÉCIMO TERCERO
DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD PERSONAL Y LA
INVIOLABILIDAD DEL SECRETO
Artículo 212. Se impondrá de seis meses a tres
años de prisión, al que sin consentimiento de quien esté legitimado para
otorgarlo y, para conocer asuntos relacionados con la intimidad de la persona:
I. Se apodere de documentos u objetos de cualquier clase; o
II. Utilice medios técnicos para escuchar, observar, grabar
la imagen o el sonido.
Este delito se perseguirá por querella.
Artículo 213. Al que sin consentimiento de
quien tenga derecho a otorgarlo y en perjuicio de alguien, revele un secreto o
comunicación reservada, que por cualquier forma haya conocido o se le haya
confiado, o lo emplee en provecho propio o ajeno, se le impondrán prisión de
seis meses a dos años y de veinticinco a cien días multa.
Si el agente conoció o recibió el secreto o comunicación
reservada con motivo de su empleo, cargo, profesión, arte u oficio, o si el
secreto fuere de carácter científico o tecnológico, la prisión se aumentará en
una mitad y se le suspenderá de seis meses a tres años en el ejercicio de la
profesión, arte u oficio.
Cuando el agente sea servidor público, se le impondrá,
además, destitución e inhabilitación de seis meses a tres años.
TÍTULO DÉCIMO CUARTO
CAPÍTULO I
Artículo 214. Al que con ánimo de dañar,
comunique a una o más personas, la imputación que se hace a otra persona física
o moral de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda
causar o cause a ésta una afectación en su honor, dignidad o reputación, se
impondrá prisión de seis meses a dos años o cien a seiscientos días multa o
ambas sanciones, a juicio del Juez.
Artículo 215. No se comete el delito de
difamación, cuando:
I. Se manifieste técnicamente un parecer sobre alguna
producción literaria, artística, científica o industrial;
II. Se manifieste un juicio sobre la capacidad, instrucción,
aptitud o conducta de otro, si se probare que se actuó en cumplimiento de un
deber o por interés público o que, con la debida reserva, se hizo por
humanidad, por prestar un servicio a persona con quien se tenga parentesco o
amistad, o dándose informaciones que se le hubieren pedido; o
III. Se presente un escrito ante el Ministerio Público o
tribunales, o se pronuncie un discurso ante los tribunales, que contengan
expresiones difamatorias, relacionadas con el asunto que se ventile, pues en
tal caso, según la gravedad del hecho, podrá aplicársele al autor alguna de las
correcciones disciplinarias permitidas por la ley, siempre y cuando no se
extienda a personas extrañas al litigio ni a hechos no relacionados con el
asunto de que se trate.
CAPÍTULO II
CALUMNIA
Artículo 216. Al que impute falsamente a otro
la comisión de un hecho que la ley califique como delito, a sabiendas de que
éste no existe o de que el imputado no es el que lo cometió, se le impondrá prisión
de dos a seis años.
Cuando el delito imputado sea grave la pena será de tres a
siete años de prisión.
Si el calumniado es condenado por sentencia irrevocable, se
impondrá al calumniador la misma sanción que a aquél, pero en ningún caso será
menor a las previstas en este precepto.
Artículo 217. Aunque se acredite la inocencia
del calumniado, o que son falsos los hechos en que se apoya la denuncia o
querella, no se castigará como calumniador al que las hizo, si probare
plenamente haber tenido causas bastantes para incurrir en error.
Tampoco se impondrá sanción alguna al autor de una denuncia
o querella, si los hechos que en ellas se imputan son ciertos, aunque no
constituyan un delito, y él erróneamente les haya atribuido ese carácter.
Cuando exista una sentencia irrevocable que haya absuelto al
calumniado del delito que aquél le imputa, o en que hubiere procedido
reconocimiento de inocencia, no se admitirá prueba alguna de su imputación al
acusado de calumnia, ni se liberará de la sanción correspondiente.
Artículo 218. Cuando esté pendiente el proceso
seguido por un delito imputado calumniosamente, no correrá la prescripción para
la persecución de la calumnia o, en su caso, se suspenderá el procedimiento
iniciado por esta última, hasta que se dicte resolución irrevocable que ponga
fin al primer proceso.
Capítulo III
Artículo 219. Los delitos de difamación y
calumnia se perseguirán por querella.
Cuando la difamación o la calumnia se refieran a persona ya
fallecida, se procederá por querella del cónyuge, concubina o concubinario,
pareja permanente, ascendientes, descendientes o hermanos. Cuando la difamación
o la calumnia se hubiese cometido con anterioridad al fallecimiento del
ofendido, no procederá la querella de las personas mencionadas, si aquél
hubiere permitido la ofensa y pudiendo hacerlo no hubiese presentado la
querella, salvo que hubiere prevenido que lo hicieren sus herederos.
TÍTULO DÉCIMO QUINTO
ROBO
Artículo 220. Al que con ánimo de dominio y sin
consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa
mueble ajena, se le impondrán:
I. Se deroga
II. Prisión de seis meses a dos años y sesenta a ciento
cincuenta días multa, cuando el valor de lo robado no exceda de trescientas
veces el salario mínimo o cuando no sea posible determinar el valor de lo
robado;
III. Prisión de dos a cuatro años y de ciento cincuenta a
cuatrocientos días multa, cuando el valor de lo robado exceda de trescientas
pero no de setecientas cincuenta veces el salario mínimo, y
IV.- Prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos o
seiscientos días multa, cuando el valor de lo robado exceda de setecientas
cincuenta veces el salario mínimo.
Para determinar la cuantía del robo, se atenderá únicamente
al valor de mercado que tenga la cosa en el momento del apoderamiento.
Artículo 221. Se impondrán las mismas penas
previstas en el artículo anterior, a quien sin consentimiento de la persona que
legalmente pueda otorgarlo:
I. Aproveche energía eléctrica o cualquier otro fluido; o
II. Se apodere de cosa mueble propia, si ésta se encuentra
en poder de otra persona por cualquier título legítimo.
Artículo 222. Al que se apodere de una cosa
ajena sin consentimiento del dueño o legitimo poseedor y acredite que dicho
apoderamiento se ha realizado con ánimo de uso y no de dominio, se le impondrá
de tres meses a un año de prisión o de treinta a noventa días multa.
Como reparación del daño, pagará al ofendido el doble del
alquiler, arrendamiento o interés de la cosa usada, conforme a los valores de
mercado.
Artículo 223. Se aumentarán en una mitad las
penas previstas en el artículo 220 de este Código, cuando el robo se cometa:
I. En un lugar cerrado;
II. Se deroga.
III. Aprovechando alguna relación de trabajo, de servicio o
de hospitalidad;
IV. Por quien haya recibido la cosa en tenencia precaria;
V. Respecto de equipo, instrumentos, semillas o cualesquiera
otros artículos destinados al aprovechamiento agrícola, forestal, pecuario o
respecto de productos de la misma índole;
VI. Sobre equipaje o valores de viajero, en cualquier lugar
durante el transcurso del viaje o en terminales de transporte;
VII. Por los dueños, dependientes, encargados o empleados de
empresas o establecimientos comerciales, en los lugares en que presten sus
servicios al público, sobre los bienes de los huéspedes, clientes o usuarios;
VIII. Respecto de documentos que se conserven en oficinas
públicas, cuando la sustracción afecte el servicio público o cause daño a
terceros. Si el delito lo comete un servidor público que labore en la
dependencia donde cometió el robo, se le impondrá además, destitución e
inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro empleo, cargo o
comisión públicos;
IX. En contra de persona con discapacidad o de más de
sesenta años de edad; o
X. Se deroga.
Artículo 224. Además de la penas previstas
en el artículo 220 de este Código, se impondrá de dos a seis años de prisión,
cuando el robo se cometa:
I. En lugar habitado o destinado para habitación, o en sus
dependencias, incluidos los movibles;
II. En una oficina bancaria, recaudadora, u otra en que se
conserven caudales o valores, o contra personas que las custodien o
transporten;
III. Encontrándose la víctima o el objeto del apoderamiento
en un vehículo particular o de transporte público;
IV. Aprovechando la situación de confusión causada por una
catástrofe, desorden público o la consternación que una desgracia privada cause
al ofendido o a su familia;
V. En despoblado o lugar solitario;
VI. Por quien haya sido o sea miembro de algún cuerpo de
seguridad pública o personal operativo de empresas que presten servicios de
seguridad privada, aunque no esté en servicio;
VII. Valiéndose el agente de identificaciones falsas o
supuestas órdenes de la autoridad.
VIII. Respecto de vehículo automotriz o parte de éste; o
IX. En contra de transeúnte, entendiéndose por éste a quien
se encuentre en la vía pública o en espacios abiertos que permitan el acceso
público.
Artículo 225. Las penas previstas en los
artículos anteriores, se incrementarán con prisión de dos a seis años, cuando
el robo se cometa:
I. Con violencia física o moral, o cuando se ejerza
violencia para darse a la fuga o defender lo robado; o
II. Por una o más personas armadas o portando instrumentos
peligrosos.
Se equipara a la violencia moral, la utilización de juguetes
u otros objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de armas de
fuego, o de pistolas de municiones o aquéllas que arrojen proyectiles a través
de aire o gas comprimido.
Artículo 226. Para la aplicación de la sanción,
se dará por consumado el robo desde el momento en que el inculpado tiene en su
poder la cosa robada, aún cuando la abandone o lo desapoderen de ella.
CAPÍTULO II
Artículo 227. Al que con perjuicio de alguien
disponga para sí o para otro de una cosa mueble ajena, de la cual se le haya
transmitido la tenencia pero no el dominio, se le impondrán:
I. De treinta a noventa días multa, cuando el valor de lo
dispuesto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo, o no sea posible
determinar su valor;
II. Prisión de cuatro meses a tres años y de noventa a
doscientos cincuenta días multa, cuando el valor de lo dispuesto exceda de
cincuenta pero no de quinientas veces el salario mínimo;
III. Prisión de tres a cuatro años y de doscientos cincuenta
a seiscientos días multa, cuando el valor de lo dispuesto exceda de quinientas
pero no de cinco mil veces el salario mínimo;
IV. Prisión de cuatro a seis años y de seiscientos a
novecientos días multa, si el valor de lo dispuesto excede de cinco mil pero no
de diez mil veces el salario mínimo; y
V. Prisión de seis a doce años y de novecientos a mil
doscientos cincuenta días multa, si el valor de lo dispuesto excede de diez mil
veces el salario mínimo.
Artículo 228. Las mismas penas previstas en el
artículo anterior se impondrán:
I. Al propietario o poseedor de una cosa mueble, que sin
tener la libre disposición sobre la misma a virtud de cualquier título legítimo
en favor de tercero, disponga de ella con perjuicio de otro;
II. Al que haga aparecer como suyo, sin ser de su propiedad,
un depósito que garantice la libertad caucional de una persona;
III. Al que, habiendo recibido mercancías con subsidio o en
franquicia para darles un destino determinado, las distraiga de ese destino o
desvirtúe en cualquier forma los fines perseguidos con el subsidio o la
franquicia; y
IV. A los gerentes, directivos, administradores, mandatarios
o intermediarios de personas morales, constructores o vendedores que, habiendo
recibido dinero, títulos o valores por el importe total o parcial del precio de
alguna compraventa de inmuebles o para constituir un gravamen real sobre éstos,
no los destine al objeto de la operación concertada y disponga de ellos en provecho
propio o de tercero.
Artículo 229. Se equipara al abuso de
confianza, y se sancionará con las mismas penas asignadas a este delito; la
ilegítima posesión de la cosa retenida si el tenedor o poseedor de ella no la
devuelve a pesar de ser requerido formalmente
por quien tenga derecho, o no la entregue a la autoridad para que ésta
disponga de la misma conforme a la ley.
CAPÍTULO III
Artículo 230. Al que por medio del engaño o
aprovechando el error en que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa
u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, se le
impondrán:
I. De veinticinco a setenta y cinco días multa, cuando el
valor de lo defraudado no exceda de cincuenta veces el salario mínimo, o no sea
posible determinar su valor;
II. Prisión de cuatro meses a dos años seis meses y de
setenta y cinco a doscientos días multa, cuando el valor de lo defraudado
exceda de cincuenta pero no de quinientas veces el salario mínimo;
III. Prisión de dos años seis meses a cuatro años y de
doscientos a quinientos días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de
quinientas pero no de cinco mil veces el salario mínimo;
IV. Prisión de cuatro a seis años y de quinientos a
ochocientos días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de cinco mil
pero no de diez mil veces el salario mínimo; y
V. Prisión de seis a once años y de ochocientos a mil
doscientos días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de diez mil
veces el salario mínimo.
Cuando el
delito se cometa en contra de dos o más personas, se impondrá además las dos
terceras partes de las penas previstas en las fracciones anteriores.
Artículo 231. Se impondrán las penas previstas
en el artículo anterior, a quien:
I. Por título oneroso enajene alguna cosa de la que no tiene
derecho a disponer o la arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro
modo, si ha recibido el precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó, parte
de ellos o un lucro equivalente;
II. Obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro
lucro, como consecuencia directa e inmediata del otorgamiento o endoso a nombre
propio o de otro, de un documento nominativo, a la orden o al portador, contra
una persona supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarlo;
III. Venda a dos personas una misma cosa, sea mueble o
inmueble, y reciba el precio de la primera, de la segunda enajenación o de
ambas, o parte de él, o cualquier otro lucro, con perjuicio del primero o del
segundo comprador;
IV. Al que se haga servir alguna cosa o admita un servicio
en cualquier establecimiento comercial y no pague el importe debidamente
pactado comprobado;
V. En carácter de fabricante, comerciante, empresario,
contratista o constructor de una obra, suministre o emplee en ésta materiales o
realice construcciones de calidad o cantidad inferior a las estipuladas, si ha
recibido el precio convenido o parte de él, o no realice las obras que amparen
la cantidad pagada;
VI. Provoque deliberadamente cualquier acontecimiento,
haciéndolo aparecer como caso fortuito o fuerza mayor, para liberarse de
obligaciones o cobrar fianzas o seguros;
VII. Por medio de supuesta evocación de espíritus,
adivinaciones o curaciones, explote las preocupaciones, superstición o
ignorancia de las personas;
VIII. Venda o traspase una negociación sin autorización de
los acreedores de ella o sin que el nuevo adquirente se comprometa a responder
de los créditos, siempre que estos últimos resulten insolutos;
IX. Valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones
económicas de un trabajador a su servicio, le pague cantidades inferiores a las
que legalmente le corresponden por las labores que ejecuta o le haga otorgar
recibos o comprobantes de pago de cualquier clase, que amparen sumas de dinero
superiores a las que efectivamente entrega;
X. Valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones
económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas usurarias por medio de
contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a
los vigentes en el sistema financiero bancario;
XI. Como intermediarios en operaciones de traslación de
dominio de bienes inmuebles o de gravámenes reales sobre éstos que obtengan
dinero, títulos o valores por el importe de su precio a cuenta de él o para
constituir ese gravamen, si no los destinaren al objeto de la operación
concertada por su disposición en provecho propio o de otro.
Para los efectos de este delito se entenderá que un
intermediario no ha dado su destino o ha dispuesto del dinero, títulos o
valores obtenidos por el importe del precio o a cuenta del inmueble objeto de
la traslación de dominio o del gravamen real, si no realiza su depósito en
cualquier institución facultada para ello dentro de los treinta días siguientes
a su recepción en favor de su propietario o poseedor, a menos que lo hubiese
entregado dentro de ese término al vendedor o al deudor del gravamen real o
devuelto al comprador o al acreedor del mismo gravamen.
El depósito se entregará por la institución de que se trate
a su propietario o al comprador.
XII. Construya o venda edificios en condominio obteniendo
dinero, títulos o valores por el importe de su precio o a cuenta de él, sin
destinarlo al objeto de la operación concertada.
En este caso, es aplicable lo dispuesto en el párrafo
segundo de la fracción anterior.
Las instituciones y organismos auxiliares de crédito, las de
fianzas y las de seguros, así como los organismos oficiales y descentralizados
autorizados legalmente para operar con inmuebles, quedan exceptuados de la
obligación de constituir el depósito a que se refiere la fracción anterior.
XIII. Con el fin de procurarse ilícitamente una cosa u
obtener un lucro indebido libre un cheque contra una cuenta bancaria, que sea
rechazado por la institución, en los términos de la legislación aplicable, por
no tener el librador cuenta en la institución o por carecer éste de fondos
suficientes para su pago de conformidad con la legislación aplicable. La
certificación relativa a la inexistencia de la cuenta o a la falta de fondos
suficientes para el pago deberá realizarse exclusivamente por personal
específicamente autorizado para tal efecto por la institución de crédito de que
se trate;
XIV. Para obtener algún beneficio para sí o para un tercero,
por cualquier medio accese, entre o se introduzca a los sistemas o programas de
informática del sistema financiero e indebidamente realice operaciones,
transferencias o movimientos de dinero o valores, independientemente de que los
recursos no salgan de la institución; o
XV. Por sí, o por interpósita persona, sin el previo permiso
de las autoridades administrativas competentes o sin satisfacer los requisitos
señalados en el permiso obtenido, fraccione o divida en lotes un terreno urbano
o rústico, con o sin construcciones, propio o ajeno y transfiera o prometa
transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre alguno de
esos lotes.
Artículo 232. A quien por medio del engaño o
aprovechando el error en que otro se halle le cause perjuicio patrimonial, se
le impondrán de cuatro meses a dos años seis meses de prisión y de setenta y
cinco a doscientos días multa.
Artículo 233. Se equipara al delito de fraude y
se sancionará con prisión de seis meses a diez años y de cuatrocientos a cuatro
mil días multa, al que valiéndose del cargo que ocupe en el gobierno o en
cualquiera agrupación de carácter sindical, social, o de sus relaciones con
funcionarios o dirigentes de dichos organismos, obtenga dinero, valores,
dádivas, obsequios o cualquier otro beneficio, a cambio de prometer o
proporcionar un trabajo, un ascenso o aumento de salario en los mismos.
CAPÍTULO IV
Artículo 234. Al que por cualquier motivo,
teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, con ánimo
de lucro perjudique al titular de éstos, alterando las cuentas o condiciones de
los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando
los reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, o a
sabiendas, realice operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en
beneficio propio o de un tercero, se le impondrán las penas previstas para el
delito de fraude.
CAPÍTULO V
Artículo 235. Al que se coloque en estado de
insolvencia, con el objeto de eludir las obligaciones a su cargo con respecto a
sus acreedores, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y de
cincuenta a trescientos días multa.
CAPÍTULO VI
Artículo 236. Al que obligue a otro a dar,
hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro
causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de dos a ocho años
de prisión y de cien a ochocientos días multa.
Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de
sesenta años de edad, las penas se incrementarán en un tercio.
Las penas se aumentarán en dos terceras partes cuando el
delito se realice por servidor público o miembro o ex-miembro de alguna
corporación de seguridad pública o privada. Se impondrán además al servidor o
ex-servidor público, o al miembro o exmiembro de corporación de seguridad
publica o privada, la destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos;
también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones
de seguridad privada.
Además de las penas señaladas en el primer párrafo, se
impondrá de dos a seis años de prisión, cuando en la comisión del delito:
I. Intervenga una o más personas armadas, o portando
instrumentos peligrosos; o
II. Se emplee violencia física.
CAPÍTULO VII
Artículo 237. Se impondrán de tres meses a
cinco años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa:
I. Al que de propia autoridad, por medio de violencia física
o moral, el engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de
un derecho real que no le pertenezca;
II. Al que de propia autoridad y haciendo uso de cualquiera
de los medios indicados en la fracción anterior o furtivamente, ocupe un
inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley no lo permite por hallarse
en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen derechos
legítimos del ocupante; o
III. Al que en los términos de las fracciones anteriores,
cometa despojo de aguas.
El delito se sancionará sin importar si el derecho a la
posesión de la cosa usurpada sea dudosa o esté en disputa.
Artículo 238.- Cuando el despojo se realice por grupo o grupos, que en conjunto sean
mayores de cinco personas, además de la pena señalada en el artículo anterior,
se impondrá a los autores intelectuales y a quienes dirijan la invasión, de uno
a seis años de prisión.
Cuando
el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad o con
discapacidad, las penas previstas en el artículo anterior, se incrementarán en
una tercera parte.
A quienes cometan en forma
reiterada el despojo de inmuebles urbanos en el Distrito Federal, se les
impondrán de dos a nueve años de prisión y de cien a mil días multa.
CAPÍTULO VIII
Artículo 239. Al que destruya o deteriore una
cosa ajena o una propia en perjuicio de otro, se le impondrán las siguientes
penas:
I. De veinte a sesenta días multa, cuando el valor del daño
no exceda de veinte veces el salario mínimo, o no sea posible determinar su
valor;
II. Prisión de seis meses a dos años y sesenta a ciento
cincuenta días multa, cuando el valor del daño exceda de veinte pero no de
trescientas veces el salario mínimo;
III. Prisión de dos a tres años y de ciento cincuenta a
cuatrocientos días multa, cuando el valor del daño exceda de trescientos pero
no de setecientas cincuenta veces el salario mínimo; y
IV. Prisión de tres a siete años y de cuatrocientos a
seiscientos días multa, cuando el valor del daño exceda de setecientas
cincuenta veces el salario mínimo.
Artículo 240. Cuando los daños sean causados
por culpa, sólo se impondrá al responsable multa hasta por el valor de los
daños y perjuicios causados, y se le condenará a la reparación de éstos. Si se
repara el daño antes de que el Ministerio Público ejercite acción penal, se
extinguirá la pretensión punitiva. Se sobreseerá el juicio, si el inculpado
repara los daños y perjuicios, antes de que se dicte sentencia en segunda
instancia.
Artículo
241.- Las penas previstas en el artículo 239 de este Código, se
aumentarán en una mitad, cuando por incendio, inundación o explosión,
dolosamente se cause daño a:
I. Un edificio, vivienda o cuarto habitado;
II. Ropas u objetos en tal forma que puedan causar graves
daños personales;
III. Archivos públicos o notariales;
IV.- Bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios,
monumentos públicos y aquellos bienes que hayan sido declarados como patrimonio
cultural; o
V. Montes, bosques, selvas, pastos, mieses o cultivos de
cualquier género.
Cuando el delito se cometa culposamente, en las hipótesis
previstas en este artículo, se impondrá
la mitad de las penas a que se refiere el artículo 239 de este Código.
Artículo 242. Cuando los
daños se ocasionen culposamente con motivo de tránsito de vehículos, se
impondrá la mitad de las penas previstas en el artículo 239 de este Código, en
los siguientes casos:
I. Derogado.
II. Derogado.
III. El agente conduzca en estado de ebriedad o bajo el
influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras substancias que produzcan
efectos similares; o
IV. No auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga.
Se impondrá además, suspensión de los derechos en cuyo
ejercicio hubiese cometido el delito, por un lapso igual al de la pena de
prisión que se le imponga, o si es servidor público, inhabilitación por el
mismo lapso para obtener otro empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza.
CAPÍTULO IX
Artículo 243. Se impondrá prisión de 2 a 7 años
de prisión, y de cincuenta a ciento veinte días multa, a quien después de la
ejecución de un delito y sin haber participado en él, adquiera posea,
desmantele, venda, enajene, comercialice, trafique, pignore, reciba, traslade,
use u oculte el o los instrumentos, objetos o productos de aquél, con
conocimiento de esta circunstancia si el valor de cambio no excede de
quinientas veces el salario mínimo.
Si el valor
de éstos es superior a quinientas veces el salario, se impondrá de 5 a 10 años
de pena privativa de libertad y de doscientos a mil quinientos días multa.
Cuando el o
los instrumentos, objetos o productos de un delito se relacionan con el giro
comercial del tenedor o receptor, si éste es comerciante o sin serlo se
encuentra en posesión de dos o más de los mismos, se tendrá por acreditado que
existe conocimiento de que proviene o provienen de un ilícito.
Artículo 244. Si el que recibió en venta,
prenda o bajo cualquier otro concepto el instrumento, objeto o producto de un
delito, después de su ejecución, sin haber participado en él y no adoptó las
precauciones indispensables para cerciorarse de su procedencia o para
asegurarse de que la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de
ella, se le impondrán las penas previstas en el artículo anterior, en la
proporción correspondiente al delito culposo.
Artículo 245. En ningún caso podrá imponerse
pena privativa de libertad que exceda del máximo que la ley señale al delito
encubierto.
CAPÍTULO X
Artículo 246. Los delitos previstos en este
título se perseguirán por querella, cuando sean cometidos por un ascendiente,
descendiente, cónyuge, parientes por consaguinidad hasta el segundo grado,
adoptante o adoptado, concubina o concubinario, pareja permanente o parientes
por afinidad hasta el segundo grado.
Igualmente se requerirá querella para la persecución de
terceros que hubiesen participado en la comisión del delito, con los sujetos a
que se refiere este párrafo.
Se perseguirán por querella los delitos previstos en los
artículos:
a) 220, cuando el monto de lo robado no exceda de cincuenta veces el
salario mínimo, salvo que concurra alguna de las agravantes a que se refieren
las fracciones VIII y IX del artículo 223 o las previstas en el artículo 224, o
cualquiera de las calificativas a que se refiere el artículo 225.
b) 222, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234 y 235.
c) 237, salvo que el delito se cometa en alguna de las
hipótesis a que se refiere el artículo 238; y
d) 239, 240
y 242;
El sentenciado ejecutoriado por los delitos de Abuso de
Confianza, Fraude, Administración Fraudulenta e Insolvencia Fraudulenta, sean
perseguibles por querella o de oficio, podrá obtener su libertad inmediata
cuando cubra la totalidad de la reparación del daño y una vez que se decrete la
extinción de la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad, por
parte de la autoridad judicial única y exclusivamente, y para tal efecto es
suficiente la manifestación expresa del querellante o denunciante de que el
daño patrimonial ocasionado le ha sido resarcido.
Artículo 247. Para establecer la cuantía que corresponda
a los delitos previstos en este título, así como para la determinación de la
multa, se tomará en consideración el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal, al momento de la ejecución del delito.
Artículo 248. No se impondrá sanción alguna por
los delitos previstos en los artículos 220, en cualquiera de la modalidades a
que se refieren las fracciones I, III y IX del artículo 224, 228, 229, 230, 232
y 234; cuando el monto o valor del objeto, lucro, daño o perjuicio no exceda de
cincuenta veces el salario mínimo; despojo a que se refiere el artículo 237 fracciones I y II, siempre y
cuando no se cometan con violencia física o moral y no intervengan dos o más
personas y 239, todos ellos cuando el agente sea primo-delincuente, si este
restituye el objeto del delito o satisface los daños y perjuicios o, si no es
posible la restitución, cubra el valor del objeto y los daños y perjuicios,
antes de que el Ministerio Público ejercite acción penal, salvo que se trate de
delitos cometidos con violencia por personas armadas o medie privación de la
libertad o extorsión.
En los mismos supuestos considerados en el párrafo anterior,
se reducirá en una mitad la sanción que corresponda al delito cometido, si
antes de dictarse sentencia en segunda instancia, el agente restituye la cosa o
entrega su valor y satisface los daños y perjuicios causados.
Artículo 249. El juzgador podrá suspender al
agente, de dos a cinco años en el ejercicio de los derechos civiles que tenga
en relación con el ofendido o privarlo de ellos. Asimismo, podrá aplicar la
misma suspensión por lo que respecta a los derechos para ser perito,
depositario, interventor judicial, sindico o interventor en concursos,
arbitrador o representante de ausentes, y para el ejercicio de una profesión
cuyo desempeño requiera título profesional.
TÍTULO DÉCIMO SEXTO
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 250. Al que por sí o por interpósita
persona adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en
garantía, invierta, transporte o transfiera recursos, derechos o bienes de
cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una actividad
ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar, encubrir o impedir
conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos,
derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita, se le impondrán de cinco
a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa.
Las penas previstas en el párrafo anterior serán aumentadas
en una mitad cuando el delito se cometa por servidores públicos; además, se
impondrá a dichos servidores públicos, destitución e inhabilitación para
desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de
prisión impuesta.
PORTACIÓN, FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN DE OBJETOS APTOS
PARA AGREDIR
Artículo 251. A quien porte, fabrique, importe
o acopie sin un fin lícito instrumentos que puedan ser utilizados para agredir
y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, atendiendo a
las referencias de tiempo, modo y lugar, se le impondrá prisión de tres meses a
tres años o de noventa a trescientos sesenta días multa.
Los servidores públicos podrán portar las armas necesarias
para el ejercicio de su cargo, sujetándose a la reglamentación de las leyes
respectivas.
CAPÍTULO II
Artículo 252. Cuando se cometa algún delito por
pandilla, se impondrá una mitad más de las penas que correspondan por el o los
delitos cometidos, a los que intervengan en su comisión.
Se entiende que hay pandilla, cuando el delito se comete en
común por tres o más personas, que se reúnen ocasional o habitualmente, sin
estar organizados con fines delictuosos.
Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor
público de alguna corporación policíaca, se aumentará en dos terceras partes de
las penas que le corresponda por el o los delitos cometidos y se impondrá
además, destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación de uno a
cinco años para desempeñar otro.
Artículo 253. Se impondrán prisión de cuatro a
ocho años y de cien a mil días multa al que forme parte de una asociación o
banda de tres o más personas con el propósito de delinquir.
Artículo 254.- Cuando tres
o más personas se organicen o acuerden organizarse de forma permanente o
reiterada para cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, se les
impondrá de cuatro a diez años de prisión y de doscientos hasta mil días multa,
sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se
cometan:
I. Ataques a la paz pública; de conformidad con lo
establecido por el artículo 362 de este Código;
II. Corrupción de menores e incapaces, de acuerdo con los
artículos 183, párrafos primero, segundo y tercero, y 186 de este Código;
III. Extorsión, conforme al contenido del primer párrafo del
artículo 236 de este Código;
IV. Falsificación de documentos públicos, de acuerdo con el
primer párrafo del artículo 339 de este Código;
V. Homicidio, de conformidad con el artículo 128 de este
Código;
VI. Lenocinio, previsto en el artículo 189 de este Código;
VII. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, de
conformidad con el párrafo primero del artículo 250 de este Código;
VIII. Pornografía infantil, establecido en el artículo 187
de este Código;
IX. Privación de la libertad personal, en concordancia con
lo previsto por los artículos 160 y 161 de este Código;
X. Retención y sustracción de menores e incapaces, de
conformidad con el artículo 171 de este Código;
XI. Robo de conformidad con el artículo 224, hipótesis
primera, fracción VIII de este Código;
XII. Secuestro, previsto en el artículo 163 Y 163 Bis de
este Código;
XIII. Tráfico de menores, contemplado en el párrafo tercero
del artículo 169 de este Código; o
XIV. Violación, de acuerdo con los artículos 174 y 175 de
este Código.
A quien tenga funciones de administración, dirección o
supervisión en la delincuencia organizada, se le impondrá de seis a doce años
de prisión y de cuatrocientos a dos mil días multa, sin perjuicio de las reglas
de concurso para la imposición de sanciones.
Artículo 255.- Si el
miembro de la asociación delictuosa o de la delincuencia organizada es o ha
sido servidor público o autoridad encargada de la función de seguridad pública,
de conformidad con lo previsto en la Ley General que establece las Bases de
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o miembro de una
empresa de seguridad privada, y por virtud del ejercicio de las funciones a él
encomendadas se facilitó la comisión del o los ilícitos a que se refieren los
artículos anteriores, las penas se aumentarán en una mitad y se impondrá
además, en su caso, la destitución del empleo, cargo o comisión e
inhabilitación por un tiempo igual al señalado como prisión para desempeñar
otro, en cuyo caso se computará a partir de que se haya cumplido con la pena.
Cuando los miembros de la delincuencia organizada utilicen
para delinquir a menores de edad o incapaces, las penas a que se refieren los
artículos anteriores se aumentarán en una cuarta parte.
Se presumirá que existe asociación delictuosa o delincuencia
organizada cuando las mismas tres o más personas tengan alguna forma de autoría
o participación conjunta en dos o más delitos.
TÍTULO DÉCIMO OCTAVO
DELITOS CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO COMETIDOS POR
SERVIDORES PÚBLICOS
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 256. Para los efectos de este Código,
es servidor público del Distrito Federal toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública del
Distrito Federal, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en los
órganos que ejercen la función judicial del fuero común en el Distrito Federal.
Artículo 257. Para la individualización de las
sanciones previstas en este Título, el Juez tomará en cuenta además, en su
caso, si el servidor público es trabajador de base o de confianza, su
antigüedad en el empleo, cargo o comisión, nivel jerárquico, antecedentes de
servicio, percepciones, situación socioeconómica, grado de instrucción, las
circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito, así como el
monto del beneficio obtenido o del daño causado.
Artículo 258. Además de las penas previstas en
los Títulos Decimoctavo y Vigésimo, se impondrán:
I. Destitución del empleo, cargo o comisión en el servicio
público;
II. Inhabilitación de tres a diez años para obtener y
desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio
público; y
III. Decomiso de los productos del delito.
CAPÍTULO II
EJERCICIO
ILEGAL Y ABANDONO DEL SERVICIO PÚBLICO
Artículo 259. Comete el delito de ejercicio
ilegal de servicio público, el servidor público que:
I. Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin
haber tomado posesión legítima, o quien lo designe sin satisfacer todos los
requisitos legales;
II. Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o
comisión después de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha
suspendido o destituido;
III. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya,
oculte, altere, utilice o inutilice, indebidamente información o documentación
que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga
conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión;
IV. Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o
comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares,
instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie
daño a las personas o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o
sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado.
V. Teniendo un empleo, cargo o comisión en los Centros de
Reclusión del Distrito Federal, facilite o fomente en los centros de
readaptación social y penitenciarías la introducción, uso, consumo, posesión o
comercio de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, así como de
teléfonos celulares, radio localizadores o cualquier otro instrumento de
comunicación radial o satelital para uso de los internos
Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las
fracciones I y II de este artículo, se le impondrán de uno a tres años de
prisión y de veinticinco a doscientos cincuenta días multa.
Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las
fracciones III, IV y V de este artículo, se le impondrán de dos a siete años de
prisión y de cincuenta a quinientos días multa.
Artículo 260. Se impondrán de uno a cinco años
de prisión y de cien a quinientos días multa, al servidor público que en el
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue o autorice el
nombramiento de un empleo, cargo o comisión en el servicio público a persona
que por resolución firme de autoridad competente se encuentre inhabilitada para
desempeñarlo.
Las penas se aumentarán en dos terceras partes a quien
otorgue cualquier identificación en la que se acredite como servidor público a
persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que se haga
referencia en dicha identificación.
Las mismas sanciones se impondrán a quien acepte la
identificación.
Artículo 261. Al servidor público que sin
justificación abandone su empleo, cargo o comisión y con ello entorpezca la
función pública, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión. Para los
efectos de este artículo, el abandono de funciones se consumará cuando el
servidor público se separe sin dar aviso a su superior jerárquico con la debida
anticipación, conforme a la normatividad aplicable y de no existir ésta, en un
plazo de tres días.
CAPÍTULO III
ABUSO DE AUTORIDAD Y USO ILEGAL DE LA FUERZA PÚBLICA
Artículo 262. Se le impondrán de uno a seis
años de prisión y de cien a quinientos días multa al que en ejercicio de sus
funciones o con motivo de ellas:
I. Ejerza violencia a una persona sin causa legítima, la
vejare o la insultare; o
II. Use ilegalmente la fuerza pública.
Artículo 263. Se impondrán prisión de uno a
seis años y de cien a mil días multa, al servidor público que en el ejercicio
de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o comisión
públicos, o contratos de prestación de servicios profesionales o mercantiles o
de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se
prestará el servicio para el que se les nombró, o no cumplirá el contrato
otorgado dentro de los plazos establecidos en la normatividad laboral aplicable
o en los señalados en el contrato correspondiente.
Artículo 264. Se impondrán las mismas penas del
artículo anterior al que acepte un empleo, cargo o comisión públicos,
remunerados, cuyo servicio no va a prestar, o acepte algún contrato de
prestación de servicios profesionales, mercantiles o de cualquier otra
naturaleza, remunerados, cuyas obligaciones no va a cumplir, dentro de los
plazos establecidos en la normatividad laboral aplicable o en los señalados en
el contrato correspondiente.
Artículo 265. Al servidor público que con
cualquier pretexto obtenga de un subalterno parte del sueldo de éste, dádivas o
cualquier otro provecho, se le impondrán de dos a nueve años de prisión y de
cien a ochocientos días multa.
CAPÍTULO IV
COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 266. A los servidores públicos que,
con el fin de impedir o suspender las funciones legislativas, administrativas o
jurisdiccionales, se coaliguen y tomen medidas contrarias a una ley, reglamento
o disposición de carácter general, impidan su aplicación, ejecución o dimitan
de sus puestos, se les impondrá prisión de dos a siete años y de cien a
trescientos días multa.
CAPÍTULO V
USO ILEGAL
DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES
Artículo 267. Comete el delito de uso ilegal
de atribuciones y facultades:
I. El
servidor público que ilegalmente;
a) Otorgue concesiones de prestación de servicio público o
de explotación, aprovechamiento y uso de bienes del patrimonio del Distrito
Federal;
b) Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido
económico;
c) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios
sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas
de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y
tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados por la administración
pública del Distrito Federal; o
d) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda,
adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o
colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos.
II. El servidor público que teniendo a su cargo fondos
públicos, les dé una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren
destinados o hiciere un pago ilegal.
Al que cometa el delito de uso ilegal de atribuciones y
facultades, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión y de quinientos
a mil días multa.
Cuando el monto de las operaciones a que hace referencia
este artículo no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo
diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se
impondrán de tres meses a dos años de prisión y de cien a quinientos días multa.
Cuando el monto de las operaciones a que hace referencia
este artículo, exceda del equivalente a quinientas veces el salario mínimo
diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se
impondrán de dos a nueve años de prisión y de quinientos a mil días multa.
Artículo 268.- Cuando las conductas previstas en
el artículo anterior produzcan beneficios económicos al propio servidor
público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario,
pareja permanente, adoptante o adoptado, a cualquier tercero con el que tenga
vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios
o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas
formen parte, se impondrán las siguientes sanciones:
Si el monto de los beneficios no excede del equivalente a
mil quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en
el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a nueve años de prisión
y de mil a mil quinientos días multa.
Cuando el monto de los beneficios a que hace referencia este
artículo exceda mil quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el
Distrito Federal, se impondrán de cuatro a doce años de prisión y de mil
quinientos a dos mil días multa.
CAPÍTULO VI
INTIMIDACIÓN
Artículo 269. Se le impondrán de tres a diez
años de prisión y de cien a mil días multa a:
I. El servidor público que por sí o por interpósita persona,
utilizando la violencia física o moral inhiba o intimide a cualquier persona,
para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte
información o pruebas relativas a la presunta comisión de un delito o sobre la
presunta comisión de algún servidor público en una conducta sancionada por la
legislación penal o por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos;
II. Las mismas sanciones se impondrán al servidor público
que por sí o por interpósita persona, ejerza represalia contra persona que ha
formulado denuncia o querella o aportado información o pruebas sobre la
presunta comisión de un delito o sobre la presunta comisión de algún servidor
público en una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, o ejerza cualquier
represalia contra persona ligada por vínculo afectivo o de negocios con el
denunciante, querellante o informante.
CAPÍTULO VII
NEGACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
Artículo 270. Se impondrá prisión de dos a ocho
años, al servidor público que:
I. Indebidamente niegue o retarde a los particulares la
protección, el auxilio o el servicio que tenga obligación de otorgarles; o
II. Teniendo a su cargo elementos de la fuerza pública y
habiendo sido requerido legalmente por una autoridad competente para que le
preste el auxilio, se niegue indebidamente a proporcionarlo.
CAPÍTULO VIII
TRÁFICO DE INFLUENCIA
Artículo 271.- Al servidor público que por sí o
por interpósita persona, promueva o gestione la tramitación de negocios o
resoluciones públicas ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo,
cargo o comisión, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de cien a
quinientos días multa.
Si la conducta anterior produce un beneficio económico, la
sanción se aumentará en una mitad.
CAPÍTULO IX
COHECHO
Artículo 272. Al servidor público que por sí o
por interpósita persona, solicite o reciba indebidamente para sí o para otro,
dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de
hacer algo relacionado con sus funciones, se le impondrán las siguientes
sanciones:
I. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no
exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en
el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se
impondrán de uno a cuatro años de prisión y de treinta a trescientos días
multa; o
II. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o
prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el
Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a
nueve años de prisión y de trescientos a ochocientos días multa.
CAPÍTULO X
PECULADO
Artículo 273. Se impondrán prisión de seis
meses a cuatro años y de cincuenta a quinientos días multa, al servidor público
que:
I. Disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores,
inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere recibido por razón de su cargo;
o
II. Indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno
de los actos a que se refiere el artículo 267 de este Código, con el objeto de
promover la imagen política o social de su persona, de su superior jerárquico o
de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.
Cuando el monto o valor exceda de quinientas veces el
salario mínimo, se impondrán prisión de cuatro a doce años y de quinientos a
dos mil días multa.
CAPÍTULO XI
CONCUSIÓN
Artículo 274. Al servidor público que con tal
carácter exija por sí o por interpósita persona a título de impuesto o
contribución, recargo, renta rédito, salario o emolumento, dinero, valores,
servicios o cualquier otra cosa que sepa no es debida, o en mayor cantidad de
la que señala la ley, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión, de
treinta a trescientos días multa e inhabilitación de tres meses a dos años para
desempeñar cargo, empleo o comisión en el servicio público, cuando el valor de
lo exigido no exceda de quinientos veces el salario mínimo, o no sea valuable.
Si el valor de lo exigido excede de quinientas veces el salario mínimo, se le
impondrán de dos a doce años de prisión, de trescientos a quinientos días multa
e inhabilitación de dos a doce años para desempeñar cargo, empleo o comisión en
el servicio público.
CAPÍTULO XII
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Artículo 275. Comete el delito de
enriquecimiento ilícito el servidor público que utilice su puesto, cargo o
comisión para incrementar su patrimonio sin comprobar su legítima procedencia.
Para determinar el enriquecimiento del servidor público, se
tomarán en cuenta los bienes a su nombre y aquellos respecto de los cuales se
conduzca como dueño, además de lo que a este respecto disponga la legislación
sobre responsabilidades de los servidores públicos.
Al servidor público que cometa el delito de enriquecimiento
ilícito, se le impondrán las siguientes sanciones:
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no
exceda del equivalente a cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el
lugar y el momento en que se comete el delito, se impondrá de seis meses a
cinco años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa.
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito
exceda del equivalente a cinco mil veces el salario mínimo antes anotado, se
impondrán de dos a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días
multa.
CAPÍTULO XIII
USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS
Artículo 276. Al que sin ser servidor público
se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las funciones de tal, se le
impondrán de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos días multa.
TÍTULO DÉCIMO NOVENO
PROMOCIÓN DE CONDUCTAS ILÍCITAS, COHECHO Y DISTRACCIÓN
DE RECURSOS PÚBLICOS
Artículo 277. Al particular que promueva una
conducta ilícita de un servidor público, o se preste para que éste o por
interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de
negocios públicos ajenos a la responsabilidad inherente a su empleo, cargo o
comisión, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y de cien a
quinientos días multa.
Artículo 278. Al particular que de manera
espontánea le ofrezca dinero o cualquier dádiva u otorgue promesa a un servidor
público o a interpósita persona, para que dicho servidor haga u omita un acto
relacionado con sus funciones, se le impondrán las siguientes sanciones:
I. De seis meses a tres años de prisión y de veinte a
doscientos días multa cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no
exceda del equivalente a cien veces el salario mínimo diario vigente en el
Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable; o
II. De uno a cinco años de prisión y de trescientos a
ochocientos días multa cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o
prestación excedan de cien veces el salario mínimo diario vigente en el
Distrito Federal en el momento de cometerse el delito.
El juez podrá imponer al particular una tercera parte de las
penas señaladas en el párrafo anterior, o eximirlo de las mismas, cuando
hubiese actuado para beneficiar a alguna persona con la que lo ligue un vínculo
familiar, de dependencia o cuando haya denunciado espontáneamente el delito
cometido.
Artículo 279.- Al particular que estando obligado
legalmente a la custodia, depósito, administración de bienes muebles o inmuebles
pertenecientes al erario público, o aplicación de recursos públicos, los
distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación
distinta a la que se les destinó, se le impondrán de seis meses a tres años de
prisión y de cien a quinientos días multa.
Artículo 280. Se le impondrán las sanciones
previstas para el enriquecimiento ilícito, al que haga figurar como suyos,
bienes que un servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de lo
dispuesto en la legislación sobre responsabilidades de los servidores públicos.
CAPÍTULO II
Artículo 281. Se le impondrá de seis meses a
dos años de prisión o de trabajo en favor de la comunidad, al que rehusare
prestar un servicio de interés público al que la ley lo obligue, o
desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad.
La misma pena se le impondrá a quien debiendo declarar ante
la autoridad, sin que le aproveche las excepciones establecidas para hacerlo,
se niegue a declarar.
Artículo 282. Se le impondrá de seis meses a
tres años de prisión al que por medio de la violencia física o moral, se oponga
a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones en
forma legal, o resista el cumplimiento de un mandato que satisfaga todos los
requisitos legales.
Artículo 283. La pena será de uno a cinco años
de prisión, cuando la desobediencia o resistencia sea a un mandato judicial o
al cumplimiento a una sentencia.
Artículo 284. Cuando la ley autorice el empleo
de medidas de apremio para hacer efectivos los mandatos de la autoridad, la
consumación de los delitos de desobediencia y resistencia de particulares, se
producirá en el momento en que se agote el empleo de tales medidas de apremio.
Con excepción de los casos previstos en el artículo 73 Bis
del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.
CAPÍTULO III
Artículo 285. Al que con actos materiales trate
de impedir la ejecución de una obra o un trabajo públicos, ordenados o
autorizados legalmente por la autoridad competente, se le impondrá de sesenta a
ciento ochenta días de semilibertad.
Cuando el delito se cometa por varias personas de común
acuerdo, se impondrá de tres meses a un año de prisión, si sólo se hiciere una
simple oposición material sin violencia. En caso de existir violencia, la pena
será de tres meses a dos años de prisión, sin perjuicio de las sanciones
aplicables al delito que resulte cometido.
CAPÍTULO IV
Artículo 286.- Al que quebrante los sellos
puestos por orden de la autoridad competente, se le impondrán de dos a siete
años de prisión y de cien a quinientos días multa.
Se equipara al delito de quebrantamiento de sellos y se
sancionará con la misma pena, al titular, propietario o responsable de una
construcción de obra, anuncio o establecimiento mercantil, en estado de
clausura, que explote comercialmente, realice o promueva actos de comercio,
construcción o prestación de un servicio, aún cuando los sellos permanezcan
incólumes.
Al titular o propietario de una casa habitación en
construcción que quebrante los sellos de clausura, se aplicará pena de seis
meses a dos años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.
Artículo 286 bis. Se impondrá de dos a ocho
años seis meses de prisión, y de quinientos a mil días multa al que obligado
por una resolución de autoridad competente a mantener el estado de clausura o
de suspensión de actividades, no la acate, en los siguientes casos:
I. Se trate
de un giro mercantil considerado de impacto zonal y que requiera licencia de
funcionamiento en los términos de la legislación aplicable;
II. Se
trate de un establecimiento dedicado al almacenaje de productos, o
III. Se
trate de obras de construcción que requiriendo dictamen de impacto urbano no
cuenten con el mismo.
CAPÍTULO V
Artículo 287. Al que ultraje a una autoridad en
el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrá de noventa
a ciento ochenta días de semilibertad.
CAPÍTULO VI
Artículo 288. Al que para hacer efectivo un
derecho o pretendido derecho, que deba ejercitar, empleare violencia, se le
impondrá prisión de tres meses a un año o de treinta a noventa días multa.
En estos casos, sólo se procederá por querella de la parte
ofendida.
CAPÍTULO VII
REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS CONTRA EL EJERCICIO LEGÍTIMO
DE LA AUTORIDAD
Artículo 289. Al que cometa un delito en contra
de un servidor o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus
funciones o con motivo de ellas, además de la pena que corresponda por el
delito cometido, se le impondrá de uno a tres años de prisión.
TÍTULO VIGÉSIMO
DELITOS EN CONTRA DEL ADECUADO DESARROLLO DE LA JUSTICIA
COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS
CAPÍTULO I
Artículo 290. Se impondrán de dos a ocho años
de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, al servidor público que:
I. Dicte una sentencia definitiva o cualquier otra
resolución de fondo que viole algún precepto terminante de la ley, o que sea
contraria a las actuaciones legalmente practicadas en el proceso; o
II. No cumpla con una disposición que legalmente se le
comunique por un superior competente.
Artículo 291. Se impondrán prisión de uno a
cinco años y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa, al servidor
público que:
I. Conozca de un negocio para el cual tenga impedimento
legal;
II. Litigue por sí o por interpósita persona, cuando la ley
les prohíba el ejercicio de su profesión, dirija o aconseje a las personas que
litiguen ante él;
III. Ejecute un acto o incurra en una omisión que dañe
jurídicamente a alguien o le conceda una ventaja indebida;
IV. Remate a su favor algún bien objeto de remate en cuyo
juicio hubiere intervenido;
V. Admita o nombre un depositario o entregue a éste los
bienes secuestrados, sin el cumplimiento de los requisitos legales
correspondientes;
VI. Induzca a error al demandado, con relación a la
providencia de embargo decretada en su contra; o
VII. Nombre síndico o interventor en un concurso o quiebra,
a una persona que sea deudor, pariente o que haya sido abogado del fallido, o a
persona que tenga con el funcionario relación de parentesco, estrecha amistad o
esté ligada con él por negocios de interés común.
La misma sanción se impondrá a quien, como intermediario de
un servidor público, remate algún bien objeto del remate en cuyo juicio haya
intervenido aquél.
Artículo 292. Se impondrán de uno a cinco años
de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa, al servidor
público que:
I. Se abstenga, sin tener impedimento legal, de conocer un
asunto que le corresponda por razón de su cargo o comisión;
II. Omita dictar deliberadamente, dentro del plazo legal,
una sentencia definitiva o cualquier otra resolución de fondo o de trámite;
III. Retarde o entorpezca indebidamente la administración de
justicia; o
IV. Bajo cualquier pretexto, se niegue injustificadamente a
despachar, dentro del plazo legal, un asunto pendiente ante él.
CAPÍTULO II
Artículo 293. Se impondrán de dos a ocho años
de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, al servidor público que:
I. Detenga a un individuo durante la averiguación previa
fuera de los casos señalados por la ley, o lo retenga por más tiempo del
previsto por el párrafo séptimo del artículo 16 Constitucional;
II. Obligue al inculpado a declarar;
III. Ejercite la pretensión punitiva cuando no preceda
denuncia o querella;
IV. Realice una aprehensión sin poner al aprehendido a
disposición del juez sin dilación alguna, en el término señalado por el párrafo
tercero del artículo 16 de la Constitución;
V. Se abstenga indebidamente de hacer la consignación que
corresponda, de una persona que se encuentre detenida a su disposición como
probable responsable de algún delito, o de ejercitar en todo caso la pretensión
punitiva, cuando sea procedente conforme a la Constitución y a las leyes de la
materia;
VI. No otorgue la libertad provisional bajo caución durante
la averiguación previa, si procede legalmente;
VII.
Otorgue la libertad provisional bajo caución durante la averiguación previa,
cuando no se reúnan los requisitos previstos en el artículo 556 del Código de
Procedimientos Penales para el Distrito Federal;
VIII. Se
abstenga de iniciar averiguación previa cuando sea puesto a su disposición un
probable responsable de delito doloso que sea perseguible de oficio;
IX.
Practique cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la
ley; o
X.
Fabrique, altere o simule elementos de prueba para incriminar o exculpar a
otro.
CAPÍTULO III
Artículo 294. Se impondrán de tres a doce años
de prisión y de doscientos a quinientos días multa, al servidor público del
Distrito Federal que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de
ellas, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o psicológicos, con
el fin de:
I. Obtener de ella o de un tercero información o una
confesión;
II. Castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche
que ha cometido; o
III. Coaccionarla para que realice o deje de realizar una
conducta determinada.
Las mismas sanciones se impondrán al servidor público que,
en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, instigue o autorice
a otro a cometer tortura, o no impida a otro su comisión; así como al
particular que, instigado o autorizado por un servidor público, cometa tortura.
Artículo 295. Se entenderá también como tortura
y se sancionará con las penas previstas en el artículo anterior, la aplicación
sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima
a disminuir su capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o
angustia psicológica.
Artículo 296. Para la reparación de daño a las
víctimas del delito de tortura, se estará a las reglas establecidas por el
Capítulo VI del Título Tercero del Libro Primero, el pago a que se refiere el
artículo 48 de este Código, se realizará en una sola exhibición.
Artículo 297. El servidor público que en el
ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a
denunciarlo de inmediato; si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a
tres años de prisión y de quince a sesenta días multa.
Artículo 298. No se considerarán como causas
excluyentes de responsabilidad del delito de tortura, el que se invoquen o
existan situaciones excepcionales como inestabilidad política interna, urgencia
en las investigaciones o cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá invocarse
como justificación la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra
autoridad.
CAPÍTULO IV
DELITOS COMETIDOS EN EL ÁMBITO DE LA
Artículo 299. Se impondrán de dos a ocho años
de prisión y de cincuenta a trescientos días multa, al servidor público que:
I. Ordene la aprehensión de un individuo por delito que no
amerite pena privativa de libertad o no preceda denuncia o querella;
II. Obligue al inculpado a declarar;
III. Ordene la práctica de cateos o visitas domiciliarias
fuera de los casos autorizados por la ley;
IV. No tome al inculpado su declaración preparatoria en
audiencia pública y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su
consignación o al momento en que aquél voluntariamente se puso a su
disposición, u oculte el nombre del acusador, la naturaleza y causa de la
imputación o el delito que se le atribuye;
V. No dicte auto de formal prisión o de libertad de un
detenido, dentro de las setenta y dos horas siguientes a que lo pongan a su
disposición, a no ser que el inculpado haya solicitado la ampliación del plazo;
VI. Prolongue injustificadamente la prisión preventiva, sin
sentencia definitiva, por más tiempo del que como máximo fija la Constitución;
VII.
Otorgue la libertad provisional bajo caución cuando no se reúnan los requisitos
previstos en el artículo 556 del Código de Procedimientos Penales para el
Distrito Federal;
VIII.
Demore injustificadamente el cumplimiento de la resolución judicial en la que
se ordena poner en libertad a un detenido;
o
IX. Inicie
un proceso penal contra un servidor público con fuero.
Artículo 300. Se impondrán de dos a ocho años
de prisión y de cincuenta a trescientos días multa, al servidor público que
durante el desarrollo de un proceso utilice la violencia contra una persona,
para evitar que ésta o un tercero aporte pruebas relativas a la comisión de un
delito.
CAPÍTULO V
Artículo 301. Se impondrá de seis meses a tres
años de prisión, al médico que, habiendo prestado atención médica a un
lesionado, no comunique de inmediato a la autoridad correspondiente:
a) La identidad del lesionado;
b) El lugar, estado y circunstancias en las que lo halló;
c) La naturaleza de las lesiones que presenta y sus causas
probables;
d) La atención médica que le proporcionó; o
e) el lugar preciso en que queda a disposición de la
autoridad.
Artículo 302. La misma sanción establecida en
el artículo anterior, se impondrá al médico que, habiendo otorgado responsiva
de la atención de un lesionado, no proporcione a la autoridad correspondiente:
a) El cambio del lugar en el que se atiende al lesionado;
b) El informe acerca de la agravación que hubiere
sobrevenido y sus causas;
c) La historia clínica respectiva;
d) El certificado definitivo con la indicación del tiempo
que tardó la curación o de las consecuencias que dejó la lesión; o
e) El certificado de defunción, en su caso.
CAPÍTULO VI
DELITOS COMETIDOS EN EL ÁMBITO DE LA
Artículo 303. Se impondrán de dos a ocho años
de prisión y de cincuenta a trescientos días multa, al servidor público que:
I. Exija gabelas o contribuciones a los encargados o
empleados de lugares de reclusión o internamiento, a los internos o a sus
familiares, a cambio de proporcionarles bienes o servicios que gratuitamente
brinde el Estado, o para otorgarles condiciones de privilegio en el
alojamiento, alimentación o régimen;
II. Otorgue indebidamente privilegios a los internos; o
III. Permita ilegalmente la salida de personas privadas de
su libertad como procesadas o sentenciadas.
CAPÍTULO VII
Artículo 304. Al que indebidamente ponga en
libertad o favorezca la evasión de una persona que se encuentre legalmente
privada de aquélla, se le impondrán de dos a siete años de prisión y de cien a
trescientos días multa.
Artículo 305. Al que favorezca al mismo tiempo,
o en un solo acto, la evasión de dos o más personas privadas legalmente de su
libertad, se le impondrán de tres a diez años de prisión y de cien a
trescientos cincuenta días multa.
Artículo 305 Bis.- Se equipara al delito de evasión
de presos y se le impondrán de dos a siete años de prisión y de cien a
trescientos días multa, al que encontrándose sujeto al beneficio de Reclusión
Domiciliaria mediante el Programa de Monitoreo Electrónico a Distancia, evada
por cualquier medio la vigilancia de la autoridad ejecutora.
Artículo 306. Las sanciones previstas en los
artículos anteriores se aumentarán en una mitad, cuando:
I. Para favorecer la fuga, haga uso de la violencia en las
personas o de la fuerza en las cosas; o
II. El que indebidamente ponga en libertad o favorezca la
evasión sea servidor público en funciones de custodia.
Artículo 307. Si el que favorece la fuga es el
ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, cónyuge, concubina o
concubinario, pareja permanente, hermano del evadido o pariente por afinidad
hasta el segundo grado, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión. Si
mediare violencia, se impondrá de uno a cuatro años de prisión.
Artículo 308. Si la reaprehensión del evadido
se logra por gestiones del responsable de la evasión, la pena aplicable será de
una tercera parte de la s sanciones correspondientes.
Artículo 309. Al evadido no se le impondrá pena
o medida de seguridad alguna, salvo que obre de concierto con otro u otros
presos y se fugue alguno de ellos o ejerza violencia, en cuyo caso se le
impondrá de seis meses a tres años de prisión.
Cuando un particular cometa o participe en alguno de los
delitos previsto en este Capítulo, se le impondrá la mitad de las sanciones
establecidas.
TÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO
DELITOS COMETIDO POR PARTICULARES ANTE EL MINISTERIO
PÚBLICO,
AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA.
CAPÍTULO I
Artículo 310. Al que para obtener un beneficio
indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial
o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro
acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con
el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la
ley, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de
cincuenta a doscientos cincuenta días multa. Si el beneficio es de carácter
económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude.
Este delito se perseguirá por querella, salvo que la cuantía
o monto exceda de cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el
Distrito Federal, al momento de realizarse el hecho.
CAPÍTULO II
Artículo 311. Quien al declarar ante autoridad
en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad en
relación con los hechos que motivan la intervención de ésta, será sancionado
con pena de dos a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa.
Si la falsedad en declaración se refiere a las
circunstancias o accidentes de los hechos que motivan la intervención de la
autoridad, la pena será de uno a tres años de prisión y de cincuenta a ciento
cincuenta días multa.
Artículo 312.- A quien con el propósito de
inculpar o exculpar a alguien indebidamente en un procedimiento penal, ante el
Ministerio Público o ante la autoridad judicial, declare falsamente en calidad
de testigo o como denunciante, además de la multa a que se refiere el primer
párrafo del artículo 311, será sancionado con pena de tres a siete años de prisión
si el delito materia de la averiguación previa o del proceso no es grave. Si el
delito es grave, se impondrá de cinco a diez años de prisión.
La pena de prisión se aumentará en una mitad para el testigo
falso que fuere examinado en un procedimiento penal, cuando su testimonio se
rinda para producir convicción sobre la responsabilidad del inculpado, por un
delito no grave. Si se trata de delito grave, la pena de prisión se aumentará
en un tanto.
Artículo 313. Al que examinado como perito por
la autoridad judicial o administrativa dolosamente falte a la verdad en su
dictamen, se le impondrán de tres a ocho años de prisión y de cien a
trescientos días multa así como suspensión para desempeñar profesión u oficio,
empleo, cargo o comisión públicos hasta por seis años.
Artículo 314. Si el agente se retracta
espontáneamente de sus declaraciones falsas o de su dictamen, antes de que se
pronuncie resolución en la etapa procedimental en la que se conduce con
falsedad, sólo se le impondrá la multa a que se refiere el artículo anterior.
Si no lo hiciere en dicha etapa, pero sí antes de dictarse en segunda
instancia, se le impondrá pena de tres meses a un año de prisión.
Artículo 315. Al que aporte testigos falsos
conociendo esta circunstancia, o logre que un testigo, perito, intérprete o
traductor falte a la verdad o la oculte al ser examinado por la autoridad
pública en el ejercicio de sus funciones, se le impondrán de seis meses a cinco
años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa.
Artículo 316. Además de las penas a que se
refieren los artículos anteriores, se suspenderá hasta por tres años en el
ejercicio de profesión, ciencia, arte u oficio al perito, intérprete o
traductor, que se conduzca falsamente u oculte la verdad, al desempeñar sus
funciones.
CAPÍTULO III
Artículo 317. Se impondrá de seis meses a dos
años prisión o de noventa a ciento cincuenta días de trabajo en favor de la
comunidad, al que ante una autoridad judicial o administrativa en ejercicio de
sus funciones, oculte o niegue su nombre o apellido o se atribuya uno distinto
del verdadero, u oculte o niegue su domicilio o designe como tal uno distinto
del verdadero.
CAPÍTULO IV
Artículo 318. Al que con el propósito de
inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad judicial,
simule en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su
responsabilidad, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a
trescientos días multa.
CAPÍTULO V
Artículo 319. Se impondrán de seis meses a
cuatro años de prisión, de cincuenta a trescientos días multa y suspensión para
ejercer la abogacía, por un término igual al de la pena impuesta, a quien:
I. Abandone una defensa o un negocio, sin motivo justificado
y en perjuicio de quien patrocina;
II. Asista o ayude a dos o más contendientes o partes con
intereses opuestos en un mismo negocio o negocios conexos, o acepte el
patrocinio de alguno y admita después el de la parte contraria en un mismo
negocio;
III. A sabiendas, alegue hechos falsos o se apoye en leyes
inexistentes o derogadas;
IV. Promueva cualquier incidente, recurso o medio de
impugnación notoriamente improcedente, que entorpezca el juicio o motive su
dilación;
V. Como defensor de un inculpado, se concrete a aceptar el
cargo y a solicitar la libertad caucional a que se refiere la fracción I del
apartado a) del artículo 20 Constitucional, sin promover mas pruebas ni
diligencias tendientes a la defensa adecuada del inculpado;
VI. Como defensor de un inculpado, no ofrezca ni desahogue
pruebas fundamentales para la defensa dentro de los plazos previstos por la
ley, teniendo la posibilidad de hacerlo.
Si el responsable de los delitos previstos en este artículo
es un defensor particular, se le impondrá, además, suspensión de seis meses a
cuatro años en el ejercicio de la profesión. Si es defensor de oficio, se le
destituirá del cargo y se le inhabilitará de seis meses a cuatro años para
desempeñar otro empleo, cargo o comisión.
VII. Como representante de la víctima o el ofendido, se
concrete a aceptar el cargo sin realizar gestiones, trámites o promociones
relativas a su representación.
CAPÍTULO VI
Artículo 320. Se impondrán de seis meses a
cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa, a quien después de la
ejecución de un delito y sin haber participado en éste:
I.- Ayude en cualquier forma al delincuente a eludir las
investigaciones de la autoridad competente o a sustraerse a la acción de ésta;
II.- Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable del
delito, u oculte, altere, inutilice, destruya, remueva o haga desaparecer los
indicios, instrumentos u otras pruebas del delito;
III.- Oculte o asegure para el inculpado, el instrumento, el
objeto, producto o provecho del delito;
IV.- Al que requerido por la autoridad, no proporcione la
información de que disponga para la investigación del delito, o para la
detención o aprehensión del delincuente; o
V.- No procure por los medios lícitos que tenga a su alcance
y sin riesgo para su persona, impedir la consumación de los delitos que se sabe
van a cometerse o se están cometiendo, salvo que tenga obligación de afrontar
el riesgo, en cuyo caso se estará a lo previsto en este artículo o en otras
normas aplicables.
Artículo 321. No comete el delito a que se
refiere al artículo anterior, quien oculte al responsable de un hecho
calificado por la ley como delito o impida que se averigüe, siempre que el
sujeto tenga la calidad de defensor, ascendiente o descendiente consanguíneo en
línea recta o colateral hasta el cuarto grado, por adopción, por afinidad hasta
el segundo grado, cónyuge, concubina o concubinario o persona ligada con el
delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad.
TÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO
Artículo 322. Los profesionistas, artistas o
técnicos y sus auxiliares, serán responsables de los delitos que cometan en el
ejercicio de su profesión, en los términos siguientes y sin perjuicio de las
prevenciones contenidas en las normas sobre ejercicio profesional.
Además de las sanciones fijadas para los delitos que
resulten consumados, se les impondrá suspensión de un mes a dos años en el
ejercicio de la profesión o definitiva en caso de reiteración y estarán
obligados a la reparación del daño por sus propios actos y los de sus
auxiliares, cuando éstos actúen de acuerdo con las instrucciones de aquellos.
CAPÍTULO II
Artículo 323. Al que se atribuya públicamente
el carácter de profesionista sin tener título profesional, u ofrezca o
desempeñe públicamente sus servicios, sin tener autorización para ejercerla en
términos de la legislación aplicable, se le impondrá de dos a seis años de
prisión y de doscientos a quinientos días multa.
CAPÍTULO III
Artículo 324. Se impondrán prisión de uno a
cuatro años, de cien a trescientos días multa y suspensión para ejercer la
profesión, por un tiempo igual al de la pena de prisión, al médico en ejercicio
que:
I. Estando en presencia de un lesionado o habiendo sido
requerido para atender a éste, no lo atienda o no solicite el auxilio a la institución
adecuada; o
II. Se niegue a prestar asistencia a un enfermo cuando éste
corra peligro de muerte o de una enfermedad o daño más grave y, por las
circunstancias del caso, no pueda recurrir a otro médico ni a un servicio de
salud.
Artículo 325. Al médico que habiéndose hecho
cargo de la atención de un lesionado, deje de prestar el tratamiento sin dar
aviso inmediato a la autoridad competente, o no cumpla con las obligaciones que
le impone la legislación de la materia, se le impondrán de uno a cuatro años de
prisión y de cien a trescientos días multa.
Artículo 326. Se impondrá de dos a seis años de
prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa al médico que:
I. Realice una operación quirúrgica innecesaria;
II. Simule la práctica de una intervención quirúrgica; o
III. Sin autorización del paciente o de la persona que ante
la imposibilidad o incapacidad de aquél pueda legítimamente otorgarla, salvo en
casos de urgencia, realice una operación quirúrgica que por su naturaleza ponga
en peligro la vida del enfermo o cause la pérdida de un miembro o afecte la
integridad de una función vital.
CAPÍTULO IV
RESPONSABILIDAD DE DIRECTORES, ENCARGADOS,
ADMINISTRADORES O EMPLEADOS DE CENTROS DE SALUD Y AGENCIAS FUNERARIAS, POR
REQUERIMIENTO ARBITRARIO DE LA CONTRAPRESTACIÓN
Artículo 327. Se impondrán de tres meses a dos
años de prisión, de veinticinco a cien días multa y suspensión de tres meses a
dos años para ejercer la profesión, a los directores, encargados,
administradores o empleados de cualquier lugar donde se preste atención médica,
que:
I. Impidan la salida de un paciente, aduciendo adeudos de
cualquier índole;
II. Impidan la entrega de un recién nacido, por el mismo
motivo; o
III. Retarden o nieguen la entrega de un cadáver, excepto
cuando se requiera orden de autoridad competente.
La misma sanción se impondrá a los directores, encargados,
administradores o empleados de agencias funerarias que retarden o nieguen
indebidamente la entrega de un cadáver.
CAPÍTULO V
Artículo 328. Al médico o enfermera que
suministre un medicamento evidentemente inapropiado en perjuicio de la salud
del paciente, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión, de
cincuenta a trescientos días multa y suspensión para ejercer la profesión u
oficio por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta.
Artículo 329. A los encargados, empleados o
dependientes de una farmacia, que al surtir una receta sustituyan la medicina
específicamente señalada por otra que ponga en peligro la salud o cause daño, o
sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el que se prescribió, se les
impondrán seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a doscientos días
multa.
CAPÍTULO VI
RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES
DE OBRA O CORRESPONSABLES
Artículo 329 Bis.- Al Director Responsable de Obra o
Corresponsable de Obra que permita el desarrollo de la obra, en la que otorgó
su responsiva, sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro o
conforme a las disposiciones aplicables, se le impondrá de dos a cinco años de
prisión y de cuatrocientos a setecientos días multa, así como suspensión para
desempeñar profesión u oficio hasta por un periodo igual a la pena de prisión
impuesta.
TÍTULO VIGÉSIMO TERCERO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD Y EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE
LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
CAPÍTULO I
Artículo 330. Al que ponga en movimiento un
medio de transporte provocando un desplazamiento sin control que pueda causar
daño, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a
doscientos días multa.
Artículo 331. Se impondrán de uno a cuatro años
de prisión y de cien a cinco mil días multa, al que:
I. Dañe, altere, interrumpa, obstaculice, destruya alguna
vía o medio local de comunicación, de transporte público o de trasmisión de
energía; o
II. Interrumpa o dificulte el servicio público local de
comunicación o de transporte obstaculizando alguna vía local de comunicación,
reteniendo algún medio local de transporte público de pasajeros, de carga o
cualquier otro medio local de comunicación.
Si el medio de transporte a que se refiere este artículo
estuviere ocupado por una o más personas, las penas se aumentarán en una mitad.
Si alguno de los hechos a que se refiere este artículo, se
ejecuta por medio de violencia, la pena se aumentará en dos tercios.
Estas sanciones se impondrán con independencia de las que
procedan si se ocasiona algún otro ilícito.
CAPÍTULO II
Artículo 332. Se le impondrá de seis meses a
dos años de prisión o de veinticinco a cien días multa al que:
I. Altere o destruya las señales indicadoras de peligro, de
forma que no puedan advertirlas los conductores; o
II. Derrame sustancias deslizantes o inflamables.
Artículo 333. Al que abra o intercepte una
comunicación escrita que no esté dirigida a él, se le impondrá de treinta a
noventa días multa.
No se sancionará a quien, en ejercicio de la patria
potestad, tutela o custodia, abra o intercepte la comunicación escrita dirigida
a la persona que se halle bajo su patria potestad, tutela o custodia.
Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por
querella.
CAPÍTULO IV
Artículo 334. A quien intervenga comunicaciones
privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le impondrán de dos a
ocho años de prisión y de cien a mil días multa.
A quien revele, divulgue, utilice indebidamente o en
perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de
comunicación privada, se le impondrán de tres a doce años de prisión y de
doscientos a mil días multa.
TÍTULO VIGÉSIMO CUARTO
CAPÍTULO I
Artículo 335. Se impondrán de dos a ocho años
de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, al que:
I. Falsifique o altere acciones, obligaciones u otros
documentos de crédito público del Gobierno del Distrito Federal, o cupones de
interés o de dividendos de esos títulos; o
II. Introduzca al territorio del Distrito Federal o ponga en
circulación en él, obligaciones u otros documentos de crédito público, o
cupones de interés o de dividendos de esos títulos, falsificados o alterados.
Artículo 336. Se impondrán de tres a nueve años
de prisión y de cien a cinco mil días multa al que, sin consentimiento de quien
esté facultado para ello:
I. Produzca, imprima, enajene, distribuya, altere o
falsifique tarjetas, títulos o documentos utilizados para el pago de bienes y
servicios o para disposición de efectivo;
II. Adquiera, utilice, posea o detente tarjetas, títulos o
documentos para el pago de bienes y servicios, a sabiendas de que son alterados
o falsificados;
III. Adquiera, utilice, posea o detente, tarjetas, títulos o
documentos auténticos para el pago de bienes y servicios, sin consentimiento de
quien esté facultado para ello;
IV. Altere los medios de identificación electrónica de
tarjetas, títulos o documentos para el pago de bienes y servicios;
V. Acceda a los equipos electromagnéticos de las
instituciones emisoras de tarjetas, títulos o documentos para el pago de bienes
y servicios o para disposición de efectivo;
VI. Adquiera, utilice o posea equipos electromagnéticos o
electrónicos para sustraer la información contenida en la cinta o banda
magnética de tarjetas, títulos o documentos, para el pago de bienes o servicios
o para disposición de efectivo, así como a quien posea o utilice la información
sustraída, de esta forma; o
VII. A quien utilice indebidamente información confidencial
o reservada de la institución o persona que legalmente esté facultada para
emitir tarjetas, títulos o documentos utilizados para el pago de bienes y
servicios, o de los titulares de dichos instrumentos o documentos.
VIII.
Produzca, imprima, enajene, distribuya, altere, o falsifique vales utilizados
para canjear bienes y servicios.
Si el sujeto activo es empleado o dependiente del ofendido,
las penas se aumentarán en una mitad.
CAPÍTULO II
FALSIFICACIÓN DE SELLOS, MARCAS, LLAVES, CUÑOS, TROQUELES,
CONTRASEÑAS Y OTROS
Artículo 337. Se impondrán de seis meses a tres
años de prisión y de cien a quinientos días multa, al que:
I. Falsifique o altere sellos, marcas, llaves, estampillas,
troqueles, cuños, matrices, planchas, contraseñas, boletos, fichas o punzones
particulares; o
II. Use los objetos falsificados o alterados señalados en la
fracción anterior.
Las penas se aumentarán en una mitad, cuando el objeto
falsificado o alterado sea oficial.
CAPÍTULO III
ELABORACIÓN O ALTERACIÓN Y USO INDEBIDO DE PLACAS, ENGOMADOS
Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Artículo 338. Al que elabore o altere sin
permiso de la autoridad competente una placa, el engomado, la tarjeta de
circulación o los demás documentos oficiales que se expiden para identificar
vehículos automotores o remolques, se le impondrán de cuatro a ocho años de
prisión y de trescientos a dos mil días multa.
Las mismas penas se impondrán al que posea, utilice,
adquiera o enajene, cualquiera de los objetos a que se refiere el párrafo
anterior, con conocimiento de que son falsificados o que fueron obtenidos
indebidamente.
CAPÍTULO IV
Artículo 339. Al que para obtener un beneficio
o causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado, se le
impondrán de tres a seis años de prisión y de cien a mil días multa, tratándose
de documentos públicos y de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a
quinientos días multa, tratándose de documentos privados.
Las mismas penas se impondrán al que, con los fines a que se
refiere el párrafo anterior, haga uso de un documento falso o alterado o haga
uso indebido de un documento verdadero, expedido a favor de otro, como si
hubiere sido expedido a su nombre, o aproveche indebidamente una firma o
rúbrica en blanco.
Artículo 340. Las penas previstas en el
artículo anterior se incrementarán en una mitad, cuando:
I. El delito sea cometido por un servidor público en
ejercicio de sus funciones, en cuyo caso se impondrá a éste, además,
destitución e inhabilitación para ocupar otro empleo, cargo o comisión públicos
de seis meses a tres años; o
II. La falsificación sirva como medio para el comercio de
vehículos robados o de sus partes o componentes.
Artículo 341. Se impondrán las penas señaladas
en el artículo 338, al:
I. Funcionario o empleado que, por engaño o por sorpresa,
hiciere que alguien firme un documento público, que no habría firmado sabiendo
su contenido;
II. Notario, fedatario o cualquier otro servidor público
que, en ejercicio de sus atribuciones, expida una certificación de hechos que
no sean ciertos, de fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o
documentos;
III. Que, para eximirse de un servicio debido legalmente o
de una obligación impuesta por la ley, exhiba una certificación de enfermedad o
impedimento que no padece;
IV. Médico que certifique falsamente que una persona tiene
una enfermedad u otro impedimento bastante para dispensarla de prestar un
servicio que exige la ley, o de cumplir una obligación que ésta impone o para
adquirir algún derecho; o
V. Al perito traductor o paleógrafo que plasme hechos falsos
o altere la verdad al traducir o descifrar un documento.
Artículo 342. Se impondrán de uno a tres años
de prisión y de cincuenta a mil días multa al que, para obtener un beneficio o
causar un daño, indebidamente produzca o edite, por cualquier medio técnico,
imágenes, textos o voces, total o parcialmente falsos o verdaderas.
TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA GESTIÓN AMBIENTAL
CAPÍTULO I
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE
Artículo 343.- Se le impondrán de tres a nueve
años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien ilícitamente realice la
ocupación o invasión de:
I. Un área natural protegida o área de valor ambiental de
competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables;
II. El suelo de conservación en términos de lo establecido
en el programa o programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal
aplicables, así como lo establecido en el Programa o Programas de Desarrollo
Urbano aplicables;
III. Una barranca; o
IV. Un área verde en suelo urbano.
Las penas previstas en este artículo se aumentaran en una
mitad cuando la ocupación o invasión se realice con violencia, así como a quien
instigue, promueva, dirija o incite la comisión de las conductas anteriores.
Artículo 343 Bis.- Se le impondrán de tres a nueve
años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien ilícitamente realice el
cambio del uso del suelo en:
I. Un área natural protegida o área de valor ambiental de
competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables;
II. El suelo de conservación en términos de lo establecido
en el programa o programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal
aplicables, así como lo establecido en el Programa o Programas de Desarrollo
Urbano aplicables;
III. Una barranca; o
IV. Un área verde en suelo urbano.
Las penas previstas en este artículo se disminuirán en una
mitad cuando, el cambio de uso de suelo se realice de uno a otro de los usos de
suelos previstos en el programa o programas de ordenamiento ecológico del
Distrito Federal, así como lo establecido en el Programa o Programas de
Desarrollo Urbano aplicables.
Artículo 344.- Se le impondrán de 1 a 5 años de
prisión y de 300 a 1,500 días multa, a quien ilícitamente descargue o deposite
hasta tres metros cúbicos, en cualquier estado físico, excepto líquido que se
establece en el artículo 346 de este mismo capítulo, residuos de la industria
de la construcción en:
I. Un área natural protegida o área de valor ambiental de
competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables;
II. El suelo de conservación en términos de lo establecido
en el programa o programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal
aplicables, así como lo establecido en el Programa o Programas de Desarrollo
Urbano aplicables;
III. Una barranca;
IV. Una zona de recarga de mantos acuíferos; o
V. Un área verde en suelo urbano.
Se le impondrán de 3 a 9 años de prisión y de 1,000 a 5,000
días multa, a quien ilícitamente descargue o deposite más de tres metros
cúbicos, en cualquier estado físico, excepto líquido, residuos de la industria
de la construcción en las zonas o áreas descritas en las fracciones anteriores.
Cuando una o más de las conductas descritas en el presente
artículo resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona
moral, a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica accesoria consistente en
la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5
años, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las
personas físicas por el delito cometido.
Artículo 344 Bis.- Se le impondrán de seis meses a
cinco años de prisión y de 500 a 2,000 días multa, a quien ilícitamente
extraiga suelo o cubierta vegetal por un volumen igual o mayor a dos metros
cúbicos, de :
I. Un área natural protegida o área de valor ambiental de
competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables;
II. El suelo de conservación en términos de lo establecido
en el programa o programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal
aplicables, así como lo establecido en el Programa o Programas de Desarrollo
Urbano aplicables;
III. Una barranca; o
IV. Un área verde en suelo urbano.
Artículo 345.- Se le impondrán de dos a cinco
años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien ilícitamente ocasione
uno o más incendios que dañen:
I. Un área natural protegida o área de valor ambiental de
competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables;
II. El suelo de conservación en términos de lo establecido
en el programa o programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal
aplicables, así como lo establecido en el Programa o Programas de Desarrollo
Urbano aplicables;
III. Una barranca; o
IV. Un área verde en suelo urbano.
Las penas previstas en este artículo se aumentarán en una
mitad cuando el área afectada sea igual o mayor a cinco hectáreas o se afecten
recursos forestales maderables en una cantidad igual o mayor a mil metros
cúbicos rollo total árbol.
Artículo 345 Bis.- Se le impondrán de tres meses a
cinco años de prisión y de 500 a 2,000 días multa, al que ilícitamente derribe,
tale u ocasione la muerte de uno o más árboles.
Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando
uno a más de las conductas descritas en el párrafo anterior se desarrollen en
un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Distrito
Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
Cuando una o más de las conductas descritas en el presente
artículo resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona
moral, a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica accesoria consistente en
la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5
años, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las
personas físicas por el delito cometido.
Artículo 346.- Se le impondrán de 2 a 6 años de
prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien ilícitamente:
I. Emita gases o partículas sólidas o líquidas a la
atmósfera, provenientes de fuentes fijas ubicadas en el Distrito Federal o de
fuentes móviles que circulan en el Distrito Federal;
II. Descargue, deposite o infiltre aguas residuales,
residuos sólidos o industriales no peligrosos, líquidos químicos o bioquímicos;
III. Descargue, deposite o infiltre residuos sólidos,
líquidos o industriales de manejo especial, conforme a lo previsto en las
disposiciones jurídicas aplicables en el Distrito Federal;
IV. Genere emisiones de energía térmica o lumínica, olores,
ruidos o vibraciones, provenientes de fuentes fijas ubicadas en el Distrito
Federal o de fuentes móviles que circulan en el Distrito Federal;
V. Realice actividades riesgosas de las previstas en las
disposiciones jurídicas aplicables en el Distrito Federal; o
VI. Genere, maneje o disponga residuos sólidos o
industriales no peligrosos conforme a lo previsto en las disposiciones
jurídicas aplicables en el Distrito Federal.
Las penas previstas en este artículo se impondrán siempre
que se ocasionen daños a la salud de las personas o uno o más ecosistemas o sus
elementos y se aumentarán en una mitad cuando las conductas descritas en las
fracciones anteriores se realicen dentro de:
a. Un área natural protegida o área de valor ambiental de
competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables;
b. El suelo de conservación en términos de lo establecido en
el programa o programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal
aplicables, así como lo establecido en el Programa o Programas de Desarrollo
Urbano aplicables;
c. Una barranca;
d. Una zona de recarga de mantos acuíferos; o
e. Un área verde en suelo urbano.
Cuando una o más de las conductas descritas en el presente
artículo resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona
moral, a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica accesoria consistente en
la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5
años, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las
personas físicas por el delito cometido.
CAPÍTULO II
DELITOS CONTRA LA GESTIÓN AMBIENTAL
Artículo 347.- Se le impondrán de seis meses a
cinco años de prisión y de 500 a 2,000 días multa, al que realice el cambio
provisional de aditamentos o equipos de cualquier vehículo automotor, con el
objeto de obtener uno o más documentos que acrediten la aprobación de la verificación
vehicular prevista en las disposiciones jurídicas aplicables en el Distrito
Federal.
Artículo 347 Bis.- Se le impondrán de tres a nueve
años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, al que:
I. Altere, permita la alteración u opere en forma indebida
cualquier equipo o programa utilizado para la verificación vehicular prevista
en las disposiciones jurídicas aplicables en el Distrito Federal; o
II. Ilícitamente venda uno o más documentos que acrediten la
aprobación de la verificación vehicular prevista en las disposiciones jurídicas
aplicables en el Distrito Federal.
Artículo 347 Ter.- Se le impondrán de seis meses a
tres años de prisión y de 20 a 500 días multa:
I. Al propietario, responsable o técnico de los centros de
verificación vehicular que por si o por interpósita persona, solicite o reciban
indebidamente dinero o cualquier otra dádiva para la aprobación de la
verificación vehicular, o por cualquier motivo cobre una cantidad superior a la
autorizada oficialmente; y
II. En calidad de usuario del servicio de verificación
vehicular, ilícitamente ofrezca, prometa o entregue dinero o cualquier dádiva,
con el fin de obtener la aprobación de la verificación vehicular obligatoria.
Artículo 347 Quater.- Se le impondrán de seis meses a
cinco años de prisión y de 1,000 a 3,000 días multa, al que obtenga una
autorización proveniente de cualquier autoridad ambiental del Distrito Federal,
a partir de información falsa o de uno o más documentos falsos o alterados.
Artículo 347 Quintus.- Se les impondrán de seis
meses a tres años de prisión y de 20 a 500 días multa a los prestadores y
laboratorios de servicios ambientales, que proporcionen documentos o
información falsa u omitan datos con el objeto de que las autoridades
ambientales otorguen o avalen cualquier tipo de permiso, autorización o
licencia.
Las penas previstas en este artículo se impondrán siempre
que la autoridad ambiental haya otorgado el permiso, autorización o licencia de
que se trate.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS PREVISTOS EN EL
PRESENTE TÍTULO
Artículo 348.- El Juez, de oficio o a petición de
parte, podrá reducir las penas correspondientes para los delitos previstos en
este título, hasta en tres cuartas partes, cuando el agente haya reestablecido
las condiciones de los elementos naturales afectados al estado en que se
encontraban antes de realizarse la conducta, y cuando ello no sea posible,
ejecutando las acciones u obras que compensen los daños ambientales que se
hubiesen generado.
A efecto de que pueda acreditarse el supuesto de procedencia
de la mencionada atenuante, deberá constar en el expediente respectivo dictamen
técnico favorable emitido por la autoridad ambiental competente en el Distrito
Federal.
Artículo 349.- Para los efectos del presente
Título, la reparación del daño se ordenará a petición del Ministerio Público u
oficiosamente por el Juez, e incluirá además:
I. La realización de las acciones necesarias para restaurar
las condiciones de los elementos naturales afectados al estado en que se
encontraban antes de realizarse el delito, cuando ello no sea posible, la
ejecución de acciones u obras que permitan compensar los daños ambientales que
se hubiesen generado, y si ninguna de ellas fuera posible, el pago de una
indemnización que se integrará a los recursos del fondo ambiental público
previsto en la Ley Ambiental del Distrito Federal.
A fin de determinar el monto de la indemnización a que se
refiere esta fracción, el Juez deberá considerar los daños ambientales
ocasionados, el valor de los bienes afectados y el derecho de toda persona de
tener un ambiente sano; debiendo apoyarse en todo caso, en un dictamen técnico
emitido por la autoridad ambiental competente para fijar el monto de la
indemnización correspondiente, la cual en ninguno de los casos deberá ser
inferior al valor de los bienes afectados o de los beneficios obtenidos por la
conducta.
II. La suspensión, modificación o demolición de las
construcciones, obras o actividades, que hubieren dado lugar al delito
ambiental respectivo.
Artículo 349 Bis.- Tratándose de los delitos
previstos en este título, el trabajo a favor de la comunidad, consistirá en
actividades relacionadas con la protección al ambiente o la restauración de los
recursos naturales.
Artículo 349 Ter.- En caso de concurso de delitos, en
lo referente a la reparación del daño, tendrá preferencia la reparación del
daño ambiental, con excepción de la reparación de los daños a la salud,
integridad de las personas o a la vida.
Artículo 350.- Cuando en la comisión de un delito
previsto en este título, intervenga un servidor público en ejercicio, con
motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor, la pena de
prisión se aumentará en una mitad y se le inhabilitará para ocupar cargo,
empleo o comisión, en los términos del artículo 258 de este Código.
TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 351. Para los efectos de este
Capítulo, se entiende por:
I. Funcionarios electorales; quienes en los términos de la
legislación electoral del Distrito Federal integren los órganos que cumplen
funciones públicas electorales;
II. Funcionarios partidistas: los dirigentes de los partidos
políticos nacionales y de las agrupaciones políticas locales, y sus
representantes ante los órganos electorales, en los términos de la legislación
electoral del Distrito Federal;
III. Candidatos: los ciudadanos registrados formalmente como
tales por la autoridad competente;
IV. Documentos públicos electorales: las boletas
electorales, las actas de la jornada electoral, las relativas al escrutinio y
cómputo de cada una de las elecciones, paquetes electorales y expedientes de
casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los consejos
distritales, de los consejos que funjan como cabecera de delegación y, en
general todos los documentos y actas expedidos en el ejercicio de sus funciones
por los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito Federal; y
V. Materiales electorales: los elementos físicos, tales como
urnas, canceles o elementos modulares para la emisión del voto, marcadoras de
credencial, líquido indeleble, útiles de escritorio y demás equipamiento
autorizado para su utilización en las casillas electorales durante la jornada
electoral o en los procesos de participación ciudadana.
Artículo 352. Al servidor público que incurra
en la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el presente
Capítulo, se le impondrá, además de las penas señaladas, la destitución del
cargo y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar u ocupar
cualquier cargo, empleo o comisión.
Al que incurra en la
comisión de cualquiera de los delitos a que se refiere este Título, se le
impondrá además suspensión de derechos políticos por un lapso igual al de la
pena de prisión impuesta
Artículo 353. Se impondrán de seis meses a tres
años de prisión y de cien a quinientos días multa, a quien:
I. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de
la ley;
II. Vote más de una vez en una misma elección;
III. Haga proselitismo o presione a los electores el día de
la jornada electoral en el interior de las casillas, en las áreas aledañas, o
en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar
el sentido de su voto;
IV. Obstaculice o interfiera dolosamente el desarrollo
normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los
paquetes y documentación electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de
los funcionarios electorales;
V. Recoja, sin causa justificada por la ley credenciales
para votar, durante las campañas electorales o el día de la jornada electoral;
VI. Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u
otra recompensa;
VII. El día de la jornada electoral o proceso de
participación ciudadana, viole a otro el secreto del voto;
VIII. Vote con una credencial para votar con fotografía de
la que no sea titular;
IX. El día de la jornada electoral o proceso de
participación ciudadana, coarte al elector su libertad para emitir el voto;
X. Introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o
más boletas electorales; se apodere, destruya o altere boletas, documentos o
materiales electorales o impida de cualquier forma su traslado o entrega a los
órganos electorales;
XI. Obtenga o solicite declaración firmada del elector
acerca de la intención o el sentido de su voto;
XII. Indebidamente impida la instalación, apertura o cierre
de una casilla;
XIII. Durante los ocho días previos a las elecciones o en
los procesos de participación ciudadana y hasta la hora oficial del cierre de
las casillas, publique o difunda por cualquier medio los resultados de
encuestas o sondeos de opinión que den a conocer las preferencias de los
ciudadanos; o
XIV. Viole o altere paquetes o sellos con los que se
resguarden documentos electorales.
Artículo 354. Se impondrán de dos a seis años
de prisión y de cien a quinientos días multa, al funcionario electoral que:
I. Se abstenga de cumplir con las obligaciones propias de su
encargo, en perjuicio del proceso electoral o de participación ciudadana de que
se trate;
II. Obstruya el desarrollo normal de la votación;
III. Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya
boletas, documentos o materiales electorales;
IV. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o
materiales electorales;
V. En ejercicio de sus funciones, ejerza presión sobre los
electores y los induzca de manera manifiesta a votar por un candidato, partido
o planilla determinada, en el interior de la casilla o en el lugar donde los
propios electores se encuentren formados;
VI. Instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos
y formas previstos por la ley de la materia, la instale en lugar distinto al
legalmente señalado, o impida su instalación;
VII. Sin causa justificada expulse u ordene el retiro de la
casilla electoral de un funcionario electoral, de representantes de un partido
político, de una planilla, o coarte los derechos que la ley les concede;
VIII. Permita o tolere que un ciudadano emita su voto a
sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley o que se introduzcan en
las urnas ilícitamente una o más boletas electorales; o
IX. Propale, de manera pública, noticias falsas en torno al
desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados.
Artículo 355. Se impondrán de cuatro a nueve
años de prisión y de doscientos cincuenta a cuatrocientos días multa, al
funcionario electoral que altere, expida, sustituya, destruya o haga mal uso de
documentos públicos electorales o archivos oficiales computarizados o relativos
al registro de electores que corresponda.
Artículo 356. Se impondrán de uno a seis años
de prisión y de cien a quinientos días multa, al funcionario partidista, al
candidato o al funcionario de las agrupaciones políticas, que:
I. Ejerza presión sobre los electores o los induzca a la
abstención, o a votar por un candidato, partido o planilla determinada, en el
interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren
formados;
II. Realice propaganda electoral o actos de campaña mientras
cumple sus funciones durante la jornada electoral;
III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de
documentos o materiales electorales;
IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los
actos posteriores a la misma o con ese fin amenace o ejerza violencia física
sobre los funcionarios electorales;
V. Propale de manera pública, noticias falsas en torno al
desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados;
VI. Impida la instalación, apertura o cierre de una casilla;
VII. Obtenga o utilice fondos provenientes de actividades
ilícitas para su campaña electoral, a sabiendas de esta circunstancia; o
VIII. Se exceda en el monto de los topes para gastos de
campaña establecidos de acuerdo con los criterios legalmente autorizados, con
anterioridad a la elección.
Artículo 357. Se impondrán de uno a nueve años
de prisión y de doscientos a seiscientos días multa, al servidor público
que, en los procesos electorales de carácter local:
I. Obligue a sus subordinados a emitir sus votos a favor de
un partido político candidato o planilla, o a la abstención;
II. Condicione la prestación de un servicio público, el
cumplimiento de programas, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias,
autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en
el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de un partido
político, candidato o planilla;
III. Destine, sin causa justificada fondos, bienes o
servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, al apoyo de un partido
político, candidato o planilla;
IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos
políticos, candidato o planilla, a través de sus subordinados, dentro del
tiempo correspondiente a sus labores; o
V. Realice o permita cualquier acto de campaña electoral
fuera de los casos permitidos por la ley, o instale, pegue, cuelgue, fije o
pinte propaganda electoral en el interior o exterior de muebles o inmuebles
pertenecientes o arrendados por los órganos de Gobierno del Distrito Federal.
Artículo 358. Se impondrán de cuatro a ocho
años de prisión y de cien a quinientos días multa, a quien por cualquier
medio falsifique o altere los listados nominales o credenciales para votar.
Artículo 359. Se impondrán de seis meses a un
año de prisión o cien a trescientos días multa y, en su caso, destitución e
inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro empleo, cargo o
comisión, al servidor público que se apodere, destruya, retire, borre,
suprima, oculte o distorsione la propaganda de algún candidato, partido o
planilla, en contravención a las normas de la materia durante el proceso
electoral y hasta la jornada electoral.
Artículo 360. Se impondrán de dos a nueve años
de prisión y de cien a seiscientos días multa, al funcionario partidista,
funcionario de las agrupaciones políticas locales, integrantes de asociaciones
civiles, o a los organizadores de actos de campaña que, para apoyar a un
partido político o un candidato, aprovechen ilícitamente fondos, bienes o
servicios públicos.
TÍTULO VIGÉSIMO SÉPTIMO
CAPÍTULO I
Artículo 361. Se impondrá de dos a diez años de
prisión, a los que con violencia y uso de armas traten de:
I. Reformar, destruir, impedir o coartar la integración de
las instituciones constitucionales del Distrito Federal o su libre
funcionamiento; o
II. Separar o impedir el desempeño de su cargo al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, algún Jefe Delegacional, Diputado de la Asamblea
Legislativa o servidor público que desempeñe funciones jurisdiccionales.
No se impondrá la pena por el delito de rebelión a los que
depongan las armas antes de ser detenidos, salvo que hubieren cometido otros
delitos durante la rebelión.
CAPÍTULO II
Artículo 362. Se le impondrán de cinco a
treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años,
al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación
o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o
servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del
Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una
determinación.
CAPÍTULO III
Artículo 363. Se impondrán de cinco a quince años
de prisión, y suspensión de derechos políticos de uno a siete años, al que con
el fin de trastornar la vida económica, política, social o cultural del
Distrito Federal o para alterar la capacidad del Gobierno para asegurar el
orden público:
I. Dañe, destruya o entorpezca las vías de comunicación del
Distrito Federal;
II. Dañe o destruya centros de producción o distribución de
bienes básicos o instalaciones de servicios públicos;
III. Entorpezca ilícitamente servicios públicos;
IV. Dañe o destruya elementos fundamentales de instituciones
de docencia o investigación; o
V. Dañe o destruya recursos esenciales que el Distrito
Federal tenga destinados para el mantenimiento del orden público.
CAPÍTULO IV
Artículo 364. Se impondrá prisión de seis meses
a siete años a los que, para conseguir que se les reconozca o conceda algún
derecho, en forma tumultuaria:
I. Amenacen a la autoridad para obligarla a tomar alguna
determinación; o
II. Por medio de violencia en las personas o sobre las
cosas, perturben el orden público.
CAPÍTULO V
Artículo 365. Se impondrá de seis meses a ocho
años de prisión, a los que en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o
ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con
alguna de las siguientes finalidades:
I. Reformar, destruir, impedir o coartar la integración de
las instituciones constitucionales del Distrito Federal o su libre ejercicio; o
II. Separar o impedir el desempeño de su cargo al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, algún Jefe Delegacional o Diputado de la
Asamblea Legislativa o a servidor público que desempeñe funciones
jurisdiccionales.
La pena se aumentará en una mitad para quienes dirijan,
organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer
el delito de sedición.
PRIMERO: Este Código, con excepción de lo señalado en estos
artículos transitorios, entrará en vigor a los ciento veinte días de su
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Para su mayor difusión
se publicará este Decreto en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, previa a
la expedición del Nuevo Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal, realizará la modificación a los ordenamientos correspondientes para la
adecuada aplicación de la legislación penal.
TERCERO: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
expedirá la legislación para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito y la
aplicación del fondo correspondiente.
CUARTO: A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para
el caso en que este Código contemple una descripción legal de una conducta
delictiva que en el anterior Código Penal del Distrito Federal se contemplaba
como delito y por virtud de las presentes reformas, se denomina, penaliza o
agrava de forma diversa, siempre y cuando las conductas y los hechos respondan
a la descripción que ahora se establecen, se estará a lo siguiente:
I. En los procesos incoados, en los que aun no se formulen
conclusiones acusatorias el Ministerio Público las formulará de conformidad con
la traslación del tipo que resulte;
II. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en
primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal, respectivamente podrán
efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya
probado y sus modalidades; y
III. La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad de
beneficio para el sentenciado, considerará las penas que se hayan impuesto, en
función de la traslación del tipo, según las modalidades correspondientes.
QUINTO: Se abroga el Código Penal de 1931, sus reformas y
demás leyes que se opongan al presente ordenamiento.
Recinto legislativo, a 03 de
julio de 2002.
POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. HIRAM ESCUDERO ÁLVAREZ,
PRESIDENTE.- SECRETARIA, DIP. LORENA RÍOS MARTÍNEZ.- SECRETARIA, DIP. ALICIA
VIRGINIA TÉLLEZ SÁNCHEZ.- (firmas).
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 122,
apartado c, base segunda, fracción II, inciso b), de la constitución política
de los estados unidos mexicanos; 48, 49 y 67 fracción II, del estatuto de
gobierno del Distrito Federal, y para su debida publicación y observancia,
expido el presente decreto promulgatorio, en la ciudad de méxico, a los once
días del mes de julio del dos mil dos.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL.- LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO,
JOSÉ AGUSTÍN ORTÍZ PINCHETTI.- FIRMA.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ARTICULO
TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE CONTIENE EL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 3 DE
OCTUBRE DE 2002.
PRIMERO: Túrnese al
ciudadano Jefe de Gobierno para su publicación y debida promulgación.
SEGUNDO: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Para su mayor
difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE REFORMAS A DIVERSOS
ARTÍCULOS DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 22 DE ABRIL DE 2003.
PRIMERO.- El presente Decreto entrará vigor
al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se
opongan al presente decreto.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 15 DE
MAYO DE 2003.
PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Para su mayor
difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO: Túrnese al C. Jefe de Gobierno para los efectos
constitucionales procedentes.
ARTÍCULO
TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
DELITOS AMBIENTALES, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 13
DE ENERO DE 2004.
ÚNICO.- El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal. Para su mayor difusión, publíquese en el Diario
Oficial de la Federación.
ARTÍCULO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 145 Y 148 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN
LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 27 DE ENERO DE 2004.
ÚNICO: El
presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal. Para su mayor difusión publíquese en el
Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL EL 29 DE ENERO DE 2004.
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
ARTÍCULO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL; DEL NUEVO
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES
PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
EL 4 DE JUNIO DE 2004.
PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
SEGUNDO.- El
presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y EL NUEVO CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE GUARDA, CUSTODIA Y DERECHOS DE
CONVIVENCIA DE LOS MENORES SUJETOS A PATRIA POTESTAD, PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2004.
ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial
de Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor
difusión.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto entrará en
vigor a los noventa días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal.
ARTÍCULO TERCERO.- Las presentes disposiciones se
aplicarán a todos los procedimientos judiciales y administrativos en trámite
ante las autoridades correspondientes y de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 94 de Código de Procedimientos Civiles del DF; los interesados podrán
promover los beneficios que le concede la presente Ley.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PUNIBILIDAD DERIVADA DE TRÁNSITO VEHICULAR,
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 13 DE SEPTIEMBRE DE
2004.
PRIMERO. Remítase al Jefe de Gobierno para su debida
Promulgación y Publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
SEGUNDO. El
presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES
PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 15 DE SEPTIEMBRE DE
2004.
PRIMERO. Remítase al Jefe de Gobierno para su debida
promulgación y Publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
TERCERO. Se derogan
todas aquellas disposiciones que sean contrarias a lo dispuesto en el presente
decreto.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA
LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 254 Y 255 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE
REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES PARA EL
DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2004.
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor
difusión.
SEGUNDO.- El
presente Decreto entrará en vigor a los noventa días siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 54 Y 55 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 366 Y
368 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL
DEL DISTRITO FEDERAL EL 6 DE OCTUBRE DE 2004.
PRIMERO.- El presente decreto entrará en
vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.
SEGUNDO.- Los bienes asegurados de los que,
a la fecha de entrada en vigor de este decreto, se carezca de datos para
relacionarlos con una indagatoria, los vehículos ingresados a los depósitos de
vehículos con fecha anterior al 31 de diciembre del año 2002 que no hayan sido
recogidos por quien tiene derecho a ello, así como todos aquellos bienes que
por su larga permanencia en los depósitos correspondientes se puedan considerar
como desecho, quedarán a disposición de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal para que, por conducto de la unidad administrativa que
corresponda, proceda a su destrucción o enajenación. En este último caso, el producto
que se obtenga se destinará de la siguiente manera: a).-Tratándose de bienes
asegurados antes del 12 de noviembre de 2002, o de bienes respecto de los
cuales no sea posible identificar la fecha en que fueron asegurados, el destino
final será el mejoramiento de la Procuración de Justicia y b).- Tratándose de
bienes asegurados a partir del 12 de noviembre 2002 se destinaran al Fondo para
la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito.
TERCERO.- Los
particulares que se consideren con derechos respecto de los bienes a que se
refiere el Artículo Segundo Transitorio de este Decreto, podrán hacer valer
esos derechos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
dentro del término de un año a partir de la fecha de entrada en vigor de este decreto.
ARTÍCULO TRANSITORIO DEL DECRETO POR
EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2004.
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.
ARTÍCULO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 259 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 17 DE ENERO DE 2005.
ÚNICO.- El presente
Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONA EL ARTÍCULO 278 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 13 DE MAYO DE 2005.
ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El
presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.
ARTÍCULO TRANSITORIO DEL
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL NUEVO
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL EL 22 DE JULIO DE 2005.
ÚNICO.- El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal. Para su mayor difusión, publíquese en el Diario
Oficial de la Federación.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO
QUE ADICIONA AL TÍTULO SEXTO DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
UN CAPÍTULO CUARTO, CON DOS ARTÍCULOS, DENOMINADO “EXPLOTACIÓN LABORAL DE
MENORES O DISCAPACITADOS, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
EL 22 DE JULIO DE 2005.
PRIMERO.- Túrnese
el presente Decreto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su
promulgación y debido cumplimiento.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan al
presente Decreto.
CUARTO.- Publíquese
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debida observancia y
publicación y para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la
Federación.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO
QUE REFORMA EL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y EL CÓDIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN
LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 22 DE JULIO DE 2005.
PRIMERO.-
El presente Decreto entrará en vigor a los quince días de su publicación
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial del Distrito
Federal.
TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 206 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 249, 614 Y 615
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 25 DE ENERO DE 2006.
PRIMERO. Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal
para su respectiva promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
TERCERO. Publíquese
el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor difusión.
TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUEVO
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL EL 1 DE FEBRERO DE 2006.
PRIMERO.- Túrnese al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal.
SEGUNDO.- El presente
Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal.
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones
que contravengan lo dispuesto por el presente decreto.
TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL
NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL
DEL DISTRITO FEDERAL EL 24 DE FEBRERO DE 2006.
PRIMERO.- Remítase al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal para su respectiva promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación
para su mayor difusión.
TERCERO.- El presente
Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal.
TRANSITORIOS DEL DECRETO
DE REFORMAS AL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 9 DE JUNIO DE 2006.
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,
y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.
TERCERO. En todos
los ordenamientos legales a que se haga referencia al Nuevo Código Penal para
el Distrito Federal se entenderá al Código Penal para el Distrito Federal.
TRANSITORIOS DEL DECRETO
QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 75 BIS AL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 9 DE JUNIO DE 2006.
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
SEGUNDO. Para su
mayor difusión publíquese también en el Diario Oficial de la Federación.
TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA
DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES PARA EL
DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 9 DE
JUNIO DE 2006.
PRIMERO.- Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal
para su respectiva promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor sesenta días
naturales siguientes al de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal.
TERCERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor
difusión.
CUATRO.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal expedirá el
Reglamento que regule el Beneficio de Reclusión Domiciliaria mediante el
Programa de Monitoreo Electrónico a Distancia, a más tardar sesenta días naturales
después de la publicación del presente Decreto en la Gaceta oficial del
Distrito Federal.